LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REFORMA POLÍTICA PERUANA

LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REFORMA POLÍTICA PERUANA

Origen

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP) fue instaurada el 21 de diciembre de 2018 a pedido del entonces presidente peruano, Martín Vizcarra, y de su Consejo de Ministros (Tuesta Soldevilla et al., 2019). En el decreto que la reglamentaba, el presidente se amparaba en el marco legal existente para convocar una comisión de expertos que asesorara al Poder Ejecutivo en temas políticos y electorales, con el fin de acompañar la entonces reforma a la justicia que se estaba tramitando.

Así, la Resolución Suprema N.° 228-2018 reglamentó que dicha comisión estaría conformada por cinco miembros escogidos de manera honoraria, siendo uno de ellos el que la presidiría y guiaría, y que tendrían un plazo de dos meses para presentar las propuestas de leyes que considerasen necesarias. Asimismo, tal resolución determinó que la financiación de la comisión no afectaría el erario, y que sus integrantes serían acompañados en todo momento por una secretaría técnica, encabezada desde la oficina de la presidencia, para brindarles todo el apoyo logístico que necesitasen. Finalmente, la resolución también permitía que los miembros de la CANRP llamaran a aquellos estamentos estatales y grupos de expertos que considerasen útiles en su labor, no siendo especificado el tiempo o la obligatoriedad de dicho llamado.

El origen de la CANRP se basó en un llamamiento oficial por parte del Consejo de Ministros para continuar con una serie de reformas que se estaban tramitando en ese momento. En este sentido, es posible argumentar que el origen de la CANRP fue el Estado; es decir, que el Poder Ejecutivo estuvo a cargo de su ensamblaje y funcionamiento con el fin de obtener propuestas respaldadas en evidencia académica y factual. De forma consecuente, no solo fue el Consejo de Ministros el que reglamentó la comisión y nombró a sus miembros, sino que también delimitó su tiempo (dos meses), mecanismos de funcionamiento interno (a través de la secretaría técnica) y financiación (a partir de los fondos públicos). Si bien los integrantes de la comisión únicamente pudieron controlar el contenido de las reformas que presentaron, no fue así con su funcionamiento ni metodología interna.

Miembros

Respecto a sus miembros, la comisión estuvo en todo momento conformada por cinco individuos escogidos desde el decreto que la reglamentó, y siguiendo un criterio “honorífico” de escogencia. Puntualmente, fue dictaminado que la CANRP sería presidida y guiada por Fernando Tuesta Soldevilla, reconocido politólogo y académico con amplia experiencia en actividades de consultoría dentro del sector público, así como la docencia. Por otra parte, los cuatro miembros restantes fueron Jessica Bensa Morales, politóloga y académica reputada; Milagros Campos Barrios, abogada y especialista en el Congreso peruano con experiencia en otras comisiones de carácter consultivo; Paula Muñoz Chirinos, politóloga y académica dedicada de pleno a la investigación política y social dentro del Perú; y Martín Tanaka Gondo, politólogo y profesor con una amplia trayectoria académica y docente dentro del país.

Como es patente, los miembros permanentes de la comisión fueron elegidos en su calidad de expertos dentro del campo de la ciencia política. Esto puede verse reflejado no solo en que casi todos los miembros poseen un doctorado en esta área, sino en que ejercen sus actividades de investigación en temas afines a la disciplina. Del mismo modo, se destaca que todos hayan centrado su actividad profesional en la investigación y la docencia y cuentan con experiencia en otras actividades consultivas dirigidas a reformar el sector público. Así las cosas, es plausible afirmar que la CANRP tuvo como criterio central de selección de sus miembros a la academia y la experticia, además de la experiencia en comisiones consultivas pasadas. En consecuencia, el conjunto de reformas que fueron presentadas se destaca por su calidad técnica.

