Revista Digital de la Red Ambiental de Información (RAI) N° 1 by RAI Bolivia

UNA REPRESA AMENAZA AL SEXTO CAÑÓN MÁS PROFUNDO DEL MUNDO

GANADERÍA EN BOLIVIA: SE AMPLÍA LA EXPORTACIÓN, SE REDUCEN LOS BOSQUES

ATRAPADOS:

LOS DELFINES ROSADOS DEL RÍO MADEIRA CUANDO EL DUEÑO SE VAYA UN RECORRIDO AL TÚNEL INCAHUASI

JULIO DE 2021 WWW.RAIBOLIVIA.ORG

PARQUES DE PAPEL: ASÍ ES LA REALIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAÍS

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

CONTENIDO JULIO DE 2021 - VOL. 1 - REVISTA DE LA RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN (RAI)

ARTÍCULOS

ATRAPADOS Dos hidroeléctricas en el río Madeira aíslan a un centenar de bufeos de Bolivia y Brasil.

EL CARRIZAL Autoridades desconocen impacto ambiental de la construcción de represa El Carrizal.

Las cristalinas aguas del riachuelo Macuñucú escurren con tranquilidad, en el Parque Nacional Amboró. Fotografía de Eduardo Franco Berton

GANADERÍA EN BOLIVIA

Se amplía la exportación, se reducen los bosques.

TÚNEL INCAHUASI

Cuatro pueblos sin agua por un túnel inacabado.

PARQUES DE PAPEL

Presupuestos bajos, inseguridad laboral y equipos insuficientes, así es la realidad de las áreas protegidas del país.

La Red Ambiental de Información (RAI) es un proyecto de la Fundación Blue Foresta, establecido el año 2016 como una plataforma de noticias sobre medio ambiente, conservación y ciencias ambientales con la misión de dar voz a la biodiversidad y los grupos vulnerables de Bolivia y América Latina. Creemos en el poder del periodismo ambiental independiente para fortalecer en nuestros lectores su apreciación por la naturaleza e inspirar su conservación.

EDITOR GENERAL

Eduardo Franco Berton DIRECTORA DE PROYECTO

PERIODISTAS Carolina Méndez, Erika Bayá, Jhonnatan Torrez, Jesús Vargas, Luis Alberto Guevara, Gustavo Faleiros, Eduardo Franco Berton

Andrea Segovia Narváez EDITOR DE VIDEOS

FOTO DE PORTADA Bufeo boliviano (Inia boliviensis) / Mara Candice Arias

Ernst Udo Drawert TECNOLOGÍA Y DISEÑO

GRÁFICOS Sergio Castro

William Alvis Valverde ASESORÍA FINANCIERA

Maria Inés Estévez

COORDINACIÓN EDITORIAL EXTERNA Alexa Vélez, Michelle Carrere (Mongabay Latam), Rocío Lloret (La Región), Iván Carrillo (Inquire First), Gustavo Faleiros (InfoAmazonia)

CON EL APOYO DE

National Endowment for Democracy Inquire First & Howard Hughes Medical Institute

PUBLICACIONES EN ALIANZA CON Mongabay Latam, InfoAmazonia, EL DEBER, Correo del Sur, Página Siete, La Región y Verdad con Tinta

Estudios demostraron que los bufeos dependen mucho de la conectividad entre las lagunas y ríos, y cuando se rompe esta conectividad, puede ser mortal para ellos.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

ATRAPADOS: Dos hidroeléctricas en el río Madeira aíslan a un centenar de bufeos de Bolivia y Brasil RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Las centrales hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio en el mayor afluente del río Amazonas se han convertido en un experimento evolutivo en tiempo real, aislando una población de delfines de Bolivia y Brasil Por Eduardo Franco Berton y Gustavo Faleiros Fotografías de Mara Candice Arias

Son los señores del río, de color rosa y resplandecientes mientras se deslizan por las turbias aguas de la cuenca alta del río Madeira. Desde que todos pueden recordar, este poderoso afluente, el más grande del río Amazonas, ha sido su hogar. En el pasado, el aura mitológica que ha envuelto el mundo de estos delfines les ha permitido ganarse una suerte de respeto en las comunidades ribereñas, indígenas y pescadores locales de distintos lugares de la Amazonía boliviana. Y de cierta forma, salvarse de la caza indiscriminada. Varias de estas leyendas muestran al Bufeo (Inia boliviensis) como un ‘seductor’ que conquista a las mujeres de los pueblos,

quienes una vez enamoradas de este, desean pasar todo el tiempo junto al río, hasta terminar arrojándose a él para estar siempre al lado de su amado bufeo. Sus características únicas – una mayor cantidad de dientes, un cráneo más pequeño y un cuerpo de apariencia maciza – los han distinguido de otros delfines de agua dulce. Pero es su color, un tono rosa claro que brilla al sol, lo que hace que estos delfines sean venerados. Pero esta popularidad local no ha sido suficiente para salvarlos de las grandes amenazas a las que hoy se enfrentan, a causa de las represas del río Madeira.

Los bufeos pueden deslizarse entre medio de los troncos de la vegetación sumergida en las aguas turbias, mientras cazan peces entre los árboles, algo que logran gracias a la emisión de ultrasonidos que producen una ecografía tridimensional de su mundo subacuático.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

EMPOBRECIMIENTO GENÉTICO La distinción con su pariente más cercano –Inia geoffrensis–se produjo gracias a las barreras naturales, cascadas y rápidos, que aislaron hace miles de años a parte de la población. Mientras que el I. geoffrensis se encuentra en Venezuela, Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Los I. boliviensis, como su nombre lo indica, sólo están presentes en Bolivia. Sin embargo, según estudios más recientes, este aislamiento natural nunca ha sido una prisión definitiva. Ya que los bufeos pueden realizar migraciones regionales y visitar a sus parientes más cercanos que viven debajo de los rápidos del río Madeira. Cuando se encuentran, los dos delfines pueden incluso aparearse entre ellos y permitir una hibridación de la especie. Pero la construcción de las presas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio hace aproximadamente una década en la cuenca del río Madeira aislaron definitivamente al Inia boliviensis de su pariente el Inia geoffrensis, dejando inclusive una población de delfines atrapados entre las dos grandes presas. Una de las múltiples consecuencias que este tipo de infraestructura tiene sobre los ecosistemas amazónicos. Ubicadas en el estado de Rondonia, Brasil, a unos cientos de kilómetros del departamento de Beni, las represas de Santo Antônio y Jirau comenzaron a funcionar en 2012 y 2013 respectivamente. Juntas tienen una capacidad de más de 7300 MW, lo que las convierte en unas de las más grandes que se hayan construido en Sudamérica y las más grandes jamás implementadas en un río amazónico occidental, cuyo origen está en los Andes. Sus inicios se remontan a hace poco más de una década, cuando en 2008, el gobierno del

entonces presidente brasileño Luís Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), concedió a los empresarios privados el derecho de construir dos grandes presas hidroeléctricas en el río Madeira. Los propios asesores técnicos del organismo ambiental brasileño, IBAMA, llegaron a desalentar la construcción de las centrales hidroeléctricas, debido a los altos impactos que causarían en las especies de peces migratorios, en particular los grandes bagres. Pero el propio gobierno de Lula hizo caso omiso de los análisis de sus técnicos y siguió adelante. Como medida de mitigación, las dos plantas implementaron sistemas de transposición de peces. En teoría, esto aseguraría que las especies migratorias pudieran seguir transitando las aguas del Madeira. Sin embargo, ninguno de estos sistemas fue diseñado para satisfacer el flujo de los mamíferos acuáticos, como los bufeos. Así lo alertó un artículo publicado en enero de 2014 en la revista académica Conservation Genetics, en el cual investigadores de la Universidad Federal de Amazonas y del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA) afirmaron que, “recientemente se han construido dos presas en la región de los rápidos; ninguna de ellas tiene un mecanismo para mantener la conectividad entre las regiones situadas aguas arriba y aguas abajo, y junto con los cambios antropogénicos en el régimen hidrodinámico y la ecología fluvial probablemente tendrán graves consecuencias a largo y corto plazo para I. boliviensis y otros taxones acuáticos”. Y las ‘’graves consecuencias’’ que alertaron los científicos de la Universidad Federal de Amazonas y del INPA, fueron también señaladas por los investigadores del Instituto Mamirauá y la WWF de Brasil, luego de revisar las opiniones y notas técnicas del

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Ibama durante y después del licenciamiento ambiental de las dos presas. Y fue así que estos investigadores revelaron que hoy en día hay una población de unos 50 a 100 bufeos atrapados entre Jirau y Santo Antônio. Aunque en un principio, a lo largo del año 2012, cuando las distribuciones geográficas de Inia boliviensis y de Inia geoffrensis no eran bien conocidas, la represa Jirau indicó que la construcción de la presa facilitaría inclusive un contacto más intenso entre ambas especies, algo que ocurriría con la inundación de las barreras naturales que los separaban, es decir, las cascadas y los rápidos. En otras palabras, el milenario aislamiento de Inia boliviensis terminaría por la fuerza. Incluso, en los estudios genéticos realizados por Jirau durante el 2012, demostraron que antes del cierre de las compuertas ya se observaba individuos de Inia boliviensis aguas arriba y aguas abajo de cinco grandes cascadas, lo que indicaría, por tanto, que la presa no representaría barreras insuperables. Así pues, en ese momento se consideró que no era necesario adoptar medidas de mitigación. Sin embargo, un dictamen técnico de 2018, elaborado por la propia empresa concesionaria de Jirau, Energia Sustentável do Brasil (ESBR), confirmó que la represa promovió el aislamiento de las poblaciones de Inia boliviensis justo aguas arriba. Y por primera vez se señaló que, “se solicita a la ESBR que incluya en el proyecto ejecutivo de conservación de la fauna que se presentará al IBAMA, acciones de compensación ambiental relacionadas con esta población de cetáceos aislada entre las dos presas.’’ ¿Y qué ocurre cuando una población de delfines de río queda atrapada entre represas?, le consultamos a la bióloga Miriam Marmontel, una de las principales investigadoras de cetáceos en Brasil, del 8

Instituto Mamirauá. Ella nos señaló que aunque se sabe muy poco sobre la situación de estos bufeos, este tipo de confinamiento representa un empobrecimiento genético que a la larga los condena a desaparecer. “Son relativamente pocos animales y la tendencia es que se enfermen, no sabemos en cuánto tiempo.” Y aunque varias notas técnicas del Ibama, pidieron a los empresarios que vigilen constantemente las poblaciones de bufeos que quedaron atrapados por las hidroeléctricas, los investigadores a los que se refiere este reportaje afirman que hasta ahora no hay un verdadero esfuerzo de vigilancia por parte de las empresas. Fue así que cuando les hicimos la consulta, las empresas minimizaron los impactos causados. En el caso de Santo Antônio Energía, respondieron nuestra solicitud de información indicando que los análisis anteriores mostraban poblaciones solo aguas arriba de la planta, y no entre las dos represas, lo que según ellos, no impediría que los delfines se reprodujeran. Esta empresa a través de su oficina de prensa también respondió que, ‘’Santo Antônio Energía analiza la posibilidad de realizar un monitoreo poblacional o un análisis genético de estas especies para saber si el número de individuos se mantiene constante y si hay viabilidad de reproducción entre ellos. La vigilancia de la especie depende de la autorización del Ibama’’. En el caso del consorcio ESBR, propietario de la planta de Jirau, la nota de respuesta enviada por su oficina de prensa le restó importancia a lo que ellos mismos afirmaron en 2018, ya que destacaron que hasta ahora sus monitoreos no han indicado cualquier suerte de problema que esté afectando a los delfines.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Aunque fueron descubiertos en 1834 por el naturalista francés Alcide d’Orbigny, no fue sino hasta el año 2012, que los bufeos bolivianos fueron reconocidos como una nueva especie.

“[La empresa] ha estado cumpliendo con los requisitos de la licencia ambiental, con la renovación de su licencia otorgada en 2019 por el IBAMA por otros diez años. Se cumplieron debidamente las acciones indicadas en la licencia, por lo que se realizaron decenas de campañas de monitoreo en el Área de Influencia Directa, verificando la existencia de una sola especie de boto (delfín), Inia boliviensis, única especie presente en este tramo del río Madeira.”

FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT Y OTROS IMPACTOS Ya distintos estudios demostraron que los bufeos bolivianos descubiertos por el naturalista francés Alcide d’Orbigny, en 1834, se encontraban aislados en más de un 90 por ciento. Pero este aislamiento ocurría por cuestiones naturales, ya que debido a las características de la cuenca, que está formada por una serie de cachuelas (barreras rocosas) en el río, las poblaciones de I. boliviensis han vivido históricamente separadas de las de I. geoffrensis. Aunque, ocasionalmente lograban pasar, dando lugar

a una hibridación entre ambas especies en la zona de Teotônio. Sin embargo, ahora, a causa de las dos represas quedaron fragmentados en su totalidad. Los biólogos Leslie Córdova Clavijo y Paul Van Damme han estado estudiando la importancia que tiene la conectividad de los hábitats acuáticos para los delfines de río. En palabras de Van Damme, ‘’los bufeos necesitan moverse continuamente, ellos utilizan una gran diversidad de hábitats y zonas para poder alimentarse bien, y si no tienen acceso a estas zonas tienen muy poca probabilidad de sobrevivir’’. Van Damme, quien dirige la ONG Faunagua, la que trabaja en la gestión y conservación de los recursos hidrobiológicos con sede en Cochabamba, indica que las represas hidroeléctricas generan tres impactos principales sobre los bufeos, y sobre la fauna acuática en general: la fragmentación de poblaciones, la degradación de los hábitats acuáticos, y alteraciones en la oferta alimenticia.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Entre el 80 y 100 por ciento de la dieta de los bufeos está conformada por peces migratorios de pequeño y mediano porte, los que disminuyen considerablemente a causa de las hidroeléctricas.

¿Y qué distancia recorren estos rosáceos mamíferos acuáticos? Bueno, de acuerdo con el biólogo, quien es investigador de la fauna acuática y tiene un doctorado en biología marina de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, los bufeos se mueven hasta 300 kilómetros a lo largo de los ríos, pasando durante este recorrido muchas veces por áreas protegidas, humedales de importancia internacional (sitios RAMSAR) y, en algunos casos, traspasando fronteras municipales o internacionales. Siguiendo sus recorridos, estos delfines se deslizan incluso entre medio de los troncos de la vegetación sumergida en la época de aguas altas, mientras cazan peces entre los árboles, algo que logran hacer gracias a la emisión de ultrasonidos que producen una ecografía tridimensional de su mundo subacuático. Es así, que la interrupción de estos movimientos puede tener impactos negativos sobre su supervivencia. Van Damme expresó que, ‘’nos dimos cuenta, con estudios de telemetría satelital, que los 10

bufeos, necesitan realizar tanto movimientos longitudinales a lo largo de los ríos, como movimientos laterales entre los ríos y los bosques que se inundan temporalmente. Y dependen mucho de la conectividad entre las lagunas y ríos, entonces al romperse esta conectividad, las poblaciones de bufeos pueden sufrir consecuencias negativas’’. Los peligros que sufren las poblaciones de ‘’delfines de agua dulce del Amazonas’’, ya han sido alertados desde 2018, por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Ya que, según una serie de investigaciones de referencia, estos animales están en declive, y una de las razones sería la grave fragmentación de los ambientes en los que viven, causando una desconexión entre las poblaciones. Van Damme detalló que el segundo impacto de las represas es la degradación de los hábitats acuáticos. ‘’Como consecuencia de la regulación de las aguas

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Los bufeos se mueven hasta 300 kilómetros, pasando por áreas protegidas, humedales de importancia internacional (sitios RAMSAR) y diferentes ríos.

por las represas cambian los caudales y las velocidades del agua de forma significativa, entonces para los bufeos que dependen del flujo normal, esto puede ser un factor que disminuye su posibilidad de acceso a zonas de abundante alimento.’’ Y así llega a indicar el tercer impacto, indicando que las represas pueden alterar la abundancia de alimento de los delfines de río. Cuya dieta está conformada entre un 80 y 100 por ciento de peces migratorios de mediano porte, los que disminuyen considerablemente a causa de las hidroeléctricas. El biólogo argumenta que la construcción de una represa tiene un impacto directo sobre los peces migratorios. Y al construirse una segunda o tercera represa se puede producir además un impacto acumulativo, que puede agravar el efecto negativo de las represas sobre la migración de los peces.

Córdova, realizado en el río Ichilo, una cabecera de cuenca amazónica del río Mamoré, que es tributario del Madeira, reveló que las represas Jirau y Santo Antonio, construidas en cascada, interrumpen la ruta de migración del bagre dorado (Brachyplatystoma rousseauxii), considerado por los ictiólogos como un pez excepcional, que realiza las migraciones más espectaculares del mundo en agua dulce, moviéndose más de 4.000 kilómetros para reproducirse en las cabeceras amazónicas en Bolivia. Una de las investigadoras de este estudio fue Carolina R. Da Costa Doria, de la Universidad Federal de Rondônia (UNIR), quien afirmó que los investigadores sienten que “sus manos están atadas”. “A pesar de todos los estudios que publicamos y de los problemas que informamos al Ibama, no conseguimos ninguna acción“.

Precisamente, un estudio en el que participaron Paul Van Damme y Leslie RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Diferencias entre el delfín de río de Brasil (Inia geoffrensis) y el bufeo boliviano (Inia boliviensis). Ilustración: Sergio Castro

EXPLOTACIÓN DE LA REGIÓN: CONTROVERSIA Y CONFIDENCIALIDAD Las prodigiosas aguas de la cuenca del río Madeira, que además de los bufeos, son recorridas por un tercio de las especies de peces de toda la Amazonía, al menos 1000 especies, siempre han sido observadas por los gobiernos de Bolivia y Brasil. La visión: represar sus turbias aguas para abrazar el tan ambicionado progreso energético. Y desde 2008, cuando comenzaron a construirse las represas de Santo Antônio y Jirau, los dos países tienen un acuerdo de cooperación para explorar la posibilidad de nuevos desarrollos. 12

En ese momento, los planes ya incluían dos proyectos: Ribeirão, una central hidroeléctrica que se pretende construir entre las poblaciones fronterizas de Guayaramerín y Guajará-Mirim. Y Cachuela Esperanza, que se construiría en territorio boliviano del mismo nombre. Ambas presas, junto a Jirau y Santo Antônio, forman parte del tan anhelado complejo hidroeléctrico del río Madeira, impulsado por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). En el caso de Bolivia, esta planificación también responde a la iniciativa ‘’Bolivia corazón energético de Sudamérica’’, uno de los principales planes en materia energética

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

El bagre dorado, que realiza las migraciones más espectaculares del mundo, moviéndose más de 4.000 kilómetros para reproducirse, está también entre las especies más afectadas por Santo Antônio y Jirau, y al igual que los bufeos, el gran bagre quedó aislado entre las represas. Ilustración: Sergio Castro

que promovió el anterior gobierno de Evo Morales, el cual forma parte de la Agenda Patriótica 2025, que indica que, hasta ese año, el 95% de la población boliviana tendría electricidad y se espera exportar unos 3.000 (MW) de electricidad excedente a los países vecinos. Un plan, que, a pesar de los numerosos reclamos de los pueblos indígenas, activistas y científicos, sobre los múltiples impactos ambientales y sociales que esto tendrá, el gobierno nacional hizo de oídos sordos. Y planificó una millonaria inversión de 25 mil millones de dólares hasta el año 2025, para ‘represar’ diferentes ríos del país con la construcción de una serie de hidroeléctricas. En lo que respecta a su par, Luis Arce, y al nuevo plan de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), se pretende continuar con la iniciativa que inició Morales. Ya que su programa señala que “los proyectos en marcha y los nuevos que se emprenderán para la producción de energía eléctrica garantizan el abastecimiento del mercado interno y hasta la exportación de energía a países de la región”. Al mismo tiempo que, “es importante exportar la energía eléctrica a nuestros vecinos. Debemos multiplicar

esta iniciativa para convertir la energía en el tercer ramo de exportación para el Bicentenario (2025)”. Es así, que dando continuidad a estos planes, y luego de varias presiones de ambos gobiernos, en 2017, la alianza binacional entre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Electrobras de Brasil, concluyó una licitación que eligió a Worley Parsons, una empresa de ingeniería con sede en Río de Janeiro, para realizar los Estudios de Potencial Hidroeléctrico Binacional de la Cuenca del Río Madeira, que fueron financiados por el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF). Ahora se espera que la alianza entre las empresas estatales de energía de ambos países - Electrobras y ENDE - concretice lo que mandaron sus gobiernos, y presenten estos estudios durante los próximos meses, los que prevén la construcción de nuevas represas en el río Madeira. Según los documentos de acceso público, los estudios de potencial hidroeléctrico no se limitan únicamente al río Madeira, sino que incluyen también a sus afluentes: Beni, Mamoré, Ribeirão, Yate, Negro y Lage.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Las hidroeléctricas del río Madeira también han impactado a los pescadores, ya que estudios indican una reducción del 39% en la disponibilidad de las principales especies comerciales, como el pacú. Ilustración: Sergio Castro

Una situación que convierte el debate sobre los impactos de las centrales hidroeléctricas ya construidas en el río Madeira, en algo extremadamente vital en este momento. Entonces, considerando la delicada situación ya causada por las represas del Madeira sobre los delfines de río y otras especies, quisimos conocer también la opinión de otros investigadores y representantes de la sociedad civil, para saber cómo vislumbran los estudios que prevén la construcción de más represas. Una de estas opiniones nos la brindó Silvia Molina, quien es investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Ella comentó que, ‘’estamos ante un tema de vulneración de derechos muy grande, pero no solamente eso, sino de vulneración de las normas de Bolivia, vulneración de ciertos aspectos de la Constitución, como el papel de la Amazonía y de decisiones soberanas’’.

Molina también nos indicó que, las características bajo las cuales se están realizando estos estudios son poco conocidas. Muestra de esto fue que cuando ella, junto a organizaciones bolivianas y brasileñas, intentaron paralelamente obtener mayor información en 2018, las respuestas que obtuvieron desde la justicia de Brasil fue que no se las podían brindar porque se tiene un acuerdo de confidencialidad. Y en el caso de Bolivia, la solicitud de información que presentaron ante la Asamblea Legislativa no tuvo ninguna respuesta. Silvia Molina, quien es ingeniera civil con experiencia en temas de infraestructura en transporte y energía, está finalizando una investigación junto al CEDLA, denominada ‘’El papel de la CAF como planificador en la energía hidroeléctrica regional’’. Y según nos explicó la investigadora, el proceder de la CAF como ente financiador del Estudio de Potencial Hidroeléctrico, estaría vulnerando una serie de normas referidas al control social, la transparencia en la gestión

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

pública, así como normativas internacionales, en lo que significa la responsabilidad de estas instituciones financieras multilaterales en la afectación de los derechos humanos. Molina explica que lo más complicado en este momento es abrir este Estudio a un debate público y amplio. Ya que no se trata solo de un debate energético, sino de un debate sobre la Amazonía boliviana. A tiempo de indicar que, ‘’le estamos poniendo una mirada muy fuerte a la transparencia, un tema que lo vemos como vulneración de derechos y el tema del papel de la CAF de ver el desarrollo por encima de la gente.’’ A la luz de la pandemia, Worley Parsons ha estado buscando líderes comunitarios y otros representantes locales para programar presentaciones virtuales del proyecto. Esto puso en alerta a los miembros del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), una de las movilizaciones populares más influyentes en todo Brasil, que está presente en Rondonia desde la construcción de Jirau y Santo Antônio. Según Francisco Kelvin, coordinador del MAB en Rondonia, el movimiento está orientando a que las comunidades no acepten las invitaciones para presentar estudios de nuevas hidroeléctricas. Para él, las consultas virtuales no pueden considerarse consultas populares de facto, ya que muchas de las comunidades afectadas no podrían participar por falta de acceso a internet.

presentarles el estudio de forma virtual. ‘’Cuando les pedimos que queremos una carta oficial, y no un mensaje en el celular, entonces nos respondieron que todavía no habían completado el estudio. O sea que no quieren dar la información exactamente.’’ En opinión de Kelvin, desde 2014 ha existido una gran presión por parte de los empresarios para sacar las nuevas represas del papel. La razón, según él, sería la percepción de que sin centrales hidroeléctricas adicionales aguas arriba, el caudal del río Madeira no será previsible. En 2014, las mayores inundaciones jamás registradas ocurrieron alrededor del Madeira. Miles de personas quedaron sin hogar, y las comunidades ribereñas fueron destruidas por la fuerza del agua liberada por las centrales. “Ribeirão y Cachuela Esperanza permitirían el control del agua, sería la caja de agua perfecta”, dice el activista, que señala a la central hidroeléctrica de Jirau como la principal beneficiaria de este mayor control del flujo. Para la elaboración de este reportaje, nos pusimos en contacto con Electrobras para solicitar copias de los estudios de potencial hidroeléctrico que se presentarán para su consulta pública, pero la empresa estatal brasileña nos informó que no proporciona estudios en curso.

Lidia Antty, quien forma parte del Comité Defensor de la Vida Amazónica en la cuenca del río Madera, en el municipio de Guayaramerín, Beni, fue también otra de las personas contactadas por Worley Parsons.

Y así, los bufeos y la población local de Bolivia y Brasil están atrapados por los ambiciosos planes de sus gobiernos para la construcción de centrales hidroeléctricas que amenazan con aislarlos aún más y son igual de insuperables a las barreras impuestas por las represas del río Madeira.

