Diagnóstico sobre Discriminación y Violencia de Género contra las niñas Garífunas by RDS-HN

REVISIÓN TÉCNICA POR AYUDA EN ACCIÓN Roberto Bussi, Director de País. Dilmer Maradiaga, Gerente de Programas. Zaskia Rivas, Oficial de Niñez. José Luis Pacheco, Gerente de la Región Gestora de Nor Insular. Luis Gerardo Rivera, Coordinador proyecto Wamalali.

AGRADECIMIENTO Socios locales de Ayuda en Acción en las zonas de intervención, Comisión de Acción Social Menonita CASM y SERSO Honduras.

EDITORIAL COORDINACIÓN Lizzeth Ordoñez, Comunicaciones Ayuda en Acción Honduras

TABLA DE CONTENIDO

Introducción

Metodología

Derechos e instrumentos de protección

Situación del país y la región

14 14 16 14 21 22

Matrimonio y embarazo adolescente Matrimonio adolescente Embarazo adolescente

Relaciones impropias Abuso sexual

Hallazgos

Matrimonio y embarazo adolescente

Matrimonio adolescente Embarazo adolescente Educación sexual, reproductiva y planificación familiar

Relaciones impropias Abuso sexual Denuncia y alcance institucional

24 24 24 26 29 31 34 37

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias

Anexos

47 47 47 48 49 49

Instrumentos de recolección Instrumento niñas Instrumento grupos de enfoque Instrumento profesores

Gráficos complementarios

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Fuentes de datos Tabla 2: Comunidades visitadas Tabla 3: Actores entrevistados Tabla 4: Instrumentos nacionales de protección Tabla 5: Instrumentos internacionales de protección Tabla 6: Edad del cónyuge (Ámbito nacional, 2009-2017) Tabla 7: Cónyuge por edad (Iriona, Balfate y Santa Fe, 2013) Tabla 8: Unión conyugal (mujeres, 2019) Tabla 9: Embarazo adolescente Tabla 10: Número de mujeres con hijos (2013) Tabla 11: Tasa de fecundidad adolescente y Tasa global de fecundidad Tabla 12: Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que han tenido relaciones sexuales Tabla 13: Violencia por parte del compañero Tabla 14: Abuso sexual antes de los 12 años (2019) Tabla 15: Abuso sexual después de los 12 años Tabla 16: Abuso sexual después de los 12 años según nivel educativo Tabla 17: Incidencia de embarazo adolescente Tabla 18: Oferta de métodos anticonceptivos en centro de salud Tabla 19. Casos de abuso reportados en Santa Fe (2020-2022)

7 7 7 12 13 15 15 15 17 17 18 19 21 22 23 23 29 31 38

ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Partos de niñas de 10 a 14 años Gráfico 2: Porcentaje de embarazos adolescente (Colón) Gráfico 3: Número de adolescentes embarazadas (Colón) Gráfico 4: Conocimiento de madres adolescentes Gráfico 5: Edad del primer hijo de la madre Gráfico 6: Actividad sexual Gráfico 7: Noviazgo activo Gráfico 8: Acceso a métodos anticonceptivos Gráfico 9: Conocimiento de métodos anticonceptivos Gráfico 10: Fuente de educación sobre métodos anticonceptivos Gráfico 11: Insinuaciones sexuales por parte de familiares Gráfico 12: Frecuencia de compañero sexual mayor de 18 años Gráfico 13: Edad del novio Gráfico 14: Experiencia con formas de abuso Gráfico 15: Experiencia con casos propios de acoso Gráfico 16: Con quienes vive la informante Gráfico 17: Lugares donde las informantes se sienten expuestas Gráfico 18: Edad de las informantes Gráfico 19: Número de hermanas de las entrevistadas Gráfico 20: Número de hermanos de las entrevistadas

16 17 18 26 27 27 27 30 31 31 32 33 33 35 35 36 36 49 50 50

Gráfico 21: Posición ordinal de nacimiento de la informante Gráfico 22: Número de personas con las que vive la informante Gráfico 23: ¿Cómo recibió clases en la pandemia? Gráfico 24: Tipo de secundaria que quiere cursar Gráfico 25: Informantes con planes de estudiar nivel universitario Gráfico 26: Informantes con actividad económica Gráfico 27: Tipo de actividad económica de la informante Gráfico 28: Tiempo diario de dedicación a la actividad económica Gráfico 29: Conocimiento sobre el acoso Gráfico 30: Insinuaciones sexuales por parte de compañeros Gráfico 31: Relaciones de noviazgo

51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54

TABLA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS Dinaf

Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

Policía Nacional

OMM

Oficina Municipal de la Mujer

OMN

Oficina Municipal de la Niñez

DME

Dirección Municipal de Educación

CIS

Centro Integral de Salud

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

CEDAW

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer

CDN

Convención sobre los Derechos del Niño

CIEDR

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

SGJD

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

CMPN

Comité Municipal de Protección de la Niñez

Introducción El Estado hondureño, mediante instrumentos legales y convencionales, se ha comprometido, nacional e internacionalmente, en proteger a las niñas de cualquier abuso. En nuestro país, el abuso de menores está tipificado en el Código Penal. Además, Honduras es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW), de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (CIEDR) y de la Agenda 2030, de donde se desprenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las niñas deben ser protegidas de forma especial, ya que son muy vulnerables, desconocen muchos peligros que las rodean, y su personalidad está en proceso de desarrollo, quedando expuestas a abusos de adultos y de otras personas que ejercen poder sobre ellas.

reproductiva; la aceptación de las niñas de ofertas indecentes, por descuido familiar o por malas condiciones de vida; y el abuso y explotación sexual de las menores. Este informe detalla la situación de violación y vulneración de los derechos de las niñas en varias comunidades del departamento de Colón ; y, además, identifica los espacios en los que se deben fortalecer dichos derechos.

El marco de protección que implementa está basado en el ideal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que procede de las Naciones Unidas, a través de convenciones y pactos. En este enfoque, el Estado es el principal obligado a garantizar, promover y proteger a las personas, y a implementar las medidas preventivas, reactivas y correctivas necesarias. Todas las violaciones y vulneraciones de derechos son indeseables, pero las de carácter sexual tienen un grado especial de ofensa. Las formas más evidentes son: el embarazo adolescente, por falta de formación en salud

En Honduras, los índices más bajos de desarrollo están en las zonas indígenas y afrohondureñas. El departamento de Colón concentra la mayor parte de población garífuna.

Metodología Para la realización de este diagnóstico se utilizó una metodología mixta, combinando datos cuantitativos (estadística descriptiva) y cualitativos (percepciones y opiniones de los actores comunitarios, institucionales y expertos en Derecho). Recupera las estadísticas, tanto nacionales como del departamento de Colón, sobre embarazo adolescente. También se generaron datos específicos de las comunidades, a través de encuestas sobre temas de educación sexual y abuso. Finalmente, se realizaron grupos focales con autoridades y redes de mujeres2. Se visitaron doce comunidades pertenecientes a los tres municipios objetivo. Se entrevistó al Comité de protección de la niñez de Santa Fe, a las responsables municipales de las oficinas

Tabla 1. Fuentes de datos

de protección de la niñez y de las mujeres, a profesores, a médicos de los centros integrales de salud, a personal de los juzgados de paz, a miembros de la policía, de la DINAF, y a estudiantes entre los once y catorce años en sus centros educativos. En la Tabla 1 se especifican las fuentes de datos, en la Tabla 2 se detallan las comunidades por municipio, y en la Tabla 3 se enumeran los entrevistados por municipio. También se aplicó una encuesta anónima a una muestra de sesenta y nueve niñas de los centros educativos visitados. Estas niñas tienen entre diez y quince años, siendo doce años la edad más frecuente. El propósito de este instrumento es identificar su percepción específica sobre los temas tratados y registrar posibles vulneraciones de sus derechos.

Tabla 3. Actores entrevistados

Bases de datos y archivos

Endesa (INE, 2006, 2013a, 2021) EPHPM (INE, 2015, 2016, 2017) XVII Censo de Población y VI de Vivienda (INE, 2013b) Serie de Estadísticas Sociales (INE, 2022)

Directas

Entrevistas a actores comunitarios Encuesta a niñas

Actor

Municipio Santa Fe

Balfate

Iriona

CMPN OMM OMN JP PN

Tabla 2. Comunidades visitadas Municipio

Comunidad

DINAF Profesores

Santa Fe

Santa Fe, Guadalupe, San Antonio

Balfate

Río Coco, Río Esteban, Bambú

Directas

Iriona Viejo, Cusuna, Sangrelaya, San José de la Punta, Punta Piedra, Ciriboya

CIS DIME

Los datos cuantitativos que se obtuvieron sirven para estimar la incidencia en los lugares visitados; sin embargo, no deben ser considerados como representativos de toda la población. Además, debe tomarse en cuenta el sesgo de autoselección de las personas que aceptaron participar, así como el hecho de que todo instrumento de auto respuesta deja por fuera los casos ocultos, por lo que la estimación estaría igualmente sesgada a la baja.

