CONTENIDOS
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Votar en pandemia es seguro. Un balance a partir de las misiones de observación electoral de la Defensoría Sofia Santamarina Gabriel Beraud Argentina Pág. 12
02
Las herramientas digitales como plataforma electoral en el Siglo XXI Kristel Ñopo Fernández Perú Pág. 22
03
Democracia Paritaria. El caso de la Provincia de Buenos Aires. Luis Augusto Raffo Argentina Pág. 30
04
Gobierno abierto post pandemia
Rocio Anali Aguinagalde Rojas Paraguay Pág. 38
05
La transición de la participación política de los jóvenes en México y sus desafíos Víctor Hugo Ortiz Montalvo México Pág. 46
06
La verdad y la post verdad en la estrategia política
Norberto Antonio Peña Quintero Venezuela Pág. 52
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Democracia deliberativa en el Concejo de Bogotá: aprendizajes y retos para la academia Juan Felipe Carmona Pascuales Juan Pablo Guzmán Solórzano Colombia Pág. 62
NOTA EDITORIAL
RESILIENCIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE UNA REPRESENTACIÓN EFECTIVA E INCLUSIVA Introducción
FRIEDA ARENOS
Es Directora de Programas del equipo de Gobernanza del NDI, donde supervisa los programas del Instituto sobre fortalecimiento legislativo, transiciones ejecutivas y participación parlamentaria. Tiene un máster en Comunicación Intercultural e Internacional por la Escuela de Servicio Internacional de la American University, y es licenciada en Inglés y Ciencias Políticas por la Universidad de Vermont.
Las amenazas del cambio climático global siguen afectando la vida de la ciudadanía de todo el mundo. Según el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU de 2021, todas las regiones habitadas se enfrentan a un aumento de los factores de impacto climático, lo que provocará más catástrofes naturales en los próximos años. Estas catástrofes ya han provocado migraciones forzadas, un aumento de los conflictos violentos y un incremento de la hambruna y las enfermedades. Mientras estas amenazas continúen, los gobiernos deben prepararse de forma proactiva para hacer frente a las necesidades de la población y proporcionar recursos vitales a las poblaciones vulnerables cuando se produzca una catástrofe. Los gobiernos también deben comprometerse con la gobernanza medioambiental y las prácticas de resiliencia a través del compromiso inclusivo de las partes interesadas para desarrollar políticas que frenen los efectos del cambio climático. Como rama representativa del gobierno con el mandato de garantizar la supervisión de los compromisos democráticos de una nación, el poder legislativo está en el centro de la consecución de estos objetivos.
NOTA EDITORIAL Mejorar la capacidad de las instituciones legislativas para promover la resiliencia medioambiental El cambio climático afectará inevitablemente a todas las naciones en los próximos años. La experiencia internacional demuestra que las instituciones y los procesos democráticos son los que producen los mejores resultados de resiliencia ambiental1 . Como órgano representativo del gobierno que tiene el mandato de promover políticas que protejan los intereses de la ciudadanía y promuevan la vigilancia, las legislaturas deben estar en el centro de la lucha contra el impacto climático y de los resultados de los gobiernos ante futuras crisis. El papel de las legislaturas en el apoyo a la gobernanza medioambiental y la resiliencia queda claro a través de la agenda 2030 de la ONU, que “reconoce... el papel esencial de los parlamentos nacionales a través de la promulgación de leyes y la adopción de presupuestos y su papel en la garantía de la rendición de cuentas de la aplicación efectiva de nuestros compromisos.” 2 Asimismo, el Plan de Acción Parlamentaria sobre el Cambio Climático de la Unión Interparlamentaria afirma que “para que sean creíbles, eficaces y jurídicamente exigibles... los acuerdos internacionales deben transponerse a la legislación nacional, con el apoyo de una asignación
presupuestaria adecuada y una sólida supervisión de la actuación del gobierno. Esto sitúa a los parlamentos en el centro de la respuesta al cambio climático”3 . Para mitigar los impactos del cambio climático y avanzar en la resiliencia medioambiental, los parlamentos pueden hacer lo siguiente:
1. Preparar y desarrollar estrategias
que protejan a la ciudadanía vulnerables frente a las catástrofes naturales; 2. Habilitar políticas ecológicas acordes con los compromisos internacionales, y que incorporen las diversas necesidades de la ciudadanía y las industrias locales, para avanzar en la responsabilidad y la transparencia de las normas de protección medioambiental; y 3. Garantizar que los gobiernos hagan un seguimiento equitativo de la entrega de recursos y protecciones medioambientales para una nación y su población. El cumplimiento de estas responsabilidades requiere que las legislaturas tengan la autoridad constitucional y la independencia presupuestaria para llevar a cabo las actividades legislativas, y que participen en el escrutinio y la supervisión efectiva de las acciones del gobierno. Además, las legislaturas deben comprometerse
https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-021-00970-7 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 3 https://www.ipu.org/file/429/ 1
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NOTA EDITORIAL con mecanismos que permitan una retroalimentación bidireccional entre ellas y diversos colectivos ciudadanos, y al mismo tiempo crear puntos de acceso para que la ciudadanía, especialmente la más vulnerable, pueda informar sobre la acción legislativa. Además, las y los actores legislativos deben tener la voluntad política y el incentivo para priorizar las políticas de gobernanza ambiental y resiliencia como parte de su agenda. Por último, los legisladores pueden beneficiarse de las redes que apoyan el intercambio de información entre pares con vocación reformista, lo que ayuda a permitir soluciones innovadoras a los desafíos compartidos.
Supervisión de las acciones gubernamentales en materia de cambio climático: Mantener la supervisión y la responsabilidad de las acciones del gobierno es un mandato fundamental del poder legislativo. Para que el poder legislativo pueda hacerlo de forma eficaz, debe contar con las facultades constitucionales y reglamentarias necesarias para examinar las acciones del gobierno, entre otras cosas, mediante audiencias públicas, investigaciones, debates de control al ejecutivo y/o mociones. En el contexto de la resiliencia climática y medioambiental, hay varias técnicas que el poder legislativo puede utilizar para llevar a cabo una supervisión eficaz. Por ejemplo, las legislaturas pueden llevar a cabo evaluaciones exhttps://docs.google.com/document/d/14h6jSRquCen602D7Jze 3ktzdEDIACr7ebCD0LzhIbjQ/edit 4
ante (análisis basados en datos previstos) y ex-post (evaluación basada en datos concretos) en sus procesos de desarrollo y aplicación de políticas. Asimismo, pueden integrar las evaluaciones relacionadas con el clima o el impacto climático en su labor de supervisión, incluso durante las audiencias y en los informes. Por último, los órganos legislativos pueden esforzarse activamente por integrar la supervisión medioambiental en todos sus procesos, incluida su estructura física y sus operaciones4 . Una prueba de estos modelos en la práctica puede verse en Perú con la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático de 2018. La ley estableció una Comisión de Alto Nivel sobre el Cambio Climático, además de una Comisión Nacional de Cambio Climático para apoyar la coordinación y la supervisión de la implementación de los compromisos políticos nacionales. También se llevaron a cabo consultas con socios externos para reforzar la supervisión de la financiación del clima en la ley final5 , y esta ordena que el Ministerio de Medio Ambiente informe
https://www.giz.de/en/worldwide/76533.html https://www.climatepolicydatabase.org/policies/frameworklaw-climate-change 7 https://www.cpahq.org/media/hnpdzwpq/cpa-smallbranches-climate-change-toolkit-feb-2020-online-single.pdf 5
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NOTA EDITORIAL anualmente al parlamento sobre el progreso de su aplicación6 . Otro ejemplo es el de la nación insular de Tuvalu, que, al ser un Estado más pequeño y con menos recursos, utilizó los innovadores Consejos Insulares de Tuvalu, formados por miembros de la comunidad elegidos por la ciudadanía, entre ellos ancianos y grupos indígenas con conocimientos ancestrales, para apoyar la supervisión efectiva de las acciones del gobierno en la aplicación de la política climática7.
Informar sobre las soluciones a través de una retroalimentación bidireccional inclusiva: Uno de los elementos más importantes de la labor del poder legislativo para hacer frente al impacto climático es permitir la retroalimentación bidireccional entre los funcionarios públicos y los diversos grupos de la ciudadanía, creando al mismo tiempo puntos de acceso para que la población, especialmente la más vulnerable, pueda informar sobre la acción legislativa. Para ser eficaz, esto debe ocurrir tanto a nivel subnacional como nacional. La coordinación entre los organismos estatales y locales es especialmente crucial, ya que garantiza que las personas afectadas de forma crítica, además de las que ocupan una posición de autoridad y de aplicación de las políticas, participen en la conversación. Por ejemplo, en México, el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) se creó en virtud de la ley general del
clima del país en 2012 para coordinar la elaboración y aplicación de políticas sobre gobernanza ambiental entre los agentes nacionales y subnacionales. La institución incluye una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, un Consejo Consultivo de Cambio Climático y un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para garantizar la participación de los actores nacionales (incluido el Congreso), estatales y municipales. La ley general del clima también incluye garantías que aseguran el cumplimiento de sus requisitos, incluyendo que el Congreso evalúe periódicamente los avances en la política nacional de cambio climático del país. Además, desde la creación del SINACC, la mitad de los estados de México se han comprometido con la acción climática y han aprobado presupuestos que aumentan los recursos para promulgar y aplicar políticas para hacer frente al cambio climático8 . En Filipinas, el parlamento creó un Comité de Cambio Climático para desarrollar compromisos nacionales de acción climática. Como parte de su mandato, el Comité se compromete regularmente con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con
NOTA EDITORIAL activistas y líderes climáticos mundiales y con representantes de la Conferencia de las Partes. Tras la recuperación de la COVID-19, el Comité también ha celebrado una serie de audiencias con líderes externos de sectores específicos, incluidos los de la sociedad civil y las industrias privadas, para participar en el desarrollo de soluciones para la acción contra el cambio climático y la “recuperación sostenible tras la pandemia” 9 . Además, en Kenia, los legisladores han mostrado desde hace tiempo su compromiso con el avance de la resiliencia medioambiental, y han aprobado compromisos políticos que exigen legalmente la participación de partes interesadas externas para informar sobre las políticas medioambientales y las acciones de impacto climático. Cuando el parlamento debatió la Ley de Cambio Climático nº 11 del país en 2016, la institución buscó activamente los aportes de la sociedad civil, el mundo académico y los expertos y organizaciones 10 internacionales .
