PROPUESTA_COMUNISTA_49 by espartaco_02 garcia

Índice

Propuesta Comunista

REPRESIÓN DE SINDICALISTAS Comunicado del Comité de Asturies del PCPE ......................

Partido Comunista de los Pueblos de España Marzo 2007, nº 49

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ZAPATERO (y el conflicto vasco) Carmelo Suárez ..............................................................................

PROGRAMA-MARCO DE POLITICA MUNICIPAL Comisión Electoral del CC del PCPE .......................................

LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL GENERAL Y LAS PECULIARIDADES DE LAS GRANDES CIUDADES Y LAS AREAS METROPOLITANAS Leopoldo del Prado .......................................................................

LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y EL PROGRAMA MUNICIPAL DEL PCPE Julián Iglesias .................................................................................

ANDRÉS ALVARADO JANINA, UN CONCEJAL COMUNISTA Juan Rafael Lorenzo .....................................................................

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Juanjo Serrano ...............................................................................

LA CLASE OBRERA DEL SIGLO XXI EN LOS PAISES CAPITALISTAS DESARROLLADOS Área de Formación del PCPE ....................................................

Declaraciones del Comité Ejecutivo del PCPE .......................

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Revista política

Propuesta Comunista Director: Juan R. Lorenzo Consejo de Redacción: Área Ideológica del PCPE Diseño de Portada: C. Suárez Edita: Partido Comunista de los Pueblos de España Depósito Legal: M-12283-1990 Redacción: C/ Carretas nº 14 - 6º, G-1 28012 Madrid Telf. y Fax 91 532 91 87 e-mail: pcpecc@terra.es www.pcpe.es

PCPE de Asturies

Represión al movimiento obrero

Represión del movimiento obrero: dos trabajadores condenados a 3 años de cárcel SOLIDARIDAD CON LOS SINDICALISTAS DE LA CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERZAS (CSI) CÁNDIDO Y MORALA El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Gijón, dirigido por el Magistrado–Juez Don Lino Rubio Mayo, ha dictado, en nombre del Rey, SENTENCIA Nº 39/07, de fecha 14 de febrero de 2007, por la que se condena a los sindicalistas Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero a tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de doce meses con cuota/día de seis euros, a cada uno, a que indemnicen conjunta y solidariamente en 5.624,83 euros al Ayuntamiento de Gijón y al pago por mitad de las costas causadas.

Comunicado del Comité de Asturies del PCPE

a Organización de Asturies del Partido Comunista de los Pueblos de España considera la citada condena un intolerable acto de represión contra el movimiento obrero, y, ante la misma, MANIFIESTA: 1.- En la persona de los compañeros Cándido y Morala se condena, en realidad, la lucha ejemplar que los trabajadores de Naval Gijón libran desde hace décadas contra la reconversión y en defensa de los puestos de trabajo de todas y todos los asturianos. 2.- Durante décadas, las clases dominantes y sus sucesivos gobiernos títeres (UCD, PP, PSOE-IU) han intentado terminar con el sector naval.

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Para ello, han intentado, una y otra vez, doblegar la capacidad combativa del movimiento obrero. No han escatimado en medios para lograrlo: infiltración policial, espionaje y violencia policial contra quienes defienden su derecho al trabajo y el derecho de sus familias a una existencia digna. Ahora recurren al encarcelamiento de dirigentes sindicales con el mismo propósito, recuperando prácticas que traen a la memoria colectiva de nuestra clase obrera y nuestro pueblo los métodos empleados en su día por la dictadura franquista. 3.- Tal y como el PCPE ha denunciado, tras esta condena se esconde el interés de influyentes sectores económicos y dirigentes políticos autonómicos y municipales de especular con los terrenos en que hoy se asienta nuestra industria naval. El Ayuntamiento de Gijón, gobernado por el PSOE e Izquierda Unida–Bloque por Asturies, ha jugado un papel esencial en este burdo montaje. Así lo confirma el texto de la sentencia y así lo demostraron al negarse a apoyar una moción presentada por nuestro Partido al Pleno del Ayuntamiento en apoyo a los sindicalistas y solicitando que se retirasen las reclamaciones contra los trabajadores. El Delegado del Gobierno, Antonio Trevín (PSOE), también ha jugado un papel esencial, en su línea de represión contra la izquierda política, social y sindical asturiana. 4.- La citada condena es expresión del incremento de las contradicciones que enfrentan a la clase obrera con el capitalismo y sus agotadas instituciones. El movimiento obrero y el pueblo asturiano, a lo largo de la historia, han sabido enfrentar con valentía y coherencia la represión de las clases dominantes y, en esta ocasión, también sabrá afrontar esta nueva ofensiva contra sus interese colectivos. El PCPE, como partido de la clase obrera y parte del movimiento obrero, partiendo de las anteriores reflexiones, realiza los siguientes LLAMAMIENTOS: 1º.- A los sindicatos asturianos y a la izquierda social y política, para trabajar unidos por la convocatoria de una gran manifestación en solidaridad con Cándido y Morala, contra la represión y por el futuro de la Asturies popular y del trabajo. En estos momentos, no cabe mirar para otro lado, no caben medias tintas: o se está con los trabajadores o se está con el capital y su aparato represivo.