Derechos e instrumentos de protección Los derechos existen previa e independientemente de las convenciones y las leyes; no obstante, a través de ellas, se reconocen y se regulan los mecanismos para su protección, promoción y garantía. Los derechos surgen del reconocimiento de la dignidad humana, y no dependen de la voluntad de los gobiernos, que pueden preferir no cumplirlos. Sin embargo, es a partir de la materialización de instrumentos legales y de política, que se reclaman los derechos ante el Estado. Estos instrumentos determinan las obligaciones estatales, las cuales son innegables, irreductibles e impostergables; y, además, se utilizan como parámetros para efectos prácticos. En la Tabla 4 se presentan los principales instrumentos nacionales de protección, mientras que en la Tabla 5 los principales instrumentos internacionales. Aparte de estos hay más, que son complementarios, como las políticas de salud, social y educativas, así como otras declaraciones y convenciones, que tienen componentes de protección de la niñez. Por último, también existen los protocolos facultativos de las convenciones mencionadas (PF-CEDAW, 1999; PF-CDN, 2000). Los principales instrumentos nacionales son el Código Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Constitución de la República.

Código Penal Es el instrumento estatal de persecución del delito. Lo aplica la fiscalía y las salas de letras en materia penal. Entre las definiciones de importancia para este estudio están las de violación, estupro, e incesto. El articulo 249 define la violación como «el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías». Se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; y, 3) Abuso de la

enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima (Código Penal, 2019). Las penas para el autor de este delito varían de nueve (9) a trece (13) años de prisión, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Tiene, además, un agravante de un tercio extra de pena cuando la víctima es menor de catorce años. Se activa a partir de la denuncia del afectado o por un tercero, pero que requerirá ser secundado por la víctima.

El artículo 251 establece penas de seis a nueve años cuando el contacto sexual es entre un mayor de 18 años y menor de 21, y la afectada es menor de catorce años. El articulo 252 pena el incesto con cuatro a seis años con posibilidad de agravantes cuando el agresor es el padre, hermano o sobrino. El artículo 254 establece penas de uno a tres años para el estupro, que es cuando alguien «utilizando engaño, realiza actos de contenido sexual con persona mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años». Nótese que el ordenamiento jurídico hondureño no contempla un concepto de relaciones impropias, pero por cercanía semántica entenderíamos que estaría cerca de estos tres casos. Finalmente, y de forma complementaria a este diagnóstico, el Código Penal incluye las figuras de contacto sexual por medios electrónicos en el artículo 253, y el hostigamiento o acoso sexual en el artículo 256. Ambos fenómenos fueron identificados en campo y por esa razón se incluyen en este apartado.

Código de la Niñez y la Adolescencia (1976) Es de carácter asistencial y de atención social no persecutorio. Es la base de acción de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), que se ocupa especialmente de los casos estipulados en el artículo 139, inciso e), que dice: «Un niño(a) es particularmente vulnerable al incumplimiento y a la violación de sus derechos, cuando se encuentra o se ve afectado(a) por situaciones, tales como: e) Se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad». Es decir, la DINAF se activa cuando encuentran casos de titulares que están en vulneración de derechos, pero con acciones de carácter tutelar y de provisión de espacios de seguridad. Estas acciones son complementarias a las de persecución penal realizadas por la fiscalía.

Código de Familia (1984) El artículo 16 establece que solo pueden contraer matrimonio los mayores de 21 años o los mayores de 18 con previa autorización de sus padres, tutores legales o juez competente. Excepcionalmente se reconoce la unión de hecho cuando la conyugue es una menor que cumple 16 años o esté embarazada.

Constitución de la República En el capítulo cuarto dedica ocho artículos a los derechos de los niños y las niñas. Aunque son de carácter general, reconoce la pertinencia de los instrumentos internacionales en el artículo 119. Además, deben interpretarse como aplicables los artículos relacionados a los derechos individuales de carácter liberal relacionados con la protección de la voluntad y la integridad moral y física de las niñas. Por otro lado, en el artículo 60, la Constitución prohíbe la discriminación, y reconoce al país como multicultural, por lo que las acciones tendientes a la inclusión y protección de todas las etnias es mandato categórico. Con respecto a los instrumentos internacionales, los principales son: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Objetivos de Desarrollo Sostenible Se derivan de la Agenda de Desarrollo Sostenible (2015). La meta 5.2 tiene el objetivo de eliminar, en general, todas las formas de violencia contra las mujeres; y, en específico, aquellas en contra de las niñas, ya sea en ámbitos públicos o privados, incluyendo la de carácter sexual. Mientras que la meta 5.3 tiene por objetivo eliminar las practicas nocivas para el desarrollo de las niñas, específicamente el matrimonio infantil, no solo en su forma legal, que ya es prohibido en el país, sino que incluye las uniones informales o emparejamiento precoz. Por último, la meta 16.2 tiene por objetivo poner fin al maltrato, explotación y violencia infantil; es decir, aquellas prácticas relacionadas a la explotación sexual de las niñas con fines económicos; o cuando, por razones de maltrato en casa, se ven obligadas a emparejarse de forma temprana para poder salir de ese espacio.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW, 1979) En su artículo 6 señala la necesidad de proteger a la mujer y a las niñas contra la trata y la explotación sexual; es decir, contra cualquier forma de abuso sexual. El artículo 10 declara la necesidad de proveer educación en materia de planificación familiar, que les permita a las mujeres y niñas decidir conscientemente cuándo es el momento adecuado para la reproducción. Por otro lado, la atención de las embarazadas y apoyo a las madres es necesario para disminuir las probabilidades de truncamiento de las trayectorias de vida.

Convención sobre los Derechos Del Niño (CDN, 1989) Reconoce en los artículos 19 y 34 la necesidad de proteger a las niñas contra todas las formas de abuso y, de manera explícita, contra el abuso sexual. También especifica otras formas de abuso, como el mental o la explotación física. Por otra parte, en el artículo 39, se insta al restablecimiento de la salud mental y emocional de las niñas, para lo que se requieren de acciones positivas del Estado, con el objetivo de atender las consecuencias en las víctimas. Es decir, no es solo la persecución de los abusadores; sino, y quizás más importante, la atención posterior a las víctimas para permitirles recuperar su vida.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas De Discriminación Racial (CIEDR, 1992)

Tiene como objetivo asegurar que las políticas públicas abarquen a todas las etnias. Es importante para este trabajo, pues los grupos afrohondureños viven en zonas especialmente postergadas, en donde se requieren acciones especiales para asegurar la igualdad social con otros grupos humanos. En este apartado se han vinculado los fenómenos de interés de este diagnóstico (el embarazo adolescente, las relaciones impropias y el abuso sexual) con los principales instrumentos nacionales e internacionales, que sirven como base para justificar y materializar la acción estatal con vistas a proteger a las titulares de derecho. El Estado tiene obligaciones establecidas, independientemente de la conciencia o movilización de las afectadas. No es aceptable que las autoridades tengan que esperar a que la población realice el reclamo, deben existir políticas públicas que aseguren la protección de los derechos de las niñas, considerando que las víctimas de los casos que se plantean en este documento son las personas más vulnerables de la sociedad, y no siempre pueden activar por sí mismas estos instrumentos. Promover la información sobre seguridad sexual y métodos anticonceptivos para evitar la maternidad infantil, formar a la población para identificar casos de abuso y saber cómo denunciarlos, perseguir a los abusadores y realizar acciones de seguimiento psicológico a las víctimas, son algunas de las políticas públicas que deben realizarse por el Estado.

Tabla 4. Instrumentos nacionales de protección

Tabla 5. Instrumentos internacionales de protección

Situación del país y la región se embarazan se casan, ni todas las que se casan lo hacen por estar embarazadas, es necesario entender que hay una relación entre embarazo y matrimonio.

Matrimonio adolescente 3

Esta sección recupera los datos de otras investigaciones e informes públicos sobre los fenómenos objeto de este diagnóstico. El propósito es entender el contexto nacional para interpretar los datos de campo generados. Además, se definen operativamente lo que se entiende por embarazo adolescente, relaciones impropias y abuso sexual. Un(a) niño(a) es aquella persona menor de 18 años, como está establecida en la legislación nacional (Código de la niñez y la adolescencia, 1976) y en la CDN (1989). Aunque hay diferencia legal entre infancia (hasta los 14 años) y adolescencia (entre 15 y 17 años), para la evaluación de la vulneración de sus derechos se toman como la misma etapa.

Matrimonio y embarazo adolescente Una de las razonas por las cuales las menores truncan sus trayectorias de vida es porque quedan embarazadas; lo que provoca, en muchas ocasiones, que tengan que emparejarse de forma temprana. Aunque no todas las que 3

En este diagnóstico, matrimonio y unión de hecho se consideran iguales.

El matrimonio infantil es la unión legal o, de hecho, en la que uno de los cónyuges es menor de edad. Legalmente está prohibido; sin embargo, bajo ciertas circunstancias, es permitido que una menor de 16 años se case; de hecho, hay muchas menores en situación de convivencia conyugal. Estas prácticas son más comunes en las comunidades en donde, incluso, los padres hacen arreglos para casar a sus hijas (en algunos lugares está culturalmente normalizado). En la Tabla 6 se muestra la tendencia nacional de la edad de los cónyuges, lo que sirve para estimar la incidencia de uniones con menores. Por el contexto especifico hondureño, es posible interpretar que cuando se refiere a cónyuge implica que es mujer, puesto que la cultura local tiende más a posicionar en las jefaturas de estos hogares a hombres. Además, hay que notar que los casos de menores de trece años son los más infrecuentes, al contrario de la tendencia entre las mayores de catorce años, que no parece disminuir.

