Políticos al Desnudo
Foto: Facebook @RogelioFrancoVer
para dar cumplimiento a una orden de aprehensión emitida bajo los efectos del Proceso Penal 57/2021. La reforma aprobada incrementa las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, para que estén acordes con el hecho criminal que representa, porque según los integrantes del Congreso local
Foto: Facebook @Gregorio Gomez Martinez
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intrafamiliar, pero fue vinculado a proceso y se mantiene bajo prisión preventiva justificada por ocho meses por el delito de ultrajes a la autoridad. El otro caso es del de Gregorio Gómez Martínez, quien fuera candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, detenido el 7 de abril por los delitos de ultrajes a la autoridad, presunto robo de vehículo en su modalidad de posesión, y daños; y fue trasladado a un Centro Federal de Reinserción Social en Oaxaca. Se trata de políticos que están ahora presos por el simple hecho de ser sus contrincantes y estar del “lado equivocado” de la política el gobernador, quien maneja la Fiscalía General del Estado como su oficina particular y encarcela a quien considera un peligro para su permanencia en un cargo que desde el primer día le quedó grande. En el caso de Franco Castán, desde el momento de la detención se mostraron las arbitrariedades de las que es capaz un gobierno autoritario y represivo. La detención injusta fue motivo para que el dirigente nacional del PRD viajara a Tuxpan, pero nunca pudo hacer nada para lograr siquiera que se reconociera la violación de los derechos humanos del perredista. La condición habitual de uno de Los Chuchos del PRD es negociar a su favor y beneficio personal todo incidente que ocurra con la militancia y, al parecer, esta no fue la excepción. La historia comenzó en marzo de 2020, tras una acusación contra Franco Castán por parte de su exesposa Guillermina Alvarado González, por violencia intrafamiliar, situación que se aclaró y para lo cual estaba amparado ante cualquier posible detención; sin embargo; para poder ser detenido en el momento mismo de su captura se le fabricó un delito en ese momento llamado oficialmente “ultrajes a la autoridad” -que posteriormente fue denominada la Ley Franco, por haber sido aprobada en el Congreso local tres días antes de su detención-, motivo por el cual sigue preso. El delito tiene como base la agresión física y verbal a un elemento de la Policía Ministerial que se encontraba realizando las funciones que por ley le competen
del estado de Veracruz, trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana. Es decir, prácticamente se trata de un delito administrativo que está a punto de
cumplir cinco meses, es por ello por lo que la sociedad veracruzana organiza la jornada “Por la Justicia y Libertad de Rogelio Franco Castán”, que se llevará a cabo el martes 3 de agosto a las 10:30 am en Av. Central, Col. Enrique Rodríguez Cano, en Tuxpan, Veracruz. #PresoPolíticoLibertadYa. Se sabe que el delito de ultrajes a la autoridad es muy similar al que Díaz Ordaz aplicaba a los estudiantes en 1968, entonces denominado “asociación delictiva”, cuando estaba prohibido que más de dos jóvenes, sin importar si eran menores de edad, estuvieran juntos, porque se les consideraba conspiradores contra el gobierno. De hecho, ese delito fue motivo de controversia en 2016, en la suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora la revive el gobernador que considera que el estado es suyo y por eso extravía la ruta y pierde la brújula. La participación del PRD nacional en la defensa tanto de Rogelio Franco como de Gregorio Gómez no sólo no ha servido de nada, sino que enrarece el clima de justicia que debe tener este proceso de la defensa de la libertad, porque se monta en el caso y quiere sacar raja política del sufrimiento de estos presos políticos. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que se cuidarían los derechos de Franco Castán, lo cual no ha sucedido en este caso ni en el de Gregorio Gómez, quien, por venganza personal fue trasladado a un Cefereso en Miahuatlán, Oaxaca, muy distante del lugar donde fue detenido. En el caso de Gregorio Gómez Martínez, la diputada federal perredista Norma Azucena Rodríguez Zamora acusó tortura y uso excesivo de la fuerza durante su detención, denunció en la Cámara de Diputados los golpes y actos de tortura cometidos en contra de “Goyo” Gómez para obligarlo a que se declarara culpable de los delitos que se le señalan. En este caso también el PRD nacional intentó tomar cartas en el asunto, hacer presión, pero no logró nada, de manera tal que se sospecha que los dirigentes del partido del Sol Azteca esconden negociaciones a cambio del encarcelamiento injusto de dos de sus militantes.