Goberna Iberoamérica edición especial Agenda 2030

Directorio

Comité Editorial

Héctor Ruíz López

José Ángel Meneses Jiménez - Perú -

Director General

Coordinador General Comité Editorial

Cristian Winkler Santander Director Ejecutivo

Laura Vanesa Prieto Pinto - Argentina -

Gabriela Herrera y Cairo Coordinación de Comunicación

Junior Adrián Franco Riaño Coordinación de Innovación Social

Geraldine G. Portanda Jordán - Bolivia -

Carlos Alberto Ramos Torres - Brasil -

Liza F. Carmona Ortega

Marcos Scarpioni

Coordinación de Planeación

David Gallegos Rubio Coordinación de Relaciones Internacionales

- Brasil -

Cristian Winkler Santander - Chile -

Michelle Sánchez Hernández

Diego Rodríguez Casallas

Coodinadión del Sector de la Juventud

Jovana Núñez Alanís

Coordinación de Ética y Transparencia

- Colombia -

Carlos Fabían Márquez Granja - Ecuador -

Mesas de Trabajo

Luis Miguel García Lozano

Yamira Alemán Vázquez

Ariadna Martínez Hernández

Mallory Lizcano José Ignacio González Pérez

Cesar Omar Mora Pérez

- España -

- México -

Gobierno, Instituciones y Comportamientos Políticos

Gabriel Pérez Corona

Margya A. Negrete Rodríguez Cesar Olalco Morales Blanca Dina Cazo Arpa

Isareel Cruz Badillo

Susana E. Aguilar Castillo Liza F. Carmona Ortega Gobernanza y Nueva Gestión Pública

- México -

- México -

Jesús Limberg Ramos García - México -

Luis Eduardo Ramírez Sirgo

Iann Magaly Pérez Barrera

- México -

Estado de Derecho © Centro de Estudios de Políticas Públicas Iberoamericanas, S.C. Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública Av. Chapalita No. 1086, Colonia Chapalita C.P. 44500 Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono +52 (33) 3849 2760 http://www.rediberoestudios.org/goberna http://www.gobernaiberoamerica.com goberna@rediberoestudios.org ISSN: (en tramite) Publicación Digital Periódica Registro número: Características: Certificado de licitud de título número: 00005770 Certificado de licitud de contenido número: Las opiniones expresadas en esta revista son estrictamente responsabilidad de los autores. La Revista Goberna Iberoamerica, el CEPPI o las instituciones a las que están asociados no asumen responsabilidad por ellas.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos, citando la fuente, siempre y cuando sea sin fines de lucro.

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La Revista Digital Goberna Iberoamérica nace para ser un escaparate y espacio de difusión de artículos académicos y de investigación sobre temáticas de Políticas Públicas, Gobierno y Gestión Pública; principalmente enfocados en países de Iberoamérica.

- México -

Profesionalización de los Servidores Públicos

Políticas Públicas

Editorial

Sin duda alguna existe una amplia producción académica sobre estos temas, pero los espacios para difundirlos no son tan bastos, además de que algunos son de carácter regional o nacional; por ello, Goberna Iberoamérica ofrece ser el medio de publicación digital de saberes de la administración pública con difusión y distribución en todos y cada uno de los países de Iberoamérica.

Nuestra revista pertenece a la Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública con experiencia y trayectoria en la organización y desarrollo de eventos virtuales de debate y exposición de las ideas, conceptos y desarrollo de la rama de la Ciencias Políticas, Administración, Políticas Públicas y el Derecho. Y para ello, la RIEG ha tenido a bien el suscribir acuerdos con Universidades de gran prestigio de diversos países, tales como: - Universidad Nacional de Loja (Ecuador) - Universidad Autónoma de Guerrero (México) - Universidad Gerardo Barrios (El Salvador) Y se trabaja para seguir suscribiendo acuerdos de colaboración con la finalidad de ampliar la Red de colaboración y difusión de nuestras diferentes actividades.

La Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública lanzo la convocatoria para que inscribieran sus ponencias bajo la temática: Agenda 2030 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿Qué falta por hacer?, la respuesta fue muy buena, se inscribieron más de 70 personas, de las cuales se seleccionaron 14 ponencias de participantes de: Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México.

El Seminario se dividió en tres días de excelentes ponencias, quedando de la siguiente forma:

En este número especial de la Revista Digital Goberna Iberoamérica publicamos algunas de las ponencias que se expusieron en el Seminario realizado el pasado mes de octubre de 2020.

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Índice Políticas públicas en materia de seguridad alimentaria en México, del ámbito federal al local y a lo global: una tarea inacabada en función del objetivo No. 2 de la Agenda 2030 Luis Fernando Espinosa Valencia - México

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¿Una década perdida, o una oportunidad ganada?: un amplio debate en América Latina Barbara Guadalupe Gaona - México

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Legislación de reparto de ciudadanos; acciones de la República Dominicacana para la equidad de género para el cumplimiento de la Agenda 2030 ¿Qué falta por hacer?

Emelyn Glorys Herasme Hernández - República Dominicana

Página 27

Disputas por la Agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una breve reseña institucional de las políticas sostenibles brasileñas.

Daniel Neto Francisco - Brasil

Página 33

El papel de los gobiernos municipales en México en la constitución de ciudadades y comunidades sostenibles Ana Karen Flores Guzmán - México

Página 41

El trabajo decente y el crecimiento económico: desafios globales, ¿Qué falta por hacer?

Iann Magaly Pérez Barrera - México

Página 49

Participación política de la mujer y la democratización del poder Cecilia Huaynoca Guzman - Bolivia

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Políticas Públicas en materia de seguridad alimentaria en México Por: Luis Fernando Espinosa Valencia País: México Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestro en Salud Familiar y Comunitaria, por la Universidad Autónoma del Estado de México; y Doctor en Ciencias Sociales, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado estancias de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Zaragoza, España.

Ha escrito varios artículos científicos y capítulos de libro, los cuales versan sobre políticas públicas y seguridad alimentaria, sociología de la cultura, el conflicto, movimientos sociales, políticas públicas y género, gobernanza y gobernabilidad, entre otros. También, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, organizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Introducción Hasta antes de la década de los 80´s, abordar desde el punto de vista teórico los temas electorales, gubernamentales y hablar sobre los actores políticos en nuestro país, parecía una tarea poco fructífera, ya que muy poco o casi nada había que decir respecto a las transformaciones acontecidas en la práctica. Las aproximaciones teóricas se orientaban a hacer diagnósticos, propuestas de mejoramiento de nuestro sistema político, a establecer comparaciones con los logros alcanzados en otros países en cuanto a las prácticas democráticas y, en el mejor de los casos, a ofrecer algunas perspectivas plausibles de cómo incentivar y fortalecer la transición política y a destacar algunos de los elementos clave que, según los estudios del campo, podían llevar a la tan ansiada modernización política, la cual, en última instancia, permitiría adecuarnos a las exigencias establecidas en el orden mundial.

Hoy en día, hemos pasados de la aspiración a la exigencia, de la posibilidad al hecho, pues nos enfrentamos a un panorama que ha roto la circularidad en la que nos desarrollamos durante años, un panorama que exige nuestra especial atención sobre la manera en que se están administrando los recursos en los tres ámbitos

de gobierno, las nuevas formas de participación, las nuevas prácticas políticas y las transformaciones que se han gestado hacia su interior, a fin de concretar la delineación de nuevas fronteras.

Para ello es necesario no sólo rescatar retrospectivamente algunos de los principales sucesos que han acontecido en torno a la acción de gobierno en materia de seguridad alimentaria, sino evidenciar las modificaciones que se han generado a partir de nuevas perspectivas, y sobre todo, empezar a dar cuenta de los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos, en función del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 2, de la agenda 2030, el cual habla sobre poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

La alimentación de buena calidad es un derecho fundamental de los seres humanos. Al iniciar el siglo XXI las políticas públicas de la mayoría de los países de América Latina enfrentan la prioridad de atender las problemáticas en materia de educación y salud. Y en particular, la salud está íntimamente relacionada con la alimentación, sector en el que no sólo se lucha por llegar a la seguridad en los alimentos, sino también por llegar a una seguridad nutricional de los individuos. En las sociedades actuales, el problema de los alimentos, su industrialización acelerada en la segunda mitad del siglo XX y las crisis alimentarias de las últimas décadas, son algunos de los ejemplos de cómo los efectos de esa industrialización promueven su politización, mostrando cambios importantes en la regulación del sistema alimentario que hacen que las demandas ciudadanas sean cada vez más difíciles de cumplir y, por lo tanto, surja la pérdida de confianza en las instituciones.

México, es un país en el que el sector campesino ha sido menospreciado por décadas, al apostarle más a la industrialización que al desarrollo y crecimiento del campo, así la alimentación de los mexicanos va quedando rezagada al no haber condiciones económicas propicias para garantizar la seguridad en los alimentos.

Es por ello que, desde el ámbito local, los gobiernos tienen que enmarcar sus programas de acción -políticas públicas- para que vayan encaminados a garantizar la seguridad alimentaria y la salud con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, en virtud al acceso de los alimentos. En este sentido, estos temas han cobrado relevancia para las sociedades actuales, ya que los gobiernos se están quedando cortos, pues los han dejado de lado en las agendas públicas.

En este sentido, en primera instancia, en el presente texto se realiza un análisis de los principales programas que el gobierno mexicano han implementado a partir de la década de 1970, los cuales en la mayoría de las ocasiones fracasaron, aun cuando su objetivo primordial siempre fue revitalizar el campo mexicano, ayudar a los productores a generar alimentos de calidad y reducir la pobreza en nuestro país. Posteriormente se habla de la relación que existe entre el ámbito local y las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria. En seguida, se habla sobre la necesidad de generar políticas públicas que garanticen dicha seguridad, utilizando para el análisis el enfoque sociocrítico y la teoría general de sistemas.

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POBR Pag. 6

REZA Fuente: CONEVAL

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De acuerdo a Hernández (2010), con la finalidad de dar respuesta a la problemática que se vivía, se pretendió otorgar mayor apoyo al sector agrícola mediante la canalización de créditos públicos, que permitieran elevar la productividad y atendieran las necesidades de abasto alimenticio. En este sentido y para solucionar esta problemática se implementan algunas políticas cuya finalidad era subsanar el rezago en la producción de alimentos y así es como surge el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), dado a conocer el 18 de marzo de 1980, el cual tenía como objetivo primordial lograr la autosuficiencia alimentaria (producción, distribución y consumo de alimentos básicos). Para ello el gobierno estableció medidas como: otorgar crédito público al campo, tanto de riego como de temporal, dar subsidios para que los productores pudieran comprar fertilizantes y semillas mejoradas, proporcionar asesoría técnica a los campesinos, otorgar un seguro de riego compartido en caso de desastres naturales, con la finalidad de que el productor se viera respaldado en caso de que su cosecha se afectara e incrementar los precios de garantía para que los productores pudieran recuperar su inversión y obtener con esto un margen de ganancia.

Siguiendo a Hernández (2010), a finales de la década de 1970, el presidente José López Portillo estableció nuevos vínculos con los empresarios, buscando alentar la inversión privada y modernizar el aparato productivo. Para ello se recurrió a la exención fiscal y la liberación de precios, con lo que se vieron afectados principalmente los productos básicos, pues durante estos años disminuyó el reparto de tierras. Y pese a que se implementaron nuevos sistemas de riego, la producción no se incrementó, debido a que el eje de desarrollo económico era el petróleo. Esto agudizó aún más la crisis agrícola y aumentó la producción de productos básicos. Para resolver este problema el gobierno promovió la explotación y comercialización de productos pesqueros con el objetivo de introducirlos cada vez más a la alimentación de la población mexicana. Se crearon de igual forma dos canastas básicas para elevar los niveles nutricionales de la población de escasos recursos.5 Para 1983 se crea el Programa Nacional de Alimentos (Pronal) como una medida de ajuste estructural para disminuir el gasto público reduciendo significativamente los subsidios relacionados con el consumo y producción de alimentos. Dicho plan identifica entre sus objetivos aumentar el consumo de alimentos en zonas vulnerables, eliminando la necesidad de tener una agencia coordinadora. Su ejecución, a diferencia del SAM, no creó tensiones administrativas al interior de las secretarías y agencias gubernamentales, tampoco generó elevadas pérdidas fiscales ni desperdicio de ventajas comparativas en la producción de otros 4 Esto es comprensible hasta cierto punto, pues debido al crecimiento demográfico y al rezago en el sector agropecuario como resultado de un impulso al sector industrial, que desde siempre han hecho nuestro gobiernos, existió una baja en la producción de alimentos en el campo mexicano, por lo que se tuvo que recurrir a la importación de productos básicos que permitieran satisfacer la demanda interna y desde la década de 1970 el sector agrícola ha atravesado por una crisis que se ha caracterizado por: baja productividad, deficientes sistemas de riego, falta de asesoría técnica a los productores, falta de tierras productivas y por ende, falta de inversión. Obviamente, estos problemas siempre se han visto reflejados en la mala alimentación de la población mexicana. Pese a que exportábamos productos con un elevado nivel nutricional, dadas las características del agro mexicano la producción obtenida fue insuficiente para atender las demandas de la creciente población, por lo que nuestros gobiernos tuvieron que recurrir a la importación de productos como maíz y frijol.

5“Durante este periodo se promulgó La Ley de Fomento Agropecuario con la finalidad de organizar y planear las actividades relativas a la agricultura y la pesca, aunque esto sólo quedó en el intento, pues no se cumplió con ninguno de los objetivos propuestos en materia de alimentación”. (Hernández, 2010: 75).

bienes. En 1985, después del temblor que afectó a la ciudad de México y algunos estados de la República, el gobierno puso en marcha planes de emergencia para proteger la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas, en este caso con una importante participación de la sociedad civil. En México, organizaciones no gubernamentales adquirieron importancia estableciendo diversos programas asistenciales, preventivos y educativos para mejorar la alimentación del país. (Barquera, 2001: 466-467).

En 1987, México experimenta una importante devaluación del peso, que repercutió en el aumento de los precios de los alimentos y otros bienes, ante esta situación el Estado convocó a un “pacto de solidaridad económica” y los programas anteriores se reestructuran, hasta que en la década de 1990 se inicia el programa integral “Solidaridad” el cual abarcó varios programas dirigidos a la educación, a la salud, a la alimentación y a mejorar las condiciones de los servicios públicos de las comunidades. “Su objetivo primordial era elevar el nivel de salud de la población rural, urbana e indígena con altos niveles marginación. Dentro de sus acciones se encontraba el beneficiar a la población en materia de alimentación y nutrición y vigilar el estado nutricional de los niños menores de cinco años, la orientación alimentaria y el fomento a la producción de alimentos”. (Barquera, 2001: 468).

Según Hernández (2010), para 1994, México experimenta una devaluación más en su moneda y esto hace que el Pronasol evolucione a Progresa. Derivado de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), este programa se puso en marcha el 8 de agosto de 1997 y buscó canalizar apoyo a los más pobres. Operó en 31 entidades federativas del país y entre sus objetivos se encontraba: elevar los ingresos de los productores del campo mexicano, incrementar el crecimiento de la producción por encima del crecimiento de la población y lograr la autosuficiencia alimentaria, por la cual se luchaba desde la década de 1970.

En su análisis, Hernández (2010), resalta que en 1993 surgieron dos programas de apoyo al campo, cuyos objetivos primordiales iban dirigidos a generar la seguridad alimentaria de los mexicanos, estos fueron: el Plan de Conversión Productiva, que proponía la transformación de la agricultura en una actividad empresarial y el Programa de apoyos directos al campo (Procampo).

Este último comenzó a operar a finales de 1993 y buscó mejorar el nivel de ingresos de las familias rurales, en especial de aquellas que destinaban su producción al autoconsumo. Ha proporcionado algunos apoyos a los productores con la finalidad de diversificar su producción agrícola, entre estos destacan: apoyo financiero a productores de maíz, frijol, sorgo, soya y algodón, facilidad en la obtención de insumos forrajeros a precios internacionales a productores pecuarios eliminación de los precios de garantía para que se rijan los precios del mercado a partir de 1995 y creación de una Contraloría Social del campo.

6 “Este programa tuvo como prioridad atender en forma integral las distintas cusas de la miseria, orientándose en especial a familias en extrema pobreza con la intención de atender sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación. En este sentido, para evitar la desnutrición se ofreció un suplemento alimenticio que proveía 100% de los nutrientes diarios requeridos a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia. Se brindó además una ayuda mensual de 125 dólares para asegurar una alimentación familiar adecuada”. (Hernández, 2010: 117-118).

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Durante su gobierno, Ernesto Zedillo continúo con Alianza para el Campo y Procampo con subsidios directos e implementó programas de financiamiento y asistencia técnica para la producción de granos básicos. También se creó el programa Produce para la capitalización del campo, la reconversión productiva y la preservación de los recursos naturales. Para cum plir sus objetivos se creó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Para obtener ayuda, el productor debía entregar una solicitud del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Ader), que se encargaba de canalizar los recursos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes y que son autorizados por la Cámara de Diputados. “Dicho apoyo equivalía a 873 dólares mensuales por hectárea y se proporcionaba a aquellos productores que se dedicaran a sembrar maíz, trigo, arroz, soya, sorgo, cártamo, algodón y cebada. Con este programa se sustituyeron los subsidios otorgados a los precios de garantía por apoyos directos a las superficies sembradas, principalmente con granos y oleaginosas”.

(Hernández, 2010: 119).

Como se ha visto, por muchos sexenios se han implementado programas para brindar asistencia al campesinado nacional y a los sectores más desprotegidos de México. Sin embargo, algunos de esos apoyos no han llegado a quienes más los necesitan, pues se vuelven muy burocráticos o simplemente no han sido los suficientemente eficientes como para solucionar los problemas por los que el campo mexicano ha atravesado por varias décadas. Incluso, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se agudizó la destrucción de la economía rural para el mercado interno, lo que dio como resultado la disminución de la soberanía nacional, el incremento de la pobreza y por ende de la marginación de los sectores más vulnerables del país.

A pesar de los esfuerzos de los gobierno por apoyar al campo mexicano, la mala distribución de los alimentos que existe en nuestro país, provoca mayor escasez y por lógica, desequilibrio y carencia para la población, lo cual actúa en detrimento de su nivel de vida debido a que las familias tienen que dedicar mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos, que muchas veces no cuentan con los niveles nutritivos dignos para los mexicanos, manifestándose más esta problemática en las zonas rurales.

El problema es que no se está generando seguridad alimentaria en nuestro país, debido a la mala distribución del ingreso que hacen nuestros gobiernos y a la mala calidad de los alimentos producidos por un campo mexicano al que se ha descapitalizado.

El acceso a los alimentos está estrechamente relacionado con el poder adquisitivo de las familias mexicanas y con el nivel de empleo, por ello el problema de la desnutrición aumenta cada vez más como resultado de la elevación de los índices de pobreza.

El incremento en los precios de los productos básicos, así como el deterioro del salario, han provocado la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos, afectando el consumo de productos Pag. 10

con altos niveles nutricionales como la leche, la carne, el pescado, las frutas y legumbres, que van quedando fuera de las dietas de las familias, la cuales tiene que recurrir a la compra de productos sustitutos que representan menores costos, provocando con esto un cambio en los hábitos alimenticios.

Por otra parte, la reducción de los subsidios otorgados por parte del Estado ha propiciado un constante incremento en los precios, lo que origina mayores niveles de desnutrición. Aunado a estos factores de tipo económico se añaden otros de tipo cultural, como el proceso de reacomodo de los hábitos alimenticios, resultado de la modificación de los patrones de consumo debido a los procesos de industrialización de los alimentos y la dinámica de la globalización que se ve influenciada por las empresas transnacionales y el impacto que ejercen los medios de comunicación masiva.

Ante estas condiciones, los intentos del gobierno por garantizar la protección al campo mexicano, así como la seguridad en los alimentos se han visto limitados por la implementación de programas y políticas públicas que no han reducido ni la pobreza, ni los problemas de salud nutricional que todo esto ha generado.

El ámbito local y las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria: una tarea institucional inacabada Tal parece que a nivel local se observan las mismas problemáticas que a nivel federal, pues en este ámbito de gobierno se ven con más claridad las condiciones reales en las que descansan las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria, ya que al parecer éstas siguen atendiendo a cuestiones de poder y de intereses, más que a las necesidades de los productores agrícolas y de la población en general, que al final de cuentas son los que tendrían que verse beneficiados por ellas.

Desde esta perspectiva es importante que dentro de las administraciones municipales haya servidores públicos preparados que atiendan verdaderamente las necesidades de los pequeños productores agrícolas, que sepan gestionar apoyos económicos, de insumos, tecnológicos y técnicos, con la finalidad de brindarles las herramientas necesarias al momento de iniciar su actividad productiva que se traduzca en la producción de alimentos inocuos, de calidad y nutritivos que garanticen la seguridad alimentaria.

Esto, porque “el gobierno local es donde se gestiona todo lo relacionado con el uso y la apropiación del espacio urbano, el suministro de los servicios públicos y en donde se instalan las relaciones más próximas entre el gobierno y la ciudadanía. Así, el gobierno local debe cumplir con las funciones y competencias que legalmente le corresponden: representar a la ciudadanía ante los otros niveles de gobierno, administrar los recursos públicos, alentar la participación ciudadana, ejercer el gobierno democráticamente; etc.”. (Chavoya, 2013: 23).

Como lo menciona Alicia Ziccardi (1996) es precisamente en el nivel local, en el ámbito cotidiano, donde se ejercen los derechos

ciudadanos, donde la gestión de bienes y servicios urbanos implica una relación directa entre la burocracia local y los usuarios, donde se pone a prueba la democracia territorial y donde la participación social puede incidir en el diseño e implementación de las políticas públicas. Es por ello que la noción de gobernabilidad cuando se emplea en el análisis de los gobiernos locales debe considerar también, la eficiencia administrativa, y la capacidad de generar legitimidad y consenso.

En este sentido: Es importante rescatar que la magnitud de la crisis alimentaria en México requiere de la formulación de nuevas alternativas de políticas para solucionar el problema. Una de estas vías alternas le corresponde al actor municipal, el cual, a pesar de sufrir intensamente el problema alimentario, no se caracteriza por aplicar políticas de este corte. Sin embargo, es preciso contextualizar que esto no es un proceso automático, ya que plantea una gran complejidad y requiere una actitud de corresponsabilidad de los estados y de la federación para dotar de mayores capacidades a los municipios del país”. (Salazar, 2010: 183).

Siguiendo a Salazar (2010), la crisis alimentaria municipal es uno de los procesos más alarmantes en México debido a su fuerte repercusión económica y social. Un dato revelador, es que en el año 2010, de los 2,442 municipios existentes en México, sólo 1,063 formaban parte del padrón del Programa Alimentario y Abasto Rural (PAR), principal programa de carácter alimentario asistencial del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, es importante hacer hincapié en que este hecho no se ha traducido en estudios que incorporen a los municipios como planeadores y ejecutores de políticas dirigidas a solucionar el problema alimentario.

Es por ello, que se tienen que empezar a fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales, pues se considera que éstas son pieza clave en la eficacia de la formulación e implementación de las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria. De acuerdo a Sosa (2012) el fortalecimiento de estas capacidades tiene que ver con: proveer información sobre el avance relativo de una administración municipal e identificar áreas que requieran de más atención.

Para tal fin, el índice compuesto de capacidades institucionales municipales (ICCIM) mide cuatro dimensiones básicas de la arquitectura institucional de los gobiernos municipales de México.

Este índice se compone de: 1) Capacidad fiscal: esta dimensión mide el esfuerzo recaudatorio y la inversión realizada en obra pública. Para ello capta información tanto del ingreso como del gasto público municipal.

2) Capacidad de dotación de servicios: esta dimensión capta el cumplimiento de algunas de las principales responsabilidades del gobierno municipal, medida por el nivel de cobertura de los servicios de agua y drenaje en el municipio, así como por la cobertura de recolección de basura y alumbrado público en la cabecera municipal.

3) Capacidad administrativa: es una dimensión que retrata distintos ámbitos de la administración pública municipal y se mide por la profesionalización de los titulares de las áreas administrativas, la existencia de planes y programas de desarrollo y reglamentos municipales, la forma de administrar el catastro, y los recursos materiales e informáticos con los que cuenta.

4) Capacidad de rendición de cuentas: esta dimensión refleja la gobernanza local y mide los mecanismos e instancias de participación ciudadana y su incidencia en la gestión municipal, así como los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia establecidos por el municipio. (PNUD, 2009: 102) Durante su gobierno, Ernesto Zedillo continúo con Alianza para el Campo y Procampo con subsidios directos e implementó programas de financiamiento y asistencia técnica para la producción de granos básicos. También se creó el programa Produce para la capitalización del campo, la reconversión productiva y la preservación de los recursos naturales. Para cumplir sus objetivos se creó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De acuerdo al ICCIM, la capacidad institucional que se tendría que fortalecer a nivel local, para hacer eficaces, tanto la formulación, como la implementación de las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria, es la administrativa. Esto permitiría analizar si en México los municipios son capaces de poner en práctica políticas públicas que incrementen la seguridad de los alimentos en su espacio territorial y así, reducir problemáticas, como la desnutrición, sobre los niveles de bienestar de la población, las cuales inciden negativamente en el desarrollo de las regiones del país, sobre todo en las más marginadas.

