Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo III
En Colombia la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra sigue siendo una práctica habitual. La persistencia de la desnutrición y la inseguridad alimentaria, los déficits cualitativos y cuantitativos en materia de vivienda, el alto índice de población joven por fuera del sistema educativo, la precarización de la situación laboral de las personas que trabajan, especialmente las mujeres, las desigualdades institucionalizadas en el sistema de salud y la persistencia de prácticas discriminatorias contra mujeres, indígenas, afro descendientes y población LGBT muestran la vulneración de los derechos del conjunto de la población.
de medidas de prevención para modificar patrones culturales sobre los cuales se asienta la violencia contra las mujeres. Nicaragua ratificó el PIDESC en 1980. En 2007 la economía nicaragüense se vio severamente afectada por el alza en los precios internacionales del petróleo.La meta de crecimiento económico proyectada en 4.2% fue reducida, el impacto produjo inflación que golpeó duramente a consumidores. Los recursos para lograr las metas prometidas en el campo de la educación, salud, agua potable y saneamiento, vivienda, infraestructura, desarrollo rural, hambre y desnutrición se utilizan para el pago de la deuda pública y se transfieren al Banco Central pues son las prioridades del programa con el Fondo Monetario Internacional; resulta imposible cumplir esas metas. Esta política ha llevado a que grandes grupos de población sigan condenados a la exclusión, la desigualdad y la pobreza, sin garantizar de manera progresiva el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
En México, en 2006, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CDESC, reiteró su profunda preocupación por el hecho de que más de 40 millones de personas siguieran viviendo en la pobreza, en particular las comunidades indígenas y otros grupos desfavorecidos y marginados.7 En 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres indígenas y de zonas rurales y las enormes disparidades entre éstas para acceder a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la salud.8 Las condiciones de salud de la población indígena son de un gran rezago respecto al resto de la población, son alarmantes los problemas de malnutrición en la niñez, los altos índices de mortalidad materna y de mortalidad por infecciones intestinales o respiratorias.
República Dominicana ratificó en 1978 el PIDESC. Desde entonces, las denuncias a las violaciones al Pacto han sido constantes particularmente entre los años 1990 a 1997. El gobierno dominicano ha diseñado una Estrategia de Lucha contra la Pobreza hasta 2015, acorde con los ODM. Uno de sus pilares es el crecimiento anual de la economía en el 4% del PIB hasta 2015. Pero las políticas económicas y especialmente el manejo de la crisis bancaria, entre otros hechos relevantes, ha traído como consecuencia un serio deterioro en los niveles de la vida de la población.9
México ha recibido ya tres recomendaciones. Por una parte, el Estado debe velar porque los salarios aseguren a todos los trabajadores, en particular a las mujeres e indígenas, condiciones de vida dignas. También el Estado mexicano debe ratificar el Convenio Nº 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949 y aplicar las recomendaciones relativas a la libertad sindical.
En los últimos años se han iniciado reformas económicas, fiscales y políticas en República Dominicana. Sin embargo, este proceso ha tenido como efecto más inmediato beneficiar a poderosos sectores financieros e importadores, favoreciendo un modelo que se basa en zonas francas industriales, turismo y remesas de dominicanos residentes en el extranjero. La pobreza se ha extendido a más del 60 por ciento de la población produciendo exclusiones y desigualdades que afectan seriamente los derechos económicos y sociales de la población.
En Nicaragua, la respuesta a las necesidades de prevención, protección y justicia para las mujeres no se obtiene con aprobar leyes, se requiere de un esfuerzo concertado y sostenido del sistema de justicia y la institucionalidad pública que demanda el desarrollo
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