de minas no fuera detectado. Fue la misma CGC quien, en el año 2007, informó que la cantidad de desechos en el área de operación había sido bastante alta durante el tiempo que la empresa comenzó a operar la mina, a finales de 1960:
<<La Compañía estima que el sitio de la mina San Sebastián tiene 14.4 millones de toneladas de material mineralizado virgen, incluyendo el material de desecho existente [aproximadamente 960,000 toneladas]... El desecho descartado y relleno en el sitio son subproductos de las operaciones mineras del pasado. Este material de desechos fue minado en el pasado en búsqueda de concentraciones más altas de oro y apilados a un lado de las excavaciones anteriores ya que se consideró, en ese momento, ser de grado mineral demasiado bajo para procesar económicamente; sin embargo, se reservó para el procesamiento futuro, para cuando el precio del oro llegara a un nivel que se pudiera procesar de forma rentable. El relleno que estaba disponible en el pasado (ahí por 1900) fue considerado de grado de material mineralizado demasiado bajo para procesar económicamente, por lo que se utilizó sobre todo para rellenar vacíos en los trabajos subterráneos, para dar cabida a la extracción material mineralizado de grado superior (SEC, s.f.: 18). >>15
Lo que esto significa es que a pesar de toda la evidencia que señalaba un daño ya existente, y que el MARN había estipulado que el permiso ambiental del año 2002 sería concedido bajo la condición de que la CGC “queda comprometida a realizar todas aquellas medidas tendientes a proteger el cauce de los ríos Santa Rosa, Camarón, Las Marías y San Sebastián” (MARN, 2002: 2), las autoridades ambientales no tuvieron la capacidad para detectar el daño e imponer restricciones. Esto no es un problema aislado. A pesar de que la Ley de Minería tiene una serie de vías de acción en materia de daños al medio ambiente, la capacidad de los organismos gubernamentales encargados de la vigilancia y cumplimiento de la legislación ha sido y sigue siendo limitada. Debemos recordar también que la mina San Sebastián no era una operación grande en comparación con algunas de las minas que operan actualmente en otras partes de América Latina. Por lo tanto, si la capacidad del gobierno para regular la actividad minera de la CGC, y otras empresas, era limitada en ese entonces, sólo se puede asumir que esta capacidad se diluirá aún más si la cantidad y la complejidad de los proyectos mineros incrementara algún día en el país, sin que se fortalezca la institucionalidad en materia ambiental. Lo mismo se puede decir de la capacidad y la transparencia del manejo de los fondos obtenidos por las regalías mineras y que es un tema que se desarrollará más a fondo en las siguientes secciones
15 La existencia de drenaje ácido en la mina fue reconocida por un representante de la empresa en una entrevista en los EE.UU., pero se rehusó a admitir reponsabilidad alguna en el proceso de contaminacion y en su lugar lo atri buyó a las operaciones mineras del pasado. Ver la entrevista a través de este enlace: http://www.mptv.org/localshows/adelante/latest_episode/?v=8gRyq1wW8so&e=1311
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