Tabla 6. Edad del cónyuge (Ámbito nacional, 2009-2017)

En la Tabla 7 se muestran los cónyuges menores de 18 años en los municipios objetivo. Para ese año, 237 menores estaban en emparejamiento: Iriona mostró más casos con 161, luego Balfate con 61 y, por último, Santa Fe con 16. Aunque los datos provienen del censo de población de solo un año, 2013, al considerar la tendencia nacional, se puede inferir que el fenómeno ocurre con una intensidad similar. Tabla 7. Cónyuge por edad (Iriona, Balfate y Santa Fe, 2013)

Fuente: elaboración propia con base en INE (2013b, 2015, 2016, 2017, 2022).

Fuente: elaboración propia con base en INE (2013b).

En la Tabla 8 se muestra la unión conyugal de las mujeres de 15 a 49 años en el ámbito nacional y en el departamento de Colón. También están los datos correspondientes al nivel de estudios. En Colón, el 14.6 % de las mujeres se casó antes de los 15 años, siendo 8.6 % el promedio nacional, mientras que el 42.2 % se casó antes de los 18 años, siendo 34.5 % el promedio nacional; es decir, el porcentaje de casamientos en Colón es mayor que al conjunto del país. Otro aspecto relevante es la relación inversa entre la edad de matrimonio y la educación de la mujer: una interpretación es que entre más educación tiene ella, más posterga el matrimonio; aunque también se puede inferir que por postergar el matrimonio logra estudiar más. En Colón, la incidencia de matrimonio adolescente disminuye considerablemente al pasar de tercer ciclo de básica a educación media, en las mujeres adultas (20-49 años) pasa de 41 % a 19 %, mientras que en las menores (15-19 años) pasa de 24 % a 8.8 %. Tabla 8. Unión conyugal (mujeres, 2019)

Fuente: elaboración propia con base en INE (2021, pp. 530-533).

Embarazo adolescente

El embarazo adolescente o infantil se refiere al embarazo en mujeres menores a los dieciocho años. En las últimas décadas, el embarazo adolescente ha sido objeto de estudio y tema de debate. La ONU lo cataloga como un desafío para la región en términos de derechos sexuales y reproductivos. La OPS/OMS Honduras, en este sentido, expone: Un embarazo durante la adolescencia obstaculiza el desarrollo psicosocial de las adolescentes, se asocia con resultados deficientes en materia de salud, tanto para ellas como para sus hijos, impacta negativamente en sus oportunidades educativas y laborales, y contribuye a perpetuar los ciclos intergeneracionales de pobreza y salud deficiente (OPS/OMS Honduras, 2022).

En 2018, Ecuador fue el país con la tasa de embarazos adolescentes más alta: 111 de cada mil jóvenes entre 15 y 19 años; le siguió Honduras (103), Venezuela (95), Nicaragua (92) y Guatemala (92). Los países de la región con una menor tasa son Chile (41), Trinidad y Tobago (38) y Curaçao (35) (Martínez, 2020, p. 5). En el ámbito nacional, la tendencia ha sido a la baja desde 2010, como se muestra en el Gráfico 1 (parto de niñas de 10 a 14

Gráfico 1. Partos de niñas de 10 a 14 años

Fuente: elaboración propia con base en Estrada (2018).

años), Gráfico 2 (casos de Colón) y la Tabla 9 (embarazos de mujeres entre 15 a 19 años). El departamento de Colón tiene un porcentaje de embarazo adolescente de 27.8 %, siendo mayor casi cinco puntos porcentuales que el promedio nacional (22.9 %). El punto más alto de menores embarazadas fue en 2013, con 241 casos, mientras que su punto más bajo fue de 145 en 2019 (véanse la Tabla 9, la Tabla 10 y el Gráfico 3).

Tabla 9. Embarazo adolescente

Fuente: elaboración propia con base en INE (2006, p. 69; 2013a, p. 112; 2021, p. 151).

Gráfico 2. Porcentaje de embarazos adolescente en Colón

Fuente: elaboración propia con base en INE (2006, p. 69; 2013a, p. 112; 2021, p. 151).

Tabla 10. Número de mujeres con hijos (2013)

Fuente: elaboración propia con base en INE (2013b).

Gráfico 3. Número de adolescentes embarazadas en Colón

Fuente: elaboración propia con base en INE (2006, p. 69, 2013a, p. 112, 2021, p. 151).

Iriona es el municipio más grande del departamento, tiene la densidad poblacional más baja, con los centros humanos dispersos. Santa Fe es el municipio más urbanizado de los estudiados. La Tabla 10 muestra que hay una relación inversa entre el grado de urbanización y la incidencia de embarazo adolescente.

Tabla 11. Tasa de fecundidad adolescente y Tasa global de fecundidad

En la Tabla 11 se presentan la Tasa de fecundidad adolescente (TFA, 15-19 años) y la Tasa global de fecundidad (TGF, 15-49 años), comparadas con otros indicadores como el grado educativo, la etnia, el ingreso por quintiles, entre otros. Ambas tasas son mayores en Colón que el promedio nacional. El departamento tiene una TFA de 124 y una TGF de 3.1, mientras que en el ámbito nacional estos valores son de 97 y 2.6 respectivamente. Nótese que, al igual que sucede con el matrimonio, la fecundidad está inversamente relacionada con el nivel educativo alcanzado por la joven: las mujeres con niveles educativos más altos tienen menos hijos y los tienen con edades más avanzadas. Nuevamente hay que interpretar estos datos recordando que las adolescentes que postergan su maternidad también logran estudiar más años. Las poblaciones garífunas tienen la TFA más alta (144) y la segunda TGF más alta (3.1), solo detrás de los misquitos. Finalmente, existe una relación inversa entre el ingreso y la fecundidad: a mayores ingresos menor la tasa de fecundidad.

Fuente: elaboración propia con base en INE (2021, p. 149).

Es estéril hablar de embarazo adolescente sin analizar también el comportamiento sexual de las adolescentes. Esto no significa satanizar su sexualidad, ya que ellas tienen derecho a decidir; sin embargo, es un indicador de riesgo, junto con el conocimiento de métodos anticonceptivos y con la educación sexual que reciben. Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endesa) de 2019, el 21.9 % de las mujeres de Colón habrían tenido relaciones sexuales antes de los 15 años (INE, 2021, p. 246). En la Tabla 12 están los datos porcentuales de mujeres que reconocieron haber tenido sexo antes de los 15 años. Se incluye el nivel educativo, la etnia del jefe del hogar y el ingreso por quintiles. La relación inversa entre educación y precocidad sexual también está presente: las mujeres que retrasan su actividad sexual alcanzan niveles más altos de educación o, dicho de otra forma, en promedio, las personas alcanzaron niveles educativos más altos, en parte, por postergar su inicio sexual. Con respecto a la etnia, los garífunas son los menos precoces con 5.6 % antes de los 15 años; sin embargo, son los más activos entre los 15 y 24 años, ya que llegan al 62.1 %, solo por detrás de los misquitos (65.7 %). En cuanto al ingreso, la relación es inversa: a mayor ingreso menor precocidad sexual; aunque no es una diferencia tan amplia: 65.8 % del primer quintil contra 49.5 % del quinto quintil (en el grupo de 15 a 24 años). Esa diferencia es más marcada entre los menores de 15 años, 20.3 % para los más pobres y 5.3 % para los más ricos. En este caso, la interpretación es más directa, dado que a los quince años los ingresos familiares no dependen de la menor (en su mayoría).

Tabla 12. Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que han tenido relaciones sexuales

Fuente: elaboración propia con base en (INE, 2021, pp. 246–248)

Desde el Estado, el embarazo adolescente se aborda como un problema de salud (falta de acceso, educación de reproducción sexual, etcétera). Desde una perspectiva social se trata de una situación de valores, en la que influyen la familia, los elementos sociales y culturales, las tradiciones de pueblos originarios y la religión. Al quedar embarazadas, las adolescentes no pueden continuar sus estudios y se les dificulta conseguir empleo con condiciones y salarios adecuados. La problemática se intensifica cuando la adolescente es madre soltera, sin el apoyo de su pareja y familia. Al final, como resultado, el niño o niña nace y crece en condiciones de mucha escasez, generándose así un ciclo de pobreza. Por tanto, una adolescente rural, pobre, y con bajo nivel de escolaridad, tiene una probabilidad mucho más elevada de quedar embarazada y, por consiguiente, de continuar en la pobreza junto a sus descendientes (Cespad, 2018).

Si las adolescentes no tienen el acompañamiento adecuado, tanto familiar como institucional, sus condiciones de vulnerabilidad y riesgo aumentan al momento de ser madres. Para el caso, pueden padecer de graves riesgos en su salud, como los derivados de un aborto, o tener anemia, infección en las vías urinarias, hipertensión arterial o un parto prematuro. Mientras que el hijo o hija puede tener bajo peso al nacer, problemas neurológicos y riesgo de muerte en el primer año de vida (Martínez, 2020, p. 6).

