Opinión / Análisis Convocatoria Posgrado Facultad de Medicina 2017 Conoce la oferta en http://medicina.udea.edu.co
Nº 663, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2017
Corrupción, delincuencia solapada y anomia Por CÉSAR ALBERTO OROZCO ROJAS Profesor de la Facultad de Medicina neonatologiavirtual@gmail.com
Calendario Fecha límite de pago de derechos de inscripción: Hasta el miércoles 5 de abril de 2017 Inscripciones vía web Hasta el viernes 7 de abril de 2017 Exámenes de admisión Viernes 21 de abril de 2017 Hora: 8:00 – 10:00 a.m. Lugar: Facultad de Medicina e instalaciones Universidad de Antioquia Examen de competencia lectora en inglés Viernes 21 de abril de 2017 Hora: 10:30 a.m. – 12:30 p.m. Lugar: Facultad de Medicina e instalaciones Universidad de Antioquia Publicación de resoluciones de admisión Viernes 5 de mayo de 2017 En el portal de la Facultad de Medicina http://medicina.udea.edu.co Asignación de cupos vacantes Viernes 19 de mayo de 2017 Información: —Facultad de Medicina Departamento de Educación Médica, Sección Posgrado • Carrera 51D N°62-29 • Bloque Manuel Uribe Ángel, 2° piso, of. 202 • Teléfonos: (57-4) 219 60 70 • Correo: posgradosmedicina@udea.edu.co —Departamento de Admisiones y Registro • Teléfono: (57-4) 219 51 34 Correo: programaayudame@udea. edu.co Si desea conocer procedimientos, resoluciones y requisitos de la convocatoria visite la página web: http://medicina.udea.edu.co Resoluciones 1417, 1418, 1420 y 1425 del Comité Central de Posgrado del 28 de febrero de 2017
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a delincuencia es histórica y camaleónica; ubicua, polimorfa y no es clasista ni solitaria, con el tiempo se modifica y refina a un paso más veloz que las medidas del Estado para combatirla o reducirla; va más allá del saqueo de patrimonio público. La corrupción es una enfermedad social de alto costo; un maridaje entre política y delincuencia que pasa por todas las actividades humanas y rincones de un Estado y está acompañada habitualmente de violencia, criminalidad, desplazamiento, cabildeo, testaferros, coimas, repartición de contrataciones, sentencias parcializadas de jueces, reelecciones, financiación privada de las campañas políticas, politización de la justicia, incentivos, empresas ficticias, exenciones, amnistías fiscales, evasión tributaria, tercerización laboral, obras inconclusas, descontrol de las entidades sin ánimo de lucro; creación de zonas francas; falta de división de los poderes del sistema, de transparencia del gobierno organizacional; develación en la asignación de cualquier contrato o licitación pública y de carrera administrativa de los funcionarios; cultura arraigada de más empobrecimiento y obstaculizadora del desarrollo. La delincuencia de cuello blanco, más perversa que la común, es la perpetrada por empleados de dirección y confianza, muchos de alta alcurnia, delfines y cuotas del clientelismo político, que accionan subrepticiamente mimetizándose en las organizaciones para delinquir; se reparten el erario, los puestos y los presupuestos públicos para llenar sus ambiciones de más dinero y más poder, ambas insaciables e incorregibles. La corrupción es un signo del extravío de los Estados de ser la fuente primaria de construcción del orden social, carcome las democracias con tentáculos en todos los estamentos, desvía los recursos de la inversión social y de las oportunidades de la población vulnerable; es un impuesto al crecimiento encubierto que arrastra al subdesarrollo social y económico. La delincuencia moderna es consecuencia de la decadencia en los valores sociales, de la connivencia y la subversión moral o espiritual, la falta de gobernanza en la gestión pública por la lenidad y la anomia estatal; como lo demuestra el afán de la gente y del político por el escalamiento social, el enriquecimiento fácil y ambiciones de poder, desvirtuando el don del servicio público que contraría al imperativo jonasiano: “La responsabilidad es mayor mientras mayor sea el poder o la influencia de quienes participan en las acciones”. El panorama sombrío se intensifica por la debilidad de las instituciones de vigilancia y control de los Estados, entes que han permanecido desfasados ante la amenaza del ingenio y el crecimiento de las organizaciones criminales; y más aún, la interconexión y transculturización planetaria que da la globalización política, económica, social y tecnológica, convierte la acción delictual aldeana en un descarrío empresarial transnacional, de fácil exportación y anidación
en cada país con las concesiones suficientes para manipular las tomas de decisiones políticas. Igualmente, administrar justicia es una de las funciones sagradas del Estado, pero su carácter ralentizado ha tomado ventaja, lo que lleva a que los actos delictivos terminen impunes; y en muchos casos ante los actos protervos, los togados recurren a la negociación de la ley con una política punitiva blandengue con sentencias de rebajas de condenas, de privilegios y sin privación de la libertad sin mediar el interés público y la seguridad ciudadana, que favorece la reincidencia y estimula el dicho “ser pillo paga”. Las prácticas perversas de la desvergonzada política moderna agudizan la delincuencia. Atacar la corrupción es objeto del proselitismo para persuadir y ganar partidarios con políticas que camuflan la falsa filantropía y altruismo; mesiánicos ficticios que viran el delito individual y circunstancial a estructural y sistémico. El delincuente político es un trasgresor de los pactos sociales que deteriora la confianza en el Estado. En el mundo del politiquero pareciere que todo es luctuoso, sombrío, innoble; venal; transa las doctrinas, las conciencias, las convicciones, los valores y los principios; traidores de su patrono, Santo Tomás Moro. Un mamut visible que ha sido iterativo con sus prácticas inmorales en una sociedad impasible, tolerante y cegata que ha tardado en reaccionar y aplicar sin piedad el escarpelo de la justicia para abrir los vicios de su actuar. Los mandatarios, dirigentes y empresarios deben ser modelos que ejercen influencia en el pensar y actuar moral y ético de las personas. Los gastos destinados para neutralizar la delincuencia y recuperar el orden social, son las erogaciones dispendiosas, tardías, irrecuperables y, en su mayoría, en complejas medidas infructuosas de corrección, rehabilitación y resocialización de los adolescentes y adultos a sabiendas de la alta reincidencia. Los gastos correctivos y reactivos se podrían surtir mejor en otras necesidades sociales y, una sabia gestión estatal, tornarlos en costos, que son las erogaciones módicas, retornables, fecundas y proactivas invertidas desde la infancia; así, un país tiene menos presos, y no precisa de más cárceles ni más leyes; la solución a la crisis de valores va más allá de cambios en la política punitiva y penitenciaria. La corrupción es una plaga que afecta a todas las economías, pero las regiones con mayor desigualdad e injusticia son las más violentas, primigenias de toda delincuencia; empero, en esencia, el menoscabo de los valores humanos y sociales se debe a la irresponsabilidad y negligencia de los Estados fallidos en la inversión en educación desde los primeros años de vida y en el acompañamiento a las familias, consecuente con la degradación de la crianza. La ausencia de políticas de Estado dirigidas a favorecer en los niños un contexto familiar protector, seguro, socializador y contenedor en lo afectivo, emocional, educativo y estimulador del desarrollo, genera y degenera en la adultez en disfuncionalidad y violencia intrafamiliar, precursores de otras formas de delincuencia, en las que el niño es un espectador. Un círculo vicioso en el entorno en el que nacen las personas que continúan determinando sus futuros. *Docente de neonatología