Por último, es de resaltar que los órganos públicos y representantes de la sociedad civil y los partidos no tuvieron un puesto fijo en la comisión, sino que solo fueron llamados a partir de los requerimientos de los miembros de la CANRP, y en casi ningún caso asistieron a más de una sesión. Como se plasmó en el informe final de la misión (Tuesta Soldevilla et al., 2019), los invitados se clasificaron en grupos:

● Congreso de la República, siendo llamados los entonces presidentes del

Congreso y de la Comisión de la Constitución; ● grupos parlamentarios, conformados por los voceros de las bancadas de aquellos órganos partidarios que tenían un asiento en el Congreso; ● partidos políticos, asistiendo aquellos dirigentes y legisladores de los distintos grupos políticos del país; ● entidades públicas, destacando la presencia de los dirigentes de las entidades electorales y miembros de la Superintendencia de Banca y

Seguros; ● sociedad civil, siendo los grupos de constitucionalistas y las ONG nacionales e internacionales los principales actores; y ● otros, donde asistieron personalidades tan variadas como evangélicos, sindicalistas y expertos en la Rama Judicial.

Además, los miembros permanentes de la CANRP recibieron asesoría de diversas entidades y organizaciones tanto políticas como civiles. Se destaca el papel que tuvo el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) en el asesoramiento de la comisión y la invitación de expertos de diversa índole, así como sus labores logísticas para organizar paneles (Tuesta Soldevilla et al., 2019). Por consiguiente, es posible argumentar que la mayoría de las propuestas que presentó la comisión tuvieron un carácter informado a partir del entendimiento con diversos actores de todas las ideologías y corrientes políticas, así como la evidencia factual y jurídica que permitió acompañar a tales propuestas. Esto resulta interesante si se considera que la misión electoral tuvo dos meses para pensar, elaborar y presentar propuestas al Consejo de Ministros, y que el total de reuniones que tuvieron con los invitados anteriormente mencionados suman un total de veintitrés encuentros. Si bien no hay registros accesibles para estos encuentros, resulta llamativo que de ellos se hayan desprendido un total de doce propuestas que fueron materializadas en iniciativas de ley.

Objetivos

De acuerdo con el informe que presentó la CANRP, el objetivo central de la comisión era brindar una serie de propuestas de reforma dirigidas a mejorar la representación y la interacción entre las instituciones políticas de Perú (Tuesta Soldevilla et al., 2019). Con base en esto, había cuatro focos principales de la discusión dentro de la misión electoral en los que se centrarían las propuestas:

1. La escasa representación ejercida por los órganos partisanos nacionales y locales, expresada en la desconexión entre los ciudadanos y los partidos y la baja legitimidad y nacionalización de estos últimos. 2. La inefectividad de la rendición de cuentas y los altos riesgos de corrupción dentro del sistema, marcada por los altos costos de campaña y la “mercantilización” de la administración pública. 3. Los problemas de gobernabilidad y de control político, reflejados en las tensiones entre las ramas del poder público y los pocos mecanismos existentes de mediación entre ellas. 4. Las obstrucciones a la participación ciudadana dentro del sistema político, demostradas en las dificultades y trabas logísticas que experimentan los ciudadanos peruanos a la hora de sufragar.

A partir de ello, el objeto de la comisión fue tratar de elaborar una reforma política y electoral de carácter integral que permitiera revertir los problemas de representatividad, baja institucionalización, volatilidad y desafección ciudadana que permean al Perú, y, con ello, elaborar un diseño político y electoral mucho más abierto e institucionalizado en áreas de gobierno, sistema electoral y partidos (Tuesta Soldevilla, 2019). Así las cosas, la comisión estableció cuatro objetivos específicos a partir de la idea general de una reforma integral. En el mismo sentido, estos objetivos estaban encaminados a resolver aquellos cuatro problemas que fueron enunciados por la comisión por medio de propuestas concretas para superarlos.

1. Hacer que los partidos políticos y órganos de representación partidarios fuesen fuertes y representativos. Este objetivo estaba encaminado a asegurar la institucionalización multinivel de los partidos políticos, acabar con la fragmentación y volatilidad del sistema, mejorar la calidad de la representación adelantada y establecer medidas para asegurar la democracia interna de sus procedimientos.

