Todo el presupuesto

En México,

todo el presupuesto al poder militar

“México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos una alta corrupción”. Esta declaración la hizo el 26 de julio, frente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Obviamente se refirió a los funcionarios públicos civiles y, para que no quedase duda, subrayó que en las filas castrenses el mando no puede darse el lujo de contar con malos elementos: “Nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante hasta el último marino (…) creamos servidores públicos (honestos) para la sociedad mexicana”. Destaca en la frase la supuesta superioridad moral del poder militar sobre el poder civil, que es reforzada como argumento en cada ritual político que el jefe del Estado mexicano celebra acompañado de las Fuerzas Armadas. Para López Obrador el pueblo vestido de verde es más confiable que cualquier otro pueblo, sobre todo aquel que se viste de gris: la burocracia mexicana. Aunque no hay evidencia que permita confirmar tal superioridad, la percepción social refuerza su creencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la institución más confiable para la población mexicana es la Marina, con 88% de aprobación; es seguida por el Ejército, con 84%; y detrás de ambas, la Guardia Nacional que, a pesar de su creación reciente, tiene una valoración positiva de 75%. Aunque correlación no significa en automático causalidad, presupuesto y buena reputación suelen ir de la mano; y ayudan mucho los recursos económicos para conseguir simpatías y popularidad. Ninguna dependencia del gobierno federal ha percibido un incremento sostenido de sus ingresos durante un periodo tan prolongado como estas: entre 2013 y 2018 la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvo un aumento del gasto de inversión de 485% y la Secretaría de Marina de 239%. En esta administración se sumó la Guardia Nacional a la dupla favorecida por los impuestos que pagan los contribuyentes. Si bien en estricto sentido la Guardia está subordinada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cierto es que la mayoría de

El argumento de la superioridad moral militar ha conducido a una superioridad presupuestal tan asimétrica que afecta severamente a las dependencias civiles, la cuales también son parte central para la provisión de paz y legalidad en el país.

su personal fue reclutado y cobra en las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que un incremento en los presupuestos asignados a la Guardia Nacional implica, en realidad, un crecimiento del flujo de recursos asignados por el gobierno al poder militar. En este contexto es que debe leerse el anuncio realizado por López Obrador frente al almirante Ojeda Durán sobre un incremento de 50,000 millones de pesos (2,500 millones de dólares) en el presupuesto que se asignaría a la Guardia Nacional para 2022. Esto querría decir que para el año próximo la Guardia contará con más de 85,671 millones de pesos, los cuales servirían para pagar la nómina, pero también para la construcción de un total de 500 cuarteles que habrían de estar listos antes de 2024 —cuando termine esta administración—, así como para la edificación de unidades donde habitarían las familias de los efectivos. Asumiendo que al menos dos tercios del pago de la nómina de la Guardia, así como la edificación tanto de cuarteles como de vivienda son actividades desempeñadas por las Fuerzas Armadas, la mayor parte de este incremento presupuestal terminará beneficiando a las arcas militares. La comparación anual de este incremento presupuestal durante la actual administración es notable, sobre todo porque ninguna otra institución ha sido tratada con un privilegio similar. En 2020 la Guardia Nacional obtuvo un presupuesto de 29,286 millones, en 2021 de 35,671 millones y, para 2022, tocará un techo de más de 85,671 millones. Estos números contrastan con el presupuesto decreciente entregado por la Federación a otras dependencias que deberían ser consideradas igual de importantes para asegurar la paz del país. Consistente con el argumento de la superioridad moral militar o, más precisamente, con la inferioridad civil, destaca el desinterés del gobierno por otros funcionarios como los ministerios públicos, los jueces o los custodios, cuya tarea es tanto o más importante para pacificar al país, por la vía legal, que la de los soldados o los policías. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018, por cada 1,000 delitos cometidos en México la procuración de justicia cuenta únicamente con cinco agentes del Ministerio Público para resolverlos. Igual de preocupante es el número de jueces disponibles. Esta misma fuente calcula que el país tiene, en promedio, 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio internacional es de 17.8 juzgadores. Una austeridad excesiva similar afecta a las prisiones, donde el número de personas responsables de la custodia de las personas privadas de la libertad es tan limitado que, con frecuencia, son los individuos recluidos quienes realmente administran las cárceles mexicanas. El argumento de la superioridad moral militar ha conducido a una superioridad presupuestal tan asimétrica que afecta severamente a las dependencias civiles, la cuales también son parte central para la provisión de paz y legalidad en el país. Se trata de un ciclo vicioso que merece revisarse a la luz de la pugna política entre los poderes civil y militar que, por lo pronto, se expresa en el terreno de los dineros públicos, pero no solamente ahí.

