LA REVISTA DE LOS EMPRESARIOS DE COLOMBIA
V
iviana Hernández es una de las mujeres que lidera la iniciativa de crear una Fundación propia que acoja a todas las mujeres que han sido víctimas de ataques con ácido, y aunque reciben apoyo de algunas instituciones aun están muy lejos de conseguir que este flagelo no vuelva a ocurrir o que por lo menos sus culpables sean castigados. “Desde que esto me ocurrió y a mis compañeras hemos tenido la iniciativa de hacer algo para que no siga pasando, a finales de enero tuvimos la oportunidad de reunirnos con otras niñas y empezamos a trabajar, a decir no queremos más inoperancia por parte del Estado, de la Justicia, de los entes de salud, pero tampoco queremos más víctimas”, sostiene con la voz entrecortada Viviana. Y es que la falta de denuncia hace que no exista una información confiable en cuanto a la cantidad de mujeres afectadas, en 2010 y 2011 se tiene registro de 97 casos en conocimiento de la justicia (datos de Medicina Legal), no se tienen estadísticas anteriores y de estos casos solo dos agresores han sido judicializados. Otro inconveniente que tienen que enfrentar es la ausencia de atención médica oportuna o desconocimiento de las instituciones hospitalarias para atender este tipo de casos, “muchas veces por falta de atención médica especializada, adecuada y oportuna las lesiones pueden ser más graves y duraderas” asegura Mónica Ramírez, Cirujana de la Fundación del Quemado durante su intervención organizada por la Cámara de Cosmética y de Aseo de la ANDI. La atención médica a largo plazo en ocasiones se convierte en otro viacrucis que deben atravesar, pues las EPS no cubren la totalidad de los largos y costosos tratamientos, incluso más de 15 cirugías son necesarias para una recuperación parcial. También hay que contar con las secuelas sicológicas que quedan en las mujeres maltratadas, como explica Gina Potes otra de las líderes de la iniciativa para la Fundación y víctima de ataque con ácido. “Estas son agresiones muy duras, muy difíciles, no consigo trabajo, no hay oportunidades”, aseguró. El rechazo social, laboral y familiar son temas constantes al hablar con cada una de estas mujeres.
Desde la Justicia aun no existe una legislación que reglamente este tipo de delitos. En plenaria de la Cámara fue aprobado en segundo debate una ley con la que el representante Oscar Marín busca que la pena mínima se establezca en 5 años y medio y la máxima a 14 años. Sin embargo, para las víctimas parecen insuficientes. “En primera plenaria se cayó la ayuda integral a las víctimas, buscamos penas como las de Francia que castigan este delito hasta con 30 años no excarcelables y que nos ayuden en cosas tan sencillas como estudiar o conseguir un trabajo, de todas las que hemos sido víctimas la única que está trabajando soy yo y porque he estudiado”, dijo Gina Potes. La impunidad es el común denominador para los que cometen estos actos, en el Concejo de Bogotá se intenta reglamentar la venta de ácidos.
MAY - JUN 2012
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