Antty, nos indicó con un tono de voz desanimado, por la manera de proceder de la empresa, que esta compañía está contactando a diferentes personas por WhatsApp, para

*Este reportaje fue producido con el apoyo del Howard Hughes Medical Institute e InquireFirst, y publicado en alianza entre InfoAmazonia, EL DEBER y Red Ambiental de Información (RAI)

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

El río Camblaya pasa por el cañón del Pilaya, en el sitio en donde se pretende construir el embalse.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

CARRIZAL:

Una represa sobre el sexto cañón más profundo del mundo RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

• Entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija se encuentra el cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, que será inundado en parte por un proyecto hidroeléctrico. • Autoridades afirman que la represa beneficiaría con riego a los municipios más golpeados por la sequía, pero expertos ambientales lo descartan. • Las comunidades temen perder sus tierras de cultivo y ser desplazadas. Por Jesús Vargas y Luis Alberto Guevara Fotografías de Jesús Vargas

Imponente, atrapante y silencioso con sus 3.030 metros de altura, se levanta el Cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, alejado de la mano destructiva del hombre, incluso indivisible por su estrechez para la imagen satelital de Google. Una maravilla de la ingeniería de la naturaleza. El frío viento que surca por sus montañas advierte al caminante en la orilla del precipicio, mientras la silueta del río Camblaya pasa zigzagueante al fondo del cañón. En este lugar, que marca el límite entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija,

se proyecta construir un megaproyecto hidroeléctrico que provocará, según los ingenieros expertos consultados, la inundación de las tierras cultivables de cuatro comunidades cuya economía se basa en la agricultura. Además, podría poner en peligro a especies amenazadas como osos andinos y cóndores. La información sobre el impacto ambiental que tendrá el proyecto no ha sido, sin embargo, pública. Nadie sabe con certeza, ni siquiera los habitantes afectados, qué será de sus pueblos y del Cañón del Pilaya.

Sitio en el que se pretende emplazar el proyecto hidroeléctrico de El Carrizal.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

COMUNIDADES BAJO EL AGUA

CULTIVOS

“Muchos comunarios pensábamos que nos estaban midiendo nuestras tierras, algunos creían que era para cobrar impuestos por la cantidad de producción que sacamos al mercado”, cuenta Juan Velásquez, dirigente de la comunidad de Camblaya, sobre el momento en que personal de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) llegó hasta su pueblo a socializar el proyecto. Incluso agrega que algunos comunarios no dieron datos reales de cuántos productos y cosechas sacan por año o cuánto produce cada productor “por miedo” a que les cobraran más. Pero las mediciones y las encuestas que esas personas habían llegado a hacer nada tenían que ver con impuestos. Camblaya, en el municipio de Villa Abecia del departamento de Chuquisaca, es una de las comunidades que se vería afectada por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Carrizal que se pretende construir en el río

que lleva el mismo nombre del poblado. Sus habitantes temen que sus viviendas, la escuela y el 100% de la tierra cultivable ubicada en las riberas del río Camblaya, queden bajo el espejo de agua de 45 kilómetros de longitud que se formará con el embalse del proyecto. Aunque los temores de Velásquez y de sus vecinos no han sido confirmados por las autoridades, tampoco han sido desmentidos y la incertidumbre aumenta entre los pobladores. El ingeniero hidráulico, Jaime Villena Morales, quien fue director del departamento de ingenierías y ciencias exactas de la Universidad Católica Boliviana de Tarija y que debido a su experiencia realizando análisis hidrológicos e hidráulicos fue miembro del Panel de Asesores Para la Investigación en Estructuras e Hidráulica del Departamento de Transporte de Texas (EE.UU), prevé que todo lo que esté por debajo de los 2260 metros pueda inundarse río abajo. Eso incluye a Camblaya, pero también a otras comunidades como Los Sotos, Pioca y Molle Aguada, todas del municipio de Villa Abecia, donde el 30% de

Cultivos en el municipio de Villa Abecia que van a desaparecer con la consolidación de la represa.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

En la tranquilidad de la comunidad de Cabrerío, sus habitantes desconocen del alcance de la hidroeléctrica, pese a ser el poblado más cercano al proyecto.

las tierras cultivables se inundarían. “Hay que tomar en cuenta, que parte de estas poblaciones se asentaron en llanuras de inundación, sitios que técnicamente no son recomendables para habitar”, indica Villena. El dirigente de la comunidad Los Sotos, Ciro Renjifo, asegura que “el Gobierno no ha hablado de manera clara”, que no han recibido ninguna información y que nadie les ha dicho qué pasará con aquellos que pierdan sus tierras de cultivo. Según un documento de consulta pública de Ende, 14 son las comunidades que se ubican dentro del área de influencia del proyecto. De ellas, al menos seis están en la zona del embalse aunque no se precisa cuál será específicamente el impacto en cada una. Sin embargo, la empresa sí reconoce en el documento que el proyecto afectará propiedad privada, infraestructura 20

productiva y actividades de agricultura y fruticultura. “Aquí sacamos tres cosechas al año en la comunidad de Camblaya, entonces es imposible aceptar la inundación”, dice Velásquez. “Sería como si nos estuvieran quitando el pan de la boca”, agrega. Según el documento de Ende, para compensar los impactos en los cultivos y áreas de pastoreo se prevé la ‘’reubicación de cultivos, habilitando parcelas productivas en otras áreas de la misma comunidad, barreras de protección previa evaluación técnica, e indemnización previo avalúo técnico’’. Hasta el cierre de este reportaje, Ende no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico ni a la solicitud de entrevista telefónica.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

UN PROYECTO SOBRE EL SEXTO CAÑÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO Según las especificaciones técnicas entregadas por Ende, la represa tendrá una altura de 160 metros y una coronación de 380 metros, que viene a ser el ancho de la parte superior del muro. Tendrá una capacidad de embalse de 1.334 hectómetros cúbicos (hm3), que equivalen aproximadamente a 453.600 piscinas olímpicas, y generará 1.842,8 gigavatio por hora (GWh), lo que equivale a la cuarta parte de energía que consume actualmente el país, aunque la totalidad de ella será exportada. El proyecto nació en la década de 1980 con estudios que realizó una misión de Japón por encargo del Gobierno Nacional. A partir de ese entonces, se empezó a hablar de él aunque de manera superficial hasta que el 20 de enero de 2011, el entonces presidente Evo Morales Ayma, promulgó una ley que declaraba la “construcción del proyecto múltiple El Carrizal - Sistema de Riego Ivibobo en el departamento de Tarija” como “prioridad nacional y departamental”. Cinco años después, el 12 de abril de 2016, Ende adjudicó el estudio del diseño final del proyecto a la empresa Asociación AH Carrizal, por un costo de 10,7 millones de dólares. El Grupo Typsa de España lidera esta asociación. A partir de la declaratoria de Evo Morales en 2011, dos palabras clave se manejaron recurrentemente: “múltiple” porque el proyecto incluye la construcción de la represa, pero también de una casa de máquinas y un túnel de 22 kilómetros de largo y 5,5 metros de ancho que transportará el agua del río hasta la central, y “riego” porque supuestamente las aguas del embalse serán utilizadas también para este fin. De hecho, fue el componente riego el que comenzó a generar expectativa en los productores.

Como una obra de “gran impacto” en la economía es presentado el megaproyecto hidroeléctrico El Carrizal. A nivel nacional, la promesa del Gobierno es que este proyecto se constituirá en una fuente de ingresos para el Estado a través de la generación y exportación de energía eléctrica. Incluso, en el caso de Chuquisaca, se pretende inscribirlo como una de las obras “estrellas” que se ejecutarán en conmemoración del Bicentenario de creación de Bolivia que será el 6 de agosto de 2025, según señaló el presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Gustavo Cuéllar Vildoso. Las autoridades opositoras al Gobierno Nacional, como el gobernador saliente de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, también ven con buenos ojos este megaproyecto al que califican como eje de desarrollo. “Vamos a impulsar el megaproyecto de El Carrizal que beneficia, no solo a la provincia Méndez, sino a O’Connor y el Chaco, proyecto de gran impacto para todo el departamento y que está siendo impulsado por el Gobierno”, dijo el exgobernador durante el debate electoral del 26 de febrero, cuando pretendía ser reelecto en el cargo. En el caso del departamento de Tarija, el proyecto hidroeléctrico es presentado además como una solución integral al problema de la sequía en sus provincias más golpeadas: Méndez, O’Connor y Gran Chaco. El Gobierno Regional del Chaco, al cual pertenece, resalta en su sitio oficial que este proyecto “dará una salida definitiva al tema agua”. Además, tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos regionales, hablan de la generación de empleos, mientras que el presidente ejecutivo de Ende precisó que el principal “impacto positivo” será la contratación de mano de obra local para generar “un efecto directo en la “economía de las comunidades”.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

INCOMPATIBLE PARA EL RIEGO El informe del Gobierno Regional del Gran Chaco indica que las aguas que salgan del embalse, serán derivadas al río Pilcomayo incrementando “sustancialmente” su caudal en la región chaqueña del departamento de Tarija. El secretario de Medio Ambiente del Gobierno Regional del Gran Chaco, Gilmo Cardozo, dijo en enero de 2019 que construirán en esa provincia tarijeña canales en ambas márgenes del río Pilcomayo para que las aguas sean conducidas hacia las diferentes comunidades a través de ductos y sistemas de distribución. A pesar de todas esas declaraciones, el Estudio de Diseño Final realizado por la empresa Asociación AH Carrizal no incluye el componente riego en su diseño. Para el ingeniero ambiental Iván Arnold Torrez, director de la fundación Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa), la idea de que el proyecto hidroeléctrico El Carrizal sirva, a su vez, como un método de riego, no es realista. Según explica, los ríos San Juan del Oro, Camblaya y Pilcomayo, que están conectados entre sí, son “difíciles” de contener por la cantidad de sedimentos que tienen.

región) Los Cintis”, nos dice el presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Gustavo Cuéllar. Las autoridades del municipio de Culpina también apoyan el proyecto con la esperanza de favorecerse con el riego a pesar de que las tierras cultivables están a mayor altura del cauce del río y en medio de montañas empinadas por donde transportar el agua por canales o tuberías es muy dificultoso. “Por esa distancia pocas veces se puede trabajar con proyectos de esa envergadura tan grandes”, dice Gustavo Sanabria, docente de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco Xavier de Sucre (USFX), ya que “llevar agua de un nivel bajo, 2000 metros sobre el nivel del mar, hasta los 3000 metros implica una gran cantidad de tubería y considerar el bombeo que siempre es un problema”, precisa. Además, expertos sostienen que es probable que las aguas del río Camblaya estén contaminadas con la producción minera del sur de Potosí.

De hecho, esa es la razón por la que en la región del Chaco las aguas del río Pilcomayo no se usan para el riego. De hacerlo, los canales “se colmatarían”, dice Arnold.

En 2008, Apolonia Rodríguez, directora de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la USFX de Sucre, señaló en su tesis de maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar que “se puede evidenciar que existe contaminación por arsénico, cadmio, antimonio, plomo en los puntos de Palca Higuera, Quechisla, La Vidriera, Tumusla, Camblaya y Cotagaita”. Todos, afluentes del río Camblaya.

Ejemplo de ello fue que hace ocho años hubo una crecida del río San Juan del Oro que dejó en los cultivos de la zona por lo menos “dos metros de arena”, recuerda el ambientalista. Aún así, las autoridades siguen insistiendo en la idea del riego.

Casi 13 años después, Rodríguez mantiene la postura de que las aguas del río Camblaya “no son aptas para el riego”, porque aunque no hay estudios recientes, en cuanto a la explotación minera en el país “seguimos igual o quizá ha empeorado”, dice la experta.

“Vamos a tener la hidroeléctrica y podemos regar bastantes hectáreas de lo que es (la

La situación preocupa a la directora académica porque, además, “no vemos

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

La comunidad de Camblaya del municipio de Villa Abecia desaparecerá con la construcción de la represa.

que haya algún reclamo de parte de los afectados”, dice. “Antes había comunidades, representaciones, organizaciones civiles de personas afectadas por la contaminación del río Camblaya que hacían presión social ante los gobernantes”, pero ahora eso “ha disminuido”, asegura.

