Nº 623, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, agosto de 2013
En discusión mecanismos para refrendar los acuerdos de paz GERMÁN DARÍO VALENCIA AGUDELO Profesor del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia
E
n los últimos meses ha aparecido en la agenda pública el tema de la elección de los mecanismos para legitimar los acuerdos con las Farc. Esta situación era predecible. Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, dijo al iniciar la octava ronda de negociaciones, en abril de 2013, que todo los que se acuerde será sometido al escrutinio público: “No habrá una paz a la brava. No hay espacio para una paz contra la voluntad de los ciudadanos”. Además, se le ha dicho a la sociedad civil que su papel protagónico lo tendrá en la tercera fase del proceso, en la implementación y verificación de los acuerdos; allí tendrá la responsabilidad de ayudar a que las decisiones acordadas en la mesa se lleven a la práctica. Lo anterior constituye para la sociedad civil una invitación directa a que se comprometa con la selección de los mecanismos de legitimación de lo negociado. También es un reconocimiento que se le hace como actor político para que acepte y legitime el proceso de paz. Las partes en la mesa han aceptado que: “los colombianos tendrán la última palabra de los acuerdos de paz” (Sergio Jaramillo, negociador del Gobierno) y “que todos los sectores de la nación puedan opinar, puedan decir cómo es que nos vamos a regir de aquí en adelante” (Iván Márquez, negociador de las Farc). Así, el reto es grande para la sociedad civil: debe aprovechar esta coyuntura de elegir los mecanismos que permitan darle visto bueno a lo acordado en La Habana como una oportunidad para elegir la opción que más le convenga como actor político; además, para hacer un balance sobre los mecanismos que el sistema democrático le ofrece o pensar en la posibilidad de construir otros. Es claro que las Farc no se desmovilizarán hasta que se refrende lo pactado y lo más probable es que deban introducirse cambios serios a la normatividad colombiana. La Constitución Política de 1991, en su Título XIII, ofrece tres formas básicas mediante las cuales puede reformarse legalmente esta: leyes aprobadas por el Congreso de la República, una asamblea nacional constituyente y varios mecanismos de refrendación ciudadana como el referendo, el plebiscito y la consulta popular. La elección de una u otra opción dependerá de
La consulta popular exige un tercio del censo electoral (más de 10 millones de votos), el plebiscito requiere la mayoría del censo electoral (más de 16 millones de votos) y el referendo demanda la participación de la cuarta parte de los votantes registrados en el censo electoral (más de 7.5 millones). Cifras difíciles de alcanzar en un país con una cultura abstencionista notable.
muchos factores: de los acuerdos a los que llegue Gobierno y Farc en la mesa, pues la discusión de los mecanismos hace parte de la agenda; de la conveniencia política que encuentre el Gobierno por fuera de la mesa para llevar a cabo su propósito de firmar la paz; del apoyo que el legislativo y los demás poderes públicos le den a estos mecanismos; y, sobre todo, de la elección y respaldo que le dé a los mecanismos la ciudadanía. Tanto el mecanismo de las leyes como la asamblea constituyente resulta para la ciudadanía una delegación de poder; es poner en otros la discusión y la toma de decisiones. Y como sabemos, existe la posibilidad allí que las decisiones se tomen de manera partidista o personales, y que estas no recojan el sentir popular; incluso no se apruebe o se cambie lo acordado en La Habana. A pesar de ello, la constituyente resulta más conveniente para la sociedad civil debido al poder político que le brinda esta opción. Ésta representaría para la ciudadanía una oportunidad para discutir lo negociado en La Habana y cambiarlo si así lo considera (poder constituyente del poder constituido). Frente a los mecanismos de refrendación, el artículo 103 de la Constitución de 1991 propone la consulta popular, el plebiscito y el referendo. Los tres son mecanismos de participación democrática y política con gran potencia para la ciudadanía, pues ponen en sus manos la aprobación o no de las reformas, además las decisiones que se tomen son de estricto cumplimiento. El contraste está en que se enfrentan a dos problemas. El primero es el origen de las propuestas: tanto la consulta popular como el plebiscito tienen su origen en el ejecutivo (dado el alcance nacional de la reforma es responsabilidad del Presidente de la República y sus ministros la presentación); el
referendo, por su parte, no tiene esa desventaja, nace de la sociedad (un número de ciudadanos no menor al 10 por ciento del censo electoral, según el ámbito territorial), pero debe someterse al filtro del Senado, pudiendo ser reformado o desaprobado antes de ser votado, como pasó con el referendo por el agua. El segundo problema está en el número de votos: la consulta popular exige un tercio del censo electoral (más de 10 millones de votos), el plebiscito requiere la mayoría del censo electoral (más de 16 millones de votos) y el referendo demanda la participación de la cuarta parte de los votantes registrados en el censo electoral (más de 7.5 millones). Cifras difíciles de alcanzar en un país con una cultura abstencionista notable, donde puede desincentivarse la participación ciudadana debido a la complejidad de lo que se vota y donde existe la posibilidad de que se vote no se apruebe y se alargue aún más la desmovilización, el desarme y la reintegración de las Farc. Las tres opciones están sobre la mesa. El camino que se seguirá para refrendar o legitimar lo acordado entre el Gobierno Santos y las Farc no está claro. Podrá elegirse cualquiera de los mecanismos, la combinación de varios de ellos e, incluso, explorar otros mecanismos aun no considerados. La importancia para la sociedad civil está en conocer y evaluar los límites y posibilidades que le ofrece el sistema democrático; aprovechar esta coyuntura para empoderarse aún más como actor político en Colombia; y, finalmente, prepararse para afrontar el camino de la tercera fase del proceso de paz, donde refrendar lo pactado es solo un primer paso, su responsabilidad aumentará en la implementación y verificación de lo pactado (cese de hostilidades y reformas sociales, políticas y económicas, entre otras).
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