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Represión al movimiento obrero

2º.- A los trabajadores y trabajadoras, para que manifiesten su solidaridad con los compañeros Cándido y Morala participando masivamente en cuantos actos y movilizaciones se convoquen contra este brutal acto de represión. 3º.- A los sectores populares progresistas y democráticos, para que combatan en defensa de las libertades y de los más básicos derechos, que hoy cuestionan la derecha y la pretendida izquierda (PSOE – IU – BA) que, desde las instituciones, alienta y/o consiente todo tipo de persecuciones contra el movimiento obrero mientras destruyen, venden y desmantelan Asturies. El PCPE se hace responsable y participará en cuantos actos de lucha emprenda nuestra clase obrera y nuestro pueblo en defensa de sus legítimos intereses colectivos. No lograrán derrotar a los trabajadores y trabajadoras de Asturias: hoy, como ayer, ¡no pasarán!

¡CONTRA LA REPRESIÓN, SOLIDARIDAD! ¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA! ¡VIVA LA ASTURIES DEL TRABAJO!

Xixón, 21 de febrero de 2007

Carmelo Suárez

La estrategia nacional de Zapatero

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ZAPATERO

(y el conflicto vasco)

Carmelo Suárez Secretario General del PCPE

1.- La victoria electoral de Zapatero, una necesidad de la fracción más dinámica de la oligarquía española En las elecciones generales de 2004, se daba una fuerte pugna entre dos fracciones de la oligarquía española. De una parte, la fracción comprometida con el gobierno Aznar, que en sus años de presidente le había dado un apoyo incondicional, y que nucleaba a los componentes más siniestros de la España negra, sectores ligados a la Iglesia y el Opus, terratenientes, una parte del capital financiero y toda una cultura nacional-fascista, nostálgica de la dictadura anterior; su orientación era hacia la querencia yanqui. De otro lado, se situaba la fracción que apostó con más decisión en su día por la transición política; esa parte de la oligarquía a la que el franquismo le resultó demasiado prolongado y un lastre para su desarrollo. Se

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colocan en este bando sectores más avanzados del capital financiero, una parte importante del capital industrial, sectores económicos ligados a las burguesías periféricas, la España moderna. Cada una de estas fracciones de la oligarquía se ha dotado de su propia armada mediática, que juega un papel fundamental en la creación de opinión pública en apoyo a su opción política concreta. Hoy, la disciplina de los grandes medios de comunicación a su línea política es total. Hay quien ha comparado esta división con la que se dio en las primeras décadas del siglo pasado entre quienes apostaron por la modernización española y quienes dieron el golpe del 18 de julio y consolidaron su poder durante más de cuarenta años. En alguna medida al menos, eso es así. La gestión del gobierno Aznar, con su paranoia extrema de obediencia yanqui, que se terminó plasmando en la foto de las Azores y en un progresivo alejamiento del polo imperialista europeo (UE), determinó a la otra fracción de la oligarquía a pasar a la ofensiva buscando su propia alternativa política. En la gran movilización que se dio en todo el estado contra la guerra a Irak, encontró la oligarquía un filón para empezar un mecanismo de legitimación de su alternativa política. Situación que coincidía con el posicionamiento de buena parte de la UE contra el ataque yanqui (en clave de disputa interimperialista, que no en clave de lucha por la paz y de solución negociada de conflictos). El PSOE se puso a la cabeza de todas las movilizaciones, haciéndose sitio a codazos con quienes representábamos la auténtica oposición a la guerra en clave de lucha antiimperialista. En ello le acompañaron las cúpulas de los sindicatos domesticados, como buenas comparsas que son. Con los atentados del 11M, los dos bloques de la oligarquía sacaron inmediatamente sus conclusiones. Unos, inculparon a ETA, y, otros, al apoyo del gobierno a la guerra contra Irak. De lo ocurrido en esas fechas habrá que conocer dentro de unos años todos los hilos que se movieron. Tanto en la organización de los atentados como en las movilizaciones y el trabajo “informativo” de esas horas.