NADIE SABE CUÁL IMPACTO AMBIENTAL

El tema ambiental no es punto de discusión en las reuniones de información. De hecho, en la reunión informativa sobre El Carrizal entre Ende y los asambleístas de Chuquisaca, ninguno de los representantes abordó el tema, ni siquiera los opositores. “Tenemos la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Departamental, justo estamos esperando”, dijo el presidente de la Brigada Parlamentaria

Chuquisaqueña, Gustavo Cuellar, sobre la ausencia del secretario de Medioambiente de ese departamento en el encuentro realizado el 22 de febrero. Wilfredo Aguirre, quien fue alcalde de Culpina entre 2015 y 2020, asegura que en los talleres de socialización del proyecto, el área social de la empresa AH Carrizal les habló del impacto ambiental, pero solo con el anuncio de que iban a realizar un estudio, es decir, “nunca” les comunicaron los resultados, admite la exautoridad. Pablo Avilés Pérez, por su parte, quien fue secretario de Medio Ambiente de la Gobernación tarijeña hasta el 7 de mayo de 2021, respondió que respecto a los impactos ambientales del proyecto “desconoce” el tema.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Para el director de Nativa, Iván Arnold, “una obra de este tipo siempre va a tener una afectación”, porque genera modificaciones en algunos patrones del microclima local y del hábitat, asegura. Por lo mismo, y sumado al costo ambiental que representan, estos proyectos “deben tener los suficientes justificativos para ser ejecutados”, dice el experto, pero el proyecto El Carrizal “a mí me parece que no tiene una justificación técnica coherente”, apunta. El ingeniero hidráulico Jaime Villena, coincide con Arnold y asegura que en los países avanzados como Estados Unidos, ya no construyen represas debido a las “exigencias medioambientales”, pues no son “económicamente viables”. Arnold aclara que, además, hasta ahora no existe un estudio que especifique qué especies, tanto animales como vegetales están presentes en esa zona, por lo que no es posible saber con precisión cuáles serán los impactos medioambientales que acarrearía la construcción del proyecto. Aún así, ciertas consecuencias son posibles de prever. Por el tamaño del muro de la presa que se levantará en el lugar, Villena niega que se pierda el Cañón de Pilaya, pero sí señala que es probable que deje de ser el sexto más profundo del mundo, pues la distancia entre el espejo de agua y la punta de los cerros se reducirá.

También vive en este lugar el cóndor (Vultur gryphus), que al igual que el oso andino se encuentra Vulnerable según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Según el biólogo e investigador asociado al Museo Nacional de Historia Natural, Diego Méndez, en el país habitan 1500 cóndores “que representan el 20% de la población mundial”, y es justamente en este tipo de lugares, como el Cañón de Pilaya, donde se refugian, dice. En su documento de consulta pública, Ende identifica de manera general los potenciales impactos ambientales del proyecto, entre los que se encuentran la ‘’generación de gases de efecto invernadero por descomposición de material vegetal en el embalse, pérdida de cobertura vegetal, perturbación de fauna acuática, posibles cambios micro climáticos menores en el área del embalse’’, además de otros. La legislación boliviana asegura el acceso a la información para toda persona natural o colectiva, pública o privada. Fue así que solicitamos a Ende una copia del Estudio de Evaluación e Impacto Ambiental, para conocer el detalle y la magnitud de los impactos ambientales del proyecto hidroeléctrico Carrizal. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje, la empresa no envió la copia solicitada.

Pero más allá de la posibilidad de perder un lugar en el “top 10” de los cañones más profundos e impactantes del mundo, el hábitat de la zona corre el riesgo de cambiar para siempre.

Por ahora, el destino de este importante lugar para la conservación de especies que se encuentran amenazadas de extinción es un secreto guardado bajo llave.

Allí habita el oso andino o jucumari (Tremarctos ornatus). Incluso en Tarija este animal es considerado, por ley, patrimonio natural del departamento, lo que exige la conservación tanto de la especie como de su hábitat.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam, Correo del Sur, Verdad con Tinta y Red Ambiental de Información (RAI)

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Organizado por

Gracias al apoyo de

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Imagen principal: Una sexta parte de la carne de res que sale de Bolivia se destina a McDonald’s y a Burger King, en Perú y Ecuador.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

GANADERÍA EN BOLIVIA: Se amplía la exportación, se reducen los bosques RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

• China acapara el mercado de la carne boliviana. La demanda coincide con el incremento en la pérdida de bosque y los incendios, principalmente en Santa Cruz, departamento donde están las estancias ganaderas. • Una sexta parte de la carne de res que sale de Bolivia se destina a McDonald’s y a Burger King, en Perú y Ecuador. Por Carolina Méndez Valencia Fotografías de Eduardo Franco Berton

El año 2020, cuando la pandemia paralizó al mundo, Bolivia exportó más de 14 millones de kilos de carne de res a China, Perú, Ecuador y a la República del Congo. Las ganancias de la venta de este inmenso cargamento de carne benefició a unas pocas manos ganaderas que percibieron un ingreso superior a los 60 millones de dólares. Este despegue en las exportaciones coincidió, además, con dos temporadas de incendios forestales que arrasaron con más de 10 millones de hectáreas en Bolivia. Una emergencia que estuvo asociada a una

serie de decretos supremos que promovía, precisamente, la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas en las regiones de Santa Cruz y el Beni —las más afectadas por el fuego— y las quemas controladas. Recientemente, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) acaba de terminar un estudio que calcula la deforestación en Bolivia entre los años 1986 y 2019. La cifra es de 6 millones 922 mil hectáreas de bosque, una extensión similar al tamaño de Irlanda y que coincide con la expansión del territorio destinado a cultivos y pastizales.

Estudios indican que entre los años 1986 y 2019, Bolivia perdió 6 millones 922 mil hectáreas de bosque, una extensión similar al tamaño de Irlanda y que coincide con la expansión del territorio destinado a cultivos y pastizales.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Casi en ese mismo periodo de tiempo, entre 1985 y el 2019, la actividad agroindustrial (especialmente soja) y ganadera se incrementó en un 229% en el país, pasando de ocupar 2 120 430 a 6 974 510 hectáreas en todo Bolivia.

parte de la política económica del gobierno en los próximos cuatro años— se establece como meta triplicar la población de ganado en el país, hasta superar las 22 millones de vacas. Alrededor de dos cabezas de ganado por habitante.

“A partir del 2005, la ganadería empezó a tomar mayor protagonismo en el tema de la frontera agrícola superando a la agroindustria. Esto debido a que los suelos no son altamente productivos y la agricultura requiere de suelos profundos, mientras que la ganadería es menos exigente en ese sentido”, explica Marlene Quintanilla, Directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de FAN. La especialista precisa que este crecimiento se ha dado a costa de los bosques.

El departamento de Santa Cruz ya tiene incorporado este modelo. Las cabezas de ganado duplican la población del departamento. Y para los empresarios ganaderos del Beni, este parece ser el “modelo a seguir”. Así lo manifestaron quienes aplaudieron la modificación del Plan de Uso de Suelo que habilita más de ocho millones de hectáreas para la agroindustria. ¿Quiénes están detrás del negocio ganadero en Bolivia? ¿Cuáles son los planes de expansión del gobierno? ¿Qué ecosistemas son los más amenazados?

El nuevo gobierno del MAS, liderado por Luis Arce, ha dejado en claro que seguirá la hoja de ruta trazada por Evo Morales y que se resume en la Agenda Patriótica 2025 desarrollada por el ex presidente. En el pilar seis de este documento —que regirá

LOS REYES DEL GANADO En el departamento de Santa Cruz se estima que existen más de 24 mil productores de

La Agenda Patriótica 2025 establecida por el gobierno nacional, tiene entre sus metas triplicar la población de ganado en Bolivia, hasta superar las 22 millones de vacas. Alrededor de dos cabezas de ganado por habitante.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Ganado vacuno en una estancia en el municipio de Concepción. En el departamento de Santa Cruz, las cabezas de ganado ya duplican la población del departamento.

ganado, según datos del 2020 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, solo 42 de ellos tienen permiso de exportación de carne. De todas las estancias habilitadas (41 en Santa Cruz y 1 en el Beni), el 62 % pertenece a empresarios bolivianos y el 38 % a capital extranjero, sobre todo de Brasil y en menor medida Argentina. Los bajos costos de la tierra en Bolivia, en comparación con los países vecinos, atraen esta inversión. Algunas de los negocios manejados por empresas extranjeras se manejan casi en piloto automático, con dueños que no viven en el país y se limitan a recibir las ganancias, como constatamos conversando con administradores vía telefónica. El 10 por ciento de las estancias que cuentan con permisos de exportación están en manos de grandes grupos empresariales bolivianos, cuyas inversiones no solo están concentradas en la ganadería, sino en otros rubros como medios de comunicación, bancos, productos 30

comestibles o aceites, según consta en un estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El 90 por ciento restante está repartido entre empresarios locales que invierten en vacas, en grandes plantaciones de soja, sorgo y girasol, e incluso en la venta de agroquímicos. El siguiente eslabón en la cadena son los frigoríficos. Existen más de 100 en el país, pero solo dos cuentan con permisos para exportar a China: Frigor y Fridosa. Estas empresas se han asegurado toda la cadena productiva con destino a uno de los mercados más rentables, considerando el auge de las exportaciones de carne al país asiático. Frigor pertenece al grupo Monasterio, que es propietario de un banco, un medio de comunicación y es accionista de otras empresas exportadoras de oleaginosas, entre otros rubros. Fridosa es propiedad del

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

ciudadano francés Bertrand de Lassus, quien tiene cuatro estancias habilitadas para la exportación de carne, además de empresas de servicios petroleros, insumos agrícolas y agroquímicos. Estos dos frigoríficos autorizados para exportar a China usan los puertos de Arica e Iquique (Chile) para salir del continente con la carne y atracar 45 días después en el puerto de Shanghái (China), el más activo del mundo. Allí reciben la carne las empresas importadoras que buscan saciar la demanda de la clase media china que se esmera en reivindicar la era de la carne: la vaca en el plato como estandarte de poder adquisitivo. Pero, además, venden su producción a otras empresas importadoras de carne en la región. Toda la producción que es exportada proviene de estancias habilitadas para ese fin por el Estado.

es China. En el 2020, la demanda del país asiático hizo que Bolivia cuadruplicara sus volúmenes anuales de exportación: pasando de exportar 5 mil a 14 mil toneladas. “El negocio está cerrado entre los frigoríficos y las empresas importadoras alimenticias chinas que comercializan la carne en su país”, explica Javier Landívar, gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). Es un negocio entre privados chinos y privados bolivianos, pero son los propios gobiernos los encargados de poner la mesa para los acercamientos. Las cifras indican que se trata de un negocio que va en ascenso pero que es asociado por científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil con la deforestación y los incendios forestales de los últimos dos años.

Entre el año 2019 y el 2020, el número de estancias habilitadas por SENASAG para sacar carne de res de Bolivia se incrementó en un 44%, pasando de 29 a 42 estancias con pase libre para vender hasta el 2025.

Buscamos a las empresas Fridosa y Frigor para saber cómo evalúan el impacto de sus actividades en los bosques, considerando que ambas manejan estancias ganaderas y a la vez son las encargadas de los frigoríficos, pero hasta el cierre de esta publicación no nos respondieron.

¿A DÓNDE VA LA CARNE?

LOS BOSQUES PAGAN EL PRECIO

El Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia indica que, entre 2010 y 2020, la carne boliviana fue exportada a Perú, China, Ecuador, Venezuela y Vietnam.

Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y es el segundo en América Latina, después de Brasil, entre los países que más bosques primarios han perdido en el 2019, según datos de Global Forest Watch. Esta devastación es atribuida a la actividad agropecuaria, especialmente a la ganadería y siembra de soja.

Y al menos una sexta parte de todo lo exportado en la última década fue a parar a los gigantes de la comida rápida. En el caso de Ecuador, McDonald’s, y en el de Perú, Burger King, así lo indica un diagnóstico elaborado por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones Santa Cruz (CADEX). Pero quien realmente está detrás del auge en las exportaciones de carne vacuna de Bolivia,

El análisis realizado por FAN indica, además, que Santa Cruz es el departamento que más deforesta: concentra el 75 % de la pérdida de bosque entre los años 1976 y 2019. El siguiente es el Beni con el 6 %, Cochabamba 5 %, La Paz 4 % y, finalmente, Tarija y Pando con el 3 %.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

El año 2020, Bolivia exportó más de 14 millones de kilos de carne de res a China, Perú, Ecuador y a la República del Congo.

Entre las principales causas para la deforestación en el país, están la producción a gran escala de granos para exportación y para consumo interno, y la ganadería atraída con exportaciones de carne a China, según declaró el año pasado, Victor Hugo Áñez, ex director de la ABT. Según datos del Centro de Investigaciones del Campesinado (CIPCA), durante la última década se han elaborado normativas “demandadas usualmente por el sector empresarial para fomentar el agronegocio”, que han significado una amenaza ambiental, precisan, por carecer de justificación técnica, avalar el desmonte y promover los incendios. CIPCA se refiere a tres leyes —337/13, 502/14 y 739/15—, aprobadas entre 2013 y 2015, que fueron criticadas por perdonar la deforestación ilegal causada por algunas empresas y ampliar los plazos para que pudieran subsanar este delito. A esta lista se sumó, en septiembre de 2015, la Ley 32

741 que autorizó los desmontes hasta en 20 hectáreas en pequeñas propiedades —antes estaba prohibido que sobrepasaran las 5. Finalmente, el 9 de julio de 2019 se aprobó el Decreto Supremo 3973 que permitía la ampliación de la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de vocación forestal, el mismo que fue derogado cuando se decretó el estado de emergencia nacional por los incendios del 2020. Para el abogado ambientalista, Diego Gutiérrez, estos decretos y leyes siguen la lógica que señala que para que la tierra sea productiva hay que desmontar y plantar soja o meter vacas. Además, indica el experto, hay un uso político del territorio. “En el fondo la tierra tiene un componente político muy alto…El MAS ha consolidado su poder político durante todos estos años, precisamente con la posibilidad de distribuir el suelo”, manifiesta el abogado. Por ello señala que es necesario que las Autoridades de Bosques y Tierras sean independientes,

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Fotografía tomada durante los incendios en la Chiquitanía, en 2019. La superficie quemada ese año alcanzó los 3.7 millones de hectáreas sólo en Santa Cruz, donde el 60% fue cobertura boscosa.

