Bases Programáticas Oficiales RD by Revolucion Democratica

BASES PROGRAMÁTICAS PRIMER CONGRESO NACIONAL REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Documento Oficial Chile, Noviembre de 2012

BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

Índice Crear para creer. Las transformaciones que Chile necesita

Resultados Referendo Programático

Comisión Reformas Políticas

Comisión Nuevo Modelo de Desarrollo

Comisión de Educación

Comisión Ciudades y Territorios Democráticos

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Crear para creer. Las transformaciones que Chile necesita. “En mi opinión, no se trata sólo de estar con la revolución, sino de ser revolucionario. Y ser revolucionario implica, claro está, ser libre, o luchar consecuentemente por alcanzar la libertad. Así como los pueblos se liberan mediante la lucha contra la opresión política y económica, los individuos sólo pueden liberarse mediante la lucha contra sus tiranos interiores: la hipocresía y el miedo. Los prejuicios, los intereses creados, la falsa auto crítica, las ideas convencionales y esquemáticas, forman el ejército invisible (a menudo mercenario) contra el cual las guerrillas interiores habrán de emprender la lucha por la libertad creadora. Mientras más conciencia, más luz. Mientras más luz, más conciencia.” Roberto Matta, Premio Nacional de Artes Congreso de la Cultura, La Habana, 1968

El presente documento contiene las 50 mociones aprobadas en el referendo de Contenidos realizado en el marco del proceso constituyente de Revolución Democrática y los informes de las cuatro comisiones de la coordinación de Contenidos que las inspiran: Reformas políticas y Democracia, Nuevo Modelo de Desarrollo, Educación y Ciudades y Territorios Democráticos. El trabajo de contenidos pretende ser uno de los pilares de la identidad de RD, queremos que la discusión ideológica y programática y la formación permanente de nuestros adherentes sea una señal clara de que queremos construir espacios de participación abierta y vinculante en la toma de decisiones respecto a las propuestas que RD le va a ofrecer al país. Este proceso se abre con este documento y esperamos no cerrarlo jamás, que siempre estemos disponibles para incorporar las visiones de quienes se adhieran al movimiento, pero con la misma fuerza queremos marcar una clara posición respecto al tipo de país que queremos construir. A lo largo de este documento verán nuestras reflexiones y propuestas respecto a una democratización profunda de la sociedad y de la política, la apuesta por un nuevo modelo de desarrollo, colaborativo, social y ambientalmente sustentable, nuestro esfuerzo por fortalecer una educación de calidad, pública y gratuita para todos los niños y niñas de Chile y nuestros anhelos por mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades a través de la descentralización efectiva y el reconocimiento de la diversidad de los territorios que habitamos. A partir de estos documentos hemos realizado el referendo de contenidos en que todos los adherentes de Revolución Democrática fueron invitados a participar y esperamos que gatille en todos nosotros las ansias por seguir debatiendo y proponiendo a Chile las revoluciones que requiere para hacer de

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la patria el anhelo de justicia, paz y prosperidad con la que nuestra generación pretende dejar su huella en la historia. Agradecemos el aporte de todos los miembros de las comisiones, la apertura al diálogo y al debate democrático, la seriedad con la que han trabajado y las muchas horas que han invertido perfilando las primeras ideas que hoy queremos que sean conocidas por todo el Movimiento y sean parte de nuestro discurso de cara a la sociedad. Como dice la frase de Roberto Matta que hemos elegido para dar impulso a nuestro Primer Congreso Nacional #hayquecrearparacreer y esto significa la capacidad de construir colectivamente una propuesta de cambios significativos para Chile y una nueva mayoría social y política capaz de torcerle la mano al abuso, la segregación, la exclusión y la marginalidad, la falta de democracia, la depredación de nuestras riquezas naturales y la violencia física y simbólica que amenazan cotidianamente la felicidad y el bienestar de la mayoría. Esperamos que estas propuestas nos permitan abrir los debates que son necesarios de tener para construir un Chile radicalmente democrático, fraterno y justo. Un abrazo a todos y todas Sebastián Depolo Cabrera Coordinador Nacional de Contenidos Revolución Democrática.

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Resultados Referendo Programático Mandatos del Proceso Constituyente N

CATEGORIA

MOCION

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1 Definiciones Generales

Revolución Democrática es un movimiento político que impulsará transformaciones profundas en la sociedad chilena, buscamos la construcción de una república de iguales

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2 Definiciones Generales

Revolución Democrática aspira a ser un actor representativo de los chilenos y buscará espacios de poder tanto en el sistema político como en los distintos espacios de organización social y ciudadana Revolución Democrática buscará la construcción de nuevas alianzas políticas que representen a una nueva mayoría social por las transformaciones que la ciudadanía demanda. Revolución Democrática reconoce a Chile como un país multicultural, por lo que propenderá a la igual inclusión de todos los ciudadanos en la vida política nacional promoviendo acciones afirmativas para quienes históricamente no han estado representados en el sistema político y en la organización social y ciudadana Revolución Democrática buscará la construcción de un nuevo Pacto Social que modifique las relaciones de poder y privilegio actualmente existente y propenda al desarrollo colectivo y al bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas Buscaremos la construcción de un nuevo orden institucional reflejado en una Nueva Constitución que surja de una Asamblea Constituyente. Buscamos construir un mejor balance entre poder ejecutivo, poder parlamentario y participación ciudadana y promover un Estado activo, motor del desarrollo y garante de derechos Propenderemos la profundización de la democracia a través de la participación efectiva y vinculante de los ciudadanos modificando el sistema electoral que hace que las mayorías del país no se vean representados en la toma de decisiones.

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3 Definiciones Generales

4 Definiciones Generales

5 Definiciones Generales

6 Política y Democracia

7 Política y Democracia

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8 Política y Democracia

9 Política y Democracia

10 Política y Democracia

11 Política y Democracia

12 Política y Democracia

13 Nvo Modelo Desarrollo

14 Nvo Modelo Desarrollo

15 Nvo Modelo Desarrollo

16 Nvo Modelo Desarrollo

Impulsaremos una democracia participativa que haga más responsables a los ciudadanos de la gestión de los asuntos públicos y que les de poder de fiscalizar la acción de sus representantes ya sean del Estado o de la sociedad civil. Impulsaremos un Nuevo Estado, dinámico y eficiente, que tenga por misión central proteger a los ciudadanos y garantizar que todos y todas puedan participar de la construcción y diseño del futuro Buscaremos un nuevo orden territorial para Chile que de más poder y capacidad de acción efectiva a las regiones para construir su desarrollo con atención específica a sus realidades y potencialidades Revolución Democrática impulsará el derecho de los chilenos que residen en el extranjero a participar de los procesos eleccionarios del país. Ello supone un trabajo técnico y político que derive en la aprobación y efectiva implementación de una ley de voto de chilenos en el extranjero sin restricciones de ningún tipo. Propenderemos al diálogo, la formación cívica de la ciudadanía y el debate público permanente con el apoyo de nuevas tecnologías de información, utilizadas como herramientas para construir nuevas prácticas sociales y una opción política que las represente. Propenderemos la construcción de un gran acuerdo social para un nuevo modelo de desarrollo donde participen los ciudadanos, los empresarios y los trabajadores

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Buscaremos superar el actual modelo neoliberal y su exacerbación de la competencia y el individualismo, apostamos por la colaboración y solidaridad como ejes del vínculo entre actores sociales, políticos y económicos Entendemos el sistema productivo al servicio del desarrollo de las potencialidades de todos los ciudadanas y ciudadanos de las generaciones presentes y futuras, creemos que la transformación pasa también por cambiar los paradigmas que imperan en las relaciones entre las personas Fortaleceremos la capacidad de todos los actores del sistema productivo de organizarse colectivamente, trabajar en sinergia con actores públicos y privados y ser parte del diseño de las políticas que requiere una nueva etapa en el desarrollo nacional

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17 Nvo Modelo Desarrollo

18 Nvo Modelo Desarrollo

19 Nvo Modelo Desarrollo

20 Nvo Modelo Desarrollo

21 Nvo Modelo Desarrollo

22 Nvo Modelo Desarrollo

23 Nvo Modelo Desarrollo

24 Nvo Modelo Desarrollo

Los recursos naturales son patrimonio inalienable de todos los pueblos de Chile, representados a través del Estado, y así como les corresponde beneficiarse de ellos, es también su deber protegerlos para poder seguir utilizándolos en el futuro Un nuevo modelo de desarrollo debe considerar el estrecho vínculo entre destrucción ambiental y la profundización de la pobreza social. El daño ambiental afecta principalmente a las clases populares, por lo que una fuerte regulación entre los sectores productivos y su entorno implican una mejora significativa en la calidad de vida de la sociedad. Lo cual atenúa la desigualdad. Dotaremos al Estado de las herramientas que requiera para ser el motor de este Nuevo Modelo de desarrollo, las que podrán estar en permanente evolución. No limitaremos al estado como actor económico en el desarrollo de nuevos sectores productivos. Creemos necesario una verdadera reforma tributaria que nos permita contar con un sistema tributario robusto, justo y eficiente. Buscaremos un sistema tributario que permita la recaudación fiscal necesaria para un gasto público en función de financiar los bienes públicos, proveer los derechos básicos a la población y contribuir de manera directa al desarrollo productivo de largo plazo. Donde se fortalezca una estructura tributaria más justa y más progresiva. Propondremos cambios en el sistema tributario que eleven la recaudación fiscal en base a parámetros simples, universales y transparentes gestionado por una dependencia autónoma de los gobiernos de turno Abogaremos por hacer retroceder al mercado en la provisión de servicios públicos y por eliminar mecanismos de financiamiento público que vayan a engrosar utilidades de privados

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Buscaremos que el Estado garantice que todos los ciudadanos tengan las oportunidades para acceder a los distintos puestos de poder y que vele porque el piso económico, social y cultural sea lo más igualitario posible. Mejorar la posición social, cultural y económica es condición necesaria para capturar las nuevas oportunidades. Apostamos por una lógica en los servicios sociales que privilegie la solidaridad por sobre la capacidad individual de pago, buscaremos fortalecer la dimensión colectiva de los sistemas de salud, previsión social, vivienda y

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educación.

25 Nvo Modelo Desarrollo

Propenderemos el desarrollo de una política de desarrollo industrial que facilite el desarrollo de una canasta exportadora diversificada hacia sectores intensivos en aplicación de capital humano y de agregación de valor

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26 Educación

Impulsaremos la construcción de un proyecto educativo público, a través de un amplio proceso de diálogo y deliberación.

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27 Educación

Cuestionaremos la noción de calidad actualmente en uso, contrastándola con los principios explícitos del sistema educativo público. resulta indispensable incorporar dimensiones relacionadas con la integración e inclusión social y con la responsabilidad individual y colectiva. Abogaremos por garantizar el acceso libre y equitativo de cualquier estudiante a un establecimiento educativo, independientemente de su condiciones económicas, sociales, culturales o de cualquier otro tipo. Esto significa por cierto asegurar financiamiento público y terminar con el financiamiento compartido. Asimismo, significa terminar efectivamente con la selección de estudiantes. Devolveremos al Estado el rol de garante del derecho a la educación. El Estado es el actor llamado a garantizar una institucionalidad capaz de afrontar los desafíos de justicia, integración e inclusión social de un sistema educativo público. Creemos que toda acción orientada a transformar nuestro sistema educativo debe ser especialmente sensible a las condiciones de los sectores más desaventajados de la población, ya sea por condiciones económicas, geográficas o cualquier otro motivo. Esto implica una preocupación preferente por los grupos más desprotegidos de la sociedad.

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31 Educación

32 Educación

El estado debe privilegiar explícitamente a la educación pública, esto debe traducirse, entre otras políticas, en que la subvención recibida por la educación pública debe ser superior a la subvención que entrega el estado a la educación particular subvencionada, aun sin financiamiento compartido. Este trato preferencial debiera traducirse también en una nueva manera de entender la carrera docente, donde se incentive que los buenos profesores trabajen en escuelas y liceos públicos. Abogaremos por la creación de una institucionalidad que de manera efectiva vele por la calidad de la educación pública y lidere su proceso de fortalecimiento. Es urgente reformar la institucionalidad de la educación pública; junto con su “dependencia”, lo que

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importa sobre todo es cómo se fortalecen las capacidades y recursos de quienes son o serán responsables de los establecimientos.

33 Educación

Proponemos congelar la creación de colegios particulares subvencionados y junto con ello establecer una política de creación de colegios públicos en aquellas zonas en donde la oferta de educación pública sea escasa.

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34 Educación

Un pilar fundamental de la reforma de la educación pública consiste en reposicionar la imagen de la educación pública en la ciudadanía, avanzando en la dirección contraria de lo que hemos venido haciendo como país en los últimos años. Lucharemos porque la democratización se produzca desde un comienzo en la escuela y hacia la comunidad. Esta es una deuda actual del sistema educativo chileno. La escuela es la unidad básica que debe responder a este desafío, tanto en el plano institucional como en los planos pedagógico y curricular. Pero también es un desafío para las comunidades locales, que deben comprometerse en el desarrollo del proceso educativo. Los consejos escolares pueden ser una primera herramienta. La participación se debe expresar en una discusión nacional sobre la matriz educacional que queremos. No se trata solo de participación en las unidades educativas, sino también de un sistema educativo abierto a la discusión ciudadana, sobre el tipo de educación que queremos a nivel nacional y local.

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37 Educación

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40 Educación

41 Ciudades y

Territorios Democráticos

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Territorios Democráticos

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Territorios Democráticos

44 Ciudades y

Territorios Democráticos

La participación debe expresarse también en la discusión de los referentes curriculares del sistema escolar. Las actuales definiciones político-curriculares deben ser legitimadas, en función de las prioridades nacionales y locales, por actores relevantes, representantes de la ciudadanía. El currículum escolar debe ser objeto de deliberación. La participación democrática en el sistema educativo en todos sus niveles implica crear o mejorar espacios de representación de docentes, estudiantes y de las comunidades educativas, en general. Especial atención debe ponerse en los docentes, que han sido objeto de un proceso de desvalorización creciente y que es indispensable revertir si queremos un sistema educativo de calidad para todos. Fomentaremos un rol mucho más activo de los niveles regionales y locales en las políticas educativas. Las definiciones clave del sistema educacional debieran ser espacios privilegiados para que sea crecientemente el territorio y no el nivel central el que define el contenido y los instrumentos de la política. La participación debe expresarse en la misma oferta educativa. Dados los principios de justicia social y de integración social, y la base democrática del sistema impulsaremos la existencia de educación pública en todos los niveles en todos los territorios. Creemos que la ciudad, el territorio y sus habitantes conforman un sistema vivo, cuya salud y configuracion son consecuencia del modelo económico, social y político imperante; buscaremos superar la ciudad segregada e inequitativa que ha producido la desregulación neoliberal Proponemos la democratización de las oportunidades de bienestar para todos los ciudadanos, mediante la creación de una nueva institucionalidad, dotada de nuevos instrumentos que garanticen estándares mínimos de calidad de vida en comunidad. Propendemos la elaboración de una nueva Política de Desarrollo Urbano que regule el mercado del suelo, evite la especulación a costa de la inversión pública y planifique la localización y el crecimiento de la ciudad Buscaremos reinstalar la idea del Uso Social del Suelo Urbano, como base de toda política de vivienda o sectorial, colocando su valor de uso por sobre su valor de cambio. Deseamos un control democrático de su producción, reconversión, reutilización y valorización.

