Exigen castigo en Paraíso

El legislador Gaspar Quintal llama a frenar no sólo la devastación sino también un negocio que, según las tarifas de venta de la Inmobiliaria Paraíso Sisal S.A. de C.V., tiene un valor mínimo de comercialización

El diputado local Gaspar Quintal Parra señaló que existió un contubernio entre las autoridades federales y estatales con la inmobiliaria Paraíso Sisal para permitirle su desarrollo inmobiliario, que afecta a la Reserva Estatal El Palmar. Por ello, pidió a los funcionarios actuales investigar de oficio, dar con los responsables y castigarlos conforme a la Ley.

Exigió, asimismo, frenar no sólo la devastación del medio ambiente sino también un negocio que, de acuerdo con las tarifas de venta de la Inmobiliaria Paraíso Sisal S.A. de C.V., tiene un valor mínimo de comercialización de tres mil 800 millones de pesos.

El líder de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional aseguró que el Decreto 293, firmado en 2010 por la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, mediante el cual se modifican las coordenadas para sacar Paraíso Sisal de una zona estatal protegida “es a todas luces una justificación o darle vuelta a la Ley, para poder satisfacer los intereses personales y financieros de un grupo”.

“Esos predios tienen un valor inmensamente alto, con una alta plusvalía, y lo que hay detrás, más allá de un daño ecológico, es un fraude y enorme negocio en el cual están involucrados las entonces autoridades estatales, los exfuncionarios que firmaron ese decreto, los secretarios General de Gobierno, Víctor Manuel Sánchez Álvarez, y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Adolfo Batllori Sampedro”, dijo.

“Igual están involucrados los particulares que fueron benefi- ciados, los hermanos Daniel y Víctor Campos Agüero y Fernando Eugenio e Isabel Barbachano Herrero. También el responsable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que autorizó el desarrollo habitacional, Hernán José Cárdenas López”, agregó.

Quintal Parra indicó que, sería muy ingenuo pensar que detrás de todo lo denunciado públicamente por POR ESTO!, no hay solo un ecocidio sino también un enorme negocio, por lo que pidió aplicar la ley, perseguir ese delito y sancionar a los responsables para frenar lo que está sucediendo actualmente y lo que anteriormente fue autorizado para permitir la “invasión” a una zona protegida donde actualmente se desarrolla un proyecto inmobiliario de elevado valor comercial.

Afirmó que el castigo a los responsables de este caso marcaría un enorme precedente, “porque no es la primera vez que se denuncia el despojo de tierras frente al mar para construcción de mansiones que contrastan con la enorme pobreza que viven las familias del litoral yucateco”.

El legislador local afirmó que el caso documentado a detalle en PORESTO! “es parte de la burbuja inmobiliaria que se vive en Yucatán, pero más que nada es un enorme fraude que se ha hecho al amparo de las autoridades y que ahora que ya fue denunciado también requiere atención de las actuales administraciones federal y estatal, para que no se conviertan en cómplices al no intervenir”.

Negocio millonario

El contubernio que señala el diputado priistas entre las autoridades federales y estatales con Paraíso Sisal ha dejado una ganancia de cuando menos mil 210 millones de pesos a los fraccionadores.

De acuerdo con información de la Inmobiliaria El Palmar de Sisal S.A. de C.V., hasta ahora ya se han vendido 2 mil doscientos metros lineales de playa, que tienen un valor mínimo de 550 mil pesos el metro.

Una cotización, firmada por Walter Méndez Agüero, representante de la Inmobiliaria El Palmar de Sisal S.A. de C.V., señala los precios de venta de los predios de las etapas uno, dos y tres del desarrollo Paraíso Sisal.

Según se informa, el pasado 27 de enero, la inmobiliaria estableció un nuevo precio por metro lineal de playa: es de 550 mil pesos, siempre y cuando el pago sea a contado o a 12 meses; sin embargo, si el lapso de pago es mayor, de hasta 24 metros, el costo del metro lineal del terreno es de 635 mil 800 pesos.

La empresa pide un enganche por el 50 por ciento del costo total, con una reserva de 50 mil pesos por lote, con carácter reembolsable.