El país cuenta con una Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Honduras (Enapreah), cuyo objetivo es «definir las acciones comunitarias e institucionales que deben implementarse para disminuir el embarazo en adolescentes, y así contribuir a mejorar la calidad de vida de la población adolescente y a disminuir la mortalidad materna e infantil en Honduras» (Secretaría de Salud, 2012, p. 9). Esta estrategia cuenta con seis líneas principales:

A pesar de la disminución notable en la tendencia de embarazos adolescentes a partir de la fecha de creación de la Estrategia, no hay evidencia de que esa disminución sea resultado de esta, o si es debido a otros cambios sociales. Por otro lado, la mayor parte de las comunidades visitadas tiene centros de salud, pero su eficacia en la atención y prevención de embarazos no ha sido medida, y la calidad de atención varía según municipio y comunidad.

Relaciones impropias Las relaciones impropias son las «relaciones desiguales y de poder entre una persona adulta y una persona adolescente. Desde el punto de vista de los derechos humanos, resultan inconvenientes o dañinas para las personas menores de edad» (UNFPA, 2017, p. 7). Estas relaciones impropias o inadecuadas ocultan la violencia de los adultos (como tíos, hermanos, primos, tutores, maestros, consejeros, enfermeros) hacia la menor. En el caso de Honduras el término no existe jurídicamente, el concepto más cercano está entre el incesto y el estupro, definidos en los artículos 252 y 254 del Código Penal (2019). Ambos son reconocidos como nocivos para el desarrollo de la niña y están penados. Estas prácticas suelen ser muy comunes en las regiones rurales del país, en donde la pobreza empuja a las familias a intercambiar a sus hijas por tierras, alimentos u otros bienes materiales. Se genera una «relación de poder»: aquella que «se da entre dos o más personas, quienes establecen dicha conexión porque necesitan satisfacer alguna necesidad» (Porras-Solís et al., 2020, p. 81). En cuanto a las relaciones con las menores, hay muchos elementos que están en juego: la madurez, el conocimiento y la independencia; se generan relaciones seudoafectivas, que afectan el desarrollo de niñas adolescentes, violentan sus derechos, su educación formal, su salud física y emocional, exponiéndolas a otras situaciones de vulnerabilidad y abuso (Porras-Solís et al., 2020, p. 82). En la Tabla 13 se presentan los casos de violencia ejercida por el compañero de hogar, tomando en cuenta la diferencia de edad entre los cónyuges: entre mayor es esta diferencia, mayor es la incidencia de la violencia.

Tabla 13. Violencia por parte del compañero

Fuente: elaboración propia con base en INE (2021, p. 598).

Abuso sexual La niñez es la población más vulnerable en los casos de violencia y abuso sexual. La OMS define la violencia sexual como: Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Proniñez, 2018, p. 24). La violencia sexual tiene mayor incidencia en las zonas rurales, donde impactan los problemas sociales y culturales del país: dificultad de acceso, altos niveles de pobreza extrema y poca intervención del Estado. En ese sentido, Proniñez (2018) expone que la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes es más crítica en los pueblos indígenas y afrohondureños (sobre todo en la Mosquitia), y en aquellos que viven en la calle.

La violencia sexual en contra de los menores de edad es una problemática que, normalmente, está provocada por la situación en el hogar (la familia), el contexto social, religioso, cultural y educativo, entre otros. Es considerada como una de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que violenta la integridad, dignidad, autoestima y desarrollo integral de las víctimas.

Dependiendo del contexto en el que sucedan las cosas, la problemática se puede mantener en la clandestinidad, o en lo que se conoce como «cultura de silencio», ya sea por temores, amenazas, o por el simple hecho de obviar la situación. Mientras no se trate el abuso sexual como un problema social, difícilmente abandonará el refugio que le proporciona la clandestinidad; por consiguiente, los abusos continuarán en la impunidad (Palacios, 2008). En la Tabla 14 se presentan los casos de abuso sexual a menores de 12 años registrados en la Endesa de 2019. En Colón, hay una incidencia mayor de abuso a menores de 12 años (2.9 %) en comparación con el promedio nacional (2.4 %). Además, la mayor cantidad de abusos los realizan las personas más cercanas a la víctima; para el caso, en Colón, el 17.1 % de los abusos los comete el padre o el padrastro, el 28.3 % otro familiar cercano, y el 20.1 % otra persona conocida. Tabla 14. Abuso sexual antes de los 12 años (2019)

Fuente: elaboración propia con base en INE (2021, pp. 612-613).

En la Tabla 15 se presentan los casos de abuso sexual a partir de los 12 años . Igual que en la tabla anterior, en Colón hay una incidencia mayor (4.7 %) que la del promedio nacional (3.7 %). También, el porcentaje de abuso de padres o padrastros baja (6 %), mientras que la de desconocidos sube (32.3 %). De cualquier manera, el propio núcleo familiar y los amigos es el sector que mayor riesgo reporta. Tabla 15. Abuso sexual después de los 12 años

Fuente: elaboración propia con base en INE (2021, pp. 608-609).

En la Tabla 16 se presentan los casos de abuso sexual, después de los 12 años, según nivel educativo en el ámbito nacional. Las personas con mayor educación reportan una incidencia menor; de hecho, la probabilidad de sufrir abuso es un poco más del doble entre personas con ninguna educación (2.2 %), en comparación con aquellas que tienen educación superior (4.5 %).

Tabla 16. Abuso sexual después de los 12 años según nivel educativo

De los 2480 casos evaluados por la Dirección General de Medicina Forense en 2013, la mayor frecuencia de violencia sexual se presentó en niñas entre 10 y 14 años, con 1094 casos (38.6 %). La violencia sexual en los niños también está presente, se encontraron datos entre las edades de 5 a 9 años, con 109 casos (3.8 %). Por otro lado, el Ministerio Público recibe, cada mes, un promedio de 35 denuncias de violencia sexual contra niñas. Es importante mencionar, que los delitos sexuales han aumentado a 3017 denuncias según el Observatorio de la violencia de la UNAH; sin embargo, solo 667 fueron judicializados en 2016 (Proniñez, 2018).

Esta tabla recoge los datos de personas abusadas desde los 12 años hasta los 49 (que es la edad de la informante mayor), por lo que está sesgada al incluir casos de adultos.

Fuente: elaboración propia con base en INE (2021, p. 610).

Hallazgos A partir de entrevistas realizadas a actores institucionales y a pobladores de doce comunidades, además de encuestas levantadas con niñas de los centros educativos, se logró recabar evidencia anecdótica y sistemática sobre casos relacionados a las tres categorías objetivo. Los informantes de prácticamente todas las comunidades5 reportaron casos de matrimonio o unión libre, embarazo adolescente, relaciones impropias o abuso sexual. Los resultados de este diagnóstico van acordes con los hallazgos de Ayuda en Acción (2019); sin embargo, se diferencia en que, además de incluir a Iriona, los enfoques teórico y metodológico resaltan otros aspectos de los fenómenos estudiados. El informe de Ayuda en Acción identifica la dinámica agregada, mientras que aquí se recupera la percepción y opinión de las titulares y otros actores comunitarios. Para nosotros no es central el dimensionamiento del problema, sino su caracterización.

Matrimonio y embarazo adolescente Esta sección contiene las opiniones y percepciones de la comunidad sobre el matrimonio adolescente (independientemente de su condición legal); además, se incluye información sobre el embarazo adolescente, la formación en materia sexual reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos.

Matrimonio adolescente

La unión de hecho es la figura que se utiliza para dar cuenta de la convivencia doméstica entre personas que no han celebrado el matrimonio civil por las restricciones legales de edad. Aunque la ley hondureña prohíbe el matrimonio infantil y adolescente, no significa que la comunidad no continúe con esas prácticas, tal como lo reconoce la encargada de la DINAF. Además, estos casos son más frecuentes en lo que llaman sector montaña; tal vez porque la ilegalidad del hecho se persigue menos, porque el aislamiento relativo permite la conservación de prácticas arcaicas, o por la combinación de ambas.

La percepción de algunos miembros de la comunidad es que la unión con menores es común. Un pastor evangélico en Santa Fe expresó: «en ese estado de unión libre hay una gran cantidad de jóvenes… que no han venido y firmado el acta de matrimonio… pero que, obviamente, abundan en estas comunidades y en las montañas, no es algo ajeno a nosotros» (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022). Mientras que un profesor de una comunidad alejada del municipio de Santa Fe reportó que, en 2019, de unas 18 estudiantes que tenía en tercer ciclo, 6 dejaron la escuela para «casarse» (Profesores, 2022a).

Solo Iriona Viejo reportó que no habían tenido casos de abuso sexual; sin embargo, existe la posibilidad de que sí haya casos, de que la comunidad esté enterada de esos casos, pero que no los revele. También es posible que la comunidad haga uso de violencia en contra del agresor.

