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EDITORIAL
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Alejandro Toledo Noguera Presidente Federación Nacional ALCER
E D I TO R I A L
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29/9/11
Nº 158 - 2011
l pasado mes de agosto se publicó el RD 9/2011 sobre la prescripción por principio activo en la sanidad pública. Esta legislación tiene un carácter eminentemente económico y como principal medida de austeridad propone generalizar la prescripción por principio activo. Es decir, a partir de ahora, los médicos deberán indicar preferentemente en sus recetas medicamentos genéricos. A partir de la prescripción médica, las oficinas de farmacia deberán dispensar la presentación del fármaco que tenga menor precio. Con ello además de los problemas generados en el paciente por los cambios de fabricante en la oficina de farmacia, añadimos que obligatoriamente debe ser el más barato. Ante la igualdad de precio, el farmacéutico ha de ofrecer el genérico, según lo establece la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos. Sin duda este último punto supone un atentado al derecho del paciente a elegir su tratamiento, aún más si tenemos en cuenta los problemas de bioequivalencia que se pueden dar entre medicamentos inmunosupresores genéricos. A igualdad de precio es el paciente el que debe elegir y no el farmacéutico, incluso a precios distintos se debería ofrecer al paciente la posibilidad de pagar la diferencia y elegir aquel que considere más oportuno. Según el texto aprobado, se aplicará una reducción del 15% a los medicamentos que carezcan de alternativa genérica. Eso sí, ese descuento se realizará una vez que la patente haya sobrepasado los 10 años para garantizar que el laboratorio fabricante pueda amortizar sus inversiones. El documento señala que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) trabajará en la adecuación del contenido de los envases de los medicamentos a la duración real de los tratamientos. En este sentido, también señala que, después de dispensar los fármacos, los farmacéuticos podrán facilitar sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten. Está claro que en momentos de crisis como estos, es necesario realizar esfuerzos que consigan un sistema de salud público sostenible, pero con unos mínimos de calidad y todo ello respetando el derecho de elección del pacientes recogido en la Ley de Autonomía del Paciente. Es evidente que se debe seguir trabajando en cuestiones tales como la bioequivalencia y la información a los ciudadanos y también a los profesionales. Esta legislación no hace, por el contrario, sino reforzar la capacidad de elección del paciente, especialmente del paciente crónico, para exigir aquel tratamiento que considere mejor para su salud. A todo esto tenemos que sumar la preocupación por los ajustes y distintos recortes en los tratamientos que recibimos, además de verse agravado por las desigualdades existentes entre las distintas Comunidades Autónomas y las que su puedan dar en el futuro. Unido a ello está la importante reducción de ingresos y subvenciones que ponen en peligro al movimiento asociativo de pacientes. Esta situación ha sido determinante para que aceptara la presidencia de la Alianza General de Pacientes (AGP). Ahora más que nunca es el momento para que esta gran familia que es ALCER esté unida. Espero y confío que con vuestra ayuda podamos consolidar los derechos asistenciales de todas y todos los pacientes renales de los que depende nuestra calidad de vida.
Alejandro Toledo Presidente