Incentivos políticos que promueven la resiliencia ambiental: Además de los marcos jurídicos que garantizan que las legislaturas puedan cumplir con sus mandatos de representación y supervisión, es igualmente importante que los legisladores tengan la voluntad política
y el incentivo para priorizar la resiliencia ambiental como parte de su agenda. Para ello, es necesario colaborar con reformistas afines, a menudo de distintos partidos. Según un estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales en Camerún sobre los incentivos para la representación medioambiental, la responsabilidad, la autonomía, la autoridad y la ambición de los legisladores son variables que incentivan y desincentivan las acciones de calidad. Los investigadores de ese país descubrieron que cuando el gobierno proporcionaba a los legisladores financiación para microproyectos de asistencia específica a sus circunscripciones, mejoraba el vínculo entre los representantes y sus comunidades y aumentaba la concienciación sobre los retos rurales, lo que impulsaba la atención nacional y reforzaba las iniciativas de sostenibilidad medioambiental12 . El éxito de este tipo de esfuerzos también puede verse en Túnez, donde en 2019 un grupo de parlamentarios preocupados por el tema creó un grupo multipartidista llamado Red de Desarrollo Sostenible (SDN), que desde entonces ha establecido un Órgano Constitucional para
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2018/11Policy_ report_Mexico%E2%80%99s-General-Law-on-Climate-Change-Keyachievements-and-challenges-ahead-29pp_AverchenkovaGuzman-1.pdf 9 https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_ENG.pdf 10 https://www.wfd.org/2021/05/05/stronger-democratic-process-in-kenya-to-tackle-climate-change/ 11 https://files.wri.org/d8/s3fs-public/pdf/leg_env_rep_cameroon.pdf 8
NOTA EDITORIAL el Desarrollo Sostenible y los Derechos de las Generaciones Futuras para apoyar la educación, el desarrollo de políticas y la coordinación en temas relacionados con la resiliencia ambiental13 . La Red de Desarrollo Sostenible también fue fundamental para la aprobación de una ley que entró en vigor a principios de este año y que prohíbe el uso de bolsas de plástico en Túnez.
Beneficios del compromiso global entre pares: Por último, la experiencia mundial muestra que los legisladores se benefician de las redes que apoyan el intercambio de información entre pares con vocación reformista, lo que ayuda a lograr soluciones innovadoras a los desafíos compartidos. Por ejemplo, en 2017, en la sede argentina de GLOBE se celebró un foro parlamentario del G-20 que reunió a miembros de la red mundial de GLOBE y de las naciones del G-20. Esta cumbre condujo al desarrollo de una iniciativa internacional de electromovilidad, que esbozó compromisos de legisladores de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Senegal, Nigeria, Camerún e India, además de Alemania, Francia, Japón y el Reino Unido, entre otros, para apoyar la acción en políticas que aumenten los incentivos financieros y la infraestructura para el desarrollo de vehículos eléctricos.
Otro programa de compromiso entre pares, Movilidad Eléctrica Latinoamérica y el Caribe (MOVE), trabaja en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para acelerar la transición a la movilidad eléctrica en la región. La comunidad MOVE convoca a legisladores y funcionarios gubernamentales a nivel nacional y subnacional en toda la región para compartir buenas prácticas y apoyarse mutuamente en el desarrollo de estrategias innovadoras que aceleren la movilidad eléctrica en sus respectivos países, aprendiendo de modelos como la ley de incentivos económicos de Costa Rica, que introduce beneficios para los sectores público y privado en la compra de vehículos eléctricos. O en Colombia y Chile, cuyos gobiernos poseen las mayores flotas de autobuses eléctricos del mundo junto a China15 .
https://files.wri.org/d8/s3fs-public/pdf/leg_env_rep_cameroon.pdf https://www.webmanagercenter.com/2019/06/14/435942/la-tunisie-se-dote-dune-instance-du-developpement-durable/ 14 https://lapresse.tn/50071/a-partir-du-1er-mars-2020-les-sacs-en-plastique-interdits-dans-les-espaces-commerciaux/ 15 https://www.unep.org/news-and-stories/story/latin-america-and-caribbean-hop-electric-mobility 12 13
NOTA EDITORIAL Además, la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth apoya encuentros regionales entre pares para compartir buenas prácticas entre los miembros de diferentes regiones. Recientemente, en el marco de la preparación de la COP26, se celebraron dos foros distintos sobre políticas de cambio climático y resiliencia: uno con 116 delegados de 20 parlamentos de Asia-Pacífico, y otro con 150 delegados de 42 legislaturas de la Commonwealth, incluidos representantes de Granada, las Islas Malvinas, Guyana y Trinidad y Tobago. Los delegados de ambas reuniones debatieron sobre las buenas prácticas para mantener la supervisión del ejecutivo en el cumplimiento de los compromisos medioambientales, y sobre la forma en que los órganos estructurales de los parlamentos, como los grupos legislativos interpartidistas, pueden promover políticas basadas en pruebas mediante el compromiso con los activistas del medio ambiente. Los delegados también debatieron la importancia de involucrar a las comunidades marginadas y de trabajar junto con sus pares en redes globales para promover normas comunes y objetivos compartidos en materia de resiliencia medioambiental16 .
Por último, ParlAmericas, una red de legisladores y actores parlamentarios de países de las Américas, trabajan juntos para discutir los desafíos y desarrollar soluciones en temas de responsabilidad compartida en el proceso legislativo y las operaciones. En 2016, ParlAmericas creó la Red Parlamentaria sobre el Cambio Climático (PNCC) para “promover la diplomacia parlamentaria sobre la acción climática dentro de los parlamentos” en toda América. El grupo ha trabajado para alinear los compromisos parlamentarios globales y crear sinergias en las acciones sobre el cambio climático a través de la coordinación y el intercambio entre los pares legislativos globales. Por ejemplo, en una reciente publicación del grupo, “Parlamentos y el Acuerdo de París”, se describe el papel fundamental de los parlamentos en la lucha contra el cambio climático y se describen las medidas que pueden adoptar los legisladores para cumplir los compromisos mundiales17.
https://www.uk-cpa.org/news-and-views/commonwealth-parliaments-meetahead-of-cop26-to-establish-an-action-plan-and-working-group/ 17 https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_ENG.pdf 16
NOTA EDITORIAL Conclusión: La destrucción del medio ambiente provocada por el cambio climático sigue afectando a todos los países del mundo. Con el aumento de la frecuencia y la gravedad de las catástrofes naturales en los últimos años, junto con la incapacidad de los países para hacer frente a estas amenazas, los científicos predicen un panorama sombrío -mayor número de sequías, enfermedades, incendios, inundaciones y reducción de la disponibilidad de agua potable y alimentos- en las próximas décadas. Numerosos estudios demuestran que las sociedades democráticas tienen más probabilidades de desarrollar resiliencia medioambiental. Cuando la gente tiene canales de comunicación inclusivos y accesibles con sus funcionarios públicos, y esos representantes informan las acciones políticas a través de la lente de los más afectados, las políticas obtienen más aceptación y seguimiento, y a su vez tienen resultados más sostenibles. Estos procesos son posibles gracias a la existencia de instituciones legislativas eficaces y dotadas de poder, que se dedican a la elaboración de leyes, la representación y la supervisión inclusivas, y que tienen acceso a redes que les permiten crear soluciones junto a sus homólogos de todo el mundo con vocación de reforma. Utilizando estas herramientas, los parlamentarios tienen el poder de reducir el impacto del cambio climático y avanzar en la resiliencia medioambiental.
Votar en pandemia es seguro. Un balance a partir de las misiones de observación electoral de la Defensoría del Pueblo de la CABA en Argentina
Argentina
Sofia Santamarina: Licenciada en Ciencia Política (UBA), Magíster en Derechos Humanos y Democratización (UNSAM). Se desempeña como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. @sofsantamarina.
Gabriel Beraud: Estudiante de la Licenciatura en Periodismo (USAL) y de Abogacía (USAL). Se desempeña como investigador en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como representante del organismo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. @Gabriel_Beraud
Votar en pandemia es seguro. Un balance a partir de las misiones de observación electoral de la Defensoría del Pueblo de la CABA en Argentina
Argentina
El COVID-19 ha provocado un profundo
cambio en la gran mayoría de las actividades individuales y sociales a nivel mundial. En apenas unos meses hemos asistido a cambios rotundos en los usos y costumbres de la vida cotidiana de las personas, en las condiciones de producción, distribución y consumo, y en la administración y gestión de los servicios públicos. Asimismo, hay estudios que prevén que algunas medidas necesarias para paliar la enfermedad, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas, podrían prolongarse varios años. Las elecciones, condición fundamental y necesaria para el funcionamiento de todo sistema democrático debieron adecuarse a este nuevo contexto, con el objetivo de minimizar el riesgo que podrían significar para la salud de la población y, a la vez, garantizar la integridad del proceso y la transparencia de los resultados, entendiendo que son eventos con participación masiva, tanto de electores/as en el día de los comicios como de las personas que participan en las numerosas etapas del proceso, pre y post electoral. En los dos años que han transcurrido de la pandemia, en el territorio argentino tuvieron lugar varias elecciones. En octubre del 2020 se desarrolló la primera de ellas: la de ciudadanos/as bolivianos/as residentes en el extranjero para elegir presidente/a. Luego, en noviembre del mismo año tuvieron lugar las elecciones municipales de Río Cuarto. En el 2021 votaron los/as ciudadanos/as peruanos/as, ecuatorianos/as y chilenos/ as residentes en Argentina para renovar
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https://www.v-dem.net/media/publications/wp_117_final.pdf
las autoridades nacionales en sus respectivos países; y la ciudadanía argentina convocada para renovar las autoridades legislativas nacionales, provinciales y municipales. De cara a las elecciones legislativas nacionales 2021, con la experiencia de las elecciones internacionales y el plan de vacunación en marcha, el Congreso Nacional aprobó la modificación por única vez de las fechas de las elecciones (leyes Nº 26.571 - PASO y Nº 19.945 – Código electoral), de modo que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) pasaron de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por unificar los calendarios electorales provinciales con el nacional, dado que el federalismo argentino faculta a las provincias a dictar sus propias reglas electorales, cuatro provincias decidieron anticipar sus elecciones locales: Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Observatorio Electoral concentra y realiza las actividades vinculadas a la protección de los derechos políticos y electorales de los/as ciudadanos/as de la Ciudad de Buenos Aires. El observatorio tiene, fundamentalmente, la responsabilidad de observar el correcto desarrollo de los procesos electorales y de corroborar, tanto con las autoridades como con la ciudadanía en general, que se cumplan las disposiciones legales que regulan los comicios. Además, efectúa tareas de capacitación, investigación y de asistencia técnica colaborando con los diferentes actores del proceso electoral (partidos políticos, electores/as, justicia electoral local y nacional). En el actual contexto, como organismo de derechos humanos, la pandemia nos obliga a informar y promover el cumplimiento de las medidas de prevención y los protocolos que se aplican en cada etapa del proceso electoral con el objetivo de que las elecciones sean seguras en términos sanitarios y legítimas desde lo político. Por ello desde las elecciones municipales de Río Cuarto, la Defensoría trabajó en la elaboración de recomendaciones para encontrar nuevas formas de participación y de organización de las elecciones que, respetando la legislación vigente, permitan realizar procesos electorales seguros y legítimos. Por ejemplo, la propuesta para redistribuir las mesas electorales en la ciudad incorporando más
establecimientos y nuevos locales de votación21 , como los clubes y clubes de barrio, para evitar aglomeraciones de personas y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Asimismo, tal y como realiza desde el 2009, desplegó Misiones de Observación Electoral (MOE) en las elecciones locales y las internacionales realizadas en territorio argentino. Las MOE desplegadas por la Defensoría se proponen dos objetivos generales: i) observar el cumplimiento de las condiciones que garantizan el funcionamiento del sistema democrático, promoviendo la protección de los derechos políticos y la participación política en forma justa, igualitaria y sin discriminación de los/ as electores/as de la Ciudad de Buenos Aires; y ii) evaluar el cumplimiento de las normas, acciones y procedimientos que se implementan para garantizar el pleno e integral acceso de la población al proceso político y electoral. Los resultados de las MOE desplegadas en la Ciudad de Buenos Aires durante las elecciones primarias (PASO) y generales, y los datos epidemiológicos (cantidad de casos y muertes) permiten afirmar que votar en contexto de pandemia es seguro en términos individuales - para electores/ as y demás actores abocados al dia de los comicios (autoridades de mesa, fiscales, responsables de establecimientos, personal del correo, fuerzas de seguridad, entre otros/as) - así como comunitarios, en tanto, no se registraron aumento de casos/fallecimientos ni brotes de COVID-19 asociados a la realización
Corrientes es la única provincia que tiene restricciones constitucionales para realizar elecciones para la categoría de gobernación de forma simultánea con las elecciones nacionales. 20 “Elecciones en contexto de pandemia y pospandemia. Recomendaciones”, mayo 2020. Disponible en: https://dpoe.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/recomendaciones-adpra-mayo-2020.pdf 19
Votar en pandemia es seguro. Un balance a partir de las misiones de observación electoral de la Defensoría del Pueblo de la CABA en Argentina de las elecciones, tal como muestran los gráficos siguientes y se desarrolla a continuación.
Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación. Se resaltan fecha de elecciones y 14 días posteriores según periodo de incubación del virus
Medidas sanitarias en el exterior de los establecimientos Para las elecciones primarias celebradas el 12 de septiembre se observaron dificultades para la organización de las filas de electores/as en el exterior de los establecimientos, especialmente, en los horarios de mayor afluencia, dado que el protocolo sanitario implementado no permitía la formación de filas al interior de los recintos, es decir, directamente en las mesas de votación, para evitar la aglomeración en espacios cerrados y garantizar el aforo.
Argentina
Debido a esto, en el 60% de los establecimientos recorridos en la CABA por los/as observadores/as de la Defensoría, no se respetó el distanciamiento social de al menos 2 metros, aunque sí se observó un amplio cumplimiento del uso de tapabocas por parte de los/as electores/as (en más del 95% de los establecimientos). Esta situación fue resuelta para las elecciones generales -realizadas el 14 de noviembre- mediante una modificación al protocolo sanitario que permitió la formación de filas dentro de los locales de votación, la que, sumada a una menor oferta electoral, agilizó el acceso y el tiempo de espera para la emisión del voto. Esto queda evidenciado en los datos arrojados por la MOE: sólo en el 20% de los establecimientos recorridos se observaron filas de electores/ as para ingresar a votar, mientras que el 80% de los/as electores/as consideró que se respetó el distanciamiento social tanto en el exterior de los establecimientos como en las mesas de votación.
Otra cuestión a destacar fue la incorporación del facilitador sanitario. Este nuevo actor fue importante en otras elecciones como las de la República del Perú, donde su rol principal consistió en asistir y orientar a los/as electores/as. Sin embargo en las elecciones nacionales, esta figura no tuvo un buen desempeño ya que según lo recabado en las MOE en 2 de cada 3 establecimientos no se observó la presencia de facilitadores/as sanitarios y solo en el 14% de los establecimientos se constató que colaboraban para organizar las filas de electores/as en el exterior. No obstante, se observó que como aprendizaje de la pandemia, cuando al ingreso de los establecimientos de votación había alcohol para higienizarse las manos, los/as electores lo utilizaron sin necesidad de que alguien se lo indicase.
Sin embargo, debido al aumento de centros de votación se observó una disminución en los porcentajes de accesibilidad de los mismos: el 40% (PASO) y el 46% (Generales) de los establecimientos no contaba con rampas de acceso u otros medios alternativos de elevación (MAE) que faciliten el ingreso de las personas con discapacidad motriz, movilidad reducida o alguna otra limitación. Será fundamental trabajar en los próximos años (si se siguen usando los mismos establecimientos) para volver a los niveles de accesibilidad alcanzados previamente.
Relocalización de mesas electorales e incorporación de nuevos establecimientos de votación Tal como propuso la Defensoría del
Pueblo, la justicia electoral incorporó nuevos establecimientos de votación (se pasó de alrededor de 900 locales de votación a más de 1000) para evitar aglomeración de personas. Según el relevamiento mediante encuestas a los/as electores/as porteños/ as, el 52% en las PASO y el 32% en las generales manifestó haber votado en un lugar distinto al de la última elección, pero solo el 12% y el 9%, respectivamente, tuvo que trasladarse a un lugar más lejano. Este es un indicador de la correcta reasignación realizada por la justicia electoral de las mesas de votación en los nuevos lugares habilitados.
Fuente: elaboración propia en base a las MOE de la DPCABA 2011-2021
Elecciones 2021 en contexto de pandemia. Propuesta para adaptar establecimientos electorales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 2020. Disponible en: https://dpoe.defensoria.org.ar/wp-content/ uploads/sites/5/2020/12/propuesta-para-adaptarestablecimientos-electorales-en-la-caba.pdf
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Votar en pandemia es seguro. Un balance a partir de las misiones de observación electoral de la Defensoría del Pueblo de la CABA en Argentina
Argentina
Información sobre medidas sanitarias Entendiendo que un/a votante informado/a nos acerca a una mejor democracia, en tanto para un ejercicio y goce efectivos de los derechos es necesario que se conozcan, la MOE de la Defensoría hace especial hincapié en las percepciones del electorado el día de la elección, evidenciándose un alto nivel de conocimiento de las medidas sanitarias (90% de los/as electores encuestados/ as) y valoración positiva de las medidas (70% de los/as electores encuestados/as). No obstante, alrededor del 20% de los/as electores/as encuestados/as manifestó haber dudado de ir a votar en virtud de la continuidad de la pandemia, cuestión que se incrementa de acuerdo con el aumento de la edad.
Conclusiones Los
datos obtenidos mediante las Misiones de Observación Electoral in situ desarrolladas por la Defensoría del Pueblo de la CABA durante las elecciones nacionales legislativas y las de extranjeros/as que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, arrojan cinco grandes conclusiones: 1) Es posible organizar elecciones seguras, legítimas, participativas y transparentes en contexto de pandemia sin necesidad de grandes cambios normativos; 2) Si se cumplen los protocolos sanitarios implementados y se avanza con la vacunación, las jornadas electorales no generan brotes de contagios ni de fallecimientos a causa de COVID-19; 3) Luego de dos años de vivir en pandemia, la ciudadanía ha incorporado las medidas básicas de prevención -uso correcto de tapabocas, distanciamiento físico y sanitización de manos-, lo que facilita el cumplimiento de los protocolos sin necesidad de incorporar nuevos actores como facilitadores u orientadores sanitarios;
4) Algunas medidas como el aumento de los centros de votación, los horarios de prioridad para grupos de riesgo, la utilización de espacios ventilados y la permanente higiene de manos constituyen buenas prácticas electorales a mantener aún en la pospandemia; Tanto en Argentina como en otros países de la región y del mundo, la participación electoral bajó, y en la Ciudad de Buenos Aires, un 20% de quienes fueron a votar lo hicieron con miedo a contagiarse. Es fundamental que todos los actores que intervienen en los procesos electorales colaboren a difundir información de calidad a la ciudadanía para dotar de legitimidad y transparencia a la democracia, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y la salud de la ciudadanía.
LAS HERRAMIENTAS DIGITALES COMO PLATAFORMA ELECTORAL EN EL SIGLO XXI Perú
Kristel Ñopo Fernández: Abogada por la universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo Perú. Ex becaria OEA del máster en Dirección estratégica de Recursos Humanos en la escuela de negocios Formato Educativo - España y ex becaria por la escuela de gobierno de la OEA del curso de especialización en compras públicas. Actualmente es miembro del Instituto para la Información y la Cuarta Revolución Industrial y es Ambassador de la Organización Youth LACIGF.
Las herramientas digitales como plataforma electoral en el Siglo XXI Anteriormente, la forma de hacer política se realizaba de forma tradicional, es decir, a través de medios de comunicación como la televisión, la radio y el periódico. No existía una interacción entre el candidato y sus simpatizantes, el ciudadano de a pie solo podía conocer más de su futuro representante a través de un mitin o un discurso transmitido. Sin embargo, en el siglo XXI las redes sociales nos permiten generar cercanía con nuestro futuro representante, brindándonos un espacio público para participar de forma activa en asuntos públicos. Como es de nuestro conocimiento, en los países democráticos cada cierto tiempo se realizan elecciones; este acto realizado por los ciudadanos identifica a la democracia representativa y la legitimidad de este. Pero el proceso electoral no sólo se lleva a cabo en la elección, antes de ello se debe realizar una campaña electoral en donde se difunden las propuestas y planes de gobierno de las personas que quieran acceder al poder; sin embargo, el rol que cumplen los medios de comunicación y las nuevas tecnologías no son ajenos a estas campañas23, ya que gracias a estos medios de comunicación las personas pueden mantenerse informadas y así tener un idea acerca de la persona que está intentado tener un lugar en la política ya sea como presidente, congresista, de alcalde o de regidor.
