El Diario
VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2009
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AFIRMA EX CONTRALOR DE BOYACÁ
“Cumplí con mi obligación legal”
Henry Carreño Leal, ex Contralor de Boyacá. El ex Contralor General de Boyacá, Luis Henry Carreño, precisa su actuación en torno al caso del ex Secretario de Hacienda Raúl Cely Alba, en cuanto a la declaratoria de una “emergencia manifiesta”, que al parecer se hizo con claras intensiones de evadir las obligaciones de la ley de contratación y que ahora, por cuenta de esa actuación, Cely Alba ha sido llamado por la Fiscalía para la audiencia de imputación de cargos. Dice el ex Contralor Carreño Leal: Señor Director, Periódico El Diario “He seguido con detenimiento la información publicada por el periódico en las dos últimas ediciones, respecto el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra del señor ex Secretario de Hacienda saliente
del Departamento, Raúl Alberto Cely Alba y, por tener conocimiento de causa, me permito hacer algunas precisiones que con seguridad darán elementos de juicio a la opinión para entender mejor este asunto. A través de la Resolución 101 del 22 de Mayo de 2007, el entonces Secretario de Hacienda Departamental declaró la “Urgencia Manifiesta” para suscribir un contrato que en su leal saber y entender, ameritaba hacerlo por este procedimiento. Es por ello que, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 80 de 1993 que establece la revisión a ese instrumento excepcional de la contratación pública a cargo de la Contraloría Departamental, el suscrito ex Contralor General de Boyacá declaró mediante Resolución 488 del 27 de Diciembre de 2007 que tal declaratoria adolecía de presuntas irregularidades, las cuales era necesario ponerlas en conocimiento de las demás entidades de control. Razón que me asiste para distanciarme del contenido de la información publicada por El Diario en la edición 499-1 del 18 de Noviembre de 2009; pues los ciudadanos deben enterarse que no era a la Contraloría General de la República en cabeza de su Gerente Departamental a quien correspondía el control de legalidad en este caso; que la Contraloría General de Boyacá bajo mi administración resolvió con celeridad y de acuerdo a derecho lo que correspondía, que es por ello y gracias al traslado de la C.G.B., que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, iniciaron sendas investigaciones y
corresponderá a ellas definir si hubo trasgresiones penales o disciplinarias. Entonces no es cierto que en mi caso se haya omitido el deber de investigar y denunciar. Ahora, al igual que los actores populares referidos en ese artículo de prensa, también nos parece insólito que el nuevo Contralor General de Boyacá resuelva revocar la decisión contenida en nuestro acto administrativo a pesar de los “insostenibles requiebros jurídicos”. Los Jueces de la República tendrán la última palabra”. Sobre este particular, se agrega desde este medio, se espera que el actual Contralor, decida a fondo sobre otras graves conductas que dice estar investigando y que ya anunció en reciente rueda de prensa, y ante la misma Asamblea del Departamento: los auxilios entregados a las juntas de acción comunal, el caso de Caprecom, el uso de eventos como entregar bicicletas para que no les sirvan a los niños. ED