Por auto del Tribunal Constitucional núm. 24/2017, de 14 de febrero, se declaró la nulidad de la Resolución. También se acordaba notificar personalmente el auto a la Presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General del Parlament, así como al Presidente e integrantes del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 306/XI en los apartados anulados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. Por último, deducía testimonio para remisión al Fiscal.
7.5.- La siguiente iniciativa se plasmó en la Resolución 807/X1, de 7 de septiembre de 2017, por la que se designaron los miembros de la Sindicatura Electoral. Dicha Resolución fue suspendida por providencia de la misma fecha del Tribunal Constitucional -notificada personalmente a los miembros del Gobierno, de la Mesa y de la Sindicatura-, en la que se imponían multas coercitivas a los designados. Posteriormente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2017 declaró nula la referida Resolución.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha inadmitido la demanda n° 70219/17 promovida por una de las personas a la que se impusieron las multas coercitivas por formar parte de esa administración electoral, en Decisión Aumatell i Arnau vs España de 11 de septiembre de 2018.
Finalmente, se solicitó la presentación de los resultados del referéndum ilegal el 4 de octubre de 2017, siendo dicho acto suspendido por auto del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2017. La Mesa se reunió ese mismo día. El Letrado Mayor y el Secretario General advirtieron por escrito de que ello suponía aplicar normas suspendidas por el Tribunal Constitucional. La Mesa acordó, con
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