Las nuevas formas de comunicación del siglo XXI han revolucionado la forma y manera de comunicarnos ya que ahora la comunicación se realiza de forma virtual e instantánea. Es así, que gracias a las redes sociales se genera un acercamiento entre los electores y los futuros representantes, pues en ese acercamiento virtual que existe a través de las redes sociales, el elector puede ser escuchado. Cada campaña electoral que se realiza tiene su estrategia, es así que primero, se da a conocer al candidato o candidata y que la sociedad lo reconozca por sus logros o cualidades; y así crear una simpatía entre el público y el político. Segundo, es plantear sus propuestas, es decir, explicar lo que hará al momento de llegar al poder político. Y tercero, creo yo la más importante, es hacer uso de las herramientas digitales. Es decir, mantener un vínculo con los electores a través de diferentes redes sociales como, Facebook, Twitter, e Instagram.
Cfr. AGUILAR DEL CARPIO, Carlos & AGUILAR GONZALES, José Luis. Democracia, medios y elecciones 2011.Obtenido en: http://congreso. pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/09/GT3-Aguilar-delCarpio-Aguilar-Gonzales.pdf
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Perú
Las estrategias utilizadas en las últimas campañas electorales han sido diferentes en los últimos años, los medios de comunicación tradicionales ya no son suficientes para el elector, ahora los ciudadanos prefieren utilizar Internet, sobre todo las redes sociales, para obtener una información imparcial. Las nuevas formas de participación online tienen una estrecha relación con los medios tradicionales (offline), de tal manera que ambas se complementan. El uso de la plataforma online es cada vez mayor, gracias a que plataformas como Facebook y Twitter ayudan a una mayor participación política generando así un espacio donde el ciudadano de a pie puede expresar sus ideas libremente. Las redes sociales se han convertido en una plataforma compleja en la que es difícil saber cuánta información existe. Por ello, como vemos hoy en día, los políticos utilizan las nuevas tecnologías para tener un contacto inmediato con sus votantes. Y es que para saber lo que piensan las personas y sobre todo lo que piensa el elector del siglo XXI, ya no es necesario hacer discursos en las calles o plazas, sino basta trasladarlo a las redes sociales para que el elector participe y se mantenga informado. Ello no quiere decir que se deje de lado los medios tradicionales como la televisión, radio y la prensa escrita, ya que todavía existe en nuestro país una brecha digital muy grande.
Si hacemos un análisis de cómo se llevaron a cabo las últimas campañas electorales en diferentes países, podemos darnos cuenta que muchos políticos llevaron sus propuestas a los medios digitales, como son las redes sociales, generando así en un espacio de fácil acceso donde las personas podían plasmar sus pensamientos y críticas acerca de cómo se estaba desarrollando la campaña electoral. Es así que, el auge que tienen las redes sociales es gracias a la Tecnología de la Información y Comunicación (en adelante llamada TIC´s). Cuando nos referimos a las TIC´s estamos aludiendo al “universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación – constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional – y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las
Las herramientas digitales como plataforma electoral en el Siglo XXI
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interfaces)”24 es decir, las TIC´s van más allá de los medios tradicionales de comunicación ya que incluye nuevas tecnologías las cuales aportan a que haya una mejor comunicación en tiempo real. Es por ello que gracias a las TIC´s, las redes sociales como Facebook y Twitter, en la realización de las campañas políticas, ayudan a que los ciudadanos tengan una mayor participación en temas en el sistema representativo. Según DADDER “las ventajas de las ciberplataformas electorales no se limitan al plano de los intereses propagandísticos, sino que la propia comunicación política de una democracia puede encontrar en ellas mejores oportunidades de análisis racional y debate ciudadano, que las ofrecidas a menudo a través de las comparecencias televisivas y la información periodística convencional sobre las campañas”25, es decir, gracias a la existencia de ciberplataformas se puede dar una comunicación política instantánea entre los próximos representantes y votantes.
Queda claro que los candidatos en este siglo tienen más cercanía con los ciudadanos ya que gracias a las redes sociales pueden interactuar virtualmente. Facebook y Twitter son las redes sociales más utilizadas por los candidatos, es en esta red social donde los candidatos exponen sus ideas y planes de gobierno, fomentando así una participación más dinámica de la población. Ello no implica soslayar otras redes sociales, como Instagram y Youtube. Sin embargo, la mayor participación por parte de los votantes se lleva a cabo en Facebook y Twitter.
DUARTE SANCHEZ, Esmeralda. Las tecnologías de Información y Comunicación (tic) desde una perspectiva social. Obtenido en: http://www.redalyc.org/pdf/1941/194114584020.pdf 25 HERNANDEZ GUZMAN, María Irma. Comunicación política en redes sociales. Obtenido en:http://www.uca.edu.sv/gescom/wpcontent/uploads/2017/03/tesis20.pdf 24
Finalmente, podemos concluir, que mientras las redes sociales sigan existiendo y siendo un importante canal de comunicación que las personas lo sigan utilizando en su comunicación diaria, generará un importante valor en la comunicación política.
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DEMOCRACIA PARITARIA. EL CASO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Argentina
Luis Augusto Raffo. Licenciado en Administración. Maestrando, Maestría en Estudios Electorales, UNSAM. Coordinador del Instituto de Formación Ciudadana de la Fundación Pro Humanae Vitae. Subdirector Técnico Electoral en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Twitter: @RaffoLuis.
Democracia Paritaria. El caso de la Provincia de Buenos Aires. Marco nacional: Dentro de las cuestiones a analizar en los procesos políticos y electorales, es indudable que el marco subnacional no debe soslayarse. La República Argentina cuenta con 24 distritos electorales (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en donde claramente se destaca la Provincia de Buenos Aires por su peso electoral: el 40 % (aprox.) del padrón nacional vota en este distrito. En todos los procesos electorales se hace referencia a “la madre de todas las batallas” como se caracteriza a la contienda en esta Provincia. Es muy difícil (por no decir imposible) llegar a la presidencia, sin un logro muy significativo de votos en el distrito mencionado. En esta ocasión, la idea es poder aportar algunas cuestiones a ser analizadas en lo que respecta a paridad de género, primero de modo general y luego en la Provincia de Buenos Aires. En indudable la cada vez mayor relevancia que este tema tiene en la agenda pública, lo que promueve ciertamente al abordaje de lo sucedido hasta el momento, y diversas cuestiones factibles de ser implementadas. Como primera medida, es importante tener algunas cuestiones generales, como por ejemplo el avance en materia de paridad a lo largo y ancho de toda la República Argentina. Las leyes de paridad, candidatas
Argentina
50% mujeres y candidatos 50% hombres, ya se han sancionado en casi todas las provincias argentinas. Es decir, se pasó de un esquema de cuotas de género, lo que implica confeccionar las listas de candidatos con un porcentaje mínimo de un determinado sexo, a un esquema de paridad de género, alternando los sexos por binomios en toda la lista. A pesar del avance de las leyes de paridad, hay situaciones en donde no se advierten mayores cambios al respecto, como por ejemplo en los cargos ejecutivos municipales: “Un informe sobre paridad que incluye un relevamiento federal de concejos deliberantes, realizado por la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, da cuenta de que, en promedio, en la Argentina, las mujeres en los órganos legislativos comunales alcanzan un 40%, mientras que, en las intendencias, representan sólo un 12% del total.” En este sentido, vale el concepto de paridad horizontal, “alternando y/o rotando también los encabezamientos de las listas a nivel territorial.” Asimismo, es dable señalar lo establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que sancionó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. Dentro de los mismos, se encuentra el Objetivo 5 que señala: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.” Y agrega “Que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”.
Es dable resaltar que, los partidos políticos son clave en varias aristas de la participación democrática: postulan candidatos en elecciones generales (y pre candidatos en Primarias); muchas veces dotan de recursos humanos para ocupar puestos en la administración pública; sancionan leyes, etc. Al respecto, cabe destacar que “las reformas feministas confrontan con actores conservadores y neoconservadores, se enfrentan a inercias estructurales que impiden consolidar estructuras institucionales”. Dicho de otro modo, para lograr una participación paritaria en todos los aspectos organizativos e institucionales, en muchas ocasiones deben modificarse cuestiones que podrían definirse como de cultura organizacional concebida, y consolidada, a través de décadas. Profundizando un poco más la cuestión, es importante destacar que este tipo de situaciones no quedan enmarcadas dentro de los partidos políticos, sino que su influencia con la sociedad en particular, y la vida democrática en general, es evidente. Es decir que “la inequidad de género permea todos los ámbitos de la vida social, incluyendo la política, y tiene efectos generales. De modo que la subrepresentación de mujeres en la escena política perjudica a la sociedad en su conjunto.”
¿Qué sucede en la Provincia de Buenos Aires? Como primera medida debemos señalar brevemente que en el año 1997, se sancionó la Ley 11.733 de “Cupo Femenino”. Esta abarcaba todas las listas “que deberán tener un mínimo del treinta (30) por ciento del sexo femenino y de igual porcentaje de sexo masculino, de los candidatos a los cargos a elegir, en todas las categorías y en proporciones con posibilidad de resultar electos”. La mencionada normativa incorporó un piso de participación femenina del 30 %, pero en muchos casos este porcentaje fue al mismo tiempo un techo. Es decir, en la práctica, los partidos políticos se limitaron a cumplir con el cupo, sin sumar más candidatas aumentando el porcentaje. Además, la “posibilidad de resultar electos”, dio como factor común la práctica de incluir en las listas dos hombres en los primeros dos lugares, y una mujer en el tercero. De ese modo se consideraba que se cumplía con el requisito, pero claramente, las mujeres quedaban relegadas en los espacios con mayor chances de obtener un escaño.
Democracia Paritaria. El caso de la Provincia de Buenos Aires. Luego, la sanción de la ley “50 y 50” implicó 20 puntos acumulados a favor de las mujeres entre las dos elecciones con listas paritarias. Con la promulgación del decreto 1345 de 19/19/2016, y la sanción de la ley 14.848 se procedió a “incorporar la participación política equitativa entre géneros en todos los cargos públicos electivos de la Provincia de Buenos Aires” En 2017 ingresó casi el doble de diputados que en 2015. En el caso de las senadoras, hubo un crecimiento más moderado, de un 28,6% (esto se relaciona con lo mencionado más arriba). Para las elecciones de 2019, las mujeres sumaron casi diez puntos en cada cámara: de 37% en 2017 a 48% de diputadas en 2019 y, en el caso del Senado, de un 33% de senadoras en 2017 a 43% en 2019.