“para que actúen acorde a lo correcto y no, por lineamientos políticos”. Por su parte, el ingeniero forestal e investigador boliviano, con Maestría en Gobernanza Ambiental y Doctorado en Manejo de Recursos Naturales en la Universidad de Friburgo (Alemania), Juan Carlos Montero, detecta cinco factores que promueven la expansión ganadera en la Chiquitanía por sobre la conservación de los bosques: la plusvalía de la tierra (incremento en el precio de las tierras), los beneficios tributarios, las normativas de uso de suelo, el apoyo del gobierno con las negociaciones y las jugosas ganancias. Es decir, hay condiciones dentro de nuestro contexto que promocionan la expansión de la ganadería por encima de la conservación forestal. Robert Müller, geógrafo y biólogo alemán, quien ha analizado la deforestación en Bolivia durante los últimos 20 años, pone el problema en perspectiva. Para el investigador, como lo indica en un estudio publicado con otros

colegas en el 2014, la ganadería desplazó a la soja como la principal causa de deforestación en el 2000. Esta afirmación se evidencia en las cifras: el 60% de la pérdida de bosque entre el 2005 y 2010 fue generado por la ganadería. “Es probable que esta tendencia siguió aumentando, aunque los cultivos agroindustriales también se han expandido de manera acelerada en los últimos años”, señala Müller. El investigador también explica que “la exportación anual de 10 000 toneladas de carne bovina a China implica aproximadamente una destrucción adicional de unas 100 000 hectáreas de bosque para habilitar pastizales, ya que la nueva demanda de carne se suma a la demanda existente”. Müller señala que son cuatro los municipios cruceños que albergan 35 de los 42 predios habilitados para la exportación de carne: Pailón, San Ignacio de Velasco, Charagua y El Carmen Rivero Torrez.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

“Más del 20% de la deforestación ocurrida en toda Bolivia entre 2013 y 2019 ocurrió en estos municipios. El incremento reciente fue muy grande. Entre 2016 y 2018 se deforestaron 917 mil 215 hectáreas, cuatro veces más que entre 2013 y 2015”, afirma el investigador con datos de FAN. Estas cifras dan cuenta que el circuito de las vacas no empieza con la adquisición del ternero sino con la tala de un árbol. Por ello, señalan los expertos, el sector ganadero estrechó relación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) desde el año 2014, paradójicamente, la autoridad encargada de velar por los bosques en Bolivia. “El Estado debe seguir asumiendo el reto de ser el viabilizador para que la Frontera Agrícola crezca y para eso se necesita modificar leyes”, declaró el expresidente de Fegasacruz, según consta en el portal de la ABT. Solicitamos a la ABT datos sobre cambio de uso de suelo, tipos de bosque afectado por la deforestación, impacto de los incendios y extensión de terreno aprobado para uso ganadero. Nos aseguraron que las consultan serían atendidas luego de una revisión técnica pero hasta el cierre de este reportaje no brindaron nada de lo solicitado. Cuando uno observa la curva de deforestación en el país, encuentra dos picos llamativos, uno a inicios de los 90 y otro antes del 2020. El boom de la agroindustria en la década del 90 y la apertura de mercados ganaderos en el exterior, sobre todo a partir de 2017. Esta arremetida directa contra los bosques ha implicado afectación y presión constante sobre las áreas protegidas.

ECOSISTEMAS DAÑADOS El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano detectó que entre 1986 y 2019, la extensión del territorio con área antrópica 34

(frontera agrícola, ganadera y de apertura de caminos) dentro de áreas protegidas fue de 223 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz. La mayor pérdida de cobertura vegetal se dio en el Parque Amboró (8,1%), que posee la categoría de protección nacional. A nivel departamental, Lomas de Arena (37,7%) y la Laguna Concepción (26,2%) fueron las más afectadas, mientras que en la categoría municipal las lagunas Esmeralda (49,2%) y Sacuará (37%). Si este ritmo de devastación continúa, los especialistas del Observatorio estiman que para el 2050 el total de cobertura boscosa en áreas protegidas se habrá reducido a 6,3 millones de hectáreas. Es decir, casi la mitad del total de las áreas protegidas del departamento —11,7 millones hasta el 2019. “Se está generando el cambio de uso de suelo, no sólo para convertir el bosque en pastura sino también transformando los humedales para abastecer a la ganadería. Una vaca por día necesita 40 litros de agua”, advierte Quintanilla de FAN. Según una reciente investigación llevada a cabo por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la situación hidroclimática también es un problema que hay que considerar. Está cambiando en el continente y particularmente en la Amazonía. Una muestra de ello es que en el municipio de Ascensión de Guarayos las precipitaciones anuales han disminuido, entre 1982 y 2018, en un 13% y la temperatura incrementó 0,5 C. “Esta alteración climática en parte se atribuye al cambio de uso de suelo en el municipio. En este periodo (1982-2018) la deforestación se incrementó de 6 mil a 171 mil hectáreas (23 veces más), impactando y modificando su clima local”, señala el reporte que vislumbra

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

un escenario poco esperanzador. “Al año 2050 Ascensión de Guarayos incrementará su temperatura media anual en 3,4 ºC y reducirá en 34% la precipitación anual (…) La producción agropecuaria será inviable sin riego, por lo que la demanda de agua se incrementará y con ello los conflictos por el agua.” Al listado de efectos negativos hay que sumar el proceso de habilitación del terreno, en el que no sólo se cortan árboles para poner vacas sino que también se prende fuego a lo desmontado para preparar el suelo y reverdecer los pastos. “Esta práctica avalada por leyes bolivianas resulta incompatible con los escenarios de las últimas décadas, en los que hay cada vez sequías más intensas que producen incontrolables incendios forestales”, señala Marlene Quintanilla de FAN. Gutiérrez coincide con esta misma lógica. “El desmonte genera residuos y el uso de fuego se usa para limpiar ese rastrojo. La relación es: a mayor desmonte mayor uso de fuego. A mayor uso de fuego, mayor riesgo de incendios forestales”, explica. Durante los últimos años, Bolivia ha reportado incendios de características catastróficas. El año 2019 la superficie quemada alcanzó los 3.7 millones de hectáreas sólo en Santa Cruz, donde el 60% fue cobertura boscosa. De este porcentaje, el 40% del área perdida era bosque seco chiquitano, el 34% bosque chaqueño y el 10% bosque amazónico, según datos de CIPCA.

El año 2020, la situación no cambió: más de cuatro millones de hectáreas se quemaron en todo el país. “La pérdida de cobertura vegetal por los incendios forestales está relacionada principalmente con las prácticas agrícolas, nuevos asentamientos rurales, limpieza de cultivos, ganadería extensiva y la expansión de la frontera agrícola”, señala un documento de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, que analiza los incendios durante el último año. Por su parte, Quintanilla manifiesta que el fuego habilita al final nuevos territorios para el ganado. “Cuando el fuego llega a nuevas áreas que no estaban previstas por los ganaderos o empresarios, ese espacio se convierte en territorio vulnerable para expandir al año siguiente la frontera agropecuaria”. En este preciso momento la transacción está en curso. El negocio no duerme. El ciclo no cesa. Las vacas comen, engordan, las matan, las empacan, las exportan. Y mientras el modelo agropecuario incrementa sus exportaciones, va dejando a su paso la siguiente interrogante: ¿Quién cubrirá el costo de la pérdida de biodiversidad?

*Esta es una colaboración periodística entre Mongabay Latam, Página Siete y la Red Ambiental de Información”

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

El portal Muyupampa del túnel Incahuasi, abandonado desde el 2018.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

CUANDO EL DUEÑO SE VAYA Un recorrido al túnel Incahuasi RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

En 2015 comenzó la construcción del que sería “el túnel más largo de Bolivia”. Cinco años más tarde, la obra quedó abandonada, mientras que tres comunidades guaraníes y una zona urbana de Muyupampa, en Chuquisaca, sufren por falta de agua. Ahora claman a los Iyas o “dueños del territorio” que no los desamparen. Texto y fotografías por Jhonnatan Tórrez

Hace 11 años, Celso Juandela -menudo, manos grandes y hablar pausado- alzaba la voz en una asamblea de dirigentes indígenas en Camiri, al sur de Santa Cruz. Habló en guaraní y las palabras “Túnel” – “Incahuasi” fueron las únicas que pudo atrapar una joven periodista. “Túnel” - “Incahuasi” se le quedaron grabadas hasta ahora. Al final de la reunión, Isapi Rua, la joven, buscó a ese hombre y lo que él le mostró era un mapa hecho con sus propias manos. En el retazo de papel se veían las casas de la gente de Caraparirenda, unos ojos de agua, un cerro, una carretera y un túnel que atravesaba el cerro que marca la frontera entre Chuquisaca y Santa Cruz. Se trataba del túnel Incahuasi, una obra que, según el proyecto, formaría parte de la infraestructura carretera de la “Diagonal Jaime Mendoza” y se presentaba como “el túnel más largo de Bolivia”. Debía recorrer 1.260 metros, desde el municipio de Villa Vaca Guzmán, en Chuquisaca, hasta la población de Ipati, municipio de Lagunillas, en Santa Cruz. En el proceso de aprobación de la obra -cuenta ahora Celso- los pasos que se deben seguir para ejecutar este tipo de megaestructuras, no se cumplieron. “Vinieron nomás de la empresa diciendo que el Ministerio (de Obras Públicas) ya había aprobado todo y les hizo firmar a los 38

Mburuvicha (capitanes del pueblo guaraní), diciendo que estaban de acuerdo”. Una de las etapas que para los comunarios no se hizo de manera debida fue la consulta previa. Esta figura es el derecho fundamental de los pueblos indígenas cuando se toman medidas legislativas y administrativas, o cuando se van a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios. De esta manera, se busca proteger su integridad cultural, social y económica, y garantizar su derecho a la participación. Las leyes bolivianas establecen que la consulta debe ser “libre, previa e informada, y de buena fe”. En el caso del túnel, libre implica que ninguno de los comunarios o dirigentes puede ser coercionado o persuadido para aceptar el proyecto. Informada, que la gente conoce los beneficios, impactos mitigables y no mitigables a mediano y largo plazo de la obra. Y de buena fe, que se respetan los intereses, valores y necesidades de las comunidades que se encuentran en el área de impacto. También se debe entregar toda la información relevante, absolver dudas y hacerse cargo de las observaciones. Celso se ocupó de decir que nada de eso pasó en cada reunión a la que le tocaba asistir. Al final se dio cuenta que estaba solo, o respondían, “Ya está hecho, ¿qué vamos a hacer?”.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Isapi Rua vivió su infancia en Villa Vaca Guzmán, conoce este territorio y a su gente.

El tema de la consulta era uno de los puntos en las demandas de la VIII Gran marcha Indígena por la Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia boliviana. A esta manifestación se la conoce como “La marcha del Tipnis”. El 20 de agosto de 2011, la plataforma de dicha marcha envió una nota al entonces gobierno de Evo Morales: “Exigimos se respete el derecho de consulta y participación en todos los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y minería, y otros megaproyectos, carreteras, hidroeléctricas que pudieran afectar a los pueblos indígenas, entre ellos los siguientes: Carretera IPATI — MUYUPAMPA — MONTEAGUDO, Túnel Aguaragüe, Carretera San Borja-Rurrenabaque, Carretera San Buenaventura – Ixiamas”. La respuesta llegó el 15 de septiembre de 2011, firmada por el entonces ministro de la

Presidencia, Carlos Romero Bonifaz. En el punto cinco dice que el gobierno garantiza los procesos de consulta, pero: “dejamos constancia que de ninguna manera se deberá obstruir la construcción de infraestructura caminera estratégica para el desarrollo y la integración del país”.

ENTRE HECHOS Y PALABRAS Para Leonardo Tamburini, abogado especializado en derechos humanos y medio ambiente, esa respuesta pone a los derechos de los pueblos indígenas en contra del desarrollo. “Plantearles que sus derechos, de ninguna manera, pueden frenar el desarrollo, es asumir una posición de irrespeto a los derechos humanos”. Diez días después de la llegada de la misiva, el 25 de septiembre de 2011, la Policía reprimió con violencia la marcha en la localidad de Chaparina (Beni). Medida que adoptó el gobierno al ver fortalecida la marcha pues los intentos de diálogo fracasaron.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Celso Juandela, fue uno de los primeros en advertir sobre los riesgos del túnel hace mas de 9 años.

