De machos y demócratas

“No marchen porque estarán defendiendo que el fentanilo esté en el cuerpo de nuestros jóvenes, que los pobres se queden más pobres y que las mujeres no gocen de una vida libre de violencia”. Cuando leí esta declaración y vi que se atribuía a Malú Micher, creí que se trataba de un error. Más tarde encontré el video y confirmé que la senadora sí mandó ese mensaje desde la tribuna de la Cámara Alta a quienes se manifestaron ayer en

HISTORIAS DE NEGOCIOS defensa del INE. Fueron miles de personas en decenas de ciudades las que salieron a las calles a protestar en contra del llamado plan B de la reforma electoral. Exigieron frenar la reestructura del INE que implicará el despido de más del 80 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, quitará al Instituto su autonomía presupuestal y vulnerará la adecuada ejecución de sus funciones. El temor es que exista caos en la elección del 2024, con las consecuencias que eso puede acarrear para la democracia. Los convocantes centraron el mensaje en el respaldo a la Suprema Corte de Justicia para que defienda la

Más irregularidades y empresarios favoritos en Dos Bocas

Constitución a pesar de las presiones desde Palacio Nacional. Defender el voto fue la principal consigna. El fentanilo no estaba en su radar. Mucho menos el impulsar con su movilización el que las mujeres sufran violencia. Este último punto preocupa porque Malú Micher encabezó el Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard y es actualmente presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado. Preocupa porque la misma persona que impulsó y celebró la aprobación de una reforma paritaria que permite a las mujeres participar en espacios políticos en condiciones de igualdad, plantea ahora que las mujeres que se manifestaron ayer lo hicieron a favor de quienes las maltratan.

Opini N

¿Solo puede defender a las mujeres quien comparte la visión de un gobierno? ¿Discrepar de la postura del ejecutivo en torno a la conformación del órgano electoral convierte a alguien en promotor de la violencia machista?

De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros once meses del año pasado fueron asesinadas en el país 3,450 mujeres; 858 de esos casos se clasificaron como feminicidios. En un país en el que todos los días ocurren delitos graves por razones de género, debe hablarse con mucha responsabilidad en torno a la protección de las mujeres. No se vale mezclar un tema así de delicado y doloroso con asuntos político-electorales.

Tenemos el reto inmenso de revertir la violencia intrafami-

los pobres?

Téllez, presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar información detallada a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, acerca de estas adjudicaciones a empresas con “notoria inexperiencia”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por un monto de mil 240 millones de pesos correspondientes a nueve adjudicaciones directas realizadas por Pemex en 2021 a empresas para la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco.

En este espacio dimos a conocer que el empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vázquez, a través de empresas fachada de reciente creación agrupadas en Manufactura Especial y Proyectos Industriales (MEPI), obtuvo parte de esos contratos de manera directa, pues su compañía principal, Construcciones Industriales Tapia (Citapia), está sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La sanción impuesta por la SFP fue por los vínculos de Tapia Vázquez con Emilio Lozoya y el escándalo de Odebrecht, y una investigación de la Fiscalía General de la República que data de 2017 por encontrarse tomas clandestinas de ductos de Pemex en instalaciones de su empresa en Hidalgo.

Las observaciones del Tercer Informe de la Cuenta Pública 2021 de la ASF a la refinería Dos Bocas establecen que no se realizaron estudios correspondientes para justificar los contratos, como evaluaciones de mercado, propuestas técnicas o económicas y también hubo omisiones en las cotizaciones para adjudicar directamente.

En esta columna se informó que ante la sanción a Citapia, y para seguir obteniendo contratos gubernamentales, se crearon nuevas empresas y se cambió el nombre a otras del cuestionado empresario hidalguense. Incluso el diputado federal del PAN, Héctor Saúl

En 2019 la filial de Pemex, PTI Infraestructura de Desarrollo, adjudicó el contrato PTI-ID-S-007/2019 para el paquete 6 de la Refinería de Dos Bocas por un monto de 78.4 millones de dólares a la empresa Mexicana de Recipientes a Presión, donde confluyen Tapia y sus socios Gilberto Tapia, Selene Martínez Abarca y Carlos Morín Montes.

Un año después, en 2020, Mexicana de Recipientes a Presión cambió de nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S. A. (Proesa), la cual tiene la mayoría de las acciones de Manufactura Especial y Proyectos Industriales.

La ASF confirmó que en las irregularidades detectadas a Pemex no existe evidencia de que se evaluaran las características en cuanto al precio, a la calidad, la oportunidad, al nivel de servicio, a la capacidad técnica y productiva, ni se garantizaron los principios de economía y transparencia.