Cuestiones pendientes: Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos afirmar que si bien en los últimos años se avanzó mucho en temas de paridad, queda un largo camino por recorrer. Una de las cuestiones sobre las que se podría avanzar es lograr la paridad en los cargos pertenecientes a los órganos partidarios de las diferentes fuerzas políticas, tanto para los cuerpos directivos como para las Convenciones, Congresos, Órganos de Disciplina o Tribunales Electorales. También podría incluirse la conformación paritaria en el caso de las Juntas Electorales de las alianzas transitorias. Cobra relevancia este último punto, ya que al ser las Juntas Electorales partidarias las que oficializan las listas de precandidatos para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (E.P.A.O.S.), formar parte de este órgano partidario
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permite tener injerencia en el análisis y control de las precandidaturas. Esto podría analizarse tanto para la legislación nacional (Ley 26.571), como para la provincial (Ley 14.086). Asimismo, es importante destacar que, al ser las alianzas transitorias las fuerzas políticas que más relevancia electoral han tenido en los últimos procesos electorales, lograr una conformación paritaria en las Juntas Electorales (encargadas además de redactar el reglamento electoral de la fuerza), significa en la práctica lograr acceder a las cuestiones ejecutivas de las alianzas. Vale recordar que por su propia definición de transitorias, no cuentan con órganos partidarios como los partidos políticos o agrupaciones municipales, que sí los conforman con el voto de sus afiliados, ellos son los Órganos Ejecutivo, de Fiscalización, Disciplinario, etc. En este punto, podemos destacar que las fuerzas políticas que más votos obtuvieron en los últimos procesos electorales fueron: Frente de Todos (ex Frente para la Victoria), Juntos (ex Juntos por el Cambio), Frente Renovador, Frente Progresista Cívico y Social, etc, es decir todas alianzas transitorias. Claramente, la concentración del voto se produce casi exclusivamente con frentes (o alianzas) de diferentes partidos políticos. Dicho de otro modo, participar de las Juntas Electorales Partidarias de las alianzas transitorias permite, en definitiva, acceder al control político de las fuerzas con mayor peso electoral desde hace muchos años. Recordemos que uno de los objetivos de implementar la paridad de género es “transformar las desigualdades persistentes en todos los
ámbitos de la vida en sociedad. Es un nuevo contrato social entre hombres y mujeres”. Es dable destacar que, incluir la paridad de género en los órganos partidarios, sin contar con sanciones por incumplimiento de esta norma sería un avance, pero incompleto. Solo para ejemplificar qué acciones podrían tomarse en tal caso, podemos adelantar que sería factible no oficializar las listas de candidatos, encuadrar a la fuerza política en una causal de caducidad específica, eliminar los aportes estatales para el financiamiento partidario, etc. Siguiendo con el tema del financiamiento de las fuerzas políticas, también podemos incluir en este breve aporte, la cuestión del fortalecimiento de la capacitación en cuestiones de género. Obviamente, los aportes deberían ser controlados por la Justicia Electoral, para saber si, efectivamente, los fondos fueron utilizados correctamente. Aquí, vale la misma aclaración que la del párrafo anterior, deberían establecerse previamente las sanciones para el caso del eventual desvío de los fondos 31
afectados. Es decir, tanto los aportes como la fiscalización de los mismos, es clave. Resumiendo lo anterior, la paridad en las listas de candidatos no agotan las medidas para promover la inclusión de las mujeres, está claro que hay mucho por trabajar en estos temas. Vale recordar que “los estatutos suelen recoger no solo el tipo de organización que adoptan los partidos y sus reglas de funcionamiento, sino también aquellos principios que guían su actuación y que, en consecuencia, intentan promover.”31 Para finalizar, cabe destacar una “regla no escrita” cuando se analizan este tipo de cuestiones: los cambios en materia electoral deben llevarse a cabo en años no electorales. Creemos que en 2022, puede darse una excelente oportunidad para avanzar en cuestiones de paridad de género en la Provincia de Buenos Aires. Podrían propiciarse cambios en las leyes que lo ameriten, por ejemplo la modificación del Decreto Ley 9889/82 (Estatuto de los Partidos Políticos), en pos de lograr una mejor Democracia Paritaria.
BID, IDEA (2015) “Partidos políticos y paridad: Un desafío de la democracia de América Latina.”
GOBIERNO ABIERTO POST PANDEMIA
Paraguay
Rocio Anali Aguinagalde Rojas: Abogada, por la Universidad Nacional de Asunción, DERECHO U.N.A, con capacitaciones, seminarios y congresos a nivel nacional e internacional, egresada de la ACADEMIA DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA MUJERES de la Cámara de Senadores.
Desde principios de la década del 2010, el paradigma de Gobierno Abierto ha ido permeando a la gestión pública de un gran número de países con el objetivo de adoptar una nueva estrategia de interacción entre el Gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, en el actual contexto de pandemia mundial y de pérdida de confianza en las autoridades públicas, el Gobierno Abierto ha cobrado aún mayor protagonismo, como premisa fundamental para quienes detentan la responsabilidad de gobernar y enfrentar el desafío de fortalecer su gestión y vínculo con la ciudadanía.
Gobierno abierto post pandemia
La creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA o OGP por sus siglas en inglés) es el hito que potenció y sentó las bases del concepto de Gobierno Abierto. Esta alianza, es una iniciativa multilateral que colabora con diversos países en su esfuerzo por crear gobiernos eficientes y efectivos y una relación Estado -sociedad más sólida y constructiva. Una gobernanza democrática e inclusiva, que rinde cuentas de su actuar y responde a las necesidades de los ciudadanos, son las características que la AGA propone para restaurar la confianza ciudadana y alcanzar una reactivación sustentable y resiliente. El paradigma del Gobierno Abierto también se relaciona con uno de los esfuerzos multilaterales más importantes de la última década: la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible elaborada por los Estados miembros de Naciones Unidas. Ambos esfuerzos destacan como un elemento político fundamental la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones para el logro de los objetivos que cada uno de ellos se ha propuesto. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL o ECLAC por su sigla en inglés), como organismo perteneciente al Sistema de Naciones Unidas, está facultado para apoyar y promover actividades relacionadas con el desarrollo económico y social de la región. Específicamente, es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económico y Social (ILPES), la entidad parte de CEPAL quien lidera la investigación, formación en planificación, economía y gestión pública para el desarrollo de los países de América
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Latina y el Caribe. ILPES ha contribuido al fortalecimiento de capacidades institucionales, a través del apoyo a los países de la región para formular y elaborar sus planes de acción sustentados en los pilares fundamentales del Gobierno Abierto. Contribución que se ha llevado a cabo mediante la prestación de asesorías, la ejecución de programas de cooperación técnica, y la investigación y publicación de documentos los cuales sistematizan las experiencias de los países de la región en la aplicación y desarrollo de los principios de la AGA. Conforme y en el marco de la 70° Asamblea General de las Naciones Unidas,en el Preámbulo de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto llevada a cabo en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos (ODS) para lograr un mundo más próspero, en paz, justo e incluyente durante los próximos 15 años. Uno de los principales desafíos de esta Agenda, marcado en su objetivo 16, consiste en configurar un
nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que garantice la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Para enfrentar dicho desafío es indispensable contar con una gestión pública eficaz, responsable, receptiva, incluyente y participativa, que permita garantizar la construcción de sociedades más prósperas, equitativas y justas. Esto implica una mayor interacción entre Estado y sociedad, basado en la confianza, a través de gobiernos transparentes que rindan cuentas, que promuevan espacios de participación ciudadana efectiva y que colaboren, de manera regular y significativa, para avanzar hacia las metas de equidad, de superación de la desigualdad y alcanzar la justicia social, con la promesa permanente de un Estado al servicio del bien común y de la ciudadanía. Fundado en los pilares de transparencia y acceso a la información, de rendición de cuentas públicas, de participación ciudadana y de colaboración para la innovación, el gobierno abierto supone una transición institucional sin precedentes en la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza, fundados en la recuperación de la confianza y legitimidad de la acción pública, y buscando contar con la ciudadanía como centro y protagonista de su propio desarrollo. En los últimos años, se han llevado a cabo en el contexto iberoamericano profundos procesos de transformación y modernización de la gestión pública para lograr gobiernos más efectivos, eficientes y abiertos en beneficio de los ciudadanos. A través de sus Cartas Iberoamericanas, el CLAD ha señalado los desafíos que enfrenta la región en materia de
democratización de la gestión pública; profesionalización de la función pública; uso intensivo de nuevas tecnologías y los instrumentos de gobierno electrónico; gestión para resultados en el desarrollo y los emergentes mecanismos de buen gobierno. Adicionalmente, existen numerosos esfuerzos e iniciativas de apertura participativa y transparencia gubernamental presentes en prácticamente la totalidad de los países miembros del CLAD, entre ellos los desarrollados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)1 , de la cual un número significativo de países iberoamericanos son miembros activos. En dicho documento normativo denominado “Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto” busca vertebrar los aportes previos de estos documentos estratégicos, y ofrecer una plataforma de base que articule los elementos necesarios para la apertura gubernamental en Iberoamérica, proponiendo un marco de referencia común, no vinculante jurídicamente, para que los gobiernos y Estados de la región puedan adaptar sus pilares, principios, mecanismos y orientaciones al particular contexto institucional y de idiosincrasia propias de cada país. La presente Carta Iberoamericana se divide en cinco capítulos y una sección de consideraciones finales, a saber: Capítulo Primero. Objetivos de la Carta; Capítulo Segundo. Concepto, finalidad, pilares y beneficios del gobierno abierto en el contexto de la Carta; Capítulo Tercero. Criterios orientadores y principios de la Carta; Capítulo Cuarto. Componentes fundamentales y orientaciones para la implementación de la Carta; Capítulo Quinto. Orientaciones especiales sobre el alcance y proyección de la Carta: El desafío de construir un Estado Abierto; Consideraciones finales, así se encuentra
