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Marchas injustificadas Una encuestra señala que los mexicanos consideran innecesarias la mayoría de las manifestaciones callejeras Antonio Juárez Reportero
La Ley de Ordenamiento Social que aprobó la semana pasada el Congreso para regular las manifestaciones públicas en Quintana Roo y evitar que éstas afecten o paralicen las actividades económicas, forma parte de una tendencia que empieza a generalizarse en el país ante los serios estragos que han ocasionado protestas violentas que, incluso, han tardado meses. En la ciudad de México, de manera recurrente pero más seriamente a partir de 2006, cuando los perredistas prácticamente estrangularon el centro histórico con un plantón de seis meses, es donde surgieron las primeras inquietudes por regular las manifestaciones. En diciembre pasado el avance de una ley en ese sentido enfrentó a legisladores federales con las autoridades capitalinas y los diputados lo-
cales, quienes amenazaron con utilizar recursos legales para echar atrás la norma. El Partido Acción Nacional (PAN) tomó la delantera en el tema en la Cámara de Diputados y, con apoyo del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), consiguió que se aprobara en comisiones el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en la Ciudad de México, que limita los bloqueos de vialidades y sanciona los actos violentos. Como en el caso de la Ley aprobada en Quintana Roo, el documento establece que los organizadores de una marcha deben informar 48 horas antes a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), y prohíbe el bloqueo total de vialidades primarias, así como que los manifestantes profieran insultos o amenazas, empleen violencia contra las personas y sus bienes, o intimiden u obliguen a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen.
El documento no ha sido aprobado en el pleno, pero se mantiene la idea de llevarlo a cabo. Sin embargo, en noviembre pasado panistas y perredistas aprobaron modificaciones al Código Penal del Distrito Federal, para endurecer los castigos a quienes cometan actos violentos durante las manifestaciones. El deseo de regular las marchas ya llegó a Oaxaca, donde el PAN, que se opone a lo mismo en Quintana Roo, propuso una ley en ese sentido, que cuenta con el apoyo del PRI, pues los oaxaqueños ya no quieren más marchas, bloqueos y otro tipo de manifestaciones públicas y violentas que han afectado a la entidad de tal manera que, incluso, el turismo prácticamente ha desaparecido. En San Luis Potosí los panistas también presentaron una iniciativa de ley para regular las marchas, pero la retiraron luego de un motín de diversos grupos al interior del Congreso. En otras entidades como Hidal-
go, Morelos y Jalisco se ha planteado también la posibilidad de regular las marchas. Según una encuesta de Parimería, el 48% de los entrevistados de los mexicanos señala que sólo algunas marchas eran justificables, otro 13% refirió que la mayoría tenían justificación y un adicional 9% dijo que todas las marchas eran justificadas Al preguntar sobre las causas que motivaban la existencia de las marchas en México, seis de cada diez entrevistados (57 %) consideraron que las mismas ocurrían porque las autoridades no atendían las peticiones de las personas, es decir, en la opinión pública se asocia el origen de estas manifestaciones con peticiones no cumplidas por parte del gobierno, para el 41% restante, el origen tiene que ver con la costumbre de salir a protestar cuando no se está de acuerdo con algo. Otro tema importante al analizar la percepción y opinión sobre las marchas, es la postura que tienen los ciudadanos sobre su posible regulación, a nivel internacional, países como Reino Unido, España o Canadá reglamentan este tipo de expresiones, con acciones que van desde avisar días previos sobre su realización, hasta en el caso de Reino Unido donde se debe informar ruta, nombre y dirección
48%
de los entrevistados de los mexicanos señala que sólo algunas marchas eran justificables
13%
refirió que la mayoría tenían justificación y un adicional
9%
dijo que todas las marchas eran justificadas de los organizadores, en Montreal y Egipto se prohíbe portar máscaras o tener el rostro cubierto durante las mismas. En el caso de Estados Unidos el derecho a la manifestación está garantizado en la Primera Enmienda, sin embargo, si la manifestación requiere el cierre de calles es indispensable contar con un permiso, existen distintas reglamentaciones al respecto dependiendo del condado y de la ciudad donde se realicen.