Las escasas oportunidades educativas provocan que las menores de edad opten por entrar en una unión. En palabras del alcalde de Santa Fe: «si la menor tiene oportunidades de seguir educándose será una joven salvada; pero, si no puede pasar al séptimo grado, es una niña que probablemente será víctima… En donde se han abierto centros educativos, las niñas estudian más y postergan la familia». Esta opinión es compartida por otros docentes, quienes afirman que en donde no hay centros educativos la exposición de las niñas es mayor (Profesores, 2022a). Otra de las razones que propician las uniones libres, es la continuidad de costumbres intergeneracionales; según el alcalde de Santa Fe «es una réplica de patrones; la mamá le dice a la hija: “si a tu edad yo me junté con tu papá”». Una tercera razón es la presión económica para deshacerse de los hijos, quienes vislumbran como única alternativa formar su propio hogar; de hecho, todos los adolescentes que se van de la casa es para construir su propia unidad familiar. En estas situación la educación de los hijos o hijas no es prioridad (Profesores, 2022a). Estas tres razones son el resultado de las condiciones sociales de las niñas, y no de decisiones libres y conscientes. Los informantes tienen la concepción de que los menores piensan poco en las condiciones de vida que tendrán al formar su hogar. Hay personas en las montañas que piensan menos sobre sus condiciones futuras de vida que personas que viven en la zona costera (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022). Por otro lado, hay menores en la montaña que trabajan y se ven felices; sin embargo, «las garífunas no saben hacer nada, ni siquiera saben hacer casabe» (Padres de familia de Iriona Viejo, 2022). Hay que resaltar que las instituciones municipales responsables de la protección infantil y femenina están conscientes del flagelo, e intervienen cuando conocen los casos. Por ejemplo, la encargada de la oficina de la mujer de Santa Fe menciona: «hace unos años, como oficina municipal de la mujer, paramos un matrimonio en el que los padres prácticamente estaban vendiendo a una adolescente de trece años, que estaba en cuarto grado» (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022).

Embarazo adolescente Los embarazos de adolescentes y niñas son constantes en todas las comunidades, aunque en unas más que en otras, posiblemente vinculado a la densidad de la población. Los lugares en donde se contabilizó menos incidencia absoluta eran los más pequeños y con menos población (Red de Mujeres Cusuna, 2022). La percepción de las mujeres es que la incidencia del embarazo adolescente es de 2 % a 3 % (Red de Mujeres Santa Fe, 2022), pero según la Tabla 9, en el departamento de Colón, la incidencia en 2019 fue de 4.9 %. Los casos de embarazo se presentan desde los trece años (Red de Mujeres Río Coco, 2022). Algunas mujeres expresaron haber observado a adolescentes con hijos(as) en el colegio (Red de Mujeres de Río Esteban, 2022), mientras que otras dijeron que, en su comunidad, habían adolescentes de entre los catorce y diecisiete años con hijos(as) (Red de Mujeres Punta Piedra, 2022). Hay más embarazos en las menores del segundo o tercer ciclo de educación básica, en comparación con las adolescentes que están en educación media. Quizás sea porque las mayores conocen más sobre sexualidad, o quizás por las características personales y sociales de ellas (Profesores, 2022b). La proporción de embarazadas precoces respecto de las mayores no está clara; pero, en el caso de Iriona, los datos que se han procesado muestran que las menores embarazadas son casi el doble que las mayores. «Estos valores son relativamente constantes, siempre hay una cantidad considerable de embarazadas» (médico de Iriona, 2022).

Gráfico 4. Conocimiento de madres adolescentes

Para algunas mujeres es normal que haya adolescentes embarazadas en las comunidades, pero no muchas, perciben que ahora se cuidan más: «antes nadie las orientaba, hay más confianza», «se acercan más a la madre» (Red de Mujeres San José de la Punta, 2022).

Fuente: elaboración propia

A pesar de no poder afirmar con precisión cuántas menores están embarazadas o han tenido hijos, el Gráfico 4 muestra que el 40 % de las encuestadas conocen al menos una madre adolescente. En el Gráfico 5 se observa que el 17 % de las madres de las encuestadas tuvieron hijos siendo menores de 19 años.

Gráfico 5. Edad del primer hijo de la madre

Fuente: elaboración propia

Vinculado al embarazo por razones de materialidad está la propia precocidad sexual. Una idea que surgió es que «la cultura mestiza es más precoz» que la garífuna, lo cual es desmentido por los datos de la Tabla 12. Las mujeres aceptan que en sus comunidades comienzan la vida sexual a temprana edad, una de ellas dijo: «sería hipócrita opinar en contra, porque cuando yo tenía trece años ya tenía relaciones sexuales». Sin embargo, que sepan que ocurre no significa que estén de acuerdo. Otra mujer expresó: «por el tiempo en el que estamos viviendo se puede ver normal, pero no es normal, porque por la edad que tienen ellas no están capacitadas [física ni mentalmente]» (Red de Mujeres de Guadalupe, 2022). Por otro lado, parece que no hay desaprobación de la precocidad sexual siempre y cuando los menores usen protección (sexo seguro), existe la idea de que «no lo van a dejar de hacer», entonces mejor que se protejan (Red de Mujeres San José de la Punta, 2022). En el Gráfico 6 se puede apreciar que tres menores dijeron haber comenzado su vida sexual en un grupo cuya edad promedio es de doce años. Mientras que en el Gráfico 7 se aprecia que 21 % de ese mismo grupo de niñas tenían un noviazgo activo. Gráfico 6. Actividad sexual

Gráfico 7. Noviazgo activo

Fuente: elaboración propia

Aparentemente, a todas las edades, la natalidad en la montaña es mayor que en la costa (Oficina Municipal de la Mujer de Santa Fe, 2022). Mientras que el médico encargado del CIS en Balfate asegura que ellos son quienes tienen más afluencia de pacientes, refiriéndose a la atención de la zona de Balfate no garífuna (Médico de Balfate, 2022)

Los padres parece que descuidan más a sus hijos (que a sus hijas). Por ejemplo, el alcalde de Santa Fe mencionó que un señor se puso de acuerdo con el padre de una niña de doce años, a quien su hijo, de edad no especificada, embarazó. Algo similar había ocurrido con una hija adolescente de quince años (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022).

Asimismo, el machismo hace que se trate diferente a las niñas y a los niños respecto a la sexualidad: generalmente se incentiva a los niños desproporcionadamente a que sean activos (Red de Mujeres Santa Fe, 2022). Las mujeres responsabilizan a los padres por no cuidar a sus hijos; opinan que los varones no pierden nada cuando embarazan a una niña porque usualmente se alejan y no se responsabilizan (Red de Mujeres de Río Esteban, 2022); en cambio, son las niñas y los padres de esas niñas los que deben tomar la carga (Red de Mujeres Río Coco, 2022). Los hombres, mayores o menores, dejan a las adolescentes con sus hijos, no se preocupan por su bienestar. Incluso, los padres de los jóvenes incentivan a que no se ocupen de sus obligaciones (Red de Mujeres Cusuna, 2022). Hay una idea del comportamiento adecuado que deben tener los menores según la edad, género o parentesco; pero que, en ciertas circunstancias, los adultos no llevan a cabo con sus hijos, muchas veces para no generar la idea de mucho control sobre los menores y con ello parecer anticuados, o también influenciados por ciertas actitudes de su propia vida (Red de Mujeres Santa Fe, 2022). En palabras de una mujer, el embarazo precoz «les truncan los sueños; es cierto que se puede salir adelante, pero es más difícil y a mayor plazo» (Red de Mujeres Santa Fe, 2022). Normalmente las que quedan embarazadas dejan la escuela (Profesores, 2022b), limitando con ello sus opciones futuras de independencia económica. Otra informante mencionó que trasladan a las niñas del centro educativo en donde están a un Instituto del Sistema de Educación a Distancia (Isemed) por la presión de otros padres del centro educativo, que alegan que son malos ejemplos para los otros menores. Las niñas que se van a un Isemed generalmente no pueden regresar después de parir porque no son aceptadas, mientras que otras se autoexcluyen (Dirección Municipal de

Educación de Iriona, 2022). La pobreza del nuevo hogar también es una consecuencia esperada, especialmente en los casos en los que ambos son menores de edad, porque enfrentan sus necesidades económicas por sí mismos, en condiciones educativas y laborales desfavorables (Red de Mujeres Punta Piedra, 2022). Hay que mencionar que la salud de las menores también se ve amenazada cuando optan por el aborto; puesto que, al ser ilegal, deciden hacerlo de forma clandestina. Las mujeres encuestadas mencionaron la existencia de abortos clandestinos, que ocurren de manera más frecuente de lo que se reporta. Una de las informantes conoció a una menor que casi lo realizó, mientras que a otra informante le pidieron que lo hiciera ella, pero se negó (Red de Mujeres Santa Fe, 2022).

Tabla 17. Incidencia de embarazo adolescente

Educación sexual, reproductiva y planificación familiar Cuando una mujer decide embarazarse es su prerrogativa y derecho reconocido. Sin embargo, cuando no tiene la formación suficiente para tomar esa decisión, o cuando no puede acceder a mecanismos que le permitan planificar su familia, entonces estamos ante una situación de vulneración, o incluso violación, de sus derechos. Esta formación debe provenir de sus padres u otros canales institucionales (como la escuela). Es una violación de derechos cuando el Estado, explícitamente, niega la formación a través del currículo, o cuando realiza acciones que impiden el acceso a métodos anticonceptivos. En este diagnóstico no se encontraron casos de violación del derecho de las niñas a acceder a métodos anticonceptivos por parte del Estado, no hubo evidencia de que los centros de salud se los negaran. De hecho, todos los CIS, así como voluntarios comunitarios (casas o pulperías), disponen de preservativos gratuitos (Red de Mujeres Río Coco, 2022; Red de Mujeres San José de la Punta, 2022).

sino un mecanismo de protección.