Además, los comunarios aseguran que deben asistir a las audiencias solos, sin la asistencia de externos; mientras, la contraparte estatal o privada llega con ingenieros, sociólogos, uno que otro biólogo, y una lista de personas cuyo lenguaje técnico muchas veces deja más dudas que certezas. Aunque en hidrocarburos y minería la consulta previa está reglamentada, sobre todo cuando es una empresa extranjera la que está a cargo del proyecto; cuando se trata del Gobierno Nacional, existe una especie de carta blanca, más si se trata de un “proyecto estratégico”.

A Isapi Rua esos actos la sacudieron como un terremoto. Esta mujer guaraní, de 33 años, pasó su infancia en el municipio por donde pasa este túnel: Villa Vaca Guzmán, al este de Chuquisaca. Conoce a fondo el valor del cerro para su cultura. Por eso, dos años después de su encuentro con Celso Juandela pudo reunir un equipo para filmar un documental. Quería recoger los testimonios de los dirigentes y de los comunarios acerca del túnel, y hacer algo más allá de la resignación. Actualmente hay un adelanto colgado en su canal de Youtube. Ahí hablan Félix Flores, capitán de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Itikaraparirenda; Jiménez León, de la comunidad Ñairenda; Hugo Molina, dirigente de la TCO Alto Parapetí, y -claroCelso Juandela. En todas las entrevistas, hay pesar por cómo sucedieron las cosas y una frase lapidaria. - “Ellos (el gobierno) dice: ‘esto va sí o sí, nadie tiene que oponerse’. Este es un proyecto que a la larga será bueno y será para el desarrollo”.

Para Celso Juandela, que vive en la comunidad de Caraparirenda, y para Isapi Rua, que vivió su infancia en Sapirangui, la maraña de leyes y normas dejaron interrogantes como: ¿Qué pasará con los ojos de agua que están cerca de la construcción?, ¿seguirán teniendo agua como la tenían desde siempre?. La respuesta de los técnicos, en ese entonces fue: “No le pasará nada a los ojos de agua, la construcción no perjudicará la distribución de agua”.

POR EL FONDO DEL TÚNEL Pasaron siete años desde esa explicación; desde la primera carga de dinamita detonada; desde que el pueblo se llenó de ingenieros, carros y clientes fijos para los bares. Desde que nada fue como antes. Para ver los frutos de esta obra, es necesario recorrer diez cuadras, hasta que se acaba el pueblo. Es un kilómetro y medio de camino angosto de tierra y polvo amarillento. Son doce kilómetros de asfalto sin inaugurar, que sirven para que uno que otro auto, una que otra moto y una que otra vaca paseen a la velocidad que la física les permita.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

La gente de Caraparirenda “alambró” la entrada al túnel para evitar que los animales ingresen. Era muy común tener que ir a buscar a las vacas hasta el fondo del túnel.

Lo primero que se puede ver al llegar, es un corte en la montaña, que irrumpe el paisaje con tal fuerza, que hasta el viento se arremolina buscando el que fue su curso natural. Da unas vueltas, entra y sale, como si la montaña respirara. Lo siguiente es la boca. Cinco metros de alto por diez metros de ancho. Solo durante los primeros 25 metros la luz deja ver unos anillos con los que se forma la tráquea de este animal dormido. Al costado izquierdo, una especie de riachuelo cristalino, una canaleta construida por alguien para llevar el agua hacia el exterior. A 150 metros, oscuridad y 10 grados centígrados menos que en el exterior. En medio de este universo negro, solo se escucha caer unas gotas. Aún se siente una ligera brisa. A 280 metros, lodo y piedra. Del techo cuelgan tubos y algunos cables. Para este momento del recorrido, la oscuridad convirtió los 150 metros cuadrados de agujero en una medida indeterminada. De lo único que uno puede estar seguro es que sus pies

están pegados al suelo, intentando mantener el equilibro. A 460 metros de profundidad el aire es frío y pesado. Y adentro, dentro de esta montaña, llueve. No es una gotera inocente, es lluvia. Gotas pesadas y gordas por todos lados. Una lluvia descoordinada, caótica, sin sonido uniforme. La luz de la linterna no deja ver las paredes, se queda atrapada en el agua. A 500 metros y con la ropa mojada solo es posible verse las manos. La lluvia es más intensa y da la sensación que uno se desliza por una pista de jabón. La única certeza es que sobre nuestras cabezas hay toneladas de roca compactada y tierra. Uno no sabe bien a qué temer más: a que toda el agua que filtra del cerro caiga de una sola vez y lo acabe ahogando, o que todas esas toneladas de roca y tierra cedan y lo aplasten como a una hormiga. Ya no corre brisa, ningún otro sonido más que el del agua golpeando al agua. A 538 metros es posible ver una pared y, por ella, como si

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

fuese una cascada natural que siempre estuvo ahí cavando surcos, erosionando la piedra, escapando por gravedad hacia ningún lugar; litros y litros de un agua cristalina se pierden. Hasta ahí llega el “Portal Muyupampa”, como se conoce a una de las entradas del túnel.

UNA OBRA ABANDONADA El Túnel Incahuasi se comenzó a construir el 23 de marzo de 2015. La obra fue adjudicada a la empresa argentina José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por un costo de 159.793.351,20 bolivianos (más de 22 millones de dólares). Debía terminarse en 1349 días, por lo que debió estar listo el 1 de diciembre de 2018. Pero ahora está abandonado. Para mayo de 2018 el avance era del 85 %. Ahora es un túnel sin salida, porque restan 160 metros de roca por derribar. En las comunidades hay muchas versiones de por qué se fue “La Cartellone”. Porque quebraron. Porque no podían avanzar y se cansaron. Porque había muchos problemas, ya que la realidad no correspondía a los estudios con los que se proyectó el túnel. Porque el cerro no quería que lo perforen y les hizo el trabajo imposible. Lo que sí es claro es que el 19 de agosto de 2019, Brahim Alba Mukled, Gerente Regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en Chuquisaca, firmó una carta notariada en la que comunicaba la rescisión definitiva del contrato. El documento al que se tuvo acceso para la elaboración de este reportaje, resalta que el contratista no puede desconocer sus obligaciones “bajo argumentos absurdos y carentes de fundamentos técnico-legales” y, con base en esas justificaciones, abandonar la obra. Se intentó obtener la versión de la compañía, pero hasta el cierre de esta 42

publicación, no se obtuvo respuestas. Entre tanto, los pobladores de Muyupampa, la capital del municipio de Villa Vaca Guzmán, esperan que el túnel y la carretera prometida algún día se terminen. Muyupampa es un pueblo de 50 cuadras en el que viven, aproximadamente, 2.400 personas. Todos los días a las cinco de la mañana, en simultáneo con el canto de los gallos, un pelotón de señoras sale a barrer sus aceras, haya o no luz solar. Aquí conviven pacíficamente, aunque no sin cierta tensión, lo tradicional y lo novedoso; lo quechua y lo guaraní; indígenas y blancos que añoran los años del patronaje; tipoys (vestidos tradicionales) y camisetas Balenciaga. Las abarcas con sneakers, como se conoce a las zapatillas deportivas en la zona, y perros raza cocker spaniel. Muchos perros cocker spaniel. Demasiados perros cocker spaniel. En este lugar se sigue esperando caminos permanentes para comunicarse entre comunidades. Que las mujeres tengan participación en los asuntos dirigenciales. Que el maíz, maní y ají que se producen tengan un valor agregado. Que los productos que llegan de otros lados no sean tan caros. Que cuando llueva no queden atrapados y que una carretera los una con el resto del país. Eso esperan -dicen- hace 60 años: una gran carretera, un gran túnel y que todos esos problemas, por fin, mágicamente, se resuelvan.

EL IYA Y EL IMPACTO SOBRE EL AGUA En el mundo guaraní cada elemento de la naturaleza tiene un espíritu protector llamado Iya, a quien se debe pedir permiso. Eso le da equilibrio a un territorio.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

- A mi el dueño (el Iya) del cerro me ha hecho soñar. Antes de que comiencen a construir (el túnel) me soñé que una riada

Los anillos de concreto que forman un esófago, la garganta de un animal dormido.

se llevaba a la gente. Me asusté y quería despertar. De ahí he visto el cerro pelado, todo el Incahuasi estaba pelado, ni un árbol había, puras casas blancas de lujo, puras casas como en la ciudad. Celso Juandela susurra su sueño como si las palabras revivieran el espanto de esa noche hace 10 años, cuando saltó de la cama sediento y pidiendo agua. Como si los Karai (hombre blanco) viniesen a imponerse y apoderarse del cerro, como él interpretó su sueño. Ningún estudio respecto a la perforación del túnel toma en cuenta el impacto inmediato y futuro sobre las fuentes de agua que sirven a las 16 comunidades colindantes a la obra. Tampoco el de Impacto Ambiental y Elaboración del Diseño Final del Tramo “Monteagudo – Ipatí” de 2009, ni la Actualización y Adecuación de la Factibilidad Técnico Económica. Ni siquiera el de Impacto Ambiental y Elaboración del Diseño Final del Tramo “Monteagudo

– Ipatí” de 2010 habla de un impacto directo sobre fuentes de agua. Es más, la sección que debe hablar de la reacción que tendría la obra con los recursos hídricos, es bastante escueta, pasa exactamente lo mismo con la sección de impactos ambientales. Los informes que se emitieron luego de iniciada la construcción dan cuenta de “grandes filtraciones no previstas”, lo que es extraño porque tanto los informes geológicos y el estudio de prospección geofísica de resistividad eléctrica (una especie de tomografía que se le toma al cerro) hablan de una fuerte presencia de “material suelto, arena gruesa, limo arena y arcilla”. Básicamente, aunque los estudios previos y de diseño del proyecto dicen que no habrá problemas mayores de filtraciones, los posteriores dicen que el cerro tiene secciones que son esponjas de filtración de agua; eso a lo que los comunarios llaman “bolsones de agua”.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

El algarrobo, un árbol fundamental para la vida de la gente en el chaco.

Para Carlos Góngora, experto en protección de recursos hídricos, a la luz de los estudios ya mencionados es muy difícil no prever filtraciones. Mucho menos asegurarle a los comunarios que no habrá impacto en sus fuentes de agua, ya que, de manera inevitable, al perforar el túnel se perforan estos “bolsones” o se “rompen venas” que cambian el curso del agua hacia los llamados “ojos de agua”. Y estos cambios tienen un impacto. Las vertientes que alimentan ojos de agua fueron redirigidas o cortadas y eso, a su vez, influye en la humedad y calidad del suelo circundante. El impacto era inevitable. Durante el 2º Congreso Internacional de Túneles, que se realizó en Cochabamba el 26 y 27 de octubre de 2017, y el 7º Congreso de túneles en Perú en 2018; se presentaron ponencias que llevaban como título: “Túneles profundos en rocas blandas. Experiencias bolivianas en túneles viales” y “Experiencias de excavación de túneles en rocas blandas. 44

Experiencias andinas”, respectivamente. En ambas ponencias, los geólogos Sergio Sánchez Rodríguez y Ero Vinicius Silva Espiña, de Geoconsult España Ingenieros Consultores, manifestaron los problemas que se tenían. Explicaron que se toparon con “materiales que son de calidad geomecánica baja a media, lo cual no se reflejaba en el proyecto con el que se licitó la obra”. Una forma que tienen los ingenieros para decir que se encontraron con un terreno diferente al que se había planificado. En esa misma presentación mostraron un cuadro de las diferencias del terreno cuando se proyectó, la ejecución, y la variación es significativa. De estas diferencias fue testigo Leonardo Céspedes, ahora capitán comunal de la zona. Como mucha gente del lugar, en aquel entonces él trabajó para “La Cartellone” inicialmente como ayudante y luego como monitor socioambiental.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

La toma de agua que construyó la empresa constructora apenas duró unos meses antes de secarse.

- Nos decían una cosa y hacían otra. Decían que no iba a pasar nada con la toma de agua y ni bien comenzaron, se secó la que estaba a la entrada del túnel. Para compensarnos hicieron otra que a los pocos meses se secó también. Decían que no iban a contaminar el agua, pero había días que salía agua sucia del grifo. Ya no podíamos decir nada porque ya se había firmado que estábamos de acuerdo y ya nos habían dado las compensaciones.

hagan mella en la vida de los pobladores de Muyupampa, mucho más en los últimos cuatro años que coincidieron con climas secos.

En el caso de Muyupampa las compensaciones según Céspedes, fueron básicamente la construcción del “Centro de capacitación y comercialización TCO itikaraparirenda”, con un costo aproximado de más de dos millones de bolivianos. La obra fue entregada el 28 de noviembre de 2017 y está abandonada desde entonces, así como la dotación de un tractor agrícola que está a cargo del mismo Leonardo Céspedes.

