Leyva secuestró a en una ocasión

El actual Gobierno de México, también acusa a García Luna de desviar más de 200 millones de dólares del erario

Hacia Empresas Familiares

Eran tantas las cajas, “que no cabían en la camioneta que traían y se llevaron una suburbana que traíamos nosotros”, explicó el testigo, expolicía federal.

Los pagos, procedentes de una “polla (recaudación) del Cártel de

Sinaloa y después de su ruptura solo de Arturo (Beltrán Leyva)” tenían una “frecuencia mensual” y se fueron “incrementando conforme creció el cártel y (...) las ganancias eran mayores”, precisó el testigo.

Durante su testimonio, que arran- có este lunes, “El Grande” también acusó García Luna y al Gobierno mexicano en general de corrupción y subrayó que durante años, el exsecretario de Seguridad Pública recibió pagos mensuales por parte del Cártel de Sinaola a cambio de información, ayudarle a luchar contra facciones rivales y nombrar y destituir mandos de seguridad en todo el país.

“En México todo es posible, la corrupción es muy grande”, dijo este martes “El Grande” a preguntas de la fiscal Erin Reid.

Durante su alegato inicial, la defensa ya dejó entrever que su principal argumento es que la Fiscalía no posee ninguna “prueba” objetiva contra su cliente, como documentos, grabaciones o fotografías, y que el caso se basa en “rumores” y “especulaciones de asesinos, secues- tradores y traficantes de droga”, que únicamente buscan vengarse de quien fuera el máximo responsable de combatir el narcotráfico.

LLAMAN A NUEVO TESTIGO

Según el reportero Ángel Hernández, quien cubren las audiencias para Milenio, el narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, mejor conocido como “El Futbolista”, también testificará contra García Luna en el juicio que enfrenta por narcotráfico en Nueva York, Estados Unidos.

Los fiscales en EU planean que “El Futbolista” demuestre que García Luna formó parte de un esquema de corrupción que facilitó a los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva traficar cocaína colombiana desde México hacia EU.

Martínez Sánchez fue detenido por la Policía Federal de México el 2 de febrero de 2014 en León, en el estado de Guanajuato, por sus presuntos vínculos con los cárteles de Amado Carrillo Fuentes y de los hermanos Beltrán Leyva, así como otros grupos colombianos. Fue extraditado a finales de 2015 a Estados Unidos, año desde el cual permanece encarcelado.

El “Futbolista” Martínez, distribuidor de cocaína en Estados Unidos de cárteles de la droga de México, también fue testigo clave en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’ en 2019.

NO HAY PRUEBAS CONTRA GARCÍA LUNA, DICE SU ABOGADO

Para la defensa de García Luna todo el caso se basa en “cimientos inestables” y se ha construido con los testimonios de las “víctimas de la guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón que quieren “matar dos pájaros de un tiro: reducir su condena y vengarse de la persona que más odian los narcotraficantes” mexicanos. No en vano lo consideran el “rostro de la guerra”.

Según el abogado César de Castro, no hay “dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas” que sustenten estas acusaciones.

La defensa recordó las felicitaciones y premios del Gobierno estadounidense por los “esfuerzos” para combatir los cárteles de la droga mexicanos y su “estrecha relación” con las fuerzas de seguridad estadounidenses.

El acusado se llegó a reunir con el entonces presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton, entre otros funcionarios estadounidenses.

García Luna está acusado de cinco cargos, entre ellos, participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018, país donde vivía desde que dejó el Gobierno mexicano en 2012.

Detenido en Dallas en diciembre de 2019, García Luna se instaló en Estados Unidos cuando salió del Gobierno mexicano en 2012. Seis años más tarde, solicitó la ciudadanía estadounidense.

El actual Gobierno de México, que ha pedido su extradición a Estados Unidos, también acusa a García Luna de desviar más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas familiares.