UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CEN T RO DE ES TU D I OS SUP E RI ORE S DE MÉX IC O Y CEN T R OAM É RIC A
OBSERVATORIO DE LAS DEMOCRACIAS: SUR DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA Centro de Estudios Superiores sobre México y Centroamérica (CESMECA)
Pronunciamiento por el esclarecimiento de los hechos cometidos en Iguala, Guerrero, México El pasado 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, México, fueron agredidos de manera brutal los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El saldo de las víctimas reconocido hasta el mes de noviembre de 2014 era de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. Para el mes de diciembre del mismo año, con el apoyo de los estudios realizados por los expertos forenses de la Universidad de Medicina de Innsbruck, se reconocieron los restos incinerados de uno de ellos: el estudiante Alexander Mora Venancio, sin que esto compruebe que los 43 estudiantes hayan sido asesinados e incinerados en el sitio que señala la Procuraduría General de la República (PGR): el basurero de Cocula en el mismo estado de Guerrero. Según las autoridades mexicanas, la atroz agresión sufrida por los estudiantes normalistas fue cometida por la policía municipal de Iguala, con la complicidad de la policía federal y del grupo paramilitar Guerreros Unidos la noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre, inculpando a José Luis Abarca (ex presidente municipal de Iguala) y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa como “autores intelectuales”. No obstante, la postura por parte del gobierno federal mexicano y la PGR a lo largo de estos meses ha sido confusa y contradictoria, intentando atribuir la responsabilidad a la estructura del crimen organizado y definiéndolo como un caso aislado de colusión entre el narcotráfico y un gobierno local. La insistencia por parte de la PGR de cerrar el caso ha sido permanentemente rechazada por los familiares de los jóvenes, sus asesores legales, testigos y expertos involucrados en el caso, quienes han encontrado en las hipótesis oficiales del gobierno permanentes inconsistencias, debilidades y contradicciones que son impugnadas por averiguaciones con valor científico que involucran al Estado y el Ejército. En el marco de una política de marginación a la educación rural y popular, así como de una creciente escalada de violencia contra las movilizaciones estudiantiles, indígenas originarias, campesinas y populares, el gobierno mexicano ha optado por ejercer una política de persecución, contrainsurgencia y violencia que articula los tres niveles de gobierno con el crimen organizado. El pacto de impunidad de facto entre gobierno, ejército y narcotráfico ha creado y fomentado niveles dramáticos de corrupción así como de persecución extra-judicial en las esferas críticas estudiantiles de la sociedad que se manifiestan a favor de una Calle Bugambilia No. 30 Fracc. La Buena Esperanza C.P. 29243 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México Tel. (967) 678 69 21, 112 04 83 al 85 cesmeca@unicach.mx
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averiguación justa y expedita. Tal es el caso de las acciones ejercidas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (SEIDO) y de otras agencias policiacas que han actuado extra-judicialmente en la detención e intimidación ilegal contra estudiantes universitarios y activistas, así como en la infiltración y criminalización de las protestas pacíficas realizadas a lo largo de los últimos meses. A cuatro meses de los acontecimientos, no conocemos ni verdad ni hemos alcanzado justicia. No existe una respuesta contundente por parte del gobierno mexicano, sino una creciente burocratización que busca suspender de la investigación la categoría de ‘desaparición forzada’ y diluir la responsabilidad del Estado en su discurso de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según el informe que será presentado por los padres de los normalistas de Ayotzinapa ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, el próximo dos de febrero del año en curso, el gobierno mexicano ha mostrado una incapacidad e indiferencia ante el caso que se expresa en el hecho de que la PGR haya empezado a colaborar en el caso ocho días después de lo ocurrido; mientras que el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso once días después de la desaparición de los 43 jóvenes, y recibió a los padres de los estudiantes 34 días después de los hechos. Recientes investigaciones académicas y periodísticas han hecho evidente la participación articulada de autoridades y policías federales, estatales y municipales en los hechos criminales. La investigación publicada por la revista Proceso, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley -con base en testimonios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales- muestra que la Policía Federal participó activa y directamente en la agresión contra los estudiantes, sin que hasta ahora haya un juicio que responda a tales hechos. A ello se agregan las recientes hipótesis planteadas por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que podrían comprobar la vinculación del Ejército Mexicano en la cremación de los cuerpos. A pesar de que la Presidencia de México y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) negaron el hecho de que el Ejército cuente con instalaciones para la cremación de cuerpos, según las memorias anuales del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), la institución castrense cuenta dichos servicios y ha incrementado su uso desde el año 2006. Con estos hallazgos, las autoridades de gobierno están obligadas a esclarecer estos acontecimientos atroces que podrían comprobar que se trata de un crimen de Estado.