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Seguramente, nunca habíamos visto tanta policía secreta trabajando a destajo infiltrada en el movimiento popular como en esos días. El resultado, que en buena medida se anunciaba desde semanas atrás, fue la victoria de la oligarquía más dinámica, colocando a Zapatero en el gobierno. 2.- La retirada de tropas de Irak, primer acto Zapatero había hecho de su confrontación con la política del PP en relación a Irak una bandera fundamental de su campaña política. Y, sorprendiendo a todos y todas, su primera decisión política El “talante” de Zapatero ha sido una de envergadura fue ordenar hábil táctica para realizar las políticas la retirada de las tropas espa- más duras con el mínimo coste social ñolas de Irak. Había que marcarle el terreno a la fracción enfrentada y, además, legitimarse ante una base social diversa que le había otorgado el voto. El “talante” de Zapatero ha sido una hábil táctica para realizar las políticas más duras con el mínimo coste social. Ciertamente que, después del gobierno Aznar, era necesario limpiar un poco el ambiente, y Zapatero daba esa impresión. Pero el tiempo pasa y pone inexorablemente a prueba los actos de los gobiernos, y, hoy, podemos decir que nunca un gobierno español tuvo tantas tropas en misiones internacionales y en tantos países. Zapatero, por supuesto, se cuidó de abrir un proceso de recomposición de relaciones con los amos del mundo, que aún no ha terminado, y que le llevó a levantarse ante la bandera yanqui como Presidente de Gobierno cuando no lo hizo como jefe de la oposición. El eje central del gobierno de la socialdemocracia liberal ha sido lo que en el PCPE hemos llamado la segunda transición. Esta segunda transición es una necesidad por el grado de desarrollo del proceso de acumulación capitalista logrado en la fase anterior, a la salida de la dictadura del General Franco.

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En esta nueva fase, Zapatero trata de articular una alianza entre los sectores de la oligarquía centralista que lo apoya y otros sectores de las burguesías periféricas que también se han beneficiado de los pactos de la transición, y que han logrado un alto grado de beneficios en estos treinta años. Así se explica el apoyo del gobierno a la operación de Gas Natural (burguesía catalana) sobre Endesa (oligarquía pro PP). No han sido pocos los esfuerzos realizados por el gobierno para tratar de dar una solución favorable a esta estrategia, incluso el enfrentamiento con Bruselas. Habiendo fallado la operación finalmente, se supone que el gobierno buscará otras compensaciones en el proceso de reconversión del sector energético español. En esa misma dirección va el pacto de la reforma del Estatut con CiU. El acuerdo se logra con quien tiene el poder económico en Catalunya. Y es esa reforma de los estatutos otro de los componentes esenciales de la segunda transición: actualizar el mapa autonómico con un nuevo pacto con las burguesías periféricas para tratar de inmovilizar las reivindicaciones nacionales durante el tiempo que el gobierno necesita para avanzar en su proyecto de construcción nacional español. Toda una serie de leyes que reforman cuestiones fundamentales de la estructura del Estado se han puesto en marcha en esta legislatura – Defensa Nacional, Fuerzas Armadas (con competencias policiales para el ejército), Ley de la Memoria Histórica, Ley contra la Violencia de Género, etc. Eso sí, al estilo Zapatero: se acompañan de unos toques socialdemócratas para mantener a una base social que se atreve a hablar de un gobierno de izquierdas cuando habla del gobierno actual. Por supuesto, se mantiene la brutal Ley antiterrorista, base de la impunidad de torturas en comisarías, y la Ley de Partidos. Todo ello aderezado con pactos sociales varios con las cúpulas sindicales domesticadas y apesebradas.

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3.- La apuesta por la negociación en Euskadi Parte fundamental de esta estrategia es resolver el punto negro de la primera transición: la cuestión de Euskadi. Zapatero, y el mismo PSOE, trabajaba desde hace tiempo en la búsqueda de un pacto con la izquierda abertzale, y con la misma ETA. Por ello, no tuvo nada de extraño la declaración de la tregua permanente el día 24 de marzo. Toda la estrategia de Zapatero está necesitada de resolver el tema de Euskadi o, al menos, de llevarlo a unas coordenadas asumibles. Ello constituiría un enorme crédito político para su proyecto estratégico, y le permitiría afrontar las medidas más violentas contra los intereses de las mayorías: desregulación de las tarifas de consumos básicos, ampliación de la edad de jubilación, recorte de salarios, etc. En el proceso previo -hoy aparece bastante claro- se hizo todo tipo de promesas a ETA desde la idea de que lo importante era empezar por el dato del cese de los atentados. Así, el gobierno presumía de tantos meses sin muertos en atentados. Eso se vendía como un primer paso en el proceso hacia el desarme de ETA. La izquierda abertzale asumió un claro compromiso con la oportunidad del alto el fuego. El mitin de Anoeta supuso el toque de salida para la puesta en escena de la negociación política. En este sentido, hay que reconocer que la izquierda abertzale cumplió con su parte de una manera clara y consecuente. Pero el gobierno se creció en su percepción de que controlaba toda la situación y llevó las cosas más allá de lo que era posible. Su permanente declaración de que no había cedido en nada era una constante provocación a la misma actitud negociadora de la contraparte. Es cierto que esas declaraciones eran un tributo a pagar a la fracción de la oligarquía española que sólo está dispuesta a abordar el tema vasco desde la represión, con toda la brutalidad que requiera el momento y sin límite alguno. El PP ha actuado en línea con el mandato de sus amos, y ha movilizado en repetidas ocasiones a lo más reaccionario de la sociedad

