6. Justicia

de prensa del 13 de octubre de 182129. Tanto el Protector como la Junta Gubernativa presidida por La Mar habían permitido críticas, algunas muy importantes para el futuro del Perú, como las de Faustino Sánchez Carrión, el “Solitario de Sayán”, que en su periódico “El Tribuno de la República Peruana” criticó con ardor los proyectos monárquicos de San Martín. El ejemplo bolivariano, en lo que se refiere a la libertad de prensa, ha sido muy perjudicial. Los gobiernos militaristas, es decir casi todos, han intimidado la libre expresión mediante la amenaza que va desde el desafuero parlamentario, expatriación, cárcel, penas económicas, a pérdida de trabajo. Pero hay otros medios que los tiranos del Perú han utilizado para intimidar o provocar la auto-censura, por ejemplo: medidas administrativas como enviar revisores de impuestos, controlar el papel, suprimir las licencias de telecomunicaciones, no dar avisos de publicidad de empresas estatales. Más abiertamente, han expropiado o simplemente despojado a los propietarios de la fuente opositora. A veces también han lanzado hordas pagadas para destruir el medio de comunicación que los incomodaba o, peor aún, se ha llegado al asesinato del periodista opositor. La historia del militarismo en el Perú es también la historia de la mordaza a la expresión del pensamiento.

6- JUSTICIA.

La Justicia en tiempo de la Colonia fue un instrumento de represión, sin embargo, como ente autónomo del gobierno funcionó mejor que durante la República. Aunque el virrey presidía la Audiencia su función era meramente decorativa pues no tenía ni voz ni voto30. La independencia de la Audiencia era total, mantuvo su autonomía, ejerció control sobre la administración colonial, sobre el virrey y los funcionarios, y por supuesto sobre todos los súbditos del rey. A su vez el virrey observaba con atención el funcionamiento de la Audiencia a fin de denunciar en España cualquier decisión que a su juicio fuese errónea o sospechosa de prevaricación. Esta mutua vigi-

lancia era bastante parecida al sistema de “check and balance” entre poderes que tiene Estados Unidos hoy. Claro que en el coloniaje no era tan expeditivo, a los recelos y desconfianza entre la Audiencia y el gobierno del virrey, había que agregar la función de la Iglesia y los tribunales eclesiásticos con la Inquisición a la cabeza. Los gobiernos militaristas de la República acabaron con la autonomía del poder judicial y usaron a éste como arma represiva contra sus opositores. También se usó al Poder Judicial para legalizar actos a todas luces ilegales, inmorales y reprobatorios. Estos atropellos también los inició Bolívar. Varios historiadores indican con satisfacción la creación de la Corte Suprema por el Libertador. Por ejemplo, Vargas Ugarte dice31 que fue “una de las medidas que fueron de indudable utilidad para el país”. Añade que la administración de la Justicia “es uno de los principales fundamentos de la paz y del bienestar social”. Al comentar las reglas que se impusieron a los jueces, como que debían tener buenas costumbres, ser incorruptibles e incapaces de ceder ante el halago o el soborno, y en caso de no serlo serían declarados infames y pagarían el cuádruplo de los recibido, Vargas Ugarte dice: “De este modo se introdujo en el ramo el saludable principio de la responsabilidad”. Otro respetado historiador, De la Puente Candamo, exagera aún más al decir32 :

“No puede olvidarse que la pureza de la justicia, su significación ética, y de manera muy concreta la independencia del Poder Judicial, son nociones e inquietudes que se hallaban habitualmente en la Emancipación que quiere realizar Bolívar, y en el Estado que quiere construir con solidez para la perdurabilidad de su obra histórica.”