Sin justicia y respeto a los derechos fundamentales, no existe verdadera democracia: solidaridad con Ayotzinapa Como miembros del Observatorio de las democracias en México y Centroamérica, nos sumamos al dolor y a la indignación que sufren las familias de los compañeros normalistas desaparecidos y a las demandas legítimas de las sociedad mexicana, latinoamericana e internacional que exigen verdadera justicia y el esclarecimiento de los terrible hechos de Calle Bugambilia No. 30 Fracc. La Buena Esperanza C.P. 29243 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México Tel. (967) 678 69 21, 112 04 83 al 85 cesmeca@unicach.mx
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violencia señalados ya por muchos medios y actores de la sociedad civil como crimen de Estado. México atraviesa un momento histórico de crisis que contraviene la institucionalidad y credibilidad democrática en todas sus dimensiones fundamentales. Consideramos que la colusión sistémica de autoridades y crimen organizado así como la atrocidad y violencia con la que actúan las fuerzas públicas afectan la legitimidad de todos sus órdenes de gobierno, convirtiendo a varios órganos del Estado mexicano en reproductor de la delincuencia organizada. Exigimos el esclarecimiento de las acciones de violencia contra las manifestaciones legítimas de la sociedad civil así como la aplicación rigurosa de investigaciones que lleven a la aplicación de la justicia a los responsables de tales hechos de violencia bajo los delitos concretos de desaparición forzada y homicidio (si así fuera), sin importar la posición que ocupen en sistema de gobierno o la estructura militar del Estado mexicano. Demandamos que se preste inmediata atención al informe dirigido al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha sido preparado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, y el Miguel Agustín Pro, a fin de exigir al Estado mexicano que lleve a cabo las acciones necesarias para que reconozca la dimensión de la crisis que enfrenta el Estado en la materia y en consecuencia, cumpla con sus obligaciones respecto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Reivindicamos el respeto a los derechos humanos y a los procedimientos democráticos de organización que los familiares de las víctimas, activistas, intelectuales y movimientos sociales populares acuerden para demandar una pronta respuesta por parte del gobierno mexicano. Exigimos que no se cierre el “Caso Ayotzinapa”, nos sumamos a los que rechazan la versión oficial que la PGR. Exigimos que las autoridades gubernamentales (PGR, Presidencia de la República, Secretaría de Gobierno) comuniquen de forma transparente, continua y abierta a la deliberación, los resultados precisos que se obtengan de las investigaciones hechas por expertos nacionales y extranjeros. Consideramos que bajo este contexto de violencia e impunidad no existen condiciones que aseguren el Estado de derecho en el país, ni tampoco la seguridad ni la transparencia necesaria en los próximos procesos electorales, particularmente en las zonas afectadas por la sistemática violencia (Guerrero, Michoacán, Chiapas, etc.) Rechazamos toda acción que atente contra la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas.
Calle Bugambilia No. 30 Fracc. La Buena Esperanza C.P. 29243 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México Tel. (967) 678 69 21, 112 04 83 al 85 cesmeca@unicach.mx
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SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA: ¡EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA! 26 de enero de 2015 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
María del Carmen García Aguilar - CESMECA, México Pablo Uc - CESMECA, México Jesús Solís – CESMECA, México Xochitl Leyva Solano – CIESAS Sureste, México Daniel Villafuerte Solís - CESMECA, México Efraín E. Poot Capetillo – UADY, México Margarita Jiménez Badillo – UAGRO México Laura Álvarez Garro – Universidad de Costa Rica, Costa Rica Manuel Martínez Espinoza – CESMECA, México Karina De la Cruz – CESMECA, México
Alain Basail Rodríguez- CESMECA, México Mercedes Olivera Bustamante, CESMECA, México Leocadio Edgar Sulca Báez, CESMECA, México Perla Fragoso Lugo, CESMECA, México María Luisa de la Garza Chávez, CESMECA, México Calle Bugambilia No. 30 Fracc. La Buena Esperanza C.P. 29243 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México Tel. (967) 678 69 21, 112 04 83 al 85 cesmeca@unicach.mx
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Blanca Olivia Velázquez Torres, CESMECA, México Marin Roblero Morales, CESMECA, México Amaranta Cornejo Hernández, CESMECA, México Tere Garzón - CESMECA, México María José Pérez Sián - CESMECA, México Sandra Ruiz Llorente, CESMECA, México
Calle Bugambilia No. 30 Fracc. La Buena Esperanza C.P. 29243 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México Tel. (967) 678 69 21, 112 04 83 al 85 cesmeca@unicach.mx