2. Combatir la corrupción y volver la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Este punto tenía como fundamento regular los gastos durante las campañas y someterlos a estrictos controles y sanciones, aumentar la transparencia y reducir el poder de los candidatos y electos de los partidos, así como fortalecer la fiscalización territorial a nivel subnacional. 3. Mejorar la gobernabilidad y los canales de control político existentes. Al respecto, este fin fue enfocado a armonizar e institucionalizar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y aumentar el grado de gobernabilidad del que podrían gozar los gobiernos subnacionales. 4. Mejorar y ampliar la participación electoral ciudadana. Este motivo fue fundamentado en actualizar la ley electoral para que correspondiera con los últimos cambios tecnológicos y sociales, y permitir que todos los ciudadanos pudieran ejercer el derecho al sufragio sin importar sus impedimentos físicos o geográficos.

Por último, este conjunto de objetivos fue dirigido a reformas jurídicas y electorales concretas con miras a las elecciones de 2021 para establecer un nuevo conjunto de reglas que permitiesen mejorar y extender la democracia peruana. A partir de ello, el último objetivo que se planteó la CANRP fue producir un conjunto de propuestas legislativas que permitieran concretar los logros a los que apuntaban con sus recomendaciones en políticas, reformas y actualizaciones del corpus jurídico del país. Este logro se tradujo en una serie de iniciativas legislativas que fueron presentadas al Congreso con el informe final de la misión. Asimismo, les fue reportado a los legisladores una serie adicional de recomendaciones sobre su trámite y un plan de trabajo que debía seguirse para lograr instaurar la reforma antes de 2021 (Tuesta Soldevilla, 2019). Sin embargo, esto no llegó a concretarse como lo habían anticipado en la CANRP y algunas de esas reformas continúan su trámite hoy día.

Resultados

La CANRP presentó un total de doce proyectos de ley que apuntaban a lograr los cuatro objetivos específicos que se habían planteado basándose en el diagnóstico del sistema político peruano. La comisión formuló cuatro proyectos de reforma constitucional y ocho proyectos de reforma legal, siendo todos puestos a disposición del presidente inmediatamente la comisión cesó sus funciones y entregó su informe final. En el mismo sentido, el total de paquete de reformas fue presentado en una forma legal definida: propuesta formal de ley, exposición de motivos, reconocimiento del problema, ejes de la reforma propuesta, análisis costo-beneficio e impacto de la norma en la legislación vigente.

De este modo, la comisión no solo brindó los textos que debían ser discutidos en el Congreso a pedido del Ejecutivo, sino que se tomó el trabajo de elaborar para cada uno de ellos un análisis a profundidad de las propuestas y problemáticas que se exponían. Así las cosas, es posible afirmar que el paquete de propuestas fue encaminado a cumplir con el objetivo general de lograr una reforma integral del sistema político y electoral. En palabras de los miembros de la CANRP, se trataba de cambios articulados y adecuadamente concretados en “…la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Código Penal” (Tuesta Soldevilla, 2019: pp. 17). Esto, por supuesto, solo en términos de las propuestas formales que fueron presentadas, puesto que ha de recordarse que la comisión también trató de dialogar con los parlamentarios y de explicarles la razón de los cambios que se proponían.

Si bien los contenidos, motivos y cambios específicos de las leyes y la jurisprudencia son variados, las propuestas de la CANRP pueden agruparse en algunos subtemas. A continuación, se describirá el conjunto de temas alrededor de los cuales giran las modificaciones presentadas, siendo estas agrupadas y presentadas en el orden propuesto por el informe final de la misión (Tuesta Soldevilla, 2019: pp. 453-458).

En primer lugar, una serie de reformas fueron dirigidas a actualizar y normalizar las condiciones de inscripción y cancelación de los partidos políticos nacionales y subnacionales. En este sentido, la mayoría de los elementos de este grupo de propuestas versó sobre la implementación de

umbrales de simpatizantes, curules y votos para la inscripción y mantenimiento del partido, así como la posibilidad de alianzas y fusiones entre grupos políticos. Al respecto, la parte introductoria de este paquete legislativo fue apuntalado a incluir umbrales de militantes mínimos para constituir un partido y presentar candidatos, permitir la fusión y alianzas electorales de partidos subnacionales y nacionales, y volver públicos los registros de padrón partisano. Asimismo, también se definieron unos requisitos mínimos para permanecer afiliado como partido político nacional o subnacional. Sobre ello, estas medidas incluían umbrales de participación interna y de obtención del voto o curules en campañas electorales, la necesidad del pago de multas y obligaciones financieras, y la obligatoriedad de presentarse a elecciones en el nivel del partido (nacional o subnacional) para continuar afiliado como tal. Finalmente, también se identificó la necesidad de mantener un número mínimo de militantes inscritos de acuerdo con el último registro de votación electoral si se quería mantener dicha personería jurídica.