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50 Ciudades y

Territorios Democráticos

Proponderemos una Ley del Suelo que regule los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos, el mercado y el uso del suelo conforme a la función social de la propiedad. A traves de ella se buscara reducir la planificación discrecional, coordinar la planificación física y socioeconómica, y establecer elementos de gestión del suelo como expropiación, cooperación, compensación y mecanismos que logren captar las plusvalías generadas por el desarrollo urbano para financiar proyectos e infraestructura pública. Buscamos que los ciudadanos reciban compensaciones por las externalidades negativas asociadas a inversiones de cualquier naturaleza en sus comunidades

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Se requiere definir “Mínimos Urbanos”, estándares en cuanto a infraestructura, servicios, equipamientos y espacios públicos que digan relación con las necesidades específicas de la población teniendo en consideración sus características socio demográficas y la escala de las ciudades. De esta manera se asegura una cobertura adecuada y generalizada que a la vez considere las particularidades del territorio y sus habitantes. Fomentaremos gobiernos locales empoderados, con capacidades políticas, técnicas y económicas suficientes y de escala adecuada a las complejidades de la ciudad, que permita dar un tratamiento conjunto a la administración del territorio, sus instituciones, los mecanismos de participación, autogestión y empoderamiento ciudadano, y los proyectos de desarrollo local. Promoveremos la planificación territorial a nivel nacional, regional, provincial y comunal con instancias efectivas de participación ciudadana vinculante. Buscaremos el acceso garantizado a bienes culturales y al aprendizaje de los bienes físicos y simbólicos de nuestro identidad reflejados en el territorio. Los objetivos de una política de cultura territorial deberán concentrarse en defender tanto los lugares, como sus contextos de producción física y simbólica, cuidando sus significados populares y protegiéndolos de la resignificación como bienes de consumo.

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Comisión de Reformas Políticas Construir una Nueva Democracia Social y Cultural Introducción Nuestro trabajo de comisión comenzó por definir lo que entendemos por democracia. Al respecto fijamos como principio orientador de nuestro trabajo al vínculo entre democracia y participación, que a su vez acordamos como posible sello de nuestra identidad política como movimiento. A partir de este principio orientador, reconocemos que en Chile los canales de participación y democracia están agotados y que debemos desarrollar un diálogo colectivo y colaborativo para revitalizar la idea de democracia. Queremos revolucionar la idea de democracia, y en el camino de esa transformación, proponemos nuevas perspectivas para seguir profundizando en la apropiación del concepto, considerando que este documento no es otra cosa que un paso más, en un largo diálogo cívico en el que todos nosotros estamos involucrados.

IDEAS MATRICES Una comunidad que se proyecta en el Estado Los diagnósticos que hemos formulado concuerdan en que nuestro sistema político y modelo de desarrollo no ofrecen posibilidades legítimas para la realización de todas las personas de nuestro país. Hay una crisis de representatividad y participación, hay una excesiva concentración de la riqueza, centralización del poder y un desigual e injusto acceso a los derechos sociales básicos. Decidimos hacer frente a los problemas descritos a partir del Estado, pues reconocemos en él la versión moderna de los diversos sistemas de organización que el ser humano ha creado en la historia para satisfacer las necesidades de su comunidad. Ahora, en el contexto de nuestro tiempo resulta necesario y urgente que desde la ciudadanía el Estado vuelva a ser pensado. Reconocemos que las complejidades del mundo que nos toca habitar obligan a buscar mecanismos de administración, regulación y representación para permitir el pleno desarrollo de nuestras vidas al interior de esa imaginada comunidad que llamamos Chile, pero nos rehusamos a aceptar el estado actual de las instituciones que definen nuestra democracia.

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Creemos en la necesidad de reformular la comprensión del Estado como mediador, garante y facilitador de los derechos que constantemente vayamos definiendo como fundamentales para nuestra comunidad. Reconocemos que la fuente de la soberanía del Estado reside en la reunión y el diálogo de los ciudadanos. Por tanto, no creemos en un Estado estático, nos sino uno dinámico que se adapta a lo largo del tiempo, dado que nos rehusamos a aceptar el estado actual de las instituciones que definen nuestra democracia,

Una Democracia en permanente construcción Dado que toda idea política parte de concepciones filosóficas, morales o culturales, consideramos necesario que se cuestionen las concepciones básicas de todo proyecto democrático. Esto significa refundar el contrato social atendiendo a las consideraciones culturales. Por lo tanto, escoger ese camino de transformación radical es escoger ningún camino pre-definido. La metáfora del caminante que hace camino al andar nunca fue más apropiada para describir un momento político como el actual. La revolución a la que aspiramos, pasa por poner en acción una permanente actualización de los principios, modelos, mecanismos e instrumentos que nos permitan potenciar el ejercicio de la ciudadanía, en tanto soberanía ciudadana. Pensamos el Estado como la proyección de un ejercicio de democracia social y cultural ya que, como se ha dicho, se funda en la participación permanente de todos nosotros. Participación que no se limita al ejercicio periódico del voto, sino que inspira nuevas formas de relaciones cotidianas, por eso decimos que es una democracia social. Pensamos también en una democracia que asume y profundiza el compromiso con prácticas concretas que se van internalizando progresivamente, hasta hacerse constitutivas de nuestra identidad, lo que nos permite caracterizarla como una democracia cultural. Concebimos este cambio, esta revolución, a partir de la acción transformadora sobre nuestras propias vidas, de modo de alcanzar en este proceso –que es al mismo tiempo personal y colectivo– una democracia que se manifieste ya no sólo como discurso, sino como verdaderas prácticas culturales, como un modo de vida que nos permite democratizar nuestra experiencia de lo cotidiano. Para alcanzar estos objetivos es imprescindible impregnar en nuestra cultura un nuevo hábito democrático y participativo. Esto significa apropiarnos del destino de nuestros barrios, ciudades y regiones, de manera que podamos reconocernos como comunidades y así mismo respaldar y legitimar el proceso democrático.

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Democracia: una experiencia cotidiana Para construir esta democracia participativa reconocemos el valor de la sociedad civil como patrimonio sociocultural de la democracia, entendida como la expresión de la ciudadanía organizada y participativa, diversa y pluralista. Anhelamos que la sociedad civil sea también una fuerza ética que se identifique con los derechos humanos y se oponga al totalitarismo de Estado y del mercado. Con el propósito de abordar este ideal democrático, consideramos útil valernos de 5 criterios que el autor Robert Dahl ha establecido como requisitos de una auténtica democracia: a) Participación efectiva: Establecemos como principio que durante los procesos decisión política todos los ciudadanos cuenten con oportunidades apropiadas y equitativas para expresar sus preferencias. El rediseño institucional debe permitir mayor participación. Encontramos algunos ejemplos de participación deficitaria en la imposibilidad de votar que tienen los chilenos en el extranjero, así como en la poca relevancia de las consultas ciudadanas en los procesos de creación de planes reguladores o evaluaciones de impacto ambiental, donde ésta reviste un carácter prácticamente testimonial. Tenemos el ideal de gestión pública participativa como el reconocimiento institucional del derecho ciudadanos de participar en el diseño, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas. b) Igualdad de votos en la etapa de decisión: A todos los ciudadanos debe garantizárseles iguales oportunidades para expresar una opción. Consideramos que este principio se cumple en nuestro país en lo formal. Sin embargo, nuestro sistema electoral contiene instituciones que acaban por distorsionar la igualdad de los votos. Por nombrar algunas: el sistema binominal, el modelo bipartidista de coaliciones, el financiamiento de las campañas políticas, los mecanismos de información y el antojadizo diseño de las circunscripciones electorales. c) Comprensión esclarecida: Los ciudadanos deben tener la oportunidad de comprender y afirmar qué decisiones políticas sirven mejor a sus intereses personales, comunitarios o nacionales. Esto requiere promover la formación política de los ciudadanos, así como garantizar mejores medios de comunicación que presenten la pluralidad de opiniones y promuevan el diálogo ciudadano.

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d) Control del programa de acción: La ciudadanía debe tener la oportunidad de negociar y definir el programa de acción del Estado. Se debe buscar el bien común, evitando que grupos de interés se apropien del control del programa de acción. Queremos eliminar las barreras que separan a la democracia representativa de la democracia directa y que las consideran polos excluyentes. Buscamos ensayar fórmulas en que los ciudadanos puedan acompañar participativamente a sus representantes. e) Inclusividad: Nuestra comunidad debe esforzarse por incluir a todos sus miembros. En este contexto creemos necesario realizar un debate profundo sobre la obligatoriedad del voto. También creemos necesario crear mecanismos de inclusión y participación alternativos al voto para aquellos grupos que no tienen derecho a votar y cuya opinión es relevante, como los estudiantes secundarios o los presos.

Una nueva democracia para Chile: Propuestas sobre Cambio en la Institucionalidad, Reformas Políticas, Transparencia y Descentralización. Consideramos necesario acabar con el cerrojo institucional diseñado por la dictadura y conservado por los gobiernos de la Concertación, que impide realizar cambios mayores al modelo de desarrollo de nuestro país. Para conseguir una nueva institucionalidad y un nuevo modelo de desarrollo proponemos las siguientes reformas: a. Cambio constitucional y Asamblea Constituyente: Es necesario que creemos una Carta Fundamental democráticamente decidida, que goce de la legitimad que la actual Constitución no tiene. En el proceso de creación estimamos necesario debatir los siguientes puntos: i.

Rol del estado: Es importante cuestionar el actual modelo de Estado subsidiario para promover el de un Estado que promueve activamente la provisión de los derechos sociales.

ii.

Legislador efectivo y en equilibrio con el ejecutivo: Cuestionar el actual presidencialismo reforzado. La iniciativa exclusiva del Presidente es una institución que limita muchísimo el papel que pueda tener el Congreso.

iii.

Bases de la institucionalidad: Nuestra Constitución contiene el pensamiento católico conservador de quienes la redactaron e impusieron en dictadura. Es imprescindible que el sustento ideológico de la Carta Fundamental sea revisado y discutido por todos.

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iv.

Democracia directa y sistema electoral: Desde el plebiscito de 1988 nuestros índices de participación electoral han ido en continuo descenso. Este hecho es en parte causa de la inexistencia de mecanismos de democracia directa y del sistema binominal, que ha transformado a la elección parlamentaria en un proceso casi irrelevante.

Mecanismos contramayoritarios: Los quórums calificados de aprobación para ciertas leyes dan mucho poder a las minorías, quienes impiden hacer reformas sociales de mayor impacto. Creemos también oportuno cuestionar la existencia y atribuciones del Tribunal Constitucional, que actúa como órgano supervigilante de los principios morales y políticos impuestos de manera antidemocrática junto con la Constitución.

b. En torno al régimen político actual: El presidencialismo exacerbado del sistema político chileno debe ser sustituido por un régimen en que el Congreso tenga más atribuciones y donde se admitan instituciones como los mandatos revocatorios, referéndums e iniciativas populares de ley. c. En torno al principio de publicidad o transparencia: Creemos que el Estado debe promover la transparencia de los actos administrativos, los documentos y actividades de la autoridad. También se deben transparentar las influencias de los grupos de presión y regular efectivamente el lobby político y la existencia de conflictos de intereses. La transparencia de la administración pública y la política no es sólo la liberación de datos e información a la ciudadanía, sino que pasa por permitir que los ciudadanos sean capaces de fiscalizar la actividad política y ejercer rendición de cuentas, pasando a una democracia participativa que vaya más allá de la idea de elegir o ser electo y tener poder de decisión. Es por eso que creemos en la necesidad de desarrollar iniciativas de gobierno y política abierta en el Estado y los actores políticos (partidos, sindicatos, etc.), que permitan que la transparencia sea una de las claves de la participación ciudadana. Para promover lo anterior, es fundamental que Revolución Democrática sea un ejemplo y adopte un estándar de transparencia activa que signifique poner nuestros documentos a disposición general, que nuestros líderes rindan cuentas periódicamente y se sinceren los conflictos de interés.

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d. Reflexiones y propuestas en materia de descentralización: Se debe reconocer la realidad sociocultural y las tradiciones de las diversas comunidades a lo largo del país. Consideramos que la tradición histórica nacional da muestras y sí ofrece sustento para el efectivo empoderamiento de las organizaciones locales, como lo testimonia la importancia que tuvieron los cabildos durante muchos años de nuestra historia. Este realidad cobra mayor relevancia si asumimos, como lo señalan diversos autores, que la expresión política más directa de la voluntad del pueblo ha estado marcada históricamente por una tradición asociada a resolver nuestros problemas cotidianos desde nuestros territorios, entre las “comunidades locales”, en espacios con tradiciones culturales, sociales y de sentido de pertinencia territorial comunes, en donde espacios históricos de gobernabilidad más directos como lo fueron los “cabildos” y encuentros colectivos eran la expresión soberana “territorial”, para la definición y toma de decisiones en los diferentes ámbitos del quehacer ciudadano. Esta es una mirada histórica a la cual se debe poner atención y entender que, más allá de la imposición en Chile de un modelo centralista y unitario, estas prácticas dieron frutos muy concretos en distintos momentos de nuestra historia.1 Queremos que se otorguen más atribuciones a las comunidades locales y regionales, de manera que entre otros temas se pueda: i. ii.

iii.

Cambiar la concepción y definición de “administración municipal” por la de “gobierno local”. Que exista, a nivel regional, una clara separación de las líneas de gobierno interior, de aquellas que tengan que ver con los ámbitos o materias del desarrollo regional y territorial, radicando estas exclusivamente en los Gobiernos Regionales, con la finalidad de avanzar en el fortalecimiento de los territorios regionales. Orientaciones generales: Para alcanzar la descentralización consideramos fundamental tener presente los siguientes principios: • • •

Comprometer activamente a las comunidades locales Reconocer las capacidades organizacionales y decisorias de las comunidades a través de atribuciones legales. Valorar el liderazgo, legitimidad y experiencia de los líderes locales, así como las vivencias y tradiciones de cada comunidad local.

Entre muchos autores, hacemos referencia aquí al texto de Gabriel Salazar, En el nombre del Poder Popular Constituyente (Chile siglo XXI), Santiago de Chile, Lom, 2011, en particular pp. 33-50.

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•

iv.

Que tanto comunidades como autoridades estén abiertas a aprender de la experiencia de las múltiples comunidades locales a nivel nacional e internacional.

Ejemplos para un futuro desarrollo: Creemos que las siguientes son algunas de las instituciones que facilitarían la descentralización: • • • • • •

Existencia de consultas y plebiscitos vinculantes a nivel local Programas claros de gobierno y administración Procesos revocatorios de los mandatos Limitación a la relección de autoridades y cargos de representación Elección directa de Gobiernos regionales. Existencia legal de asambleas comunales.

Pensar la democracia participativa como un proceso permanente de educación ciudadana Constatamos que la transición política larvada e iniciada a partir de la propia dictadura, ha tenido grandes déficits democráticos. Hemos tomado la enumeración realizada por Manuel Antonio Garretón como una buena descripción de las áreas de déficit: • • • •

Ausencia de una derecha auténticamente democrática. Insuficiencia de los procesos de justicia y verdad Enclaves institucionales que desde la Constitución entorpecen el ejercicio democrático. No se ha debatido profundamente la reformulación del modelo socioeconómico de desarrollo.

Creemos fundamental que los ciudadanos tomemos conciencia de los déficits señalados para contribuir de mejor manera a la construcción de un proyecto democrático estable y legítimo. Nos parece muy relevante agregar, además, que en esta propuesta la educación no es comprendida como un proceso vertical, de arriba hacia abajo, o que suponga una relación de abismal separación entre los “sabios” y los “ignorantes”. Pensamos más bien en un proceso horizontal, que circula en todos los sentidos y que se alimenta mutuamente. Pensamos a un/a adherente de Revolución Democrática como alguien que entiende y asume la responsabilidad de aprender cada día más, y de poner a disposición de sus vecinos aquella información ausente de la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Pero ello no implica sólo transferencia de contenidos, sino que además la capacidad de escuchar a su contexto local – BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

barrio, junta de vecino, espacio laboral, etc. – y de incluir en el debate esos aportes. En este sentido, otro de los objetivos de la educación ciudadana, comprendida como la comprendemos aquí, es el de re-encantar a la ciudadanía con lo político, redescubriendo el poder soberano del actuar ciudadano. Creemos que Revolución Democrática se debería definir precisamente por reconocer la capacidad crítica y de razonamiento en la ciudadanía, siempre, como se ha dicho, desde una relación horizontal y nunca vertical. Teniendo como base esta retroalimentación, se propulsará la definición de principios orientadores. Entendemos la educación ciudadana no como adoctrinamiento, sino que como una práctica de pedagogía democrática permanente que implica un intercambio de informaciones, definiciones y puntos de vista a partir de los cuales los ciudadanos tendremos libertad para decidir. Queremos promover una cultura de educación ciudadana, en que todos nos enriquecemos mutuamente a partir de nuestra experiencia y ámbitos de conocimiento. Deseamos promover la cultura de aprender cada día más de nuestro contexto local. Estas son algunas ideas para avanzar en este sentido: i.