Una informante señaló que, a pesar de haber disponibilidad de métodos anticonceptivos en el centro de salud, solo los proveen luego de una citología (Red de Mujeres Río Coco, 2022). Esto podría ser por las políticas de los CIS de ofrecer acompañamiento a las menores, en cuyo caso la citología no sería un requisito,

En el Gráfico 8 se muestra el acceso a métodos anticonceptivos de las niñas y adolescentes. De 42 que respondieron la pregunta, solo 3 tuvieron acceso. A partir de datos ofrecidos por el CIS de Balfate, se constató que se les proveen métodos anticonceptivos a menores desde los 12 años.

Asimismo, algunas informantes expresaron que los centros de salud no les ofrecen métodos anticonceptivos a las menores (y a ellas les da pena pedirlos); en cambio, los médicos y las enfermeras afirman que sí le dan a cualquiera que solicite (aunque nunca cumplen las metas de distribución de preservativos).

El método anticonceptivo de preferencia de las adolescentes es el inyectable; puesto que, a pesar del riesgo por la carga hormonal que tiene, su aplicación es menos frecuente, lo que disminuye el riesgo de que sus padres se den cuenta. En cuanto a la edad, son las mayores de quince las que más se acercan al CIS para planificar (Médico de Iriona, 2022).

Gráfico 8. Acceso a métodos anticonceptivos

Fuente: elaboración propia

Las madres abordadas para este diagnóstico, sin excepción, están de acuerdo con que se imparta la educación sexual y reproductiva. Opinan que debe comenzar a los diez años (Red de Mujeres Punta Piedra, 2022), siempre y cuando se realice de manera pertinente, tanto en su contenido como en el uso de la metodología adecuada a cada edad, y que la persona que imparta este tipo de educación tenga una reputación intachable (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022). Una persona mencionó que estas enseñanzas podían inducir al comportamiento sexual precoz, pero fue refutada rápidamente: un padre de familia dijo que «educar a los hijos no es promover, sino evitar», opinión que las demás mujeres apoyaron, complementándola al decir que dicha educación sirve para evitar que sean mal influenciadas (Red de Mujeres San José de la Punta, 2022). Expresaron que debe ser más constante y amplia, y que es insuficiente la que ofrece el currículo escolar actual (Red de Mujeres Cusuna, 2022). La educacion sexual deberia ampliarse no solo a grados menores, sino tambien a los padres.

En palabras de una madre: «los primeros que se deberían educar son los padres, porque el mayor tabú no está en los niños, está en ellos» (Red de Mujeres Santa Fe, 2022). La encargada de la OMN en Iriona opina que, «a partir del aumento de la información a través de charlas, ha mejorado la situación de embarazo y abuso» (Oficina Municipal de la Mujer de Iriona et al., 2022). De hecho, los padres sienten vergüenza al momento de hablar de educación sexual con sus hijos, por desconocimiento del tema no saben si quiera por dónde empezar (Red de Mujeres Cusuna, 2022).Otras informantes dijeron que las niñas que se crían con sus abuelas tienen menos probabilidad de recibir educación sexual en casa. El Gráfico 9 muestran que las niñas de quinto y sexto año de básica conocen sobre métodos anticonceptivos; sin embargo, nótese que la mayoría (el 75 %) respondió que no. De las que respondieron que sí, el 62 % lo aprendió en la escuela, el 18 % en campañas de salud, el 10 % en campañas de ONG y el 10 % por su cuenta.

Los embarazos adolescentes están disminuyendo marginalmente, y son mucho menor con respecto a las generaciones pasadas. Las mujeres opinan que «la gente está aprendiendo, están usando preservativos, condones, o están usando otros métodos de planificación» (Red de Mujeres de Guadalupe, 2022).

Gráfico 9. Conocimiento de métodos anticonceptivos

Gráfico 10. Fuente de educación sobre métodos anticonceptivos

Fuente: elaboración propia

El alcalde de Santa Fe expresó que en décadas pasadas «las comunidades garífunas fueron estigmatizadas por el VIH, pero ahora han mejorado porque se cuidan más» (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022). Se han impulsado programas de uso de preservativos con el fin de evitar enfermedades de transmisión sexual, y como beneficio secundario se han disminuido los embarazos. Un ejemplo de esto es Ceprosal, que trabaja temas de prevención de VIH, pero que de forma tangencial trata también asuntos de embarazo adolescente (Red de Mujeres de Guadalupe, 2022). Tabla 18. Oferta de métodos anticonceptivos en centro de salud

Relaciones impropias Como se dijo antes, las relaciones impropias tipificadas en la legislación hondureña son el estupro y el incesto. Están penados; por lo que, desde el punto de vista de la ley, no hay violación del derecho. Sin embargo, hay incidencia y por lo tanto hay vulneración. No se sabe con seguridad el alcance del problema, pero la percepción es que son más los casos de los que aparecen (Red de Mujeres de Guadalupe, 2022).

En la mayor parte de comunidades se reportan casos de personas mayores conviviendo con menores por diversas razones: algunas por presión económica, otras por malos tratos en casa, y otras porque «ella quiere». El Gráfico 11 muestra los casos de insinuaciones sexuales realizadas a las menores por parte de familiares (el 10 % reconoce haber pasado por esa situación).

En uno de los casos se señaló que «[los familiares] están usando a las niñas como mina de oro: si aporta a la casa está bien que se relacionen con hombres mayores» (Red de Mujeres Santa Fe, 2022). En otra comunidad, hay bastante casos de adultos con menores que las cooptan con dinero u objetos (Red de Mujeres de Río Esteban, 2022). Un informante justifica las relaciones de menores de edad con mayores si le conviene económicamente, al menos después de los quince años (Padres de familia de Iriona Viejo, 2022). La encargada de la OMM señala que «en el sector de la montaña, venden hasta por una vaquilla a una menor» (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022). Algunas mencionaron que «quien se deja engañar es porque es tonta», implicando que la decisión es libre; incluso, en ciertas circunstancias consideran que las mujeres pueden manipular a los hombres, o al menos aprovechar la oportunidad (Padres de familia de Iriona Viejo, 2022). Una mujer señaló que «no hay necesidad que un hombre venga a abusar de una niña, solo le tira la lírica y se va con él. Entonces él tiene que entender que la está abusando, porque es una niña» (Red de Mujeres Santa Fe, 2022). En otro foro, la comunidad se manifestó en desacuerdo con que los mayores se involucren con menores, lo reconocen como abuso (Red de Mujeres San José de la Punta, 2022). Hubo solamente una comunidad en la que alguien dijo que «al final es decisión de ella», respecto a seguir en la escuela o a buscar marido. En esa misma comunidad, mencionaron otros casos de menores que prefirieron irse con marido para alejarse de la crianza restrictiva o violenta de su hogar (Padres de familia de Iriona Viejo, 2022). Gráfico 11. Insinuaciones sexuales por parte de familiares

Fuente: elaboración propia

La irresponsabilidad paterna es frecuente, por lo que el resultado es que las adolescentes terminan siendo madres solteras (Red de Mujeres Cusuna, 2022). El Gráfico 12 presenta la frecuencia en la cual el compañero sexual de las menores es mayor de 18 años: solo tres contestaron afirmativamente. El Gráfico 13 muestra la edad que tienen los novios de las menores (sin que implique actividad sexual). Casi todas tienen novios menores de edad, aunque mayores que ellas (en promedio, cuando la menor tiene doce años su novio tiene catorce).

Gráfico 12. Frecuencia de compañero sexual mayor de 18 años

Fuente: elaboración propia

Gráfico 13. Edad del novio

Fuente: elaboración propia

Otro fenómeno que influye en este apartado, es el uso del internet y redes sociales para compartir contenido de naturaleza sexual. Algunas madres expresaron que las menores comparten fotos privadas. En su opinión, los hijos y las hijas están superando la capacidad de supervisión de los padres en el espacio digital (Red de Mujeres Río Coco, 2022). Además, los profesores dijeron que la pornografía infantil digital está surgiendo, pero no hay manera de saber el alcance (Profesores, 2022b).

Abuso sexual 6 El Estado hondureño reconoce el abuso sexual como un delito. Las penas por cometerlo van desde nueve años (pena simple), hasta doce o más (agravada). El fenómeno ocurre, continuamente, en once de las doce comunidades visitadas . Según la encargada de la OMM de Santa Fe en su municipio «en el año, se dan cuatro o cinco casos en adolescentes. Sin embargo, con la persecución se han reducido un poquito» (Oficina Municipal de la Mujer de Santa Fe, 2022). Mientras que la oficial de la OMN de Santa Fe dijo que trató seis casos de abuso sexual entre 2021 y 2022. Los abusos son sistemáticamente realizados por mayores de edad a víctimas entre once y quince años de edad (Oficina Municipal de Niñez de Santa Fe, 2022). Por su parte, el médico de Balfate (2022) reportó casos en los que menores de 14 años le informaron haber tenido sexo con adultos.