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española, aquel que en buena medida añora la dictadura anterior como la mejor forma de gobierno. En última instancia, el gobierno tensó la cuerda más allá de lo que cierta gente estaba dispuesta a aguantar. Y eso lo digo así desde la percepción de que otra gente sí estaba dispuesta a aguantar eso, y más, con tal de avanzar por la vía de la negociación política. El comunicado de ETA después del atentado de Barajas, en el que no considera roto el alto el fuego, y, por tanto, el atentado sería un amago para “ablandar” el proceso el PCPE se ha pronunciado por el fin de negociación, coloca las de las acciones de ETA, y ese es un cosas en una situación de momento que cuanto más pronto llegue retroceso de las posiciones mejor será para el pueblo vasco y para la lucha revolucionaria en todo el estado alcanzadas. El impacto sobre la izquierda abertzale tendrá consecuencias que podremos valorar en los próximos meses, y llevará su tiempo ver hasta dónde llegan las consecuencias. Pero, sobre todo, ese atentado, pone de manifiesto que se sigue dando una situación en la que la organización armada prima sobre el frente político. Y esa es una situación que, si no se acaba con ella, colocará al frente político en muy difíciles condiciones. Desde hace tiempo, el PCPE se ha pronunciado por el fin de las acciones de ETA, y ese es un momento que cuanto más pronto llegue mejor será para el pueblo vasco y para la lucha revolucionaria en todo el estado. Será un paso muy difícil de gestionar, pues no se puede resolver con la derrota de las luchas políticas que el pueblo vasco ha dado y sigue dando por sus derechos nacionales. Esa derrota es el objetivo del gobierno Zapatero. Pero si la izquierda abertzale no tiene la capacidad de manejar autónomamente la situación, con el protagonismo que le pertenece, puede ser que Zapatero se salga con la suya. Y ése, al final, sería el peor desenlace. Las expectativas abiertas en torno a la tregua, con toda seguridad, fueron desmesuradas. Hacer creer que el proceso de negociación termi-

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naría con una consulta no se correspondía a las condiciones reales de la negociación. El proceso de negociación no podía ir más allá de terminar el conflicto armado y sus elementos conexos, y que la izquierda abertzale quedara colocada en una fase más avanzada de su estrategia de conquista de los derechos nacionales, pero, en ningún caso, podía suponer la resolución y reconocimiento de esos derechos. Sencillamente, no se daban las condiciones. 4.- La utilidad de la izquierda reformista Un acuerdo con la izquierda reformista es parte de la estrategia del gobierno. En el contexto del desarrollo de un ambicioso proceso de recomposición del capitalismo en España nadie con un mínimo de responsabilidad puede menospreciar la capacidad de la clase obrera y sectores organizados del pueblo para combatir ese proyecto y levantar un potente movimiento de masas en torno a propuestas políticas arraigadas en los intereses de las mayorías. En el caso de Catalunya, aunque las querencias de Zapatero tiraban más por un pacto con CiU, tiene una alta utilidad colocar a Ezquerra Republicana en responsabilidades de gobierno y obtener tamLa situación de quiebra interna que tiene IU es compensada por el bién el apoyo de la dulcificada generoso apoyo del gobierno izquierda catalanista de IC. Así, tenemos un gobierno de izquierdas en una de las principales autonomías, al tiempo que los puentes con CiU siempre están abiertos y sujetos a los avatares de la política parlamentaria, de la cual se puede obtener mucho juego. La situación de quiebra interna que tiene IU es compensada por el generoso apoyo del gobierno, que de ninguna manera, y siempre que ello quede a su alcance, va a permitir que llegue a afectar a su continuidad y al mantenimiento de un asumible resultado electoral.