El reto para el municipio es grande, pues en la actualidad la desigualdad social, la pobreza y la extra-pobreza son elementos que le afectan directamente. Es por ello que necesita reconfigurarse y empezar a formular e impulsar políticas públicas que tengan como finalidad un desarrollo integral e incluyente de los actores políticos, sociales y civiles. Esto debería estar plasmado en la agenda municipal, la cual es la que guía el camino del municipio para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones como nivel de gobierno.

Guillen (2005), nos menciona que la agenda municipal es un mecanismo importante, en el que de primera instancia se discuten los temas que se convertirán en las acciones de política llevadas a cabo en las administraciones locales. En este sentido, hay que entender que en el ámbito municipal, los planes y programas de política implementados, tienen la obligación de enmarcar procesos de maduración.

Al respecto, se “señala que la agenda municipal es un instrumento importante para proyectar y ordenar las prioridades que el proceso de modernización municipal y local exige, la cual en términos generales parece observar una tendencia hacia su formalización e institucionalización”. (Arellano, 2000: 24).

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Las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria deben empezar a transitar y a ser definidas por el uso de un poder político administrativo en los límites del bienestar social y mejoría de la calidad de vida de las sociedades, dentro de un marco legal-racional que garantice y respete las modalidades de autonomía civil y política en que se exprese la participación organizada de los ciudadanos. Esto es cada vez más evidente, pues uno de los factores que está generando inseguridad alimentaria a nivel municipal, es la falta de políticas públicas claras y bien diseñadas que estén dirigidas a apoyar el desarrollo rural y la pequeña agricultura, con la finalidad de que los productores generen alimentos de calidad que no pongan en riesgo la salud de los habitantes, así como de forma suficiente que garantice su disponibilidad y acceso.

El escenario municipal-estatal de las políticas de asistencia social y seguridad alimentaria, tal como se conciben y se instrumentan desde círculos oficiales y de gobierno, lucen muy poco prometedor, pues se siguen formulando sin la participación ciudadana. A sus escasos logros se le pueden atribuir varias razones para su bajo alcance que tiene que ver con fallas de técnicas de coordinación y planeación estratégica institucional y diseños erróneos desfasados con lo que muestra la realidad local.7 Por lo tanto, es importante resaltar que aún existen prácticas que devienen de un manejo clientelar de parte de las instituciones gubernamentales y de los partidos políticos, que siguen creyendo que los programas sociales se elaboran para satisfacer los intereses de un grupo minoritario. A pesar de que esta problemática ha estado presente, vinculada con el abandono histórico del campo, la situación actual exige que las soluciones se tienen que empezar a generar de manera inmediata; sin embargo, modificar la concepción de las políticas públicas para evitar que los programas dirigidos a la alimentación y contra la pobreza sigan siendo instrumentos políticos de los gobiernos, implica mirar hacia nuevos caminos para dar paso a otras interpretaciones de la realidad mexicana, que permitan dar cabida a generar consensos encaminados a resolver, de verdad, el problema de la inseguridad alimentaria.

De esta manera: La magnitud del problema demanda que el actor municipal intervenga en el diseño e implementación de políticas públicas alimentarias, debido a que es allí donde el problema alimentario se expresa en toda su magnitud. En otras palabras, los municipios necesitan generar trajes a la medida en materia de políticas que atiendan el problema alimentario desde la perspectiva local. Es decir, políticas que contemplen todos los arreglos institucionales formales y no formales, así como las redes tejidas dentro de su espacio territorial, que permitan la solución integral del problema (Salazar, 2010: 192).

7 “Un factor que incide en la no obtención de los resultados deseados, le corresponde al diseño de las

políticas federales, ya que estas han sido meramente verticales, es decir, de arriba hacia abajo, donde el gobierno federal identifica el problema, obtiene la información, construye las alternativas, selecciona los criterios, y finalmente elabora el documento que contiene todos los lineamientos de la política. En este sentido, las políticas alimentarias aplican lineamientos homogéneos para poblaciones y entidades heterogéneas entre sí”. (Salazar, 2010: 192).

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Como lo menciona Mora (2012), todo esto conlleva a la necesidad de reducir la problemática a través de un diagnóstico que refleje sus condiciones reales, como parte de un propósito más amplio en donde se tome en cuenta la soberanía y la seguridad nacional, no dejando al margen la ecología, la globalización, el medio ambiente, la sustentabilidad y por supuesto los contextos municipales, es decir, que se tomen en cuenta todas las aristas de la actual realidad compleja.

Al ser la inseguridad alimentaria un tema de interés público es necesario que se abra al debate público, en donde se discuta sobre el papel que actualmente juega la pequeña agricultura en nuestro país, la pobreza rural, la autonomía y la autosuficiencia alimentaria, la salud, la preservación de los recursos naturales y la reorganización de la manera de producir y comercializar.

Uno de los principales problemas de fondo es que “la seguridad alimentaria, tal como se h(a concebido por los gobiernos neoliberales, si bien establece el derecho a la alimentación en cantidades suficientes y nutritivas, no dice algo acerca del origen de los alimentos, ni quién los produce y bajo qué condiciones, por lo que esto da pie a que en una economía capitalista los exportadores de alimentos que controlan el comercio mundial argumenten que la mejor manera de que los países pobres logren su seguridad alimentaria es importando alimentos baratos. Y esto nos refleja una realidad en donde los pequeños agricultores no tienen cabida, ya que las empresas transnacionales con la ayuda de nuestros gobiernos controlan la cadena productiva de los alimentos, pasando por su venta, procesamiento y distribución”.

(Mora, 2012: 8) Sin embargo, como lo menciona Salazar (2010), a nivel local es preciso contextualizar que esto no es un proceso automático, por lo que se requiere de un gran esfuerzo y una actitud de corresponsabilidad de los estados y de la misma federación para dotar y fortalecer de mayores capacidades a los municipios del país.

Esto, debido a que el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria a nivel municipal es muy pragmático; y el problema en el amplio sentido, radica en la falta de estudios y estudiosos en este campo y en el poco reflexionado y documentado quehacer de los gobiernos municipales.

La problemática es compleja y mucho tiene que ver con la calidad en el servicio público y la falta de fortalecimiento en sus capacidades institucionales, pues al inicio de las gestiones municipales siempre nos encontraremos con debilidades en el personal, pues conocen poco o nada de la administración pública municipal, carecen de capacidad en la toma de decisiones, no cuentan con capacidad administrativa al interior de cada área (planeación, organización, ejecución, control y evaluación), les hace falta la capacidad para generar servicios y bienes públicos de calidad; con los recursos disponibles, carecen de iniciativa para incentivar el desarrollo local sin perder de vista las dinámicas y tendencias globales; y por lo mismo, son ineficientes al momento de poner en práctica la rendición de cuentas.

Lo local y lo global en la formulación de una política pública en materia de alimentación.

Como lo menciona Oliver Todt (2008) en su artículo entre demanda social y regulación: la seguridad alimentaria, existen diferentes maneras de concebir este tipo de seguridad en el mundo, es decir, se forman dos bloques que tienen diferentes perspectivas de análisis para su estudio, por un lado, se encuentra el bloque norteamericano que echa mano del análisis científico-“objetivo” que se orienta hacia las intereses de los productores y por otro, está la perspectiva europea que se basa más en la aplicación del principio de precaución y se orienta hacia la solución de las preocupaciones ciudadanas y políticas.

Lo importante aquí es que no importa cual modelo se utilice para analizar la seguridad alimentaria y en este sentido garantizarla a los pobladores de cualquier país, sino tomar en cuenta diferentes criterios subjetivos, que permitan profundizar en dicho análisis, pues lo que está en riesgo es la garantía en los alimentos y la salud de los individuos.

Así, “estos elementos subjetivos, podrían ser los criterios socioeconómicos, en la toma de decisiones políticas, en muchos países que siguen el modelo europeo. En este sentido, los gobiernos del mundo, al momento de empezar a legislar y a hacer un análisis profundo de la seguridad alimentaria, lo que deben tomar en cuenta son criterios como: los riesgos e incertidumbres ambientales, (impacto de los productos químicos, los efectos en la biodiversidad), la (in)dependencia de la alimentación a nivel regional o nacional, el papel y la influencia de las empresas multinacionales en el ambiente, las circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales de los países en vías de desarrollo, el papel de los agricultores en la sociedad, los subsidios agrícolas, el tratamiento de los animales y plantas, así como el valor nutricional de la dieta”. (Todt, 2008: 187).

En esta vertiente, si desde el ámbito local, los gobiernos no están garantizando la seguridad alimentaria, estos deben voltear los ojos hacia la perspectiva mundial, ya que ésta se empieza a encaminar hacia la creación de agencias especializadas para que garanticen la seguridad en los alimentos, es decir, que dichas agencias entrarían en coordinación con organismos jurídicos para que regulen la producción de estos, para que estén más controlados en cuanto a su consumo y distribución, con la finalidad de que los habitantes de las sociedades puedan tener también garantía en su salud.

Esta colaboración sería de vital importancia, porque así como existiría un control en la calidad de alimentos, las agencias estarían también comprometidas a brindarles a los productores capacitación para su buen desempeño, asimismo, éstas tendrían la obligación de enseñarles todo lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías, para hacer más eficiente el trabajo en el campo.

En muchos países, especialmente los adheridos al bloque europeo, en los últimos años han percibido un cambio importante en el control de la seguridad alimentaria, de estar orientada hacia la producción, a estar orientada hacia los consumidores.

Esto se refleja, por ejemplo, “en el traslado de responsabilidades que durante mucho tiempo estuvieron ubicadas en los ministerios de agricultura, hacia las autoridades sanitarias. También se muestra en las orientaciones (misiones, nivel de independencia) que se otorgan a las nuevas autoridades (agencias) en la materia”. (Todt, 2008: 187).

El nivel de transparencia del nuevo sistema es diferente en los distintos países, por ejemplo, en Estados Unidos, las autoridades reguladoras de los alimentos dan información previa a las decisiones y en otros países no se da información hasta que no se tome una decisión en cuanto a seguridad alimentaria se refiere. Inclusive en este último caso no se publican con lujo de detalle las decisiones tomadas por las autoridades.

Respecto a lo anterior, se puede mencionar que “existen importantes diferencias en los requerimientos para dar información a los consumidores mediante el etiquetado de los alimentos. En algunos países, es obligatorio el etiquetado respecto de los elementos nutricionales, el método de producción, o el origen, pero en otros no. Actualmente, uno de los casos más importantes es de los alimentos transgénicos. En la UE (y muchos otros países importadores de alimentos) ese etiquetado es prescriptivo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos (productor y exportador más importante de estos alimentos en el mundo) no existe necesidad de identificar los productos transgénicos como tales”. (Todt, 2008: 188).

El objetivo principal de la política pública es superar la inseguridad y la vulnerabilidad alimentaria de la población (CEPAL, 2005). Por tanto, el índice de inseguridad alimentaria refleja la ineficacia de la política pública alimentaria y en general de las Políticas Públicas. En México, aún no llegamos a la creación de esas agencias que el mundo empieza a reclamar y por lo tanto, aún seguimos siendo sujetos de las decisiones que nuestros gobiernos toman en cuanto a seguridad alimentaria y salud se refiere, por ejemplo: 1) Las políticas siguen siendo inequitativas porque favorecen a las regiones y familias de mayores recursos, pues por ejemplo el programa PROCAMPO, sigue estando orientado hacia los agricultores únicamente comerciales.

2) Las políticas y programas actuales se enfocan en apoyar las actividades agropecuarias, especialmente, las que se relacionan al incremento de la producción y la productividad. En este sentido, se empieza a reconocer que las actividades no agrícolas son cada vez más importantes en la estrategia de ingreso de las familias rurales.

3) Los diseñadores de las políticas deben reconocer que la inseguridad alimentaria es un problema multidimensional (teoría de los sistemas de Niklas Luhmann) determinada por la disponibilidad en el acceso y el aprovechamiento biológico de los alimentos.

4) Para alcanzar la seguridad alimentaria, en México, la política pública debe de enfocarse simultáneamente en aumentar el ingreso, la producción y mejorar ese aprovechamiento biológico de los alimentos.

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5) La integración de las políticas públicas es un factor que debe incorporarse a los programas de alimentación.

6) En México no se hace una adecuada integridad de las políticas que se traduzca en una adecuada coordinación y colaboración interinstitucional como lo plantea la CEPAL. 7) En México, las políticas públicas se formulan, instrumentan y evalúan con poca o nula participación de los beneficiarios, a pesar de que contribuyen a canalizar sus demandas e incorporar sus iniciativas. (Pat-Fernández, 2011: 85-86) Desde el punto de vista teórico, una buena política pública en materia de alimentación debe ser integral, sin embargo, esta premisa enfrenta varios desafíos en el complejo contexto actual, ya que la seguridad alimentaria tiene que discutirse bajo tres elementos: los efectos de la crisis en los ingresos de las familias, los efectos del declive en la producción agropecuaria que repercute en los alimentos y la ausencia de políticas públicas que garanticen la seguridad en estos. En este sentido, uno de los problemas más difíciles que enfrenta la humanidad es la escasez de alimentos.

Lo anterior explica el hecho de que, así como la producción de alimentos crece, el número de personas con hambre también aumenta, en relación con la carencia de una distribución de alimentos. Y a todo esto se suma que la cadena alimentaria se vuelve vulnerable a la contaminación ambiental.

Hoy en día hay millones de personas en el mundo que padecen desnutrición y pobreza extrema, no pudiendo gozar de una vida saludable y activa. El viernes 14 de octubre de 2011, en el periódico La jornada, José Cuelli, en su artículo: La hambruna amenaza, nos explica que las agencias de la alimentación de Naciones Unidas alertaron el 13 de octubre que el alza y la volatilidad del precio de los alimentos seguirá creciendo en los próximos años, como consecuencia de una serie de factores que van desde el aumento del precio del petróleo al cambio climático o el auge de los llamados biocombustibles. Todo esto hará imposible la consecución de uno de los puntos principales de los llamados Objetivos del Milenio: la reducción en 2015 a la mitad del número de personas que pasan hambre en el mundo. En 2010 (datos más recientes), esa cifra se elevaba a 925 millones.

ria la cual es necesaria para mejorar el estado nutricional de las personas: Una región con disponibilidad alimentaria no necesariamente alcanza el rango de seguridad alimentaria, si sus niveles de ingreso (generados internamente o provenientes del exterior) requeridos para cubrir su canasta alimentaria son muy bajos o inexistentes; pero si además los espacios de cobertura establecidos por las políticas púbicas son focalizados en extremo hacia un número restringido de localidades y familias. (Torres, Trápaga, 2003: 25).

El Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado Desarrollo Humano Sustentable, menciona que se debe asegurar para los mexicanos de hoy, la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección de sus derechos humanos y que la igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de salud son necesarias para que puedan vivir mejor y participar activamente en las actividades productivas. Lo importante aquí es revisar si efectivamente el Estado Mexicano está garantizando esto o sólo se queda en el nivel discursivo y las políticas que genera siguen siendo de gobierno y burocráticas que no llevan a cabo todo el proceso de una verdadera política pública que va desde la revisión, la planeación y la puesta en práctica, así como su evaluación, con miras a beneficiar a las personas más vulnerables, pues la seguridad alimentaria es un asunto de distribución adecuada por parte del Estado y de asignación eficiente por parte del mercado.

De esta forma, si nuestros gobiernos, desde el ámbito local, trabajaran más en la cuestión del desarrollo sostenible y en la económica, apoyando a la pequeña agricultura, se evitaría en gran medida la insuficiente producción de alimentos básicos por dificultades con los recursos agrícolas y por ende, habría una disminución de la inseguridad alimentaria, la cual es una consecuencia de varias causas que se relacionan entre sí y que en conjunto configuran el estado crítico del campo mexicano.

Lo que cabe rescatar de esta nota, es que los gobiernos, desde los ámbitos locales, no están generando la seguridad alimentaria, aun cuando ésta es de máxima importancia para mejorar el estado nutricional de las personas que padecen hambre. En este sentido, es necesario formular y adoptar políticas públicas enmarcadas bajo la nueva gobernanza y medidas apropiadas para reforzar esta seguridad, en función de garantizar el acceso de las familias a una cantidad suficiente y segura de alimentos, pues si bien la producción de éstos crece, el número de personas con hambre también.

En este sentido, se tiene que empezar a evaluar la manera en que la seguridad alimentaria se ha transformado bajo los planteamientos de las políticas públicas locales y ofrecer una respuesta a los problemas que esto ha generado, partiendo del supuesto de que en la sociedad hay estructuras de dominación e intereses.

Así, dentro de este complejo contexto, es importante partir de un análisis sociocrítico del orden mundial actual, el cual de origen presenta sesgos e inequidades que, entre otras consecuencias, no está promoviendo la prevención de las enfermedades, pues cada día vemos que las sociedades se comparan con respecto a la injusticia, a la pobreza, a los problemas de seguridad alimentaria y a la depredación del ambiente. En esta medida, se deberían generar verdaderas políticas públicas, que hagan participe a la sociedad desde su elaboración, pues es ésta la que al final padece su mala planeación, evaluación y puesta en práctica.

A lo anterior, se suma el hecho de que los alimentos se vuelven vulnerables por la contaminación de nuestro medio ambiente. Es por ello que es de suma importancia analizar qué tanto nuestros gobiernos valoran la alimentación como un derecho humano y en qué medida inciden en la generación de la seguridad alimenta-

Aunado a esto, surge “la idea de gobernanza como una nueva forma de gobierno (en su sentido más amplio) en la que la coherencia de la acción pública (la definición de problemas, la toma de decisiones y su ejecución) no pasa por la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente homogénea y

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y centralizada, sino por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles y multiactorial, cuyo resultado, siempre incierto, depende de la capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio común, de su capacidad para movilizar expertos de orígenes diversos y de implantar modos de responsabilidad y de legitimación de las decisiones”. (Ruano de la Fuente, 2002: 2). En este sentido, la gobernanza viene a dar una respuesta a las necesidades de la población, es decir, el problema de la inseguridad alimentaria tendría que analizarse bajo una nueva gestión pública en donde exista un rediseño de las organizaciones públicas, con miras hacia la mayor eficiencia y eficacia del aparato administrativo estatal.

De esta forma, “la gobernanza propone una nueva forma de gobernar, que desde su aura connotativa se encarga de subrayar que esa actividad debe ejercerse con el poder del Estado, la participación de la sociedad civil y de los agentes económicos. En este sentido, a la gobernanza se le entiende como el conjunto de valores, principios y normas formales e informales, que orientan el desarrollo de una determinada política pública, es decir, que definen los actores, los procedimientos y los medios legítimos de acción colectiva”. (Medrano, 2003: 75-76).

En México, bajo los postulados de la gobernanza, se le tendría que dar respuesta a la problemática de la inseguridad alimentaria a través de estructuras democráticas, en donde no sólo las autoridades, sino también la población afectada participe en la elaboración de programas para dar solución al mal acceso que se tiene en los alimentos, lo cual se ve reflejado en la pobreza, la salud y la crisis alimentaria que desde hace varias décadas se observa.

Por otro lado, bajo los supuestos de la teoría de los sistemas se tienen que empezar a evaluar las necesidades humanas de índole compleja, es decir, observar la situación desde todos los ángulos y determinar los elementos distinguidos en el problema, la compleja relación que existe entre ellos, las funciones específicas que cumplen en cada caso y los intercambios que se requerirán entre los recursos una vez que se definan. En este sentido, la necesidad humana es la seguridad alimentaria, la cual tiene que observarse desde diferentes ángulos, que podrían ser el político, el cultural, el económico y el científico, en donde si uno de ellos falla, la seguridad alimentaria no se garantizara. En este sentido, según Niklas Luhman (1997), en su libro Teoría Política en el Estado de Bienestar, manifiesta que existen sistemas que se deben caracterizar por su diferenciación funcional, en donde cada uno maneje su propio código binario que es lo que los distingue. Así, en las modernas sociedades los sistemas deben ser diferentes funcionalmente, de tal manera que alcancen un grado de independencia (autopoiesis).

El paradigma sistémico sirve para reformular la parte crítica propositiva, demostrando que no hay una lógica sistémica funcional al momento de elaborar y evaluar las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria, sino más bien, sigue existiendo esa diferenciación jerárquico-burocrática que no toma en cuenta al ámbito local para su elaboración y que por lo tanto, entorpece los procesos de dichas políticas, gracias a los principios de poder y de dominación que aún existen en nuestros gobiernos.

Asimismo, para que exista una lógica funcional debe haber una auto observación de los sistemas para poder explicar y reducir la complejidad del entorno (políticas públicas en materia de seguridad alimentaria), ya que si esto no se lleva a cabo los sistemas entran en crisis y lo que sucede es que las necesidades y las demandas de la población aumentan y disminuye la forma de responder a éstas por parte del Estado.

Lo que se debe de incentivar es un fundamento sistémico que posibilite la evolución social para pasar de una diferenciación jerárquico-burocrática a una diferenciación funcional. En este sentido, el Estado debe de dejar de responder a cuestiones corporativas, particulares, de poder, partido o grupo, pues éstas impiden dar una respuesta oportuna a las necesidades de la población en materia de alimentación de calidad, es decir, se tiene que transitar de esa diferenciación jerárquica en donde las decisiones se toman desde el centro a una diferenciación funcional que fortalezca el ámbito local de gobierno, y que tome en cuenta las necesidades de la población, con la finalidad de realizar adecuadamente la formulación, implementación y evaluación de una política pública en materia de seguridad alimentaria, para que así se empiecen a resolver problemas tales como: la escasez de alimentos, la inseguridad en los mismos y problemas en la salud de las familias mexicanas.

Bajo esta perspectiva, tras décadas de lucha constante, en 2015 el número de personas que padecen hambre empezó a aumentar.

Según datos de la FAO (2020), las estimaciones actuales muestran que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8,9 por ciento de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años.

Esto nos demuestra, que el mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero para 2030, aun cuando hay países desarrollados y en vías de desarrollo que han mostrado una lucha constante contra el hambre y la desnutrición. Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas para 2030.

Conclusiones

No se puede hablar de alimentación y seguridad alimentaria sin remitirnos al campo mexicano, el cual desde siempre ha estado abandonado por nuestros gobiernos, por haberle dado prioridad al sector secundario, gastándose una gran parte de los ingresos federales en inversión industrial, El crecimiento demográfico de nuestro país, el rezago en el sector agropecuario y la pobreza, aunado a la mala formulación de políticas públicas en materia alimentaria, han originado crisis al no generar la seguridad en los alimentos que consumen los mexicanos, sobre todo aquellos más vulnerables.

Los intentos del gobierno han sido fallidos al tratar de reconvertir al campo mexicano para que este genere productos de calidad, situación que se sigue viendo muy lejos de cumplir por la gran dependencia que seguimos teniendo con el exterior y por la mala distribución que se hace del gasto público, así como por Pag. 15

la falta de empleos bien remunerados que le permitan a la población mexicana tener un poder adquisitivo adecuado para consumir alimentos de calidad y así evitar problemas en su salud.

La seguridad alimentaria ligada con la salud, es un tema que si los gobiernos no revisan a profundidad y ponen atención en él, en algunos años podría convertirse en un problema mayor, inclusive de seguridad nacional, ya que la seguridad en los alimentos no debe ser vista solamente en términos de disponibilidad o balance de energía, sino que debe considerar el asunto de la soberanía alimentaria y la mejora al acceso, basados en políticas de desarrollo agropecuario que combinen eficiencia y eficacia productiva y mayores niveles de bienestar para la población del campo.

En este sentido, la burocracia que elabora y evalúa las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria, realiza un proceso de análisis de la problemática del desarrollo en razón de la posición política en la que participa activamente, por ello, sus propuestas no pueden dejar de considerar los intereses prevalecientes, particularmente los de los gobiernos, instituciones y grupos con mayor poder económico y político.

Como pudo apreciarse, la perspectiva de la seguridad alimentaria en el mundo empieza a cambiar y así debería de ocurrir en México, pues la deficiencia en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de esta seguridad, por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales, es uno de los factores principales que está generando crisis alimentaria, problemas de salud nutricional y vulnerabilidad en la pequeña agricultura y el desarrollo rural.

Sin duda alguna, existen diferencias muy marcadas entre los países de primer mundo y México, pues en los primeros se preocupan por garantizar alimentos de calidad a sus pobladores, siguiendo toda una elaboración adecuada de políticas públicas y formulando alternativas como las agencias, que utilizan como metodología la buena ciencia, para continuar garantizándoselos, mientras que en el segundo, la formulación de políticas públicas sigue respondiendo a cuestiones de poder y económicas, dejando de lado los intereses de los mexicanos, sobre los cuales se tendrían que formular dichas políticas.

