3. La red de alianzas

Así, viendo la causa de hechicería en perspectiva, y habiendo abandonado momentáneamente los datos aportados por el expediente, se entiende cómo la oposición de los curacas de Mito y de otros pueblos de Luringuanca a don Juan Picho se remontaba al menos hasta 1673. En ese año, gracias a la decisión del corregidor y de la Audiencia, este fue designado gobernador interino del repartimiento. La alteración en la sucesión se vio favorecida por la crisis anterior y por un acontecimiento fortuito —la muerte del último Limaylla «legítimo» sin sucesión masculina—, pero sus antecedentes y consecuencias habían sido y serían de largo alcance en la política nativa del repartimiento. Una vez más, el enfrentamiento entre las parcialidades, representadas por sus respectivos curacas, y su cacique principal y gobernador interino, actuaba como causa subyacente al expediente de hechicería de 1690-1691. Don Juan, designado por la Audiencia, gozaría de cierta legitimidad en el repartimiento, pero esta no llegaría a consolidarse entre las autoridades nativas de las doctrinas de indios ni siquiera veinte años después, cuando algunos curacas de Mito y Orcotuna apoyaran al visitador de la idolatría para acusarlo de hechicero. Otros conflictos colaterales, que enfrentaban a don Juan y al visitador de la idolatría, y a este con los representantes del clero regular y de la justicia real, le daban mayor impulso y complejidad a la pesquisa sobre hechicerías. Los actores involucrados completaban el cuadro de intereses encontrados dentro de las doctrinas de Luringuanca. Hacia la caracterización de los mismos nos dirigimos ahora.

3. la red de alianzas

Sin duda, don Juan Picho tenía varios enemigos que impulsaban la causa por hechicería en su contra. En cierta forma, su temor de perder el gobierno no se explicaba solo por la oposición de determinados caciques como él. Con frecuencia, estos principales requerían de alianzas con otros poderes de la sociedad colonial. La indisposición de don Juan Picho con el propio visitador de la idolatría los proveyó de un aliado de mucha consideración. Aunque Antonio Martínez Guerra decidió abrir proceso contra don Juan recién en 1690, desde tiempo antes había estado esperando el momento preciso para denunciarlo. El religioso se encontraba en la zona de Jauja desde su infancia, lo que le había permitido tejer sólidas alianzas y construir fuertes intereses en el valle del Mantaro.29 Martínez Guerra fue comisario del Santo Oficio y de la Santa Cruzada en la provincia de Jauja al menos desde 1661. En 1672, agregó el

29 El 11 de junio de 1640, Antonio Martínez, natural y residente en Mito, arrendó a Pedro Cornejo la chacra de Mantacra. Martínez era tutor y curador de la persona y bienes de Antonio Martínez Guerra, su sobrino menor, hijo legítimo de Gaspar Guerra, su cuñado. La chacra quedaba en la llamada Isla de

Tayacaja, en el corregimiento de Azángaro. ARJ. Protocolos, t. 3 (Pedro de Carranza) [1640], f. 855r857v. Martínez Guerra fundaría posteriormente un censo sobre las tierras de Mantacra, en 1661. T. 2 (Pedro de Carranza / Antonio Venegas de las Casas) [1661], f. 141r y ss.

cargo de vicario y juez de la misma provincia. Se mantuvo en los mismos cargos por varias décadas más, pues los siguió desempeñando, junto con el de visitador ordinario y de las causas de la idolatría, en el decenio de 1690. Su prematuro testamento, de 1666, muestra que su estancia en Huanta estaba avaluada en unos once mil pesos y que tenía además otros bienes considerables en la región.30

Precisamente en la causa que venimos analizando, Martínez Guerra aprovechó la oportunidad que le brindaba una latente visita contra la idolatría para amparar esos intereses y para dar de baja a uno de sus enemigos, el cacique gobernador don Juan Picho.31 Según los testimonios, la enemistad que enfrentaba a don Juan con el visitador que lo enjuiciaba se debía a que el cacique amparaba a determinados indios del común —tributarios con derechos a los bienes comunitarios—, a quienes los familiares del visitador querían despojar de sus tierras. Además, Martínez Guerra y su parentela pretendían que los indios que los servían no pagaran tributo, a lo que se oponía —no desinteresadamente— don Juan Picho.32 Como se vio a partir de la información presentada en los capítulos anteriores, la enemistad de un visitador de la idolatría —máxime si este se hallaba en actividad y aliado, digamos, con el doctrinero— resultaba casi siempre fatal para los intereses de un curaca. Si este contaba, sin embargo, con poderosos aliados que pudieran secundarlo, la historia podía tomar otro rumbo. A diferencia de lo que aconteció cuarenta años antes en la causa por amancebamiento seguida contra don Juan Apoalaya, quien parecía estar desposeído de parientes y de alianzas sólidas, don Juan Picho, individuo hábil con algunas relaciones importantes, sí sobreviviría a las acusaciones.

