Nº 668, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, septiembre de 2017
Colciencias tiende a desaparecer, pero no debería Por GABRIEL VÉLEZ CUARTAS* Docente del Departamento de Sociología gjaime.velez@udea.edu.co
C
ontrario a todo lo que se viene exponiendo en los medios acerca de la disminución del presupuesto en ciencia y tecnología durante los últimos años, la verdad es que Colombia nunca había tenido tanto presupuesto disponible para hacer investigación. Por ejemplo, de acuerdo con el Observatorio de Ciencia y Tecnología (Ocyt), de 347 millones de dólares disponibles en 2006 para inversión en investigación y desarrollo, se pasó a 723 millones en 2016, y se presenta una curva siempre creciente aunque con unas pequeñas fluctuaciones en los últimos años. Así, en diez años Colombia duplicó la inversión en ciencia y tecnología; y aunque esto no se acerca a los 390.000 millones de dólares invertidos al año por China en I+D, sí es un incremento importante. Sin embargo, las últimas noticias han anunciado un desfinanciamiento creciente de la ciencia y la tecnología, asociado a la disminución sustancial del presupuesto de Colciencias. En 2013, Colciencias tenía 230 millones de dólares ($430.155 millones de pesos), mientras que el recurso proyectado para 2018 por el Ministerio de Hacienda es de 73 millones y medio ($220.506 millones de pesos). Colciencias fue ascendido a Departamento Administrativo en 2009, a la altura del Departamento Nacional de Planeación, pero con importantes limitaciones en la toma de decisiones, pues su autonomía quedó confinada a otros actores que deciden el destino de los recursos en investigación y desarrollo. ¿Dónde está el resto del dinero? En el gobierno de Santos, Colombia adoptó una política de descentralización de los recursos dedicados a la I+D a través de la destinación de un 10% de los recursos de regalías a su desarrollo. El manejo presupuestal fue delegado a las gobernaciones, las cuales podían apropiar los recursos y subcontratar otras organizaciones para que ejecutaran (lo que pasa con el 75% de los recursos, según informe de la Contraloría de 2017). Esto representó una gama muy amplia de interpretaciones sobre lo que significaba la I+D, de acuerdo con lo que cada gobernador observara como prioritario en su gobierno para alcanzar las metas propuestas, sin considerar agendas de largo plazo en la investigación (un proyecto sobre cura del Alzheimer, por ejemplo, necesita una proyección de 10 años como mínimo y no puede ser considerado solo un proyecto departamental). En otras palabras, la destinación de recursos de investigación quedó amarrada a la discreción de los gobernadores, muchos de los cuales relacionaron I+D con compra de computadores y, en el peor de los casos, con
financiación para apoyo a empresas innovadoras que incluían, entre otras, asaderos de pollos y spas (según informe de la Contraloría de 2017). El Ejecutivo está dando a entender que no considera a Colciencias un actor tan importante para su estructura en la definición de las orientaciones de la investigación científica en el país. La academia pareciera tener un interés importante, sin embargo no el suficiente como para manifestarse, tal y como lo han hecho los deportistas, por ejemplo, quienes ya inclusive consiguieron una rectificación por parte del Presidente (por lo menos intencional) en cuanto a los recursos destinados al deporte. No podemos dejar de pensar en las tensiones que han suscitado tanto el modelo de medición de grupos como las clasificaciones del Publindex, o en la disminución del presupuesto para becas de doctorado en Colombia, entre otras. Por su parte, tampoco las empresas sienten que Colciencias tenga mucho que ver con su misión; y el resto de la sociedad, creo, se debe preguntar exactamente para qué sirve esta entidad. Tenemos un sistema de investigación liderado legalmente por una organización a la que el gobierno le ha quitado su capacidad presupuestaria de orientar dicho sistema y que tiene problemas para relacionarse con su entorno organizacional. Estas funciones han sido delegadas en actores que tienen muy poca experiencia en la inversión en I+D, como los gobiernos departamentales, y en un entorno empresarial que es rentista y que no está interesado en considerar la cuarta revolución industrial (última proclamada por el Foro Económico Mundial); no, no, corrijo, la tercera revolución industrial, como lo evidencia la encuesta Edit de 2014-2015 del Dane, en la que se muestra que las empresas no alcanzan ni el 0,5% de desarrollo basado en estricta innovación (aplicación de I+D). Colciencias tiene que mejorar en muchos aspectos, pero ha sido el interlocutor más importante entre los investigadores y el Estado. La estrategia de regalías tiene buenas intenciones y permitiría, eventualmente, la construcción de agendas regionales de ciencia y tecnología, toda vez que se logre generar un liderazgo suficiente por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (Ocad) en diálogo real con la academia. Sin embargo, se necesita un interlocutor mucho más fuerte con la Presidencia y los ministerios. Aceptemos por un momento que Colciencias desaparezca; el problema de fondo no es ese, el problema es que no hay en Colombia una entidad que permita la coordinación del desarrollo de la investigación científica y tecnológica en términos de toma de decisiones. Tenemos un sistema de investigación nacional lleno de fragmentos, en el que el entorno económico global determina que la I+D debe ser una política de Estado y no de planes de desarrollo parciales y eventuales. Por esto pienso que Colciencias debería ser un ente que garantice esa política; y aunque Colciencias tienda a desaparecer, no debería. * Investigador, grupo Redes y actores sociales, Red Íconos
7
Recorte en ciencia y tecnología es grave para las universidades y el país Carta abierta del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia —24 de agosto de 2017— El anuncio del Gobierno Nacional sobre el recorte en el Presupuesto General de la Nación para el 2018, de 41.6% en ciencia y tecnología con respecto al 2017, es grave para las universidades y el país. Esta disminución que se viene dando de manera sistemática desde el año 2013, cayó por debajo de la inversión del año 2010 y continúa en franco descenso. Este asunto, que parece coyuntural, es una muestra más de un proceso sistemático y contrario a cualquier política de fortalecimiento de la educación superior y de desarrollo de la investigación y la ciencia. Las universidades públicas tienen un vacío presupuestal cercano a los 800 mil millones de pesos, al cual el Gobierno Nacional no le ha ofrecido alternativas. Por el contrario, ha impulsado otras políticas que debilitan la universidad pública, como Ser pilo paga, Colombia científica – Pasaporte a la ciencia y la nueva metodología de clasificación de revistas científicas introducida recientemente. Es sorprendente que el presupuesto para ciencia y tecnología en 2018 sea escasamente de 1.54 dólares por habitante, cifra que contrasta enormemente con la inversión en otros países, como Argentina (130), México (188), Brasil (473), España (608), alcanzando en algunos casos hasta mil veces más nuestra inversión como país, hecho que se puede evidenciar comparándonos con Israel (1.537), Japón (1.385) o Estados Unidos (1.560). En Colombia, los recursos públicos, muy limitados, se utilizan para la investigación en los campos de la ciencia, la salud, las ingenierías, las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Y, precisamente, este conocimiento busca resolver los problemas más importantes del país y mejorar las condiciones sociales de los colombianos. Como Corporación, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República con el fin de que se revisen estas decisiones y se adopte una política a favor de la ciencia y la educación con adecuada financiación. Mauricio Alviar Ramírez, presidente David Hernández García, secretario