Las decisiones que se toman en el gobierno siguen siendo muy centralizadas, por lo que su actuar se vuelve burocrático y no se reconoce que la inseguridad alimentaria es un problema multidimensional (teoría de los sistemas de Niklas Luhman) determinado por la disponibilidad en el acceso y aprovechamiento biológico de los alimentos y que, para dirimirlo, la política pública debe de enfocarse simultáneamente en mejorar su producción y aumentar el ingreso de las familias.

El tema de la seguridad alimentaria se ha ido insertando poco a poco en la opinión pública, en una sociedad inmersa en la globalización en donde conceptos como calidad y seguridad integral están siendo rápidamente aceptados, a la par que exigidos, de manera que la responsabilidad, el riesgo y la prevención son los nuevos retos a los que los distintos agentes implicados deben dar Pag. 16

respuestas, pues según datos el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa, debido principalmente a los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas.

El escenario municipal de las políticas de asistencia social y seguridad alimentaria, tal como se conciben y se instrumentan desde círculos oficiales y de gobierno, lucen muy poco prometedoras, pues se siguen formulando sin la participación ciudadana. A sus escasos logros se le pueden atribuir varias razones que tiene que ver con fallas de técnicas de coordinación y planeación estratégica institucional y diseños erróneos desfasados con lo que muestra la realidad local.

En este sentido, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales es una realidad sobre la que se tienen que empezar a trabajar, pues las prácticas que devienen de un manejo clientelar de parte de las instituciones gubernamentales y de los partidos políticos, siguen creyendo que los programas sociales se elaboran para satisfacer los intereses de un grupo minoritario. A pesar de que esta problemática ha estado presente, vinculada con el abandono histórico del campo, la situación actual exige que las soluciones se tienen que empezar a generar de manera inmediata; sin embargo, modificar la concepción de las políticas públicas para evitar que los programas dirigidos a la alimentación y contra la pobreza sigan siendo instrumentos políticos de los gobiernos, implica mirar hacia nuevos caminos para dar paso a otras interpretaciones de la realidad mexicana, que permitan dar cabida a generar consensos encaminados a resolver, de verdad, el problema de la inseguridad alimentaria.

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¿Una década perdida, o una oportunidad ganada?

Un amplio debate en América Latina

Por: Barbara Guadalupe Gaspar Gaona País: México Estudiante de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Diplomado en “Matemáticas y Estadística” del Museo Interactivo de Economía (MIDE); en “Evaluación de Políticas y Programas Públicos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en “Educación Financiera” de la CONDUSEF; asistente de investigación en 2017 de proyecto PAPIIT sobre el “Sistema Pensionario Mexicano”, en 2019 de la Universidad de Alcalá de Henares en la División de Economía y Dirección de Empresas y en 2020 de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Ponente del “Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2019” en la UNAM, miembro de la Red Internacional de Promotores ODS y acreedora de Presea “Jóvenes con Valores” 2019.

RESUMEN EJECUTIVO

Este ensayo busca resaltar la importancia de la recuperación, mediante la guía de acción universal que ofrece la Agenda 2030, centrada en el equilibrio entre el crecimiento, los derechos humanos, el ambiente y la igualdad. Estas acciones están orientadas en hacer los lazos de Latinoamérica más fuertes capaces de recuperar las graves pérdidas humanas, económicas y sociales, que no han esperado a reflejarse y se han venido a acumular a las vulnerabilidades preestablecidas, de acuerdo con las dimensiones que han sido planteadas desde el Informe de Desarrollo Mundial 1991, y que han sido eje de los cuestionamientos del desarrollo en la región desde el siglo XX, hasta la actualidad, y que además concentran los elementos más disruptivos de los sistemas socioeconómicos, el planeta y las relaciones funcionales.

La aportación de algunas propuestas que aquí se presentan, para una recuperación centrada en la equidad y la innovación de políticas extraordinarias y sin precedentes se encamina de mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una integridad que busca combatir una crisis multifacética, cargada de incertidumbre y disparidades sociales que han venido a afectar el desarrollo de América Latina, en su conjunto.

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Concluimos en un llamado a las instituciones y la sociedad, a nivel regional y mundial, por la creación de acuerdos sociales, que lleven integradas iniciativas que absorban y resuelvan las necesidades sociales que han sido los principales amplificadores de la crisis actual.

MÁS ALLÁ DE UNA LISTA DE DESEOS La llegada de la pandemia de COVID-19, es una llamada de atención urgente ante las graves pérdidas humanas, económicas y sociales que han azotado al mundo. De acuerdo con las estimaciones, el Índice de Desarrollo Humano (IDH)1 va en retroceso a los niveles alcanzados en 1990 y apuntan a que esta caída será mucho mayor en los países en desarrollo que cuentan con menos medios para gestionar estos efectos, en comparación de otros países. (UNDP, 2020) Estos resultados exigen una creciente cooperación multilateral, para crear políticas de mayor integración productiva, bajo una nueva visión de sectores estratégicos, y protección social universal.

La pandemia también ha puesto de manifiesto que, en nuestras sociedades interconectadas, vulnerabilidades locales pueden transformarse en amenazas globales. Además, estas vulnerabilidades están creando profundas diferencias sociales que se encaminan a ser cada vez más intensas en el contexto de cambio climático y pérdida de la biodiversidad al que asistimos. (PNUD, 2020) Esta profunda conexión con los demás, con el planeta y la economía, nos obliga a replantearnos nuevos valores, rumbo a concebir la Agenda 20302, como el equilibrio entre esferas que no ha considerado la normalidad a la que estábamos acostumbrados y que además nos ha encaminado hacia el desastre global en el que estamos ahora.

La guía de acción universal, no debe ser sólo una opción de salida a la crisis, sino que debe constituirse como un plan de desarrollo con resultados incluyentes y resilientes, capaces de no dejar a nadie atrás. Las propuestas deben apegarse a la Agenda 2030 , en tanto de sus ODS, que ponen a las personas en el centro de las decisiones sociales. El cumplimiento de estos objetivos ante el contexto actual debe ser la base de recuperación de una crisis que no tiene escape, pero si solución para no dejar a nadie atrás. Atravesamos un fenómeno complejo y multilateral, que conjunta graves efectos sanitarios, sociales, políticos y económicos, implicando a todos los sectores, como muestra de la interconectividad del mundo en el que vivimos.

Las brechas que hasta ahora parecen hacerse más fuertes, dejan desafíos más profundos para aquellos países que no están preparados para efectos como los que ha traído consigo el COVID-19, la presencia de estas discrepancias exige estrategias globales e integrales, coordinadas entre países; cuya divisa de cooperación internacional, sea la equidad. (Naciones Unidas , 2020) 1 Medida combinada de los niveles de educación, salud y calidad de vida (UNDP, 2020).

2 Aprobada en 2015, y está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre sus propósitos se encuentra acabar con la pobreza, fortalecer los sistemas sociales, el equilibrio ambiental, entre otros.

El desequilibrio entre las prioridades del crecimiento, como los derechos humanos, el ambiente, y la igualdad, reflejan la oportunidad para que la sociedad y los gobiernos trabajen para construir el futuro del desarrollo sostenible. La necesidad de este enfoque no es actual, pero el nivel de urgencia aumenta ante el ensanchamiento de las vulnerabilidades en un entorno donde el avance que se ha dado en materia de desarrollo sigue disminuyendo bajo esta economía que no funciona para todos.

Los desbalances que han afectado a América Latina, entre perturbaciones externas, altos niveles de endeudamiento, acceso limitado al financiamiento concesional, (debido al estatus de ingreso medio), limitado espacio fiscal, reestructuraciones de deuda, alta exposición al cambio climático y gran desigualdad social, han distorsionado el desarrollo del siglo XX, y XXI, y además son las principales limitantes de respuestas de la región ante la crisis por la pandemia.

Solo con un nuevo modelo de desarrollo evitaremos volver a transitar por los caminos que condujeron a una situación en la que los efectos de la pandemia pueden no solo ser devastadores en el corto plazo, sino también deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo en el largo plazo. (Bárcena, 2020) El mundo al que volveremos será muy diferente, y ojalá lo sea, muchas de esas diferencias, dependen de las políticas que se formulen ahora, entre las prioridades de innovación, implicaremos, dejar de crecer a costa del ambiente o de la calidad de vida, debe incluirse la tecnología en sectores estratégicos (salud, educación, y energía) para crear países con desarrollo sostenible, mediante acciones colectivas y equidad como eje de reconstrucción. Justamente, los ODS han sentado las bases para estas aspiraciones, así como los pasos y posibilidades para llegar a ellas.

Hasta ahora los retrasos son palpables para todas las personas.

Los efectos no han dejado a nadie atrás, entre las venas de la Agenda 2030, hay una inclusión creciente de todos los individuos, si por un lado se busca la estabilización del país y por otro, se busca un acercamiento a los ODS, estas batallas aisladas no podrán librarse, la fuerte interconectividad de estos ejes, nos llevará a un crecimiento sostenible que se fortalezca con una sociedad con adecuada calidad de vida y con instituciones fuertes y capaces ante la llegada de distorsiones externas, como lo que ha sido el coronavirus a nivel mundial. Tal vez podríamos percibir a la Agenda 2030 más como un acuerdo que como una lista de pendientes.

UNA CRISIS ACUMULADA: UN ASUNTO MULTILATERAL La crisis mundial a la que nos enfrentamos no tiene precedentes, está amplificando y agudizando la pobreza y la desigualdad que aqueja a nuestras comunidades. La incertidumbre se ha extendido a todos los aspectos de la vida de cada individuo, demostrando que estamos profundamente conectados los unos a los otros y las respuestas requieren de la participación de todos los actores de la sociedad, en todos los niveles, y en todo el planeta.

Desvanecer las brechas y las diferencias del origen desigual, es una oportunidad para hacer de la interconectividad una herramienta de progreso social.

Todos los efectos negativos de la pandemia ya se están revelando, sin escape, y conforme pasa el tiempo, la necesidad de excavar hacia nuevas proyecciones que describan el desastroso entorno global, que acumula las crisis que veníamos arrastrando desde hace más de un siglo, ha traído una enfermedad más: la incertidumbre.

La formulación de un enfoque de desarrollo sostenible ha estado en debate desde hace décadas, entre los principales aportes se encuentran las dimensiones que formula el Informe de Desarrollo Mundial 1991: el desafío del desarrollo (Banco Mundial, 1991), en busca de políticas que mantengan un balance entre las acciones que fomentan el mercado y las instituciones, para alcanzar los resultados que mejoren la calidad de vida de las personas:

Invertir en la gente ODS1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades; ODS 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos; ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

El PNUD (2020) estima que cerrar la brecha digital reduciría en más de dos tercios el número de niños y niñas que actualmente no reciben una educación por el cierre de las escuelas, este organismo informó que hasta ahora este fenómeno ha provocado que un 87% de alumnos se encuentre en condiciones de desescolarización, ya que no pueden acceder a las herramientas digitales de la educación en línea. En promedio en el siglo XX y XXI, América Latina gastó entre un 4% y 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) (UNESCO, 2020). Pese a esto, el rendimiento académico de sus estudiantes, comparado con otros países con gastos promedios similares, sigue en la cola de la lista. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014).

En el caso del sector salud, se presenta en promedio un gasto de 4% del PIB en Latinoamérica, que representa un nivel muy bajo en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un gasto de 8% del PIB. Incluso las estimaciones muestran que un 21% de la población cuenta con al menos un factor de riesgo por padecer gravemente la enfermedad, la complicación del nivel de respuesta, sumado a que un 34.2% de las personas no cuentan con cobertura de salud. (CEPAL, 2020) Los grupos vulnerables, no sólo son las mujeres, niños, adultos mayores, ahora se incluyen en mayor medida los desempleados, los trabajadores informales, y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), debido a la distribución desigual de la riqueza, Pag. 21

donde un 1% cuenta con grandes sumas de dinero, mientras que un 40% de los más pobres, sólo obtienen el 25% de los ingresos totales de la región, de acuerdo con la Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam). (Alonso, 2020) Los niveles de desigualdad se extienden a otras dimensiones, cada vez más graves, como la desigualdad de género, que ha exacerbado la feminización de la pobreza, debido a sus condiciones de violencia doméstica, menor capacidad de ahorro, mayor inseguridad laboral, menos salud reproductiva, carga de trabajo en los cuidados no remunerados, y los efectos sobre la participación equitativa de la fuerza laboral, aunado a que un 70% de personal médico son mujeres (CEPAL, 2020), lo que supone un mayor riesgo de contagios para ellas.

Se calcula que la crisis traerá una tasa de pobreza de 37.3%, con un alza de 8% en el coeficiente de Gini, (Alonso, 2020), los retrasos que ha traído la pandemia para este objetivo ofrecen una oportunidad para revolucionar el desarrollo por completo.

Latinoamérica es una región de inequidades profundas, las caídas de desarrollo humano son alarmantes, según las estimaciones la caída del PIB per cápita debido a la crisis por COVID- 19 será cercano a 9.9%. (CEPAL, 2020) En nuestra región, cerca de un 50% (OIT, 2020) de la población ocupada en el sector informal, sufre desproporcionalmente los efectos de la pandemia, con una parálisis de sus ingresos, debido a las restricciones de movilidad, cierre masivo de negocios y medidas de confinamiento. Esta gran dependencia de la economía informal revela redes de seguridad social débiles y sobreendeudamiento fiscal.

Ante este panorama, no es casual que las discusiones políticas de gran relevancia de los gobiernos de la región sean sobre la reactivación económica, por encima de la lucha contra el virus.

Los riesgos de destrucción de los medios de vida, se ligan directamente al desempleo, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2020), superará el 13.5% en América Latina, por lo que el sector empresarial, la ocupación y los cuidados, deben ser una prioridad, en ayuda a las medidas y políticas orientadas al alivio de la pobreza, y a la mejora de la distribución del ingreso; ya que las dislocaciones en el empleo serán abrumadoras bajo este contexto de sectores poco protegidos, bajos salarios, y un amplio sector informal.

A pesar de que las medidas de confinamiento nos han ayudado a reducir el nivel de contagios, estas medidas han sido muy duras para un sector importante de la sociedad, especialmente aquellos con dificultad para recuperar su fuente de ingresos.

Apertura y competitividad ODS10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

La caída de las exportaciones ha sido uno de los canales más influyentes para el contagio de la crisis. La Organización Mundial del Comercio (OMC) (2020) estima una caída del 23% en el valor de las exportaciones, y un 11% de disminución de los Pag. 22

precios, que acompañan una caída de 12% de los volúmenes exportados, afectando directamente a Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y México.

Respecto a las salidas de capital, estas tendrán un valor de 30,000 millones de dólares en la región, debido a los niveles de incertidumbre que ha causado el COVID-19, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la dificultad de intervención de los bancos centrales es alarmante ante estas condiciones.

(Ong, 2020) El sector turismo, tendrá mayores efectos en el Caribe y Centroamérica, debido a las restricciones en desplazamientos, cierres de frontera, efectos heterogéneos por país, y la dificultad de adaptación a las condiciones de la nueva normalidad, tendrán una recuperación más lenta, hasta ahora, el turismo caerá en promedio 36.3% en la región. (Ríos, 2020) La evolución negativa de las remesas afectará con mayor intensidad a varios de los países más pobres de la región. Es el caso de Haití, donde las remesas representan alrededor de un 33% del PIB, y de El Salvador y Honduras, donde alcanzan un 20%.

(CEPAL, 2020)

Políticas económicas ODS8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos; ODS9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

La recesión que sufrirá América Latina (-9.1% del PIB de 2020), superará la crisis de deuda de los 80, e incluso la crisis de 20082009, con caídas más drásticas en: Belice (14%), Perú (13%), Santa Lucía (11.9%), Brasil (9.2%), México (9%), Ecuador (9%) y Argentina (10.5%), estos resultados se deben a la poca preparación de la región con un crecimiento previo a la pandemia de 0.1% de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020). Los problemas de reducido espacio fiscal, y la amplitud de las brechas sociales, pueden conducir a problemas de sostenibilidad en el medio y largo plazo.

Ambiente ODS7: Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos; ODS13:Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Los peligros ambientales, han aumentado cada vez más en las últimas décadas, hasta ser riesgosos y dañar a la salud, y la relación de las personas con el ambiente, debido a esto, los países han desarrollado sistemas más estrictos sobre las actividades contaminantes, fortalecidos a través de la acción internacional, sin embargo aunque estas medidas han sido muy bien adoptadas por países miembros de la OCDE, América Latina tiene dificultades en su cumplimiento, e incluso registran los mayores incrementos en contaminantes del mundo de 11.78%, en promedio durante el siglo XX y XXI (CEPAL , 2009) debido a que

pocos de ellos tienen la capacidad de instalar, utilizar y mantener tecnologías ambientalmente sostenibles.

Buen gobierno ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; ODS17: Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Aquellos países que sufren la debilidad institucional tienen una menor capacidad para responder a la pandemia, en tanto de los efectos en las finanzas públicas que reflejarán una contracción del ingreso, y un aumento de los gastos, el desbalance de los presupuestos, y el nivel de endeudamiento, este problema lo refleja la importancia del gasto público para el combate del coronavirus, específicamente en la reducción de la tasa de mortalidad y pobreza, aunado a esto, la fragilidad institucional ante la presencia de corrupción ha desarrollado que la cohesión social sea un freno del modo en el que nos desarrollamos.

La implementación de la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal, reúne los aspectos sociales, económicos y de gobernanza, exigiendo ampliar urgentemente el acceso equitativo a servicios integrales de calidad en la región, mediante: a) Un avance hacia servicios universales que en el corto plazo garanticen la aplicación de pruebas de detección y protocolos de seguimiento de infectados, que permitan crear patrones de distribución ante la llegada de una cura, de forma equitativa. Lo anterior, incluye la capacidad para brindar atención médica sin importar la capacidad de pago de las personas.

A largo plazo, los gobiernos deben acelerar los esfuerzos actuales hacia la expansión de los sistemas y cobertura de protección social. Aumentar la capacidad del estado permitirá que se brinde protección con más facilidad a las poblaciones más vulnerables y acelerar la respuesta ante futuras crisis. (OIT, 2020) b) Priorizar el suministro de equipo de protección, para los trabajadores de salud, así como infraestructura que facilite sus labores (camas de UCI y respiradores).

Como una doble hélice, los ODS y la respuesta a la pandemia de COVID-19 están interrelacionados y no pueden llevarse adelante aplicando un enfoque fragmentado.

El apoyo a los trabajadores debe abarcar la garantía de su salud, hospedaje, transporte, cuidado familiar, apoyo psicológico y financiero (que a la vez debe integrarse a la población en general).

Este desastre global, llama a la solidaridad y la cooperación multilateral para la creación de políticas públicas que a nivel nacional necesitan ser potenciadas por respuestas regionales e internacionales para su efectividad.

Algunas de las medidas, como las que están relacionadas con la salud mental y la violencia intrafamiliar son bastante innovadoras y podrían servir de ejemplo para otros países. (WHO, 2020)

OTRAS MEDICINAS PARA LA PANDEMIA La próxima fase de la respuesta consiste en ayudar a los encargados de adoptar las decisiones hacia el 2030 y gestionar la incertidumbre en la gobernanza, la protección social, la economía verde y la vida en el mundo digital, de mano de la respuesta socioeconómica.

No es el momento para seguir como siempre, se plantea que hay que enfocarse prioritariamente en los ODS más afectados, acelerar su cumplimiento mediante alianzas renovadas, el curso de desarrollo debe orientarse hacia un mayor bienestar, resiliencia, sostenibilidad ambiental y una gobernanza internacional inclusiva y sostenible basada en la Agenda 2030. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expone algunos pasos para lograr afrontar la crisis y guiarse del desarrollo sostenible.

- Atender los problemas de salud, ante la emergencia, con un total de 111,100 muertos en la región (Pan American Health Organization , 2020), la sanidad debe ser prioridad central, destinando todos los recursos disponibles, para salvar la mayor cantidad de vidas amenazadas por la pandemia. Deben dotarse los recursos necesarios al sector salud, y aprovechar la oportunidad para que haya una mayor convergencia entre el conjunto de instituciones sanitarias.

- Atender el declive económico, y los efectos sociales que están fuertemente interrelacionados y que demandan una estrategia distinta a la que se ha implementado en los últimos años, e incluso en otras crisis.

Entre las consecuencias económicas, se presenta un aumento en los déficits fiscales y en los coeficientes de deuda pública, las acciones requieren que haya un manejo deficitario en el corto plazo, y solvencia fiscal a largo plazo, capaces de adaptarse a condiciones reales para beneficiar a todos. Para lograrlo se requiere que los gobiernos flexibilicen algunas reglas de balance fiscal y endeudamiento.

Una de las prioridades de las reformas fiscales debe ser el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, y programas sociales para apoyar a la sociedad en general. Ante la magnitud de la crisis, deben posponerse aquellos gastos que no sean prioritarios y redireccionarlos como apoyos a las familias en forma de ingresos básicos de emergencia a las personas en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con la CEPAL (2020) este apoyo costaría un 1.9% del PIB regional.

A pesar de la incertidumbre, lo deseable es estimar el período de confinamiento y la gradualidad de la recuperación de la actividad económica, por ejemplo, maximizar el endeudamiento por un período de aproximadamente 18 meses, utilizando una diversidad de fuentes, entre ellas, los mercados domésticos de deuda, el apoyo de los bancos centrales y el endeudamiento Pag. 23

por un período de aproximadamente 18 meses, utilizando una diversidad de fuentes, entre ellas, los mercados domésticos de deuda, el apoyo de los bancos centrales y el endeudamiento adicional de fuentes multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). (Ríos, 2020) Para el financiamiento interno la Oxfam (Alonso, 2020) recomienda, gravar rigurosamente las ganancias de activos y de capital. Recalcan que desde el punto de vista técnico América Latina, puede hacerlo por sí mismo. Además, es posible explorar la idea de emitir Bonos de Emergencia de largo plazo adquiridos inicialmente por bancos centrales, esto equivale a aumentar la oferta monetaria. El ejercicio pleno de los bancos centrales y de desarrollo tienen un papel relevante para otorgar crédito a los gobiernos, y a las instituciones de crédito.

Entre los apoyos de organismos multilaterales, los países de América Latina (caracterizados de renta media), deben ser prioritarios, debido a sus limitaciones estructurales para afrontar la crisis. Las iniciativas de canje de deuda como medidas de adaptación al cambio climático y los mecanismos innovadores de crédito y financiamiento, propuestos por la CEPAL (2020), así como la condonación de la deuda para los países vulnerables, mediante el FMI y el Club de París (el caso de las sanciones contra Cuba o Venezuela), son medidas que resultan adecuadas para ayudar a paliar los efectos de la pandemia, y la planeación de un futuro sostenible.

Pese a que la caída de la economía es inevitable, la formulación de estrategias debe centrarse en la disminución de los costos económicos y sociales. Para proteger los empleos, los ingresos, y atender a los más vulnerables, es necesario salvaguardar la planta productiva enfatizando en las PyMES y el sector informal, para ellos, las acciones se concentran en facilidades financieras, como las siguientes: a) Exenciones fiscales como prórrogas en el pago de impuestos, y diferimientos en contribuciones de seguridad social y en el pago de contribuciones hasta por 4 meses, ayudará a evitar el despido masivo de empleos en el corto plazo, así como mantener los negocios a flote. b) Programas de préstamos específicos, que brinden mayor acceso a capital de trabajo, mediante líneas de crédito o garantías estatales a bajo costo, o en su caso cero intereses. c) Paquetes con apoyo financiero directo que incluya el pago de salarios, mediante fondos públicos, y otras medidas que se centren en el sector terciario e informal que han resultado de los más afectados por las medidas de confinamiento. d) Apoyos técnicos y de capacitación, que permitan a las empresas generar mejores condiciones para sus trabajadores. e) Asegurar el acceso a medidas financieras a aquellas personas autoempleadas o del sector informal, como un seguro de desempleo que les permita mantener su fuente de ingreso.

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Es necesario convocar a un pacto en el cual empresarios y trabajadores aporten en la construcción de un plan de protección de salarios y empleo, considerando asignaciones reguladas y transparentes, condicionadas a la protección del bienestar económico en general. El seguro de desempleo y el diseño de políticas especiales para los sectores más afectados, debe incluir a las actividades informales, reforzando la protección social, a través de transferencias directas a los trabajadores.

El tiempo de COVID-19 debe convertirse en el tiempo de un nuevo New Deal mundial, que no solo incluya a todos, sino que comprometa a todos y en el que un Estado democrático no sólo despeje el camino, sino que marque el ritmo y establezca los objetivos.

Las medidas que se formulan, en materia económica, no deben solamente enfocarse en la estabilización y el mantenimiento sistémico, deben atender la producción sostenible, el apoyo a las economías locales, y regionales. Esta oportunidad, le permite a América Latina, realinear su matriz económica, y aprovechar todo su potencial para reducir su dependencia de la exportación de las materias primas, de las remesas, el turismo y su escape en la informalidad, e integrarse bajo estos ejes al comercio internacional, dejando a las personas mayor bienestar.

- Desarrollar una adecuada infraestructura social, la transición institucional que esto plantea es un avance democrático con un Estado de derecho vigente basado en la transparencia, y fortalecido por la participación ciudadana, en decisiones colectivas, que refuercen la cohesión social y la buena gobernanza.