por José Carreño Carlón | El Universal Opinión

Presupuesto Terminator4

Dime en qué ahorras y te diré de qué abominas. Si —como se sabe— el presupuesto de egresos del gobierno revela los verdaderos planes e intenciones del gobernante, no queda duda sobre lo que pretende hacer el régimen con nuestro sistema político, más allá del fin del sexenio. Las decisiones de en qué gastar y en qué ahorrar ponen de manifiesto lo que desea y aquello de lo que abomina quien está en control de esas determinaciones. Sin INE autónomo ni alternancia. Y así, este cuarto recorte anual del régimen —incluido el ahora aprobado para el año cuatro— al gasto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), revela el desapego del presidente a un sistema electoral que marcó el fin de un largo ciclo de reproducción sexenal del monopolio del poder, y la inauguración de un ciclo democrático de elecciones competitivas, de alternancia de partidos en todos los cargos de elección y, lo más intolerable para el actual presidente: a cargo de un órgano autónomo respaldado en cada elección por legiones de ciudadanos. Contra esos avances, el presupuesto indica que el presidente ha decidido que el erario vaya dejando de financiar —o

La embestida de los recortes contra el INE y otros órganos autónomos sobrevivientes, incluido el Poder Judicial, se expresa en un presupuesto Terminator, en alusión al Schwarzenegger de la película de ese nombre, con la misión, aquí, de exterminar o debilitar todo actor o toda institución incompatibles con el proyecto en marcha de concentración y extensión del poder, sin frenos ni contrapesos.

sea, vaya dejando morir— un sistema electoral autónomo y por tanto impredecible y consecuentemente insoportable para un proyecto de perpetuación en el poder. Presupuesto Terminator. El recorte aprobado para el ejercicio de 2022 parece dirigido a acelerar el proceso de extinción del INE actual, un INE que aparece determinado a mantener su sobrevivencia independiente en condiciones altamente desiguales. Esto, frente a un Ejecutivo decidido a exterminarlo, apoyado en sus sicarios del Legislativo, a su vez auto degradados por su bajeza, incapacidad y cobardía frente a la entereza, la solidez de los datos y la lucidez argumentativa del presidente del órgano electoral autónomo, Lorenzo Córdova. La embestida de los recortes contra el INE y otros órganos autónomos sobrevivientes, incluido el Poder Judicial, se expresa en un presupuesto Terminator, en alusión al Schwarzenegger de la película de ese nombre, con la misión, aquí, de exterminar o debilitar todo actor o toda institución incompatibles con el proyecto en marcha de concentración y extensión del poder, sin frenos ni contrapesos. Dos, tres, muchos macedonios. A los escenarios trazados por especialistas con un INE sin recursos para organizar la consulta revocatoria, además de seis elecciones estatales, se agrega el hecho de que el órgano electoral autónomo aparece inerme ante las violaciones de hoy para adelante, por parte del presidente y el oficialismo. Ahora mismo se pueden escuchar las ilegales arengas convocantes a la gratitud a cargo de los activistas que entregan los beneficios de los programas sociales en nombre del presidente sujeto a la consulta. Pero sobre todo está la violencia verbal que podría devenir en violencia física contra el INE y sus cabezas, conforme a las pautas del inolvidable ensayo de Salgado Macedonio. Crear o activar dos, tres, muchos macedonios, podría ser la consigna, para el caos y el desbordamiento del INE, con miras a adelantar el fin de un efímero ciclo democrático mexicano. Presupuesto como destino. Pero si los recortes al presupuesto revelan la lista negra de instituciones y actores a extinguir, sus incrementos evidencian obras y proyectos a privilegiar: el Tren Maya, el miniaeropuerto y la nueva refinería, de dudosa rentabilidad, las tres, pero de anhelado agradecimiento de la posteridad. Luego, los fondos para la derrama de dinero en efectivo, principal sustento electoral. Y (acaso por si todo esto fallara) un incremento impresionante a las fuerzas armadas, vía la Guardia Nacional, además de la transferencia a sus jerarquías de crecientes funciones civiles. Otra ruta de Terminator. El presupuesto también puede ser destino.

