Consejo Mexicano de Negocios

el misterioso grupo de los más ricos que ha sido clave en las decisiones económicas del país

El CNM reúne a los empresarios más ricos de México. Es un grupo que desde su nacimiento, hace casi 60 años, está rodeado de misterio. Durante décadas estuvo integrado sólo por hombres. En 2014, cuando admitió en su círculo a la primera mujer, cambió de nombre.

Es el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), una organización que reúne a los empresarios más ricos e influyentes del país. Del grupo se conoce poco, e incluso por varios años se lo consideró una organización semi secreta. Ha sido una de las organizaciones que más peso han tenido en las decisiones económicas de al menos cinco gobiernos, y por eso no es solo un club de millonarios, afirman algunos especialistas en el tema. En distintos momentos el Consejo ha sido decisivo para moldear algunos de los proyectos económicos más importantes del país. Por ejemplo, tuvo un rol central en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los 90. Y recientemente apoyó la implementación de reformas constitucionales, como la energética y de telecomunicaciones. De hecho, durante varias décadas han sido pocos los proyectos de finanzas e industria que se han llevado a cabo sin consultarles.

Muchas decisiones económicas de los gobiernos de México se consultaron al CNM. Los miembros del CMN “siempre han sido muy decisivos, siempre han estado cerca de los presidentes”, le dice a BBC Mundo el analista financiero José Yuste. “Tienen como común denominador que son ricos, tienen gran poder económico y también influyen en las decisiones de los presidentes para defender el libre mercado”, explica. BBC Mundo solicitó diversas entrevistas a miembros del CMN pero no recibió respuesta.

LOS PRIMEROS AÑOS

El Consejo fue creado en 1962 por algunos de los empresarios más poderosos de la época. Su primer nombre fue Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pues todos sus miembros eran varones. Desde el principio uno de sus objetivos fue tratar de influir en las decisiones económicas del gobierno, explica Marcela Briz Garizurueta, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Es un grupo de empresarios que decidieron unirse para tener interlocución con las más altas esferas del poder político”, le dice a BBC Mundo. No siempre lo consiguieron. En los años 70, por ejemplo, se opusieron a la línea económica del entonces presidente Luis Echeverría. El mandatario “tenía un gobierno muy propietario que dejaba poco margen al libre mercado”, explica José Yuste. El Consejo se opuso al gobierno del presidente Luis Echeverría. Era el modelo del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI): concentrar en el gobierno actividades que en otros países hacían los empresarios como la fabricación de acero, operar centros comerciales y controlar todas las salas de cine, como sucedió por décadas en México. El CMN era un severo crítico de estas medidas, e inclusive promovió la creación de otros organismos empresariales para formar un bloque contra las decisiones oficiales.

ÉPOCA DORADA

La situación cambió en los años 90 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En su libro “El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: surgimiento y consolidación”, la investigadora Briz Garizurueta cuenta que hubo una estrecha colaboración del organismo con las autoridades. Algunos de sus integrantes abandonaron el anonimato y en la campaña electoral en 1988 apoyaron al entonces candidato Salinas. Después varios miembros del Consejo se sumaron al gobierno como asesores presidenciales o como parte del equipo negociador del TLCAN. El organismo, de hecho, financió una campaña de publicidad y relaciones públicas en medios de Estados Unidos. El objetivo, cuenta la investigadora, fue sensibilizar a los estadounidenses sobre los beneficios del acuerdo comercial. El CMN se fortaleció durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La influencia fue tal que los integrantes del gabinete presidencial solían consultar sus decisiones con los miembros del Consejo. “Con Salinas se les invitó a cogobernar y ellos tuvieron manga ancha, fueron muy importantes”, asegura Marcela Briz.

