2.11.3.- Aprobaremos una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante. Se incluirán atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia. 2.11.4.- Abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas. 2.11.5.- Regularemos de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y endureceremos las sanciones por su incumplimiento. 2.11.6.- Aprobaremos una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobaremos su Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada. 2.11.7.- Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público. 2.11.8.- Se iniciarán acciones para reforzar la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia. 2.11.9.- Integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial –organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales-.
2.12.- Justicia eficaz. 2.12.1.- Promoveremos un Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales. 2.12.2.- Modernizaremos el sistema de acceso a la carrera judicial. Para ello, nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes. 2.12.3.- Sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción. 2.12.4.- Modificaremos la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
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