Plataformas informáticas: Aprovechar las redes sociales al mismo tiempo que se capacita para utilizarlas, de manera que no se conviertan en mecanismos de segregación.

ii.

Asambleas y foros ciudadanos: Crear espacios de encuentro, discusión e intercambio de opiniones entre las diversas comunidades políticas cuidando no caer en el asambleísmo poco democrático.

iii.

Capacitación de actores sociales: Promover el aprendizaje propio y facilitar el de los demás constantemente a partir del intercambio.

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Nota sobre el sentido final de nuestras propuestas, en el contexto del proceso de constitución de Revolución Democrática Esta democracia que vislumbramos como proyecto nacional tiene una característica particular que deseamos relevar en este documento de trabajo para ser compartido. La nueva democracia se funda sobre un proceso permanente de educación ciudadana. Queremos decir que la democracia misma la comprendemos aquí como un proceso de formación permanente. En primer lugar, la democracia a la que aspiramos la hacemos todos, y entre todos. La ciudadanía es por cierto una condición inherente a cada ciudadano y ciudadana, pero su ejercicio no es una capacidad que se desarrolle espontáneamente. Por un lado, requiere de ese proceso en el que nos completamos gracias a la presencia del otro, a la experiencia del otro. A la socialización y la participación dentro de las dinámicas de nuestra comunidad. Por otro lado, demanda la capacidad de encarnar consciente y activamente el rol de constructor de la sociedad. Además, es necesario recordar que estas comunidades no son espacios abstractos, homogéneos e ideales. Las comunidades a las que pertenecemos están conformadas por grupos que reconocen –y defienden– sus propios intereses. Y al decir esto, asumimos que algunos miembros de nuestra comunidad, algunos miembros de la sociedad, no están interesados o de acuerdo con que otros ejerzan esta posibilidad democrática de participar en la toma de decisiones. Así, el proceso de participación que proponemos como identidad para nuestro movimiento debiera considerar entre sus objetivos centrales el identificar las características de cada territorio como nivel de acción local. Desde ese reconocimiento, podrá a la vez trabajar en potenciar las propias prácticas democráticas, y a la vez intentar articular relaciones fluidas con aquellos ciudadanos que –por diversas razones– han visto disminuida su capacidad de ejercer ese poder, ya sea por dificultades materiales o porque ignoran o no identifican en ellos mismos esa potencia originaria. Estas definiciones buscan fomentar el empoderamiento de la ciudadanía, hacer que comprendamos y nos comprometamos con la corresponsabilidad que nos cabe en la acción y discusión pública: la conciencia de derechos, deberes y prácticas afines a una real democracia participativa, tanto en el ámbito comunitario local como en el de una acción política de alcance nacional.

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Comisión Nuevo Modelo de Desarrollo Introducción La comisión Nuevo Modelo de Desarrollo, se constituye y se funda a partir de las siguientes líneas. Creemos que un Nuevo Modelo de Desarrollo debe partir de tres ideas fuerzas: a) cualquier modelo de desarrollo exitoso debe partir de un Gran Acuerdo Social entre los Ciudadanos y Trabajadores, Empresariado y Estado. Este Gran Acuerdo Social permitirá establecer los roles y límites de los distintos actores dentro de este Modelo de Desarrollo y debe presentar un carácter de Largo Plazo, Socialmente Inclusivo y Sustentable.; b) El fin de este modelo de desarrollo es otorgar y generar las condiciones que permitan el desarrollo pleno del ser humano, basado en Vivir Bien, entendiéndolo como la superación del modelo neoliberal, particularmente su sesgo individualista. Ésta se debe reemplazar por un nuevo paradigma de cooperación y solidaridad entre los pares. c) el Estado debe tener las herramientas necesarias para guiar la implementación de este Nuevo Modelo de Desarrollo. Revolución Democrática debe tener como norte el bienestar e igualdad de las personas para que puedan desarrollar su potencialidad. Para esto, proponemos una estrategia de Modelo de Desarrollo que permita realizar este objetivo y que se presenta a lo largo de este documento. El documento tiene la siguiente estructura. La primera sección describe el trabajo de la sub-comisión de Políticas Sociales y Desarrollo Productivo, en la que se reflexiona sobre la implementación de las distintas políticas específicas que configuran este Modelo de Desarrollo, además de sus condiciones previas para realizar estos cambios. La segunda sección es el trabajo de la subcomisión de Rol del Estado. Ésta establece los lineamientos generales de las funciones que tendría el Estado. Finalmente, la tercera sección es la subcomisión equilibrio socio-ambiental y presenta mociones sobre la sustentabilidad de largo plazo del Nuevo Modelo de Desarrollo.

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Políticas Sociales y Desarrollo Productivo Durante los últimos 30 años la sociedad chilena ha convivido con un modelo económico basado en el reemplazo de la provisión y acceso a bienes y servicios públicos (Educación, Salud, Vivienda, Medio Ambiente, entre otros) por parte del Estado hacia el sector privado, convirtiéndose en uno de los casos de libre mercado más extremo que jamás haya visto la humanidad. El modelo neoliberal impuesto por los militares y la clase dominante, posteriormente avalado por quienes administraron la democracia tutelada durante las dos décadas inmediatamente posteriores a la dictadura, ha significado que la concepción de maximización de la utilidad individual vaya más allá de la teoría, transformando a la sociedad chilena en una sociedad de masas. Lo anterior ha exacerbado un individualismo extremo en que la solidaridad está ajena al diario vivir, y las campañas solidarias se transforman en un desfile de personajes mostrando quién aporta más. A su vez el modelo económico impuesto por la Dictadura y administrado por los gobiernos de la Concertación, se ha caracterizado por una nula o mínima participación del Estado en desarrollar el bienestar de las mayorías, donde se generaron mínimamente políticas sociales que permitan el acceso de calidad a la Educación, Salud, Vivienda y con el agravante de deteriorar sistemáticamente el Medio Ambiente. La principal tesis que sostiene el actual modelo dice relación con que el crecimiento económico y un mercado libre asegura una redistribución automática del ingreso ha demostrado su fracaso (Teoría del Chorreo). El Estado y la clase política que lo ha administrado estos últimos años no ha tenido la voluntad y ni tampoco la capacidad de crear un sistema tributario eficiente y equitativo que ayude a subsanar esta situación. Finalmente, la desigualdad no ha sido abordada como un problema estructural de la política pública. Otra arista del modelo económico impuesto ha sido la ausencia de sindicatos fuertes lo que ha permitido un enriquecimiento y concentración de poder en unos pocos. Las leyes laborales han permitido el abuso, el temor y la indiferencia de los trabajadores a sindicalizarse. Se ha logrado generar la percepción de que el sindicato no es una herramienta eficaz o porque la sola afiliación los pone en la lista de futuros despidos. Si bien durante estos últimos 30 años el Producto Interno Bruto per cápita ha aumentado más de siete veces, este crecimiento no está acompañado con una mejora en los indicadores de desigualdad del país. Más preocupante aún, es que este aumento en la actividad económica del país se explica por la rebaja unilateral de los aranceles y el fomento -a través de Contratos de Concesión Plena y bajos impuestos- a la extracción de los recursos naturales no renovables del país por capitales privados. En consecuencia, no existe BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

evidencia robusta que indique que la reducción del Estado en la provisión de bienes públicos ha sido un factor que impulsó el aumento del tamaño de la economía chilena, ni tampoco ha existido una visión de desarrollo que permita sentar las bases para una mejora de los indicadores de desigualdad, democracia y crecimiento sostenibles en el tiempo. La economía chilena carece de un plan de desarrollo estratégico de largo plazo, la pretensión de este documento es sentar lineamientos para ello. Sectores Críticos para focalizar las transformaciones sociales Sectores Críticos para focalizar las transformaciones sociales Se Necesitan 1) Trasformaciones Culturales

2.1) Desarrollo Productivo. • Participación activa trabajadores. • País autosuficiente alimentariamente. • Sistema tributario robusto eficiente y justo. • Canasta exportadora diversificada.

2 Áreas de trabajo.

2.2) Bienestar Social. • Igualdad de posiciones y oportunidades. •

Política educativa justa, libre y gratuita y focalizadas a las necesidades país.

•

Salud pública libre y gratis

•

Política de desarrollo de largo plazo e inclusiva.

•

Sistema de pensiones con ciertas garantías mínimas.

•

Relación productiva no rentista.

•

Vivienda y desarrollo urbano sustentable.

•

Descentralización desarrollo local

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Los Sectores Críticos detectados durante la discusión en la Comisión se establecieron como resultados de un exhaustivo análisis de los problemas estructurales sobre los cuales la ciudadanía percibe un evidente abandono del Estado. Es por ello que sostenemos que la canalización de las protestas sociales debe focalizarse imparcialmente en las áreas de trabajo desarrolladas, primando el sentido de colaboración como principal paradigma, sobre el individualismo imperante. Creemos que el país, debe ofrecer, indistintamente, igualdad de oportunidades durante la vida como igualdad de posición desde la cuna. Dando especial énfasis en la educación como una herramienta para formar ciudadanos activos, críticos y que tengan como norte el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Que garantice las condiciones para que todo ciudadano pueda alcanzar la plenitud de sus capacidades acorde a sus creencias y valores. Y nuevas formas de generar riquezas que permitan la distribución justa de las ganancias y superen la mera extracción de recursos naturales. Creemos en una institución política que realmente represente el sentir de la ciudadanía, que sea inclusiva y tome en cuenta a sus ciudadanos al momento de crear, planear y ejecutar estrategias de desarrollo de largo plazo, o sea una democracia inclusiva. Donde el poder sea compartido por todos y no por unos pocos. Donde, el origen socio-económico, creencias o el apellido no sean condicionantes para alcanzar las mayores instancias de poder en la sociedad. Condiciones Previas Las condiciones previas para alcanzar las transformaciones sociales necesarias para asegurar una vida digna parten de la base de un Gran Pacto Social y para alcanzar se debe considerar que el punto de partida es negro, tanto desde la institucionalidad política como de los condicionamientos culturales. Estamos inmersos en una sociedad que lleva más de tres décadas sometida a un modelo neoliberal que no se ha visto en ningún otro lugar del mundo, validado y reforzado por los sectores políticos que han gobernado durante ese período. El marco institucional forzado en la historia reciente generó las condiciones para sustentar un modelo económico libremercadista extremo, un sistema social y político excluyente concentrando el poder económico y político en pocas personas. Para cualquier Gran Pacto Social, es necesario una institucionalidad política lo más inclusiva, legítima y representativa: •

Inclusiva, porque permite que todos los actores sociales sean representadas en las instituciones, lo cual permite desde hacer que hayan intereses contrapuestos que por sí solo tienen efectos negativos se eliminen (protección del agro que quieren precios más altos de sus

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productos v/s industriales, que quieren menores salarios y el aumento del precio de los alimentos afecta la capacidad de consumo de subsistencia de las familias), hasta los sectores que tienen menos poder sean capaces de participar, dialogar y proponer soluciones a los distintos problemas del país. •

Legítima, que los ciudadanos del país sientan que el sistema político e institucional funciona de acuerdo a sus intereses y no para unos pocos.

•

Representativa, que la institucionalidad política represente a toda la sociedad en su conjunto y que todas las posturas tengan espacio en el proceso de deliberativo de cómo hacer y pensar un mejor país. Esto es distinto a la inclusividad en el sentido que el primer concepto apunta a que todos los puntos de vista tengan cabida, mientras la representatividad apela a que los pesos relativos y ponderaciones de las distintas opiniones dentro de la comunidad sean proporcionales al número de personas que piensan de esa manera.

No es sostenible generar transformaciones sociales reales si hoy se convive no sólo en un modelo de mercado; como una consecuencia directa de la consolidación por más de 30 años de gobiernos que han sostenido el modelo neoliberal ha surgido la sociedad de masas como el principal actor social contemporáneo. Para lograr un sentido de colaboración y cooperativismo dentro de la sociedad, debemos primero focalizar los esfuerzos en cambiar la cultura alienante que congrega hoy en día a las grandes mayorías. Estamos en una sociedad donde no existen ni proletarios ni explotadores, sino privilegiados y una sociedad de masas alienada que aspira a ello. Hay que dar un cambio de enfoque desde una sociedad concentrada en el individualismo, en el consumismo, la cultura de los desechable, del todo rápido y de la desconfianza, a una cultura donde lo colectivo y comunitario este por sobre el individualismo, respetando la autonomía del individuo y su libre albedrio dentro del límite que su actuar no afecte el bienestar del resto. Que lo sustentable, el consumo y una producción responsable social y ambientalmente este por sobre el consumismo y la cultura de lo desechable, que las visiones de largo plazo primen sobre la cultura del todo rápido. En síntesis, desde una cultura enfocado a lo privado y el inmediatismo hacia una cultura donde lo comunitario y la visión de largo plazo sea prioritario. Para lograr ese cambio cultural, es necesaria una reforma educacional que no solo forme a los trabajadores, técnicos y especialistas que el país necesita, sino también ciudadanos con una visión comunitaria y colectiva de la sociedad.

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Un sistema educativo donde estos valores sean transmitidos y enseñados a los futuros ciudadanos sobre los derechos que tienen de vivir en sociedad y las responsabilidades que este vivir conllevan. Finalizando, es el pensamiento de esta Comisión que para llevar a cabo las transformaciones necesarias es tiene como requisito previo una profunda reforma a las instituciones políticas y educativas de este país. Para agrupar estos sectores críticos de la sociedad, hicimos una división entre aquellos que influían en el sector productivo del país -entendiéndolo como la estructura económica de éste- y por otro lado los sectores que afectaban las políticas públicas y los derechos ciudadanos.

Desarrollo Productivo Bajo el paradigma de la colaboración radica un cambio estructural al modelo económico imperante. Una política de desarrollo económico no sólo responde a las diversas verdades y necesidades locales, sino que además se reconoce como heterodoxo en el sentido de reconocer la insuficiencia del mercado como proveedor y asignador de los bienes y servicios en la sociedad. El peso relativo del Estado, por otro lado, no es el fin último de una política seria de desarrollo de largo plazo, sino las potestades de éste para asegurar la estabilidad y los derechos de la población. Ante esto, creemos fundamental que se abarquen los siguientes tópicos: 1) Participación activa de trabajadores Una política de Estado de desarrollo productivo de largo plazo no debe abandonar el concepto de que el trabajo remunerado, entendido como el valor en las horas-hombre que destina la población a actividades remuneradas, es el eje de la riqueza que posee la economía. Ante esto, es insuficiente la retribución actual que se le otorga a los trabajadores asalariados, por lo que urge un equilibrio de poderes entre agente y principal: esto es, entendemos como un pilar fundamental en el desarrollo productivo un fortalecimiento del Sindicato como una institución democrática de los trabajadores asalariados para satisfacer sus demandas sectoriales. Es sobre la figura de una fuerza laboral representada a través de Sindicatos democráticos y empoderados que recae un piso mínimo para establecer pactos sociales de largo plazo en la sociedad. La visión actual del empresariado hacia el trabajador como un insumo más dentro del proceso productivo no sólo es la génesis de la explotación contemporánea a través de la minimización de costos; sino que además desaprovechan grandes sinergias que pueden surgir a raíz de un modelo de desarrollo colaborativo dentro de las compañías. La reducción de la existencia BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

de sindicatos, o bien las estructuras sindicales clientelares que existen actualmente, generan ineficiencias económicas que urge corregir. Valoramos y reivindicamos la autogestión como un modelo válido para el desarrollo de las empresas, cuyo modelo de administración ha probado ser exitoso en la medida que las decisiones autónomas de los trabajadores sean de carácter democrático.