Reclama Celso, quien pertenece a una de las principales comunidades afectadas. Al respecto, el alcalde de Villa Vaca Guzmán, Félix Flores, reconoce que los reclamos de Juandela son reales:

Estas compensaciones no evitaron que en estos siete años, desde que comenzó la construcción del túnel, los impactos

- Desde julio hasta septiembre no había agua, apenas un poquito salía del grifo. Las quebradas estaban secas; las tomas de agua, secas. Grave sufrimos por ese túnel. El agua es un derecho fundamental y nos lo están quitando por ese túnel.

- Sí ha habido impacto ambiental de manera muy notoria. Sabemos muy bien que este cerro del Incahuasi tiene bastante agua y todas las instalaciones de diferentes comunidades son captadas del cerro.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Leonardo Céspedes, Mburubicha de Caraparirenda.

Hay una estructura -metal, concreto y piedrauna especie de kiosco abandonado, esa era la toma de agua que debía servirle al menos a 200 personas. Ahora esa gente bebe agua del riachuelo improvisado que corre dentro del túnel. Esa es, por ahora, su forma de abastecerse. Las cosechas sufren en demasía entre julio y septiembre, los animales deben compartir el agua del grifo con las familias porque las quebradas están secas. Cuando Leonardo se acerca a la boca del túnel muestra una culpa, que intenta ocultar con frases de resignación. De vez en cuando dice:

De acuerdo con los reportes del mismo alcalde, las comunidades con mayor afectación son: Tururumba, Caraparirenda, Ayango y la misma población del área urbana de Muyupampa. Frente a esto, dice que pretenden paliar estos impactos con una represa, un sistema de riego tecnificado y perforación de pozos con el apoyo de la cooperación japonesa. Porque si bien sufren los impactos, ven beneficios en la carretera. “Sabemos que hay impacto y la falta de agua puede ser un gran problema, pero los beneficios que trae la carretera van a balancear aquello”, dice Flores.

CLAMAR A LOS IYAS El 30 de diciembre de 2020, Leonardo Céspedes nos acompaña a la boca del túnel. El plan es llegar a la toma de agua que construyó la empresa contratista para suplir la que se había secado cuando comenzaron las excavaciones. Está en el mismo cerro, varios metros arriba. Uno debe guiarse por un sendero labrado por agua. El Mburubicha Leonardo dice que cuando eran niños venían a este cerro a buscar limas, a bañarse en el agua que caía del cerro, pero ahora todo está seco. 46

- Si habríamos sabido que esto iba a pasar, no dejábamos pues que se haga el túnel. El cerro es nuestra madre y mirá que nosotros mismos dejamos que la dejen así, desangrándose. Al que la indignación no le cabe en el cuerpo es a Celso Juandela, quien desde el inicio de la pandemia de COVID-19 está atrincherado en su casa. Para encontrarse con él es necesario recorrer 21 kilómetros, de los cuales 14 son por un caminito angosto en el que solo caben un automóvil pequeño y un perro a la vez. Luego hay que atravesar por 14 quebradas, tres portones que marcan el inicio y fin de una comunidad, y espantar a caballos o vacas que deciden que el camino es un buen lugar para que un animal de cientos de kilos duerma. Ahí, al final de ese camino, está la casa de Celso, sin señal telefónica ni electricidad.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

- Yo tanto les he dicho: el túnel va a arruinar los ojos de agua, se va a secar y no me creían. Ahora mirá, mucho arrepentido hay. Después de tomar agua sucia, que no haya ni agua para los animales, recién están diciendo: ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer algo, pedir que en el nuevo estudio tengan en cuenta estas cosas, alguien tiene que ver lo que está pasando.

Isapi y su hija, a la sombra de un algarrobo en la casa del abuelo.

Según el alcalde de Villa Vaca Guzmán, Félix Flores, y fuentes de la ABC que pidieron no ser identificadas, se espera el reinicio de las obras luego de un nuevo estudio que detalle los nuevos costos, aunque la última convocatoria referida a este tema data de marzo de 2020 y fue declarada desierta. Los pobladores de esta región tienen un túnel cuya construcción llevó cinco años y lleva casi tres años abandonado. En los últimos cuatro años, la falta de agua se comenzó a sentir sin tener a nadie a quien acudir y aparece la frase que se repite como un mantra de penitencia “Ya está hecho, qué vamos a hacer”. A quien no le cuadra esta frase es a Isapi. “no se puede quedar así. Es más que el agua, es nuestro monte, nuestras abuelas dicen que esto es por el desarrollo, pero, ¿a qué costo? ¿Realmente vale la pena?”. Sobre las propuestas para paliar el problema Celso dice: - El Iya (el dueño, el espíritu guardián) no se va a enojar solo con los que han firmado, o con los que han cavado.

Cuando se enoja se enoja, es con todos y eso es cosa seria. Nos dicen que van a traer agua por tubería, nos van a dar riego tecnificado, como si fuera lo mismo que el monte. Las quebradas, la humedad, la calidad de la tierra para sembrar nuestro maíz viene del agua del cerro. Cómo nos van a decir que es lo mismo. Cuando el dueño (Iya) se vaya, esto se va a quedar seco y ahí recién vamos a preguntarnos por qué no hemos hecho nada. La fuerza de este pedido radica precisamente ahí: en preservar el agua, que es monte, tierra, animales, plantas y comida. Preservar la cosmovisión y cultura guaraní; de tomar de la tierra solo lo necesario, porque -al fin y al cabo- pelear por agua es la forma en la que Celso, Isapi y Leonardo pueden contar y enseñar su historia. La forma que tienen de relacionarse con sus Iyas. Para que el dueño no se vaya...

*Esta crónica fue publicada en alianza con La Región

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Cerró Amboró, en el Parque Nacional y ANMI Amboró. Foto: Erika Bayá

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

PARQUES DE PAPEL: Presupuestos bajos, inseguridad laboral y equipos insuficientes, así es la realidad de las áreas protegidas RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Con presupuestos y recursos humanos insuficientes, guardaparques contratados de forma eventual, algunos desde hace más de veinte años, vehículos en mal estado, y retrasos en la provisión de combustibles y refrigerios, así está la situación de varias áreas protegidas de Bolivia, cuya realidad revela la debilidad de un sistema que está lejos de brindarles la debida protección. Por Erika Bayá

Por su variedad de ecosistemas y las riquezas únicas que posee, Bolivia es un país megadiverso. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el país alberga 66 de los 112 ecosistemas existentes en todo el mundo, cuenta con más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales, estos últimos suman un aproximado de 182.716,99 km² ocupando el 16,63% del territorio nacional. La importancia de su conservación está respaldada por un poderoso marco legal, que va desde la Constitución Política

del Estado hasta más de veinticinco leyes y decretos supremos. Sin embargo, en los hechos, la protección de estos espacios naturales parece no ser una prioridad para el Estado boliviano. Para una protección eficiente de las áreas protegidas se necesita básicamente dos cosas: un buen presupuesto económico y los recursos humanos suficientes que garanticen el bienestar de estos territorios de invaluable riqueza natural. Pero son precisamente

Guardaparques del Madidi realizando un patrullaje. Foto:Dirección del Parque Nacional y ANMI Madidi.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

éstas dos las falencias encontradas por este reportaje, que analizó la situación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, el Parque Nacional Carrasco, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el Parque Nacional y ANMI Amboró. Cuya preocupante situación puede verse reflejada en la mayoría de las 22 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

SERNAP, UNA DEBILITADA

INSTITUCIÓN

A finales de 2019, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), tuvo un déficit de 22 millones de bolivianos, una situación que puso en riesgo la continuidad laboral de 300 guardaparques contratados por esta institución. Esta situación fue bastante complicada, considerando las adversidades que ya debe sobrellevar un cuerpo de protección reducido que debe cuidar extensos territorios, en donde surgen grandes amenazas como la tala, caza y pesca ilegal, avasallamiento de tierras, narcotráfico, quemas, entre otros. “El 2020 nos vimos en la obligación de buscar los recursos que faltaban, tocamos varias puertas nacionales e internacionales y conseguimos el apoyo de la Unión Europea que salvó la gestión para mantener a todo el personal”, nos explicó Maikol Melgar, exdirector del SERNAP. Para la exautoridad la situación es crítica, porque el presupuesto de 80 millones de bolivianos que otorga el Tesoro General de la Nación (TGN) al SERNAP son insuficientes. Y considerando que son 22 áreas, esto apenas alcanza para cubrir los costos de salarios y una gestión bastante limitada.

voluntad política de fortalecer algo es a través del presupuesto. ‘’El Sernap maneja 10 millones de dólares y el Ministerio de la Presidencia 400 millones de dólares, cuando las funciones y atribuciones del Sernap son de mayor importancia e impacto que el ministerio. Aquí quedan claras las prioridades’’, manifestó la jurista. Y es que, para el cuerpo de protección, las cosas no son nada fáciles ya que la minoría tiene ítem o un contrato fijo, el grueso del personal es eventual, no cuenta con seguridad laboral ni vacaciones, ni acceso a un incremento salarial. Y algunos vienen trabajando bajo esta modalidad desde hace diez o veinte años. “Cuando quisimos corregir esta situación, llegó la pandemia por el Covid-19, hubo crisis gubernamental y todos los recursos se fueron para el área de la salud”, detalló Melgar. Para los guardaparques, es elemental que existan buenas condiciones de trabajo para cumplir su labor. Por ello, necesitan dotaciones oportunas de equipos, herramientas, contar con buena infraestructura en sus campamentos, vehículos y embarcaciones en buen estado y, que no les falte mantenimiento ni combustible. Ya que en el Día a día, su trabajo va desde el control, vigilancia y patrullajes, hasta reuniones con las comunidades, educación ambiental y sensibilización en las escuelas. Además de estar facultados para iniciar procesos administrativos sancionatorios a quienes cometan infracciones dentro de las áreas protegidas. Y también, cuando es necesario desarrollan actividades de apoyo en la búsqueda o salvamento de personas, combate de incendios, monitoreo de fauna y flora, y recepción de visitantes.

Por otra parte, la abogada ambientalista Paola Cortéz Martínez, indicó al programa radial La Voz de la Naturaleza, que la RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

PARQUE NACIONAL MADIDI Según un estudio realizado en 2017, esta área es una de las más ricas en biodiversidad del mundo, pero a pesar de ello, cuenta con un bajo presupuesto para su conservación y un reducido cuerpo de protección. Ya que de los aproximadamente dos millones de bolivianos que recibe al año, gasta 130.000 bolivianos mensuales en salarios para sus veintiséis guardaparques, dos jefes de protección, una administradora y el director. Adicionalmente, el área cuenta con un monto de 164.000 bolivianos anuales que ocupa en gastos operativos, inspecciones y patrullajes. Un monto de dinero que proviene de un fondo propio que se consiguió gracias a una subasta por el descubrimiento del mono Lucachi o Tití del Madidi (Plecturocebus aureipalatii), apoyada por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS Bolivia).

Para Madidi los ingresos por turismo son importantes, pero a causa de la pandemia, en la gestión 2020 tuvieron ingresos insuficientes. Esto obligó a que sus fondos de emergencia fueran utilizados para ayudar a algunas comunidades con un plan de contingencia contra el Covid-19. Esta área protegida cuenta con una superficie de 1.895.750 hectáreas por lo que necesitaría 600.000 bolivianos al mes, para garantizar una protección eficiente, lo que le permitiría contratar un número de guardaparques acorde a sus necesidades. “Hay un plan de protección que establece que el número adecuado para cuidar esta superficie es de sesenta guardaparques y solo tiene veintiséis”, detalló Jorge Luis Medina, exdirector del Madidi. Los 26 guardaparques deben desplegar su trabajo en los diferentes puestos de control, con la mitad de ellos destinados a la zona de San Buena Aventura, y la otra mitad a la zona de Apolo.

Guardaparques del Tipnis en labores de planificación. Foto:Romer Miserendino.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Del total del cuerpo de protección de Madidi solo seis tienen un contrato fijo con beneficios sociales, caja de salud, aguinaldo y subsidios. Veinte son eventuales y trabajan bajo esta modalidad por años, porque es su única fuente de ingresos económicos. “Es injusto, el Estado no nos da la debida importancia, ojalá que algún gobierno se dé cuenta de la importancia real de las áreas protegidas”, lamentó el exdirector del parque.

En Madidi el guardaparque más antiguo trabaja hace treinta años y el más nuevo hace ocho, una trayectoria que podría permitirles aspirar a ser directores, pero el mayor cargo al que pueden acceder es a jefe de protección, esto se debe a que el Reglamento General de Áreas Protegidas exige un profesional con título, con experiencia no menor a tres años en temas referidos al manejo de recursos naturales, administración y gestión de proyectos.