La buena gobernanza y el poder de las ideas son el eje de la creación de políticas efectivas sostenidas en la equidad; esta transformación debe apegarse a los principios de democracia, transparencia y derechos humanos. Para el caso de América Latina, el conocimiento de las construcciones ideológicas y políticas se anclará a la diversidad de organización necesaria, para combatir la corrupción, y la desigualdad, de mano de la inclusión, y que además contrarreste la estigmatización de las minorías, mediante un pacto social efectivo. a) Fortalecer las comunicaciones públicas y la transparencia, para fomentar la confianza y la credibilidad en la toma de decisiones públicas como parte del manejo de la crisis, mediante la divulgación de datos, en combate con la desinformación y fortalecer la cohesión social. b) Deben atenderse las lagunas de política ensanchadas por el fraude y la corrupción, la desviación de fondos o el uso inadecuado de transferencias directas, por ello, los mecanismos de control y rendición de cuentas deben impulsarse para justificar las medidas y levantar la amenaza con base en la transparencia. De esta forma las medidas serán un esfuerzo conjunto.

El mantenimiento de una visión de largo plazo implica redefinir una estrategia que considere la innovación, y la flexibilidad para adaptarse a los nuevos escenarios, que, pese a divisiones de ingreso, nivel de desarrollo y orígenes desiguales, nos una la necesidad de respuestas extraordinarias para salir de la crisis.

El mantenimiento de una visión de largo plazo implica redefinir una estrategia que considere la innovación, y la flexibilidad para adaptarse a los nuevos escenarios, que, pese a divisiones de ingreso, nivel de desarrollo y orígenes desiguales, nos una la necesidad de respuestas extraordinarias para salir de la crisis.

Para esto, se requieren mecanismos que pongan en marcha la construcción de un ciclo de retroalimentación, que permita sacar provecho de la inteligencia colectiva, creando políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las personas.

CONCLUSIÓN Actualmente comienza a debatirse que la economía la construyen los vencedores. Una afirmación lastimosa que nos encuentra en una economía fragmentada; si esta crisis nos deja una lección de igualdad en la planeación de desarrollo dentro y fuera de la emergencia, debemos revalorar la noción de distribución de beneficios de los mecanismos de crecimiento económico.

Considero como punto final que las principales contribuciones a la reducción de la desigualdad y a la construcción de una nueva normalidad, como base del crecimiento sostenible, nos obliga a salir de los libros y de los parámetros técnicos y tradicionales, para acercarnos a las realidades sociales que son el principal reflejo de los fenómenos que debemos estudiar y abordar desde todos los aspectos para su mejora.

La acción gubernamental debe estar centrada en la garantía de acceso a los servicios básicos que garanticen los derechos humanos de las personas, como el acceso a la educación, salud con protección social, seguridad del empleo; como principal reflejo del avance y el progreso social que no refleja directamente el PIB. La estructura institucional además debe llevar a cabo un proceso de seguimiento a las políticas públicas instauradas para garantizar que los beneficios sociales han sido acordes con los objetivos planteados inicialmente, es decir que, los indicadores de evaluación del progreso social absorban directamente los avances, y las necesidades y generen políticas públicas que logren cubrirlas, disminuyendo las brechas sociales hacia un crecimiento sostenible en el cual las relaciones sociales y ambientales se basen en la solidaridad y la equidad como eje fundamental ante la nueva normalidad, más allá del crecimiento de la utilidad. La propuesta de desarrollo universal no sólo se basa en la garantía de beneficios, si no en la igualdad que debe gobernarla, construida con horizontes generacionales y equitativos. Y cómo ha dicho reiteradamente la CEPAL: “No sólo en lo social se juega lo social” (Bárcena, 2012).

Keynes (1943) decía que la dificultad no reside particularmente en desarrollar, nuevas ideas, sino en abandonar las viejas. Si la dinámica sigue las raíces económicas empleadas hasta ahora, caminaremos hacia una recuperación lenta y complicada, este punto es decisivo para lanzar nuevos planteamientos de las relaciones socioeconómicas, basadas en las personas como columna vertebral.

Las instituciones, los países, y las personas, deben comprometerse a basarse en acuerdos sociales disruptivos de lo que hasta ahora no ha funcionado para todos. En 1959, John F. Kennedy, dijo “En una crisis, sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad”, y a pesar de que han pasado más de 60 años de su discurso, no se relega su importancia en esta parálisis económica, que no tiene escape, pero que su recuperación nos da la oportunidad de reformularnos de equilibrar las políticas, fundadas en la equidad y el desarrollo como centro del sistema socioeconómico como base, y no como último fin.

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Legislación de reparto de ciudadanos; acciones de la República Dominicana para la equidad de género

Por: Emelyn Glorys Herasme Henríquez País: República Dominicana Estudiante de Administración Pública y Políticas Públicas en la Univesidade Federa da Integraçao Latinoamericana –UNILA-, Pasante en Auditoría Interna ITAIPU Binacional, miembro de Observatorio Educador Ambiental Moema Viezzer Brasil, miembro Coletivo Plante Uma Arvore Foz do Iaguaçu, Doc Ambiente, ex Coordinadora Programas y Proyectos Interinstitucionales, Distrito Educativo 15-02, Ministerio de Educación República Dominicana.

RESUMEN En la República Dominicana, los gobiernos de la última década, junto a entidades descentralizadas, alianzas con líderes del sector privado y organismos internacionales se han propuesto a abrir caminos a la igualdad de género, con acciones, medidas y trasformaciones visibles que impacten la paridad, enfrentando una problemática histórica-social en el país; el reparto del cuidado. El objetivo de este trabajo es investigar, dentro de la pirámide jurídica dominicana, el conjunto de acciones legislativas vigentes en el Estado dominicano priorizando infraestructuras de cuidado referentes a licencia de paternidad, madres lactantes, discapacidad y propiamente de regulación del trabajo doméstico.

Desde la década de los años 70´s grupos internacionales de feministas han colocado en palestras públicas la situación generalizada del desequilibrio proporcional en el reparto de cuidado, tema que ha sido acogido por gobiernos donde, evidentemente, las mujeres ocupan cargos importantes dentro de la administración.

El pasado 24 de agosto del 2018, se llevó a cabo el “Foro por el Trabajo Doméstico” en República Dominicana, realizado por la Mesa Intersectorial de Género que está compuesta por las Centrales Sindicales, el Comité Intersindical de Mujeres Trabajadoras (CINTRA), los Sindicatos de Trabajadoras del Hogar, el Centro de Estudios de Género de INTEC, el Instituto de Género y

y Familia de la UASD, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Foro Feminista y la Fundación Friedrich Ebert, en el que se presentó que el trabajo de cuidados, compuesto mayormente por mujeres, quienes representan un cuarto de millón de la población dominicana, lo que sería un 96.5% de mujeres y solo el 3.5% de hombres, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Los trabajos de cuidados son reconocidos a nivel mundial, y en el caso particular de la Republica Dominicana son reconocidos por la Constitución que los define de manera expresa “como una actividad económica que crea valor agregado, que produce riqueza y bienestar social”.

Utilizando las palabras de la socióloga española María Ángeles Duran, en su artículo “El futuro del cuidado, el envejecimiento de la población y sus consecuencias” menciona que el término cuidados es polivalente, es decir, que el cuidado resulta valioso en diferentes situaciones, que dispone de más de un valor.

En otra vertiente, se determina que el trabajo de cuidados es multidimensional, lo que significa que abarca varios aspectos dentro del cuidado que, a su vez, son segmentados por trabajos de cuidados no remunerados y remunerados; estos como un problema público o no. Sabemos que para que una situación problemática entre en la agenda de gobierno y se torne un problema público es esencial como el mismo gobierno reconoce este problema, impactando así el estatus quo.

La Constitución Dominicana desde su génesis y sus reformas, tiene plasmada la historia de luchas y sacrificios orientados a la garantía plena de los derechos fundamentales y justicia social, inherentes a un Estado Democrático de Derecho.

Haciendo análisis cuantitativo, en la actualidad, la Republica Dominicana cuenta con el bono demográfico, lo que significa que nuestro país goza de un crecimiento económico potencial que, desde la igualdad de género debe ser aprovechado para mitigar la brecha de pobreza.

Finalizando el 2017, según el Censo Poblacional, en la Republica Dominicana hay una población de 10.266.000 personas.

Las principales características de la estructura de la población en República Dominicana: - La población femenina es el 50,22% del total, ligeramente superior a la masculina.

- Su saldo vegetativo es positivo, es decir, el número de nacimientos supera al de muertes. Se trata de una diferencia moderada, típica de países desarrollados que aún no tienen la población envejecida, de países semidesarrollados y de aquellos países subdesarrollados con control de la natalidad efectivo.

Proponemos en esta línea de pesquisa, identificar y analizar el alcance e impacto de las iniciativas jurídicas legislativas del Estado dominicano en todo lo que abarca el cuidado y la equidad de género. Tomando en cuenta iniciativas propias para la Pag. 27

la sociedad civil y, las personas cómo usted y cómo yo para alcanzarlos? discapacidad, trabajos domésticos, madres lactantes y licencias de paternidad; legislaciones (de acuerdo a la pirámide jurídica), fomento y promoción, creación de infraestructura, órganos e instituciones, acuerdos y tratados internacionales.

El tema de cuidados ha llegado a la palestra publica exigiendo cada vez más el reconocimiento en todas las sus dimensiones y el compromiso de los gobiernos en atender estas demandas y en sentido amplio que se cumpla lo que ya está establecido bajo el amparo de la Ley, pues, consideramos que, si se cumpliera lo que ya está estipulado; desde el respeto a los derechos, a la vida digna, a la integración y promoción de las personas, sería más fácil vivir en un mundo más plural, tal y como lo exigen los tiempos actuales y establecidos acuerdos internacionales como la Agenda2030.

Vista desde este análisis, entendemos la importancia para la equidad de género desde la administración pública y creación de políticas públicas del tema del reconocimiento del trabajo de cuidado no es meramente concerniente a un grupo de interés, las fuerzas de todos los actores de un Estado deben de, al unísono, visionar la importancia de los cuidados para la supervivencia en una sociedad que, evidentemente cada vez más exige de cuidados.

de la biología, desde su nivel básico, de educación para el hogar y educación en población, de educación de adultos a todos los niveles, implementará módulos específicos de nutrición para difundir el sentido, alcance y beneficio de la lactancia en los seres humanos. Dichos programas deberán ser desarrollados tanto en escuelas públicas como privadas.

Artículo 8.- Protección de la Madre Trabajadora. Las Secretarías de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y de Trabajo, conjuntamente con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), velarán por el cumplimiento efectivo de las disposiciones del Artículo 240 del Código de Trabajo, a fin de que, en todos los establecimientos industriales del país, se asignen los espacios físicos con el objeto de que las trabajadoras puedan amamantar exclusivamente a sus hijos e hijas recién nacidos (as) hasta los seis meses de edad.

B) Código de Trabajo² en su Libro cuarto: De la regulación oficial de las condiciones, Título I: De la protección de la maternidad: Art. 240.- Durante el período de lactancia la trabajadora tiene derecho, en el lugar del trabajo, a tres descansos remunerados durante su jornada, de veinte minutos cada uno, como mínimo, con el objeto de amamantar al hijo.

Es necesario el acompañamiento de la sociedad civil para que estos sean ejecutados y se obtengan los resultados que impacten de manera positiva nuestra sociedad.

En atención a las dos normativas antes presentadas se ordenó con carácter de obligatoriedad a que se asignen espacios físicos en las instituciones públicas y privadas del país con el objetivo de que las trabajadoras puedan amamantar de manera exclusiva a sus hijos e hijas hasta los seis meses de edad Mediante el Decreto 142-18³ Prioridad que ha sido considerada desde la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP).

Análisis de legislación

Legislación creada para Licencia de Maternidad:

Se está haciendo caminos, proyectos y planes desde los gobiernos orientados a demandantes y suplidores de cuidados, en esto, surge la gran cuestionante, ¿Qué falta por hacer?

Legislación creada para Lactancia Materna: Tal y como establece el Principio I de la Ley No. 16-92 que aprueba el Código de Trabajo; ``El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social.

A) Ley No.8-95¹ que declara como prioridad nacional la Promoción y Fomento de la Lactancia Materna.

Artículo 1.- Promoción y Fomento de la Lactancia Materna. Se declara como prioridad nacional la promoción, enseñanza y difusión de la práctica de la lactancia materna, por ser ésta indispensable para garantizar un sano desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, quienes reciben de su madre no sólo los nutrientes necesarios, sino también protección inmunológica y apoyo socio-afectivo.

Artículo 5.- Desarrollo de Programas Acerca de Lactancia Materna, a cargo de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. La Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, dentro de su programa ordinario de enseñanza Pag. 28

En la República Dominicana, uno de los derechos más importantes e inviolentable que tienen las mujeres trabajadoras es el descanso pre y post natal, y en atención a este derecho universal, en el país la SISALRIL¹ (Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales) es una ``entidad estatal, autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, dotada de un personal técnico y administrativo altamente calificado; la cual, a nombre y representación del Estado Dominicano ejerce, entre otras funciones, la de garantizar y hacer cumplir las legislaciones derogadas para beneficiar a las mujeres trabajadoras en período gestante y post natal.

Dentro de las regulaciones que realiza la SISALRIL, respecto a lo antes mencionado, esta entidad cuida de: - Subsidio por Maternidad.

- Condiciones para recibir el subsidio Forma de solicitud y pago.

- Subsidio por Lactancia Forma de solicitud y pago.

En cuanto a la licencia de maternidad, existe una legislación dentro del marco legal del Código del Trabajo que establece lo siguiente:

Art. 236.- La trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a un descanso obligatorio durante las seis semanas que preceden a la fecha probable del parto y las seis semanas que le siguen.

Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso pre- natal, el tiempo no utilizado se acumula al período del descanso post- natal.

Art. 237.- El descanso pre y post- natal nunca será menor, en conjunto, de doce semanas y, durante el mismo, la trabajadora conservará su empleo con todos los derechos que del mismo se derivan.

Legislación creada para Licencia de Paternidad: “La lucha por la igualdad guarda estrecha relación con la lucha por la justicia social en el mundo del trabajo.” Guy Ryder, Director General de la OIT. Uno de los aspectos donde más se ve reflejado el desproporcional reparto de cuidados y que sigue siendo permitido por los Estados em sus prácticas jurídicas son los permisos remunerados o bien llamadas licencia de paternidad que establece un número de días de licencia considerados insuficientes considerando la magnitud de la eventualidad por la que es concedido tal permiso, y es que el conyugue no solo se dedicaría al cuidado de la criatura, sino también al apoyo de la madre que se encuentra en estado de vulnerabilidad física.

Grupos de interés respecto a este tema, se ha visto em la necesidad de exigir a los legisladores modifica las normativas de trabajo para aumentar las licencias de paternidad en razón promover la igualdad de género: haciendo la correcta distribución de todos los cuidados que exige el recién nacido y con esto aumentando y promoviendo la participación del padre.

En la actualidad, respecto a la licencia de paternidad, el Código de Trabajo establece: Art. 54.- El empleador está obligado a conceder al trabajador cinco días de licencia con disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de éste; tres días, en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e hijos, o de su compañera, y dos días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa.

Algunas autarquías, atendiendo a la necesidad e interés em la pluralidad, y em el ejercicio de su autonomía han modificado sus normativas internas, aumentando a diez días la licencia de paternidad, como es el caso de la ONE (Oficina Nacional de Estadística) “La intención básica es dar un tiempo prudente para que los padres puedan contrarrestar las diferentes situaciones que pueden presentarse con un recién nacido y puedan ayudar a las madres de sus niños” expresó la directora de esta entidad la Sra. Alexandra Izquierdo.

Legislación creada para la Discapacidad.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la discapacidad como “un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”

En el Informe Mundial de la Discapacidad 2019, la OMS indica que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad de ellas casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.

En literaturas orientadas en tratar temas de discapacidad, se señalaba a estas como motivo de preocupación mayor en un futuro lejano, pero lo cierto es, y así lo indica censos regionales y mundiales, que cada vez más hay en nuestros países un número mayor de personas con alguna discapacidad, y esto no es algo aleatorio; esto se debe a que la población está envejeciendo y con ello trae un riesgo superior a la discapacidad (aunque el envejecimiento de la población no es el único factor que incrementa la discapacidad). Desde los gobiernos, se debe interponer las buenas voluntades para impulsar un mundo más inclusivo, donde se garantice una vida en dignidad, inclusiva y de calidad.

En diciembre del 2006, en la sede de las Naciones Unidas en New York fue aprobada la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, el cual en el año 2017 Republica Dominicana se hizo signatario de la Convención y así lo ratificó en el 2009.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas, presenta un total de 708,597 mil personas con alguna discapacidad, según características demográficas 2013 lo que representa el 7% de la población total.

Cada 03 de diciembre se conmemora el día nacional e internacional de las personas con discapacidad, en el año 2013 el Congreso Nacional aprobó la Ley sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad; esta Ley ampara y garantiza la igualdad de derechos y oportunidad a todas las personas con discapacidad y regula las personas morales y sin fines de lucro, cuyo objeto social sea trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Ley General sobre Discapacidad en la República Dominicana; Ley 42-2000², promulgada el 29 de junio del citado año.

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El Art. 19 de la Ley 42-200 creo el Concejo Nacional de Discapacidad³ (CONADIS) una institución autónoma y descentralizada con personalidad jurídica autonomía administrativa, financiera y técnica, rectora de establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad.

El CONADIS está adscrito a la Presidencia de la Repblica, bajo la vigilancia del/a ministra de la Presidencia.

El CONADIS, según indican en su perfil web³, ofrece diversos servicios de cuidados destinados a personas con algún tipo de discapacidad: - Entrega de ayudas técnicas a personas de bajos recursos, - Bastones de apoyo - Bastones blancos para Personas con Discapacidad visual - Orientación sobre servicios ofrecidos por otras instituciones del sistema de protección social.

- Talleres sobre Asignación Correcta de Silla de Ruedas.

- Certificación de Discapacidad Por otro lado, se encuentra el Despacho de la Primera Dama de la Republica Dominicana, que es una instancia técnico administrativa con el objetivo de apoyar las iniciativas del Gobierno.

Desde este despacho se ha establecido como prioridad aplicar en su máxima extensión las políticas públicas y programas especiales destinados a proteger el bienestar de los y las dominicanas principalmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.

Dentro de los programas y proyectos ejecutados desde el Despacho de la Primera Dama de la Republica, se destaca el más importante que es El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) que tiene como objetivo general: “Establecer un modelo de atención para niños y niñas con las discapacidades con las que trabajamos, basado en la intervención multidisciplinaria con la finalidad de potencializar y desarrollar al máximo sus habilidades cognitivas, socioemocionales, adaptativas, psicomotoras y comunicativas, mediante estrategias educativas y terapéuticas que involucren a la familia y la comunidad.”

Este es el programa que está, de manera integral, totalmente diseñado para el cuidado de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Y para dar seguimiento y testificar el impacto de estos programas orientados hacia la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad dominicana, se ha creado el programa especial #RDINCLUYE¹ que consiste en reconocer las iniciativas que han tenido éxito en su accionar, contribuyendo a la pura y plena inclusión de personas con discapacidad.

Otra iniciativa gubernamental respecto al tema de cuidados, está el Plan Nacional Quisqueya Inicia Contigo, que tiene por objetivo “establecer un sistema de protección y atención integral de la primera infancia articulando y regulando los servicios existentes y buscando la ampliación de la cobertura y calidad de la atención a esta población.” Este plan de atención a la primera infancia Pag. 30

esta focalizado en grupo de interés de niñas y niños de 0 a 5 años de edad, sus familias y comunidades. Es plan multisectorial dentro de la Estrategia de Gobierno Quisqueya sin Miseria; creando Estancias Infantiles, teniendo como eje transversal la promoción y el acompañamiento a mujeres para la inserción al mercado laboral.

Este Plan Nacional está dentro del marco jurídico del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Ley n. 136-2003, Bajo el Decreto 491-12.

El Decreto 102-13², “declara de alto interés nacional la protección y la atención integral de todas las personas entre 0 y 5 años de edad que habitan en el territorio nacional, y la inclusión de todos los niños y niñas de 5 años de edad a la educación inicial, específicamente al grado preprimario.”

Art. 2 - Se crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, con el objetivo de ordenar, articular, integrar y regular la oferta de servicios existentes en el país, dirigidos a la atención y protección de la Primera Infancia y ampliar la oferta en cobertura y calidad, mediante la inclusión de un conjunto de estrategias de atención integral dirigidas a niños y niñas de 0 a 8 años de edad, sus familias y comunidades.

Art. 6 - El Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia en su versión operativa incluirá, en el actual periodo de gobierno. La construcción y puesta en servicio de 216 nuevas estancias infantiles, el desarrollo de una red de Atención Integral de Base Familiar y Comunitaria, con habilitación de 1000 centros Comunitarios y sus respectivas redes familiares, 4 Centros de Atención Integral a niños y niñas con necesidades especiales. Universalización del grado primerio para niños y niñas de 5 años y un programa de capacitación y certificación de Niñeras y Cuidadoras.

Este Decreto crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), como órgano desconcentrado funcional hasta que sea promulgada una Ley propia que regule esta institución.

Art. 7 – Se crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, para brindar servicios de atención integral a los niños y niñas menores de 5 años. El mismo será un órgano desconcentrado, funcional y territorialmente adscrito al Ministerio de Educación de la Republica Dominicana (MINERD) de manera transitoria, que le conferirá autonomía y descentralización.

PARRAFO I- El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia tendrá a su cargo organizar, y gestionar la prestación de servicios integrales a la Primera Infancia, en sus diferentes modalidades, en forma directa o mediante contratos y convenios con otras organizaciones e instituciones gubernamentales, no gubernamentales, de base social y basadas en la fe, en coherencia con el Plan Nacional y el modelo de atención establecido.

Legislación creada para el Trabajo Doméstico

Referencias

La socióloga uruguaya Teresita de Barbieri¹ inicia sus investigaciones respecto al trabajo doméstico cuestionando en qué medida el trabajo doméstico era necesario y necesario para qué, preguntas que la llevaron a la conclusión de que el trabajo doméstico era indefectible para la conservación de la vida humana “porque si no se hace el trabajo doméstico, alguna gente puede morir, definiéndolo el trabajo doméstico como “un conjunto de actividades que se realizan en el ámbito doméstico que van desde la compra de bienes, su elaboración para ser consumidos, a la prestación de toda una serie de servicios domésticos de limpieza, transporte, administración, que por lo general están a cargo de la mujer ama de casa” (1989: 21.22)

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Respecto al trabajo doméstico, en la Republica Dominicana, sus regulaciones están de manera expresa en el Código del Trabajo Dominicano, regalamiento especial y exclusivo para el trabajo doméstico en sus Arts. 258 al 265.

Los derechos reconocidos a las y los trabajadores domésticos remunerados y no remunerados que manan de la Constitución de la Republica que contiene estas disposiciones. El Código del Trabajo y su Reglamento de Aplicación, resoluciones adoptadas por el Ministerio de Trabajo y otras legislaciones como la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS); El Reglamento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 522-06).

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Madrid, IEPALA Ed, 1989. https://www.lai.fu-berlin.de/es/elearning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/frauenbereich/ barbieri/BAR_Konzepte/BAR_trab_dom/index.html Acceso: 01/09/2020

Son muchos los esfuerzos que se han realizado por grupos interesados en el reconocimiento y promoción de las mujeres dominicanas, y podemos decir que estos esfuerzos han sido fértiles en la búsqueda de incorporar en la legislación dominicana prácticas democráticas que permitan y hagan posible el ejercicio igualitario de los miembros de la sociedad, en atención a los derechos de las personas y su dignidad, abriendo camino a una sociedad plural.

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Disputas por la agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Por: Daniel Neto Francisco País: Brasil Estudiante de Doctorado por el Programa de Ciencia, Tecnología y Innovación, en la Universidad Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGCTIA/UFRRJ). Maestría en Desarrollo Territorial y Políticas Públicas (PPGDT/UFRRJ); Graduado en Administración Pública, en la Universidad Federal Fluminense (UFF).

Ha realizado estudios en temáticas de: desarrollo territorial, gestión social y políticas territoriales. Mediador a distancia en las disciplinas de: Relaciones Internacionales y Gestión de Redes de Cooperación, en el pregrado de Administración Pública (UFF/CEDERJ). E, en el Programa de Docencia, Investigación y Extensión en Desarrollo Territorial (PEPEDT/UFRRJ) junto al Colegio Territorial de la Bahía da Ilha Grande.