Antes de examinar lo que realmente pasó, habría que decir que la Justicia no quedó sin administrarse durante el protectorado de San Martín, al contra-

rio, el vacío dejado por la administración realista fue inmediatamente ocupado por la “Alta Cámara de Justicia” creada mediante el decreto del 4 de agosto de 182133, sólo una semana después de la Jura de la Independencia. Bolívar reemplazó el 6 de marzo de 1824 la “Alta Cámara de Justicia” del Protectorado por la Corte Superior de Justicia de Lima, y luego de la batalla de Ayacucho creó la Corte Suprema. El motivo principal fue acomodar a jueces que le permitieran reprimir la oposición, gobernar sin problemas y aceptar sus órdenes, dando la sensación de un marco de legalidad que todos los tiranos hipócritamente buscan. Como presidente de esta Corte nombró a Manuel Lorenzo de Vidaurre de quien ya hemos relatado la manera servil de comportarse ante el Libertador. Hay gran cantidad de ejemplos que reflejan la injusticia y abusos que se cometieron durante la etapa bolivariana: hubo fusilamientos, destierros, expropiaciones y hasta el uso de la Corte Suprema para eliminar del congreso a representantes legalmente elegidos. Daremos en las páginas correspondientes cuenta de algunos de los mayores atropellos, todo eso fue ordenado por el Libertador. Solamente cuando abandonó el Perú, la Corte pudo por fin actuar imparcialmente, tal es el caso de poner fin al injusto apresamiento del almirante Guisse, sentencia que causó gran malestar en Bolívar. El Libertador era un hombre que tenía la virtud de entrar en los detalles sin perder de vista el objetivo final. Y así como en la guerra dio instrucciones para herrar caballos, en la paz dio órdenes detalladas de cómo juzgar. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Monteagudo, Bolívar ordenó a la Corte Suprema que se volviera a revisar el juicio y que nombre un tribunal especial para este propósito, dando detalles de su composición y cómo debían actuar:

“(…) Tenga la bondad de pasar al presidente de la corte suprema de justicia el proceso correspondiente a la causa seguida contra los asesinos del coronel Monteagudo, imponiéndole de mi resolución, que

se reduce a los siguientes: 1º. El presidente de la suprema corte de justicia queda autorizado por mí para nombrar un tribunal especial que vuelva a ver de nuevo, conozca y juzgue en primera instancia dicha causa. 2º. Este tribunal será compuesto de un presidente y dos vocales; dos fiscales serán los acusadores, y estos obrarán de acuerdo en mancomun in solidum. (…)”34

El proceso del tribunal no satisfizo a Bolívar, y, arrogándose poderes que no tenía y que nadie osaba criticar, interrogó a solas a los asesinos prometiéndoles el indulto de la pena capital si declaraban quienes fueron los que contrataron el asesinato de Monteagudo35. Al término de la secreta reunión Bolívar les perdonó la vida y los envío a Colombia diciendo que los asesinos le habían revelado los nombres de los autores intelectuales y que a él no le quedó otra alternativa que cumplir su palabra. Sin embargo, el Libertador no dio a conocer quienes fueron los que encargaron el crimen, por lo que el asesinato de ese prócer de la independencia quedó impune. Lo peor de todo aquello es que antes de su reunión con los asesinos, corrieron fuertes rumores de que fue el mismo Bolívar el que había ordenado el crimen debido a que Monteagudo había recomendado al Libertador que abandonase el Perú36, ya que su tarea luego de Ayacucho estaba terminada. Seguiremos con este tema más adelante.

El precedente de someter la justicia a los deseos del gobernante es otra de las nefastas tradiciones que inauguró el Libertador. Una de las lacras más imperecederas en nuestro país ha sido la injerencia de los gobiernos militaristas en el Poder Judicial. Para someterlo han cambiado a sus titulares con

maniobras llamadas “reformas”, otras veces han creado instituciones superiores con el pretexto de limpiar o moralizar a los jueces y lo que han conseguido es eliminar a aquellos que consideraban opositores y reemplazarlos por hombres dúctiles a sus deseos. Igualmente, el Poder Electoral, en su