“ALIADOS” DE AMLO

A pesar de su influencia en las decisiones gubernamentales, el Consejo mantiene un perfil bajo, una vieja estrategia que se ha modificado con los años. Por ejemplo, no se sabe cuántos miembros tiene. Algunos medios y especialistas financieros hablan de 50 integrantes, pero otros dicen que son 60. De ellos solo tres son mujeres: Blanca Treviño, fundadora de la empresa Softek y la primera en ser aceptada; María Asunción Aramburuzabala, quien fue accionista mayoritaria de Grupo Modelo, fabricante de la cerveza Corona, y Laura Zapata, dueña de la compañía Envases Universales. En las primeras décadas, recuerda la investigadora de la UNAM, el Consejo “fue un grupo semisecreto” que paulatinamente se ha abierto.

LOS GANADORES

En los siguientes gobiernos el Consejo mantuvo su influencia, aunque no de la misma forma como sucedió en la administración de Carlos Salinas. Gracias a su relación con el expresidente, algunos miembros del Consejo se beneficiaron de la privatización de empresas públicas e incrementaron sus fortunas De hecho fue en esa época que algunos mexicanos empezaron a aparecer en las listas de los más ricos del mundo. Un ejemplo es Carlos Slim Helú, quien compró Teléfonos de México cuando era pública y tenía el monopolio del servicio telefónico del país. La compañía se convirtió en el pilar del consorcio actual del empresario, quien ocupa el quinto lugar en la lista de Forbes de los más acaudalados del planeta. Otro beneficiado fue Ricardo Salinas Pliego, quien compró la televisora estatal Imevisión para convertirla en la cadena TV Azteca, con presencia en México, Estados Unidos y Centroamérica. También Jorge Larrea, fundador de Grupo México, que es una de las compañías mineras más grandes del mundo. Actualmente en el CMN participan 36 de los empresarios más acaudalados del país. El presidente es Antonio del Valle Perochena. Otros miembros del Consejo son Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Baillères y Germán Larrea. Los miembros del Consejo Mexicano de Negocios rara vez aparecen en público. Cada año, por ejemplo, sus miembros se reúnen en un evento público con el presidente en turno para anunciar sus inversiones, y varios de sus miembros aparecen, algunas veces, en los medios. Pero en general el CMN mantiene una actitud discreta. ¿Por qué? “La decisión de no mostrarse totalmente ha sido una táctica que le ha beneficiado políticamente a lo largo de los años”, explica Marcela Briz. De hecho, en sus casi 60 años de historia ha habido pocos episodios públicos de activismo político. El caso más reciente ocurrió en la contienda presidencial de 2018, cuando el Consejo publicó un comunicado para cuestionar algunos comentarios del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. El político había acusado a varios miembros del CMN de apoyar a sus adversarios en la contienda. “Les dio miedo”, recuerda José Yuste. “No es un secreto que su candidato natural no era López Obrador”. La relación cambió después de que AMLO, como se conoce en México al presidente, asumiera el gobierno. Con frecuencia López Obrador se reúne con miembros del Consejo. Además, el organismo anunció en junio de 2019 un plan de inversiones por 623.000 millones de pesos (unos US$33.000 millones). “Los que eran opositores, casi enemigos, decidieron trabajar juntos” explica el analista. Y es que como sucedió en otros años, “entendieron que es mejor estar cerca del gobierno que oponerse a él”.

por: Eduardo Rodríguez Análisis político

El SIMAS de Zermeño:

deuda, incumplimiento y corrupción

En lo que es el inicio del proceso de entregarecepción del gobierno municipal de Torreón, el director del SIMAS, Juan José Gómez, afirma que dejarán una deuda de 180 millones de pesos, de los cuales 45 millones corresponden a deuda a la CFE heredada de otras administraciones. Los restantes 135 millones de pesos corresponden a pago de proveedores a corto plazo, los que tendrían que ser pagados por la próxima administración durante los primeros meses de 2022. El funcionario no explica de dónde se deriva una deuda a corto plazo de 135 millones de pesos a proveedores y por qué se le sigue debiendo a la CFE 45 millones de pesos, cuando en sus mismas declaraciones dio a conocer que hoy se tienen ingresos mensuales por 70 millones de pesos; 10 millones mensuales más que cuando fue recibido el SIMAS, lo que implica que han ingresado un promedio de 120 millones de pesos adicionales. De acuerdo a los estados financieros recibidos en el cambio de gobierno en 2018, se establece que el SIMAS dejó un pasivo por 199 millones de pesos, así que, después de 4 años y con ingresos adicionales de 120 millones de pesos anuales, la consigna parece ser el “te dejo la misma deuda que tú me dejaste”, lo que pinta inmejorablemente la postura de mezquindad que ha caracterizado al gobierno de Jorge Zermeño Infante. El todavía alcalde en funciones llegó al poder haciendo crítica del SIMAS y de su manejo y prometiendo, en repetidas ocasiones, que mejoraría la infraestructura de conducción e inclusive resolvería el problema del drenaje urbano, cosas que no hizo.