RESUMEN El concepto de sustentabilidad aún suscita grandes discusiones sobre su orientación práctica, construcción política e institucionalización en la agenda de gobierno. A partir de diferentes debates, es necesario comprender el carácter interdisciplinario e interdependiente entre el ámbito sostenible y las dimensiones: ambiental, social, económica, política, institucional y tecnológica. El principal objetivo de este trabajo es presentar la regresión de las políticas federales para incentivar la producción sustentable de alimentos; y, el proceso de liberación de plaguicidas, sin un marco de acciones que promuevan una mayor seguridad y aplicabilidad. Por otro lado, el rol relevante de la Agenda 2030 debe ser considerado como un instrumento para promover el diálogo con las comunidades tradicionales en torno a temas de desarrollo territorial. Para ello, la investigación asume dos fases diferenciadas: 1) Investigación documental: para relevar el marco teórico en torno a los conceptos de los ODS, la agricultura familiar y la perspectiva analítica del desarrollo sostenible. 2) Investigación telematizada: basada en datos del Ministerio de la Agricultura, Pesca y Abastecimiento (MAPA), y el Sistema Fitosanitario brasileño (Agrofit). Sin embargo, es importante señalar que el escenario no es solo de deconstrucción, son notorios otros

avances en la promoción de la agricultura sostenible, en el ámbito de la sociedad civil. De la estructuración de redes institucionales basadas en la organización social. Por lo tanto, este debe ser el eje de las acciones de ODS Brasil, construyendo acciones y políticas de producción y fomentando la sostenibilidad desde las propias demandas sociales.

Introducción: Hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin cuestionar el ámbito de la producción agrícola, e incluso la interdependencia de los sistemas agrarios y la seguridad alimentaria con las diferentes dimensiones que aborda la Agenda 2030, dejaría una gran brecha abierta. Por tanto, desde esta línea de investigación se advierte la relevancia de la agenda de políticas públicas y rurales para el desarrollo territorial, en la dimensión interdependiente con las otras esferas y dinámicas (social, económica, técnico-científica).

Con base en este principio, se toma como eje del estudio el análisis de la agenda de políticas institucionales en torno a la agricultura sostenible del gobierno federal brasileño, así como su orientación para el desmantelamiento de políticas territoriales alineadas con la agricultura familiar y la producción sostenible en los territorios locales. Para ello se abordan: 1) la discusión del marco teórico en torno a los conceptos que orientan el Objetivo de Desarrollo Sostenible y la agricultura familiar; 2) análisis del proceso de desarticulación de las políticas territoriales; y, 3) análisis del proceso de liberación y registro de plaguicidas, utilizando los datos disponibles en el Sistema de Plaguicidas Fitosanitarios (Agrofit ).

El desarrollo sustentable es todavía un término en construcción y tiene diferentes entendimientos, en vista de las orientaciones sociales de los grupos que lo discuten. Por tanto, su conceptualización y visión sistémico-metodológica sigue siendo objeto de controversia (SUGARAHA, RODRIGUES; 2019). Su disputa conceptual involucra el debate entre sustentabilidad fuerte (la que busca por protección total de los recursos) y sustentabilidad débil (que incluye la posibilidad de intercambiar los recursos ambientales por otras formas de capital). Sin embargo, la discusión va más allá al incorporar discusiones en la agenda ambiental para reducir el tema, llevando a la sostenibilidad solo como una dimensión de contribución ambiental. Orientación que no tiene en cuenta la interdependencia entre los sistemas y esferas de sostenibilidad: desde el mundo del trabajo, desde los arreglos institucionales y capacidades políticas, desde la erradicación de la pobreza y sus inequidades, las relaciones de consumo y producción, y las dimensiones de los territorios urbanos y rurales.

La propia definición de desarrollo es un concepto eurocéntrico, muchas veces “importado” de los países centrales, y promovido en las más diversas realidades de América Latina y comunidades tradicionales, de diferentes modelos y configuraciones sociales.

Eso debe reflejarse bajo las bases y concepciones históricas de los procesos locales. El ejercicio actual es la descolonización del concepto y la reflexión crítica de la propia Agenda 2030 y de los ODS desde la perspectiva de cada territorio.

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Para que exista la autonomía de los pueblos tradicionales en la construcción de sus propias metas y objetivos, qué caminos seguir. Al mismo tiempo, desarticulando, de esta forma, la noción de Agenda como un sistema cerrado de reglas que solo hay que obedecer.

Para el análisis de la agenda institucional para el desarrollo sostenible y la alineación de las políticas de la escala federal brasileña con la Agenda 2030, se utilizaron los datos disponibles en la plataforma Agrofit. También, los datos primarios señalados por el MAPA. Para el análisis de las otras dimensiones abordadas en torno a la agenda de desarrollo sostenible y agricultura familiar, se realizó una revisión bibliográfica, a partir de los conceptos tratados. Además del uso de datos primarios del Colegio Territorial Rural de la Bahía da Ilha Grande (BIG) e investigaciones ya concluidas en el territorio.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: de lo internacional a lo local Las discusiones teóricas sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible siempre rescatan el proceso de construcción del concepto de sostenibilidad, entre las décadas de 1970 y 1980. Como señala Roma (2019), los ODS provienen de los Objetivos del Milenio. Los cuales fueron el resultado de un primer esfuerzo por construir una agenda internacional para el desarrollo de las naciones. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, denominada Río + 20, fue un espacio para promover discusiones en torno a esta nueva agenda global; cubriendo importantes diálogos con instituciones de investigación, movimientos sociales y comunidades tradicionales.

Además de los 17 ODS, la Agenda 2030 también está compuesta por: “(...) 169 metas, que entraron en vigencia durante 15 años, a partir del 1 de enero de 2016” (ROMA, 2019, p. 06). No obstante, son necesarios más avances en la consolidación teórica sobre los ODS y su repercusión en los planes: nacionales y locales.

Uno de estos puntos es la materialización de esta agenda en los marcos institucionales de los gobiernos nacionales; así como, su propia aplicabilidad en los territorios y en las distintas especificidades de las comunidades tradicionales.

La relevancia de consolidar estas reflexiones puede expresarse en dos cuestiones fundamentales. La primera es que la Agenda 2030 no se materializa (o mejor dicho, es efectiva) a escala internacional de organizaciones transnacionales como la ONU, o incluso de Organizaciones no Gubernamentales Internacionales (ONG). De hecho, estas instituciones juegan un papel fundamental en la sensibilización de las causas y la promoción de prácticas sostenibles, muchas de las cuales ya están en línea con la Agenda 2030. Pero es a escala local donde se manifiestan los conflictos socio-territoriales, los impactos de los flujos productivos, económicos. y el ejercicio del poder (en sus múltiples dimensiones).

Es el lugar que recibe el impacto de las acciones humanas, los problemas relacionados con la falta de resiliencia de los espacios urbanos y las comunidades rurales, los problemas ambientales, los procesos de exclusión y la redefinición de los ámbitos públiPag. 34

cos y las dimensiones de la territorialidad (SWYNGEDOUW, 2010).

En segundo lugar, es necesario dilucidar como forma de promover la agenda de la sostenibilidad, la construcción de una esfera pública capaz de absorber demandas, conflictos y diálogos. Y establecer las demandas, riesgos y conflictos efectivos a enfrentar; para que el avance de la agenda se consolide en el ámbito de las instituciones para el desarrollo local. Y, para que en esto se puedan construir pactos territoriales (DALLABRIDA, 2013).

En este sentido, el desarrollo está directamente ligado a la implicación (relación) entre los diferentes agentes que comparten el espacio (LIMA, 2016).

Los dos alineamientos anteriores no escapan a la dimensión del fenómeno de los conflictos sociales: ya sean institucionales y/o de intereses de grupos políticos o empresariales (de sectores que lucran económicamente con sistemas productivos menos sostenibles); o incluso, conflictos ambientales, generados por los impactos de la falta de una planificación urbana y territorial sólida y comprometida con el mantenimiento de los tejidos sociales y ambientales.

Por lo tanto, la concepción teórica de los ODS en este trabajo entiende sus dimensiones como elementos interdependientes y totalmente relacionados. De esta forma, las dimensiones de la sostenibilidad y la agricultura familiar son consideradas como “conceptos básicos”. La sostenibilidad está de moda en dos ODS: 02 “erradicación del hambre y agricultura sostenible”, y 11 “ciudades y comunidades sostenibles”. Pero también está presente en las dimensiones de fomento: prácticas productivas de energía limpia, trabajo decente y erradicación de la pobreza, consumo y producción consciente, promoción de la innovación e infraestructura. Además de los ODS que tratan de la acción contra el cambio climático y la promoción de la vida terrestre y acuática. Por tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser considerados por una concepción interrelación y no por una etapa. Para el establecimiento de una acción y su conclusión no se considera para que se pueda promover otro ODS. Este alineamiento con la interdependencia compleja rescata la noción de desarrollo de Hirschiman (1996), que debe ser un proceso autorreflexivo, abierto incluso, al análisis de los elementos de incertidumbre y complejidad intrínsecos a los fenómenos sociales. En este sentido, destaca que el enlucido de la acción política a favor de una agenda construida en etapas disociadas.

En otras palabras, en un proceso “etapa”, que: “puede ser un arma de doble filo enumerar las cosas de esta manera” (HIRSCHIMAN, 1996, p. 83). Porque las políticas públicas no siempre son elementos disociados de otros ámbitos sociales. Y se puede utilizar de manera perversa, restringiendo las acciones públicas en temas esenciales con base en el argumento de que es necesario brindar, por ejemplo, estabilidad económica antes.

La agricultura familiar en el escenario de los estudios de desarrollo agrario es presentada por Bonnal, Cazella y Maluf (2008), como un modelo propicio para la “pluriactividad rural” y la multifuncionalidad de la agricultura. En cuanto a estos dos concep-

tos, las reflexiones y prácticas son inherentes a repensar la agricultura como una acción orientada únicamente a la producción comercial, o sólo a la subsistencia.

La concepción de agricultura familiar plural implica la convivencia de estas prácticas, con el fortalecimiento de los lazos e identidades tradicionales, con la promoción de la cultura familiar, con la preservación de prácticas de manejo y cultivares tradicionales, entre otras dimensiones. Eso pasa necesariamente por la funcionalidad múltiple del campo, defendida por ejemplo por los movimientos que luchan por la Reforma Agraria, como el Movimiento de los Sin Tierra (MST). Y, también, el papel activo de los movimientos sociales en el campo, como las Redes Agroecológicas que hacen posible la agricultura bajo un modelo de acción sostenible (BONNAL, CAZELLA, MALUF, 2008; PLOEG, 2006).

En este sentido, es necesario enfatizar la importancia de los sistemas de producción local desde la agricultura familiar como un sector de prácticas menos contaminantes y más sostenibles.

Como señalan Pereira Filho (2007) y Wanderley (2011, 2013), los segmentos de los grandes productores agrícolas lograron un gran crecimiento financiado por el Estado y generaron crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento produjo una fuerte desigualdad ya que no se alineó con la promoción de los pequeños productores rurales. Al mismo tiempo, el fuerte alineamiento con la perspectiva del marketing orienta el proceso de expansión de las actividades agroindustriales sin tomar en cuenta los ámbitos: ambiental y social.

La agricultura familiar tiene otro aspecto relevante, en cuanto a su capilaridad y fuerza para legitimar las prácticas locales, junto con las diferentes comunidades tradicionales y formas institucionales que conforman los territorios rurales. Esto se debe a que la agricultura es una práctica vivida en estas comunidades y tiene un vacío histórico en la actuación de las autoridades públicas.

El Informe de la ONU para la ubicación de la Agenda 2030 deja mucho que desear en sus directrices sobre cómo construirlo a escala local (ONU, 2016). Un punto relevante es la poca atención que se le ha dado al tema de la participación social y la construcción de junto con segmentos de la sociedad civil. Otra dimensión poco discutida en la agenda de la Agenda ODS es su interacción con los pueblos y comunidades tradicionales (indígenas, pescadores tradicionales, quilombolas y agricultores tradicionales).

De ahí que se resalte un punto, para una mayor aplicabilidad de la Agenda dentro de los territorios, es necesario dialogar con las perspectivas locales.

las dimensiones socioproductivas de las comunidades tradicionales en vista de la reflexión de prácticas sostenibles. Como indica Quijano (2015), la noción misma de dimensión estructural del concepto de desarrollo debe reflejar las prácticas y el modo de vida de las comunidades y pueblos originarios; sus formas organizativas y prácticas ancestrales.

Desarticulación institucional de políticas para la agricultura sostenible Las políticas territoriales en Brasil se establecieron en 2003, en vista de la necesidad de producir desarrollo rural. Se implementaron a través de la conformación de los denominados “Territorios Rurales” y “Territorios de Ciudadanía”, que ganaron espacio en la agenda del Gobierno Federal en los años siguientes, principalmente porque canalizaron los principales medios tácticos de las políticas de desarrollo agrario.

La política de los denominados “Territorios Rurales” se estableció bajo una metodología de desarrollo de territorios rurales monitoreada únicamente por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA). Con un alcance de acciones y un presupuesto restringido a la cartera (SILVA, 2017).

El Programa Nacional de Territorios de Ciudadanía fue creado en 2008. Y estableció dos aspectos relevantes de las políticas territoriales en el país, primero, en lo que respecta al fortalecimiento institucional de la agenda de políticas orientadas a la agricultura familiar. En un segundo aspecto, pero no menos relevante, dichas políticas fortalecen en ese momento, el concepto de estructurar acciones conjuntas y coordinadas a favor del desarrollo territorial sostenible.

En la siguiente figura, se puede identificar la articulación del entonces MDA y la Secretaría de Desarrollo Territorial (SDT) como los pilares institucionalizadores de la política territorial en Brasil:

Un proceso de construcción decolonial, donde los propios agricultores, en sus diferentes territorios, deben tener una perspectiva propia del “desarrollo” a alcanzar. Y, no solo estar sometidos a pautas internacionales como meros espectadores. El desarrollo no puede, por sí solo, ser un fenómeno natural. Sino, más bien, como instrumento de poder (ESCOBAR, 2011; ANJOS, 2014).

Y promoviendo la autonomía, la lucha de clases (RIBEIRO, 2019); y capacidades locales de (re) producción social. Por tanto, más que un ejercicio de promoción participativa (meramente consultiva), se debe resaltar el rol de las acciones comunitarias y Pag. 35

Como muestra la figura anterior, la articulación entre el MDA y la SDT trajo la institucionalización de nuevos espacios de política rural en Brasil. Espacios establecidos en dos aspectos fundamentales: 1) participación social y 2) intersectorialidad.

Respecto al primer punto, las instancias de participación social, es necesario aclarar la capilaridad de estos órganos colegiados en cuanto a promover canales de deliberación en los ámbitos locales.

En cuanto a la intersectorialidad, es necesario resaltar el aspecto multifuncional de la visión de desarrollo territorial propuesta.

Blume y Schneider (2014) destacan la importancia de los estudios que han resinificado la noción de rural, que incluso se presenta de forma multifacética e interdisciplinar. La “nueva ruralidad” en cuestión está guiada por la “multidimensionalidad” de la agricultura (CAZELLA, BONNAL, MALUF, 2012). Y para la replantear de los modos de vida y (re) producción social, así como la producción y organización del espacio rural (BLUME, SCHNEIDER, 2014).

La capilaridad institucional del MDA articuló espacios deliberativos de participación social en las escalas: municipal, territorial, estatal y federal. A través de consejos de desarrollo rural y órganos colegiados territoriales. Como ilustra la siguiente figura:

Francisco, Nascimento y Dias (2018) señalan la existencia de tres colegiados territoriales en el estado de Rio de Janeiro. Son: Colegio Territorial de la Bahía da Ilha Grande, Colegio do Noroeste Fluminense y Colegio do Norte Fluminense. A fines de 2016, se constituyeron 241 territorios rurales en todo Brasil. Estructurados como espacios de promoción y articulación de agricultores familiares y agricultores tradicionales.

Con el proceso de desarticulación de las políticas territoriales, solo el Colegio Territorial Rural de la Bahía da Ilha Grande (BIG) mantuvo en funcionamiento sus actividades. En 2015, el Colegio BIG comenzó a ser articulado, por el “Núcleo de Extensão para o Desenvolvimiento Territorial” (NEDETS), antes de la extinción del MDA. El grupo estuvo integrado por miembros del Laboratorio de Investigaciones en Desarrollo Territorial” (LPDT) de la Universidad Federal Rural Pag. 36

do Rio de Janeiro (UFRRJ); que mantienen actividades en el territorio, incluso después de la discontinuidad de las políticas territoriales en 2017.

El colegio se compone por agricultores, así como por otros grupos sociales como quilombolas, indígenas y pescadores locales.

Además de las instituciones de investigación, asesoría y extensión rural, y organismos municipales. Las articulaciones del colegiado denotan la complejidad de los temas relacionados con el desarrollo rural. Sin embargo, el debilitamiento de los colegios rurales indica retrocesos latentes en la promoción de espacios de diálogo y la concertación de intereses y agendas de desarrollo local.

Los cauces institucionales de los cuerpos colegiados territoriales podrían ser espacios de gran relevancia para la construcción colectiva de la Agenda 2030 desde la perspectiva de cada territorio, sin embargo, el proceso de desarticulación de los de desarrollo agrario dejó esta brecha, ya que muchos de estos espacios fueron descontinuados.

Entre los diversos debates académicos en torno a la agricultura familiar, hay que tener en cuenta que su estructura y formas organizativas no pueden entenderse plenamente a través de una perspectiva únicamente analítica. Esto se debe a que la agricultura familiar es un fenómeno multifacético que se puede entender desde diferentes perspectivas, sin embargo, aquí abordamos tres (03) pilares fundamentales: 1) la multifuncionalidad de la agricultura familiar sobre territorios; 2) la fuerte correlación entre la promoción de un sistema productivo sustentable y el incremento de acciones y técnicas para la preservación de cuerpos de agua y biomas; y, por último, pero no menos importante, 3) la capilaridad de la agricultura y su impacto en la legitimación de las políticas públicas bajo la dinámica local.

Otro espacio importante para la materialización de las demandas de la sociedad civil en el ámbito del gobierno federal brasileño fue el denominado: “Conselho Nacional de Segurança Alimentar” (CONSEA). El órgano colegiado tiene una historia de luchas por la construcción de agendas y acciones de seguimiento a favor de la seguridad alimentaria y nutricional en el país, aunque no está institucionalmente instituido como órgano consultivo. El espacio de deliberación del CONSEA reunió voces de diferentes segmentos y representaciones activas de la sociedad civil; lo que permitió su fuerte acción en la discusión de políticas públicas a nivel nacional, y una fuerte intervención efectiva.

Sin embargo, a principios de 2019 CONSEA fue extinguido por el entonces gobierno federal. Esto estableció un vacío institucional, sin otro espacio activo de representaciones a nivel federal con deliberaciones, seguimiento y propuestas de políticas relevantes para canales de producción más sustentables; tales como: la “Política de Aquisição de Alimentos” (PAA); y la “Política Nacional de Alimentação Escolar” (PNAE). A pesar de las movilizaciones sociales entre 2019 y 2020, el CONSEA no obtuvo autorización legal para retomar sus actividades.

Liberación de plaguicidas: contra la Agenda 2030 Los datos sobre compuestos químicos liberados como plaguicidas legales en el país están registrados en el Sistema de Agroquímicos Fitosanitarios (AGROFIT) desde 2016. En realidad, el sistema fue desarrollado en 1988, con el proceso de redemocratización en Brasil. Pero se ha consolidado como un instrumento de transparencia en cuanto al registro de plaguicidas, dando mayor publicidad a la cantidad de compuestos, empresas del sector y los respectivos registros autorizados. Según MAPA (2019b) el principal objetivo de AGROFIT es promover: Banco de informações de agrotóxicos e indicação de uso para combate a pragas, plantas daninhas e doenças, com o objetivo de oferecer alternativas eficazes na solução dos problemas fitossanitários. Disponível na página do MAPA para consulta pública (MAPA, 2019b).

Sin embargo, al analizar los datos de AGROFIT, lo que se observa es que el número de licencias en 2019 ha sido mayor que el número de plaguicidas registrados en el sistema. Este hecho pone de relieve una brecha entre el proceso de concesión de licencias y su publicación. Entre enero y agosto de 2019 se registraron en el Boletín Oficial (DOU) 169 tipos de plaguicidas químicos. La siguiente figura presenta un resumen de los principales tipos de plaguicidas liberados en el período comprendido entre enero y mayo de 2019:

En 2019, se registraron 199 compuestos. Y en 2020, hasta los registros publicados en agosto por AGROFIT, se clasificaron 176 nuevos compuestos químicos. Entre las empresas con mayor cantidad de compuestos lanzados en 2020 se encuentran: Dow Agrosciences Industrial Ltda. (12 registros) y Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda (11 registros). Es importante señalar que a pesar de la existencia de una plataforma para la publicación de nuevos datos de registro, existe una falta de transparencia en la aplicación de los datos presentados. Especialmente en lo que respecta a los estudios de impacto de estos nuevos compuestos lanzados al mercado brasileño.

Además de que algunos datos son inconsistentes, 166 compuestos liberados en 2020 se presentan en el registro general de compuestos en Brasil, pero en Agrofit están registrados 176 plaguicidas. Esto aclara la existencia de una brecha entre la información proporcionada a la población y el proceso de regulación de nuevas sustancias.

La mayoría de estos son de productos activos ya utilizados (52%), y que recibieron licencias en el país para nuevas composiciones (ya sea de otras empresas competidoras, o de las mismas ya activas). Otra porción, alrededor del 28%, es de nuevas fórmulas genéricas para productos existentes. Y, otro 15% de nuevos productos, segmento que suma una gran cantidad de productos más intensivos y nocivos para el medio ambiente y los agricultores que los manipulan. El siguiente gráfico resume la evolución del registro de plaguicidas en Brasil en el período comprendido entre los años 2011 y 2020 (hasta agosto):

Es importante destacar que entre 2017 y 2018 hay un fuerte aumento en el registro de plaguicidas en Brasil. Este aumento en el número de registros autorizados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y por MAPA está directamente relacionado con el reajuste de las políticas agrícolas en Brasil (FRANCISCO, 2019). Con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff (PT ), sectores políticos vinculados a la agroindustria acuerdan una ampliación de acciones para promover la agricultura de base terrestre, extensiva en el uso de tecnologías e insumos químicos (entre estos plaguicidas). En detrimento, se extinguen los canales para articular y promover políticas de promoción de la agricultura familiar.

Entre enero y junio de 2020, se contabilizan los tipos de pesticidas AGROFIT en Brasil. Todos estos ya han sido registrados y publicados tanto por ANVISA como por MAPA. Según AGROFIT, cuentan con la siguiente clasificación ambiental:

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Otro problema latente que incrementa el impacto y los peligros relacionados con el uso de los llamados plaguicidas químicos es la eliminación de sus residuos. Cuando se vierte en canales o cuerpos de agua, se puede generar contaminación, causando impactos en los alimentos y la salud humana y animal. También están los impactos generados por la disposición irregular de tierras, donde se produce la contaminación de suelos productivos.

O, incluso, en la contaminación del aire, por métodos incorrectos de pulverización y aplicación por medios mecánicos.

El gráfico anterior muestra que la mayoría de los plaguicidas liberados en Brasil son compuestos clasificados como muy peligrosos para el medio ambiente (45%): 1.057. En segundo, están los compuestos clasificados como peligrosos (35%) - 832. Otro 16% están clasificados como no muy peligrosos y solo el 1% - 11 compuestos - están clasificados como de bajo impacto y peligro ambiental. Lo que ilustra el panorama de fuerte impacto en los sistemas agroambientales, debido a la liberación, comercialización y manejo de tantos compuestos. A continuación, se muestra un resumen de los plaguicidas registrados solo en 2020 en Brasil:

Los plaguicidas pueden exponer a los trabajadores rurales, las masas de agua subterránea y la sociedad en su conjunto a diferentes riesgos; muchos de los cuales aún no han sido evaluados científicamente (CORCINO, et. al., 2019; ISMAEL, ROCHA, 2019). Según el informe de ANVISA sobre residuos de plaguicidas en los alimentos: muchos plaguicidas: “pueden aumentar los riesgos para el agricultor, si éste utiliza plaguicidas en desacuerdo con las recomendaciones” (ANVISA, 2016).

El peligro del uso inadecuado de compuestos químicos puede afectar directamente la salud de los trabajadores rurales. Principalmente por el uso de concentraciones indiscriminadas; manipulación inadecuada (sin equipo de protección adecuado); o incluso, en el proceso de eliminación, si los residuos no se eliminan correctamente. Sin embargo, existe un historial de desatención en cuanto a la promoción de políticas nacionales con el fin de generar conciencia sobre el manejo adecuado y la adopción de prácticas sostenibles como la recolección de residuos de plaguicidas, que pueden generar contaminación de fuentes de agua y suelo.

Con respecto a las intoxicaciones humanas generadas por plaguicidas en el país. Se puede aclarar, según datos del Ministerio de Salud, que en el período comprendido entre 2007 y 2014 la incidencia de notificaciones de intoxicación se duplicó con creces. La siguiente figura indica el aumento de la incidencia de notificaciones de intoxicación por plaguicidas en Brasil:

En los dos años analizados, el conjunto de plaguicidas con mayor número de compuestos liberados está clasificado como: muy peligrosos. Siendo seguido por la categoría de compuestos definidos como: peligrosos. Otro punto a destacar es que en los dos años analizados, los plaguicidas de bajo riesgo ambiental no aparecieron en la lista de Agrofit. Que mide el fuerte impacto ambiental de los compuestos pesticidas.