Gobierno abierto post pandemia dividido dicho cuerpo normativo,con estas consideraciones mencionadas. Desde principios de la década del 2010, el paradigma de Gobierno Abierto ha ido permeando a la gestión pública de un gran número de países con el objetivo de adoptar una nueva estrategia de interacción entre el Gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, en el actual contexto de pandemia mundial y de pérdida de confianza en las autoridades públicas el Gobierno Abierto ha cobrado aún mayor protagonismo, como premisa fundamental para quienes detentan la responsabilidad de gobernar y enfrentar el desafío de fortalecer su gestión y vínculo con la ciudadanía. La creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA o OGP por sus siglas en inglés) es el hito que potenció y sentó las bases del concepto de Gobierno Abierto. Por su parte, el Tercer Plan (2016-2018) también abarcó el nivel subnacional ya que estableció como uno de sus diez compromisos el de fortalecer la participación ciudadana municipal y departamental en relación con los planes nacionales de Cultura, Seguridad, Mujer, Desarrollo Sustentable e Inversión en niñez y adolescencia. Finalmente, el Plan vigente (2018-2020), aunque no contempla acciones a nivel local, compromete al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a través de sus treinta y dos compromisos en temas tales como la participación juvenil, la educación, recursos hídricos, presupuesto abierto, anticorrupción y el clima. Gobierno Abierto, refiere a un cambio de paradigma en la gestión pública que
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atraviesa a las instituciones de los tres poderes del Estado y se caracteriza por reforzar el rol de la ciudadanía y su injerencia tanto en el quehacer como en la toma de decisiones de las entidades públicas . Este paradigma surge conceptualmente a fines de los años 70 en Inglaterra, con el objetivo de contrarrestar la cultura del secreto del gobierno a través de proponer nuevas prácticas de “apertura de ventanas” y de esta manera reducir los niveles de opacidad. Años más tarde en 2010, durante la primera administración del presidente Barack Obama, el concepto de Gobierno Abierto (Open Government) fue retomado para impulsar la creación de la Alianza por el Gobierno Abierto. A la par de este impulso, aún un gran número de autoridades nacionales, regionales y locales de elección popular de diversos países enfrentan críticas por parte de la ciudadanía en relación con la baja representatividad y a sus resultados alcanzados. Crítica que se ha mantenido por años, sumada a la mantención de las instituciones de la democracia representativa tal como los conocemos, la cual al percibirse como insuficiente, ha devenido en una crisis del sistema de gobierno. Un rasgo distintivo, a modo de consecuencia, es el alejamiento y la desconexión entre los gobernantes y la sociedad, los cual se traduce en bajos niveles de confianza y legitimidad hacia la autoridad por parte de la sociedad civil. En este marco de baja valoración de la democracia, diversas autoridades nacionales, regionales y locales están prestando atención a este fenómeno buscando renovar sus esfuerzos y estrategias de relación con la ciudadanía. El paradigma
de Gobierno Abierto, por tanto, se presenta como una alternativa concreta, efectiva e innovadora -que complementada con otras reformas a los partidos políticos y los sistemas electorales- contribuye a mejorar los bajos niveles de legitimidad que actualmente presentan tanto los Gobiernos como los partidos políticos. El Gobierno Abierto, propone una nueva forma de diseñar, implementar, monitorear y evaluar los programas que las instituciones públicas llevan adelante. Ello principalmente por cuanto un Gobiernos Abierto se concibe como una plataforma que promueve la colaboración y la interacción entre actores de diversos sectores de la sociedad y del gobierno. En contraposición con un Gobierno cerrado, en donde prima la cultura del secreto tanto de información como de toma de decisiones públicas, y donde la ciudadanía se percibe como un conjunto de personas que no tienen los conocimientos y experiencia necesaria para participar en el debate público. El objetivo de un Gobierno Abierto es, por tanto, gobernar de frente a una ciudadanía diversa y buscar alianzas estratégicas de colaboración para llevar adelante la agenda pública. Para que tal colaboración sea efectiva, se requiere que los distintos actores sociales tengan acceso a la información en forma oportuna y entendible, además de conocer de parte de las autoridades su ejecución de políticas y correspondiente presupuesto, lo cual se refiere al concepto de Rendición de Cuentas.
BIBLIOGRAFÍA: • Protocolo de actuación ante casos
de violencia laboral, con perspectiva de género. • Comisión Europea de Justicia, Libertad y Seguridad – Programa Daphne 2007-2013, para combatir la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres, así como para proteger a las víctimas y a los grupos de riesgo. • Artículo del Diario Última Hora del 12 de agosto del 2021.
La transición de la participación política de los jóvenes en México y sus desafíos
México
Víctor Hugo Ortiz Montalvo: Analista político, columnista, ganador del premio Padre de la patria a la excelencia académica que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y secretario general del Instituto de Formación y Capacitación Política Jesús Reyes Heroles filial Álvaro Obregón Michoacán.
La transición de la participación política de los jóvenes en México y sus desafíos
México
Sin lugar a dudas en la última década los jóvenes han decidido entrarle de lleno a la participación política de nuestro bello país. Es verdaderamente impresionante la transición que ha tenido el quehacer político de las juventudes en nuestro país. La juventud ha dejado de ser solamente crítica para asumir el papel de agentes de cambio propositivos. Si nos remontamos un par de décadas atrás; su participación era mínima y su función era exclusivamente apoyar en las tareas de promoción y difusión del voto. La promoción del voto se efectuaba por medio del reparto de “boletines”, pega de calcas o la utilización de botargas y párale de contar. En la actualidad los jóvenes se han convertido en piezas claves de los partidos políticos ya que han demostrado su gran capacidad en temas de innovación, comunicación, coordinación, creatividad, liderazgo y hasta en tareas de operación política. Con su capacidad, experiencia y frescura las juventudes han captado la atención de los partidos políticos y son sus piezas clave. Ese rostro fresco y renovado que tanto le hacía falta a la política y que durante muchos años la política tradicional obstaculizó, debido a
que impuso varias barreras para que las juventudes participarán solamente en temas de promoción y difusión del voto hoy ha quedado atrás. En la actualidad, las formas de hacer política son otras, las y los jóvenes se han ganado a base de sudor, desgaste de suelas y talento el derecho a ser tomados en cuenta para ejercer cargos de elección popular y toma de decisiones. Un claro ejemplo de lo anteriormente mencionado quedó reflejado en el pasado proceso electoral del domingo 06 de junio del 2021. En dicho proceso las juventudes de nuestro país se convirtieron en los principales protagonistas. Al momento de recorrer los Estados, Distritos, Municipios y Localidades pudimos observar varios rostros jóvenes que eran candidatos a un cargo de elección popular; entre los que se encontraban Gubernaturas, Diputaciones Federales, Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y
Regidurías. Es de celebrar las reformas que han realizado los diferentes partidos políticos y las instancias correspondientes para que los jóvenes ya puedan ser candidatos a un cargo de elección popular, acontecimiento que décadas atrás quedaba solamente en una cuestión de aspiración. Y aunque si bien es de celebrarse la inclusión política de las juventudes, es importante mencionarle a todos aquellos que se van a desempeñar en algún cargo de elección popular o que van a incidir en la vida pública de nuestro país que tendrán un reto mayúsculo que habrán de enfrentar. Las y los jóvenes que resultaron electos deberán de asumir sus funciones con responsabilidad para de esta manera poder cumplirle a sus electores. Tendrán que formular agendas de trabajo en base a las demandas de las juventudes. Esas propuestas que a lo largo de la historia las y los jóvenes han impulsado y que en gran medida no se han concretado porque quien estaba en el poder eran los típicos políticos tradicionales y convencionales que le han dado prioridad a las agendas convencionales. La agenda que impulsan las juventudes en la actualidad es diversa y de fundamental importancia para
promover un mejor México. Temas como impulsar el deporte, promover la cultura, apoyar las cuestiones de innovación, tecnología, el cuidado del medio ambiente y el respeto a las diversidades son de vital importancia. Como también es de vital importancia ejercer la política de manera humana, sin tantas cuestiones burocráticas, sin corrupción y lo más importante dar resultados. Ser efectivos y eficientes desde que se inicia y hasta que se culmina un cargo público. Hoy en día que las juventudes ya tienen espacios para incidir en la vida social de nuestro país, habría que recalcar en ellos la importancia de seguirse preparando, de hacer bien las cosas y evitar que su paso por los cargos públicos sea de noche. Como jóvenes estamos llamados a ser agentes de cambio y comenzar a concretar todo el cambio que a lo largo de la historia venimos promoviendo. No debemos de claudicar. Hoy por hoy estamos más cerca de lo que desde hace décadas hemos venido soñando. Cobijémonos con la experiencia, fortalezcamonos con unidad y desempeñémonos con principios y valores. La lucha por seguir conquistando espacios en la vida pública sigue, no termina aquí, porque aún queda mucho por hacer, sigamos siendo impulsores del cambio porque hoy más que nunca México y el mundo nos necesitan.
La verdad y la post verdad en la estrategia política Venezuela
Norberto Antonio Peña Quintero: Ingeniero en Producción Animal, articulista en diversos medios de comunicación y sitios web sobre temas de liderazgo y coaching. Además, ejerce como Coach Político y Mentor de líderes y es autor del libro El líder coach.
La comunicación hoy en día es vista como un proceso más complejo del tradicional emisor, receptor, canal y mensaje. La comunicación es una relación inter y multidisciplinaria de ciencias, es una danza donde se combinan las emociones, el lenguaje, el medio ambiente, los conocimientos teóricos, las praxis de los hablantes así como la interacción de cada uno de esos elementos entre ellos y de otros muchos más. La cadena de comunicación tradicional ha quedado obsoleta. “Estamos en una época de continuos cambios. Uno de ellos es la revolución y el cambio de control en la cadena de comunicación. Ahora la comunicación ya no está controlada por los grandes medios de comunicación ni por las empresas, sino por los ciudadanos.”
La verdad y la post verdad en la estrategia política ¿Qué es la verdad? La palabra verdad deriva del latín veritas, y su concepto es uno de los grandes problemas filosóficos, el arma principal de las religiones y una pieza clave en cualquier discurso político. La verdad según Sócrates, es una continua búsqueda de lo que es inmutable, perfecto y eterno, es aquello que no varía su significado de forma relativa. La verdad es el hecho que habla por sí mismo, que es capaz de dignificar y de otorgar conocimiento. Por parte de Platón la verdad era un ideal a alcanzar junto a la belleza y el bien. Para esto, el alma de los individuos (que no pertenece a este mundo, sino al de las ideas) debía «recordar» lo que fue en otro momento de su existencia. Mientras que para Aristóteles “La verdad se definía como decir aquello que es y aquello que no es”. En el siglo XVII el gran René Descartes creador del método científico nos recomendó que “Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto, sea posible de todas las cosas”, en consecuencia el ser humano no debe dar por sentado todas las informaciones que recibe y mucho menos transmitirlas si antes no las ha puesto en duda para cerciorar su veracidad.
