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Esa modificación, que los juristas consideran que es un fraude de Ley, deja a más de 300.000 ciudadanos en situación de especial debilidad, sin el apoyo, ayuda y atención a la que tienen derecho por ley. Y todo ello a pesar de que la Ministra aseguró, en su comparecencia, que “tenemos que mantener, reforzar y mejorar, especialmente en estas épocas de crisis, el sistema de servicios sociales”.