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Así se ponen más dificultades para la emergencia de las respuestas más consecuentes a las políticas pro-imperialistas que desarrolla Zapatero con un alto grado de disciplina. Por tanto, a la izquierda revolucionaria no le queda más opción que bregar con esta situación, y conquistar su propio espacio político con inteligencia, movilización popular y una comprometida militancia. 5.- Las ventajas de la oligarquía con el gobierno Zapatero Ciertamente que esa fracción de la oligarquía española que hizo una apuesta con el gobierno de la socialdemocracia puede sentirse satisfecha con los resultados. En estos años de gobierno, desde 2004, han sido significativos los avances del capitalismo español. Las grandes cifras macroeconómicas así lo ponen de manifiesto. El capital financiero acrecienta su proceso de acumulación en dos frentes: por un lado, el mercado hipotecario ha colocado buena parte de la capacidad de ahorro de los sectores populares en situación cautiva de la banca, y, por otro, se ha producido un significativo crecimiento de su salida al exterior. Las grandes fortunas están de enhorabuena, pues la última reforma fiscal ha reducido su tributación en tres puntos, mientras crece la tributación indirecta como eje fundamental del sistema fiscal español. Zapatero ha seguido una comprometida estrategia de apoyo a la salida al exterior del capitalismo español. Son paradigmáticas sus actuaciones con ocasión del acceso al poder de Evo Morales, en Bolivia, haciendo una cerrada defensa del expolio de las multinacionales españolas en ese país, o también su estrategia de utilizar la llamada crisis migratoria con África para, con esa coartada, lanzar una orquestada operación de recolonización del continente por parte del capital español. El pacto con los sindicatos sigue garantizando la moderación salarial, asumida por las cúpulas sindicales domesticadas. La regularización de inmigrantes se ha convertido en un elemento fundamental para sanear la

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caja de la Seguridad Social y las pensiones (al tiempo que se mantiene la Ley de Extranjería y una política de deportaciones que viola el derecho internacional humanitario y los más elementales principios de solidaridad). Para las familias de los sectores populares, la situación no es la misma: las dificultades se acrecientan por días, la cesta de la compra se encarece a ojos vista, la precariedad en el empleo angustia a jóvenes y mayores, una media de sesenta mujeres asesinadas por año ponen de manifiesto la ineficacia de normativas legales reformistas, más del 25% de la población bajo el umbral de la pobreza, un fracaso estudiantil de dimensiones colosales, la población penitenciaria más alta de la UE, etc, etc. A la clase obrera española y a los sectores populares no les queda más opción que luchar por una salida política en la que ellos sean los protagonistas de un nuevo modelo de acción política y de democracia. 6.- Un proceso nacional basado en la acumulación capitalista Son muchas las claves que están detrás de la gestión del gobierno de Zapatero, pero, desde este artículo, tiene interés destacar una parte que hace referencia al problema del estado plurinacional español. Como ya se ha dicho antes, la primera transición no pudo cerrar el Estado de las Autonomías con capacidad suficiente como para “domesticar” a la izquierda abertzale. Si esa cuestión la hubiera resuelto la primera transición no pudo cerrar la clase dominante en dicho el Estado de las Autonomías con capacidad suficiente como para intento no sería necesario proceder a la reforma de los “domesticar” a la izquierda abertzale estatutos de autonomía que se están tramitando en esta legislatura, ya que la situación sería de dominio absoluto del bloque burgués. Téngase en cuenta, a los efectos de la tesis que aquí se defiende, que la reforma del Estatuto catalán la cierra Zapatero con CiU y no con el gobierno catalán. Pero Euskadi siempre quedó pendiente.

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Como estrategia para tratar de cerrar esta cuestión, la socialdemocracia liberal opta por un proceso que tiene varios frentes, y que es una apuesta muy fuerte por superar lo que la oligarquía sabe que es uno de los problemas estructurales, a lo largo de la historia de España, para consolidar el Estado español como instrumento de dominación. Uno de los aspectos, quizás poco destacado hasta el presente, es el que hace referencia a la estrategia de Zapatero para atar a las burguesías periféricas al carro del proyecto nacional-español. A la vista de los sucesos de estos últimos años, se llega a la conclusión de que la alianza –e, incluso, su incorporación- de las burguesías periféricas con la oligarquía centralista es parte sustancial del proyecto de unidad nacional-español. El acelerado proceso de acumulación capitalista español analizado anteriormente, con una dimensión nunca conocida hasta hoy, abre la posibilidad –e, inclusive, la necesidad- de incorporar a las burguesías periféricas a ese proceso. Esta incorporación aporta mercado y capitales necesarios para el proceso y que, de otra forma, no estarían en disposición de participar en el negocio. El ejemplo más elocuente que se puede mencionar es el de la operación de Gas Natural sobre Endesa. Gas Natural es parte del entramado de la Caixa, primer grupo industrial español, y su OPA sobre Endesa significaba situar al capital catalán en el control del sector energético de todo el estado. Un magnífico antídoto contra cualquier veleidad nacionalista. La intervención del PP, y sectores económicos conexos, vino a frustrar esta operación abriéndole las puertas al capital alemán a través de E.on. Este es el nacionalismo español más rancio y su expresión práctica de cómo entienden los intereses “nacionales” cuando no son ellos los protagonistas. A otros niveles los datos son menos conocidos, pero se incardinan dentro de la misma estrategia. Aguas de Barcelona, entre otras empresas, avanza hoy en una presencia internacional que llega cada día a más países con el apoyo incondicional del gobierno. Por su parte, el BBVA tiene una expansión inter-

