Referencias
Contra la legalización de la ilegalidad: un repaso a la Ley de Seguridad Nacional SILVANO CANTÚ* México arrastra una lacerante pobreza, desempleo, un sistema de justicia inoperante, desigualdad en el ingreso, impunidad y corrupción, a lo que se suma la ola de violencia que desde 2007 se ha incrementado alarmantemente. Con ese trasfondo llama la atención que las políticas públicas en materia de seguridad carezcan de una atención amplia e integral para atacar las causas de fondo que alimentan la violencia y la criminalidad, en lugar de ello se privilegia el uso de la fuerza. Se ha hecho lo contrario, la estrategia ha agravado los problemas que busca atacar.1 Ciudad Juárez, hoy la ciudad más violenta del mundo, es un caso elocuente: mientras en 2006 tenía una tasa de homicidios dolosos de 18 por cada 100 mil habitantes, pasó a 93 en 2009.2 En esta línea de estratagemas fallidas se inscribe la Ley de Seguridad Nacional que hoy se discute en la Cámara de Diputados, y que persigue: 1) la hiperinflación de los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos que por mandato constitucional corresponden exclusivamente a las autoridades locales, fundamentalmente a las policías y las instituciones de procuración e impartición de justicia, y 2) la dotación de poderes de excepción tanto a las Fuerzas Armadas como a las agencias de inteligencia civil y militar. Estas vetas autoritarias, contrarias a nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos consagrado el 10 de junio de 2011 –tras ocho años de intensos trabajos de la sociedad civil, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y de académicas y académicos–, se ven manifiestas en las siguientes figuras y conceptos que serán objetivo de esta exposición: 1) el concepto de seguridad interior y la paz graduada; 2) el mecanismo para atender afectaciones a la seguridad interior; 3) la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a casos que involucran a personas civiles; y 4) el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en actividades propias del sistema de justicia penal. * Director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (cmdpdh). 1 La militarización de la seguridad pública ha sido un rotundo fracaso. Un dato relevante en este comportamiento anómalo en la estadística nacional de homicidios lo aporta el hecho de que los estados que concentran alrededor de 60% de las ejecuciones y los mayores índices de tortura y de desaparición forzada son aquellos donde se han intensificado las operaciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada. 2 Cfr. Kevin Zamora, “¿Clavo o tornillo? La guerra del presidente Calderón”, en Nexos, núm. 399, marzo de 2011, pp. 20-23.
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