el Heraldo de Coatzacoalcos

públicos en las denuncias, en ninguno de los cuatro casos que llegaron a tribunales se investigó a algún funcionario de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) o de la Reforma Agraria. En el quinto caso, que corresponde al sector Salud, sólo se presentó una denuncia de hechos en contra de un doctor.

Para Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, esto ocurre porque en la mayoría de los casos denunciados por la ASF las autoridades se van en contra del involucrado más visible, pero dejan intacta la red de corrupción que permitió esos desvíos.

“No se ve el problema desde sus raíces y esa falta de estrategia y de visión sistémica de combate a la corrupción es lo que genera incentivos perversos para que sigan ocurriendo estos casos”, afirmó.

Además, los pocos resultados que ha logrado la fiscalía ante tribunales se debe a que realiza un trabajo deficiente porque su personal carece de capacidades de investigación y de profesionalización, señaló.

CASO 1.

En febrero de 2011, la ASF presentó siete denuncias ante la entonces PGR tras diversas irregularidades encontradas en el programa Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate) de Sagarpa, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2009.

Una de las denuncias fue porque la ASF encontró que UNPPecuarios, que había recibido 1.4 millones de pesos para realizar siete foros, encargó parte de éstos a otra asociación denominada Servicios Tecnológicos para el Desarrollo Rural (Seteder). Para comprobar la realización de los eventos, Seteder proporcionó a la ASF imágenes tomadas un año antes del evento y que fueron alteradas para aparentar la existencia de las lonas con la fecha programada para cada evento.

La Coalición de Ganaderos Unidos (Cogaun), otra de las beneficiadas por Sagarpa, también celebró un convenio con Seteder por 1.7 millones de pesos para realizar unos foros que tampoco se llevaron a cabo. Además, el presidente de Cogaun fue el mismo que llevó a cabo los trámites para constituir legalmente Seteder, por lo que se presumía la existencia de un autobeneficio.

En la causa penal 85/2014-I del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, se lee que personal de la ASF acudió a los domicilios donde supuestamente se realizaron los foros, pero en uno de ellos había un bar, en otros casos las calles no existían y tampoco había rastro de los auditorios donde se realizaron.

Al emitir la sentencia, el juez explicó que se advertía que los recursos fueron desviados para fines distintos a los que las organizaciones se comprometieron mediante los convenios de concertación.

CASO 4.

En una revisión que hizo la ASF a los fondos federales transferidos en 2011 para la operación del Seguro Popular en Sinaloa, se concluyó que los servicios de Salud de esa entidad no contaban con los controles suficientes para identificar los riesgos en la aplicación de los recursos.

Uno de los hallazgos fue que se pagaron los sueldos de dos trabajadores como médicos especialistas cuando sólo habían acreditado ser médicos generales. Además, uno de ellos presentó cédula de especialidad a nombre de otra persona.

En 2013, la ASF presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de uno de los médicos que fue consignada ante el Juzgado 5 de Distrito en Sinaloa. En la causa penal 14/2016 se lee que la ASF revisó 98 expedientes laborales, donde encontró que un médico del Hospital Integral Sinaloa de Leyva no tenía documentos que demostraran su especialidad en ginecología y obstetricia.

Para ocupar ese puesto usó una cédula profesional de otra persona que luego se descubrió que era falsa, por lo que desempeñó funciones en una plaza en la que no acreditaba el perfil. El 31 de julio de 2018 el juez le impuso una pena de tres años por el delito de fraude y de un año por usurpación de profesión, pero el médico se inconformó y logró librarse del segundo delito.

Finalmente, el juez absolvió a dos de los involucrados, pero condenó a dos años de prisión al tesorero de UNP-Pecuarios y al presidente de Cogaun por peculado.

CASO 2.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2010, la ASF volvió a practicar una auditoría al Programa Organízate de Sagarpa y encontró que los beneficiados orquestaron nuevamente una “maquinación deliberada” para desviar recursos que les habían otorgado.

Se encontró que para comprobar la aplicación de los fondos federales realizaron actos jurídicos simulados, pagaron proveedores inexistentes y presentaron documentación irregular como facturas apócrifas.

Tras los hallazgos, la Dirección Jurídica de la ASF presentó 30 denuncias, pero hasta finales del año pasado sólo dos de ellas (120/2015 y 10/2015-IX) habían culminado en una sentencia mixta.

En la denuncia que prosperó se lee que la asociación civil Juntos por Jalisco presentó una factura en la que alteró la fecha, el concepto y el importe para comprobar los recursos que Sagarpa les había otorgado para realizar un congreso. Además, esa misma factura también la presentó ante la Reforma Agraria para comprobar dinero recibido de otro programa.

Tras la denuncia presentada por la ASF el 3 de mayo de 2012, se inició una averiguación previa en contra del presidente, secretario, tesorera, comisiona- do de vigilancia y expresidenta de la asociación.

Seis años después, en mayo de 2018, el juez resolvió que los cuatro primeros sí habían cometido peculado y les impuso una pena de dos años de prisión, mientras que la expresidenta fue absuelta de fraude, según se lee en la causa penal. Tras la resolución, la ASF se inconformó y en una segunda instancia logró que un tribunal le impusiera una pena de tres años de cárcel a la exdirectora de la organización.

CASO 3.

El 14 de marzo de 2012 la ASF presentó 11 denuncias tras las irregularidades detectadas en 2010 al programa de Fomento al Desarrollo Agrario que apoya a organizaciones con eventos de capacitación, estudios y proyectos productivos en las regiones más marginadas.

La ASF encontró que los proveedores contratados por las organizaciones beneficiadas por la Secretaría de la Reforma Agraria no expidieron las facturas que amparaban la comprobación de los recursos y detectaron documentación falsificada.

En marzo de 2012 la fiscalía inició una averiguación previa consignada en noviembre bajo la causa penal 98/2012, y en diciembre se libró orden de aprehensión contra el presidente de una de las asociaciones.

En la denuncia hecha por la ASF se lee que el cheque por un millón de pesos que recibió la organización para realizar un evento de fomento organizacional fue depositado en una cuenta que “alguien” abrió ese mismo día e inmediatamente se realizaron dos retiros.