Quizás no sea frecuente que se divulgue, pero las mujeres perciben que los casos son muchos. Mencionaron un ejercicio que hicieron en un centro educativo: de 198 niños casi 30 mostraron indicios de que pasaron por una situación de abuso. Los profesores reconocen que hay más casos en las zonas de montaña y más rurales, que en la zona costera y más urbanizada (Profesores, 2022a). Otra mujer señaló que «abusos sexuales acá en el pueblo hay, lo que pasa es que no se dicen»; luego, apuntó que «el abuso sexual no es solo penetración, hay niñas que están siendo manoseadas», pero que ellas no se dan cuenta que eso también es abuso (Red de Mujeres Santa Fe, 2022). También hay que mencionar que el abuso no necesariamente sale a la luz después de que ocurre, sino que puede estar pasando continuamente por años, hasta que con suerte es reportado (Profesores, 2022a).

En el Gráfico 14 se presentan las experiencias de abuso que han pasado las adolescentes entrevistadas. Trece expresaron haber recibido insinuaciones sexuales insistentemente; diez fueron tocadas contra su voluntad; a trece las besaron sin su consentimiento, mientras que a cuatro las obligaron a tener sexo contra su voluntad; es decir, fueron violadas. En el Gráfico 15 están las experiencias de acoso. Los resultados son aún más dramáticos: de las 66 menores que respondieron, 30 (el 66 %) habían recibido algún tipo de acoso. En los pocos casos de abuso reportados, la mayoría de las veces, las personas más cercanas son los victimarios. La decisión de la madre de emparejarse, hasta cierto punto, condiciona bastante el grado de exposición de sus hijas (Red de Mujeres de Guadalupe, 2022). El Gráfico 16 muestra que las menores viven, comúnmente, con padrastros u otros miembros de la familia extendida. Algunos profesores opinan que las niñas que viven en hogares con el padre y la madre tienen indicadores de personalidad más saludables (Profesores, 2022b). El Gráfico 17 reporta los lugares donde las niñas y adolescente no se sienten seguras. Nótese que luego del barrio (24), el lugar donde más expuestas se sienten es en sus propias casas (14 casos), luego la escuela (11) e incluso la iglesia (5); solamente 22 de las que respondieron dijeron no sentirse expuestas. 6 Es la categoría más difícil de abordar de las tres desarrolladas en este diagnóstico. 7

En la comunidad que no reportó casos, lo más probable es que existan de una manera «sumergida»; es decir, que no han salido a la luz pública.

Gráfico 14. Experiencia con formas de abuso

Fuente: elaboración propia

Gráfico 15. Experiencia con casos propios de acoso

Fuente: elaboración propia

El ciclo de la violencia es persistente (Oficina Municipal de la Mujer de Santa Fe, 2022), y normalizado. Por ejemplo, hubo un caso en el que la municipalidad denunció a un hombre ante la fiscalía para procesarlo; sin embargo, la madre esperaba que el abusador continuara apoyándola económicamente (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022). Varias madres permiten el abuso de sus hijas porque les reditúa económicamente; los abusadores las compensan, con bienes materiales o dinero (Red de Mujeres de Guadalupe, 2022).

Algunos padres y algunas madres llegan al extremo de vender a sus hijas, como reportan que ocurre en la comunidad de El Mirador, en Santa Fe (Profesores, 2022a). En otros casos, los padres simplemente son ciegos a una situación de abuso, debido a la incredulidad de que alguien de su confianza sea un abusador (Oficina Municipal de la Mujer de Iriona et al., 2022). Gráfico 16. Con quienes vive la informante

Fuente: elaboración propia

Gráfico 17. Lugares donde las informantes se sienten expuestas

Fuente: elaboración propia

Los efectos psicológicos y emocionales en las victimas no son registrados por las estadísticas gubernamentales. Los profesores perciben el trauma que queda en las víctimas, tanto emocionales como cognitivos. Las autoridades acusan, pero no hay seguimiento emocional y psicológico (Profesores, 2022b). Las mujeres y las niñas, en opinión de la oficial de la OMM de Santa Fe, necesitan un espacio donde sean tratadas con psicólogo (Red de Mujeres Santa Fe, 2022).

Denuncia y alcance institucional Las acciones judiciales y de tutela se activan a partir del conocimiento de los entes públicos a través de la denuncia; sin embargo, el silencio es persistente en las comunidades. En palabras de una de las madres: «sí hay casos en la comunidad, lo que pasa es que no alzan la voz» (Red de Mujeres de Guadalupe, 2022). El abusador sigue con su vida normal dentro de la comunidad, en un silencio cómplice por parte de las familias (Dirección Municipal de Educación de Iriona, 2022). Una de las razones de este silencio es el estigma social (Red de Mujeres de Río Esteban, 2022). Además, es muy común el temor a la represalias del agresor (Profesores, 2022b); una profesora dijo: «como docente es muy difícil hacer la denuncia, porque a nosotros ¿quién nos protege?» (Profesores, 2022a). A estas razones hay que sumar la desconfianza en la acción pública (Padres de familia de Iriona Viejo, 2022); por ejemplo, los profesores mencionaron que los propios funcionaros liberan información confidencial sobre la denuncia, y ponen en riesgo la vida del denunciante. Por otro lado, está la sensación de impunidad: los abusadores sienten que no habrá consecuencias para sus acciones. Pueden abusar de una niña, que su mamá no puede proteger (Red de Mujeres Punta Piedra, 2022), y no habrá persecución judicial. Finalmente, algunas mencionan que son asuntos privados; y que, por lo tanto, son los padres y las madres las que deben denunciar, y no la comunidad (Red de Mujeres Punta Piedra, 2022). En todo caso, las denuncias de abusos potenciales, o razonablemente probados, las suelen realizar los vecinos, el patronato o amigas muy cercanas, pero no las propias víctimas (Oficina Municipal de la Mujer de Iriona et al., 2022). Incluso, hay situaciones en donde la denuncia anónima genera respuesta pública, pero es detenida por el silencio de las víctimas o sus padres (Red de Mujeres Santa Fe, 2022).

limitan a remitirlas a las instancias pertinentes (Juzgado de Paz de Balfate, 2022; Juzgado de Paz de Santa Fe, 2022). A pesar de esos límites institucionales, se está construyendo la red de facilitadores judiciales, que podrá servir como enlace entre el Estado y la comunidad, tanto para orientar a los afectados como para encauzar información de otros temas (Juzgado de Paz de Balfate, 2022).

A pesar de todo, está creciendo la conciencia de que es necesario la denuncia; una madre opina que «ya no se puede tener temor, porque la mujer ya tiene un derecho, y los niños también» (Red de Mujeres Cusuna, 2022). Las jurisdicciones están establecidas en las leyes nacionales: la Fiscalía de niñez es la encargada de perseguir, los juzgados de letras de juzgar y la DINAF de tutelar. Cuando llegan denuncias de abuso en los juzgados de paz, estos se

Tabla 19. Casos de abuso reportados en Santa Fe (2020-2022)

Fuente: elaboración propia con base en datos provistos por la OMN de Santa Fe

La municipalidad es reconocida como un punto de atención al que se acercan las poblaciones cuando tienen algún problema, al menos en estos municipios relativamente pequeños y cercanos a la gente (Juzgado de Paz de Santa Fe, 2022). Sin embargo, las autoridades municipales reclaman, sin negar su responsabilidad, que las familias están fallando en su papel protector, para ellos son los padres los principales responsables del bienestar y seguridad de sus hijos(as) (Oficina Municipal de Niñez de Santa Fe, 2022). En palabras del alcalde de Santa Fe: «la familia no ha hecho su parte, toda la carga se la han dejado al pueblo y la comunidad» (Consejo de protección de la niñez Santa Fe, 2022). Algunas mujeres señalan la irresponsabilidad de las madres y la falta de ejemplos positivos: «hay madres aquí… que se van el sábado a chupar… qué ejemplo les dan a sus hijas, ¿cómo las van a corregir?... A veces no es que las cipotas lo quieran hacer, sino que nosotros de padres y madres tenemos la culpa» (Red de Mujeres Río Coco, 2022). Otras mujeres opinan que a los padres hay que sancionarlos más, no con la promulgación de nuevas leyes, sino con su aplicación (Red de Mujeres Santa Fe, 2022).

Por otro lado, los centros de salud no tienen protocolos para atender casos de abuso. Tampoco los médicos tienen formación para determinar violaciones, incluso hasta tienen incentivos para no intervenir (Médico de Balfate, 2022). La dirección municipal — al menos en Iriona— no tiene protocolos de atención a sospechas o a casos de abuso sexual (Dirección Municipal de Educación de Iriona, 2022). Sin embargo, hay reconocimiento, tanto de la necesidad de la acción conjunta entre todos los actores, como el fortalecimiento de la reputación policial para mejorar su eficacia (Red de Mujeres Santa Fe, 2022).

Finalmente, con respecto a las escuelas, un profesor mencionó: «el trabajo de los profesores es preventivo, alertar a las niñas, alertar a las madres, estar siempre hablando del tema» (Profesores, 2022b).

Conclusiones 1 El matrimonio infantil, el embarazo adolescente, las relaciones impropias y los abusos sexuales son parte de la realidad cotidiana de las niñas de las comunidades visitadas. Aunque no se puedan dimensionar de manera precisa, los casos de abuso y relaciones impropias no significa que no ocurran. En el EBDH, la magnitud del problema no es relevante para implementar medidas de protección; sin embargo, debería estar justificada la intervención estatal y social con la existencia de un solo caso, o con la sospecha de que algo está ocurriendo.