En efecto, dicho éxito se debió en parte a que don Juan no se hallaba solo en la batalla contra el visitador de la idolatría. Primero, don Juan Picho logró que una trascendental recusación del visitador Martínez Guerra prosperara, lo que a la larga significó que se le absolviera de los cargos.33 Mientras la causa se desarrollaba, se designó como juez para la causa al bachiller Juan de Blancas y Coloma, visitador de la idolatría. Blancas aceptó la designación y terminó por desestimar los cargos que contra don Juan Picho se levantaron.34

30 AAL. Capítulos, leg. 20, exp. 20 [1672], f. 1r; leg. 21, exp. 1 [1673], f. 1r-9r; leg. 19, exp. 2 [1674], f. 17r; leg. 26, exp. 10 [1700], f. 1r; Capítulos, leg. 24, exp. 8 [1691]; Curatos, leg. 24, exp. 8 [1691], f. 1r-5v. ARJ. Protocolos, t. 9 (Juan Francisco de Pineda) [1666], f. 348v-354r. 31 Sobre la visita de idolatría en Jauja hacia 1690-1691, véase f. 71r-72r. 32 El poder para testar de Antonio Martínez, padre del visitador de la idolatría, con información sobre sus seis hijos, parientes de Martínez Guerra, en ARJ. Protocolos, t. 3 (Pedro de Carranza), f. 913r914v. 33 Don Juan Picho logró que se le ordenara a Martínez Guerra que se abstuviera de la causa. La petición fue presentada en Lima el 9 de enero de 1691. 34 Blancas era cura y vicario de la doctrina de San Antonio de Yauri, juez eclesiástico y comisario de la

Santa Cruzada de los Asientos y Minas de Nuevo Potosí, visitador general ordinario y de la idolatría y visitador general por el Tribunal de la Santa Cruzada. Véase f. 53r-57v. También, AAL. Hechicerías

Segundo, el cacique hechicero contaba a su vez con el apoyo de personajes opuestos al visitador de la idolatría, concretamente, un franciscano y el corregidor de la provincia. Al respecto, sabemos que el visitador Martínez Guerra había pedido a don Juan Picho que capitulara al corregidor en Lima. Martínez Guerra también había pedido que el cacique firmara una subversiva carta dirigida al virrey certificando que era el visitador de la idolatría —y no los franciscanos— quien velaba por los indios frente a los abusos de los curas y corregidores. La doble negativa de don Juan habría reforzado la enemistad con el visitador, pero también el apoyo del corregidor —quien, como veremos, apresó a varios caciques de Mito a pedido de don Juan— y de los doctrineros del repartimiento, uno de los cuales declaró a su favor.35

Cuando la causa de 1690, Martínez Guerra acusó abiertamente a los franciscanos y al corregidor de secundar a Juan Picho en la protección que brindaba a los hechiceros acusados.36 Se llegaba así a una situación sui generis: el visitador denunciaba indirectamente a otros dos representantes del orden colonial —uno de ellos miembro del cuerpo eclesiástico— de amparar a los indios en sus falsas creencias, cuando su función debía ser precisamente la opuesta. Se estaba lejos, sin duda, del esquema inicial de las campañas anti-idolátricas. Bajo este esquema, se esperaba que las visitas, los juicios y los visitadores denunciaran y combatieran las idolatrías de los indios, recibiendo el apoyo de otros funcionarios coloniales en su labor. Pero en este caso, la situación se desvirtuaba para dar paso a otra en la cual las alianzas políticas iban más allá del dualismo indio idólatra/español cristiano. Situaciones como las que enfrentó don Juan Picho hacían aflorar una red de complicidades en torno al poder y al control de la mano de obra. Tras denunciar al cacique, al corregidor y al doctrinero de Concepción, el visitador de la idolatría propuso a sus superiores iniciar una visita formal contra la idolatría en la provincia de Jauja. Claramente, lo que Martínez Guerra buscaba era recibir la cuota de poder capaz de hacerlo prevalecer sobre sus enemigos políticos, a saber, el curaca, el franciscano y el corregidor.

