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CNT Nº 399 ABRIL 2013
ECONOMÍA ANÁLISIS LA CRISIS Y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
¿Quién rescatará a los españoles? Aunque el BCE rescate o no los bancos españoles, la economía seguirá en crisis, la solución no pasa por ayudar a los responsables de la situación actual DANIEL MARTY ICEA
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Znet Magazine. Probablemente la situación incluso empeore bajo el mandato del actual gobierno neo-liberal/conservador de Mariano Rajoy, quién parece incapaz de salirse del guión redactado según los principios neo-liberales de la fundación FAES2 , el “think-tank” del Partido Popular. Uno de los titulares del New York Times del 15 de noviembre de 2012 decía: “España: Nuevos límites para los desahucios” en el cual su autor acertadamente decía que los jueces españoles habían pronunciado 350.000 desahucios desde que empezó la crisis. Esta cifra significa que entre 1,5 y 2 millones de personas han sido desahuciadas, es decir entre un 3% y un 4% del total de la población. Veamos lo que significa exactamente esta crisis para la población y comparemos las distintas soluciones ofrecidas por el gobierno por un lado y por las organizaciones ciudadanas por el otro. La situación actual Estadísticas Mientras escribo estas líneas, más del 26% de la población activa está actu-almente desempleada, el 22% de los hogares españoles viven bajo el umbral de pobreza y el 25% de la población se ve amenazada de exclusión social. Ya ha habido 350.000 desahucios desde el
comienzo de la crisis en 2007 y actu-almente 532 ejecuciones hipotecarias se están lanzando diariamente. Lo que estas estadísticas no mencionan son los terribles efectos psicológicos que la falta de esperanza está causando sobre las españolas y españoles, muchos temen el futuro y no le ven una salida a la crisis. Al de alrededor 1'9 billones (7'6% de la masa salarial neta de cotizaciones y retenciones). La Ley Hipotecaria de 1909 Parece que una Antigua ley hipotecaria de 1909 les da a las financieras el der-echo de echar a una familia de su casa y luego
España, un ejemplo negativo en política sobre vivienda según Naciones Unidas pedirle el resto de la deuda. Tal vez sea bastante difícil de entender cuando uno no está familiarizado con el sistema legal español, así que voy a intentar explicar cómo funciona. Cuando resulta que ya no puedes hacer frente a los pagos de tu hipoteca, tu primera experiencia con el proceso de ejecución hipotecaria empieza cuando te contacta un empleado del banco (por teléfono si tienes suerte o simplemente por mensaje telefónico si no la tienes) que te regaña por ser un “deudor delincuente”. Tras unos meses o un año, cuando finalmente un juez dicta sentencia
diciéndote cuanto le debes al banco, se subasta tu casa. Sin embargo, la única parte interesada en la adquisición de tu vivienda es el mismo banco que, de acuerdo con la Ley Hipotecaria de 1909, pagará tan sólo un 60 % de su valor de tasación. ¿Puedes entonces imaginar las consecuencias? Déjame darte un ejemplo. Imagina que le debes 80.000€ a la compañía financiera. No puedes pagar y un juez ordena la venta de tu vivienda valorada en 100.000€ a través de una subasta. Podrías pensar “¡Bien! Por lo menos, puedo pagar lo que debo”. Error. La compañía financiera irá a la subasta y muy probablemente pagará sólo el 60% de su valor de tasación (el mínimo legal). Es decir 60.000€. Te quedas con una deuda de 20.000€ que tendrás que pagar cómo sea más gastos administrativos más intereses, por lo tanto podrías acabar con una deuda de 40 o 50.000€. Esto es lo que le ha ocurrido a 350.000 familias desde comenzó la crisis, y esto es a lo que se enfrentan más de un millón de personas en este mismo momento en España. ¿Cómo nos ven desde fuera? El 10 de agosto de 2012 las Naciones Unidas publicaron un informe llamado “Sobre una vivienda adecuada” por Mrs. Raquel Rolnik, Relatora Especial de las Naciones Unidas. En este informe, es interesante ver cómo cita a España, junto a otros como Estados Unidos e Irlanda, como ejemplo negativo por tener una política sobre la