El impacto de la post verdad Esta fascinante concepción y manera de enfocar las informaciones y de narrar los hechos que acontecen en la sociedad está situada en una línea muy tenue entre la verdad y la mentira, además bordea y a veces se sumerge en la manipulación
Venezuela del inconsciente colectivo para lograr el fin de crear una realidad que le favorezca al narrador o en este caso al líder que la utiliza. Cuando hablamos de post verdad32 , nos referimos sobre todo al proceso de búsqueda de la verdad en la esfera pública y a su impacto sobre las creencias privadas de los ciudadanos. Su utilización ha generado en España movimientos como los Negacionistas de la pandemia del COVID19. Grupos de personas que no creen en los efectos de este mortal virus. Ralph Keyes (2004) señala que la post verdad propicia el camino de la manipulación de la información y, en consecuencia, se toman decisiones sobre bases endebles que quizá sólo favorecen a un sector de la sociedad o a un grupo específico. Para el año 2016 la Universidad de Oxford la incluyo como el concepto del año estableciendo su definición en su prestigioso diccionario: El adjetivo post-truth como “relativo a que denota circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal” Lo novedoso de esta concepción es que la verdad no es falsificada, ni disputada, sino de importancia secundaria. Por su parte la revista de la Asociación de comunicación política conocida por sus siglas ACOMP estableció que la post verdad es uno de los 10 conceptos más importantes de la década 2010-2020 por su impacto en la comunicación política mundial.
El término apareció por primera vez en el libro titulado Post-Truth era: dishonesty and deception in contemporary del afamado autor Ralph Keyes (2004)
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La post verdad en esencia se refiere a una pseudo-realidad manipulada, distorsión premeditada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En una política donde el factor emocional gana peso frente al emocional, donde más sistemáticamente que nunca se apela a la razón a través de la emoción, la relativización adjunta que esto acarrea respecto de los datos y de la opinión de los expertos abre la puerta a este tipo de discurso donde, para definir la opinión pública, los hechos objetivos influyen menos que los argumentos que apelan a las emociones o las creencias.
Condiciones para el surgimiento post verdad Hoy en día se ha eliminado la barrera entre lo que es verdad y lo que es mentira; ha pasado a ser lo que «parece o puede ser verdad». Además de unas condiciones Socio Políticas como: • La crisis económica del 2008. Incrementó el resentimiento de la clase media en USA e Inglaterra. • La masificación de las Redes Sociales. • El deseo inconmensurable por “expresar mi opinión” • El uso del Fake News como estrategia comunicacional. • La reindivicación de la filosofía del Relativismo • El aumento de los lectores digitales. La confusión que genera la post verdad y su reiteración, puede tener efectos parecidos a la desinformación y a la difusión de mentiras, pues al final es posible producir relatos históricos de los países a conveniencia de los grupos de interés y de las élites gobernantes, pues, en realidad, ya no importa que sean verdaderos o no,
en tanto permitan la movilización de la opinión pública de modo pragmático y a favor de quien se asume como portavoz de la post verdad. La confusión que genera la post verdad y su reiteración, puede tener efectos parecidos a la desinformación y a la difusión de mentiras, pues al final es posible producir relatos históricos de los países a conveniencia de los grupos de interés y de las élites gobernantes, pues, en realidad, ya no importa que sean verdaderos o no, en tanto permitan la movilización de la opinión pública de modo pragmático y a favor de quien se asume como portavoz de la post verdad.
Trump y la post verdad Si bien es cierto que Donald Trump rompió con muchos paradigmas de lo que representa ser el jefe de estado de la nación con la democracia más vieja en el continente americano es recurrente que en la búsqueda de permanecer en el poder recurrió a diversas técnicas comunicacionales y a metodologías de presión de personas y grupos sociales que hacen palidecer a cualquier dictador
La verdad y la post verdad en la estrategia política latinoamericano. La confusión que genera la post verdad y su reiteración puede tener efectos parecidos a la desinformación y a la difusión de mentiras, pues al final es posible producir relatos históricos de los países a conveniencia de los grupos de interés y de las élites gobernantes, pues, en realidad, ya no importa que sean verdaderos o no, en tanto permitan la movilización de la opinión pública de modo pragmático y a favor de quien se asume como portavoz de la post verdad. Cantar fraude y decir que le robaron las elecciones y que no reconocerá al presidente Joe Biden fue el detonante o como él mismo dijo “la Señal”. Para Trump no importó el rechazo de más de 60 acciones legales en diferentes cortes judiciales incluyendo el máximo tribunal conformado por mayoría republicana. Su estrategia era movilizar las emociones en los votantes blancos y crear dudas sobre el sistema electoral Americano. Buscando un objetivo claro: mantener su liderazgo en ese importante sector de la población de ese país. La credibilidad de la presidencia de un país está en juego cuando quien la ocupa irresponsablemente dice cosas y formula declaraciones sin ningún tipo de sustentación ni apego a la verdad. El incitar y permitir que hordas armadas de sus seguidores irrumpieran en el sagrado recito de las leyes como es el capitolio en una conducta de dejar hacer y dejar pasar, va a traer profundas consecuencias en la democracia Norteamericana que aún no somos capaces de observar.
Venezuela Los políticos que aspiran ser los conductores de las nuevas generaciones deben desechar esta tendencia populista de hablarle a las masas de seguidores con lo que desean escuchar, y deben asumir decir la verdad, y reconocer sus errores y derrotas cuando estas ocurren.
Cómo informar a través del discurso. El homo sapiens tiene esa bendición de Dios de ir creando millones de interacciones en su mente antes de pronunciar una palabra o una frase. Esto le permite crear nuevas realidades desde su lenguaje y al mismo tiempo hace surgir a la vez la cualidad más importante de su humanidad la posibilidad de fallar y de corregir sus errores o sus percepciones. Los líderes deben tener una comunicación acorde con las circunstancias donde esté ejerciendo la acción política, Pena N. (2021) señala: “Él tiene que decir “pocas cosas”, pero contundentes y correctas. Y así mismo debe evitar a toda costa caer en el uso abusivo de la verdad. En un discurso un líder puede presentar una verdad de diversa formas:
• Verdad objetiva: Existe una vacuna que previene la tuberculosis en la gran mayoría de los casos. • Verdad subjetiva: Mi casa es la más bonita del barrio. • Verdad absoluta: Todos los seres humanos nacen y mueren. • Post Verdad: El desarrollo humano es constante debido a la acción de mi Gobierno.
El enfoque que escoja el líder será en gran medida proporcional a sus valores, a sus objetivos y sobre todo a su ética. Al momento de transmitir una información ya sea en un discurso o en una entrevista tenga en cuenta las siguientes premisas:
1. Lo que es verdadero o falso siempre es un asunto de consenso social. Lo que es verdadero para una comunidad puede ser falso para otra. 2. El lenguaje de las afirmaciones es el lenguaje que utilizamos para hablar de lo que sucede. Es el lenguaje de los fenómenos o de los hechos. 3. Las personas consumirán no lo que se les presente sino aquello que realmente sea relevantes para ellas. 4. Las informaciones son inmediatas, por lo que el reporte debe ser lo más cercano al tiempo real posible. 5. Investigar las fuentes de las noticias. 6. Indagar sobre las noticias. 7. Reconocer al autor. 8. Comprobar las fuentes que avalen la información. 9. Comprobar datos de las noticias. 10. Indagar notas raras o extravagantes. 11. Considerar el sesgo de la noticia. (Intencionalidad del informante) 12. Investigar en bibliografías referentes. 13. No creer en los likes o views.
La construcción de caminos con verdades independientes, sólo se puede hacer si construimos sobre los cimientos de una vasta red de comunicación, que acerque al ciudadano a los centros del poder.
Referencias bibliográficas • Keyes Ralph (2004) The Post-Truth • • •
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Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. New York St. Martin’s Echeverría, Rafael. (2003). Ontología del Lenguaje. Chile: J.C, SÄEZ. Echeverría, Rafael. (2009). El observador y su Mundo Volumen II. Buenos Aires: Granica. Peña, Norberto (2021) El legado de Trump: La Post verdad. Artículo Blogs https://wordpress.com/ p o s t /m a tu r i n c o a c h i n g .wo r d p r e s s . com/3034. www.Coaching y Liderzgo. maturincoaching.wordpress.com Peña, Norberto (2021). El Líder Coach escuchando para actuar. Venezuela. Grupo olivo. Seoane Francisco (2020). Diez conceptos clave de la última década (2010-2020). Revista ACOP número 56 Diciembre 2020. WWW.COMPOLITICA. COM
DEMOCRACIA DELIBERATIVA EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ: APRENDIZAJES Y RETOS PARA LA ACADEMIA
Colombia
Juan Felipe Carmona Pascuales: Estudiante de 5 semestre de Economía y 2 semestre de Ciencia Política y Gobierno. Miembro activo del semillero de Gestión Pública de la Universidad del Rosario, donde ha tenido la oportunidad de ser voluntario en la Asamblea ciudadana y Consejo a la casa 2021
Juan Pablo Guzmán Solórzano: Profesional en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario con énfasis en Gestión Pública. Ha liderado las actividades del semillero de Gestión Pública desde el segundo semestre de 2020, donde ha tenido la oportunidad de colaborar en proyectos con la Cámara de Comercio de Nariño, la Policía Nacional de Colombia y el Laboratorio de Concejo Abierto de Bogotá DemoLab. Actualmente es profesional de proyectos en Extituto de Política Abierta donde se encarga de apoyar la línea de incidencia y participación ciudadana del DemoLab. @juanpabloguzma1
Democracia deliberativa en el Concejo de Bogotá: aprendizajes y retos para la academia La democracia deliberativa es entendida como la toma de decisiones colectivas con la participación de la ciudadanía, o sus representantes, que ha de ser afectada por la decisión, la cual se toma basándose en argumentos ofrecidos por y para las personas que están comprometidas con los valores de racionalidad e imparcialidad (Elster, 2001). En ese sentido, la democracia deliberativa aparece como un complemento a las actuales democracias representativas liberales, donde se garantiza la libertad de las personas para informarse, discernir, debatir y proponer soluciones a problemas públicos. Cuando las decisiones tomadas en los espacios de deliberación se traducen en normas y políticas, la democracia deliberativa toma sentido. Para que esto suceda, generalmente la democracia deliberativa se enmarca en un contexto de gobierno abierto e innovación pública, donde la apertura de las instituciones y la participación de la ciudadanía son protagonistas de las transformaciones sociales, políticas y económicas de una sociedad. En el mundo se han desarrollado ejercicios de democracia deliberativa para tomar decisiones colectivas sobre ambiente, organización política, organización territorial entre otros. En la mayoría de estas experiencias, atendiendo al principio de racionalidad e imparcialidad, se acudió al acompañamiento de expertos académicos con el objetivo de nivelar las asimetrías del conocimiento de las y los asambleístas. En Francia se realizó la primera asamblea ciudadana sobre
Colombia
el cambio climático, allí “150 ciudadanos pasaron siete fines de semana escuchando sesiones informativas de expertos de diversos institutos en los ámbitos del clima, la agricultura y el comercio. También examinaron cuestiones como la regulación y la financiación, y conocieron las principales fuentes de emisiones del país. Se reunieron con legisladores, ecologistas y líderes de la industria, y deliberaron sobre temas como la vivienda, el transporte, la moda rápida, los plásticos y los alimentos.” (DW, 2021) En Bogotá, desde el 2020 el Concejo de la ciudad por medio de su laboratorio de innovación pública (DemoLab) ha promovido dos espacios de deliberación ciudadana para discutir temas trascendentales de ciudad como el plan de desarrollo y el ordenamiento territorial. Al igual que en el caso de Francia, en la Asamblea ciudadana y Concejo a la casa planteados por el DemoLab, la academia desempeñó un papel de formación y nivelación de asimetrías del conocimiento de la ciudadanía. En las dos actividades se destinó una semana para formar a las personas sobre temas de ordenamiento territorial mediante mecanismos virtuales como cadenas de WhatsApp, vídeos, podcast y transmisiones en vivo por las redes sociales del laboratorio. Sin embargo, el factor diferencial de la academia en los ejercicios de democracia deliberativa planteados por el DemoLab fue vincular estudiantes de pregrado en los equipos dinamizadores, los cuales se conformaron por una persona moderadora, una persona facilitadora y una persona encargada de la relatoría del encuentro. La vinculación de jóvenes
y estudiantes tenía un beneficio en doble vía, por un lado, aumentó la confianza de la ciudadanía para expresar sus posiciones frente a los temas en discusión y, por otra parte, se realizó un ejercicio de pedagogía con los estudiantes para fortalecer sus habilidades profesionales. A continuación, se explicará la metodología de los dos espacios de deliberación donde el Semillero de Gestión Pública de la Universidad del Rosario tuvo participación, el rol que cumplieron los estudiantes que voluntariamente se vincularon a los ejercicios y los aprendizajes adquiridos por los estudiantes como resultado de su experiencia.
