OPINIÓN
4 / -- LUNES 05 de Mayo de 2014
Este país se pregunta...
... Cuando José Vicente dice que hay un sector de la oposición que quiere apartar a Leopoldo y a María Corina, ¿no será porque es el director de esa película con tan diligentes protagonistas? *** Los jóvenes sumaron a importantes sectores, convirtiendo la protesta en una fuerza capaz de enfrentar al régimen.
La toma del poder por la vía electoral, el carisma del líder y el control de los medios contribuyeron a vender la imagen de una democracia participativa de lo que en realidad era una autocracia totalitaria. Así la democracia funcionó como instrumento para engañar y ocultar la verdadera naturaleza del régimen. El comunismo era la meta. Este colosal engaño no solo facilitó imponer un régimen autocrático sino que condujo a un manejo equivocado para defender la democracia. Durante quince años apelamos a la vía electoral en la búsqueda de un cambio, sin reparar que con un árbitro parcializado la voluntad del Soberano no se conocería nunca. Nuestros políticos tardaron mucho en entenderlo y esto le facilitó al Teniente imponer su régimen político. Cuando reaccionaron a través de la MUD (2010), el proceso había consolidado posiciones de fuerza como el control de los poderes públicos y los medios de comunicación con el abuso de las cadenas. Un régimen de fuerza no se mantiene ajustando su conducta a la Constitución, sino usando la fuerza para sustituir la soberanía popular por la soberanía del autócrata. Esto explica por qué los poderes públicos pasaron a ser “Secretarías” del Ejecutivo. Si seguimos queriendo salir de esto utilizando los medios de una democracia
será difícil lograrlo, porque la voluntad popular no tiene como expresarse cuando el árbitro no responde al pueblo sino al autócrata. Afortunadamente los estudiantes no han podido ser adoctrinados. Ellos defienden su futuro y se lanzaron a las calles a ejercer el derecho a la protesta pacifica que la Constitución garantiza. Ahora nuestros jóvenes usan ese derecho y han sumado a importantes sectores de la Sociedad, convirtiendo la protesta en una fuerza superior con capacidad para enfrentar al régimen. La fuerza del régimen es el poder, pero la fuerza de los estudiantes es toda la Sociedad Civil que encarnan con sus protestas. Como el pueblo no puede expresar su voluntad por la vía electoral, los estudiantes tomaron las calles para ejercer la soberanía popular secuestrada por poderes ilegítimos. Ahora se está manejando, por fin, la crisis con mayor realismo y posibilidades de éxito. Se enfrentan dos fuerzas: la Sociedad Civil liderada por la nueva generación y el régimen. Si la fuerza estudiantil convoca a un paro de 48 horas ¿cómo hace el régimen para mantener funcionando al país? ¿Cómo hace? Mejor es que este diálogo no sea para ganar tiempo, como parece, sino para evitar un colapso total.
*** La sentencia del TSJ es inconstitucional, porque criminaliza las manifestaciones y obliga a pedir permiso para protestar.
*** Mientras el Gobierno no tenga el valor de rectificar,lasmedidaseconómicasseráncomoponerle curitas a una enorme herida infectada.
El aumento del salario mínimo en 30%, calificado como “prudente y razonable” por Fedecámaras, llega cuando la inflación es del doble. Para el Cenda la canasta alimentaria familiar duplica el salario mínimo aumentado y la canasta básica lo cuadruplica. Además la escasez es del 29.4%. Desde 2008 faltan aceites de maíz, girasol y mezclados, leche en polvo descremada y completa, azúcar, pernil y granos como caraota negra, arveja y lenteja. En una economía sin crecimiento y con inflación, donde no se produce y se depende de importaciones para las que, además, falta divisas, es lamentablemente fácil predecir que la inflación aumentará tras el incremento salarial. Porque el valor que le hace falta al Gobierno es el de admitir que lo que viene haciendo ha causado este cuadro, que a su modelo económico se le trancó el juego y que puede seguirlo llamando “socialismo del siglo XXI” si le place. En Ecuador lo llaman así y es muy diferente, pero urge cambiarle el contenido, porque sencillamente no da más. La debacle de cementeras y empresas básicas de Guayana en manos de las políticas gubernamentales y la gerencia roja es conocida. Tome por ejemplo la infraestructura agroalimentaria a la que el Gobierno le puso la mano. Podría abastecer el 40% de la demanda nacional. Ciento veintidós agroindustrias, cincuenta y nueve silos, cerca de siete millones de hectáreas y veintidós mil puntos de comercialización atascados en fallas en insumos, conflictos laborales e ineficiencia. Once centrales azucareros tiene el Gobierno, pero sólo produce veinte de cada cien kilos de azúcar, mientras ochenta salen de centrales privados. Lácteos Los Andes produce 15.3% menos que cuando el Estado la asumió. Avícola del ALBA produjo 1.075 toneladas de pollo de las 6.180 previstas. Como el estatismo improvisado está en la base de la escasez, el gasto público desenfrenado, el déficit fiscal y el de Pdvsa cubierto con dinero inorgánico están en la base de la inflación. Casi un tercio del circulante es para financiar a la petrolera. La deuda alcanza dimensiones monumentales. Los cambios necesarios en la economía son de sentido común. No son remienditos aquí y allá. Son rectificaciones en serio, porque los errores del Gobierno y su resistencia a rectificarlos, los paga el pueblo venezolano.
Indicadores del viernes Nuevamente el TSJ es noticia. La Sala Constitucional dictó sentencia Nº 276 de 24 de abril de 2014, en la cual se creó una prohibición que impide ejercer el derecho a la manifestación sin autorización. El Artículo 68 de la Constitución señala que los ciudadanos “tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. Con el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el recurso de interpretación que interpuso el Alcalde de Guacara, sobre el alcance del artículo 68 de la Carta Magna, se crea un nuevo precedente de acuerdo con el cual para manifestar “necesitamos Permiso”. A mi modo de ver esta
sentencia es inconstitucional, así emane del TSJ, porque criminaliza las manifestaciones espontáneas y otorga a los cuerpos de seguridad municipales “competencias compartidas” para el control del orden público. La sentencia es contradictoria a la Constitución, pues obliga a los ciudadanos a pedir permiso en sus alcaldías para protestar. La Sala Constitucional llega a sostener que “cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización” podrá “dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público (…) actúen dispersando dichas concentraciones con el uso
de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de los dispuesto en la Constitución y el orden jurídico”. Esa conclusión contradice los estándares internacionales de protección de derechos humanos, que no solo son vinculantes en Venezuela, sino que tienen rango superior a la Constitución. Por eso no se puede criminalizar las protestas que no cuenten con autorización, no solo porque esa autorización no se exige en la Ley, sino porque esa criminalización desconoce las “manifestaciones espontáneas”, es decir, las concentraciones no planificadas realizadas en sitios públicos como expresión del derecho de libertad. Es violatorio al derecho
humano a la manifestación imponer trabas a las manifestaciones, que es lo que ha hecho la Sala Constitucional. Recordemos que de acuerdo con las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional en 2011, las policías municipales no pueden adquirir equipos no-letales o equipos antimotines, con lo cual los cuerpos de policía municipal no pueden intervenir en las manifestaciones. También dice el Artículo 68 de la Constitución: “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Con esta decisión, el “TSJ” aplasta al “Pueblo” y por ello la hace nula.
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