Lo que sí hizo Jorge Zermeño fue incrementar las tarifas de casi todos los servicios públicos, pero no resolvió lo prometido. SIMAS está ejerciendo un presupuesto de 840 millones de pesos anuales y el organismo tiene varias carpetas abiertas por parte de la Auditoria Superior del Estado, en torno a obras y contratos asignados sin cumplir los requerimientos oficiales, además de presentar gastos que no están justificados, de acuerdo a los precios de mercado. Juan José Gómez tiene dos negocios: pintura y bombas para extracción de agua. Su designación en el cargo se vio desde el principio como un choque de intereses, lo mismo que el mantener a Raymundo Rodríguez en la dirección técnica, un funcionario que se ha eternizado en el cargo y arrastra todos los vicios imaginables, pero esto permite que Juan José Gómez lo haya pasado bastante cómodo en los últimos cuatro años. Después de estos mismos cuatro años y sin especificar cuánto dinero se ha llevado el despacho de abogados que contrataron, resulta que el pleito legal con la empresa Ecoagua, en torno a la Planta Tratadora de Aguas Residuales, sigue sin terminar. Cuatro años no bastaron para finiquitar un asunto legal que estaba prácticamente ganado. La razón principal de semejante demora y de un gasto en servicios legales que se aprecia injustificado tiene una explicación histórica: el negocio de la planta tratadora con Conagua lo firmó unas semanas antes de terminar su primer gobierno el propio Jorge Zermeño, así que no ha ganado el pleito porque tiene un compromiso que se remonta al año de 1999. Zermeño tenía tanta prisa en cerrar el negocio que la firma del contrato se realizó en un restaurante del boulevard Independencia, de comida española para mayores señas.

por: Marcela Valles Opinión política

Gertz Manero

la deshonestidad del fiscal general

Alejandro Gertz Manero es ya un anciano que está por cumplir 82 años de edad y tiene una muy larga trayectoria como funcionario público, la mayor parte en cargos de seguridad pública tanto en gobiernos perredistas como panistas. A estas alturas de su vida debe tener bien resuelta su situación económica y terminado su ciclo profesional, pero aceptó convertirse en Fiscal General de la República, con facultades de autonomía frente a cualquier otro poder, pero con la obligación de tener un impecable apego a las leyes y al ejercicio de sus funciones. Por alguna razón, aunque es un hombre que se ha desempeñado en el área de seguridad pública, Gerzt Manero tiene pretensiones intelectuales y la necesidad de obtener reconocimiento como académico, pues necesidad económica no tiene y, como ya se dijo, es un anciano de 82 años de edad. Por cinco ocasiones consecutivas intentó obtener el nombramiento como investigador titular del Sistema Nacional de Investigadores, dependiente del Conacyt, y en las mismas cinco ocasiones fue rechazado. De acuerdo al expediente, el comité de evaluación del Conacyt determinó, literalmente: “Su obra no corresponde a la creación de conocimiento nuevo, no tiene metodología ni aparato crítico, sino que solamente constituye la opinión del autor”. El problema es que Gerzt Manero se lo tomó como algo personal y ya como Fiscal General de la República presionó para violentar la normatividad del Sistema Nacional de Investigadores, algo sumamente delicado que en los 37 años del sistema nunca había ocurrido. La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-