2) País alimentariamente autosuficiente Hay dos aspectos esenciales a la hora de definir por qué es necesario una política alimentaria explícita en el marco del desarrollo productivo dentro del país. En primer lugar, asegura el uso sustentable de los recursos naturales (suelo y agua) al generar normativas focalizadas en el largo plazo. En segundo lugar, una política de desarrollo productivo de largo plazo debe considerar los ciclos de corto plazo y los potenciales impactos de ellos dentro de la población. Una forma directa de asegurar esto es precisamente a través de minimizar la volatilidad de los precios de la canasta básica. La implementación de una política alimentaria de largo plazo permitirá abastecer a la población de un piso nutricional básico, impidiendo así negocios de corto plazo que puedan dejar inutilizable el recurso de la tierra y, por otro lado, asegurando el abastecimiento de la población en ciclos bajos. 3) Sistema tributario robusto, justo e eficiente El sistema tributario de un país tiene como objetivo principal recaudar los recursos necesarios para financiar la provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado. No obstante, el Estado como garante de derechos básicos de la sociedad también debe tener atribuciones por sobre el fin recaudador en sí; esto es, el sistema tributario debe velar también porque los bienes y servicios que se transen en la sociedad minimicen los potenciales daños que provoquen al realizar dicha transacción. Ante esto, resulta evidente que un sistema de recaudación fiscal debe velar no sólo por la estabilidad de la economía tanto en la eficiencia por medio de impuestos recaudadores como la sostenibilidad de largo plazo a través de impuestos reguladores, el sistema tributario debe velar además por ser un mecanismo de reducción de las desigualdades sociales. El axioma de que el único mecanismo redistribuidor del ingreso, por ende de reducción de la desigualdad, no es más que un mito de quienes intentan evitar de todo modo un alza a sus tributos. La evidencia seria señala exactamente lo contrario: la primera política contra la desigualdad es precisamente a través de una política tributaria progresiva y cargada hacia los percentiles más ricos. BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

Tras esto, es menester definir los conceptos de robustez, justicia y equidad idóneos para un sistema tributario socialmente deseable. Por robusto nos referimos a un sistema tributario que permita la recaudación fiscal necesaria para un gasto público en función de financiar los bienes públicos, proveer los derechos básicos a la población y contribuir de manera directa al desarrollo productivo de largo plazo. Si bien la literatura no es clara con respecto a qué es un sistema tributario justo, una aproximación realista es en base a que se necesitan generar ciertas condiciones mínimas para que el sistema de tributación sea percibido como justo por parte de la población. Si bien un requisito mínimo es un sistema tributario robusto y equitativo como se definió previamente, otras condiciones básicas son la simplicidad y universalidad de éste (para evitar los mecanismos de elusión) y la necesidad de una institucionalidad autónoma para su recaudación. Por equitativo nos referimos a un sistema tributario progresivo tanto dentro de un mismo grupo -a igual riqueza, igual porcentaje de tributación- como entre grupos distintos -quien posea mayor riqueza, tributa proporcionalmente más-. Es importante recalcar la importancia de una tributación en base a la riqueza (stock) y no en base al ingreso (flujo), para incluir tanto a los RR.NN. como a los mecanismos de retención de utilidades en como agentes tributables. 4) Canasta exportadora diversificada Un problema histórico de Chile, es la mono-producción y la vulnerabilidad al ciclo económico generado por la fluctuación de los precios de los commodities. Una solución a esto fue el ISI, que lamentablemente no tomo en cuenta el contexto local de Chile, un país pequeño poblacionalmente, que se traduce en poca profundidad de mercado. La solución a esto es la diversificación de la canasta exportadora, para ser menos sensibles a las variaciones de los precios de los commodities. Pero los sectores a diversificar no puede ser cualquiera, tiene que ser alguno que permita aumentar la productividad de la economía y agregar valor agregado a los productos. Necesitamos una canasta diversificada con sectores que sean intensivos en uso de capital humano y uso de tecnologías, además que cuenten con ventajas comparativas no explotadas que los haga competitivos en los mercados externos. Un ejemplo de esto son los clusters mineros acompañados con encadenamiento productivo. Sin embargo, esto no se diferencia mucho de lo que se ha dicho en los distintos programas de gobierno de los últimos 20 años. Para poder lograr eso, se necesita una política estatal con la determinación y visión de largo plazo que permita diversificar la canasta de forma efectiva y lo más eficientemente.

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Para cumplir lo anterior es necesario también generar una política de emprendimiento y cooperación público-privada, que a la vez permita que las ganancias de este proceso de industrialización, sean distribuidas justamente a través de la sociedad y en el marco de un plan de desarrollo estratégico para país.

5) Política de desarrollo de largo plazo e inclusiva Chile necesita una política de desarrollo focalizadas en las áreas en que es competitivo a nivel de los mercados internacionales, ya que tenemos un Mercado Interno Reducido. La Minería Metálica y no Metálica, pero precisando que no basta solamente la producción, los productos agropecuarios, por la relación precio/calidad de nuestros productos, y por último, que Chile sea plataforma de inversiones en América del Sur debido a su posición privilegiada hacia el Asia Pacifico. Todas estas áreas deben invertir en innovación. Ahora, para ser de largo plazo e inclusiva debe enmarcarse en un acuerdo nacional entre los tres actores involucrados, Estado- Trabajadores- Empresa. Hoy Chile tiene recursos y capacidad en ciertos sectores productivos que pueden dar un reimpulso tanto a las regiones como a las arcas fiscales. En minería se debe considerar un encadenamiento productivo no sólo en la agregación de valor de los metales extraídos, sino que -tal vez más importantese deben generar las condiciones para desarrollar una industria de proveedores a la actividad capaz de competir con las grandes potencias en el ámbito. Se debe entender que dado las condiciones demográficas y territoriales de Chile (somos una economía pequeña) cualquier estrategia de desarrollo económico y productivo debe estar enfocado desde la perspectiva de una economía donde se provee de bienes y servicios al mundo. A consideración de la sub-comisión hay dos elementos que requieren análisis para diferenciar la política de economía abierta de los últimos 30 años de esta propuesta. Éstas están basadas en rebajas impositivas unilaterales a las importaciones y negociaciones de Tratado de Libre Comercio para equilibrarlas. Primero, en vez de vender bienes con bajo valor agregado, se propone que los bienes que se exporten tengan encadenamientos productivos que permitan redistribuir parte de los flujos dentro de la economía nacional. En segundo lugar, hay que tener consideraciones respecto al manejo macroeconómico de la apertura económica. Las especulaciones de corto plazo no agregan valor real alguno a la economía y representan la mayor amenaza de contagio ante crisis externas, es por ello que se debe generar mecanismos que castiguen la entrada de inversión nominal y especulativa.

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6) Relación productiva no rentista Como relación productiva no rentista se entiende de dos maneras, la primera como el estado a través de clientelismo busca mantener a la población contenta a través de buenos puestos de trabajos, financiados por la explotación de recursos naturales en su versión populista o que el erario estatal depende de grandemente de las rentas generadas por recursos naturales. La segunda, es que la economía genera la riqueza a través de la explotación de recursos naturales y no de la producción. O sea es una economía extractiva. Donde además unos poco se apoderan de recursos y extraen su renta. Cualquiera de las dos formas no es bueno para la sociedad en su conjunto. La primera por vulnerabilidad del garante de los derechos y dignidad de las personas (se acaba los recursos naturales y los derechos sociales se precarizan) y la segunda, para evitar la concentración de riquezas y extracción de recursos naturales que beneficien a la ciudadanía. Para evitar cualquiera de las dos formas antes descritas, se debe tener un sistema político fuerte e inclusivo, que evite el clientelismo y/o el cabildeo.

7) Descentralización y desarrollo local Chile es un país diverso desde un punto de vista económico, cultural y geográfico. Por ello nuestro nuevo modelo de desarrollo debe considerar estas dimensiones, focalizando sus esfuerzos en mejorar tres áreas fundamentales, participación local (elección popular de autoridades regionales), mayor autonomía económica de las regiones, crear incentivos desde el Estado para fomentar el desarrollo productivo de cada región en las áreas que sean competitivas, y por último consolidar una estructura educacional públicauniversitaria- que consideré las características de cada región. La autonomía debe considerar la administración de recursos propios para las localidades, que permitan desarrollar aéreas donde el Estado Central no posee la capacidad (o bien es ineficiente que un organismo centralizado lo realice) para definir e implementar las políticas adecuadas.

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Bienestar Social Las políticas sociales generadas por el Gran Pacto Social que proponemos, tienen que estar enfocadas en dar indistintamente igualdad de oportunidades durante la vida como igualdad de posición desde la cuna. Esto significa dar garantías materiales mínimas y herramientas, para que las capacidades del individuo y de las comunidades, se desarrollen plenamente y tengan un buen vivir. 8) Igualdad de posiciones e igualdad de oportunidades El Estado debe garantizar que todos los ciudadanos no solamente tengan las oportunidades para acceder a los distintos puestos de poder- utilizando la educación como herramienta, meritocracia- sino que debe velar porque el piso económico, social y cultural sea lo más igualitario posible. Mejorar la posición social, cultural y económica es condición necesaria para obtener nuevas oportunidades. 9) Política Educativa Justa, Libre y Gratis Un Modelo de Desarrollo centrado en el desarrollo integral del ser humano tiene como pilar central el pensamiento crítico de todos quienes componen la sociedad. Como comisión de Modelo de Desarrollo, creemos que es fundamental definir ciertos conceptos destacados durante la presente movilización social. El carácter público de la Educación no se delimita a una administración del gobierno central de ella. Al apostar por un país descentralizado económica y socialmente, debemos al menos reconocer la capacidad de las regiones en auto-gestionar su propio capital social. No obstante, la fragmentación en la provisión de la educación no debe llevar a que sea un mecanismo de segmentación y de reproducción de las desigualdades sociales, como hoy lo hace el sistema educativo en sus tres modalidades (municipal, subvencionado y particular). Creemos que en la Educación Básica y Media es imperativo crear y/o restituir asignaturas en las cuales se forme a Ciudadanos Las atribuciones del Estado como ente regulador de la educación debe ir más allá de la propiedad de las instituciones educativas. El Estado se debe hacer cargo de qué tipo de profesionales y técnicos necesita el país para asegurar el éxito de un Modelo de Desarrollo de largo plazo. La libertad de enseñanza se supedita a esto. 10) Sistema de Pensiones y Tercera Edad. Revolución Democrática debe tener como norte el bienestar de todos los individuos de la sociedad y atendiendo a las características propias del ciclo de vida. Lo anterior se debe realizar desde una concepción de la sociedad que BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

vaya más del individuo, que incluya conceptos de solidaridad, fraternidad y comunidad dentro de todas las políticas sociales que busque desarrollar y proponer. El sistema de pensiones se caracteriza por ser un sistema de capitalización individual (CI). Esto quiere decir que cada persona es obligada a ahorrar en alguna de las distintas AFPʼs y estas deben administrar estos fondos, cosa de hacer rentar las futuras pensiones de los trabajadores. Hasta que el trabajador se pensiona y recibe su pensión de parte de las AFPʼs. Hasta aquí el sistema parece “perfecto” pero ¿De qué depende la pensión? La pensión depende de tres cosas. La primera, la densidad de cotización. Segundo, cuanto ahorra o sea los salarios. Finalmente, la rentabilidad de los fondos ahorrados en la pensión. El problema es que ninguno de los tres elementos tiene un buen funcionamiento. Las personas cotizan en promedio el 50% de su vida (el sistema estaba pensado para un 70%), los salarios no han crecido en términos reales, o si lo han hecho ha sido marginal y finalmente, la rentabilidad, algunos años han rentado mucho, pero a la vez han perdido mucho. Por ejemplo la rentabilidad de los últimos 5 años ha sido de un 5% (el sistema necesita de rentabilidad de al menos del 8%). Estas fallas estructurales llevaron durante los gobiernos de la Concertación a la introducción de distintas medidas parches, como la Pensión Básica Solidaria. Todas estas medidas con una focalización en el 60% más pobre de la sociedad. Aun así estas políticas son insuficientes, por ejemplo la PBS es una transferencia monetaria de $78.000. Más aun si una persona ahorra en las AFPʼs, toda su vida actualmente ofrecen pensiones miserables de alrededor de $400.000 para alguien que ganó en promedio $1.000.000. El sistema actualmente no colapsa, solamente por la intervención estatal a través de los sistemas solidarios (Pilar Solidario) y/o bonos de reconocimiento. Tomando en cuenta lo anterior y considerando las limitaciones demográficas del sistema de pensiones y además este debe ser sustentable en el tiempo (en promedio el dinero que sale para pensiones debe ser igual al que entra), lo que quiere decir considerar la transición de una sociedad con muchos jóvenes y pocas personas de la tercera edad a una situación inversa. Se debe buscar un sistema que permita que los chilenos que han sacrificado su vida trabajando por sus hijos y por el país entero tengan pensiones que les permitan tener una vejez digna. Para ello, se debe reformar el sistema de pensiones que haga factible realizar lo anterior considerando las limitaciones demográficas antes descritas, para ellos proponemos: 1. Aumentar sindicalización. (en buscas a más negociación colectiva que eleve los Salarios). 2. El ahorro previsional, debe ser solidario. O sea, una parte lo aporta el empleador, otra el trabajador y además el empleador debe contribuir a

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un Fondo Solidario, que financie las pensiones de los más pobres, esto enmarcado dentro de un concepto de solidaridad dentro de la sociedad donde las ganancias del trabajo y esfuerzo de la generación actual sustenta a la generación anterior. Actualmente el cobro que realizan las AFPʼs por la administración es una cantidad fija. Esta debería parte variable y parte fija. (Fin al negocio asegurado por el estado)(limites) Pensiones vitalicias y el Estado debe asegurar un piso mínimo, que permita el buen vivir. Esto apostando en que un modelo de desarrollo con visión de largo plazo e inclusivo logre aumentar la productividad y haga factible que una generación más productiva y menos numerosa y con la ayuda de los ahorros de esta misma generación les de un buen pasar. Lo cual permite la mayor igualdad intergeneracional como potencialmente una mayor solidaridad intergeneracional. AFP estatal o nacionalización parcial de los fondos de pensiones, realizando una administración responsable de ellos, pensando que son para el futuro. Un sistema de Salud, Universal, Gratuito y de Calidad para la Tercera Edad. 11) Salud pública, libre y gratis.

La salud es un Bien Público que debe ser garantizado por el Estado a todos los ciudadanos, para ello debemos contar con una red pública hospitalaria que cumpla tres objetivos que sea: eficiente, equipada y de calidad. Para lograr dicho objetivo debemos focalizar el gasto público en el cumplimiento de estas metas. El primer objetivo se logra con una dirección hospitalaria que no responda a intereses particulares, sino que se base en las directrices de la alta dirección pública, el segundo se logra con mayor inversión y el tercero con la creación de incentivos para consolidar un equipo humano que pueda competir con el sistema privado. La Salud Privada puede desarrollarse en la medida que cumpla con las regulaciones respectivas que garanticen a los ciudadanos calidad, transparencia y competencia real. Ahora, el Estado debe buscar y desarrollar políticas de sinergia con el sector privado que beneficie en definitiva a la ciudadanía. El Estado deberá desarrollar una red de Salud que vaya integrando territorialmente los Servicios. Una atención primaria de Calidad y suficiente, que permita atender y satisfacer a los enfermos devolviendo la credibilidad en el médico de la comuna, evitando la auto derivación a los centros de Salud más especializados(prevención y sistema solidario).

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12) Vivienda y desarrollo sustentable La política de vivienda debe estar centrada en otorgar una solución habitacional digna, de calidad y sustentable esto último quiere decir que el Estado debe garantizar junto con la vivienda, un entorno que haga posible un desarrollo inclusivo de los ciudadanos- vías de acceso y salida hacia otros sectores de la ciudad, complejos educacionales y de salud, áreas verdes, etc- en la ciudad. Esta Política Urbana debiera incluir a los ciudadanos permitiendo una participación real, en los procesos de planificación urbana. Institucionalizar plebiscitos comunales para votar planes reguladores.