En segundo lugar, otra serie de reformas fueron dirigidas a mejorar y refundar la democracia interna de los partidos políticos peruanos. La idea general de estas reformas fue la de permitir que la selección de los candidatos de los partidos obedeciera a lógicas públicas, democráticas y paritarias en temas de género, así como mejorar la preselección de los candidatos al volver preferentes a los simpatizantes del partido por encima de otros designados. En específico, la CANRP presentó la lista cremallera y de carácter vinculante, las consultas internas y públicas para escoger los candidatos del partido, y la definición de que máximo 1/5 de los candidatos presentados no fueran simpatizantes. Finalmente, estas proposiciones fueron acompañadas por un umbral mínimo del padrón electoral pasado para que los partidos pudiesen presentar listas en el presente.

En tercer lugar, un grupo de propuestas fue dirigido a reformar el sistema electoral nacional. Puntualmente, se buscaba que los candidatos y electos tuvieran una mayor rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, a la par que se intentaba fortalecer los requisitos para optar por una curul en el Congreso. Con base en esto, las propuestas específicas procuraron establecer la lista cremallera para el Congreso, eliminar la lista abierta y preferencial, implementar umbrales de votos o de curules para poder volver a postularse, eliminar la reelección y volver públicas las declaraciones de intereses y hojas de vida de los electos. Esto fue acompañado de unos mínimos más duros para optar por una curul parlamentaria, siendo establecido el requisito de no tener una condena en firme cuatro años antes por delitos dolosos y debilitar la

inmunidad parlamentaria. Por último, se modifica el calendario electoral para tener elecciones concurrentes.

En cuarto lugar, otro grupo de propuestas estuvo encaminado a reformar el sistema electoral subnacional. Sus proposiciones estuvieron encaminadas a cambiar los métodos de asignación de escaños en las unidades subnacionales, brindarle mayor gobernabilidad al Ejecutivo regional a la par de un mayor control político, y ampliar la participación ciudadana. Así, fue presentado un premio a las mayorías en los Legislativos regionales, la ampliación del mandato del Ejecutivo regional a cinco años, la concurrencia de las elecciones, y la eliminación de la segunda vuelta para elegir al Ejecutivo regional. Empero, estas mejoras en gobernabilidad fueron acompañadas de controles más fuertes en términos de vacancias y suspensiones, sumados a la posibilidad de un control político más eficaz por parte del Legislativo. Para lograr una mayor inclusión, se incorporó la lista cremallera y una cifra repartidora diferencial en poblaciones indígenas.

En quinto lugar, la CANRP presentó cambios sustantivos al financiamiento de las campañas electorales de los partidos. Estos cambios estaban dirigidos a mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la información de las financiaciones de las campañas, así como delimitar claramente sus topes. En este sentido, se buscaba volver públicos los registros financieros de los gastos electorales de los partidos, endurecer las sanciones si se violaban y regular la financiación pública directa e indirecta durante las contiendas electorales. Finalmente, se fortalecieron las capacidades de cobro de las multas incurridas durante las campañas y se fortaleció la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el órgano electoral encargado.

En sexto lugar, la comisión estableció una serie de propuestas encaminadas a mejorar las relaciones entre las ramas Ejecutiva y Legislativa del Perú. En específico, se buscaba mejorar la gobernabilidad del Ejecutivo al reducir la fortaleza de las herramientas parlamentarias del sistema presidencial peruano. En esta línea, la CANRP propuso que la moción de censura y la disolución del Congreso fuese imposible en el último año de gobierno, eliminar la causal de vacancia presidencial permanente por incapacidad moral y establecer una mayoría calificada para aprobar proyectos de ley que fueran presentados de manera insistente. Por último, se propuso que la moción de censura solo procediera hacia el presidente del Consejo de Ministros, con lo que su aceptación exitosa implica la renuncia del gabinete, y que los períodos de elección del Tribunal Constitucional fueran redefinidos.