DESHONESTIDAD INTELECTUAL

Buylla, creó una Comisión Especial Dictaminadora, una figura que no existe en el reglamento, por medio de la cual se le otorgó al fiscal de la república el grado de investigador, categoría III, la máxima que existe, sin que haya pasado siquiera por las categorías I y II como lo exige la normatividad. Y lo hizo sencillamente como un acto de revancha y porque puede, lo cual se calificaría como un acto de uso indebido de la función pública y también como una forma de corrupción, pero refleja también el talante ético del personaje y las características de su ego. Como investigador de nivel III recibirá 32 mil 657 pesos mensuales, pero en este caso, tanto para él como para la comunidad científica lo del dinero pasa a un segundo término.

Si la obtención del nombramiento como investigador categoría III fue un acto indebido, cuando Guillermo Sheridan, un intelectual reconocido, se puso a investigar una parte de la obra de Gerzt Manero y encontró que éste ha recurrido burdamente al plagio, las cosas han tomado un giro vergonzoso para el fiscal de la república. Guillermo Sheridan demostró que en su libro biográfico “Guillermo Prieto” (SEP, 1967) Gerzt Manero plagió párrafos completos de la obra “Don Guillermo Prieto y su época” (Botas, 1939) de Salvador Ortiz Vidales, así como del libro “Vida y obra de Guillermo Prieto” (Colegio de México, FCE, 1960) de Malcolm D. McLean. Al exponerse una situación tan penosa, lo menos que debió hacer el El escritor Guillermo Sheridan fiscal era renunciar al nombramiento que recién había recibido, pero lejos de descubrió y denunció que Gertz Manero plagió párrafos completos en su libro ello se ha comportado con arrogancia y respondido que en su libro dichas fuentes están debidamente citadas, no obstante “Guillermo Prieto” (SEP, 1967) que todo esto viene a poner en evidencia su integridad moral e intelectual, pero él es el Fiscal General de la República y es uno de los intocables del gobierno de “la cuarta transformación”. La comunidad científica y de la investigación está indignada y está abiertamente en contra de las políticas que ha tomado López Obrador para con la ciencia y la tecnología, sector al que está golpeando económicamente, lo que es una aberración. Álvarez-Buylla, quien ya ha venido siendo cuestionada en su desempeño, queda en una posición de mayor desprestigio, al prestarse a las presiones del fiscal general de la república y, con ello, dañar el Sistema Nacional de Investigadores. Este caso es como la cereza en el pastel de un gobierno al que no le importa mayor cosa el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es la base de todos los países desarrollados del mundo.

La fiscalía de Gertz Manero:

una justicia selectiva y absurda

No hay nada que haga la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que no sea por las órdenes directas de Andrés Manuel López Obrador, eso es algo que no está a discusión y se lleva a cabo de una manera burda, insultante para una fiscalía que se presume autónoma, completamente independiente del poder ejecutivo. La subordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, es explicable, pues se encuentra dentro del organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no es válido que se le esté usando en contra de políticos y personas a quienes se considera como enemigos y críticos del actual gobierno. Alejandro Gertz Manero juró independencia y apego a derecho, pero en los hechos se está manejando más como un jefe policiaco con poderes amplios que como un fiscal, lo que se apega a su historial profesional de haber sido jefe policiaco en la Ciudad de México y a nivel nacional con partidos tan encontrados como el PRD de López Obrador y el PAN de Vicente Fox Quezada. Al obrar por consigna y no conforme al debido proceso judicial, como debería hacerlo alguien de la jerarquía del fiscal de la república, está cometiendo errores muy elementales pero, debido al poder que le confiere el cargo, muy peligrosos para los derechos de los acusados y en general para el estado de derecho del país, que es uno de los problemas capitales que ha enfrentado México por décadas. Los hechos no pueden ser más ilustrativos. Abrieron un proceso contra el exdirector de Pemex del periodo de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin,

