Yihadistas reivindican atentado

Grupo EI anuncia autoría del crimen en Pakistán que dejó 54 muertos, entre ellos 23 niños

KHAR.- El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó ayer el atentado suicida que tuvo lugar la víspera contra un mitin político en el Noroeste de Pakistán, con saldo de 54 muertos, entre ellos 23 niños, a unos meses de las próximas elecciones.

El ataque, que ocurrió en la ciudad de Jar, a 45 km de la frontera con Afganistán, aumenta el temor a un periodo electoral sangriento. Pakistán sufre una grave crisis política desde la destitución en abril del 2022 del primer ministro, Imran Khan.

Más de 400 miembros y simpatizantes del partido religioso conservador Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), aliado clave de la coalición gubernamental, estaban reunidos el domingo bajo una carpa cuando un hombre detonó su chaleco lleno de explosivos cerca del escenario.

“Viví escenas terribles: cuerpos sin vida esparcidos por el suelo mientras la gente pedía ayuda a gritos”, dijo Fazal Aman, que se encontraba cerca de la carpa cuando la bomba explotó.

Shaukat Abbas, un alto funcionario del Departamento Antiterrorista, indicó que 54 personas murieron y agregó que 23 víctimas eran menores de 18 años. Anwar ul Haq, comisionado adjunto del distrito, confirmó el número de muertos.

El EI reivindicó el ataque e informó en un comunicado emitido por Amaq, el órgano de difusión del grupo, que un combatiente detonó un chaleco explosivo en medio de la multitud. No es la primera vez que la rama local del grupo yihadista ataca mítines del JUI-F. El atentado se produce a unas semanas antes de la disolución de la Asamblea Nacional del país, en vistas a las elecciones previstas para octubre o noviembre.

Familia destrozada

Zapatos ensangrentados aún yacían en el suelo ayer, así como pernos de acero y otros elementos del chaleco que llevaba el autor del atentado. También se podían ver trozos de cuerpos a 30 metros del lugar donde el hombre detonó el artefacto.

Miles de personas asistieron ayer a los primeros funerales. Uno de ellos homenajeó a dos primos de 16 y 17 años. “No fue fácil para nosotros cargar los dos féretros. Esta tragedia ha destrozado a nuestra familia”, dijo Naib Ullah, el hermano de uno de los fallecidos. “Nuestras mujeres están totalmente en choque y devastadas. Cuando veo las madres de las víctimas, pierdo mi propio valor”, añadió.

El líder del JUI-F, el clérigo Fazl-ur-Rehman, empezó su carrera política como un islamista de línea dura. Aunque su partido sigue defendiendo políticas socialmente conservadoras, ha forjado recientemente alianzas con rivales laicos.

En el pasado, el religioso también facilitó negociaciones entre el Gobierno y Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), un grupo talibán local, rival del grupo Estado Islámico. El año pasado, el EI reivindicó varios ataques contra académicos religiosos afiliados al JUI-F, que dispone de una amplia red de mezquitas y escuelas en el Oeste del país.

El grupo yihadista acusa al JUI-F de hipocresía, ya que apoya Gobiernos laicos a pesar de ser un partido religioso.

Pakistán ha sufrido un aumento de los ataques desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán en el 2021, sobre todo en la región fronteriza.

(Agencias)

MIAMI.- Carlos de Oliveira, empleado de Donald Trump en Florida, compareció ayer ante un tribunal federal de Miami, acusado de ayudar al expresidente estadounidense a esconder pruebas en el caso de mala gestión de documentos confidenciales por el que el magnate fue imputado el mes pasado.

Oliveira, el administrador de Mar-a-Lago, donde reside Trump, acudió a la Corte por la mañana junto a su abogado, John Irving. Vestido con un traje azul marino, Oliveira escuchó atento cómo el juez Edwin G. Torres le leía los cuatro cargos que se le imputan, entre ellos, conspiración para obstruir a la justicia y falso testimonio.

Oliveira, de 56 años, no hizo ninguna declaración sobre su supuesta culpabilidad durante esta breve audiencia. La Fiscalía lo añadió la semana pasada al caso abierto contra Trump y su ayudante personal Waltine Nauta, a los que acusa de intentar evitar que las autoridades recuperasen documentos secretos que el expresidente se llevó al abandonar la Casa Blanca en enero del 2021.

La acusación asegura que Trump, Nauta y Oliveira pidieron a otro em- pleado del magnate que borrara los videos de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago para evitar que el FBI y la justicia accedieran a ellos.

De Oliveira le dijo supuestamente a ese tercer empleado de Trump que “el jefe” quería que se borrara el servidor con los registros de las cámaras de seguridad de un almacén.

Trump y Nauta se declararon no culpables de los delitos imputados en sus audiencias respectivas. El juez Torres pidió una fianza de 100 mil dólares para Oliveira, exigió la entrega de su pasaporte estadounidense en 48 horas y le prohibió comunicarse con los demás acusados.

“Lamentablemente, el Departamento de Justicia ha decidido presentar estos cargos contra el señor De Oliveira”, declaró el abogado Irving al salir del tribunal.

Trump ha sido inculpado de 31 cargos de “retención de información de defensa nacional” por supuestamente esconder documentos clasificados en su residencia floridana y negarse a devolverlos a los Archivos Nacionales, poniendo en peligro la seguridad nacional.

(Agencias)

Naciones de CEDEAO amenazan con la fuerza

NIAMEY.- Las naciones del Oeste de África dieron una semana a los líderes golpistas en Níger para reinstaurar al presidente elegido democráticamente en el país, y amenazaron con emplear la fuerza si no se cumplían sus demandas.

El anuncio se hizo tras una reunión de emergencia de países de la Comunicad Económica de África Occidental (CEDEAO) en Nigeria, donde el bloque regional acordó responder a la insurrección militar de la semana pasada. El presidente, Mohamed Bazoum, sigue bajo arresto domiciliario y aún no ha renunciado.

“En caso de que no se cumplan las demandas de las autoridades en una semana, (el bloque) tomará todas las medidas necesarias para restaurar el orden constitucional en la República de Níger. Esas medidas pueden incluir el uso de la fuerza”, indicó el comunicado.

Los Gobiernos de Burkina Faso y Mali comunicaron que una intervención militar en Níger sería “una declaración de guerra” a esas naciones.

El grupo también impuso duras sanciones, como suspender todas las transacciones financieras y comerciales entre miembros de CEDEAO y Níger y congelar activos en los bancos centrales de la región. (Agencias)