En séptimo lugar, se planteó regresar a la bicameralidad peruana. En esta línea, la CANRP enfocó sus esfuerzos en plantear la renovación del Congreso al reintroducir la Cámara Alta del Senado, la renovación del 50 % de los congresistas a mitad del período, y unos nuevos padrones electorales para determinar la cantidad de legisladores. Finalmente, y en línea con la idea de mejorar la representación, se planteó introducir una curul para peruanos en el exterior y dos para grupos indígenas.

En octavo y último lugar, la comisión quiso fortalecer la participación ciudadana de los peruanos y su voto. Con ello, no solo se buscaba volver real el derecho al sufragio de todos los peruanos, sino también actualizar la normativa vigente en materia de los últimos cambios tecnológicos y culturales. Así, resalta la eliminación de las normas de la ley seca y de la imposibilidad de publicar encuestas un día antes de la elección, la implementación gradual del voto postal para peruanos en el exterior, y el establecimiento de mesas de sufragio en centros especiales y de reclusión para lograr el voto de todos los ciudadanos. Adicionalmente, se presentaron estas propuestas de la mano con el fortalecimiento de las competencias y la discrecionalidad de la ONPE para asegurar su cumplimiento y normalización.

En suma, las reformas concretas a las que llegó la comisión correspondieron con sus objetivos de mejorar el tipo y los mecanismos de representación que estaban presentes en el Perú. De estas, no solo se destacan las medidas encaminadas a fortalecer los vehículos de representación, tales como los incentivos para que los partidos se comporten con más disciplina y les den más peso a sus simpatizantes, sino también las sanciones propuestas en caso de incumplimiento, siendo los umbrales y las multas los puntos más relevantes. Asimismo, la inclusión de grupos marginados también tuvo un papel relevante, por ejemplo, la lista cremallera se presentó como el modo de asegurar una paridad de candidatos por género, y las curules reservadas para grupos en desventaja también fue dirigida a lograr una mejora en la calidad de la representación adelantada. Por último, el hecho de que se le brinden mayores herramientas al Ejecutivo, pero que tales herramientas se sigan también de un control político más eficaz, demuestra el interés de la comisión por reestablecer los pesos y contrapesos del sistema político. De forma consecuente, no se trató solo de propuestas encaminadas a mejorar la gobernabilidad, sino de acompañarla con unos controles constitucionales y políticos más eficaces. De este modo, la CANRP cumplió el objetivo general que se planteó, a saber, brindar unos principios de reforma integral que comprometieran al sistema electoral, de gobierno y de partidos porque, después de todo, auspició unas propuestas de corte integral e interrelacionadas.

Impacto

Lamentablemente, el impacto real de los proyectos de ley y las reformas planteadas por la CANRP no fue del todo exitoso. Entre el 10 y el 11 de abril de 2019 el Gobierno acogió y suscribió los doce proyectos propuestos por la comisión, y los envió para su debate en el Congreso (ANDINA, 2019; Presidencia de la República del Perú, 2019; Alva Olivera, 2019). Pero, el recelo y el escepticismo de los legisladores e incluso del Gobierno mismo fue manifiesto. Por una parte, el Gobierno dejó de lado la bicameralidad y la reestructuración del Congreso que fue propuesta (Alva Olivera, 2019). Por otra parte, los congresistas reaccionaron de manera parecida casi un mes después del informe final de la CANRP para, justamente, proponer que el Legislativo adelantara su propia reforma política a partir de su propia comisión consultiva (El Comercio, 2019). Este anuncio fue dado por el presidente del Congreso para enriquecer el debate político alrededor de la reforma, aunque, de fondo, mantenía su recelo frente al retorno de la bicameralidad, sustentado en la voluntad popular de desaprobar el retorno a la Cámara Alta (Peru21, 2019). Así las cosas, no solo en un primer momento el paquete de reformas de la CANRP no fue bien recibido, sino que algunas de sus propuestas no fueron incluidas en los proyectos de ley que se presentaron.