francamente deleznable”, en respuesta a las afirmaciones de que se trata de un caso de persecución política. El fiscal de la nación fue más allá y declaró que se trata de “una trama delictiva, donde Anaya dio el voto parlamentario para entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”. No podía haber una ideologización y politización más manifiesta en el uso de la supuesta justicia, al grado de considerar el voto de los diputados en favor de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto como un acto antipatriótico y delictivo. Las declaraciones como la postura del fiscal son aberrantes desde el punto de vista del proceso judicial, que está perfectamente establecido en la ley. El encono y las anomalías son tales que se le negó por semanas la copia del expediente a los abogados del acusado y se requirieron de 12 oficios solicitándolo. Al mismo tiempo, Emilio Lozoya compareció virtualmente a finales de agosto ante un juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en torno al caso de la empresa Agronitrogenados. El juez dio una nueva fecha para el 19 de noviembre y exhortó a las partes “a que concreten pláticas y lleguen a un acuerdo”, así de displicente para un exfuncionario que está involucrado en una trama verdaderamente enorme de corrupción, a través de la petrolera Pemex, hoy en la quiebra y como la mayor deuda de todo el sector público. De esta manera los dichos de Emilio Lozoya y los dos testigos que él mismo proporcionó y que eran personas de su confianza y bajo su mando, son suficientes para impartir “justicia”, aun en contra de un excandidato presidencial que se promueve para la contienda de 2024. Sobre los testigos, hay declaraciones tan singulares como la narrativa de que los mandaron a entregar maletas repletas de dinero y ellos, antes de entregarlas, contaban el dinero, de donde se desprende la confirmación supuesta de que eran 6 millones 800 mil pesos. ¿Desde cuándo un mandadero se pone a contar el dinero que va a entregar en una transacción Ricardo Anaya, quien también fue acusado de ilícitos en su periodo de campaña y exonerado, ahora es acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, a partir de supuestos sobornos por 6 millones 800 mil pesos recibidos de Emilio Lozoya.

mafiosa? Es, concretamente, una acusación fincada en dichos de un “testigo protegido” que va a decir lo que la PGR quiere que le digan y de lo dicho usará lo que convenga políticamente al propio gobierno. De seguirse tales procedimientos, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, debería estar en la cárcel enfrentando un juicio por los mismos cargos, y no, como sucedió, rescatado de las autoridades norteamericanas por la petición directa del presidente de la república. La corrupción era, y es, una práctica arraigadísima en el poder legislativo, que era “compensado” por el presidente en turno, especialmente tratándose de sacar adelante ciertas iniciativas, eso es tan viejo como el sistema político mexicano, pero es público que los panistas apoyaron, y apoyan, abiertamente la llamada Reforma Energética. Ricardo Anaya es parte de una generación de jóvenes políticos panistas que cayó en muchas prácticas de corrupción, pero si ya lo acusaron anteriormente de lo mismo y lo exoneraron, va a ser muy complicado que le puedan ganar este juicio, el cual indudablemente tiene aroma de venganza y de un uso cada vez más autoritario del poder. Políticamente le pueden estar haciendo un favor a Ricardo Anaya y, con ello, fortaleciendo el poder que tiene en la cúpula del PAN, lo cual no parece ser lo más inteligente y beneficioso para el principal partido de oposición del país. Fortalecer a Ricardo Anaya es debilitar a la dirigencia nacional del PAN, y eso es lo que está provocando este proceso judicial.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN y gente de Ricardo Anaya, en medio del escándalo mediático ha solicitado permiso al cargo para buscar reelegirse, incluso estando muy distante de ser el mejor dirigente nacional que puede tener el PAN, ahora que está buscando reposicionarse a nivel nacional como la principal fuerza opositora al partido gobernante, que busca desarticular a toda la oposición. Como fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero ha sido una decepción, cuando su cargo es el más estratégico para un gobierno que maneja como su principal activo la lucha en contra de la corrupción. El manejo de la fiscalía debería ser técnicamente impecable, fuera de cualquier cuestionamiento y no sujeto a cuestiones políticas y mucho menos ideológicas.