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La descentralización administrativa o funcional, ocurre cuando el gobierno central transfiere la gestión de servicios o agencias públicas, programas, proyectos, o áreas completas de la política pública a los gobiernos subnacionales (Falleti, 2005; Campbell, 2003). Se entiende también por descentralización administrativa “la autonomía de gestión que tienen los gobiernos subnacionales para cumplir con las funciones que la ley les asigna” (Irarrázaval y Pérez, 2009). Dentro de esta existen diversos niveles o matices. El primero es la desconcentración, que se da “cuando el gobierno central transfiere o dispersa sus funciones a sus agentes locales, en cuyo caso el centro retiene sus atribuciones respecto de sus unidades dependientes jerárquicamente” (Irarrázaval y Pérez, 2009). El segundo es la delegación, donde “las unidades subnacionales son semi-autónomas, no son controladas por el gobierno central aunque sí le rinden cuentas, usualmente hay una relación contractual” (Irarrázaval y Pérez, 2009). El tercero es la devolución, la que “refiere a un nivel de cuasi autonomía, en el que las unidades ejercen el control de una política o una función que les fue transferida” (Irarrázaval y Pérez, 2009). En la misma línea Rondinelli, Nellis y Cheema (1983) plantean los tres niveles antes mencionados, además de agregar un cuarto, conocido como privatización, que corresponde a la transferencia de responsabilidades a organizaciones voluntarias o empresas privadas. La descentralización fiscal “refiere a cómo se asignan los recursos entre los
distintos niveles de gobierno subnacionales para lograr optimizar el bienestar social. Los ingresos y los gastos son las principales componentes de la actividad fiscal” (Irarrázaval y Pérez, 2009). Se justifica en tanto el planteamiento económico que sugiere que con la descentralización se logrará mayor eficiencia asignataria ante la información que genera la cercanía de las autoridades a los problemas reales de la población. Esto se ha fundamentado a partir del Teorema de la Descentralización (Oates, 1972) que implica que las autoridades subnacionales se hacen responsables de manejar sus propias cuentas, generar sus propios ingresos, establecer su propia política impositiva, definir su gasto público o rendir cuentas apropiadamente (Campbell, 2003; Grindle, 2007; Treisman, 2007). En teoría, esto facilitaría la obtención y focalización de recursos para solucionar problemas locales, así como potenciar áreas de la economía subnacional que vayan acorde a los planes de desarrollo de ésta. Por último, la descentralización política implica dar niveles de independencia a los ciudadanos, otorgándoles el derecho a elegir democráticamente a sus autoridades provinciales y locales, en contraposición a la designación de éstas por parte del gobierno central (Treisman, 2007; Eaton, 2004). La descentralización política fomentaría la capacidad ciudadana de hacer escrutinio al desempeño de las autoridades locales públicas (Irarrázaval y Pérez, 2009).
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