Encinas: un referente de lo que no fue la 4T

MAITE AZUELA

¿Recuerda usted cuando se hablaba de las posibilidades de transformación que podría generar en materia de derechos humanos el nuevo gobierno? La idiosincrasia de la sociedad en 2018 respecto a lo que significaba materializar compromisos de atención y reparación a víctimas, búsqueda, generación de verdad y memoria no se agotaba solamente en las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, sino que había entre su gabinete legal y ampliado algunos líderes políticos y sociales que avivaban, ya sea por congruencia o trayectoria la esperanza de que las cosas serían radicalmente diferentes. Uno de esos personajes era Alejandro Encinas Rodríguez. Un político del tamaño de su jefe, que no necesitaba pedirle permiso a Olga Sánchez Cordero para hablar con él; no precisamente por saltarse la investidura de la entonces secretaria de Gobernación, sino porque su trayectoria como amigo y compañero de Andrés Manuel le daban la legitimidad para hacerlo. Tan es así, que la operación y materialización del primer acto de gobierno del presidente –la firma del compromiso de resolver el caso Ayotzinapa– así como toda la política de derechos humanos se le encargó directamente a Encinas, sin intermediarios.

Por eso el espionaje del cual fue víctima es sumamente grave, no sólo porque las fuerzas armadas incurran en el delito de espiar a un funcionario público de ese nivel, sino por la débil reacción que el presidente mostró, en la mañanera del pasado martes, ante el hecho: “Le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”.

En varios momentos del sexenio parecía que Alejandro Encinas tenía margen de maniobra en lo que respecta a la política de derechos humanos, por ejemplo, en la creación de la Comisión de Amnistía, la política del Registro Nacional de Población y el funcionamiento (es un decir) del Mecanismo de Protección a Periodistas. Pero con la respuesta del presidente sobre el espionaje de las fuerzas armadas de quien él es el Jefe Supremo, queda en evidencia que las decisiones se han tomado en Palacio Nacional tienen una sola prioridad: cuidar la imagen del Ejército. Por eso, ni en el caso Ayotzinapa, ni en la política de derechos humanos se han invertido recursos y estrategias serias para dar con la verdad. No conocemos de forma exacta la conversación entre Encinas y López Obrador, pero si el presidente respondió minimizando públicamente la intromisión del Ejército en la vida privada del subsecretario es porque la aprueba. Entonces no resulta descabellado entender que las conversaciones sobre la participación del Ejército en Iguala, sobre las ejecuciones en Nuevo Laredo, sobre el propio espionaje a personas defensoras y periodistas, o sobre las consecuencias de la militarización en el respeto a los derechos humanos a estas alturas sean un asunto menor para el Presidente.

Encinas podría ser una víctima en todo este entuerto, pero sus decisiones también lo evidencian, no son tropezones de improvisación. Más parecen acciones de cumplimiento a una instrucción: como irle a ofrecer impunidad a Tomás Zerón hasta Israel, reconocer que las evidencias del Informe del caso presentado en septiembre pasado estaban invalidadas, su silencio frente a la cancelación de órdenes de aprehensión de decenas de militares o la poca incidencia para detener la militarización en la política migratoria. Todo, para no tocar a los intocables. Sumado a la postura casi testimonial que tiene hoy; si antes no necesitaba ni informar a Olga Sánchez Cordero para ver al presidente, ahora no puede ni acordar con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, lo que anteriormente era una demostración de poder de decisión en posiciones estratégicas. Sin irnos más lejos, ni siquiera fue señalado como responsable de lo sucedido con los migrantes en Ciudad Juárez, simplemente porque nadie se acordó que él es subsecretario de Migración y Derechos Humanos.

Con la impunidad cantada al espionaje de un funcionario de alto nivel queda reafirmada la impunidad en los casos donde está involucrado el Ejército mexicano. Porque si el caso del funcionario que se encuentra en el escalón más alto no es atajado, los escalones inferiores tampoco se pueden barrer; siguiendo las propias palabras del presidente de que las escaleras se barren de arriba para abajo.

La esperanza que en 2018 tenían las víctimas de violaciones de derechos humanos y las organizaciones que se dedican al tema ha quedado sepultada con un subsecretario de Derechos Humanos que ha pasado a formar parte de esas víctimas no escuchadas y silenciadas. Ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha pronunciado sobre la violación a derechos humanos de la que ahora él mismo es víctima. ¿Qué lo motiva a permanecer ahí? ¿Hasta dónde alcanza la unidad de medida de su dignidad para presentar una renuncia?

Lo que representa su caso es suficiente para resquebrajar cualquier argumento de que en materia de derechos humanos con “ellos” vendrían tiempos mejores.

