Buscan criminalizar a indigentes

Un par de proyectos de ley destinados a criminalizar sentarse, acostarse o dormir en las aceras, puentes y áreas públicas y mendigar en ciertas áreas, las actividades comunes de las personas sin hogar, tuvieron sus primeras audiencias en el Senado estatal, aunque su camino para convertirse en ley sigue sin estar claro.

El proyecto de ley del Senado 1022, propuesto por el republicano John Kavanagh de Fountain Hills, prohibiría a cualquier persona vender bienes, solicitar donaciones o pedir limosna en los camellones y podría correr el riesgo de cometer un delito menor, pero en una tercera infracción tendría hasta seis meses en la cárcel.

Los oficiales podrían emitir una advertencia por la primera infracción y una infracción por la segunda.

Kavanagh argumenta el proyecto de ley es necesario para mejorar la seguridad pública, aunque su afirmación fue rebatida.

El Proyecto de Ley del Senado 1024 prohibiría a una persona acostarse, dormir o sentarse en una calle pública, carretera, acera u otro derecho de paso a menos que haya una emergencia médica o si es durante un evento especialmente permitido.

Kavanagh dijo que el lenguaje es similar a una ordenanza en Phoenix que prohibía el “dormir urbano”, sin embargo, se ha retrocedido en hacer cumplir esa ordenanza después de que un fallo del Tribunal del Noveno Distrito determinó que era inconstitucional que las ciudades multaran a las personas por acampar o dormir en áreas públicas, si hay menos camas de refugio que el número de personas actualmente sin vivienda.

“Las aceras son para caminar. Si está en una parada de autobús, use un banco de la parada de autobús, básicamente, se supone que no debe sentarse en la acera”, dijo Kavanagh sobre su proyecto de ley.

que la dejaría inoperable. sin combinación ni llave.

Cuando el arma no está asegurada, el propietario deberá mantener el arma de fuego y las municiones consigo o muy cerca.

Aquellos que violen la ley estarían sujetos a una sanción civil de al menos $1,000.

Bruce Petillo considera que la Ley de Christian es similar a las leyes sobre el cinturón de seguridad o la conducción en estado

Aquellos que guardan sus armas sin cuidado deben rendir cuentas por eso, dijo Bruce Petillo: “Lo que tienes en tu poder puede quitarte la vida en un instante, y eso conlleva una responsabilidad”, dijo.

Quiere que aquellos que se resisten a las medidas de control de armas sepan que esto le puede pasar a cualquiera. La violencia armada no era algo que los Petillo consideraran una preocupación para su hijo antes de que lo matara.

“Esto no es político, se trata de la vida humana. Si todos los dueños de armas fueran tan responsables como dicen que son, no estaríamos teniendo esta conversación”, dijo Bruce.

Cuatro voluntarias de Moms Demand Action fueron elegidas para la legislatura estatal este año: las representantes demócratas Jennifer Longdon, Nancy Gutiérrez y Laura Terech, junto con la senadora Christine Marsh.

Longdon, quien quedó paralizado en un tiroteo desde un vehículo en Phoenix hace 19 años, presentó una serie de proyectos de ley de control de armas que: Establecerían un proceso para la entrega de un permiso de armas ocultas después de una condena por delito grave o violencia doméstica; permitiría que un tribunal prohíba a un abusador doméstico tener un arma de fuego, si el tribunal otorga una orden de protección contra esa persona; exigiría un período de espera de tres días entre la compra y la recepción de un arma; exigiría que las ventas o transferencias de armas se realicen a través de un comerciante de armas con licencia; crearía un marco para presentar una orden de protección de “amenaza grave” cuando el acusado ha hecho amenazas de muerte y permitiría que se le quite un arma de fuego a esa persona; además aumentaría la edad legal para poseer o portar un arma de fuego de 18 a 21 años, con ciertas exenciones, incluso para la caza y para miembros de las fuerzas armadas.

El representante de Tucson, Raúl Grijalva, junto con otros 49 legisladores, envió una carta al presidente Biden describiendo las acciones que el gobierno debería tomar para abordar la creciente crisis de vivienda del país.

El congresista Raúl Grijalva de Tucson firmó una carta con otros 49 legisladores instando al presidente Joe Biden a tomar medidas contra el aumento de los alquileres en todo el país.

Grijalva dijo en un comunicado de prensa que aplaudió la implementación del programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler por parte de la administración Biden, pero también dijo que se necesita hacer más para evitar que las personas se vean obligadas a salir a la calle.

“En pocas palabras, el alquiler es demasiado alto y, como resultado, millones de personas en todo el país luchan por mantener una vivienda estable”, dice la carta.

El grupo de legisladores apuntó al aumento de precios corporativo como causa de las tarifas cada vez más inalcanzables.

“En un país donde el aumento de los costos de alquiler ha superado con creces el crecimiento de los salarios, está claro que estos costos elevados y los actos de especulación empresarial están exacerbando una crisis ya existente de inestabilidad y falta de asequibilidad de la vivienda”, escribieron los legisladores.

Ordenar a la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda que establezca protecciones para inquilinos, incluidas protecciones contra el aumento de precios y estándares de desalojo por causa justa, para quienes viven en lugares financiados con propiedades hipotecarias respaldadas por el gobierno.

“La administración debe ampliar su enfoque para abordar la inflación de los alquileres y el aumento desenfrenado de los precios corporativos que está obligando a las familias a abandonar sus hogares, por lo que pedimos estas acciones federales adicionales”, afirmó el congresista.

Un informe de la Coalición de Vivienda de Bajos Ingresos de 2022 encontró que un trabajador de salario mínimo en Arizona necesitaría trabajar 60 horas a la semana para pagar un apartamento de una habitación.

Un alquiler asequible para un trabajador con salario mínimo sería de $666 al mes, según el informe, pero según el sitio web de búsqueda de alquileres Zumper, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en Phoenix era de $1,289 al 13 de enero.

Los legisladores recomendaron que el gobierno federal tome las siguientes acciones:

-Instruir a la Comisión Federal de Comercio para que haga cumplir las acciones contra las prácticas de aumento de rentas

-Alentar a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor a investigar a los propietarios corporativos acusados de discriminación contra los inquilinos

-Alentar a los estados y ciudades a invertir en viviendas asequibles, ampliar los programas de asistencia para el alquiler y promulgar protecciones para los inquilinos.

-Activar los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para ayudar a las personas sin hogar a encontrar una vivienda permanente y proporcionar asistencia de alquiler para ayudar a otros a quedarse en casa

-El establecimiento de un Consejo Federal Interinstitucional sobre los Derechos de los Inquilinos