La prensa 040214

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Martes 4

de Febrero 2014

Cd. Reynosa, Tam.

El Valle de Texas DEA indaga por “lavado” a juez Precio de la gasolina del día Gasolina regular:

$ 2.95

Gasolina media:

$ 3.16

Gasolina Premium:

$ 3.27

Precios en dólares por galón.

Tras detectar en un banco de Texas una cuenta a su nombre y de su esposa, por un monto superior al millón y medio de dólares MÉXICO, D.F., 3

Programa de amnistía en Pharr Conductores morosos podrán pagar sus multas de tránsito por parte de la policía de Pharr sin cargos extras u orden de arresto PHARR.A partir de ya, durante todo el mes de febrero, los conductores morosos podrán pagar sus multas de tránsito por parte de la policía de Pharr sin cargos extras u orden de arresto, esto como parte del Programa de Amnistía. Dicha amnistía aplicará a todos los individuos que se presenten de

manera voluntaria para llegar a un acuerdo, a pagar su infracción. Es decir, que no tenga al momento a un oficial activamente buscándolo para su arresto. Esta amnistía sólo aplicará para las personas que se presenten en persona en la Corte Municipal de la ciudad de lunes a viernes de 8 am., a 8 pm., y en sábado de 9 am., a 1 pm.

L

AGENCIA / EL UNIVERSAL

a Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) investiga al juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras detectar en un banco de Texas una cuenta a su nombre y de su esposa, Claudia Zulema Alanís Treviño, por un monto superior al millón y medio de dólares; existen indicios de que los fondos, que han sido asegurados, fueron producto de actos de corrupción cometidos por el juzgador en beneficio de integrantes del crimen organizado. Esta información ya fue entregada a la Procuraduría General de la República (PGR), que tiene abierta una averiguación previa contra el mismo servidor público por sus posibles vínculos con el crimen organizado. Actualmente Jerezano Treviño sigue libre, pero fue

Luis Armando Jerezano Treviño, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde septiembre de 2011 por irregularidades en su actuación. suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde septiembre de 2011 por irregularidades en su actuación, y en enero pasado se le inició un procedimiento administrativo. El reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, número M3-110041, elaborado en enero de 2012 por agentes de la DEA —División Houston—, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, da cuenta de la investigación que se inició contra el juez y su cónyuge, por los cuantiosos depósitos que comenzaron a realizar desde el 20 de marzo de 2007 en el International Bank of Commerce (IBC BANK) de McAllen, Texas, que reportó a las autoridades las operaciones

inusuales de la pareja. El documento refiere que los agentes Jennifer Sánchez y Walter F. Linoski iniciaron la investigación de “lavado” de dinero internacional con base en la información recibida del banco IBC respecto a los depósitos de la cuenta 2510305026, a nombre de los mexicanos Claudia Zulema Alanís Treviño (ama de casa) y su esposo, el juez Luis Armando Jerezano Treviño. La institución crediticia sospechó que “la actividad no parecía tener fin lícito y podría relacionarse con lavado de dinero”. Boletas de depósito que forman parte de las evidencias en su contra indican que entre el 2 de octubre de 2007 y el 17 de

julio de 2008, la mujer realizó cuatro operaciones por un total de 108 mil 920 dólares. Cada depósito fue superior a los 10 mil dólares sin hacer la declaración de efectivo que se exige al entrar a Estados Unidos, aunque la mujer y su esposo —que cruzaron a EU por el puerto de Hidalgo— aseguraron que sí habían cumplido con el requisito, violando así las leyes de ese país. Aunque esta fue una irregularidad menor de las que detectó la DEA en su investigación sobre las operaciones financieras de Jerezano Treviño y su esposa, que declararon su residencia oficial en Guadalupe, Nuevo León.

Nuevas leyes protegen a inquilinos de Texas HOUSTON - Los texanos que vivan en una vivienda alquilada cuentan a partir del 1 de enero de 2014 con más protección de las leyes estatales. El año pasado, la Legislatura aprobó una nueva ley que atañe a los dueños de complejos de apartamentos en los que es el propietario el que paga de forma gene-

ral los servicios públicos, como la electricidad, de todos los apartamentos. Según la nueva ley, ese propietario deberá ahora notificar a los residentes que vivan en el complejos si la empresa de electricidad o gas emitió una advertencia de desconexión. Los dueños de apartamentos también deberán abstenerse de aprovechar

un desastre natural para ampliar el tiempo de un contrato de arrendamiento. Además, otra legislación agregó detalles a los tipos de delitos violentos contra los inquilinos que les permitan poner fin al contrato de arrendamiento sin ser penalizados.

Copia del contrato

Cuando la gente se con-

tacta conmigo para reportar problemas con sus arrendadores, regularmente les pregunto si saben lo que dice su contrato de arrendamiento. La mayor parte de las veces, la persona no sabe qué contestar, no lo ha leído o no tiene una copia de su contrato. Eso ya no tiene por qué ocurrir con tanta frecuencia. La ley 630 del Senado especifica que es deber del propietario de la vivienda proporcionar una copia completa del contrato de arrendamiento, “a más tardar en el tercer día hábil después de la firma del contrato por todas las partes interesadas”, a al menos uno de los inquilinos incluidos en el contrato. Hay disposiciones para que esos documentos sean proporcionados en papel o electrónicamente y por correo electrónico. La ley también prohíbe que se tomen represalias contra los inquilinos que traten de organizarse o contra los que establezcan o participen en una organización de arrendatarios.

Contra el acoso

El proyecto de ley sena-

torial 946 indica que los menores que sean víctimas de acoso, abuso, intento de agresión, indecencia o contacto sexual, puedan terminar el contrato de arrendamiento, a través de sus padres o tutores, si el acto ocurrió en los seis meses previos dentro de los predios del complejo residencial. Los padres tienen que vivir con el menor. Ya la ley incluía ese tipo de protección para las víctimas de agresión sexual. “Al facilitar que las víctimas escojan su seguridad por encima del impacto financiero de quebrantar un contrato de arrendamiento, esta legislación mantendrá seguras a las víctimas de violencia doméstica y les permitirá sentirse a gusto en sus casas”, expresa en un

comunicado la senadora estatal Jane Nelson. La legisladora, de la zona de Dallas, fue la autora de la legislación, también patrocinada en la Cámara de Representantes por Dwayne Bohac, de Houston. “Mi interés predominante como legislador, en términos de calidad de vida local, ha sido perseguir a los propietarios de tugurios o de complejos de apartamentos con problemas”, afirma Bohac. Sandy Rollins, directora ejecutiva del Sindicato de Inquilinos de Texas, con sede en Dallas, dice que le gustaría que se agregaran más ofensas a la lista. “Es amedrentador relajarte en lo que se supone sea tu casa y sufras robos y violencia”, afirma.


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