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nacional enormemente dinámica, que llega, en estas últimas fechas, a la adquisición de alguna entidad bancaria yanqui. Para el gobierno, conseguir la mayor participación de las burguesías periféricas en el proceso de acumulación capitalista de la oligarquía que lo soporta es un elemento esencial de su estrategia, y, sin lugar a dudas, tendrá resultados que modificarán el posicionamiento de las burguesías periféricas en la construcción del proyecto nacional español. Es necesario señalar también, como elemento singular de esta estrategia, el aprovechamiento que el gobierno hace de los éxitos internacionales del deporte español. En todos los episodios en los cuales se consigue un triunfo significativo (en baloncesto, automovilismo, motos, tenis, etc.) se cuida de una manera especial presentar este éxito como una reafirmación de la españolidad, con bandera roja y gualda por todas partes. Es una anécdota, pero nada escapa al control del gobierno. 7.- Los obstáculos de ese proceso Un primer obstáculo lo tiene Zapatero en la misma confrontación interna entre las fracciones de la oligarquía, que responde al proceso histórico de su nacimiento. Pero el intento de Zapatero de construcción nacional tiene un requisito imprescindible, que no está en su mano resolver: la derrota de las fuerzas de izquierdas. Como ya dijera Marx, el capital no tiene patria, y el nacionalismo de las burguesías periféricas es tan solo una estrategia en la disputa intrínseca al proceso de acu- Zapatero opta por favorecer la integración de las mulación de capi- burguesías periféricas haciéndolas partícipes del tal. Zapatero opta actual proceso de acumulación de la oligarquía por favorecer la integración de las burguesías periféricas haciéndolas partícipes del actual proceso de acumulación de la oligarquía. Pero esa estrategia no vale para las fuerzas del campo nacional-popular y para las fuerzas revolucionarias.

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Desde un punto de vista democrático, el ejercicio del derecho de autodeterminación es un principio irrenunciable, y forma parte del proceso de conformación de un nuevo marco estatal de carácter democrático y en el que se dé un cambio en la correlación de fuerzas, de tal manera que la clase obrera y los sectores populares adquieran una posición más avanzada en la estructuración del futuro Estado.

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Este período constituyente se concibe como un proceso de ascenso y acumulación de fuerzas del bloque democrático y popular con el objetivo central de la Tercera República, la autodeterminación y la conquista de derechos para la clase obrera.

La clase obrera, su vanguardia revolucionaria, no puede resolver la cuestión del Estado plurinacional sobre la base de su negación (pues ello la llevaría a repetir la misma estrategia de represión y violencia que la oligarquía ha desarrollado a lo largo de toda su historia).

Ese bloque democrático y popular se está constituyendo con las fuerzas revolucionarias, la clase obrera, sectores democráticos reformistas, fuerzas nacionalistas y progresistas, organizadas en muy diversas maneras en el movimiento por la Tercera República. Hoy, el aumento de su capacidad de movilización y presencia en la calle es elemento esencial de avance del proyecto.

Por tanto, cualquier proceso de cambio social y político sustancial ha de incluir un proceso de autodeterminación que defina los sujetos de la nueva formación estatal popular y democrática. El nuevo Estado ha de ser unión voluntaria de pueblos libres y soberanos.

El programa político de los ocho puntos es hasta el momento el documento que ha conseguido un mayor grado de unidad interna, y que representa toda una opción frente al neoliberalismo imperante como estrategia de la dictadura del capital.

La estrategia de la oligarquía –hoy representada por el gobierno Zapatero- no puede asumir este transitar democrático y, por ello, siempre será un proyecto violento y antidemocrático.

El período constituyente es una estrategia de estado y una estrategia de poder, y, como tal, tiene la voluntad y la capacidad de convertirse en elemento aglutinador del descontento y de la voluntad de lucha de sectores sociales y políticos muy amplios.

En esta clave es en la que se pueden entender mejor los sucesivos acontecimientos en relación a la tregua de ETA, y los distintos episodios en relación a la izquierda abertzale. La estrategia Zapatero coloca al PCPE en una responsabilidad especial al ser la única fuerza política con capacidad de intervención a nivel del estado en clave revolucionaria. Si el proyecto político del partido se desarrolla con todo el impulso de lo definido en el Octavo Congreso, se constituirá en el mayor obstáculo de la oligarquía para consolidar su estrategia y lograr los objetivos que tiene planteados en la etapa actual. 8.- La alternativa: el período constituyente Frente a los objetivos de la oligarquía española, hoy sólo existe una estrategia con capacidad de intervención a nivel de todo el estado: el período constituyente republicano.