Dichos indicadores destacan el impacto de expandir la regulación de plaguicidas bajo una amenaza real para los sistemas ecológicos. Así como los trabajadores que manipulan los productos y las propias poblaciones rurales. Quién pueda tener contacto o verse más afectado por el manejo incorrecto o el uso desordenado de estos.

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El proceso de comercialización de plaguicidas creció gradualmente entre los años 2007 y 2014, pasando de una tasa de 7.84 kilogramos por hectárea, a aproximadamente 16.87 kilogramos por hectárea en 2014. Esto demuestra que el uso de plaguicidas en Brasil ha crecido, incluso en el período en el que había menos registros de nuevos pesticidas. Si este proceso de expansión del uso de plaguicidas por área sembrada se registra en patrones

Según la ministra de Agricultura, Pesca y Abastecimiento (MAPA), Tereza Cristina (DEM ), el aumento de los registros de plaguicidas es necesario para producir la entrada del país “en la modernidad” (ESTADÃO, 2019). Además, señaló que hay más de 2 (dos) mil productos pendientes de registro en el país (op. cit., 2019). Sin embargo, se puede resaltar la frágil aplicabilidad al realizar la liberación de plaguicidas sin reflexionar sobre los impactos socioambientales de esta medida. Impactos sobre los recursos naturales, y también sobre la población (no solo rural).

También en línea con este fenómeno está la falta de políticas complementarias como la conciencia de uso; la fiscalización de la aplicación de recetas de compra y venta; y el mantenimiento de técnicas e instrumentos de análisis más rigurosos para el proceso de lanzamiento de nuevos productos - compuestos químicos. Lo que ilustra el frágil panorama institucional de la Agenda 2030 y los ODS en Brasil, que no se reflejan en políticas tácitas que persigan objetivos como: ODS 2 “Hambre Cero y Agricultura Sostenible”; y ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”.

Pero a pesar de la deconstrucción en el escenario federal, es importante resaltar los avances institucionales a través de esferas estatales, como la construcción de Leyes Estatales de Agroecología, como en Río de Janeiro (RJ). Proyecto que es resultado de la movilización de sectores articulados de la sociedad civil, como la Articulación Agroecológica de Río de Janeiro (AARJ).

Así como, las propias redes de seguimiento de la Agenda 2030 en el país, establecidas a través de alianzas entre instituciones de investigación y organizaciones de asistencia técnica y sociales.

Estos procesos dialógicos de construcción colectiva promueven el fortalecimiento de la temática y acciones de los ODS con la sociedad, a partir de sus propias demandas locales. Modelo que articula una mayor capacidad participativa, legitimando las acciones públicas y consolidando la Agenda a través de las comunidades tradicionales. Diálogo que debe fortalecerse con la articulación de grupos cada vez más plurales, para que se resguarden los principios de agricultura territorial y sostenibilidad.

Conclusiones Generales Lo que se muestra es una brecha entre la desarticulación de las políticas territoriales y la promoción de la producción sostenible y agroecológica. Esto materializa una brecha entre la agenda institucional y la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La desregulación de los plaguicidas tiene efectos sociales complejos, que incluso se intensifican por la falta de una política de sensibilización sobre el almacenamiento, gestión y disposición de residuos tóxicos. Vinculado a esto, los efectos mismos de los activos químicos ya identificados están mal explicados a la población. Un proceso que se vuelve aún más complejo ante las demandas latentes de extensión rural y asistencia técnica a los productores.

Y los efectos de los nuevos compuestos autorizados siguen siendo un enigma. Ya que gran parte de las liberaciones ocurridas en 2019 se sometieron a un breve período de pruebas de laboratorio.

Tiempo insuficiente para analizar los impactos de este grupo de nuevos compuestos a medio y largo plazo tanto en los sistemas ecológicos como en el propio cuerpo humano. En este contexto, existe un vacío de investigación para comprender los efectos sistémicos de este proceso.

En cuanto a la dimensión y aplicabilidad de la Agenda 2030, se puede destacar el papel destacado de los procesos participativos y la promoción de redes institucionales basadas en la sociedad civil. Establecer, de esta manera, la ubicación de los ODS en base a las necesidades y prioridades de las comunidades y pueblos del territorio. Sin embargo, este proceso de construcción solo puede ser efectivo a través de canales participativos, dialógicos y promoviendo el rol de los agentes sociales a través de espacios de discusión colectiva como los colegios territoriales rurales y los consejos de desarrollo rural, orientando el tema de la sostenibilidad como un concepto plural y multifacético.

En cuanto al manejo y disposición de compuestos, existe evidencia de un vacío institucional histórico en cuanto a políticas sólidas en esta área. Campo que debe tener mayor atención por parte de la acción pública, debido al proceso de expansión de la comercialización y uso de plaguicidas en el país. Además, existe la necesidad de reflexionar sobre este tipo de iniciativas, debido al proceso de expansión de los plaguicidas liberados en el país. Eso, en consecuencia, debería producir una intensificación mayor que la ya registrada en períodos anteriores en el uso de plaguicidas en Brasil. Se señala aquí, la posible interacción entre acciones que minimicen dichos impactos, la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley 12.305 de 2010) y la meta 04 del ODS 02, que es la búsqueda de sistemas sostenibles de producción de alimentos.

Logo, faltan por hacer una construcción más dialógica entre el marco de referencia da Agenda 2030, los ODSs y las comunidades tradicionales. Sea, por intermedio de espacios de la esfera pública, enfocados a la participación. O entonces, pela construcción colectiva de los movimientos sociales aún que no institucionalizados; más que fomentan acciones prácticas que consolidan las más diversas dimensiones del desarrollo sustentable para sus comunas y territorios. Así como, fomentar políticas que estimulen practicas alineadas com los Objetivos del Desarrollo Sostenible, como a agricultura orgánica y agroecológica, menor uso de plaguicidas y regulación de compuestos menos nocivos a los agroecosistemas.

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ciudades industriales las cuales, fueron el polo de atracción de la migración proveniente de los espacios rurales del país.

El papel de los gobiernos municipales en México en la construcción de comunidades sostenibles Por: Ana Karen Flores Guzmán País: México Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Jefe de Planeación y Asuntos Internacionales del Gobierno Municipal de Tultitlán, Estado de México; ha participado como ponente en el Congreso Internacional “El municipio ante la crisis del federalismo mexicano”, de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, con el tema “Asociacionismo Intermunicipal: Política pública para la Gestión Metropolitana en México”

Introducción Hablar de ciudad y sus problemáticas como la segregación, la marginación, pobreza urbana, como la mala calidad de los servicios públicos y el desarrollo centralizado de ciertas estructuras urbanas, implica también, una tarea en términos de planeación y gestión urbana, la cual no ha sido sencilla de llevar a cabo, puesto que, recae en uno de los órdenes de gobierno con menos recursos y más problemáticas: el gobierno municipal.

La propuesta de este texto es la necesaria mirada retrospectiva a las potencialidades locales, a las problemáticas, un diagnóstico del municipio que sí bien busque en su política alinearse a estrategias nacionales e internacionales de desarrollo, como la Agenda 2030; lo haga en virtud de sí mismo, respondiendo a su realidad heterogénea, a su singularidad y especificidad; que va desde el reconocer qué potencial tiene el gobierno local y cuáles son las acciones más loables que permitirán mejorar el ejercicio de las funciones y facultades mandatadas constitucionalmente, pero también, como pueden éstas coadyuvar al logro de metas globales.

Desarrollo El acelerado proceso de urbanización que acontece a escala mundial, ha puesto de manifiesto la Primacía de lo urbano como característica global del territorio. En el caso mexicano, este proceso se acompañó de crecimiento económico, que fundó

Derivado de esta migración e inversión estatal en estos nuevos centros industriales, estos fueron también mutando en sus características para convertirse en espacios ofertantes de bienes y servicios, con actividades económicas secundarias y terciarias, fuentes de empleo, polos de desarrollo.

Hoy en día, tres cuartas partes de población mexicana vive en una de las 404 ciudades, 74 zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos mayores de 15 mil habitantes, que conforman en Sistema Urbano Nacional (SEDATU, CONAPO, 2018). Es notable la elevada concentración población en las ciudades, sobre todo, sí se toma en cuenta que en México existen 2,458 municipios.

Las implicaciones que estos fenómenos han tenido en términos territoriales, reflejan no sólo la edificación de ciudades con problemáticas tales como, la segregación, la marginación, pobreza urbana, mala calidad de los servicios públicos y el desarrollo centralizado de ciertas estructuras urbanas, sino también, una tarea en términos de planeación y gestión urbana que no ha sido sencilla de llevar a cabo, puesto que, recae en uno de los órdenes de gobierno con menos recursos y más problemáticas: el gobierno municipal.

Gracias a la organización federal del Estado Mexicano, el ejercicio del poder se divide entre el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal; lo cual supondría un equilibrio de poder, sin embargo, diversos estudios han caracterizado al federalismo mexicano como uno dual, que “subordina” a los gobiernos municipales El Estado mexicano a través del gobierno y la administración pública federal, diseñó e implementó desde 1940 las principales estrategias de política que permitieron la regulación de los procesos urbanos en el territorio, así como, su institucionalización.

La planeación es uno de los principales instrumentos de la política urbana, de acuerdo con Manuel Castells (1974), es entendida como la forma de intervención de los aparatos del Estado en todas sus variantes sobre la organización social del espacio. De este modo la planeación es:

“Un proceso social de toma de decisiones, ejecución de acciones y aprovechamiento de recursos y medios existentes; se integra por un complejo de normas, documentos y acciones que son elaborados y aplicados por el gobierno, para cumplir con una serie de principios políticos y propósitos de desarrollo.” (Iracheta, 1997:173-174) Para la correcta comprensión del Estado, la política urbana y sus instrumentos se debe analizar, la organización política y territorial del Estado, niveles de gobierno y las competencias y facultades que les corresponden en materia urbana. En el caso mexicano en la Constitución Política de 1917, se estableció el federalismo como forma de organización política, territorial y administrativa del Estado, ello implicó que en el pacto federal Pag. 41

se reconociera la existencia de tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. El gobierno municipal se constituyó como la base de dicha organización, y por ende, el gobierno más cercano al territorio.

Sin embargo, debido al centralismo que imperó fuertemente en el país durante el siglo pasado, al gobierno municipal no le fue reconocida esta cercanía ni las funciones, facultades y competencias relacionadas con los procesos urbanos que impactaban en su territorio. Por el contrario, fue el gobierno federal el actor preponderante y del cual emanaron las principales políticas para la administración del territorio y la regulación de los procesos, tendencias y problemáticas que surgieron debido a la acelerada urbanización del país.

A partir de1980, el papel del Estado en la regulación y administración territorial cambió y gracias al proceso de descentralización, se produjó, por un lado, la sectorialización de la política urbana, y por otro, los gobiernos municipales tuvieran importancia ineludible como gobierno de las ciudades, es decir, como principal institución del Estado a cargo del gobierno en el territorio.

Reforma constitucional de 1983, al articulo 115 constitucional En contexto, los procesos de descentralización de finales del siglo XX, fueron resultado y profundización de la ola democratizadora que aconteció en la mayor parte de los Estados latinoamericanos, la cual representó un cambio político y económico en el marco de un nuevo modelo de desarrollo. Una de las principales características de este proceso, recayó en dotar a los gobiernos locales de capacidades que permitirían incrementar los ingresos endógenos, mejorar la asignación del gasto, así como fortalecer el uso de mecanismos locales de participaciones ciudadana.

Del mismo modo, el proceso de descentralización tuvo como objeto disminuir las funciones desempeñadas por el gobierno y la administración federal. También la reestructuración de las instituciones que tenían a su cargo la regulación, control y promoción del desarrollo de las ciudades. En este contexto, surge la reforma constitucional al Artículo 115 del 3 de febrero de 1983.

En la iniciativa de reforma se estableció que el municipio representaba la institución más arraigada en la vida cotidiana y el quehacer político de los mexicanos, reconoció que la dinámica centralizadora del federalismo limitó sus capacidades institucionales, facultades y competencias.

En la reforma constitucional de 1983 se introducen cambios en el diseño constitucional del municipio, ésta reforma ofreció una definición puntual sobre “las funciones que tendrían que llevar a cabo los ayuntamientos como responsables de la administración pública urbana y porque les dio los medios fiscales y ámbitos de decisión propios que, hasta entonces todavía descansaban en los poderes de los estados” (Merino, 2007: 19).

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Los cambios que introduce la reforma constitucional de 1983, permitieron a los municipios desempeñar un nuevo rol ante la vida comunitaria que sucede en el territorio, aumentó sus responsabilidades como prestadores de servicios y constructores de obra pública. De manera similar, les fue asignada la planeación urbana convirtiéndose en una actividad fundamental de los municipios, al igual que la prestación de servicios públicos de carácter urbano.

Asimismo, la citada reforma impactó en las relaciones intergubernamentales entendidas como vínculos de coordinación, de cooperación y de apoyo mutuo o intercambio de acciones que se dan entre dos o más instancias de gobierno1, pues permitió que los municipios celebraran convenios de coordinación con sus respectivos estados y la federación. Asimismo, abrió la posibilidad de que los municipios suscribieran convenios de coordinación con los gobiernos estatales y entre sí, para la atención de problemas comunes entre dos o más municipios.

En el amito fiscal, se abrieron nuevas posibilidades de fuentes de ingresos: impuestos a la propiedad inmobiliaria e impuestos por servicios públicos. Con ello, a pesar de que la crisis de las finanzas municipales y la dependencia de la federación no desaparece, esta puerta de entrada hacia un ámbito recaudatorio propio no tiene menor importancia.

A pesar de estos destacables avances se debe considerar un factor crucial que ha definido el papel del municipio históricamente: la voluntad centralizadora del federalismo mexicano, por ello Si la autoridad central manifestó una cierta voluntad de devolver responsabilidades a los gobiernos locales, no fue porque súbitamente éste haya perdido su voluntad centralizadora, sino porque se había iniciado ya la gran crisis del modelo económico y el gobierno federal se encontraba en un déficit fiscal enorme, y con una legitimidad mermada por la ineficiencia generalizada del sector estatal (Merino: 1994,243).

El tipo de descentralización que se inicia en 1983, se puede clasificar como una descentralización administrativa, pues a pesar 1 Esta idea se basa en el trabajo de Deli Wright, (1997), Para entender las relaciones intergubernamentales, México, Fondo de Cultura Económica, pág. 9.

que el ámbito fiscal municipal se fortalece en cierta medida, la descentralización política está ausente dado la persistencia del control político desde el centro, que determina ámbitos importantes como la cuestión de cómo se suspende un ayuntamiento y también, las formas en cómo se generaría la coordinación intergubernamental en termino de convenios.

A merced de éste importante avance, hasta entonces los municipios representaron una instancia administrativa, sí una institución estatal, pero sin la fuerza de ser gobierno, estaban subordinados al gobierno estatal en primer lugar, y al gobierno federal eran parte de su administración y no tuvieron el carácter de gobierno.

El Municipio reconocido como gobierno: La reforma municipal de 1999 En México, las esferas de poder federal y estatal han tenido mayor relevancia, por ello, el modelo federal mexicano podría caracterizarse como dual2. Hasta 1999, las legislaturas estatales se encargaban de la regulación de las cuestiones municipales, con ello, el municipio quedaba subordinado al estado.

Fue en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (19942000) que se presentó como prioridad el tema de la reestructuración del federalismo, con el objetivo de hacerlo más horizontal y cooperativo. Para ello, fue impredecible el reconocimiento constitucional del municipio como gobierno.

El escenario en el que se formuló la reforma constitucional al Artículo 115 de 1999 fue más diferenciado, plural, abierto y con mayores voces a favor de los municipios. Sucedía en el país un periodo de transformación en diversos ámbitos de la vida pública, así como los reclamos iniciales por la democracia; la alternancia política era ya, una realidad para muchos municipios del país en esa época.

Estos factores cuestionaron los mecanismos centralizadores del Estado y exigían que el municipio fuera reconocido como gobierno y no solamente como instancia administrativa. Los avances de la reforma constitucional de 1983 habían generado un precedente importante para el fortalecimiento municipal, pues era impredecible que el municipio tuviera claridad en torno a sus competencias y facultades, a su patrimonio y la apertura de más fuentes de ingresos.

gobierno.

Como se señaló en párrafos anteriores, hasta antes de 1999 los municipios habían sido instancias administrativas; en este sentido, se debe diferenciar que la administración consiste en la organización y la ejecución de ciertas tareas, es una actividad que se integra como parte de la acción gubernamental. Al ser elevado como gobierno al municipio se le reconoce la dimensión política, como arena para el ejercicio del poder del Estado.

En la reforma se detalla cuáles son las facultades exclusivas del municipio en el ámbito reglamentario, de servicios públicos municipales, y en términos de leyes estatales y federales, es decir, ningún otro gobierno puede desempeñar estas funciones, aunque pueden participar en el marco de una coordinación intergubernamental.

De igual manera, los municipios a partir de 1999, pueden prestar servicios públicos de manera asociada entre dos o más municipios de un mismo estado, o incluso, de entidades federativas vecinas, esto es, la facultad asociativa intermunicipal.

En suma, el avance de esta reforma constitucional consiste en que los municipios ya no están subordinados de facto a la esfera estatal, se asumen como parte activa de la federación. Las reformas constitucionales al artículo 115 de 1983 y 1999:

“No ensanchan los poderes del ayuntamiento para que determinaran con autonomía su desarrollo integral, sino para que se hicieran cargo específicamente de mejorar la calidad de la convivencia en los asentamientos urbanos.” (Merino: 2007, 24).

Una vez que se abordó la importancia creciente para el fortalecimiento federalismo, la renovación de las relaciones intergubernamentales y para su fortalecimiento institucional, financiero y de su autonomía gracias al reconocimiento de sus facultades y competencias; resulta fundamental decir que, con facultades exclusivas de impacto urbano los municipios son el gobierno de las ciudades. En el territorio dónde deben suministrarse eficazmente servicios públicos, planificar el desarrollo urbano y mejorar en sentido amplio, las mejorar las condiciones de vida para los habitantes de las ciudades y de la ciudad en sí misma.

Sin embargo, una de las circunstancias en las que el municipio llega esta reforma se refiera a que “nunca antes la Constitución Política les había dotado de instrumentos jurídicos capaces de garantizar un ámbito propio de atribuciones, ni había establecido con precisión en qué consistían esas facultades exclusivas de los gobiernos municipales” (Merino: 2007, 22). Es así como, el gran avance de la reforma de 1999 consiste en que por primera vez los municipios son reconocidos constitucionalmente como 2 Su formulación teórica se remonta a Madison en tanto que hacía hincapié en la soberanía de los Estados frente a la Unión. Una de las características más relevantes es que el Estado Federal y los Estados federados mantienen separas sus competencias y responsabilidades, las cuales se hallan definidas en la Constitución, por lo que actúan de manera separada e independiente, por lo que existe entre niveles de gobierno más que cooperación, tensión.

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de la biología, desde su nivel básico, de educación para el hogar la sociedad civil y, las personas cómo usted y cómo yo para alcanzarlos? establecer el recurso de controversia constitucional con el gobierno federal o estatal, pueden hoy abogar por sus atribuciones y competencias constitucionales.

Lo anterior es fundamental para debilitar la subordinación política de los gobiernos municipales, y fortalecer su autonomía, lo cierto es, que ello no elimina la debilidad financiera, institucional y técnica que los municipios tienen a la hora de cumplir sus funciones. Continúan siendo el eslabón marginado del federalismo mexicano, pero no son, necesariamente el más débil.

Los municipios frente al cambio urbano, funciones y responsabilidades gubernamentales La planeación y regulación del desarrollo urbano es una estrategia fundamental para las ciudades, esta es desempeñada por el gobierno municipal en el ámbito de su jurisdicción. El gobierno municipal instrumenta esta tarea a través, del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, el cual contiene los principales y objetivos y políticas, así como, una referencia a la situación geográfica y socioeconómica del municipio, las condiciones de las obras y servicios públicos existentes e identifica las prioridades de atención.

El gobierno municipal también cuenta con dos instrumentos más, el Plan Director de los Centros de Población, y dada su facultad reglamentaria, dispone de Reglamentos municipales como los de obras públicas, construcciones y fraccionamientos (supra cuadro 3).

A pesar de que el municipio cuente con estas herramientas, la realidad es que, la política de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial es una política tripartita, es decir, existen atribuciones concurrentes entre los tres órdenes de gobierno, aunque el marco político y legal en México no ha terminado de definir con absoluta claridad, cuales tareas deben corresponder a qué orden de gobierno. Como se desarrolló en líneas anteriores, la reforma de 1983 y 1999 al artículo 115° constitucional son un gran paso en la tarea de definir competencias y facultades, debido a circunstancias como las limitaciones financieras, técnicas, y de personal, son pocos los gobiernos municipales que pueden cumplir eficazmente con estas funciones urbanas.

Cuando se presenta esta circunstancia, son los gobiernos estatales quienes asumen las responsabilidades y atribuciones, sin embargo, en la Constitución Política no se define qué ámbito gubernamental decide si los municipios pueden o no asumir sus funciones. De manera tradicional y debido al centralismo político, los gobiernos estatales decidían hasta qué punto los gobiernos municipales podían o no cumplir con sus funciones, empero, gracias a que los gobiernos municipales en la actualidad pueden Pag. 44

A pesar de que, constitucionalmente el gobierno municipal tiene la facultad de formular y aprobar planes de desarrollo urbano, estos cuentan con aplicabilidad en su ámbito jurídico-territorial, no obstante, el logro de un adecuado desarrollo urbano del país es un esfuerzo de alcance nacional que es asumido por cada orden de gobierno. Los municipios de nuestros días se encargan de la prestación de servicios urbanos y de planificar el ordenamiento y desarrollo de su territorio funciones que son determinantes para las ciudades.

Es el gobierno municipal el gobierno más próximo al territorio y, por tanto, el fortalecimiento de relaciones intergubernamentales horizontales y del federalismo cooperativo, es clave en el diseño durbana de Estado, que tenga como pilar fundamental e insustituible a los gobiernos municipales.

Qué falta por hacer, cómo pueden los gobiernos municipales promover ciudades y comunidades sostenibles México es un país altamente diferenciado, cuyos problemas y realidades reflejan la necesidad de construir políticas desde lo local, que observen dicha heterogeneidad como fortaleza. En este sentido, la Agenda 2030 como un marco homogéneo de objetivos y metas, representa un reto en su implementación y cumplimiento.

Los gobiernos municipales como gobierno de las ciudades, no cuentan con el mismo desarrollo institucional, recursos financieros, técnicos y humanos, incluso la población que habita en su territorio representa un reto en materia de cohesión social, participación ciudadana; sumado a las problemáticas que derivan de la desigualdad económica, los cuales se agravan y complejizan en los espacios urbanos mostrando que, lo urbano no es sinónimo de pleno desarrollo.

La Agenda 2030 con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede representar para algunos municipios una exigencia externa que agrava y revela la necesidad de re pensar el cómo se formulan las políticas públicas, los actores que en estas intervienen, su implementación y evaluación; cuál es la visión de ciudad, qué líneas de acción son pertinentes y que aspectos del municipio como institución política, que incluye un territorio, población y gobierno debieran armonizarse en un esfuerzo conjunto y descentralizado por trabajar en favor del desarrollo de las comunidades.

Como se explicó en párrafos anteriores, en México los gobiernos municipales no contaban con la facultad de planificar el desarrollo urbano de su territorio, sobre el cual se asentaron una diversidad de problemáticas que denotan el sentido anárquico y la falta de regulación en esta materia.

El gobierno municipal en México, históricamente ha permanecido subordinado y con capacidades acotadas, es el gobierno que hace más con menos, la vida del país pasa por su territorio, irremediablemente en la circunscripción de un municipio, que además, debe enfrentarse a las problemáticas que rebasan límites territoriales.

Parece ser claro el impulso internacional y nacional que ha tenido la Agenda 2030 como marco de referencia; ha llevado a que los Planes de Desarrollo Municipal y de Desarrollo Urbano deban alinearse a estos lineamientos, lo cual implica que los programas y líneas de acción de un modo u otro busquen dar cumplimiento a las metas de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Lo anterior no pone en duda, que el objeto de la Agenda 2030 no sea loable y positivo para las sociedades a escala global. Más bien, deja ver los grandes pendientes que en realidades como la mexicana, increpan el potencial de un gobierno municipal para ser gestor de su desarrollo.

Se observa en primer lugar, debilidad financiera pues los gobiernos municipales reciben a través del gasto federalizado, la menor de las partidas presupuestarias, ya que gran parte de los egresos se centran en el ejercicio de las funciones del gobierno federal.

Asimismo, es persistente la endeble capacidad de recaudación por conceptos como el impuesto predial que representa una de las principales fuentes de los Recursos Propios municipales3.

Sin recursos financieros que permitan cierto grado de autonomía, la tarea de financiar las líneas de acciones de los programas presupuestarios, representa un reto para los gobiernos municipales, se dificulta el profundizar los proyectos de largo plazo que permitan el logro de objetivos tales como la sostenibilidad.

