Panorama Social de América Latina • 2015
Recuadro IV.1 Institucionalidad orientada a la población afrodescendiente en América Latina En los últimos años ha aumentado en la región la cantidad de instituciones encargadas de los derechos de la población afrodescendiente. Actualmente, más de una docena de países cuentan con alguna institución gubernamental dedicada a coordinar dichos asuntosa. Esta realidad es resultado del trabajo de incidencia realizado por los movimientos afrodescendientes, de manera conjunta con otras organizaciones de la sociedad civil, Gobiernos y organismos internacionales. La mayoría de las instituciones existentes se sustentan en leyes o decretos, cuentan con respaldo legal nacional e internacional y han surgido a partir del año 2000, con la intensificación del proceso de preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001 y, más tarde, para dar cumplimiento a compromisos asumidos en el período posterior a esa Conferencia. En este mismo sentido, se espera que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que se extiende entre 2015 y 2024, contribuya al fortalecimiento de marcos institucionales que promuevan la superación del racismo y la igualdad racial en la región. El conjunto de instituciones que coordinan los temas relacionados con la población afrodescendiente a nivel gubernamental es muy heterogéneo en la región, tanto en lo que se refiere a su carácter como a su naturaleza, atribuciones y capacidad de diseñar, coordinar o implementar políticas. Las comisiones intersectoriales son la figura institucional más frecuente, seguidas de consejos y secretarías. También toman la forma de institutos, comités, direcciones, comisionados, corporaciones, departamentos, oficinas de enlace y, en algunos casos, ministerios. La heterogeneidad de las instituciones también está marcada por la población a la que atienden. Algunas están dedicadas exclusivamente a los afrodescendientes, mientras que otras también se ocupan de otros grupos, como es el caso de la Secretaría para Asuntos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua. Un factor de gran relevancia para evaluar la efectividad de esas instituciones es su rango dentro del aparato estatal, que tiene una influencia significativa en los recursos humanos y financieros con que cuentan y en su capacidad de incidir efectivamente en la definición de las políticas públicas. A diferencia de las secretarías
y ministerios, figuras institucionales como las comisiones o consejos no siempre poseen esos recursos o esa capacidad. Por ejemplo, la Secretaría Especial de Políticas para Promover la Igualdad Racial (SEPPIR) del Brasil (que entre 2003 y 2015 tuvo rango ministerial) disponía de más de 100 funcionarios, mientras que la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Colombia cuenta con 33 funcionarios, y el Comisionado de la Presidencia de la República para asuntos relacionados con la Comunidad Afrocostarricense, creado en 2015, está formado por solo 3 personas. Destaca en la región la experiencia de la SEPPIR del Brasil, creada en 2003, que hasta mediados de 2015 desempeñó un papel importante de formulación e implementación de políticas y participación en instancias de coordinación interministerial en diversas áreas (salud, educación, trabajo, pobreza, violencia, juventud e infancia, entre otras). Además, desarrolló un diálogo relevante con la sociedad civil, en particular con las organizaciones de afrodescendientes, cuyas principales expresiones fueron el Consejo Nacional y las Conferencias Nacionales de Promoción de la Igualdad Racial. En octubre de 2015, en el contexto de una reforma ministerial, la SEPPIR pasó a integrar, conjuntamente con la Secretaría de Políticas para las Mujeres y la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de las Mujeres, de la Igualdad Racial y de los Derechos Humanos. Por último, es importante mencionar que actualmente existen en la región instituciones no solo de carácter nacional, sino también local. Por ejemplo, en el Brasil, el Sistema Nacional de Promoción de la Igualdad Racial (SINAPIR) contaba hasta mayo de 2015 con 303 organismos y consejos de promoción de la igualdad racial, distribuidos en todo el territorio nacional. Sigue pendiente la realización de un estudio más pormenorizado de los alcances y limitaciones de los organismos dedicados al combate del racismo y a la promoción de la igualdad racial en la región, con miras a su desarrollo y fortalecimiento. También es necesario profundizar en el análisis de las características y alcances de las políticas implementadas hasta ahora. Con excepción de algunos países, la escasa disponibilidad de información desagregada por condición étnica o racial en la región dificulta el seguimiento y la evaluación de las políticas y programas desarrollados desde una perspectiva de resultados e impacto.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). a Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
Recuadro IV.2 Avances en la institucionalidad orientada a las personas con discapacidad: el reto de acortar la distancia entre los principios de jure y su aplicación de facto las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En todos los países de la región hay instancias del Gobierno central cuyo objetivo es proteger los derechos de las personas con discapacidad. En la mayoría de los casos esas entidades son parte del Ministerio de Desarrollo Social, de haberlo, aunque en algunos países, como El Salvador, Guatemala y la República Dominicana, dependen directamente de la Presidencia de la República. En términos generales, su objetivo es proponer, ejecutar y evaluar la política pública de inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias en diferentes ámbitos, como la salud, la educación, la protección social, la inclusión laboral y la accesibilidad, en un sentido amplio. En muchos casos, también existen organismos públicos de ese tipo en los niveles locales. Capítulo IV
Las personas con discapacidad han estado cada vez más presentes tanto en las convenciones de los organismos internacionales como en las legislaciones nacionales. En el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas), 1983 (Núm. 159) de la OIT se establece explícitamente el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores con discapacidad y los trabajadores en general. En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de 1999, constituye un referente regional. En el Marco de Acción de Dakar sobre Educación para Todos se afirma que la educación es un derecho fundamental y una necesidad básica para todos los niños, jóvenes y adultos, incluidos aquellos con discapacidades (UNESCO, 2000). En diciembre de 2006, la Asamblea General de
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