Rol del Estado En el ámbito de la discusión propuesta por Revolución Democrática sobre la posibilidad de redefinir el rol que queremos para la institución del Estado, es que se hace necesario contextualizar y explicitar los supuestos que ayuden a mejorar la comprensión del tema en sí y con ello llegar a sintetizar los resultados de lo discutido en conceptos lo suficientemente sencillos para ser entendidos, pero que den cuenta de la complejidad implicada en el tema en cuestión. ¿Qué entendemos por Estado? Si bien existe una extensa discusión académica y política respecto a qué se entiende por Estado, partimos de una base mínima de distinguir conceptos parecidos, tales como Nación, País y Gobierno, para luego establecer que el Estado sería una institución que existe para administrar y garantizar las condiciones para el desarrollo de una nación que habita en el territorio comprendido por un país y cuya administración es ejercida mediante un régimen de gobierno. Según lo anterior, el Estado sería una institucionalidad instrumental, es decir, un medio para llegar a un fin superior determinado por quienes ejercen el gobierno, por lo tanto, el Estado sería per se una entidad despolitizada y autónoma. El Estado, entonces, es una suprainstitución que nace al alero del imaginario colectivo de un orden superior a los intereses individuales con el fin de regular los comportamientos éticos y morales de los individuos y su relación con el resto. La estructura del Estado define el alcance de las relaciones productivas, políticas y sociales de la sociedad en su conjunto.

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¿Cuál sería la relevancia del Estado en un proyecto político basado en el fortalecimiento de la Democracia? Revolución Democrática, es una organización política que basa su proyecto político en priorizar la participación ciudadana y un modelo de desarrollo que entregue garantías básicas de igualdad en la satisfacción de las necesidades humanas para el bienestar como fuente de legitimidad del poder político de la nación. Sobre esta base, entendemos que el Estado es por esencia la institución que la representa de manera transversal a la voluntad ciudadana y, por lo tanto, tendría el deber de garantizar y promover las condiciones básicas para su desarrollo.

¿Cuáles son los principales roles que se espera del Estado y que son materia de debate? En el momento histórico actual, proponemos tres ejes principales para orientar la discusión: 1) Estado como institución garante de los derechos definidos colectivamente por las ciudadanas y los ciudadanos del país, incorporados a un pacto político que establezca, claramente prioridades de acción y progresividad en su satisfacción, así como mecanismos sustentables para su realización. Si bien estos derechos encuentran su inspiración en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos, se les concibe como susceptibles de ser ampliados en su alcance y pisos mínimos, en consideración del nivel de desarrollo alcanzado por el país. 2) Estado protector de la dignidad y el bienestar de las personas, para el cual sea prioridad el desarrollo pleno de las capacidades, libertades y opciones individuales y colectivas de la ciudadanía. 3) Estado como institución que promueve y genera el desarrollo sustentable de la nación, con un fuerte énfasis en la redistribución de sus beneficios para el goce igualitario del bienestar. Lo anterior reclama la puesta en marcha de mecanismos explícitos para la reducción de las desigualdades sociales que ostenta el país y que se expresan en el dispar acceso a las oportunidades y los resultados del desarrollo. Se entienden estos ejes de manera interdependiente, por cuanto la garantía del ejercicio de derechos se fortalece en la medida en que existan condiciones favorables para el desarrollo, tanto económico como social. O bien, el desarrollo se alcanza en la medida en que se logra garantizar la mayor cantidad de derechos que dignifiquen a la persona en todas sus dimensiones. Se espera que el producto final de la discusión aquí presentada se traduzca en una declaración (o sistema) ético y moral sobre el cual fundar la forma de entender el ejercicio del poder político, es decir, lograr establecer qué es BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

aquello “bueno” y deseable por parte del Estado, como también el contrario de qué sería lo “malo” o indeseable. Ej: Es bueno aquello que fortalezca la participación ciudadana, es malo aquello que la debilite.

Ideas Fuerza para la reconstrucción del Estado. 1) Necesitamos generar un proyecto político de Estado Democrático

Si el Estado es entendido como una entidad transversal y común a todas las personas que conforman una nación y el proyecto RD pretende fortalecer a la ciudadanía como primera fuente de legitimidad del poder político, entonces declaramos que el Estado tiene el deber de generar, fortalecer y garantizar los espacios de participación de toda la ciudadanía y sus organizaciones, porque se entiende que una ciudadanía fuerte y participativa constituye una cualidad fundamental para el desarrollo de todas las personas que dignamente ejercen el poder sobre su propia realización. 2) El proyecto político de un Estado Democrático requiere de una ciudadanía fortalecida

Es deber del Estado proveer los mecanismos necesarios para el auto control y fiscalización de sus acciones por parte de la nación a quienes afecta su actuar. El fin último del Estado debe ser el bienestar de la mayoría y todo aquello que genere desigualdades ante la ley entre personas, debe existir la posibilidad de que la ciudadanía permanentemente revise y valide los mecanismos y acciones de los cuales se sirve el Estado, con el objetivo de evitar injusticias, arbitrariedades o atropellos. 3) El Estado como la gran (sino única) entidad responsable de la garantía promoción de derechos sociales

Es deber del Estado promover y resguardar el establecimiento de derechos fundamentales orientados al fortalecimiento de la dignidad de las personas. Se entiende dignidad en el sentido de que para el Estado no deben existir distinciones entre las personas en cuanto a favorecer o perjudicar a unas sobre otras. En la misma línea, no puede entenderse como perjuicio o favor aquellas acciones orientadas a otorgar igualdad de condiciones o equidad en los frutos del desarrollo. 4) El Estado como motor del desarrollo

Es deber del Estado generar desarrollo y bienestar. En la medida en que se establezcan consensos sobre las condiciones que constituyen el desarrollo y bienestar, el Estado debe buscar los mecanismos apropiados para lograrlas. En tal sentido, el Estado no puede restarse en sus facultades, ni disminuir su tamaño arbitrariamente. En otras palabras, el Estado debe tener el tamaño y atribuciones suficientes para poder cumplir su rol de garante de derechos y promotor del desarrollo. 5) El tamaño del Estado debe ser funcional a sus fines

Relacionado con el punto anterior, el Estado debe tener suficientes atribuciones para recaudar los recursos necesarios para cumplir con sus BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

funciones. Para ello, debe tener fuentes de financiamiento, sea un sistema tributario, empresas públicas u otras, que permitan garantizar que los recursos que genera la nación sean debida y razonablemente orientados al bienestar de la mayoría. 6) El Estado debe estar bien financiado

El Estado, en su rol de garante de derechos y dignidad de las personas, debe ser una contraparte suficientemente poderosa para garantizar que ni el poder económico (mercado), ni político ni religioso, ni de ninguna especie sea superior al poder que ejercen sus ciudadanos sobre sus vidas. Allí dónde existan abusos, el Estado debe tener el poder y los recursos para intervenir aquellos ámbitos con el objetivo explícito de resguardar los mencionados derechos y dignidades. 7) El Estado como promotor de desarrollo equitativo y nivelación social

Si se establecen consensos o pactos ciudadanos sobre proyectos o políticas de largo plazo, el Estado debe tener la capacidad de hacerlos cumplir sobre la contingencia de los gobiernos que vayan pasando, es decir, el Estado debe orientarse al resguardo de la realización de tales proyectos o políticas, dado que se entiende que ahí está el bien superior definido por la ciudadanía, más que por los gobiernos.

Consideraciones previas. En el ámbito de la discusión propuesta por Revolución Democrática sobre la posibilidad de redefinir el rol que queremos para la institución del Estado, es que se hace necesario contextualizar y explicitar los supuestos que ayuden a mejorar la comprensión del tema en sí y con ello llegar a sintetizar los resultados de lo discutido en conceptos lo suficientemente sencillos para ser entendidos, pero que den cuenta de la complejidad implicada en el tema en cuestión. 13) ¿Qué entendemos por Estado? Si bien existe una extensa discusión académica y política respecto a qué se entiende por Estado, partimos de una base mínima de distinguir conceptos parecidos, tales como Nación, País y Gobierno, para luego establecer que el Estado sería una institución que existe para administrar y garantizar las condiciones para el desarrollo de una nación que habita en el territorio comprendido por un país y cuya administración es ejercida mediante un régimen de gobierno. Según lo anterior, el Estado sería una institucionalidad instrumental, es decir, un medio para llegar a un fin superior determinado por quienes ejercen el gobierno, por lo tanto, el Estado sería per se una entidad despolitizada y autónoma. El Estado, entonces, es una suprainstitución que nace al alero del imaginario colectivo de un orden superior a los intereses individuales con el fin de regular los comportamientos éticos y morales de los individuos y su relación con el resto. La estructura del Estado define el alcance de las relaciones productivas, políticas y sociales de la sociedad en su conjunto. BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

14) ¿Cuál sería la relevancia del Estado en un proyecto político basado en el fortalecimiento de la Democracia? Revolución Democrática, es una organización política que basa su proyecto político en priorizar la participación ciudadana y un modelo de desarrollo que entregue garantías básicas de igualdad en la satisfacción de las necesidades humanas para el bienestar como fuente de legitimidad del poder político de la nación. Sobre esta base, entendemos que el Estado es por esencia la institución que la representa de manera transversal a la voluntad ciudadana y, por lo tanto, tendría el deber de garantizar y promover las condiciones básicas para su desarrollo.

15) ¿Cuáles son los principales roles que se espera del Estado y que son materia de debate? En la discusión del momento histórico actual, proponemos tres ejes principales para orientar la discusión: 4) Estado como institución garante de los derechos definidos colectivamente por las ciudadanas y los ciudadanos del país, incorporados a un pacto político que establezca, claramente prioridades de acción y progresividad en su satisfacción, así como mecanismos sustentables para su realización. Si bien estos derechos encuentran su inspiración en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos, se les concibe como susceptibles de ser ampliados en su alcance y pisos mínimos, en consideración del nivel de desarrollo alcanzado por el país. 5) Estado protector de la dignidad y el bienestar de las personas, para el cual sea prioridad el desarrollo pleno de las capacidades, libertades y opciones individuales y colectivas de la ciudadanía. 6) Estado como institución que promueve y genera el desarrollo sustentable de la nación, con un fuerte énfasis en la redistribución de sus beneficios para el goce igualitario del bienestar. Lo anterior reclama la puesta en marcha de mecanismos explícitos para la reducción de las desigualdades sociales que ostenta el país y que se expresan en el dispar acceso a las oportunidades y los resultados del desarrollo. Se entienden estos ejes de manera interdependiente, por cuanto la garantía del ejercicio de derechos se fortalece en la medida en que existan condiciones favorables para el desarrollo, tanto económico como social. O bien, el desarrollo se alcanza en la medida en que se logra garantizar la mayor cantidad de derechos que dignifiquen a la persona en todas sus dimensiones.

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Objetivos de la discusión Se espera que el producto final de la discusión aquí presentada se traduzca en una declaración (o sistema) ético y moral sobre el cual fundar la forma de entender el ejercicio del poder político, es decir, lograr establecer qué es aquello “bueno” y deseable por parte del Estado, como también el contrario de qué sería lo “malo” o indeseable. Ej: Es bueno aquello que fortalezca la participación ciudadana, es malo aquello que la debilite.

Ideas fuerza de Revolución Democrática para un debate serio del Estado que queremos Concordante con los párrafos anteriores, se propone establecer la siguiente jerarquía de afirmaciones, basadas en las sesiones de discusión sobre el Rol del Estado hechas en el último mes: 16) Necesitamos generar un proyecto político de Estado Democrático Si el Estado es entendido como una entidad transversal y común a todas las personas que conforman una nación y el proyecto RD pretende fortalecer a la ciudadanía como primera fuente de legitimidad del poder político, entonces declaramos que el Estado tiene el deber de generar, fortalecer y garantizar los espacios de participación de toda la ciudadanía y sus organizaciones, porque se entiende que una ciudadanía fuerte y participativa constituye una cualidad fundamental para el desarrollo de todas las personas que dignamente ejercen el poder sobre su propia realización. 17) El proyecto político de un Estado Democrático requiere de una ciudadanía fortalecida Es deber del Estado proveer los mecanismos necesarios para el auto control y fiscalización de sus acciones por parte de la nación a quienes afecta su actuar. El fin último del Estado debe ser el bienestar de la mayoría y todo aquello que genere desigualdades ante la ley entre personas, debe existir la posibilidad de que la ciudadanía permanentemente revise y valide los mecanismos y acciones de los cuales se sirve el Estado, con el objetivo de evitar injusticias, arbitrariedades o atropellos. 18) El Estado como la gran (sino única) entidad responsable de la garantía promoción de derechos sociales Es deber del Estado promover y resguardar el establecimiento de derechos fundamentales orientados al fortalecimiento de la dignidad de las personas. Se entiende dignidad en el sentido de que para el Estado no deben existir distinciones entre las personas en cuanto a favorecer o perjudicar a unas sobre otras. En la misma línea, no puede entenderse como perjuicio o favor aquellas acciones orientadas a otorgar igualdad de condiciones o equidad en los frutos del desarrollo.

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19) El Estado como motor del desarrollo Es deber del Estado generar desarrollo y bienestar. En la medida en que se establezcan consensos sobre las condiciones que constituyen el desarrollo y bienestar, el Estado debe buscar los mecanismos apropiados para lograrlas. En tal sentido, el Estado no puede restarse en sus facultades, ni disminuir su tamaño arbitrariamente. En otras palabras, el Estado debe tener el tamaño y atribuciones suficientes para poder cumplir su rol de garante de derechos y promotor del desarrollo. 20) El tamaño del Estado debe ser funcional a sus fines Relacionado con el punto anterior, el Estado debe tener suficientes atribuciones para recaudar los recursos necesarios para cumplir con sus funciones. Para ello, debe tener fuentes de financiamiento, sea un sistema tributario, empresas públicas u otras, que permitan garantizar que los recursos que genera la nación sean debida y razonablemente orientados al bienestar de la mayoría. 21) El Estado debe estar bien financiado El Estado, en su rol de garante de derechos y dignidad de las personas, debe ser una contraparte suficientemente poderosa para garantizar que ni el poder económico (mercado), ni político ni religioso, ni de ninguna especie sea superior al poder que ejercen sus ciudadanos sobre sus vidas. Allí dónde existan abusos, el Estado debe tener el poder y los recursos para intervenir aquellos ámbitos con el objetivo explícito de resguardar los mencionados derechos y dignidades. 22) El Estado como promotor de desarrollo equitativo y nivelación social Si se establecen consensos o pactos ciudadanos sobre proyectos o políticas de largo plazo, el Estado debe tener la capacidad de hacerlos cumplir sobre la contingencia de los gobiernos que vayan pasando, es decir, el Estado debe orientarse al resguardo de la realización de tales proyectos o políticas, dado que se entiende que ahí está el bien superior definido por la ciudadanía, más que por los gobiernos. El Rol del Estado en Chile Tras la Constitución Política impuesta en 1980 bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet y la vigente Constitución Política firmada el año 2005 por Ricardo Lagos, se refuerza -de manera implícita- la idea de que en Chile el Estado cumple un rol subsidiario. El Estado Subsidiario responde a la idea ortodoxa de que el mercado es el mejor asignador de casi todos los bienes y servicios de los cuales la sociedad hace goce, incluidos algunos considerados como básicos, como el agua, la educación, la salud, entre otros. El Estado actúa bajo este paradigma como un actor residual, en el sentido de que la política pública primero se le deja en manos del sector privado para luego el Estado intervenir -a través

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precisamente de subsidios- para suplir a los sectores que son poco rentables para el mercado. Creemos firmemente en que un modelo de Estado Subsidiario carece de toda legitimidad moral al consolidar la reproducción de las desigualdades. Más aún, la subsistencia de un modelo de Estado Subsidiario posee como condición sine qua non que los bienes y servicios que otorgue el Estado sean de una calidad inferior a la que ofrece el sector privado. Chile posee los recursos para garantizar la dignidad de las personas a través de un Estado sólido, es hora de que el pueblo chileno tenga la dotación de poder necesaria para hacer valer su dignidad.

