Capturan a sujeto buscado en Oaxaca por caso de violación de un menor

distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima, en funciones de Juez de Control, sentencia condenatoria de 10 años ocho meses de prisión en contra de Edgar Andrés Galindo Velázquez, por los delitos de acopio y tráfico de armas, posesión de cartuchos y de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

De acuerdo a la carpeta de investigación de esta caso, en junio de 2022 personal de la Policía estatal de Colima, al encontrarse en la carretera Isenco-Cuauhtémoc, en la ciudad de Colima, y después de una persecución, lograron la detención en flagrancia de Galindo Velázquez, a quien se le aseguraron 18 armas largas y dos cortas, 18 chalecos tácticos con las siglas del CJNG, 72 cargadores de diferentes calibres, cuatro radios de comunicación, un inhibidor de señal, seis granadas, mil 837 cartuchos, una placa balística y tres pierneras.

Mientras que un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, condenó a ocho años 11 meses de prisión a Pedro de Jesús Gómez Aviña e Israel Espinoza Montañez, por su responsabilidad en los delitos de posesión ilícita de petrolífero y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En octubre de 2016, elementos de la extinta Policía Federal, durante la ejecución de un cateo en un inmueble ubicado en Manzanillo, detuvieron en flagrancia a Pedro e Israel, en posesión de 26 mil litros de gasolina regular, cuatro bidones de 200 litros y 17 cartuchos.

Niega juez federal amparo contra procesamiento de papá de alcalde de MH

Un juez federal en materia de amparo negó el juicio de garantías promovido por Daniel Tabe Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, para revertir la vinculación a proceso y modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le impuso un juez de Control.

Daniel Tabe es acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por ser presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de empleados del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

En la investigación de la FGJCDMX se asienta que el 27 de septiembre de 2022 Daniel Tabe supuestamente amenazó con un cuchillo a un verificador del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), y que sus representantes legales sostienen que el cuchillo utilizado por Daniel era de “utilería”.

El juzgado de amparo refirió que los Tribunales Colegiados han establecido que cuando se amague o amenace a una persona con un mal grave, presente e inminente, capaz de intimidarlo, ya sea con un cuchillo o arma de fuego, “es indudable que su utilización cumplió con su finalidad pretendida”, ya que el ofendido “resultó intimidado”.

Asimismo, declaró infundados los agravios de la defensa, quienes insistieron con declaraciones de testigos que el cuchillo era de utilería, y que el auto de vinculación a proceso está fundado y motivado, y no se vulneró los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia del quejoso.

En cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un juez de Oaxaca, elementos de la Policía de Investigación (PDI) aseguraron a Emiliano “N”, como probable responsable del delito de violación, cometida en agravio de una menor de edad, en calles de la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que de acuerdo a la carpeta de investigación iniciada por su homóloga de Oaxaca, los hechos tuvieron lugar el 1 de mayo de 1999 en el municipio de San Juan Bautista Coixtlahuacan, donde Emiliano “N” posiblemente obligó a la víctima a sostener relaciones sexuales con él, al amagarla con un cuchillo.

La colaboración interinstitucional de las Fiscalías de la CDMX y Oaxaca, permitieron localizar a Emiliano “N” en la citada colonia, una vez que se verificó su media filiación para descartar homonimia, se le notificó del mandamiento judicial vigente en su contra y tras su certificación médica, con acta entrega-recepción, el hombre quedó a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

Sigue en el limbo caso de fraude superior a los 17 millones de dólares

El empresario cafetalero Pedro Pérez Olvera adelantó que en caso del Poder Judicial de la Ciudad de México no proceda contra cuatro imputados y los hermanos Zardaín Herrerías, a quienes denunció por un fraude superior a los 17 millones 300 mil dólares, acudirá a instancias internacionales, así como a la Presidencia de la República en busca de justicia, ya que jueces y magistrados los dejaron en libertad pese a que existen elementos suficientes para fincarles responsabilidad penal.

Pérez Olvera relató “el fraude que cometieron los hermanos Rafael, Víctor Manuel, Carlos Modesto y Ricardo Zardaín Herrerías, fue por 16 millones de dólares, por lo que fueron detenidos por la entonces PGR y remitidos al Reclusorio Norte. Después que me enteré de dicho fraude, presenté formal denuncia en febrero del 1991 en contra de los Zardaín Herrerías por el delito de fraude genérico, la averiguación previa se consignó a la juez 40 penal del Reclusorio Norte, quien ordenó librar orden de aprehensión en la causa penal 15/93 en contra de todos los hermanos Zardaín”.

Detalló, “en junio de 1993 fue detenido Víctor Manuel, quien fue puesto a disposición del juez por ministerio de Ley Gómez Sandoval, quien por instrucciones del magistrado, Raúl Ayala Casillas tenía preparado auto de libertad a favor de Víctor Manuel Zardaín Herrerías. Fue así como el primero de julio de 1993, Sara Patricia Orea Ochoa fue nombrada como juez del juzgado 40 penal y al enterarse del contenido de lo que había preparado el juez, por Ministerio de ley, Sara Patricia Orena Ochoa dictó auto de término constitucional, que termina con la formal prisión de Víctor Manuel Zardaín Herrerías por ser probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico continuado”.

Apuntó, “el 7 de septiembre de 1993 los magistrados de la entonces Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en la Toca 447/93, Raúl Ayala Casillas, Alicia Solorio Suárez y Roberto Antonio Acosta Galán resolvieron revocar el auto que dictó la juez Sara Patricia Orea Ochoa y ordenaron la libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la Ley en favor de Víctor Manuel Zardaín Herrerías”.

Comentó, “así inicio el modus operando de los magistrados en presuntos actos de corrupción del TSJ en el que se resuelven libertades que solamente los delincuentes de cuello blanco consiguen obtener de magistrados que incurren en actos de corrupción, porque ellos bien sabían que los hermanos Zardaín Herrerías tenían mucho dinero con el que podían corromper a los jueces para obtener si libertad, porque tan solo con el fraude en contra del Banco del Pequeño Comercio y el fraude contra, el denunciante Pedro Pérez Olvera, los hermanos Zardaín tenían 17 mil 300 millones de dólares en su bolsa”.

Destacó, “es así como magistrados, jueces del Tribunal Superior de Justicia, juzgados de distrito en materia penal y Tribunales Colegiados de Primera Circuito, han intervenido en dictar amparos ilegales como es el caso del juez, Ricardo Ojeda Gándara, por todo esto no he podido recuperar parte de mi patrimonio por la cantidad de mil 300 millones de dólares”.