vivienda especialmente dura. Rolnik dice que los sucesivos gobiernos de España jamás han intentado realmente reformar su política de la vivienda para favorecer a la población, a pesar del artículo 47 de la Constitución Española que establece muy explícitamente que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.” En su lugar, los gobiernos españoles tanto de izquierda cómo de derecha siempre han promovido una política de la vivienda que favoreciese a las élites y a las corporaciones financieras e industriales. El 8 de noviembre de 2012, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE Juliane Kolkott declaró que “la normativa española es “incompatible” con la directiva europea 93/13 sobre términos de contrato injustos” . A fecha de hoy, algunos jueces han anunciado que no seguirán con los actuales casos de ejecución hipotecaria hasta que se reforme el sistema legal español y sea compatible con la directiva europea 93/13 sobre los derechos del consumidor. Moralidad y legitimidad Cabe preguntarse qué clase de legitimidad moral tiene un gobierno cuando es responsable
Es el mismo banco quién pagará tan sólo un 60% de su valor de tasación de administrar un sistema en el cual familias enteras incluyendo mayores, niñas y niños, personas minusválidas son expulsadas de sus casas y metidas en deudas inasumibles. ¿No debería un gobierno mantener estas personas? ¿No debería proteger a sus ciudadanas y ciudadanos? El artículo 47 de la Constitución española de 1978 se creó para dar a los españoles el derecho de gozar de una vivienda decente y adecuada. Recoge las palabras del artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así co-mo a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” Por mucho que digan los ministros y políticos, el gobierno español tiene claramente el poder y la capacidad de cambiar las leyes actuales sobre alojamiento. ¿Quién en definitiva es responsable de la aplicación de la Constitución? O, podría preguntarse uno ¿Está el gobierno español actual orgulloso de deli-beradamente ir en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de su misma constitución? ¿Qué más se necesita a nivel institucional para parar este desastre? Gobierno contra ciudadanos El 9 de marzo de 2012, el actual ministro de economía (también consejero de Lehman Brothers Europa entre 2006 y 2008 y director de su filial en España y Portugal), Luis De Guindos lanzó el conocido “Código de buenas prácticas” llamando a la buena voluntad de las compañías financieras para que detuviesen los desahucios en los casos extremos. A pesar de su presumiblemente profundo conocimiento de la naturaleza de las corporaciones financieras, De Guindos parece haber sobrestimado su “buena voluntad” con la gente de carne y hueso. Sin lugar a dudas ya dice mucho que, a pesar del “código de buenas prácticas” los desahucios han seguido au-mentando de 517 a 532 al día entre marzo y noviembre. En noviembre de 2012, con las protestas y quejas de las organizaciones ciudadanas, sindicatos de policía, asociaciones de jueces y juristas y la publicación por los medios de varios casos de suicidio, el gobierno lanzó un segundo decreto para detener los lanzamientos de las personas (una vez más) en
La mano invisible Responsable de la fusión de Iberia con BA y la caída de Orizonia
Fernando Conte Fernando Conte nació en México en 1950, estudió Ingeniería Industrial en el ICAI (Universidad Pontificia Comillas) e hizo un Master in Business Administration en el Instituto de Empresa de Madrid. Su carrera profesional comenzó en 1974 vinculada al grupo ABB (empresa
que acarrea un alrgo listado de conflictos laborales) en donde recaló como director regional y director de división de ASEA en Venezuela. En 1984 se trasladó a España para desempeñar puestos de responsabilidad tanto en ASEA como en el Grupo Asea Brown
Boveri "ABB". Luego dio el salto a mayores responsabilidades, siendo entre 1989 y 1992 director general de ABB Subestaciones y después director general de ABB Trafo hasta 1994, año en el que fue nombrado vicepresidente del Segmento de Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica. A partir de 2001 entró como consejero independiente de Iberia desde marzo de 2001, pasando a ser presidente el 12 de junio de 2003. Hasta entonces había sido consejero independiente de Amadeus Global Travel Distribution, pero dimitió de este cargo por incompatibilidad con la presidencia de Iberia. Durante el periodo 20052006 fue presidente de la alianza de aerolíneas
"Oneworld". Durante su mandato negoció la fusión entre Iberia y British Airways, a la vez que adquirió las compañías de bajo coste Vueling y Clickair -su filial de vuelos baratos. El último escándalo ha sido el de Orizonia, la empresa en la que entró tras dejar Iberia en 2009. Orizonia ha presentado concurso de acreedores, dejando a más de 2.300 trabajadores en la calle.