Además, en los estados financieros separados de Pemex al cierre de 2021, la ASF identificó que la empresa productiva del Estado recibió aportaciones del Gobierno Federal por 316.3 mil millones de pesos, de los cuales 113.7 mil millones se destinaron a Dos Bocas, pero Pemex Transformación Industria no reveló en las notas que las aportaciones fueron para la construcción de la refinería.

“Por el bien de todos, primero los pobres”, es una magnífica consigna. Más aún en un país tan desigual como México. ¿Quién, por lo menos retóricamente, podría estar en contra? Es como cuando alguien postula “necesitamos educación de calidad para todos, salud universal y gratuita, vivienda digna”. Objetivos, sin duda, loables que pueden generar un consenso discursivo, pero para lograrlos se requieren algo más que buenas intenciones. Se necesitan políticas específicas fruto del conocimiento y acciones programadas y consistentes.

Todos los signos apuntan a que en las próximas semanas y meses México verá crecer su número de pobres. La caída de la economía más la reclusión por la pandemia ya están dando sus primeros resultados: la Secretaría del Trabajo informó de 347 mil empleos formales perdidos en una quincena, un poco más de todos los creados a lo largo de 2019. Y es apenas el inicio.

El Presidente insiste en mantener vivos (y si se puede ampliar) los programas de transferencias monetarias a jóvenes en capacitación para el trabajo, becas para estudiantes de educación media y superior, a los adultos mayores, discapacitados, damnificados, microcréditos y algunos más. Bien, pero todos esos programas son financiados con recursos públicos y el problema mayúsculo es que esos recursos dependen de la recaudación fiscal y se requiere que por lo menos ésta se mantenga en los niveles conocidos.

No obstante, lo más probable es que esos recursos disminuyan porque el conjunto de la economía se hará más pequeña. Las predicciones difieren, pero todas —absolutamente todas- señalan que el Producto Interno Bruto (consu- liar, de disminuir las agresiones digitales, de erradicar los ataques con ácido y de dotar de refugios a las mujeres víctimas. Quienes hoy viven amenazadas requieren de atención urgente. Lo último que necesitan es una sociedad dividida y polarizada. Los ciudadanos que acudieron a las plazas a expresar su preocupación por el debilitamiento de la democracia no tienen por qué ser insultados. Sugerir que promueven la violencia, que defienden a criminales o que impulsan el consumo de fentanilo es una ofensa. Si para ellos hay hoy descalificaciones por el solo hecho de manifestarse, quedará confirmada la postura autoritaria de quien no acepta la crítica y no está abierto a la discrepancia. mo privado, inversiones de las empresas, gastos del sector público y exportaciones netas) caerá como no lo hacía desde la crisis de 1994-1995 y algunos prevén que incluso será peor. Ello como resultado del cierre y la quiebra de empresas lo que implicará mayor desempleo y un sector informal creciente en número de participantes y reducido en cuanto a su valor.

Por ello no se puede dejar a su suerte a los millones de empresas y sus trabajadores que constituyen lo fundamental del universo productivo mexicano. Da la impresión que en el Ejecutivo no se valora lo que eso quiere decir. Flota un prejuicio anti empresarial que al parecer impide apreciar el aporte y la necesidad de unas y otros. En la página de Bancomext y la Secretaría de Hacienda se ilustra que existen un poco más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. El 97.6 por ciento son microempresas, que no tienen más de cinco trabajadores, pero en las que está ocupado el 75.4 por ciento de los trabajadores. Las empresas pequeñas, en porcentaje son el 2 y las medianas apenas el 0.4 por ciento de ese total. Ese universo la está pasando mal y en las próximas semanas lo pasará peor. Y si luego de la pandemia y el enclaustramiento semi obligatorio, resulta devastado, la vida económica y social del país tardará mucho en recuperarse. Leo una nota en la cual se alerta que 1.8 millones de pymes (creo que incluye a las micro empresas), que tienen menos de cinco años de existencia, son las que tienen más posibilidades de desaparecer (Reforma, 9-4-20). Por ello, el gobierno (el Estado mexicano) no puede ser omiso y voltear para otro lado. No puede apostar a que el mercado haga su trabajo (porque sin duda lo hará, desapareciendo a las más débiles y mandado a la calle a millones de trabajadores), porque en las circunstancias actuales, eso supondrá un retroceso de décadas y una crisis social de proporciones mayúsculas.