EDITORIAL
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ada vez son más los casos de personas con enfermedad renal crónica, trasplantadas, que son llamados a revisión de su grado de discapacidad que reciben una valoración inferior al 33% necesario para ser considerado persona con discapacidad. Solo una valoración igual o superior a este 33% da acceso a los beneficios que la Ley otorga a las personas con discapacidad. Este hecho es especialmente preocupante en personas jóvenes y en edad laboral, que después de unos años en diálisis se tienen que incorporar al mercado laboral. Tanto las personas con discapacidad, como los empresarios que los contratan tienen una serie de beneficios (menores cotizaciones sociales para los empresarios, reserva de plazas para personas con discapacidad tanto en la empresa privada, como en la administración pública, etc.), que posibilitan su integración laboral. En un colectivo donde las ausencias reiteradas al trabajo, debido a las continuas y periódicas visitas al servicio de Nefrología y a otros servicios complementarios y necesarios para la supervivencia del injerto, pueden dar lugar a despidos laborales, son necesarias medidas correctoras que nos garanticen las mismas oportunidades que al resto de los ciudadanos. No es razonable que un acuerdo administrativo, dictado por un órgano
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REVISTA ALCER Nº 184
técnico, condicionen un proyecto de vida; se precisa una solución política para que las personas con un trasplante de riñón tengan igualdad de oportunidades como el resto de la ciudadanía, fomentando su participación plena y efectiva en la vida social, laboral o de cualquier otro tipo. Es necesario que la adecuación del actual baremo del grado de discapacidad se adecue a la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud” (CIF-OMS/2001) y se apueste decididamente por el modelo social de la discapacidad que adopta la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto debería suponer ir más allá de la obtención de un Certificado con un porcentaje de limitación a la hora de ser reconocida legalmente como Persona con Discapacidad. De todo ello se trató en las Jornadas sobre la discapacidad y la enfermedad renal dirigidas a los profesionales de ALCER, que se celebraron en la Sede del IMSERSO los días 15 y 16 de marzo y que encontrareis información más detallada en el interior de la Revista. El próximo mes de mayo, la actual Junta Directiva acaba su mandato y es momento de hacer balance de su gestión. Han sido cuatro años de esfuerzos, con éxitos y fracasos, como no podía ser de otra forma, pero de todos ellos hemos ido aprendiendo para mejorar nuestra gestión.
Muchos han sido los programas y proyectos que hemos puesto en marcha en estos cuatro años, algunos de ellos ya concluidos, pero otros más estratégicos y pensados en el largo plazos aun por concluir. Es necesario tener un movimiento asociativo fuerte y cohesionado que de visibilidad a la enfermedad renal y apueste por la defensa de los derechos de las personas con enfermedad renal crónica, hay que seguir trabajando en ello pues hay muchas cosas que mejorar. Pero eso ya será la historia en los otros próximos años. Para la consecución de nuestros objetivos, hemos contado con el apoyo de nuestros aliados tradicionales: la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), Confederación Española de personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Fundación ONCE y con la industria farmacéutica, nuestros patrocinadores, que nos han apoyado respetando siempre nuestra autonomía.
A todos ellos MUCHAS GRACIAS por su confianza.
Jesús A. Molinuevo PRESIDENTE FEDERACIÓN NACIONAL ALCER