Por ello, es necesario que el proceso en marcha incorpore a muy diversos sujetos políticos y sociales, que gane en capacidad de convocatoria para que desarrolle todo su potencial democrático revolucionario. Tampoco nadie que tenga una posición confrontada a la actual dominación borbónica se debe de excluir de esta iniciativa. Un cambio de forma de Estado se conquistará con un gran movimiento de masas en todo el estado, en un proceso que no estará exento de violencia, pues las fuerzas de la oligarquía –como siempre en la historiase resistirán con todos sus medios al ascenso democrático de las masas, recurriendo al terrorismo de Estado y la represión en todas sus variantes. Es necesario que en un proceso de esta importancia histórica nadie se quede fuera, ni en Euskadi ni en ningún otro lugar del estado.

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PROGRAMA-MARCO DE POLITICA MUNICIPAL

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0.- PRESENTACIÓN 0.0.- Finalidad y dificultades en la elaboración del Programa-marco La intención formal de este Programa-marco es establecer unos objetivos programáticos mínimos, que sirvan de base a la elaboración de los diversos programas municipales del PCPE. En este orden, debemos indicar, ante todo, la difícil dialéctica a la que se enfrenta el Comité Central del PCPE cuando se dispone a su elaboración. Es la dialéctica que existe entre la necesidad de combinar propuestas de validez general para todos los municipios con la diversidad inagotable de realidades municipales que existe en el estado (compárese, por ejemplo, el Ayuntamiento de una de las grandes ciudades con el de un municipio de 5.000 o menos habitantes). Esta dialéctica es insalvable, pero requiere una respuesta: La solución que proponemos ante la misma es, y no podría ser de otra forma, de tipo emi-

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nentemente práctico. Al acometer el Programa-marco, no nos limitaremos a un mínimo de propuestas común a todas las realidades municipales (pues entonces sería excesivamente reducido y de poca utilidad), pero tampoco podemos permitirnos entrar en un nivel de diversificación y detalle que lo convertiría en algo irrealizable (por lo menos en un espacio razonable). En él se intenta presentar una serie de propuestas comunes a todas las localidades, así como otras que, si bien no son generales, pueden ser de aplicación en mantener una profunda coherencia y unidad de numerosas zonas actuación en todos nuestros frentes de trabajo del estado. De este modo, algunas pro(y aquí incluimos la actividad institucional), dentro del principio de centralismo democrático puestas parecerán imprescindibles que define en lo organizativo al Partido en la mayoría de municipios, mientras que otras podrán ser contempladas como meras sugerencias que será necesario articular, concretar, en cada caso, y, a veces, simplemente aparcar por su inviabilidad en el municipio concreto. En todo caso, la voluntad de la Comisión Electoral del CC del PCPE al elaborar este Programa-marco es avanzar en la tendencia de nuestra organización a mantener una profunda coherencia y unidad de actuación en todos nuestros frentes de trabajo (y aquí incluimos la actividad institucional), dentro del principio de centralismo democrático que define en lo organizativo al Partido. Por supuesto, y no está de más subrayarlo aquí, el Programa no es una mera propuesta ante la convocatoria electoral: constituye un plan de trabajo en el ámbito municipal que ha de guiar sistemáticamente el trabajo que los y las comunistas realicemos en los ayuntamientos en los próximos cuatro años. Es, simultáneamente, un plan de trabajo y un compromiso que como PCPE adquirimos ante la clase trabajadora y la mayoría de la población. 0.1.- Objetivos del trabajo de nuestros militantes en los ayuntamientos Para una organización comunista (desde planteamientos marxistas-leninistas) obtener buena representación en las instituciones municipales es un objetivo importante por varias razones: La representación en las mismas favorece el conocimiento de nuestras propuestas y nuestra manera de actuar

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por parte del conjunto del pueblo. Permite otras vías de relación con las organizaciones sociales y la población. Permite, en ocasiones, que nuestras posiciones incidan, incluso decisivamente, en procesos sociales importantes, en la transformación de la realidad material de las localidades, etc. No es menos cierto, sin embargo, que dicha representación, mal ejercitada, también comporta ciertos riesgos para nuestra orgaPara una organización comunista nización, y, por tanto, para el (desde planteamientos marxistasavance de nuestro proyecto leninistas) obtener buena político general. Uno de ellos representación en las instituciones es la participación en las insti- municipales es un objetivo importante tuciones desentendiéndose de la organización, de la movilización social, de la necesidad de autofinanciarse como organización, de mantener la actividad política en los ámbitos que no son propiamente institucionales. Es el problema de considerar la participación en las instituciones como objetivo único de nuestra actividad política. Se trata de un error, pues sabemos que la transformación de ciudades y pueblos es indisociable de la transformación del conjunto de instituciones del Estado, del cambio de relaciones internacionales, etc. Es necesario evitar la deformación burguesa que constituye el institucionalismo, y es necesario, asimismo, no caer en visiones estrechamente localistas de la política municipal. Los y las comunistas no vamos a las instituciones en calidad de gestores o técnicos: En los ayuntamientos se hace política, o bien política a favor de la clase dominante, en el caso de los partidos del sistema, o bien política dirigida hacia la dictadura del proletariado y la más amplia democracia de la mayoría de la sociedad, como es nuestro objetivo. El peligro opuesto sería minusvalorar las posibilidades de cambio que se nos ofrecen en la gestión de las instituciones municipales. Sería izquierdista limitar la participación de los comunistas en los ayuntaDesentenderse de la problemática mientos a una actividad exclu- específicamente municipal es un error sivamente propagandística de tan nefasto como el institucionalismo. nuestros planteamientos más generales, sin concretarlos en el ámbito local en que nos movemos con propuestas valorables por la mayoría de la población. Desentenderse de la