Conjuntamente a esta situación, se encuentra el periodo gubernamental que de manera generalizada, es de tres años; es difícil mantener la continuidad dado que, el ascenso al ejercicio del poder por partidos políticos diferentes o bien, alcaldes cuya visión no es congruente con la de su predecesor, renueva cada trienio la visión de ciudad a impulsar y lo necesario para su logro. De igual manera, la falta de una clase política que vaya más de los intereses partidistas, que sea capaz de reconocer aquellas estrategias que, en el mediano y largo plazo, tengan un efecto positivo en favor de los ciudadanos y desarrollo ordenado sostenible de las ciudades.

En este sentido, la capacidad de resiliencia de una ciudad queda fragmentada por la falta de continuidad e integralidad, es prioritario reconocer que el logro de este objetivo, requiere propiciar en la ciudad las condiciones para que esta gestione las crisis y coyunturas eficientemente y que pueda en todo caso, fortalecerse y mejorar su adaptabilidad a los cambios.

El logro de las metas del Objetivo 11 de la Agenda 2030, ciudades sean más inclusivas, seguras y resilientes y sostenibles; pone a debate, cómo en la ciudad, no es sólo el gobierno municipal el responsable de la promoción de una visión renovada de planeación y gestión urbana, son la multiplicidad de actores económicos, sociales, académicos, políticos, quien deben no sólo incluirse como beneficiarios, sino también integrarse como gestores.

Es ineludible que, para el logro de las metas que promueve el citado Objetivo, es fundamental el fortalecimiento de una visión de gobernanza, que derive en procesos participativos y descentralizados que, a su vez, coadyuvarán en continuidad de las estrategias que posterior a su evaluación, logren las metas planteadas, esto además, permitirá reconocer que hoy día, no es una tarea exclusiva del gobierno local encargarse de transformar las condiciones de una ciudad.

3 El gasto federalizado se refiere a los recursos que el Gobierno de México transfiere a las entidades federativas y municipios, en 2020 este recurso ascendió a $1, 972, 054.5 millones de pesos; se compone de Participaciones Federales ($944, 270.6 millones de pesos), Aportaciones Federales ($884,279.8 millones de pesos), Convenios ($123,493.3 millones de pesos) y Subsidios Ramo 33 ($15,010.9 millones de pesos).

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2020).

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Reflexiones finales Como se describió en el desarrollo de este documento, la Agenda 2030 y su implementación a escala local, ponen de manifiesto la diversidad de circunstancias que resultan desfavorables para los gobiernos municipales.

Sin embargo, es también una puerta que se abre para poder potenciar las capacidades locales, con ejes rectores que resultan sustanciales para el desarrollo urbano sostenible, como lo es la resiliencia, la inclusión y la seguridad, como parte de una visión de hacia dónde deben encaminarse los esfuerzos, con objeto de devolver a la ciudadanía el concepto de ciudad como espacio de vida, más allá de su funcionalidad urbana.

Los gobiernos municipales pueden establecer alianzas con los actores relevantes en su territorio, con otros gobiernos municipales nacionales, pero también con gobiernos locales en el extranjero, con diversos fines, que pueden versar sobre la cooperación técnica hasta el financiamiento económico.

La capacidad de resiliencia de la ciudad estriba justo en cómo gestionar la desventaja y encontrar los mecanismos que permitan que de manera descentralizada y horizontal se construya una visión más cercana a grandes objetivos de desarrollo.

Comprender que estamos ante un momento clave, que requiere de proactividad local no sólo en el discurso y los formatos políticos, sino que implica incluso una depuración de las visiones arraigadas que colocan a los gobiernos municipales como inoperantes, son hoy día quienes tienen a su cargo gestionar los recursos que fortalezcan sus políticas.

Asimismo, consideramos que la Agenda 2030 pone en escena la necesidad de formular políticas urbanas más transversales y cooperativas, dentro de las diversas áreas que integran la administración pública local, pero también con el orden de gobierno estatal y federal. Relaciones intergubernamentales e interinstitucionales que renueven el papel histórico de los municipios, e incluso que lo proyecten a escala internacional.

Sobre todo, rebasar las formas tradicionales y funcionales de la política urbana que ya no responden a la realidad de la ciudad, para ello el gobierno municipal es clave, sin una planificación y gestión que se nutra y responda a la realidad territorial ¿Cómo puede entonces, lograrse el desarrollo urbano sostenible y hacer ciudad en términos de inclusión, seguridad y resiliencia?

Referencias Harvey David, (2013), Ciudades rebeldes: Del derecho a la ciudad a la revolución urbana, España, Akal.

Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, La administración y reglamentación del desarrollo urbano municipal, 25 de agosto de 2020, http://www.inafed.gob.mx/work/models/ inafed/Resource/335/1/images/guia23_la_administracion_y_reglamentacion_del_desarrollo_urbano_municipal.pdf Pag. 46

Iracheta Alfonso, (1997), Planeación y Desarrollo, México, Plaza y Valdés.

Merino Mauricio, (1994), La democracia pendiente: Ensayos sobre la deuda política de México, México, Fondo de Cultura Económica.

Merino Mauricio, (2007), Para entender el régimen municipal de los Estados Unidos Mexicanos, México, Nostra.

ONU-Hábitat, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 31 de agosto de 2020, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ Secretaría de Desarrollo Urbano Agrario y Territorial, (2018), Catalogo del Sistema Urbano Nacional 2018, 30 de agosto de 2020, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ file/400771/SUN_2018.pdf Secretaria de Hacienda y Crédito Público, (2020), Infografía del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 31 de agosto de 2020, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/ PTP

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la sociedad civil y, las personas cómo usted y cómo yo para alcanzarlos?

El trabajo decente y el crecimiento económico: ¿Qué falta por hacer?

Por: Iann Magaly Pérez Barrera País: México Abogada egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene una Especialidad en Derecho del Trabajo por el Instituto de la Judicatura Federal Mexicana. Actualmente cursa el Taller “Juzgar con Perspectiva de Género” impartido por la Escuela del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una Certificación en Servicios Esenciales para Atención de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia por la ONU, un Curso en Derechos de la Infancia y Acceso a la Justicia impartido por la UNICEF y la Oficina de la Defensoría de Derechos de la Infancia. Dentro de su trayectoria laboral, en el Sector privado se ha desempeñado como abogada litigante para el Despacho Laboral Albarrán y Asociados. En el Sector Público ha laborado para Dependencias Federales como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República.

Columnista en la Revista Latinoamericana de Derecho IUS LATIN del Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Jurídicas, donde ha publicado Artículos como: “Hijos de mujeres privadas de la libertad: La primera infancia que no se tendrá”, “Violencia de Género: El hogar no es un lugar seguro cuando lo compartes con tu agresor”. Forma parte de la Mesa de trabajo “Estado de Derecho” en el Comité Editorial de la Revista de la Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Políticas y Gestión Pública, así como, Ponente y Coordinadora Académica del Sector Juvenil de la misma.

Introducción En el año 2015 la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o simplemente y mejor conocidos como ODS, eran algo lejano, una cuestión si bien no ajena; sí, bastante distante, sin embargo….

A cinco años de aquella reunión que líderes mundiales de la Organización de las Naciones Unidas sostuvieron con motivo de asegurar la prosperidad del planeta del cual todos formamos parte, ¿qué ha ocurrido?, ¿cómo se encuentran tales objetivos?

Y, sobre todo: ¿Qué han hecho: los gobiernos, el sector privado, Pag. 48

Y, sobre todo: ¿Qué han hecho: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y, las personas cómo usted y cómo yo para alcanzarlos?

La Agenda 2030, pretende unificar cinco principales fines: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas, todo ello a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha enfatizado que la recuperación de la crisis de la COVID-19 debe conducir a una economía diferente. Y es que, esta pandemia puso de manifiesto la vulnerabilidad no solo de los sistemas de salud sino, de la economía del mundo entero.

Sin importar si se trata de una potencia, sin importar la ubicación de determinado país en el globo terráqueo, lo cierto es que, nunca la salud, economía y bienestar e incluso la vida, de las clases privilegiadas había dependido y, sobretodo, en qué medida; de la salud de los menos favorecidos.

Ante lo cual, queda expuesta no una nueva normalidad sino, una nueva realidad en la que debemos más que nunca velar por el cumplimiento de los ODS, especialmente, contribuir a la recuperación de las economías tanto consolidadas como pujantes, a impulsar al sector público y privado, al pequeño y al gran comerciante, apostar no solo por los empleos ya conocidos o tradicionales sino a la innovación, creatividad y liderazgo de todas las personas en el mundo.

La actualidad ya no permite quedarnos con la reservada idea de un salario, depender de este ya no es suficiente pero… si han existido personas que han sobrevivido a crisis económicas, pandemias, desastres naturales y guerras mundiales, entonces, ¿qué nos falta por hacer?

Para comenzar, ¿qué es el Trabajo decente?

El acceso al trabajo remunerado no es garantía de trabajo decente…

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en en el lugar de trabajo y protección social para las familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración social.

del derecho a un mínimo vital y mediante el reconocimiento al derecho del trabajador a “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (artículo 23.3). Y, por otro lado, el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25.1). Y que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona adentro de la sociedad sin privaciones irracionales”. Estos derechos sociales se basan en el principio de igualdad. Tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su libertad.

La creación, mantenimiento y mejoramiento del trabajo decente va de la mano con el sostenimiento de niveles de inversión social que garanticen el acceso universal a la educación, la salud, los sistemas de protección social, la vivienda y la infraestructura básica (energía, agua potable y saneamiento).

En ese sentido, además, a través de diversos medios legales comprometidos con los derechos humanos de todas las personas sin condición limitante alguna, debe necesariamente reconocer que para que los mismos sean efectivos se requiere establecer que las personas tienen requerimientos existenciales básicos que deben ser satisfechos para que puedan desarrollar sus vidas. La identificación de estos mínimos y su satisfacción constituyen también objetivos en la estructuración de políticas que buscan propiciar igualdad en la sociedad. El conjunto de estos requerimientos esenciales se denomina “mínimo vital” y forma parte de los objetivos que pueden identificarse dentro de los sistemas democráticos sociales, que buscan la igualdad de oportunidades y que propician el pleno goce de la libertad civil y política para el mayor número posible de personas.

Ante lo cual, para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de la comunidad, en este caso: una comunidad mundial. Y que, específicamente, en este momento nos ocupa: los derechos sociales, mismos que, pueden constituirse como principios que sirven como directriz a las autoridades, para que consideren su cumplimiento de manera particular y especial en cada caso, y al mismo tiempo, como un mandato para realizar los objetivos que buscan el cumplimiento de determinadas aspiraciones sociales, tales como el trabajo decente y con este el crecimiento económico mundial a partir de colocar en el centro del modelo el concepto de dignidad de la persona a partir del derecho internacional de los derechos humanos, partiendo de un documento tan importante como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contiene un doble reconocimiento

Mínimo vital que sirve para proteger a personas frente a un perjuicio irremediable causado por la falta de atención a un derecho social, y que se instituye como un recurso del cual echa mano la jurisdicción para subsanar una situación de injusticia o para socorrer a una persona indefensa frente a la desidia y la indolencia del Estado, y en ocasiones de los particulares. Justamente frente a la falta de empleo decente.

Puntos a destacar: - Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos 7% en los países menos desarrollados.

- El empleo no regulado. Sectores: Migrante, indígena, informal, agrícola y doméstico.

- Nuevas relaciones de trabajo: Outsoursing, Automatización y teletrabajo o Home Office.

- La brecha salarial de género y el cuidado no remunerado: Desigualdad, aun, una realidad mundial.

- El desafío del empleo juvenil, retos y oportunidades, emprendimiento VS universidades: ¿fábricas de desempleo?

- El Turismo como comercio y trabajo sostenible, inversión y cultura local.

- Riesgos de trabajo, discapacidad, retiro laboral, maternidad y paternidad responsable.

- Trata laboral y Erradicación de todas las formas de trabajo infantil.

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos 7% en los países menos desarrollados Debemos partir de la idea de que, en una economía se producen una infinidad de bienes y servicios, tales como alimentos, vestido, materias primas, servicios educativos y financieros, entre muchos otros. Dada esta diversidad y la magnitud que puede alcanzar es que se torna necesario un indicador, factor y/o parámetro que incluya a todos los bienes y servicios que se producen, es decir, el Producto Interno Bruto (PIB). Y que, en términos llanos y sencillos representa el valor de mercado de la producción final de bienes y servicios de un país, realizado por sus residentes y no residentes en un período determinado.

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Así, para poder comprender como funciona el PIB de un país resulta necesario hablar, principalmente de cuatro factores que en él intervienen: 1. Valor mercado, es decir, el valor de la economía.

2. Mide el valor final de la mercancía o servicio, ello, en razón de no contabilizar dos veces el mismo valor de un solo producto o prestación de servicio.

3. Mide la producción de un país, no el valor de la nacionalidad de los factores de la producción. Con lo cual, queda de manifiesto la imperiosa necesidad tanto de atraer el capital de economías extranjeras como de hacer crecer la propia economía local.

4. Su medición corresponde a determinado período y generalmente se expresa de forma anual o trimestral.

Ahora bien, en cuanto a este sub apartado o sub objetivo de desarrollo sostenible, (por reconocerlos de alguna manera); es que se vuelve tan importante optar por modelos que ya han surtido efectos, tales como los obtenidos en Bangladesh y que al Profesor y Economista Muhammad Yunus, también llamado “el banquero de los pobres” le valieron en el año 2006 el Premio Nobel de la Paz por haber ayudado a millones de personas a salir de la pobreza, mediante un Modelo de Microcréditos, cuya iniciativa se centró en establecer un sistema de préstamos de baja cuantía a los pobres, para ayudarlos a iniciar negocios, mismo que, se logró además mediante el Banco Grameen, fundado en la década de 1970, y que, actualmente cuenta con 7 millones de clientes, de los cuales 97% son mujeres. Lo cual, no dará fin a la pobreza pero, dejará al trabajo decente como vía, arma y herramienta para poder erradicarla, bien dice el dicho “no le des el pescado, mejor enséñale a pescar”.

El empleo no regulado. Sectores: Migrante, indígena, informal, agrícola y doméstico Imagina que formas parte de un grupo indígena y no hay nadie que te comprenda, que eres migrante muy lejos de tu patria, o cuando eres migrante, indígena, y además menor de edad, que no escuchas, eres invidente o tienes cualesquiera otra forma de impedimento, discapacidad física, psicológica, motriz y/o emocional que te impide, limita o, al menos; te vulnera para poder ejercer en plenitud tus derechos y no, no solo los sociales sino, tus derechos humanos en lo general; los más básicos e indispensables.

Sin duda, el formar parte de los grupos llamados vulnerables no es un tema nuevo, reciente o que venga a descubrir una situación inédita, lo cierto es que, más de un movimiento social ha dejado en claro que aun a nuestros días existen personas que continúan siendo objeto de discriminación simplemente por pertenecer a un grupo o sector social determinado que requiere visibilizar y hacer frente a las desventajas históricas derivadas precisamente de dicha pertenencia ya que, en todo el planeta existen casi 800 millones de personas que al día sobrevive con 2 dólares americanos ($21.88) , lo que equivale a $43.76 pesos mexicanos, y que bien podría corresponder a alrededor de la mitad de la población mundial, o, a más de toda la población del continente Europeo.

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Y que, triste e infortunadamente aun cuando puedan contar con un empleo, este no corresponde al trabajo decente ni al mínimo vital por el cual pugna la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo o la CEPAL en el caso de América Latina y El Caribe.

Los países tienen que atender sobretodo en el territorio americano cuestiones como las caravanas migrantes, el comercio “informal” que afecta a otros sectores tales como temas de salud pública al no contar con sistemas de protección a la salud. En cuanto al sector agrícola que mientras se producen o incluso existe sobreproducción de alimentos, estos no llegan a donde tienen que llegar para erradicar el hambre ¿y, por qué? Porque el cambio climático, así como el traslado de su producción es sumamente costoso y resulta más barato desperdiciar al menos un tercio de los alimentos debido a que sobre todo ante la pandemia los vuelos se han visto restringidos y cuando estos compartían costos con los pasajes comerciales esa es una realidad aún más complicada, proporcionar estabilidad al empleo y tal y como ha ocurrido en México reivindicar los derechos de un grupo tan relegado como lo es el empleo doméstico en todas sus formas.

Nuevas relaciones de trabajo: Outsoursing, Automatización y teletrabajo o Home Office El outsoursing no es una estrategia ni legal ni fiscal para evadir las obligaciones de las empresas, patrones personas físicas o morales, lo cierto es que el vocablo deriva de “fuera de la fuente”, es decir, por medio de un tercero que no presta los servicios principales de la patronal decide contratar a otra empresa para que pueda llevar a cabo funciones o tareas que no son las esenciales o fines de su negocio. Sin embargo el incorrecto uso de esta figura ha desembocado en un sinfín de prácticas cuyo objetivo únicamente resulta en detrimento tanto del empleo, estabilidad del trabajador como en su patrimonio por lo cual no basta con ser regulado tiene que ser manejado desde la función para la cual nació y vigilar que se cumpla con su propósito.

Las mayores exposiciones de trascendencia en la mano de obra del hombre hacia el empleo de máquinas para sustituirlo se ha dado a través, uno: de la Revolución Industrial, dos: revolución de la era digital y tres: introducción de Inteligencia Artificial al campo laboral y es que, sin duda, resulta lógico y económico para cualquier persona empleadora utilizar máquinas que no se cansan, no sufren accidentes de trabajo, no exigen sus derechos, no pasan por maternidad, paternidad, no enfrentan hambre, discapacidad, enfermedad o incluso muerte y, es que independientemente de que existen tareas para las cuales por más que la ciencia y tecnología avancen jamás podrán sustituir el criterio, empatía y consideración de un ser humano. Si bien, no se trata de estar en contra del progreso de las naciones si, se debe pugnar por encontrar un punto donde tanto la realidad virtual como la física empaten y logren en lugar de desplazar a la humanidad brindarle más y mejores oportunidades así como en el terreno legal como en el plano pragmático.

La brecha salarial de género y el cuidado no remunerado: Desigualdad, aun, una realidad mundial Los mercados laborales contemporáneos también siguen caracterizándose por la desigualdad de género.

En 2019, la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo era solo del 47 por ciento, 27 puntos porcentuales por debajo de la tasa del hombre (74 por ciento). Hay una fuerte variación regional en las disparidades de género en el acceso al empleo. Los estereotipos de género que hacen hincapié en el papel de la mujer como principal cuidadora y en el del hombre como principal sostén de la familia siguen profundamente arraigados en algunas regiones.

Además del acceso al empleo, también persisten las disparidades de género en relación con la calidad del trabajo. Esto es cierto incluso en regiones donde las mujeres han hecho importantes avances en el mercado laboral.

En América Latina y el Caribe, por ejemplo, el nivel medio de estudios de las mujeres supera actualmente al de los hombres, pero las mujeres de la subregión siguen ganando un 17 por ciento menos por hora trabajada que los hombres.

de la biología, desde su nivel básico, de educación para el hogar empleos donde sus derechos no son respetados y donde trabajan en condiciones de gran inseguridad y pobreza.

La experiencia del desempleo o del subempleo en etapas tempranas de la vida tiene profundas consecuencias que pueden perjudicar las perspectivas de vida y de trabajo a largo plazo.

Instaurar un círculo virtuoso de educación y formación, mayor productividad, más empleos y de mejor calidad y crecimiento económico produciría enormes beneficios sociales y económicos.

Qué es necesario hacer: Elaborar estrategias dirigidas a promover el empleo juvenil que equilibren una estrategia integral a favor del crecimiento y de la creación de empleo a través de intervenciones específicas, como la asistencia en la búsqueda de empleo o medidas a favor de la iniciativa empresarial juvenil para ayudar a los jóvenes a superar los obstáculos que les impiden el acceso al mercado de trabajo.

Reducir el desajuste de las competencias a través de programas de formación que respondan a las necesidades del mercado laboral y de la introducción de componentes de experiencia laboral en la enseñanza técnica y la formación profesional.

Invertir en formas innovadoras de protección social a fin de mejorar la seguridad de los ingresos para los trabajadores en empleo vulnerable.

El Turismo como comercio y trabajo sostenible, inversión y cultura local Según un informe de 2016 del Consejo Mundial del Viaje y de Turismo, el turismo es responsable de 1 de cada 10 lo puestos de trabajo .

El desafío del empleo juvenil, retos y oportunidades, emprendimiento VS universidades: ¿fábricas de desempleo?

La edad es otra característica indicativa de las desigualdades del mercado laboral. La asombrosa cifra de 267 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad en todo el mundo (o el 22 por ciento de ese grupo de edad) no tienen empleo ni educación o formación.

Enfrentándose a considerables desafíos en el mercado laboral, por solo mencionar algunos, tales como: - Muchos de los jóvenes que, si bien, pueden contar con empleos remunerados, han de superar trabas para conseguir un trabajo decente.

- La calidad de los empleos disponibles para los trabajadores jóvenes se ha visto afectada por la creciente incidencia del empleo temporal.

- Los jóvenes que abandonan prematuramente la escuela son los que tienen mayores probabilidades de quedar atrapados en

Las empresas turísticas responsables deben actuar con responsabilidad y ofrecer buenas condiciones laborales a los que se relacionan con la organización. Estas organizaciones pueden ser un instrumento clave para conseguir un crecimiento económico sostenible de la región e impulsar la inclusividad de las personas del entorno donde se ubican.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas, es una organización internacional con un papel central y decisivo en la promoción y el desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Constituye un foro mundial para cuestiones de política turística y una fuente útil de conocimientos en materia de turismo. En la actualidad está integrada por 156 países, 6 territorios, 2 observadores permanentes y más de 500 Miembros Afiliados.

Casos a replicar: La iniciativa de Desarrollo Turístico Mayakoba se encuentra en la Riviera Maya, del Caribe mexicano. Conscientes de la necesidad de un modelo de desarrollo turístico muy distinto en Mayakoba, la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL) Pag. 51

diseñó y aplicó un modelo innovador de baja intensidad. La ubicación de Mayakoba en los aledaños de unos ecosistemas vulnerables de manglares y de dunas exigía un uso mínimo y el menor impacto posible en los ecosistemas locales. El complejo forma una matriz medioambiental, marcada por el uso de los ecosistemas terrestres existentes y la creación de 25 hectáreas de ecosistema acuático de canales, que sirve de estuario natural. Diseñada tras un riguroso estudio con bases científicas, la infraestructura turística de la zona, su funcionamiento ha hecho posible que se mantenga la flora y fauna que existía antes de la iniciativa, además de crear nuevos empleos, ha favorecido a los hábitats costeros y acuáticos, lo que ha producido un aumento en la fauna, especialmente pájaros, peces y anfibios, con lo que se crea un importante santuario de vida silvestre.

El proyecto Mayakoba ha tenido un impacto positivo en el entorno inmediato y ha sido reconocido como empresa socialmente responsable que se preocupa por sus empleados y por los grupos locales vulnerables. Ha conseguido logros notables en términos de protección del medio ambiente, diversificación y salvaguardia de ecosistemas acuáticos y terrestres naturales, creación de un santuario vital para la fauna y flora silvestres, oportunidades de generar ingresos para los productores locales, creación de empleo y defensa del patrimonio cultural local.

garantizar que sean protegidos sus derechos y mejoradas sus condiciones de trabajo.

Trata laboral y Erradicación de todas las formas de trabajo infantil Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Mano de obra barata, soldado obediente…

Ciento sesenta y ocho millones de niños, es decir, más del 10% de la población infantil del mundo se ven obligados a trabajar.

El número ha disminuido desde 2000, pero sigue en un nivel inaceptablemente alto.

Riesgos de trabajo, discapacidad, retiro laboral, maternidad y paternidad responsable Proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro, inclusivo y con perspectiva de género para todos los trabajadores es necesario, adaptarse y adoptar las medidas necesarias para que cada persona trabajadora pueda gozar de sus derechos sin importar ningún tipo de limitante o condicionante.

Cada día, 6.400 personas mueren debido a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional, lo cual representa 2,3 millones de muertes al año. Además, 860.000 personas sufren lesiones en el trabajo todos los días. Esto representa un gasto para las empresas de 2,8 billones de dólares anuales igual al 4% del PIB mundial, en términos de pérdida de tiempo de trabajo, interrupciones de la producción, tratamiento de lesiones en el trabajo y enfermedades profesionales, rehabilitación e indemnización.

Veintiún millones de personas son víctimas del trabajo forzoso en el mundo, más de 11 millones son mujeres y niñas. La gran mayoría de las víctimas son explotadas por individuos o empresas en la economía privada, generando ganancias ilícitas de más de 150.000 millones de dólares anuales, todo ello a costa de su salud, de su integridad, de su vida.

La legislación mundial debe evolucionar conforme los tiempos y necesidades de los trabajadores así como la normatividad tanto interna como externa de las patronales públicas y privadas tiene que adecuarse a las normas de derecho internacional del trabajo y no quedarse únicamente en el papel.

Qué es necesario hacer: Implementar a nivel nacional las normas internacionales del trabajo, que constituyen un marco sólido para combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Qué es necesario hacer: Emprender una acción urgente para crear una cultura de prevención global que respete el derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable, y que garantice que los empleadores y los trabajadores conozcan sus derechos y responsabilidades.