Equilibrio Socioambiental 1) El desarrollo no pasa por sobreponerse a la Naturaleza, sino por plegarse a sus dinámicas En la concepción actual, el desarrollo pasa por el sometimiento de la naturaleza al servicio de los intereses humanos. De acuerdo a esta visión, el progreso debe lograr efectivamente emancipar a las personas de las limitaciones que les impone la naturaleza. Todo lo contrario, el desarrollo de la humanidad pasa por conocer cuáles son las dinámicas y por ello las reglas que rigen al mundo natural, y plegarse a ellas tomándolas como modelo. Existen leyes que rigen el funcionamiento del mundo físico, y por tanto a la humanidad. Nuestro modelo de desarrollo actual, al perseguir el crecimiento indefinido, no considera que toda la materia que procesa el aparato económico, y toda la energía que le da vida, son limitados y provienen de algún lugar. Así, hemos desencadenado la destrucción ecológica al drenarle energía y materia a los ecosistemas en que vivimos, más allá de su punto de regeneración, lo que a futuro puede implicar no tener más materia ni energía útil a disposición humana. Un nuevo modelo de desarrollo debe ser consistente con que toda la materia que se procesa y toda la energía que se utiliza proviene de algún lugar, y que en cada eslabón de transformación energética, existe una penalización irreversible. 2) La humanidad no está por sobre el medioambiente, sino que vive y depende de él. Por tanto, al destruir la naturaleza, la humanidad se destruye a sí misma El modelo actual asume que la humanidad está por sobre la naturaleza, en un lugar desde el cual puede hacer lo que desee con ella, incluso destruirla para su provecho. Contrariamente, la humanidad vive en la naturaleza, y por tanto depende de ella. Equilibrio climático, agua y aire limpios, suelos fértiles, energía abundante, diversidad biológica son lo que en el fondo sostienen la vida humana sobre la Tierra. La destrucción del medioambiente, entendido no BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

como la tala de un árbol o la matanza de un animal, sino como la deforestación de millones de hectáreas, extinción masiva, cambio climático, etc, es un camino seguro hacia nuestra propia destrucción. 3) Para detener la sobrexplotación de los recursos naturales, se requiere disminuir las desigualdades sociales, y vice-versa El modelo actual justifica la destrucción ambiental en el imperativo de enriquecer a las personas más pobres, aún cuando la enorme mayoría de la riqueza que se genera va a parar a unos pocos individuos ricos. De este modo, la desigualdad perpetúa la justificación de la destrucción ambiental. De hecho, la riqueza global ya existente alcanza para que todo humano pueda vivir dignamente, si sólo se distribuye de forma racional. Por otra parte, son los individuos más pobres quienes más dependen de la naturaleza para su bienestar y sobrevivencia. Un rico puede comprar agua embotellada, un pobre tiene que resignarse al agua contaminada. Un rico puede migrar tranquilamente a otro lugar si su hábitat es destruido, un pobre o simplemente no puede, o migra como allegado. Así, la destrucción ambiental no sólo beneficia más a los ricos, sino que perjudica más a los pobres, constituyéndose en otro canal de agudización de la desigualdad social. Un nuevo modelo de desarrollo debe considerar el estrecho vínculo entre destrucción ambiental y pobreza social, y los círculos viciosos que derivan de ello. Asimismo, debe considerar la redistribución de la riqueza existente como una condición necesaria para detener la degeneración actual de los ecosistemas, sin por ello resignarse a la persistencia de la pobreza. 4) El desarrollo se construye arraigado en las comunidades y especificidades locales El modelo actual se basa en la construcción de mega proyectos que por lo general se instalan de forma invasiva en los espacios locales, sin ocuparse de la vinculación con el medio socio-ambiental en el que se ubica, siendo propiedad de individuos completamente ajenos. Esta dinámica lleva a un desarrollo que consistentemente genera destrucción ambiental y tensión social. Un nuevo modelo de desarrollo debe estar basado en las comunidades y especificidades locales, en el cual los proyectos llevados adelante estén armonizados con las necesidades y circunstancias de cada lugar. Esto implicará que será mucho más probable que el desarrollo filtre mega proyectos contaminantes, y fortalezca aquellas iniciativas empresariales que sean beneficiosas tanto para el emprendedor como para los territorios y pueblos locales. 5) La sociedad debe facilitar que cada persona pueda buscar su propia felicidad, más que condenarla al consumo El objetivo máximo que el modelo actual persigue es aumentar el consumo de las personas, situando en ello su felicidad, y midiendo por esa vía el progreso. BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

No obstante, las cosas que otorgan la felicidad no son materiales; es fundamental reconsiderar qué objetivo motiva el esfuerzo individual y colectivo de la sociedad, el cual debe ser la búsqueda de la felicidad genuina. Así, la sociedad debe preparar a sus individuos para que, bajo la multiplicidad de formas que puede tomar, busquen su propia felicidad. La relevancia de esto para el equilibrio socio-ambiental, es que mientras se continúe situando al consumo como la vía a la felicidad y el barómetro del progreso, no sólo se perpetuará el vacío existencial que deriva de una existencia meramente material, sino que se incrementarán sin cesar las demandas por energía y recursos naturales necesarios para satisfacer un consumo siempre creciente. En términos generales, concepciones más profundas y realistas de la felicidad suelen tener una base mucho menos material, y por consiguiente un mucho menor impacto ambiental. 6) Ni el desarrollo ni la felicidad pueden medirse en términos de capacidad de consumo. Se requieren otras medidas, tanto cuantitativas como cualitativas Considerando la felicidad como la principal medida del desarrollo humano, es evidente que se torna fundamental constituir y usar nuevas herramientas para medir el progreso, alejándose de indicadores engañosos como el PIB para medir de desarrollo y del consumo como medida de la felicidad. Para esto, se requiere la utilización de instrumentos más complejos y multidimensionales, haciéndose cargo de las subjetividades y dificultades metodológicas y comparativas que de ello surgen. Herramientas de este estilo ya se han comenzado a construir, partiendo con el índice del planeta feliz de la NEF, el índice de felicidad nacional bruta de Butan, el Indice de Atkinson, el Índice de Bienestar Económico, el trabajo de la Comisión Stiglitz, entre varios otros. 7) Ante la crisis ecológica actual, la sociedad debe prever y estar preparada para adaptarse a los cambios ambientales Sería iluso creer que podremos restablecer el equilibrio entre nuestro impacto sobre la naturaleza y lo que ella puede soportar, sin sufrir consecuencias del excesivo deterioro ambiental que ya hemos provocado. Cambio climático, deforestación, cenit del petróleo, desertificación, entre otros, son cambios ambientales que ya están ocurriendo, ante lo cual un nuevo modelo de desarrollo debe no sólo poder mitigar, sino también estar preparado para adaptarse a situaciones de crisis sin precedentes. 8) Matriz energética limpia, no subsidiada implícitamente, Independiente de materias primas extranjeras y de provisión segura La matriz energética vigente está articulada sobre un sistema de subsidio implícito, ya que a los generadores no se le exige nada a cambio del deterioro del medio ambiente que generan, y los costos son asumidos directamente por la sociedad. Como ejemplos, las termoeléctricas que intoxican a las BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

comunidades locales, las hidroeléctricas de embalse que inundan y destruyen valles completos, el sistema de transporte impulsado con petróleo que contamina el aire de las ciudades. Otro problema de la matriz energética actual es la alta dependencia de hidrocarburos importados, lo que genera inseguridad en la provisión y precio de la energía. Como solución de estos problemas se debe internalizar los daños, asignándoles un costo monetario correspondiente e imputándoselo al proyecto que lo genera. De este modo solo los proyectos realmente beneficiosos para la sociedad tendrán factibilidad financiera y se potenciara la implementación de una matriz limpia al dejar de subsidiar las energías sucias. Para potenciar aún más los proyectos limpios, se deben invertir en ellos los recursos obtenidos de las penalizaciones de los proyectos sucios. Esto tendrá el beneficio adicional de fomentar la producción en base a recursos autónomos. Lo anterior es una política energética basada en lo que hoy conocemos como Energías Renovables no Convencionales (ERNC) de las que Chile posee un potencial privilegiado para alcanzar de forma acelerada una matriz 100% renovable y atomizada. El límite de cantidad de energía a generar en su totalidad estará dado por las capacidades de regeneración de los recursos renovables. La política energética propuesta, que incorpora límites de producción y contabiliza los costos ambientales, implicará un aumento del precio de la energía. Por esto, se debe abordar en conjunto con una política redistributiva significativa. 9) Cuantificación de daños ambientales y sociales asociadas a los distintos tipos de proyecto El sistema productivo chileno funciona apoyado en subsidios implícitos, ya que a las ramas productivas en general no se les exige hacerse cargo del deterioro del medio ambiente que generan. Para corregir esto, se deben articular procesos de medición de los daños específicos que genera cada actividad productiva, cada contexto ambiental y cada contexto social, fijando un costo financiero a los mayores daños producidos y de este modo impedir que proyectos no beneficiosas para la sociedad en su conjunto cuenten con factibilidad financiera de implementación. 10) Sistema de aprovechamiento racional, sustentable, y con visión de largo plazo de los recursos naturales Para evitar las desigualdades sociales y desequilibrios ambientales que genera la explotación intensiva de recursos naturales, es necesario establecer un plan de investigación exhaustivo capaz de cuantificar la cantidad de recursos, para luego proyectar un desarrollo estratégico a largo plazo garantice la protección los diversos ecosistemas y el equilibrio social.

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En el caso de los renovables en particular, se debe establecer un plan de manejo que pueda garantizar el respeto de las tasas de regeneración y la defensa de la biodiversidad, de modo que el aprovechamiento de todos los recursos sea sustentable y beneficioso para la sociedad en su conjunto, asignando además prioridades de explotación entre uso humano e industrial. Para los no renovables, se debe planear su extracción considerando que son limitados, y haciendo uso responsable de los ingresos transitorios que generan. 11) Ley para garantizar el Respeto de las tasas de regeneración de los recursos renovables Garantizar el mantenimiento de los ciclos naturales es fundamental para el medio ambiente de los cuales la humanidad depende. Para esto se debe estudiar de forma objetiva la tasa de regeneración de los distintos recursos renovables para luego garantizar mediante Ley que su explotación no comprometa su renovación a perpetuidad. 12) Favorecer tecnologías que sean ambientalmente amigables Las tecnologías limpias son en general rentables a largo plazo, y generan beneficios sociales que no son percibidos directamente por los privados. Por esto, el Estado debiese intervenir fomentando la incorporación acelerada de este tipo de tecnologías. 13) Normativa de protección ambiental apropiada, consolidación del Servicio de Estudio de Impacto Medio Ambiental (SEIA), clarificación de parámetros de protección La legislación, institucionalidad y fiscalización ambientales actuales son hoy insuficientes. La preocupación por el medioambiente requiere institucionalizar su protección de manera efectiva. Proponemos avanzar en el SEIA en dos sentidos: en primer lugar entender la norma en términos preventivos a los impactos negativos al medio ambiente, no tan solo mitigatorios, conservando nuestros ambiente limpio para las generaciones actuales y las futuras. El segundo sentido, se refiere a que se debe aumentar drásticamente los recursos y atribuciones de fiscalización, asegurando el cumplimiento estricto de las normas. Por último, el SEIA hoy no ve la participación ciudadana de manera vinculante. Proponemos realizar una normativa con estándares de participación ciudadana que sean vinculantes a la aprobación de los proyectos, para lo cual se debe adaptar el proceso de los Estudios de Impacto Ambiental a un formato al alcance de la ciudadanía entera, con instancias formales en que las comunidades impactadas puedan ver reflejada su opinión en el SEIA.

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14) Educación e información cabal a las comunidades locales respecto a proyectos que las impacten La toma de decisión deberá dejar de considerar sólo el ámbito técnico, incluyendo de manera vinculante a las comunidades. Para esto se requiere de un sistema de educación continua que empodere a las comunidades respecto a la propiedad y manejo que tiene con su medio. En particular, la educación para la formación de profesionales debe involucrar la capacitación en temas pertinentes a su entorno. Además de lo anterior, se requiere de una entidad neutral que sea técnica y capaz de comunicar de forma sencilla situaciones complejas, que vele por el diálogo entre distintos actores involucrados en proyectos de impacto local, garantizando el traspaso de información verídica, confiable y objetiva. 15) Estado: Administrador y Guardián Actualmente los recursos naturales tanto renovables como no renovables están a disposición de cualquier empresa que busque maximizar sus ganancias a costa de ellos. Esa ganancia hoy se está logrando en gran medida con la sobre-explotación de los recursos naturales. Un nuevo modelo de desarrollo debe considerar a los recursos naturales como propiedad patrimonial de todos los chilenos. El Estado, en representación de todas las naciones de Chile, deberá responsabilizarse de la administración de su uso racional y sustentable, redistribuyendo las riquezas que de ellos se obtienen y protegiéndolos para el futuro. Con administración, nos referimos a que será el Estado quien deberá determinar cómo, cuándo, dónde, cuánto, y por quién han de ser extraídos los recursos naturales, teniendo como primera prioridad la preservación de aquellos renovables para el futuro y considerando qué tan estratégico o crítico es un determinado recurso para el país a largo plazo. Los recursos, dependiendo de estos factores, podrán ser explotados por empresas privada, mixtas o estatales y en todos los casos será una explotación adecuadamente regulada y fiscalizada. 16) Captación y Redistribución de Rentas En aquellos recursos naturales que escasean, tales como los yacimientos minerales, la parte más significativa de su valor emana precisamente de su escasez. Esta parte del valor se denomina Renta. Actualmente, muchas compañías, especialmente mineras, están obteniendo ganancias extraordinarias pues se pueden apropiar de la Renta. Uno de los problemas principales de esto radica en que esa riqueza no está siendo debidamente redistribuida entre todos los chilenos, que son los legítimos herederos de los recursos naturales del país en su carácter patrimonial, sino que un número reducido de empresas está percibiendo prácticamente la totalidad de esa Renta. BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

Por lo tanto, el Estado debe implementar mecanismos que le permitan recuperar y redistribuir estas Rentas; en los casos en que estos recursos son explotados por privados, por ejemplo, a través de impuestos que sean eficaces, eficientes y significativos. En casos en que exista mucha Renta, el Estado debiese realizar mediante empresas públicas la extracción. Sea cual sea el caso, se debe administrar esta riqueza para maximizar su aprovechamiento a largo plazo, invirtiéndose de modo beneficioso para la sociedad en su conjunto. Por otra parte, la magnitud de las Rentas es extremadamente volátil, por tanto no debe constituir el pilar de las arcas fiscales ya que dejaría al Estado en una situación de riesgo. La riqueza obtenida por renta, por ende, debe invertirse. 17) Naturaleza es parte de la Identidad Actualmente cualquier persona o empresa (incluso estatal) con el suficiente capital puede apropiarse de cualquier recurso y sobre-explotarlo a gran escala, dado que la normativa y los sistemas de evaluación y fiscalización ambiental están mal diseñados. De este modo, las comunidades locales pagan el precio de los proyectos en términos de drásticos cambios a su modo de vida, daños irreversibles a su entorno y a los recursos que les dan sustento, además de perjuicios a su salud y la de las generaciones futuras. Al no comprender cabalmente la magnitud del daño, las comunidades transan o son convencidas fácilmente, y son compradas con “mitigaciones” que en comparación con el impacto se pueden considerar migajas. Es innegable la vinculación que existe entre identidad y cultura local con el entorno en todos sus aspectos: geográfico, climático, e incluso flora y fauna. Por lo tanto, el carácter patrimonial de los recursos naturales radica en que han formado parte integral del modo de vida, el habitar, el entorno y las tradiciones de las comunidades. Por ello, éstas deben integrarse de una manera menos simplista y más respetuosa en el proceso de evaluación ambiental, proporcionándoles asesoría en lo que respecta a los beneficios y desventajas de cada proyecto, con información y educación confiable, objetiva y certera de los aspectos técnicos, ecológicos y económicos que pudieran afectarlas. Lo anterior busca dar a las comunidades facultades para integrarse constructivamente a los procesos de toma de decisiones que les afectan de manera directa, lo que en caso de factibilidad medioambiental resultaría beneficioso tanto para la comunidad como para la empresa, creándose un vínculo de confianza y colaboración a largo plazo.

