[ Vi ] LA CoNVoCAToriA A ELECCioNEs EN 1939: CANdidATos y EXPECTATiVAs. EL fLAMANTE EsTATuTo ELECTorAL.- Bajo el signo de una oposición en ascenso y de una inocultable descomposición en el seno de la propia Fuerza Armada, Benavides optó por convocar a nuevos comicios para el segundo semestre 1939. Para normar su desarrollo, se expidió el 9 de agosto de ese año un nuevo Estatuto Electoral que, en lo sustantivo, mantuvo muchas de las normas de aquel Estatuto dado por la Junta de Gobierno de Samanez Ocampo años atrás. Por ejemplo, se mantuvo la opción de voto secreto, directo y obligatorio, así como la organización de los Jurados Departamentales y el Registro Electoral Nacional. La composición del Jurado Nacional de Elecciones quedó establecida así: Un delegado de la Corte Suprema, que lo presidía; un delegado del Ejecutivo; un delegado de las universidades nacionales de Lima, Arequipa , Cuzco y Trujillo; y cuatro delegados de los Jurados Departamentales de elecciones según las diferentes zonas del país. Las elecciones de aquel año eran para presidente y vicepresidente de la República, así como para elegir a los 48 senadores por los departamentos y a los 140 diputados por las provincias. Respecto a lo primero, se enfrentaron Manuel Prado y Ugarteche y José Quesada Larrea, apoyado este último por la Unión Revolucionaria y por varios grupos minúsculos de la oposición. A decir verdad, no obstante su reconocida capacidad personal y sus grandes dotes profesionales, Quesada (jurista y discípulo brillante de Manuel Vicente Villarán) no poseía una imagen política en el ámbito nacional; además, careció de lo que ahora se denomina “apoyo logístico y organizacional” fuera de la capital. Su optimismo descansó, sobremanera, en el halo del partido que lo patrocinaba; lo cual, obviamente, no era suficiente. En cambio, Prado contó no solo con el apoyo decidido de Palacio de Gobierno, sino también de la cúpula del Partido Comunista, que lo consideraba como el candidato que “enarbolaba la bandera de la democracia, de la concordia ciudadana y de la fraternidad entre todos los peruanos”. (A juzgar por los hechos posteriores, este apoyo no fue compartido ni por las bases ni por algunos connotados líderes del interior de la República, originando la expulsión de Eudocio Ravines y otros dirigentes, acusados de “seguir una política antiobrera y procapitalista”. El Primer Congreso Nacional realizado en 1942, confirmó la expulsión y entregó el control partidario a Raúl Acosta y Jorge del Prado). Pero, sin duda, el apoyo mayor a Prado provino de la banca y de los círculos financieros del país a los que él y su familia pertenecían. En cuanto al APRA, que continuaba en la clandestinidad, no tomó partido ni por uno ni por otro de los candidatos; sus dirigentes se hallaban deportados, ocultos o presos. Realizados los escrutinios (enmarcados en un ambiente de tranquilidad y 30
PERÍODO 1
[ CAPÍTULO 1 ]
Después de casi dos lustros de regímenes castrenses, Manuel
Prado y Ugarteche (1889-1967) ganó las elecciones en 1939 e inició una efímera primavera democrática. Durante la campaña electoral, recibió el apoyo incondicional de algunos dirigentes comunistas; uno de ellos lo llamó el “Stalin peruano”.
reposo social, aunque calificados por muchos, con sobradas razones, de fraudulentos y falsos), el triunfador resultó siendo el candidato oficialista Manuel Prado y Ugarteche. Hubo una versión muy difundida que sostenía que, en múltiples casos, personas inescrupulosas abrieron las ánforas que debían ser remitidas a los jurados departamentales y sustituyeron el voto de la ciudadanía por cédulas que favorecían a candidatos oficiales. Hubo protestas de todo calibre por la elección de Prado, entre ellas la renuncia de Rafael Belaunde al cargo de embajador en Santiago de Chile. Los actos electorales de 1939 –apunta Basadre en su fascinante libro, La Vida y la historia, publicado en 1975– se singularizaron porque antes hubo un plebiscito en torno a diversas reformas constitucionales. Dentro de un clima de “ablandamiento” político, esta consulta se efectuó sin mayores dificultades el 18 de junio del mismo año. Oficialmente, 368.813 ciudadanos aprobaron dichas enmiendas y tan solo 51.132 se atrevieron a rechazarlas, en una proporción favorable del 87,83%. Aunque no faltaron graves irregularidades en el referéndum –anota el citado autor–, algunas de las reformas sustentadas eran procedentes porque cortaban excesos de las atribuciones parlamentarias y tendían a la eficacia administrativa. Del mismo parecer es el planteamiento del especialista en Derecho Constitucional José Pareja Paz Soldán, en un erudito ensayo publicado en 1962.