Aplicar los derechos fundamentales y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a nivel nacional. Los grupos vulnerables, requieren una atención especial a fin de Pag. 52

Adoptar un enfoque pluridimensional para poner fin al trabajo infantil, que comprenda legislación, acceso de todos los niños a la educación, protección social para las familias y políticas de mercado laboral.

Ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, de la OIT, que contiene disposiciones relativas a la lucha contra las formas modernas de esclavitud.

Conclusiones Generales El recurso más importante que poseen las personas que viven en la pobreza es el potencial de su propio trabajo, su capacidad de trabajar productivamente, y, por lo tanto; el trabajo decente para todas y todos, incluyendo la protección social, es el camino principal para lograr que individuos, comunidades y países salgan de la pobreza.

La producción de alimentos requiere de mano de obra y la agricultura emplea a más trabajadores que cualquier otro sector.

Además, la gran mayoría de las personas que viven en la pobreza extrema se encuentran en las zonas rurales y los ingresos de muchas de ellas dependen de la agricultura. Sector que se vio sumamente afectado con la pandemia. El trabajo decente en las cadenas de valor agrícola y alimentario sostenibles es, por lo tanto, fundamental.

Trabajadores sanos y condiciones de trabajo seguras y saludables incrementan la capacidad productiva de la fuerza de trabajo.

Viceversa, la falta de acceso a la atención médica indispensable, y no solo para atender salud física sino de igual forma salud mental, así como los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales, con frecuencia, empujan a las personas fuera de la fuerza de trabajo y hacia la pobreza. Al mismo tiempo, el sector de la salud emplea cada vez a más personas en todo el mundo, quienes a su vez necesitan condiciones de trabajo decentes, acordes a las necesidades de su empleo y servicio así como a salvaguardar su integridad y salud puesto que se vuelve infinitamente necesario y obligado reforzar la tutela de sus derechos humanos, sociales y laborales dejando en claro que el impulso a la ciencia es completamente indispensable para hacerle frente a situaciones de salud pública como la pandemia por COVID-19; a fin de suministrar un acceso universal a la atención médica a quienes la necesitan.

La educación, además de ser un fin en sí mismo, es también medio para obtener un empleo decente, sobre todo para los jóvenes, y no por el contrario un lugar donde se encuentren únicamente frente a un inmenso mar del desempleo, mientras que; el aprendizaje a lo largo de toda la vida es indispensable para mantenerse al día con la evolución de las capacidades solicitadas en el mercado laboral.

La participación pública y el empoderamiento económico de las mujeres es fundamental para alcanzar la igualdad de género. Para la mayoría de las mujeres, la principal fuente de independencia económica y de dignidad es el trabajo. Reducir las disparidades de género en el empleo, garantizar trabajo decente para todas las mujeres y la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor es por lo tanto indispensable para alcanzar la igualdad de género así como una mayor y mejor economía al incluir a un sector tan amplio de la población al efectuar empleos de tipo remunerado.

La transición hacia una economía más respetuosa del medio ambiente requerirá de, y debería inspirarse en, la contribución de las «Directrices de política para una transición justa hacia

economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos» de la OIT, que se basa en los principios del trabajo decente.

El desarrollo industrial es crucial para el mundo del trabajo, y el trabajo decente es fundamental para hacer que ese desarrollo sea inclusivo, innovador y socialmente sostenible. Los programas de desarrollo de infraestructura de alta densidad de mano de obra producen importantes beneficios en términos de empleo para las mujeres y hombres que viven en la pobreza.

El trabajo decente, y la prioridad que otorga a un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para los individuos y sus familias, es un medio directo para reducir las desigualdades de ingresos, de riqueza y de influencia económica.

La creación de oportunidades de trabajo decente es indispensable para el desarrollo urbano sostenible. Un programa de trabajo decente en una zona urbana puede lograr que las ciudades sean más productivas, inclusivas y sostenibles.

Una transición justa hacia nuevos modelos de empleo resultado de la evolución de los modelos de consumo y producción es vital para implementar este objetivo. El trabajo decente para todos, en particular los empleos verdes, contribuirá a hacer el desarrollo sostenible desde un punto de vista ecológico.

Mayakoba es una referencia y un modelo de desarrollo sostenible en México. Las empresas, deben apostar por el cambio de un enfoque de turismo de masas a un modelo de turismo de baja densidad, apuntalado por la conservación del ecosistema, lo cual por supuesto, involucra desafíos tales como convencer a las cadenas hoteleras para que inviertan en semejante modelo de turismo sostenible. La solución pasó por encontrar cadenas de hoteles de lujo orientadas a clientes que buscan experiencias de viaje sostenibles.

La acción contra el cambio climático necesitará de la participación activa del mundo del trabajo y se beneficiará en gran medida de la aplicación del Programa de Trabajo Decente, incluyendo la adopción de las «Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos».

Deben incluirse instituciones eficaces e inclusivas que promuevan el trabajo decente para todos, basadas en el respeto de las normas internacionales del trabajo y forjadas a través del diálogo social, son indispensables para sociedades justas y pacíficas y una toma de decisiones participativa.

El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT fue adoptado en 2009 por gobiernos, empleadores y trabajadores a raíz de la crisis financiera. Propone una serie de medidas basadas en ejemplos exitosos y concebidas para acelerar la creación de empleos decentes y para desarrollar y mantener los sistemas de protección social.

De la misma manera, la Resolución de la OIT de 2012 sobre el empleo juvenil propone un conjunto de medidas probadas Pag. 53

y comprobadas dirigidas a mejorar las perspectivas de empleo para los jóvenes.

Existe la voluntad, ilustrada en particular por los compromisos asumidos por los países del G-20 de otorgar prioridad a la creación de empleos y a la protección social en las declaraciones sucesivas a la Cumbre. Sin embargo, para que se produzca el cambio propuesto por la Agenda 2030, una alianza mundial reforzada es necesaria a fin de consolidar la cooperación internacional y la coherencia política.

La larga experiencia de la OIT en asociaciones tripartitas es un activo extremamente valioso a este respecto. Durante casi un siglo nuestra estructura de gobernanza ha asociado gobiernos, representantes del mundo empresarial y sindicatos.

La OIT se basará en su estructura tripartita para garantizar que nuestros recursos sean utilizados eficazmente y que desempeñemos un papel determinante en las nuevas asociaciones que deberán favorecer la puesta en práctica de la Agenda 2030.

El trabajo decente, en sí mismo debe ser sostenible desde dos vertientes, tanto para la economía en el planeta como justamente; para el mantenimiento de este último.

Referencias Bibliográficas Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo, Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2017.

Panorama temático laboral, Mujeres en el mundo del trabajo, Organización Internacional del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y El Caribe, Perú, 2019.

Superar la pobreza mediante el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2003.

Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020, Organización Internacional del Trabajo, Resumen Ejecutivo, 2020.

Electrónicas http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6167000/6167139.stm http://www.fao.org/3/y6265s/y6265s03.htm https://doi.org/10.18111/9789284419937. https://etico.es/turismo-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/ https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp https://www.bbva.com/es/pe/como-se-mide-la-economia-deun-pais/ https://www.copenoa.com.ar/Se-supo-el-trabajo-domesticoaporta-el-16-del-PBI-y-ahora-que-hacemos.html https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/ documento/72549

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Participación política de la mujer y la democratización del poder

Por: Cecilia Huaynoca Guzman País: Bolivia Licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Técnica de Oruro, Directora Departamental de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Oruro. Ex Directora de la Coordinadora Departamental de la Juventud Oruro. Trabajo como Técnica en planificación e incidencia política en la ONG CIMCA (Centro de Formación Política y Ciudadana para las Mujeres).

Asesora legal en CJIM (Consultorio Jurídico integral para las mujeres).

En la presente exposición quero dar a conocer los logros obtenidos en Bolivia que la sobre presentación de las mujeres en los espacios de representación política condujo a la movilización para lograr cuotas de participación, y finalmente obtener la promulgación de la ley de la paridad. Sin estas medidas de afirmación positiva no hubiera sido posible el actual avance histórico en relación a la presencia de las mujeres en el Estado. Sin embargo, la no correspondencia en cuanto a los avances de la legislación a favor de los derechos políticos de las mujeres y el cumplimiento o alcance efectivo de tales normas, como parte de un marco formal de los derechos, impulsó el despliegue de acciones de exigibilidad como fue la Campaña 50 y 50 Paridad Es Ahora. Acciones de esta naturaleza demuestran que la legislación, a pesar de sus alcances y obligatoriedad en su cumplimiento, ha requerido y requiere de una acción sostenida por parte de las mujeres desde la sociedad civil, exigiendo su observancia y aplicación por todas las instancias y organismos políticos.

El importante avance en materia de derechos políticos de las mujeres en la normativa internacional se traduce en el reconocimiento de derechos y el establecimiento de garantías en la normativa nacional para lograr la participación equitativa e igualitaria entre mujeres y hombres. Los principios y medidas establecidas, en la práctica, enfrentan diversos obstáculos que impiden una efectiva participación política de las mujeres en los escenarios del poder estatal.

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Dichos obstáculos devienen del mismo sistema político que impide un ejercicio libre, igualitario y autónomo de las responsabilidades que derivan de la representación pública o del ejercicio de la administración pública. Las mujeres no gozan de iguales condiciones, ni cuentan con iguales oportunidades, ni como candidatas ni como autoridades electas, para un ejercicio del poder político, al haberse insertado en una estructura estatal que no ha sido modificada en su ordenamiento patriarcal con el proceso de democratización.

En cuanto a la representación política de las mujeres, un mayor acercamiento al Estado muestra que si bien ha experimentado un histórico ascenso, bajo diferentes formas abiertas u ocultas, de apertura y resistencia, de reconocimiento y de negación, de dialogo y conflicto, se reproducen las asimetrías de género que colocan en desventaja a las mujeres en los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral en el nivel nacional y en los niveles subnacionales departamentales y municipales, en la Administración Pública y al interior de los partidos políticos.

Desde diferentes frentes institucionales y del movimiento de mujeres, se han establecido mecanismos de seguimiento y exigibilidad al cumplimiento de la ley a través de un proceso que contempla la identificación de los avances en cuanto a la participación y representación política de las mujeres, así́ como de aquellos factores que constituyen obstáculos para, finalmente, proyectar acciones a realizar para su transformación. Los resultados de este seguimiento y análisis aportaron datos empíricos que revelaron, por un lado, el impacto de la paridad para el acceso de las mujeres al Estado y, por otro, la persistencia de las distintas formas en que se producen la discriminación, exclusión, y subrepresentación de las mujeres en la estructura jerárquica y burocrática del Estado.

Estudios realizados en la década de los 80 y 90, hacían referencia a una presencia marginal de las mujeres en el Estado, en un uso funcionalizado de la división sexual del trabajo, asignando a las mujeres responsabilidades preferentemente en el área social.

Actualmente estos límites se han roto parcialmente, pero aún no se han eliminado las múltiples barreras. En este sentido, se crearon instrumentos que permiten medir los avances en materia de equidad de género que otorgan información para clasificar a los países de mayor a menor bienestar, justicia y equidad, siendo parte de los indicadores de medición los de representación política.

A pesar de estas iniciativas y esfuerzos, la participación de las mujeres en el Estado es un campo poco explorado. Las referencias los movimientos feministas, de activistas y de organizaciones sociales de mujeres, se caracterizan por la exigencia de la democratización de la sociedad y del Estado y promueven objetivos de transformación basados en la instauración de justicia, de igualdad, de valores democráticos y de ejercicio de sus derechos frente a las desigualdades de género.

La representación política, a pesar de la ampliación de las formas de participación directa, continúa siendo la principal articuladora del poder público y configura los escenarios de decisión, con la elección de las principales autoridades de los órganos del Estado. La represen- nación política y la presencia de las mujeres en el Estado son aspectos relevantes en el marco de la búsqueda de igualdad política. La cuota y luego, la paridad han traído consigo impactos sin precedentes haciendo que el sistema político democrático sea permeable a sujetos excluidos, como las mujeres y los/las indígenas, fomentando su participación ciudadana en las decisiones del Estado y avanzando en la democratización de la vida política.

Las características del funcionamiento del sistema político muestran el predominio del sistema electoral y de la democracia representativa, donde los titulares de los cargos públicos que controlan las decisiones político administrativas, son elegidos a través de las urnas, manteniendo a los partidos políticos en el centro de la representación política y de la formación del gobierno.

A través de la delegación de poder a los y las representantes, se privilegian asuntos que no siempre corresponden al interés general. Por un lado, se reitera el discurso sobre la supremacía de la representación del interés general y, por otro lado, una práctica donde los espacios de deliberación y de decisión política como son la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), las Asambleas Legislativas Departamentales (ALD) y los Concejos Municipales se convierten en espacios de definiciones marcadas por el compromiso político, de encuentro de autoridades electas que actúan bajo lineamientos ideológico políticos y decisiones de sus partidos. La dinámica política dual de un sistema institucional democrático formal, que se considera incluyente, coexiste y se subordina a una estructura de poder externa a los espacios formales de deliberación y de decisión hace que los procedimientos tradicionales de decisión se complejicen con la confrontación de fuerzas y la definición ultima, de acuerdo con la correlación de fuerzas. Este es un tema que convoca a un análisis sobre los cauces de la construcción democrática en la que las mujeres se encuentran comprometidas y que complejiza el ejercicio de su representación política, porque los condicionamientos políticos al mismo tiempo se encuentran en el Estado y fuera de él.

La incursión de las mujeres en el Estado lleva a considerar los avances y limites de su representación política y de su participación estatal. Por un lado, la paridad ha jugado un papel decisivo para romper los limites en cuanto al ejercicio de esta representación como un derecho y reivindicar el carácter democrático del Estado. Por otro, partiendo de la relación representantes-representados, de lo que significa esta representación, y tomando en cuenta los canales a través de los cuales las mujeres han accedido a la representación pública, vemos que en general responden a los intereses de quienes represen- tan, a las organizaciones políticas que han mediado en esta representación, en cuyo espectro no siempre se contempla la representación de los intereses de las mujeres ya que no existe una organicidad que haya servido de base social para legitimar la representación.

CONCLUSIONES CON JUSTICIA Y PARIDAD SE CONSTRUYE DEMOCRACIA PARITARIA - El país ha avanzado hacia la paridad en los Órganos Legislativos Plurinacional y Subnacionales, es sin embargó las desigualdades de género continúan en los Órganos Ejecutivos Nacional y Subnacionales.

DATOS REFERENCIALES - La Cámara de Diputados tiene 50% de mujeres asambleístas y la Cámara de Senadores 44%.

- En las Asambleas Legislativas Departamentales 45% de mujeres son asambleístas y un 51% de mujeres son concejalas a nivel municipal.

- De los 9 departamentos, ninguno tiene una mujer como máxima autoridad Ejecutiva; en el caso municipal, sólo existen 28 alcaldesas en un total de 339 municipios.

- Entre enero y abril de 2018, el OEP reportó 65 casos de acoso y violencia política.

DEMOCRACIA PARITARIA - Garantizar medidas para la paridad sustantiva (ejercicio efectivo) en todos los órganos de poder público y en la estructura y organización territorial del Estado; el binomio presidencial; el Órgano Ejecutivo; cargos uninominal; representaciones especiales y autonomías en todos sus niveles DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES LIBRE DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA - Cumplimiento de las Leyes contra Acoso.

- Sistema institucionalizado de protección, prevención.

- Funcionamiento de los Comités de Ética en órganos deliberativos.

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - Garantizar la paridad en instancias directivas y de decisión al interior de las organizaciones políticas y sociales.

- Vigilancia, exigibilidad y control para la democratización de las Organizaciones Políticas, en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas.

Reconocer las trayectorias de participación política de las mujeres para la definición de candidaturas y fortalecer la participación de las mujeres electas EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA POLÍTICA DE LAS MUJERES - Paridad en la toma de decisiones políticas respetando su autonomía política.

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Participación política de la mujer y la democratización del poder

Por: Cecilia Huaynoca Guzman País: Bolivia Licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Técnica de Oruro, Directora Departamental de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Oruro. Ex Directora de la Coordinadora Departamental de la Juventud Oruro. Trabajo como Técnica en planificación e incidencia política en la ONG CIMCA (Centro de Formación Política y Ciudadana para las Mujeres).

Asesora legal en CJIM (Consultorio Jurídico integral para las mujeres).

En la presente exposición quero dar a conocer los logros obtenidos en Bolivia que la sobre presentación de las mujeres en los espacios de representación política condujo a la movilización para lograr cuotas de participación, y finalmente obtener la promulgación de la ley de la paridad. Sin estas medidas de afirmación positiva no hubiera sido posible el actual avance histórico en relación a la presencia de las mujeres en el Estado. Sin embargo, la no correspondencia en cuanto a los avances de la legislación a favor de los derechos políticos de las mujeres y el cumplimiento o alcance efectivo de tales normas, como parte de un marco formal de los derechos, impulsó el despliegue de acciones de exigibilidad como fue la Campaña 50 y 50 Paridad Es Ahora. Acciones de esta naturaleza demuestran que la legislación, a pesar de sus alcances y obligatoriedad en su cumplimiento, ha requerido y requiere de una acción sostenida por parte de las mujeres desde la sociedad civil, exigiendo su observancia y aplicación por todas las instancias y organismos políticos.

El importante avance en materia de derechos políticos de las mujeres en la normativa internacional se traduce en el reconocimiento de derechos y el establecimiento de garantías en la normativa nacional para lograr la participación equitativa e igualitaria entre mujeres y hombres. Los principios y medidas establecidas, en la práctica, enfrentan diversos obstáculos que impiden una efectiva participación política de las mujeres en los escenarios del poder estatal.

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Dichos obstáculos devienen del mismo sistema político que impide un ejercicio libre, igualitario y autónomo de las responsabilidades que derivan de la representación pública o del ejercicio de la administración pública. Las mujeres no gozan de iguales condiciones, ni cuentan con iguales oportunidades, ni como candidatas ni como autoridades electas, para un ejercicio del poder político, al haberse insertado en una estructura estatal que no ha sido modificada en su ordenamiento patriarcal con el proceso de democratización.

En cuanto a la representación política de las mujeres, un mayor acercamiento al Estado muestra que si bien ha experimentado un histórico ascenso, bajo diferentes formas abiertas u ocultas, de apertura y resistencia, de reconocimiento y de negación, de dialogo y conflicto, se reproducen las asimetrías de género que colocan en desventaja a las mujeres en los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral en el nivel nacional y en los niveles subnacionales departamentales y municipales, en la Administración Pública y al interior de los partidos políticos.

Desde diferentes frentes institucionales y del movimiento de mujeres, se han establecido mecanismos de seguimiento y exigibilidad al cumplimiento de la ley a través de un proceso que contempla la identificación de los avances en cuanto a la participación y representación política de las mujeres, así́ como de aquellos factores que constituyen obstáculos para, finalmente, proyectar acciones a realizar para su transformación. Los resultados de este seguimiento y análisis aportaron datos empíricos que revelaron, por un lado, el impacto de la paridad para el acceso de las mujeres al Estado y, por otro, la persistencia de las distintas formas en que se producen la discriminación, exclusión, y subrepresentación de las mujeres en la estructura jerárquica y burocrática del Estado.

Estudios realizados en la década de los 80 y 90, hacían referencia a una presencia marginal de las mujeres en el Estado, en un uso funcionalizado de la división sexual del trabajo, asignando a las mujeres responsabilidades preferentemente en el área social.

Actualmente estos límites se han roto parcialmente, pero aún no se han eliminado las múltiples barreras. En este sentido, se crearon instrumentos que permiten medir los avances en materia de equidad de género que otorgan información para clasificar a los países de mayor a menor bienestar, justicia y equidad, siendo parte de los indicadores de medición los de representación política.

A pesar de estas iniciativas y esfuerzos, la participación de las mujeres en el Estado es un campo poco explorado. Las referencias los movimientos feministas, de activistas y de organizaciones sociales de mujeres, se caracterizan por la exigencia de la democratización de la sociedad y del Estado y promueven objetivos de transformación basados en la instauración de justicia, de igualdad, de valores democráticos y de ejercicio de sus derechos frente a las desigualdades de género.

La representación política, a pesar de la ampliación de las formas de participación directa, continúa siendo la principal articuladora del poder público y configura los escenarios de decisión, con la elección de las principales autoridades de los órganos del Estado. La represen- nación política y la presencia de las mujeres en el Estado son aspectos relevantes en el marco de la búsqueda de igualdad política. La cuota y luego, la paridad han traído consigo impactos sin precedentes haciendo que el sistema político democrático sea permeable a sujetos excluidos, como las mujeres y los/las indígenas, fomentando su participación ciudadana en las decisiones del Estado y avanzando en la democratización de la vida política.

Las características del funcionamiento del sistema político muestran el predominio del sistema electoral y de la democracia representativa, donde los titulares de los cargos públicos que controlan las decisiones político administrativas, son elegidos a través de las urnas, manteniendo a los partidos políticos en el centro de la representación política y de la formación del gobierno.

A través de la delegación de poder a los y las representantes, se privilegian asuntos que no siempre corresponden al interés general. Por un lado, se reitera el discurso sobre la supremacía de la representación del interés general y, por otro lado, una práctica donde los espacios de deliberación y de decisión política como son la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), las Asambleas Legislativas Departamentales (ALD) y los Concejos Municipales se convierten en espacios de definiciones marcadas por el compromiso político, de encuentro de autoridades electas que actúan bajo lineamientos ideológico políticos y decisiones de sus partidos. La dinámica política dual de un sistema institucional democrático formal, que se considera incluyente, coexiste y se subordina a una estructura de poder externa a los espacios formales de deliberación y de decisión hace que los procedimientos tradicionales de decisión se complejicen con la confrontación de fuerzas y la definición ultima, de acuerdo con la correlación de fuerzas. Este es un tema que convoca a un análisis sobre los cauces de la construcción democrática en la que las mujeres se encuentran comprometidas y que complejiza el ejercicio de su representación política, porque los condicionamientos políticos al mismo tiempo se encuentran en el Estado y fuera de él.

La incursión de las mujeres en el Estado lleva a considerar los avances y limites de su representación política y de su participación estatal. Por un lado, la paridad ha jugado un papel decisivo para romper los limites en cuanto al ejercicio de esta representación como un derecho y reivindicar el carácter democrático del Estado. Por otro, partiendo de la relación representantes-representados, de lo que significa esta representación, y tomando en cuenta los canales a través de los cuales las mujeres han accedido a la representación pública, vemos que en general responden a los intereses de quienes represen- tan, a las organizaciones políticas que han mediado en esta representación, en cuyo espectro no siempre se contempla la representación de los intereses de las mujeres ya que no existe una organicidad que haya servido de base social para legitimar la representación.

CONCLUSIONES CON JUSTICIA Y PARIDAD SE CONSTRUYE DEMOCRACIA PARITARIA

- El país ha avanzado hacia la paridad en los Órganos Legislativos Plurinacional y Subnacionales, es sin embargó las desigualdades de género continúan en los Órganos Ejecutivos Nacional y Subnacionales.

DATOS REFERENCIALES

- La Cámara de Diputados tiene 50% de mujeres asambleístas y la Cámara de Senadores 44%.

- En las Asambleas Legislativas Departamentales 45% de mujeres son asambleístas y un 51% de mujeres son concejalas a nivel municipal.

- De los 9 departamentos, ninguno tiene una mujer como máxima autoridad Ejecutiva; en el caso municipal, sólo existen 28 alcaldesas en un total de 339 municipios.

- Entre enero y abril de 2018, el OEP reportó 65 casos de acoso y violencia política.

DEMOCRACIA PARITARIA

- Garantizar medidas para la paridad sustantiva (ejercicio efectivo) en todos los órganos de poder público y en la estructura y organización territorial del Estado; el binomio presidencial; el Órgano Ejecutivo; cargos uninominal; representaciones especiales y autonomías en todos sus niveles

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES LIBRE DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA - Cumplimiento de las Leyes contra Acoso.

- Sistema institucionalizado de protección, prevención.

- Funcionamiento de los Comités de Ética en órganos deliberativos.

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

- Garantizar la paridad en instancias directivas y de decisión al interior de las organizaciones políticas y sociales.

- Vigilancia, exigibilidad y control para la democratización de las Organizaciones Políticas, en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas.

Reconocer las trayectorias de participación política de las mujeres para la definición de candidaturas y fortalecer la participación de las mujeres electas

EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA POLÍTICA DE LAS MUJERES

- Paridad en la toma de decisiones políticas respetando su autonomía política.

- Ejercicio de derechos políticos de las mujeres.

- Formación de liderazgos.

- Efectivo ejercicio del derecho a la participación informada para la toma de decisiones.

INCIDENCIA POLÍTICA

- Inclusión de la Agenda Política desde las mujeres en la Gestión Pública - Implementación de la Agenda Política desde las Mujeres por parte de las autoridades electas Control, vigilancia, dialogo con la sociedad civil y rendición de cuentas para el cumplimiento de la Agenda Política desde las Mujeres en la gestión pública

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