Meses después de esta primera iniciativa, el Gobierno decidió defender con toda vehemencia seis de las doce propuestas originalmente presentadas (Hidalgo Bustamante, 2019; Gestión, 2019). Esto resulta interesante si se considera que fueron solamente estos seis proyectos, y no la otra mitad restante, los que recibieron mayor presión y trámite a través de la cuestión de confianza que fue adelantada contra Vizcarra a mediados de 2019. De este modo, no solo hay una priorización y abandono de otras leyes por parte del Gobierno, sino también una reticencia marcada por parte de los parlamentarios a adelantar las reformas propuestas.

Al final, solo cuatro de los seis proyectos presentados y gestionados con urgencia fueron aprobados por el Congreso, no sin antes sufrir algunas modificaciones durante su trámite. En este sentido, los proyectos trataban temas tan variados como: democracia interna, mayores penas y sanciones a infracciones electorales, incremento gradual de la paridad de género y alternancia en las listas, y ratificación de nueva normatividad para el proceso electoral (de Althaus, 2019; Hidalgo Bustamante, 2019; Gestión, 2019). Sin embargo, todavía restaban seis proyectos de ley que surtían modificaciones

importantes y que no habían sido apenas debatidos, así como dos más que fueron incluidos en el paquete aprobado. Sobre estos últimos, no solo su última votación nunca fue realizada y por ello resultaron archivados, sino que también trataban puntos fundamentales de la reforma: la inmunidad parlamentaria y la imposibilidad de postularse si se era culpable cinco años antes de delitos dolosos (Ortiz Martínez, 2020b). Estos dos puntos se convertirían más adelante en controversias con el Gobierno, pero basta con desarrollar hasta este punto que fueron archivados originalmente.

Adicionalmente, solo tres de los proyectos aprobados del paquete original podrían ser puestos en uso para las elecciones de 2021, mientras que el último faltante no, ya que fue introducido como una disposición transitoria (Hidalgo Bustamante, 2019; La República, 2019). Con ello, se demuestra que el objetivo de alcanzar a implementar la reforma en su totalidad para aplicarla en 2021 se mostraba lejos, y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo parecían reticentes a colaborar para asegurarlo.

Luego, casi dos años después de la puesta en marcha de la CANRP y de su presentación de las reformas, fueron sancionados otros proyectos de ley enmarcados en las propuestas de la comisión. En especial, se lograron dos nuevos avances en miras a las elecciones del 2021. Primero, que los culpables de delitos dolosos no pudieran ser candidatos para ningún cargo, siendo este el proyecto que se había archivado (La República, 2020b). Segundo, que los magistrados del Tribunal Constitucional fueran seleccionados a través de un concurso de méritos, cumpliendo también la recomendación dada por la CANRP (La República, 2020c).

Asimismo, fue suscrito un proyecto que definía la financiación pública directa e indirecta de los partidos durante las contiendas electorales que, a su vez, se enmarca en las proposiciones hechas por la comisión (La República, 2020a). De este modo, hubo un avance para la implementación de la reforma. Sin embargo, y en el mismo sentido que ocurrió en 2019, resultó modesto. No solo porque elementos como el voto preferencial y las elecciones primarias internas siguieron sin ser tratados, sino porque, en el mejor de los casos, los proyectos aprobados cumplen parcialmente con el corpus de reformas del que emanan. De nuevo, se destaca la falta de un deseo real de los legisladores para lograr la implementación de una reforma integral y, por el contrario, sobresale su interés en solamente tramitar trozos de las recomendaciones. Finalmente, en 2020 también se logró reglamentar algunos puntos de los proyectos que ya habían sido aprobados para las elecciones de 2021. En este sentido, la paridad y alternancia de género absoluta y la circunscripción de

peruanos en el exterior fue adoptada; esto en vez de la gradualidad hasta dos y tres elecciones más como se había planteado originalmente (La República, 2020c).