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Comisión de Educación Las revoluciones necesarias para un nuevo sistema educativo en Chile Este documento presenta – en forma resumida – una primera propuesta política en el área educacional, que sea consistente con los principios guía de Revolución Democrática. Se trata de un material en construcción y abierto a las opiniones de todos los que quieran contribuir a este ejercicio ciudadano de definir cuáles son las revoluciones indispensables que debemos impulsar en la educación chilena para transformarla en un espacio en el que todos los chilenos podamos confiar y creer. ¿Es necesario revolucionar la educación Chilena?. Creemos que sí. La estructura de nuestro sistema - ideada y ejecutada en dictadura – está basada en pilares que no garantizan derechos básicos y que a nuestro juicio deben ser esenciales para el despliegue del proceso educativo: una educación integradora, formadora de ciudadanos, equitativa, democrática, diversa, fuente de oportunidades. Las propias características de nuestro movimiento – que no son sino las características de quienes lo integramos: su identidad en formación y su promesa revolucionaria – establecen el marco de referencia que da lugar a todas nuestras propuestas: la extensión y el fortalecimiento de nuestra democracia. Ese debiera ser en nuestra opinión el “horizonte normativo” de la educación chilena. Para esto se requiere de un Estado de y para la democracia, donde una de sus bases sea un sistema educativo de y para la democracia, que estimule prácticas y valores sociales coherentes con una sociedad participativa, con espacios de delibración, justos y equitativos, sin discriminación e inclusivos, basado en el respeto a los derechos humanos y a las diferencias, y que considere inaceptables la exclusión, la segregación y la pobreza. En este contexto, se han definido – preliminarmente – tres ejes claves que sustenten el inicio de una revolución democrática en educación. Se plantea que #hayquerevolucionar: (i) el sentido y los principios fundamentales de la educación chilena; (ii) la educación pública; y (iii) la participación en el sistema educativo.

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1. #Hayquerevolucionar el sentido y los principios fundamentales de la educación chilena Para realizar una revolución democrática del sistema educativo, es necesario revisar las bases que sustentan el modelo actual. Esta revisión no consiste en analizar lo realizado en política educativa durante los últimos 30 años, sino una invitación a todos los actores a discutir y definir el horizonte de principios que reorganizarán nuestro sistema educativo y darán sentido a cada política que se desarrolle en ese ámbito. Para que esto sea efectivo es pertinente que todo nivel técnico siempre sea derivado del nivel político, es decir, que las capacidades técnicas estén puestas al servicio del horizonte ético – político que definamos para nuestra educación y para nuestra sociedad. Intentaremos empezar a responder algunas de estas preguntas, a partir de un diagnóstico compartido: nuestro sistema educativo actual alberga injusticias profundas, una segregación social inaceptable y una promesa incumplida de movilidad social. El sistema no solo aloja esas injusticias, sino que además las reproduce y multiplica. En el marco del diálogo propuesto, RD plantea tres principios fundamentales para reorganizar y reorientar el sistema educativo chileno. a) El sistema educativo debe tratarse como un bien público por la naturaleza de sus medios (colectivos), por su rol social y por sus fines. b) El sistema educativo debe orientarse a producir integración e inclusión social. c) El sistema educativo debe ofrecer alternativas de desarrollo equivalentes para todos. Algunas propuestas que encuentran su fundamento en los principios planteados son las siguientes: • Para impulsar la valorización del rol público del sistema educativo, es necesario realizar reformas que permitan la construcción de un proyecto educativo público, a través de un amplio proceso de diálogo y deliberación. Para tal proceso, se debe desarrollar una institucionalidad pública que dé garantías de representación democrática y plural de todos los actores educativos y de las diversas posiciones ideológicas. • En términos de visión sistémica, un proceso de diálogo y deliberación democráticos, debería cuestionar la noción de calidad actualmente en uso en el sistema educativo, contrastándola con los principios explícitos del sistema educativo público. A la luz de los principios propuestos, resulta indispensable incorporar dimensiones relacionadas con la integración e inclusión social y con la responsabilidad individual y colectiva. • Para construir un sistema que posibilite y fomente la construcción de una sociedad integrada, resulta necesario realizar reformas que permitan garantizar el acceso libre y equitativo de cualquier estudiante a un establecimiento educativo, independientemente de su condiciones económicas, sociales, culturales o de cualquier otro tipo. Esto significa por cierto asegurar financiamiento público y terminar con el financiamiento compartido. Asimismo, significa terminar efectivamente con la selección de estudiantes. BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

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Para hacer efectiva la responsabilidad pública frente a las características del sistema educativo, se debe devolver al Estado el rol de garante del derecho a la educación. El Estado es el actor llamado a garantizar una institucionalidad capaz de afrontar los desafíos de justicia, integración e inclusión social de un sistema educativo público. Dados nuestros actuales niveles de inequidad y segmentación, y también por nuestro compromiso comunitario, toda acción orientada a transformar nuestro sistema educativo debe ser especialmente sensible a las condiciones de los sectores más desaventajados de la población, ya sea por condiciones económicas, geográficas o cualquier otro motivo. Esto implica una preocupación preferente por los grupos más desprotegidos de la sociedad.

2. #Hayquerevolucionar la educación pública. Actualmente tenemos una educación pública debilitada, que cubre poco más del 30% de la matrícula regular, desprestigiada socialmente, con una institucionalidad precaria y en una situación de desventaja relativa respecto al sector privado, el cual ha tenido todas las condiciones para ir aumentando progresivamente su nivel de matrícula. Creemos que esto responde a un proceso deliberado iniciado a comienzos de los ’80 por debilitar la educación pública. Durante el retorno a la democracia se realizaron esfuerzos por apoyar las escuelas más vulnerables, pero siempre dentro de las bases de un mercado desregulado que impide fortalecer la educación pública. Entendemos la educación pública como aquella a la que toda la sociedad tiene derecho a acceder, cuya propiedad es del Estado, donde su función social afecta al conjunto de la comunidad, cuyo financiamiento y administración provienen de una entidad pública y su foco formativo es la formación de ciudadanos, contribuyendo a la construcción de una cultura y modo de relacionarnos que nos constituye como comunidad. Actualmente la educación municipal es la que representa la educación pública en Chile. En ese marco, RD plantea las siguientes propuestas: • En primer lugar, el estado debe privilegiar explícitamente a la educación pública, por todas las razones que ya hemos planteado. Esto debe traducirse, entre otras políticas, en que la subvención recibida por la educación pública debe ser superior a la subvención que entrega el estado a la educación particular subvencionada, aun sin financiamiento compartido. Este trato preferencial debiera traducirse también en una nueva manera de entender la carrera docente, donde se incentive que los buenos profesores trabajen en escuelas y liceos públicos. • Un segundo paso ineludible en la recuperación de la educación pública es la creación de una institucionalidad que de manera efectiva vele por la calidad de la educación pública y lidere su proceso de fortalecimiento. Es urgente reformar la institucionalidad de la educación pública; junto con su “dependencia” (foco en el que se ha concentrado la discusión), lo que importa sobre todo es cómo se fortalecen las capacidades de quienes son o serán responsables de los establecimientos.

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En tercer lugar, resulta alarmante la incoherencia que existe en la distribución de la oferta educativa hoy en Chile, lo que hace que tengamos comunas donde la educación pública es casi inexistente, y también que en los últimos 20 o más años, sean los colegios particulares subvencionados los que preferentemente se instalan en aquellas zonas que van siendo pobladas en los núcleos urbanos. Una manera de contrarrestar esta dinámica es congelando la creación de colegios particulares subvencionados y junto con ello estableciendo una política de creación de colegios públicos en aquellas zonas en donde la oferta de educación pública sea escasa. RD no está en contra de la provisión privada de educación, sin embargo, sí creemos que la educación pública debe ser privilegiada y fortalecida en los próximo años, lo que necesariamente implica invertir un desequilibrio evidente a favor de la educación privada en las últimas décadas. Un pilar fundamental de la reforma de la educación pública consiste en reposicionar la imagen de la educación pública en la ciudadanía, avanzando en la dirección contraria de lo que hemos venido haciendo como país en los últimos años (donde la constante ha sido más bien el esfuerzo comunicacional por desprestigiar al sistema público). Si bien este trabajo lo han concentrado los municipios, corresponde al Estado chileno iniciar un camino de revalidación de la educación pública, tal como se ha hecho con la profesión docente y la campaña Elige Educar.

3. #Hayquerevolucionar la participación en el sistema educativo Una revolución democrática que aspira a transformar el sistema educativo en aras de mayor justicia e integración social, no puede evitar asumir el desafío de encarnar en ese sistema principios democráticos, a través de procesos de participación. Esto supone un desafío de doble direccionalidad: por una parte, el sistema educativo debe priorizar la formación para la participación en su contenido; y, por otra parte, los procesos de participación deben contribuir a democratizar las propias estructuras del sistema. Tal como hemos planteado entre los principios que proponemos para nuestro sistema educativo, creemos que la justicia y la integración social son condiciones para la democracia y para el desarrollo. Avanzar hacia esos objetivos requiere transformar estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y segmentación social. En este contexto, creemos que el rol del sistema educativo es fundamentalmente reducir las propias inequidades sociales que se potencian y reproducen en su seno. Pero para ello es al mismo tiempo indispensable promover la formación de un ciudadano capaz de participar en la construcción de una sociedad que albergue a la justicia y la integración social como sus principios básicos. Nuestro diagnóstico general sobre el actual sistema educativo es que éste derechamente presenta precarios niveles de participación y construcción democrática, lo que ha contribuido, entre otras cosas, a debilitar el compromiso de la ciudadanía y de los actores educativos críticos frente a la calidad del sistema. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), además de la BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

ilegitimidad democrática en su formulación original, solo declaraba entre los objetivos para la enseñanza básica y media la capacidad individual para participar en la vida comunitaria, conociendo y practicando los deberes y derechos de cada uno. La Ley General de Educación (LGE) repara la deficiencia de legitimidad de la LOCE e incorpora principios y definiciones que se orientan a fortalecer la participación de los actores educativos en el propio sistema. Sin embargo, las nuevas definiciones de la ley parecen adaptarse a estructuras y dinámicas vigentes, más que enfrentar su transformación con un sentido democrático concreto. El desafío es construir una propuesta educativa suficientemente amplia para proyectar y construir colaborativamente la sociedad que queremos, y suficientemente rica para que los principios educativos adquieran sentido en y desde la participación local. La propuesta de RD considera lo siguiente: •

•

La democratización debe producirse en la escuela y hacia la comunidad. Esta es una deuda actual del sistema educativo chileno. La escuela es la unidad básica que debe responder a este desafío, tanto en el plano institucional como en los planos pedagógico y curricular. Pero también es un desafío para las comunidades locales, que deben comprometerse en el desarrollo del proceso educativo. Los consejos escolares pueden ser una primera herramienta. La participación se debe expresar en una discusión nacional sobre la matriz educacional que queremos. No se trata solo de participación en las unidades educativas, sino también de un sistema educativo abierto a la discusión ciudadana, sobre el tipo de educación que queremos a nivel nacional y local. La participación debe expresarse también en la discusión de los referentes curriculares del sistema escolar. Las actuales definiciones político-curriculares deben ser legitimadas, en función de las prioridades nacionales y locales, por actores relevantes, representantes de la ciudadanía. El currículum escolar debe ser objeto de deliberación. La participación democrática en el sistema educativo en todos sus niveles implica crear o mejorar espacios de representación de docentes, estudiantes y de las comunidades educativas, en general. Especial atención debe ponerse en los docentes, que han sido objeto de un proceso de desvalorización creciente y que es indispensable revertir si queremos un sistema educativo de calidad para todos. Mayores niveles de participación exigen un rol mucho más activo de los niveles regionales y locales en las políticas educativas. Las definiciones clave del sistema educacional debieran ser espacios privilegiados para que sea crecientemente el territorio (municipios o gobiernos regionales en el caso de nuestro país), y no el Ministerio, el que define el contenido y los instrumentos de la política. Una mayor participación de estos niveles permite, por cierto, que existan mayores posibilidades reales de contribución a las discusiones educativas desde la ciudadanía. La participación debe expresarse en la misma oferta educativa. Dados los principios de justicia social y de integración social, y la base democrática del sistema, experiencias paradigmáticas como las de Aysén (sin oferta

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pública de educación superior) y Alto Hospicio (casi sin oferta pública de educación escolar) no se sostienen y representan justamente lo que como sistema debemos modificar. Es momento de una revolución democrática de la educación en Chile, principalmente porque la ciudadanía exige un sistema educativo distinto y porque en nuestra opinión existen las condiciones políticas y sociales para avanzar en esa dirección. El gran desafío de esa nueva reforma es, ahora sin duda alguna, cambiar los cimientos de nuestro sistema escolar que están tras varios de los problemas del modelo educativo chileno. RD quiere cumplir un rol en la modificación de dichos cimientos.

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Comisión de Ciudades y Territorios Democráticos En años recientes hemos visto una acentuada movilizacion de sectores de la sociedad civil en búsqueda de respuestas políticas a sus problematicas específicas. No es que sean nuevos ni los problemas ni las desigualdades que afectan a nuestros ciudadanos; novedosos son es el alto grado de comprension y adhesion generada, la posibilidad de dar a cada problema la relevancia social y politica que merece, el entendimiento de que los distintos problemas que tenemos como sociedad son producto de nuestro modelo de desarrollo, y el rol que los ciudadanos esperan desempeñar en la búsqueda de las soluciones. En RD creemos que es tiempo de democracia activa y permanente, porque votar cada cuatro años ya no es suficiente. Con una crisis de representacion politica, el marco institucional de la Constiticion del 80 no permite el cabal desarrollo de las potencialidades de nuestra democracia. Asi lo ha entendido la gente, que quiere mas espacios de participacion y transparencia; que quiere ser tomada en cuenta y escuchada. Por eso, en RD entendemos que se deben democratizar todos los espacios donde se decidan aspectos que van a influir en la vida de nuestros ciudadanos. Y entre esas desiciones encontramos las referidas a las ciudades y el territorio. El año 2011 se colocó sobre el tapete, con mas fuerza que nunca, la escandalosa inequidad en la educación; en Chile, algunos son educados para protagonizar el futuro y otros, simplemente, para padecer su destino. Esta inequidad, que respecto a problemática educacional parece tan clara, encuentra su versión más despiadada en la planificación y desarrollo de nuestras ciudades y territorios. Tradicionalmente se ha señalado que nuestro entorno, barrios y ciudades son, simplemente, el escenario fijo donde se mueve nuestra vida cotidiana; para RD esto no es asi. En RD creemos que la ciudad, el territorio y sus habitantes conforman un sistema vivo, cuya salud y configuracion son consecuencia del modelo económico, social y político imperante; son agentes reproductores de ese orden, por tanto, son agentes políticos. La inequidad en la ciudad posee una caracteristica dificil de replicar en otra problemática social: es imposible que dos personas gocen idénticamente de las bondades y/o defectos de su experiencia en el territorio, esto debido a que la ciudad puede ser definida como una suma de bienes únicos e irrepetibles. Lo anterior trae como consecuencia fenomenos de segregación, donde los diferentes actores tratarán de localizarse convenientemente en el territorio, de acuerdo a sus mayores beneficios y, principalmente, de acuerdo a sus “capitales”. Explicada asi, la segregación no es necesariamente un aspecto negativo. Que la experiencia territorial sea única e imposible de homologar, no es necesariamente sinónimo de exclusión, sino sólo de diferencia. La segregación se transforma en un problema cuando el desarrollo de la ciudad es condicionado por una falta de regulación que permite la concentración de las fuentes laborales, los equipamientos, los servicios, las áreas verdes y de BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

esparcimiento en espacios reducidos del territorio, al cual tienen acceso solo quienes pueden pagar por el. Asi, los actores con menos recursos se ven relegados a localizaciones precarias, mal equipadas y deficientemente conectadas. En RD nos proponemos realzar las diferencias y eliminar las exclusiones.Nos interesa que todas las infinitas formas de vivir el territorio sean consideradas experiencias dignas, enmarcadas en ciertos estandares minimos garantizados como derecho, defendidos como institución, e incorporados como elementos de evaluacion de la calidad de vida de las comunidades. No creemos ni en territorios homogéneos ni en la formación de guetos. No creemos que la integración sea, en si misma, sinónimo de bondad, sino cuando es consecuencia de la validación del otro como individuo pleno de derecho. Creemos firmemente que, independientemente de donde se pueda elegir vivir, esa experiencia debe gozar de garantías mínimas que aseguren la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En materia de ciudades y territorio, la revolucion que RD desea llevar adelante implica una democratización de las oportunidades de bienestar para todos los ciudadanos: si no podemos optar por vivir “donde” queremos, que el “cómo” vivimos no sea una lucha de subsistencia. Para RD es fundamental crear conciencia de la importancia de que todos podemos y debemos ser partes del “como” vivimos; creemos que mediante la creación de una nueva institucionalidad, dotada con nuevos instrumentos que democraticen el poder ciudadano, se podrán garantizar estándares mínimos de calidad de vida en comunidad, elementos de un modelo sustentable de desarrollo compatible con el sistema natural en el que estan insertas nuestras ciudades y territorios. Lo anteriormente expuesto determina que la Comision de Ciudades y Territorios Democraticos haya definido cinco ejes programaticos, a saber: I) Politica de Suelos, localizacion e integracion social; II) Estandares de infraestructura urbana; III) Gobiernos de ciudad y gestion ciudadana del territorio; IV) Sustentabilidad del territorio y gestion ambiental; e V) Identidad y cultura en la ciudad. Cada uno de estos ejes es, en su propio mérito, una declaración de principios sobre la cual debemos construir un programa que nos permita, en el mediano plazo, generar medidas concretas para poner en la agenda pública.