En los campamentos cercanos a las poblaciones, deben trabajar 24/6. Sin embargo, en las zonas alejadas como el Río Heat, frontera con Perú, o en Puina (zona de la cordillera), cubren turnos de tres meses. Esto debido a los costos y la distancia, ya que el viaje les demora tres días para ir y tres para retornar.

PARQUE NACIONAL CARRASCO

Y además de tener que lidiar con las presiones hacia las áreas, los guardaparques sienten la presión de las autoridades. “Por la naturaleza de nuestro trabajo necesitamos buenas condiciones. A veces en vez de sentir apoyo sentimos acoso laboral, injerencia política, que muchas veces diezma la voluntad y la motivación para poder desempeñarnos de manera adecuada”, dijo uno de ellos, que pidió mantener su nombre en reserva. El entrevistado acotó que la situación ideal para un guardaparque radica en la seguridad y estabilidad laboral, algo que no tienen y que piden en voz alta a las autoridades. Considerando que hay guardaparques pagados por el Tesoro General de la Nación (TGN) y muchos otros que están bajo un contrato eventual por más de quince años, algo que genera una situación de desigualdad interna. ‘’Lo ideal sería que todos podamos ser TGN, que el Estado asuma la responsabilidad laboral de todos los guardaparques del sistema nacional de áreas protegidas. La diferencia que existe actualmente, nos desmotiva. Necesitamos estar más protegidos, mejor pagados y sentirnos seguros.’’

Esta área de 691.771 hectáreas, que se encuentra al Este del departamento de Cochabamba, cuenta con un presupuesto de 1.8 millones de bolivianos, monto que el 2020 fue destinado a pagar los salarios de 17 guardaparques, un jefe de protección, un administrador y un director. También, alcanzó para cubrir algunos gastos operativos como el mantenimiento de vehículos, gasolina y para efectuar algunos proyectos de desarrollo y así minimizar las presiones. Pero ese monto no fue suficiente para gastos judiciales por avasallamientos, operativos conjuntos, ni gastos de emergencia. Tampoco cuentan con presupuesto alguno para enfrentar incendios forestales. De acuerdo a los guardaparques consultados, para mejorar esta situación, necesitan casi el doble de su presupuesto actual, por lo menos unos 2.5 millones de bolivianos. Esta falta de dinero ha obligado a la Dirección del área protegida a acercarse a la empresa que lleva adelante el proyecto hidroeléctrico Ivirizu. Una represa que se está construyendo dentro del área y ocasionará un alto impacto sobre la biodiversidad del parque Carrasco, como la deforestación de 500 hectáreas, entre otros impactos. El Carrasco también cuenta con un sitio turístico, las Cuevas de Guacharos, que también aporta con fondos extras, aunque

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

nada significativo en comparación a otros parques, y que, además, durante el 2020 no recibió ningún ingreso por la pandemia. Del total del cuerpo de protección, sólo tres guardaparques y el jefe de protección tienen contrato fijo, los otros 14 guardaparques están contratados de manera eventual. Una situación que cada año les causa incertidumbre, porque nadie sabe si retornará a su fuente laboral. Muchos trabajan bajo esta modalidad desde hace 20 años, pero otros se van, dejando un gran vacío para el manejo del parque, que pierde a su personal capacitado. El problema de tener solo 17 guardaparques radica en la falta de seguridad, en algunos campamentos trabaja uno solo. Esta situación les da ventajas a los avasalladores, cazadores y madereros que se entran por el río Ichilo. Además, hay campamentos sin ocupación, como el puesto de control Carahuasi (Poho), un área conflictiva que por falta de apoyo municipal no pueden ocupar desde 2002. “Deberíamos ser por lo menos 32 guardaparques para tener tres en cada campamento y así resguardar la integridad del área, del mismo cuerpo de protección y hacer frente a los conflictos, pero sabemos que no hay presupuesto”, nos dijo uno de ellos con resignación. Para poder actuar frente a las amenazas como los avasallamientos y cultivos ilegales de hoja de coca, los guardaparques deben sobrellevar los tiempos de la burocracia. Ya que a pesar de existir un convenio marco entre el SERNAP, el ejército y la policía, mientras no llegue una orden del Comando Nacional de La Paz, no se pueden hacer operativos, intervenciones ni detenciones. “Con poco personal, las áreas protegidas siempre estarán vulnerables, no podemos frenar conflictos de 100 o 200 personas, aunque estemos los 17 guardaparques juntos”, 54

le dijo a la Red Ambiental de Información uno de ellos.

TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE (TIPNIS) En sus 1.091.656 hectáreas, el TIPNIS alberga una alta diversidad de ecosistemas que desde tiempos inmemoriales han sido resguardados por los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán. Sin embargo, y a pesar de su importancia natural y cultural, su situación económica es quizás la más difícil en comparación a Madidi y Carrasco. Durante los cinco meses de gestión de Romer Miserendino, el exdirector, el presupuesto solo alcanzó para el pago de los salarios de los 17 guardaparques, el jefe de protección, la administradora y el director. Pero, no quedó ni un solo centavo para las actividades rutinarias de patrullaje e inspección. Y fue recién en noviembre de 2020 que pudieron acceder a un fondo donado por la Unión Europea. Un dinero que sirvió para combustible y mantenimiento de sus vehículos: siete motos, dos camionetas, tres motores fuera de borda y dos canoas de aluminio, que se encuentran deteriorados y necesitan ser renovados. Tomando en cuenta las numerosas presiones que enfrenta esta área, proveniente principalmente de la zona del Chapare, los mismos guardaparques donaban el dinero de sus refrigerios para poder patrullar, lo hacían de corazón, nos contó Miserendino. Y es que esta área sobrevive gracias al compromiso de ellos, que, pese a sus bajos salarios, le ponen el hombro al área, pagando su comida, arreglando sus motos y ahora pagando el crédito para sus teléfonos celulares. Actualmente tiene siete campamentos y en cada uno trabajan dos guardaparques, pero debido a las amenazas que existen, en dos

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

El Tipnis alberga una alta diversidad de ecosistemas. Foto: Romer Miserendino

campamentos trabajan tres. Para cubrir las necesidades de protección del área serían necesarios 28 guardaparques, distribuidos en 12 campamentos, porque ahora existe presión en lugares donde antes no había. De acuerdo con Miserendino, con un presupuesto de ocho millones de bolivianos, el TIPNIS podría garantizar la contratación de más guardaparques, refacción de los campamentos antiguos -que están carcomidos a causa de la humedad del bosque-, y la construcción de nuevos. Pero, sobre todo, este dinero aseguraría la adquisición de nuevos vehículos, motores, motos y lanchas. ‘’En estos 14 años se dejó todo a la deriva, fue triste escuchar las penurias que han pasado los guardaparques’’, se lamentó el exdirector. Considerando que muchos guardaparques trabajan en el área desde los años 90, tienen un gran conocimiento sobre la zona. “Su experiencia es muy importante porque en

el TIPNIS hay bastante presión por la zona del Chapare para crear nuevas comunidades, hay varias estableciéndose en zonas no permitidas”, explicó el exdirector.

PARQUE NACIONAL Y ANMI AMBORÓ “Somos agua, gente, biodiversidad, somos vida” es el eslogan de Amboró, un área cuya ubicación geográfica le otorga una belleza escénica extraordinaria y una enorme riqueza natural, pero al igual que las anteriores, sufre abandono. Hace quince años tenía 22 guardaparques, ahora su cuerpo de protección está reducido a tan solo 10, sin duda un número insuficiente para enfrentar las amenazas que sufre en sus 637.600 hectáreas. Pero además de sus pocos recursos humanos, tampoco tienen herramientas de trabajo en buenas condiciones. Cuando las dos camionetas están bien, no tienen gasolina y cuando

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

finalmente les llega el combustible, necesitan mantenimiento. El Parque Nacional tiene dos camionetas 4x4 y siete motos, de las cuales solo funcionan cuatro, por lo que muchos de los guardaparques se ven forzados a movilizarse a pie. Al igual que en otras áreas protegidas, el abandono por falta de personal y la falta de mantenimiento, ha ocasionado que se carcoma la madera y se caigan a pedazos cinco de sus campamentos. Como el de La Yunga de Mairana, en la zona sur del parque, y los campamentos de Ichilo, Moile, la Chonta y Saguayo, en la zona norte. En el caso de los campamentos de Mataracú y Macuñucú, estos se encuentran sin personal que los ocupe. Los guardianes del Amboró que han conocido los buenos tiempos del área, no anhelan a ser muchos más, solamente volver a la cantidad de antes. Y que cada campamento tenga por lo menos dos guardaparques. De los diez, solo la mitad está contratada con ítem, el resto es personal eventual. Y aunque a partir de los cinco años de servicio tienen derecho a un incremento salarial, hay muchos que ni siquiera trabajando más de 20 años ganan más de 5.000 bolivianos. El régimen de trabajo en Amboró es 21/7 y en algunos casos por salud o familiar 11/3. En esta área protegida el mayor de los guardaparques tiene 77 años y el más joven 31. Don Sabino Medellín, el mayor de ellos estaba jubilado, pero volvió como personal eventual por la gran experiencia y conocimiento que tiene de su zona, Comarapa. Al igual que los guardaparques de las otras áreas, en el Amboró no saben qué pasará con los contratos este 2021, tomando en cuenta la situación política y la inestabilidad que ha causado la pandemia.

Otra necesidad importante son las dotaciones de carpas, bolsas de dormir, linternas, camisas, poleras, mochilas, pantalones, botines caño largo, caño corto y sandalias. Estos materiales son indispensables para cumplir con su labor de protección, y antes les eran provistos dos veces al año, luego una vez, después les daban la mitad del equipo y ahora, nada. “En seis meses, con el trabajo de campo que realizamos, la ropa sufre mucho desgaste”, explicó uno de ellos, cuya identidad mantendremos en reserva. Actualmente el Parque funciona con dos millones de bolivianos anuales para todos sus gastos, sueldos y logística. Pero el cuerpo de protección considera que, para estar mejor, este monto debería duplicarse. Con ello podrían llevar a cabo la refacción, mantenimiento y construcción de campamentos, compra de medios de transporte y contratación de más guardaparques. El trabajo de proteger el Amboró es bastante exigente. En la zona norte los guardaparques no tienen acceso al campamento Ichilo, cuya zona ha sido tomada por el narcotráfico y donde tampoco tienen pisada ni policías, ni militares. Y en donde ni siquiera es posible montar operativos sorpresa. “Nos han amenazado con quemarnos el vehículo, tenemos mucho cuidado para tomar acciones allá”, explicaron. Otra de las amenazas en el Amboró son las mafias de los piratas de la madera, que están acabando con las maderas preciosas. “Ellos solo buscan Mara, Tajibo, Morado, Palo Amarillo, Ajunau, especies que se encuentran cada vez más adentro. Esta situación nos exige buscar nuevas rutas de patrullaje”, contaron.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

Riachuelo Macuñucú, en el Parque Nacional Amboró Foto:Eduardo Franco Berton

Pero a pesar de las dificultades que suceden entre medio de sus increíbles paisajes, los diez guardaparques del Amboró no pierden el entusiasmo y las esperanzas de que las cosas volverán a ser como hace quince años, cuando 22 de ellos estaban a cargo del resguardo del área protegida. Intentamos concertar una entrevista con el director del Sernap, Teodoro Mamani, para conocer el rumbo que tomará esta institución, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta. Desde que asumió su cargo, la autoridad encargada de salvaguardar a las áreas protegidas del país, realizó una serie

de despidos a directores, pero en las últimas semanas cuando empezó a despedir jefes de protección y guardaparques se generó una serie de reclamos de organizaciones, instituciones y agrupaciones ambientalistas de la sociedad civil. La presión y críticas de la opinión pública a los despidos de personal especializado, concluyó en una reunión entre la directiva del Sernap y la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac) el pasado 21 de enero, con la firma de un acuerdo de tres puntos. Pero aún persisten el descontento y desconfianza.

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

ANIMAL DEL DÍA

La paraba Azul o Jacinta (Anodorhynchus hyacinthinus) es la especie más grande entre las parabas y tiene uno de los picos más fuertes de la familia de las Psitácidas. Esto le permite abrir con facilidad los diferentes frutos de palma de los cuales se alimenta. Estudios recientes han demostrado que esta ave está ayudando a dispersar las semillas de 18 especies de plantas de Bolivia y Brasil. El 98 % de las semillas que dispersan, provienen de seis especies de palmeras. A nivel internacional, la paraba Azul está clasificada como Vulnerable (VU), de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Con una población estimada en 6.500 individuos, restringidos a los biomas del Pantanal, Cerrado y la Amazonía, en Bolivia y Brasil, y en el Pantanal de Paraguay. Te invitamos a seguir nuestra sección #AnimalDelDía en nuestras páginas en redes sociales, para que conozcas más novedades sobre la vida silvestre. Fotografía: Eduardo Franco Berton

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021

ESTA EDICIÓN ESPECIAL FUE POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE

RED AMBIENTAL DE INFORMACIÓN • JULIO DE 2021