Coahuila:

entre los 5 estados más seguros

Para quienes vivimos el infierno de la inseguridad en La Laguna, de los años 2007 a 2011, de pronto nos pasa por alto que hoy hemos recuperado los niveles de seguridad que teníamos antes de ese terrible periodo. Pero no sólo La Laguna, sino todo el estado de Coahuila se ubica entre los cinco estados más seguros de todo el país, pese a la supresión de recursos del Fortaseg, Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en los municipios, y a que el estado ha sido castigado severamente por el actual gobierno federal, en lo que se refiere a la asignación de recursos financieros. De acuerdo a la información oficial proporcionada por el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, la realización de un estudio comparativo del periodo que va de diciembre de 2018 a agosto de 2021, Coahuila ocupa el tercer lugar en menor número de homicidios a nivel nacional; el quinto con menos robos de vehículos y el séptimo con menos secuestros y extorsiones. De 79 mil 944 homicidios cometidos en el país en ese periodo, únicamente corresponden a Coahuila 531 homicidios, que representan el .66% nacional. De 352 mil 65 vehículos robados en los 32 estados de la federación, en Coahuila únicamente

Después de esa operación de alto nivel y con la eliminación y captura de otros capos de nivel regional y la muerte de varios de ellos, el territorio de Coahuila quedo bastante despejado de la presencia del crimen organizado. En esa coyuntura, el gobierno estatal, en coordinación con los gobiernos municipales y las fuerzas federales, apoyadas por el ejército y la marina, comenzaron a manejarse bajo el esquema del mando único, por el cual todas las fuerzas de seguridad operan de forma coordinada para responder a cualquier presencia criminal. El gobierno de Miguel Riquelme Solís fortaleció este esquema operativo e invirtió más recursos en seguridad pública, aplicando mano firme o dura, como se le quiera decir, aún con la poca colaboración de gobiernos municipales como el de Torreón y Monclova, ambos en manos de panistas que, en lo que era una postura partidista, no cooperaron con el esquema de mando único, pero no por ello dejaron de actuar todas las demás fuerzas en ambos municipios. Hasta ahora los logros han sido muy importantes y Coahuila es el estado norteño con el nivel más alto de seguridad.

EL FACTOR SOCIAL

Lo más destacado ha sido la continuidad de políticas de seguridad por los últimos diez años por parte del gobierno estatal, pero el factor económico y social ha jugado un papel muy importante. Coahuila ha tenido un crecimiento económico por encima de la media nacional en estos 10 años; un nivel más bajo de informalidad y un nivel de pobreza también por debajo de la media nacional, pero principalmente ha tenido un crecimiento industrial y una generación de empleos, inclusive antes de la pandemia del COVID-19 estaba teniendo una sobre oferta de empleo en la región norte y de los siete manantiales, y una gran expansión industrial en el sureste. Golpeada como todo el país por el COVID-19, la economía de Coahuila ha tenido una más rápida recuperación y, en términos generales, un mejor manejo de la pandemia, si se le compara con algunas otras entidades, además tomando en cuenta que uno de los primeros epicentros de la pandemia se dio en Monclova en 2020. Todo esto le ha abonado positivamente a lograr la recuperación y el mantenimiento de la seguridad pública, pero es un esfuerzo constante, permanente: el crimen organizado asechando y tratando de infiltrar al estado y las fuerzas coordinadas detectándolo y combatiéndolo. El último llamado de Miguel Riquelme Solís a los alcaldes electos es ser especialmente cuidadosos y estrictos, debido a la intención de las organizaciones del crimen organizado de infiltrar a las corporaciones policiacas municipales. Y es que el crimen, literalmente, no duerme. Estamos en un periodo de expansión y reacomodo de los cárteles a nivel nacional; un reacomodo como quizás no se había dado en los últimos 40 años, y Coahuila es un territorio deseado.