SALVADOR GARCÍA

Las fuertes luchas internas en el panismo, que son parte de su historia, pero se recrudecieron en los dos sexenios en que gobernaron al país, están volviendo a subir de intensidad, conforme se acerca la sucesión presidencial. Las aspiraciones de los panistas que buscan la candidatura presidencial de ese partido han comenzado a tensar el ambiente, a partir de un planteamiento del dirigente nacional, Marko Cortés, que propuso un filtro para depurar la lista de precandidatos blanquiazules al 2024: que quien quiera ser abanderado presidencial del PAN y de la alianza Va por México, primero junte 1 millón de firmas del padrón electoral nacional, que demuestre un nivel de conocimiento nacional de al menos 40%, además de tener como mínimo un 15% de intención de voto en encuestas.

Aunque los filtros propues- tos por Marko al Consejo Nacional del PAN, aún no son aprobados ni definidos en su totalidad, ya desataron fuertes reacciones al interior de su partido y también entre los aliados del PRI y el PRD. La primera en reaccionar de manera adversa a lo que parece una estrategia selectiva y discriminatoria contra los que no son parte de las estructuras partidistas, fue la senadora Lilly Téllez, quien calificó de una “aduana” los requisitos que pretende pedirle el PAN a sus aspirantes presidenciales, con la que se busca favorecer al diputado Santiago Creel, a quien acusó de estar detrás de la idea de esos requisitos.

“Esta aduana tiene nombre. Santiago Creel: ¿es justo que compitas y diseñes al mismo tiempo el método? Apelo a tu talante democrático: compitamos con piso parejo”, acusó la senadora en sus redes sociales. Y luego remató con una pregunta al presidente de la Cámara de Diputados: “Recopilar 1 millón de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos. ¿Pues quién te financia Santiago Creel?”.

El enfrentamiento que comenzó en las redes sociales siguió después en el programa de Víctor Trujillo en el portal Latinus, donde ambos personajes fueron invitados para hablar de su pugna por ver quién de los dos es el mejor posicionado en las encuestas. Lo que pretendía ser un debate, se convirtió en un monólogo en el que Lilly Téllez tundió a Creel sin permitirle contestar e interrumpiéndolo mientras él trataba de defenderse. La senadora le dijo que ella trae “el liderazgo a flor de piel” y que sus 30 años de periodista le han permitido estar más cerca de la gente y conocer sus necesidades, mientras que describió al diputado como “lejos y desconectado de los sentimientos de la ciudadanía”.

Luego Téllez reprochó a Creel que él siempre fue electo por la vía plurinominal para ocupar cargos como senador y diputado, mientras que ella sí ha ganado por votos de los ciudadanos. “Tú siempre has sido plurinominal y yo sí gané mi elección. Se necesita ahorita a alguien que pueda, frente a López Obrador, realmente ganar”, dijo la senadora. “No en [el] Congreso Constituyente no lo fui”, respondió Santiago en medio de interrupciones, para luego ser recriminado por haber perdido ante López Obrador en el 2000 el gobierno del entonces DF, aun cuando estaba “bajo el paraguas de Fox”.

El choque entre Lilly Téllez y Santiago Creel, hasta ahora desigual porque el diputado ha sido demasiado cauto al responderle, es el primer síntoma de la tormenta que se puede desatar al interior del PAN por la propuesta de Marko Cortés que pareciera estar pensada justo para frenar a la senadora periodista y favorecer a quien tiene mayor ascendencia y control sobre la estructura partidista del PAN. De entrada, a muchos panistas les disgustó la forma en que Lilly se lanzó en contra de Creel, a quien consideran “un símbolo dentro del PAN” y consideraron que la senadora “se excedió en la violencia verbal y no ayuda a la unidad del panismo”.

Otros aspirantes panistas también cuestionaron la idea de ponerles tantos filtros y exigirles niveles de conocimiento e intención del voto. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, por ejemplo, aunque públicamente nos dijo en una entrevista radiofónica que apoyaba la propuesta de Marko Cortés y que se necesitaba garantizar que quienes aspiren a la candidatura panista tengan “la fuerza popular para ser candidatos”, en corto ha dicho a sus cercanos que la ve también como un requisito demasiado extremo que inhibe y frena la participación de los aspirantes. De hecho, Vila se reunió hace unos días con Santiago Creel en la Ciudad de México, a quien le habría ofrecido su apoyo si él decide que no contenderá por la candidatura presidencial panista. Aunque Marko Cortés ha negado en entrevistas que los filtros que propuso al Consejo Nacional de su partido lleven dedicatoria para Lilly y ha afirmado que fue él mismo quien alentó e invitó a la senadora a que participara como aspirante a la Presidencia desde hace más de un año, la realidad es que para la cúpula del PAN, Téllez se ha convertido en un problema que no saben cómo van a resolver pues, además de la popularidad que tiene por su paso por la televisión, la sonorense trae un fuerte financiamiento económico de parte de quien fuera su jefe durante muchos años, y está siendo asesorada por un viejo lobo panista como es Roberto Gil Zuarth, el exsenador y exsecretario particular de Felipe Calderón.