Por último, ninguno de los proyectos adelantados en 2020 hubiese sido posible sin las constantes disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo peruano. En este sentido, el conflicto sobre los requisitos de inscripción electoral es un ejemplo claro. Inicialmente, el debate giró en torno a la prohibición de que los condenados en primera instancia por delitos dolosos pudieran postularse a algún cargo público. Y, a partir de ello, surgió la postura reacia del Congreso. En esta, grandes bancadas de parlamentarios se encontraban en desacuerdo, argumentando que hay múltiples instancias y que, más bien, esta reforma tenía un tinte político (Rojas Sánchez, 2020). A partir de la insistencia del Gobierno se continuó con el debate y, un tiempo después de un intento de referéndum popular por parte del Gobierno para sacar adelante la propuesta (La Vanguardia, 2020), el Congreso peruano aceptó la reforma y la volvió ley (Gestión, 2020). Así, es claro que los proyectos de reforma política que presentó el Gobierno a partir de la CANRP han estado marcados por los conflictos entre ambas ramas, y que su progreso o fracaso han estado definidos por dicha lógica.

Esta tensión parece haber sido constante en las discusiones de los proyectos de reforma que fueron presentados por el Gobierno, tal como lo sugiere la entrevista realizada a Tuesta Soldevilla por el diario peruano La República (Rosales, 2019) al afirmar que el Congreso logró aprobar parcialmente aspectos de la reforma que fueron impulsados como centrales. Por ejemplo, la inscripción y cancelación de partidos políticos nacionales y subnacionales, las listas cremallera, y la delimitación de la financiación pública y directa durante campañas electorales. Sin embargo, también hubo muchos aspectos que fueron dejados de lado en la aprobación parcial de la reforma. En este sentido, el mantenimiento del voto preferencial, la modificación de la propuesta original sobre la inmunidad parlamentaria, y la falta de establecimiento de las elecciones primarias que asegurasen democracia interna en los partidos constituyen un ejemplo.

Con ello, puede entreverse que algunos puntos de la reforma fueron plenamente aceptados por el Ejecutivo y el Legislativo, pero que otros fueron dejados de lado por falta de voluntad política. Esto demuestra que el objetivo general de la comisión no solo fue descartado durante los debates de los parlamentarios, sino que estos continuaron siendo inflexibles en ciertas posiciones (Tuesta Soldevilla, 2020). Por ello, es plausible afirmar que los

alcances de la comisión de la reforma política estuvieron enrevesados en las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como por la reticencia y las críticas de los legisladores a los proyectos. Y, por extensión, que la idea fundamental de una reforma general e integral no fue traducida en la realidad.

El tema de la inmunidad parlamentaria resultó uno de los más álgidos entre las propuestas de la CANRP. Como fue abordado, esta buscaba ser reducida en sus facultades para evitar que candidatos cuestionados trataran de alcanzar el poder para evitar ser investigados. Esta misma línea fue la que presentó el Gobierno en uno de los proyectos de ley, cuyo debate fue extendido hasta mediados del presente año (2020). De este modo, originalmente solo la inmunidad parlamentaria sería la afectada, aunque tampoco sería eliminada completamente, de miras a evitar la evasión de la justicia por parte de los legisladores.

No obstante, los parlamentarios cambiaron el enfoque de la reforma: de una limitación de las facultades a la eliminación completa de la inmunidad no solo para ellos, que podría ser visto como algo más radical que la propuesta, sino también para todos los otros altos funcionarios del Estado (Revista Dinero, 2020; El Tiempo, 2020; Ortiz Martínez, 2020a). Esto constituyó un punto de inflexión entre el Ejecutivo y el Legislativo a causa de las dudas sobre la constitucionalidad de esta decisión y, de hecho, el gabinete acusó a los parlamentarios de querer aferrarse a su inmunidad parlamentaria y haber prevaricado para lograr que el proyecto de reforma se cayera (Revista Dinero, 2020; El Tiempo, 2020).

Con base en todo esto, es posible afirmar que el grupo de reformas presentado y aprobado fue un resultado precario en comparación con los objetivos de la CANRP. A pesar de haber tramitado algunos puntos de la reforma, en ellos hace falta un enfoque integral y reformista que incorpore todas las sugerencias hechas. Asimismo, las disputas mantenidas entre el Ejecutivo y el Legislativodificultaron la armonía en el trámite de los proyectos, y las modificaciones parciales realizadas por ambos órganos en temas como la bicameralidad y la inmunidad parlamentaria dificultaron la producción de una ley coherente y unitaria. Por ello, todavía resta un gran trabajo para lograr adelantar las proposiciones de la CANRP, que ya no serán orientadas para las próximas elecciones, sino para los años por venir.