Concejo a la casa Concejo a la casa permitió a la ciudadanía deliberar con los concejales en un espacio de hora y media sobre puntos cruciales del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con este objetivo se organizaron 7 temáticas interrelacionadas que abarcaban las principales discusiones del POT: 1. Solidaridad, Cuidado e integración, 2. Adaptación frente al cambio climático, 3. Desarrollo, reactivación económica y soberanía alimentaria, 4. Gobierno cercano a la gente, 5. Ocupación del espacio público, 6. Habitar una ciudad para todos y todas y 7 Transporte para integrar y reducir distancias entre regiones. Tanto los concejales como la ciudadanía tenían la oportunidad de escoger la temática de su interés. Cada sesión contaba con un equipo de dinamizadores conformado por un moderador: encargado de dirigir la discusión entre el concejal y la ciudadanía; un facilitador: encargado de realizar una relatoría visual y categorizar los temas discutidos en la sesión y un relator, encargado de sistematizar los
puntos de discusión claves de las sesiones. Las integrantes del semillero de Gestión Pública de la Universidad del Rosario tuvieron el rol de facilitadoras y relatoras en 10 de las 40 sesiones que se realizaron. Adicionalmente, apoyaron la socialización del contenido académico relacionado con el POT en la etapa de nivelación de asimetrías del conocimiento. La categorización de las temáticas fortaleció las habilidades en investigación cualitativa de los estudiantes, quienes aprendieron a crear categorías, sistematizar información, jerarquizar temáticas y crear nodos de conexión con información de fuentes primarias. Este ejercicio se realizó en tiempo real usando lienzos diseñados por el DemoLab en la plataforma en línea https://miro.com/, una herramienta virtual sobre la cual se capacitaron los estudiantes para su uso. De esta manera, la alianza entre el laboratorio y la academia ofreció herramientas innovadoras y sencillas que pueden ser utilizadas por los estudiantes en investigación cualitativa. La inserción de la academia en la experiencia de Concejo a la casa ayudó a los estudiantes a entender de primera mano las preocupaciones e intereses de la ciudadanía; creando sensibilidad y empatía entre los participantes. Por ejemplo, en una de las sesiones entre concejales y ciudadanía esta última exigió mayor número de rampas en las zonas residenciales para reducir las barreras de movilidad a las cuales se ven expuestas las personas con discapacidad. Estas demandas ciudadanas hacen que la teoría sobre innovación pública, transformación social y gobierno abierto, impartida por la academia, tome sentido en la práctica por parte de los estudiantes.
Democracia deliberativa en el Concejo de Bogotá: aprendizajes y retos para la academia Asamblea Ciudadana Itinerante de Bogotá El primer capítulo de la Asamblea Ciudadana Itinerante de Bogotá se realizó de manera virtual en el 2020, en esa oportunidad se organizaron 6 comisiones relacionadas con el ordenamiento territorial. Para el segundo capítulo, se organizaron 7 comisiones temáticas que tenían dos objetivos: 1) vincular las temáticas de Concejo a la casa 2021 y 2) vincular las conclusiones de las 6 comisiones del año anterior. En este sentido se establecieron las siguientes comisiones:
• Solidaridad, Cuidado e integración • Adaptación frente al cambio climático • Desarrollo, reactivación económica y • • • •
soberanía alimentaría Gobierno cercano a la gente Ocupación del espacio público Habitar una ciudad para todos y todas Transporte para integrar y reducir distancias entre regiones.
Cada comisión tuvo dos sesiones, cada una con duración de 4 horas las cuales se realizaron el sábado 09 de octubre y el domingo 10 de octubre y se conformaban por un grupo de 7 ciudadanos y un equipo de dinamizadores. En estos espacios los estudiantes realizaron relatorías visuales y apoyaron la facilitación de la deliberación, esta experiencia buscaba fortalecer sus competencias profesionales relacionadas con oratoria y manejo de grupos.
Colombia
Durante el desarrollo de las actividades la ciudadanía demostró compromiso en la actividad compartiendo sus realidades y contextos cotidianos, por ejemplo, un ciudadano expresó su preocupación por la poca regulación del uso del espacio público permitido a los vendedores ambulantes. La mayoría de los comentarios guardan una relación con lo presentado por el documento del POT, sin embargo, también se presentaban inquietudes y propuestas que desbordaban el marco del ordenamiento territorial de la ciudad o que sobrepasan las atribuciones del Concejo de Bogotá. Lo anterior es un reflejo de la importancia de los espacios de participación ciudadana y la creciente necesidad de expandir estas experiencias a otras discusiones como empleo, seguridad y educación.
Recolección de datos Con la intención de transformar los aportes ciudadanos en modificaciones al articulado del POT, es decir, generar incidencia política, se sistematizó toda la información recolectada en las relatorías para ser analizada por un grupo de expertos que propusieron una serie de recomendaciones basadas en la deliberación de la ciudadanía. En este ejercicio, los estudiantes se encargaron de apoyar la revisión de fuentes secundarias y primarias para organizar matrices con la información recolectada. Como resultado de este ejercicio, el DemoLab presentó un informe al Concejo de Bogotá con dos tomos, el primero relacionado a la parte metodológica de
los espacios de deliberación y el segundo relacionado con las recomendaciones de la ciudadanía para modificar el POT.
Retos
activa en la toma de decisiones de las entidades gubernamentales. 4. Expandir este tipo de iniciativas a territorios descentralizados donde la participación ciudadana y la confianza en las instituciones es baja.
Una de las principales características de la innovación pública es el escalonamiento y la gestión del conocimiento, pues habilitan la creación de valor público dentro de las instituciones estatales. Por su parte, la democracia deliberativa permite la toma de decisiones a partir del intercambio de argumentos de actores sociales y políticos con posturas opuestas o complementarias. En este sentido, la academia tiene el reto de ocupar un papel más protagónico tanto en el fomento de la innovación pública y el fortalecimiento de la democracia deliberativa para la transformación de realidades sociales.
En conclusión, la vinculación de actores académicos, como expertos y estudiantes, en ejercicios de innovación pública y democracia deliberativa permite enriquecer el sistema social y político de la ciudad. Adicionalmente, en esta relación sistémica son varios los factores beneficiados, en especial la relación entre el Estado y la juventud, donde el primero se beneficia de personas más capacitadas y conscientes de las reales necesidades de su comunidad, mientras que la segunda se acerca a un Estado rompiendo paradigmas sobre este, que tradicionalmente es visto como una estructura rígida y jerárquica.
Es por lo anterior que, teniendo en cuenta la experiencia de democracia deliberativa en el Concejo de Bogotá en 2021, se recomienda:
1. Vincular a estudiantes de colegios
y universidades en la discusión como una población específica de la misma manera que se hizo con organizaciones de la sociedad civil. 2. Aumentar la convocatoria de la muestra aleatoria de ciudadanía para que estos ejercicios sean más representativos de las ideas políticas, demandas y necesidades de la ciudad. 3. Vincular a estudiantes en el proceso de formación como actores activos donde se les permita compartir sus conocimientos con la ciudadanía, con lo cual, se construiría una cultura democrática donde se le permite a la juventud participar de manera más
Bibliografía Deutsche Welle (www.dw.com). (2021). ¿Ha fracasado la convención ciudadana francesa por el clima? DW.COM. https:// w w w . d w . c o m /e s /c o n v e n c i % C 3 % B 3 n ciudadana-francesa-por-el-clima-unexperimento-fallido/a-56585974 Elster, J. (Ed.). (2001). La democracia deliberativa (1.a ed.). Editorial Gedisa. Laboratorio de Concejo Abierto de Bogotá. (2021). La Ruta POT. Participa DemoLab. h t t p s : // p a r t i c i p a . d e m o l a b . c o m . c o / larutapot
El informe completo puede ser consultado en: https://concejodebogota.gov. co/con-amplia-participacion-ciudadana-se-cumplio-larutapot-del-concejo-de/ cbogota/2021-11-04/101544.php
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Agradecimientos El programa Red Innovación es una iniciativa que permite el intercambio de experiencias políticas y sociales de América Latina y el Caribe, donde se facilitan espacios de comunicación y diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas políticas, sociales y expertos de Latinoamérica.
Editores
Francisco Herrero Director residente NDI Colombia Andrea Fernández Gerente de Programas Red Innovación. Diego Torres Asistente de Programas Red Innovación.
Créditos Designare Agencia de Diseño Diagramación y diseño Bogotá, D.C. Colombia. Edición No. 29, Enero 2022
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