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Política de Suelo y Localización. Las consecuencias de la desregulacion del mercado del suelo, sin mediar planificacion en las ciudades, estan a la vista: segregación residencial, zonas de la ciudad carentes de servicios y equipamientos, expansión urbana excesiva que afecta la calidad de vida en las ciudades y especulación en torno al precio del suelo. Esta desregulacion es, en Chile, una politica de estado, instalada por la Política de Desarrollo Urbano (PNDU) de 1979, con consecuencias hasta el dia de hoy a pesar de su derogacion en el año 2000. Implica una perfecta armonizacion de los lineamientos sectoriales con la política economía neoliberal instalada por la dictadura. Con ella, el suelo urbano dejaba de ser un recurso escaso, liberalizandose su asignacion, se implementan sistemas flexibles de planificación con una mínima intervención estatal y se generan las condiciones para permitir el crecimiento natural de las áreas urbanas siguiendo la tendencia del mercado. Ahora, es el mercado quien determina las areas de expansion, la densidad del territorio y la localización de inversiones determinadas por el uso y restricciones del suelo. En este contexto, es evidente que la relacion entre ingresos bajos y alto costo de terrenos termina perjudicando a los sectores medios y bajos, quienes ven dificultado el hecho de poder contar con soluciones a sus necesidades. La consecuencia esta vista, en Santiago o cualquier otra ciudad de Chile: una inevitable presión por expandir de la ciudad hacia su periferia, acrecentando el crecimiento por extensión de los centros urbanos. El desmesurado valor del suelo urbano limita el acceso a las viviendas en propiedad de los más pobres, fomenta la informalidad de la tenencia (campamentos) y ha gatillado la existencia de políticas subsidiarias de vivienda poco sustentables y que han generado grandes desequilibrios urbanos. Lo más paradojal de todo es que el aumento del valor del precio no está mediado por la inclusión de nuevos factores productivos sobre el suelo o por la transformación de este, sino que generalmente por la inversión del Estado que mejora su accesibilidad, su entorno, en suma, su localización. Lineas de desarrollo: •

Diseño de herramientas de regulación del mercado de suelo y herramientas para regular el crecimiento de las ciudades;

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Incentivos sobre otros tipos de tenencia de suelo, como subsidios al arriendo y derechos reales de uso;

•

Diseño de herramientas e instrumentos de planificacion urbana y territorial, dirigidas a la integracion y el equilibrio;

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Politica Nacional de Desarrollo Urbano que reconozca la diversidad territorial del pais y este en sintonia con los Planes de Desarrollo Local.

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Recuperacion, por parte del sector publico, del incremento del valor de la tierra;

•

Reinstalar la idea del Uso Social del Suelo Urbano, como base de toda politica de vivienda o sectorial, colocando su valor de uso por sobre su valor de cambio. Deseamos un control democratico de su produccion, reconversion, reutilizacion y valorizacion.

•

Una Ley del Suelo que regule los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos, el mercado y el uso del suelo conforme a la función social de la propiedad. A traves de ella se buscara reducir la planificación discrecional, coordinar la planificación física y socioeconómica, y establecer elementos de gestión del suelo como expropiación, cooperación, compensación y mecanismos que logren captar las plusvalías generadas por el desarrollo urbano para financiar proyectos e infraestructura pública.

Estándares Urbanos y Gestión Ciudadana de los Servicios Públicos. Las distintas ciudades y territorios de nuestro pais presentan desiguales coberturas en infraestructura, servicios, equipamientos y espacios publicos. Peor aun, hay zonas que sencillamente no cuentan con algunos de estos elementos. En el ambito de las inversiones publicas, constatamos enormes diferencias en calidad y cantidad, tanto entre comunas como entre barrios. La desigualdad se expresa en que las comunas pobres son tremendamente deficitarias en cuanto a infraestructtura y espacios publicos respecto a las comunas más ricas. La calidad de vida de unas es tremendamente inferior a las de otras. En RD apostamos por los barrios bien equipados, como un minimo indispensable poara asegurar la calidad de vida de sus habitantes. Es tambien una forma de evitar que la localizacion de la vivienda determine las oportunidades de los ciudadanos. En RD queremos que se definan minimos urbanos o estandares basicos en funcion de de las caracteristicas sociodemograficas de la poblacion y necesidades conexas, así como de las características geográficas de los territorios. Sin perjuicio de lo anterior, debemos agregar otras 2 variables fundamentales: la movilidad y la accesibilidad. La vida cotidiana ocurre en diversos lugares de la ciudad, debiendo tener que desplazarnos a las fuentes laborales, a lugares de estudio, a reunirnos, a encontramos, en suma, a la realización de diversas actividades. La falta de dotacion o las distancias excesivas respecto a los lementos fundamentales de la calidad de vida, se convierten en un factor más de desigualdad. La accesibilidad se convierte asi en una de las principales carencias de los ciudadanos.

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La otra cara de esta moneda esta dada por la concentracion espacial de oportunidades y elementos constitutivos de ventajas comparativas en ciudades o lugares especificos dentro de estas, que tambien gnera falta de accesibilidad a los ciudadanos afectados por la distancia o los problemas de transporte. Por ende, en RD ademas de apostar por los minimos urbanos, queremos accesibilidad garantizada como elemento de toda planificacion urbana y calidad de vida. Queremos accesibilidad a todos los territorios para todos los ciudadanos, y queremos poder tomar desiciones sobre ello. Lineas de desarrollo. •

Toda la poblacion con igual acceso a bienes de igual calidad. Las Inversiones públicas en infraestructuras y espacios públicos deben basarse en este principio. Estas inversiones son fundamentales ya que facilitan el desplazamiento de la población, permiten tener lugares de esparcimiento y garantizan un menor impacto en el medio ambiente.

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Compensacion por externalidades negativas asociadas a inversiones de cualquier naturaleza.

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Gobiernos de Ciudad y Gestión Ciudadana del Territorio. En RD creemos inevitable tener que dar un tratamiento conjunto a la administracion del territorio, sus instituciones, los mecanismos de participacion, autogestion y empoderamiento ciudadano, y los proyectos de desarrollo local. Hay una constatacion basica: en Chile no hay gobiernos a escala de ciudad; es más, tampoco los hay a escala local, ya que los municipios carecen de las competencias y recursos que cualquier ente que quiera hacer gobierno requiere. En Chile solo existe gobierno central para un estado unitario. Lo anterior tiene su expresion en la planificacion. Asociado al gobierno esta la institucionalidad politica. Y nuevamente hacemos otra constatacion: la crisis de la institucionalidad heredada de la dictadura tambien se expresa en el ambito urbano, en todos sus niveles. Las autoridades existentes estan dotadas de competencias insuficientes, tienen una cuestionable legitimidad y no son, por regla general, descentralizadas. Ademas, no podemos olvidar que este es uno de los ambitos donde con mayor nocividad penetro la desregulacion neoliberal. En efecto, gran parte de los BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

problemas que se presentan para los gestores o planificadores, dice relacion con la debilidad de los marcos regulatorios. Si ha esto sumamos la falta de capacidad tecnica y de recursos de las entidaes locales, estamos en el peor de los mundos. Las Municipalidades y Gobiernos Regionales son tierra fertil para conductas poco transparentes, corrupcion y tráfico de influencias, ninguna de las cuales tiene a la planificacion entre sus guias. En RD estamos convencidos de que relevar el rol de ls Municipalidades es fundamental para el desarrollo del pais, especialmente en materias de planificacion territorial. Es en su ambito donde se pueden conjugar prácticas efectivas de democracia y participacion. No hay nada más cercano a los ciudadanos que su Municipalidad. Relevar el rol de los Municipios implica dar plena operatividad y potencialidad a la normativa que las rige, la cual, bien desplegada, es aun una poderosa herramienta de transformacion urbana. Lineas de desarrollo. •

Creacion de Gobiernos de Region y cuidad;

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Fortalecimiento de Intendencias y Municipalidades;

•

Creacion de vinculantes;

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Fortalecer el enfoque multidisiplinar en los estudios territoriales;

nuevas

herramientas

participacion

ciudadana

Sustentabilidad del Territorio y Gestion Ambiental. Es innegable que en la actualidad estamos viviendo una crisis Ecológica, la cual se ha agudizado con el proceso de Globalización y liberalización del comercio, que ha privatizado variados bienes comunes naturales. El Informe Stern (2006) es claro: Si seguimos el actual modo de desarrollo, los costes del Cambio Climatico supondrán una perdida de entre el 5% y el 20% del PIB mundial al año, mientras que los costes de una acción correctiva decidida e inmediata solo serán del 1%. Debemos asumir que, en la actualidad, la civilización y sus modos de vida son la principal causa de los cambios que afectan el medio ambiente. Chile no puede eludir su responsabilidad en la crisis ambiental. Respecto al Calentamiento Global, no es excusa el hecho que aporte solo el 0,2% de los Gases Efecto Invernadero (GEI). Hay evidencia de alzas en las emisiones de estos Gases como tambien de CO2, y las proyecciones de las emisiones del consumo energético no son alentadoras: al 2024 se esperan incrementos de emisiones GEI en 2,9 veces, y al 2030 en 4,2 veces. La biodiversidad del territorio chileno es reconocida a nivel mundial por su valor ecológico y por poseer un altísimo endemismo (47%). En Chile, atentan contra esta biodiversidad las pérdidas de hábitats, las deforestaciones, la expansión BASES PROGRAMÁTICAS OFICIALES Primer Congreso Nacional de Revolución Democrática

urbana y sus efectos en el entorno, la contaminación en sus variadas formas, y la alteración de ecosistemas y cuencas. Respecto a sus Asentamientos Humanos, Chile es un país cada vez más urbano. En un siglo casi duplico su tasa de urbanización llegando a un 86,6%; quintuplicó el número de ciudades con más de 10.000 habitantes, llegando a 123; las ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes pasaron de 2 a 21. Es de esperar que estas cifras aumenten en el Censo 2012. La construcción de ciudades es una de las más drásticas, fundamentales e irreversibles transformaciónes de los sistemas ambientales naturales. La incidencia es de tal magnitud, que disminuye la calidad de los servicios ambientales que la naturaleza se entrega a sí misma y a los seres humanos, debido básicamente a una homogenizacion del entorno y los componentes naturales. Ademas, coexisten en las ciudades diversos ecosistemas correspondientes con los distintos niveles socioeconómicos de sus habitantes, convirtiendo la calidad ambiental en un factor más de desigualdad y fragmentación social, determinado por el poder del mercado. En RD creemos en la promocion de una planificacion territorial que considere al medio natural como parte de la misma unidad, y estamos convencidos de la necesidad imperiosa de generar una nueva manera de relacionarnos con nuestros entornos naturales, modificando tanto estilos de vida como las formas trabajar, producir y consumir. Si la ciudad no es un telón de fondo, sino un espacio construido socialmente, debemos pensar, construir y vivir la ciudad de otra manera. Líneas de desarrollo. •

Promover la formulacion de metas u objetivos de desarrollo urbano según criterios o categorias ambientales.

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Promover las Agendas “Marrones” y “Verdes” como estrategias de Gestion Ambiental Participativa.

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Promover el diseño de Planos Directores de Desarrollo Urbano Ambiental para nuestras ciudades.

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Desarrollo de iniciativas que promuevan la desificacion urbana y las ciudades compactas con menores tiempos de desplazamiento.

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Incorporacion de factores geo-ambientales en la administracion de territorios (manejo de Cuencas, Gobierno de factores productivos, etc.)

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Inventariar y considerar los servicios ambientales que presta el entorno natural antes de una intervencion (pública o privada), a efecto de contemplarse la compensacion de las externalides negativas producidas.

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Desarrollo de una politica de Eficiencia Energetica que considere las variables ambientales y territoriales.

Identidad y cultura en la ciudad y el territorio Los procesos globales de homogeneización y mercantilización de los bienes urbanos han provocado la transformación gradual de lo que entendemos como ‘habitantes de la ciudad’. Así, de actores de la democracia, los ciudadanos hemos pasado a ser meros consumidores de servicios. Además, ciertos servicios que antes eran considerados como derechos del ciudadano (como el acceso a la educación, el transporte, la salud, etc.), hoy han sido privatizados, privilegiando el lucro de unos pocos por sobre el bien común. Estos efectos globalizantes han resentido las relaciones entre los ciudadanos y el lugar en el que habitamos, desvinculando las relaciones identitarias que nos ligaron, no hace mucho, a una cultura reconocida como específica y propia, plasmada en el territorio. Se hace necesario recuperar los espacios urbanos de las manos del capital privado, y realzar su simbolismo como ícono de lo público y lo político. Solo así será posible reconocer valores de equidad, tolerancia, respeto y dignidad en las ciudades que habitamos. La exclusión y vigilancia, características intrínsecas de los espacios privatizados de retail y consumo, han colonizado también aquellos espacios públicos, como plazas, calles y avenidas, con el fin de hacerlas más atractivas a la inversión privada. Sin embargo, la exclusión de aquellos ‘clientes’ menos solventes, como mujeres, niños, inmigrantes y pobres, se convierte en un patrón que tanto espacios públicos como privados reproducen, poniendo en jaque la condición pública y de acceso igualitario de nuestras ciudades. Se debe reconocer la utilización de espacios públicos físicos para las prácticas democráticas, la movilización de la ciudadanía y su libre expresión como aspectos fundamentales de la apropiación de la ciudad por parte de sus ciudadanos. Por otro lado, el debilitamiento en las relaciones colectivas, basadas en la memoria de los lugares y su historia en la sociedad, convierte a no pocos lugares urbanos en espacios carentes de sentido, o aún peor, en lugares carentes de valor. Cuando no es posible transar y capitalizar los lugares de memoria colectiva, es común ver como se aniquilan aquellos espacios icónicos de la historia popular. El acceso garantizado a bienes culturales y al aprendizaje de los bienes físicos y simbólicos de nuestro territorio debe ser un eje central en la política de ciudades y territorios democráticos. Los objetivos de una política de cultura territorial deberán concentrarse en defender tanto los lugares, como sus contextos de producción física y simbólica, cuidando sus significados populares y protegiéndolos de la resignificación en bienes de consumo.

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Los aspectos de identidad y cultura atraviesan la mera definición de ciudadanía democrática. Solo la igualdad en el reconocimiento de los derechos a la ciudad garantiza una sociedad justa y democrática. Líneas de desarrollo. •

Promoción de la concientización de los derechos a la ciudad, haciendo hincapié en los grupos más vulnerables como mujeres, niños, LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales), inmigrantes, etc.

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Reconocimiento como eje central de la ciudad democrática que queremos la igualdad y la tolerancia como valores culturales.

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Fortalecimiento de los marcos legislativos de protección de derechos de identidades amenazadas.

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Definición de “estándares dignos de ciudad”, y promoción de la democratización de espacios culturales para todas las personas, sin importar su raza, sexo, identidad de género, edad, ingreso, profesión, etc.

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