De manera análoga a las pugnas de los miembros de la elite nativa de Jauja, algunos de los enfrentamientos entre los poderes locales se remontaban a las décadas anteriores a 1690, fecha en la que estalló la denuncia por hechicería contra Picho. La oposición que enfrentaba al influyente visitador Antonio Martínez Guerra con los

e Idolatrías, leg. 9, exp. 1 [1691]. El extenso testamento de su padre, el capitán Alonso de Blancas, se puede consultar en ARJ. Protocolos, t. 7 (Pedro de Carranza) [1655], f. 207r-212r. 35 AAL. Hechicerías e Idolatrías, leg. 9, exp. 1 [1691], s/f. Sobre el apoyo del corregidor para la prisión de los caciques opuestos a don Juan, el mismo documento, f. 10r. Sobre el pedido de

Martínez Guerra a Juan Picho para que capitulara al corregidor, véase la sexta pregunta del interrogatorio presentado por la defensa y las declaraciones de los testigos a partir del f. 88r en AAL.

Hechicerías e Idolatrías, leg. 8, exp. 6 [1690]. 36 «y no faltan saserdote y religiosos que patrosinen semejantes maldades mayormente los que son dependientes y paniaguados de Don Joseph de Castro [corregidor de la provincia] Valedor de este indio

Gouernador interinario, y sienten el que la justiçia ordinaria cecular le aia preso» (f.1v-2r).

franciscanos venía desde mucho tiempo atrás y se fue consolidando a lo largo de la década de 1690, lapso en el que precisamente se enmarcaban esta y las otras causas de hechicería juzgadas por dicho visitador.37 Precisamente, durante dicho periodo, Martínez Guerra fue el encargado de publicar un edicto del arzobispo que reiteraba la disposición acerca de que los religiosos doctrineros vivieran en los pueblos de su doctrina.38 Pocos años después, Martínez Guerra volvería a enfrentarse con los padres de San Francisco por un problema surgido a partir de los honores y privilegios exigidos por los visitadores eclesiásticos y de la idolatría. Un memorial, firmado por el procurador de las provincias franciscanas del Perú, se refería a los enfrentamientos que surgían entre los religiosos y los vicarios y visitadores eclesiásticos del Arzobispado durante las ceremonias de su recibimiento y asistencia en Jauja. Los franciscanos habían intentado que, en las celebraciones de recibimiento, se diera el justo tratamiento a los visitadores y no se les concediera más preeminencias de las que les correspondían.39

A comienzos del siglo XVIII, el conflicto parece haber llegado a un su cénit. Martínez Guerra escribió una carta, dirigida al arzobispo, contra el padre comisario de San Francisco. Respondiendo a un escrito anterior de los franciscanos, los acusó de cobrar por encima de los aranceles y de imponer a los indios otros cobros injustificados. Los seguidores de San Francisco, a su vez, le reprochaban el recibir cohechos de mujeres de mal vivir y, sorprendentemente, de no haber castigado los delitos de hechicería y de idolatría con la suficiente diligencia.40 En suma, una vez más otro enfrentamiento subyacente —las diferencias entre los representantes del arzobispo y los doctrineros franciscanos— atravesaba la causa de hechicería de 1690. La averiguación de hechicerías, expresión de dicho conflicto, se enmarcaba dentro de un proceso más amplio que le dejaba entrever los verdaderos móviles de personajes como el visitador de la idolatría.

En síntesis, la red de intereses que influía sobre el destino de una causa de hechicerías era muy compleja: un visitador de la idolatría enfrentado a un cacique principal, a los doctrineros franciscanos del repartimiento y al corregidor de la provincia. El conflicto entre los doctrineros, el visitador y los curacas ha sido ya bien identificado y desarrollado en oros trabajos sobre la extirpación de la idolatría, sobre todo en conexión con el origen de las campañas y los móviles económicos detrás de las

37 Ya en enero de 1675 Martínez Guerra se encargó de juzgar a fray Roque Rebolledo, franciscano guardián del convento del pueblo de Sincos, por azotar a un regidor y por otros supuestos agravios a los indios. AAL. Capítulos, leg. 21, exp. 4, f. 1r-2v. En dicho expediente don Juan Picho figura como gobernador y cacique principal del repartimiento de Luringuanca. 38 AAL. Curatos, leg. 24, exp. 8 [1691]. 39 AAL. Visitas Eclesiásticas (Junín), leg. 17, exp. 48 [1699]; Papeles Importantes, leg. 19a, exp. 10. 40 AAL. Visitas Eclesiásticas (Junín), leg. 17, exp. 49 [1703], f. 1r-2r.