Diferentes organizaciones están especializadas en diferentes campos: la fiscalía en materia persecutoria, la DINAF en la tutela y seguimiento, la Secretaría de Educación en la formación sobre derechos y en temas sexuales y reproductivos, mientras que la Secretaría de Salud provee métodos anticonceptivos y atención médica.

El desconocimiento de las categorías legales y convencionales provoca que la población no identifique situaciones de abuso o vulneración de derechos. La ausencia de denuncia o la aceptación de situaciones indeseables, podría deberse al desconocimiento de que son delitos perseguidos por el Estado.

4 Los mecanismos de protección y persecución se activan a partir de la denuncia. Es aquí donde están los puntos débiles de las acciones institucionales en materia de tutela y judicialización. Que no existan mecanismos de investigación de oficio ante las denuncias, o ante sospechas, limita la voluntad de las víctimas y sus familiares. Además, existe el supuesto de que las victimas tienen incentivos perversos que los llevan al silencio, y el silencio revictimiza.

Es posible que las víctimas normalicen la situación; es decir, que se interiorice el abuso y se reproduzca como algo «normal», que se acepte como situaciones que les suceden a sus hijos e hijas; y que, incluso, sean estos niños o niñas los abusadores posteriormente. Convivir con esta situación, por largos periodos de tiempo, puede llevar a creer que eso es aceptable, en lugar de reconocer que es un problema, y que necesita de acciones. Las hijas de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de reproducir patrones, ya que pueden considerar que es una conducta normal, al haber ocurrido, de manera sistemática, en las generaciones anteriores.

Honduras adolece de mecanismos adecuados de intervención temprana, así como de políticas sociales o leyes orientadas a la prevención de la problemática. Asimismo, la falta de investigación no permite contar con los datos suficientes para el manejo del contexto demográfico, cultural y social de los embarazos en adolescentes.

6 Las y los adolescentes, según estudios sicológicos, procesan los estímulos de manera más despreocupada que los adultos, o con el concepto económico de descuento del futuro, que significa que no valoran adecuadamente las acciones que hacen en el presente. Esta es una de las razones por las cuales los adolescentes de estas zonas se unen en matrimonio o unión libre a corta edad. Además, sienten que no tienen muchas opciones si no pueden seguir estudiando o mejorar sus ingresos.

9 Las embarazadas se concentran en tercer ciclo y no en la educación media. Las mujeres con más educación presentan niveles más bajos de embarazo en todos los casos tratados en este diagnóstico. El poco o nulo acceso al sistema educativo parece ser un factor de riesgo. Aunque no hay una relación documentada, la educación de las mujeres puede servir de mecanismo de protección. Probablemente, la prevalencia de más embarazos en menores de quince años sea por desconocimiento, puesto que las mayores ya saben cómo planificar.

10 7 Las niñas pueden caer en las propuestas de hombres mayores de irse con ellos, o de ceder sexualmente a cambio de bienes o dinero. Además, las niñas provenientes de hogares negligentes tienden, en mayor proporción, a truncar sus estudios y a formar familias más temprano.

El éxito de la educación sexual dependerá de la pertinencia de los contenidos, de los métodos, del material didáctico y de las personas que la impartan. Es necesario presentarla de forma seria y adecuada a las visiones y alcances cognitivos de cada grupo de edad.

13 11 El acceso libre, desde temprana edad, a métodos anticonceptivos, junto con la formación en la materia, podría reducir los casos de embarazo adolescente. Sin embargo, no queda claro que tenga la misma efectividad en todas las edades; por ejemplo, no queda claro si las menores de quince años usarían los métodos anticonceptivos de forma generalizada.

14 Todos los fenómenos estudiados están vinculados a variables sociales, educativas y económicas, no solamente a aspectos individuales. Esto implica que la disminución de la incidencia está vinculada al mejoramiento de esas otras variables, pero no pueden abordarse de la misma forma ni en la misma dimensión. Posiblemente, la acción más inmediata y económica es la educación de los padres, de las madres, de las autoridades, de los profesores y de las propias niñas. Hay que considerar que los cambios sociales requieren intervenciones continuas y extendidas durante mucho tiempo.

Aunque ya se mencionó en el apartado metodológico, los acercamientos cualitativos no pueden generalizarse. Lo que se presenta en la sección de hallazgos es fundamentalmente la percepción y experiencias personales. Evidencian que los fenómenos ocurren, pero no pueden dar cuenta de la magnitud real. Los centros de salud recaban información de manera sistemática, así como algunas OMM y la DINAF; pero, por diversas razones, estas no son de acceso público y el ejercicio de recolección es limitado. A pesar de que el Gobierno hondureño ha promulgado instrumentos para lograr y monitorear los ODS en el país (Agenda Nacional 2030, 2019), falta la sistematización y la socialización de indicadores de logros y desafíos, por lo que es necesario que otras organizaciones de sociedad civil recaben datos y redacten informes sombra que den cuenta de la situación real.

Recomendaciones 1 Recolectar información continuamente a través del sistema municipal de protección, que incluye a los actores relevantes en el tema, y así poder evaluar los avances en materia. También deberían registrarse los casos que se denuncian, independientemente del resultado. Asegurarse de identificar quién hace la denuncia, y las condiciones del hogar, con el fin de conocer mejor el fenómeno. El sistema de monitoreo no necesita redactar informes completos cada año, sino solamente un boletín que muestre los cambios en la dinámica de los problemas, así como en las acciones de protección.

Hay una idea de que la educación sexual indiscriminada promueve la precocidad, por lo que es necesario considerar los mecanismos reputacionales para mejorar la aceptación social. Además, asegurar la pertinencia temática y metodológica según la edad. Hay que crear materiales y capacitar a profesores, padres y estudiantes; cada uno con su propia metodología y con objetivos particulares. Es necesario crear campañas públicas de educación sexual (afiches y trifolios pueden ser efectivos). Una vez establecidos estos canales de formación, se deben aprovechar para incluir los temas de abuso sexual y relaciones impropias.

Fortalecer los espacios de encuentro social, especialmente el Comité municipal de protección de la niñez, asegurando la participación continua y disciplinada de todos los miembros. Es importante que en estas reuniones participen adolescentes, para que den su opinión respecto a la situación y que aporten ideas sobre medidas que se pueden tomar. De igual manera, es necesario mejorar la imagen de la policía, propiciando su acercamiento al ciudadano, y procurando su capacitación en temas relativos a la protección de los y las menores.

4 Es necesario desarrollar campañas de publicidad y formación con el fin de promover la cultura de la denuncia; además, es recomendable establecer los canales adecuados para realizarlas.

5 Si no es posible abrir oficinas de la DINAF más cerca de las comunidades, se deben crear mecanismos interinstitucionales entre las OMN, OMN y la misma DINAF, para que compartan procesos e información, y así fortalecer el trabajo de todos.

Explorar la posibilidad de incluir a los profesores y oficiales de la OMM y OMN en el sistema de protección de defensores de derechos humanos. Si no, es necesario crear una estructura similar que los proteja de las posibles represalias de los abusadores denunciados. Esto podría incentivar el reporte de más casos de abuso ante las autoridades.

Capacitar a los oficiales de las instancias gubernamentales, y a otros actores de la sociedad civil, en políticas públicas y en derechos humanos. Así podrán analizar mejor los problemas, y diseñar mecanismos de protección a través de propuestas legislativas, proyectos locales y otras formas desde sus experiencias y oficinas.

8 Ofrecer mecanismos de apoyo psicológico a las víctimas. Posiblemente, la forma más viable sea a través de los centros de atención médica ya establecidos, o de manera itinerante con las escuelas o las OMN. Además, es necesario crear espacios de protección a las víctimas, donde puedan refugiarse temporalmente y de manera inmediata ante el riesgo (pueden ser en casas hogar o apoyarse en redes de voluntarios). En todo caso, la dificultad de las medidas no justifica dejar a las víctimas sin acompañamiento.

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Anexos Instrumentos de recolección Instrumento niñas

Instrumento grupos de enfoque

Instrumento profesores

Gráficos complementarios Esta sección contiene los gráficos generados a partir de la encuesta que se realizó con un grupo de niñas y adolescentes para conocer su experiencia con casos de violación y vulneración de sus derechos. Esta información ayuda a entender mejor sus contextos, pero decidimos no incorporarla al cuerpo del texto para no desviar la atención del lector. Gráfico 18. Edad de las informantes

Gráfico 19. Número de hermanas de las entrevistadas

Gráfico 20. Número de hermanos de las entrevistadas

Gráfico 21. Posición ordinal de nacimiento de la informante

Gráfico 22. Número de personas con las que vive la informante

Gráfico 23. ¿Cómo recibió clases en la pandemia?

Gráfico 24. Tipo de secundaria que quiere cursar

Gráfico 25. Informantes con planes de estudiar nivel universitario

Gráfico 26. Informantes con actividad económica

Gráfico 27. Tipo de actividad económica de la informante

Gráfico 28. Tiempo diario de dedicación a la actividad económica

Gráfico 29. Conocimiento sobre el acoso

Gráfico 30. Insinuaciones sexuales por parte de compañeros

Gráfico 31. Relaciones de noviazgo