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problemática específicamente municipal es un error tan nefasto como el institucionalismo. Nuestra actitud ante las instituciones debería, por tanto, huir del localismo, del institucionalismo, y, del mismo modo, de cualquier minusvaloración de las problemáticas locales específicas. Estos principios guían la elaboración del Programa-marco que se presenta, pero son exigencias extrapolables a toda actividad institucional. 0.2.- Estructura del Programa-marco El Programa se divide en siete categorías, en función de la siguiente temática: 1) Derechos para avanzar hacia una democracia real (en función de la concepción marxista-leninista de democracia). 2) Transparencia, democracia y justicia en la financiación de los ayuntamientos. 3) Política Económica. Derecho al trabajo y derechos de trabajadores y trabajadoras. 4) Lucha por los derechos sociales básicos. 5) Acceso general a la cultura y la educación. 6) Una política urbanística y de vivienda orientada a frenar la especulación y a construir municipios habitables. 7) Educación para el ocio y el deporte. 1.- Derechos para avanzar hacia una democracia real (luchar contra la corrupción y el recorte de derechos, implicando a la clase obrera y al conjunto de la población en las principales decisiones). Avanzar hacia una democracia real ha constituido siempre y constituye un objetivo central para las organizaciones comunistas. Dicho objetivo, obviamente, sólo en una sociedad de carácter comunista puede alcanzar plena realidad. Ello, sin embargo, no significa que en el marco del capita-

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lismo no debamos luchar por ella, pues, de hecho, constituye el principal contenido de todas nuestras luchas. Hoy que, en todas partes, vemos crecer la corrupción, que en tantas ocasiones observamos cómo los más básicos derechos son cercenados impunemente, la pelea por la democratización real se convierte en pilar fundamental de nuestro trabajo como comunistas. Tanto si entendemos la corrupción en un sentido estrictamente legal como si lo hacemos en un sentido más amplio (considerando como corrupción el despilfarro, el empleo de los recursos nos encontramos en un sistema esencial, públicos para favorecer intrínsecamente corrupto, con instituciones intereses particulares municipales donde las corruptelas, los y no generales, etc.), favoritismos, la falta de una adecuada actualmente se constata información pública, el incumplimiento de que nos encontramos compromisos, etc., están a la orden del día. en un sistema esencial, intrínsecamente corrupto, con instituciones municipales donde las corruptelas, los favoritismos, la falta de una adecuada información pública, el incumplimiento de compromisos, etc., están a la orden del día. Este fenómeno se debe a muy diversos factores. Entre ellos debemos incluir aquello que ya afirmábamos en el Octavo Congreso: “El período de la transición se saldó con una quiebra generalizada de las capacidades organizativas y de combate de la izquierda revolucionaria…” “La liquidación de las estructuras políticas, y del mismo proyecto de la izquierda revolucionaria española, terminó arrastrando igualmente las estructuras sindicales y, en paralelo, también a una parte importante de las organizaciones sociales progresistas. Estos frentes, huérfanos del paraguas político del partido, derivaron –con diversas trayectorias- hacia posiciones de integración y subordinación al proyecto hegemónico burgués, en su versión liberal o socialdemócrata” (Tesis 3). Esta subordinación (al proyecto de la burguesía) se observa muy claramente en el ámbito municipal, donde la relación con la sociedad por parte de los poderes públicos oscila entre caciquismo o populismo personalista (manipulación de la población ocultando información, negando toda participación social, o estableciendo fórmulas clientelares) y, por otra parte, democracia meramente aparente (la pseudo-participación social como medio de legitimación de instituciones y partidos gobernantes).

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La corrupción, de hecho, significa, en gran medida, que la mayoría de la población está excluida de las decisiones más importantes de la vida municipal, y dicha participación es sustituida por la decisión de grandes empresas, constructoras, camarillas vinculadas a los principales partidos del sistema, a “personalidades” vinculadas, etc.

– Establecer procedimientos para exigir responsabilidades por el incumplimiento de promesas electorales, incluyendo la revocabilidad de cargos electos. Establecer cuantas medidas legales sean posibles para enfrentarse al transfuguismo, así como para evitar enriquecimientos por medio del desempeño de cargos públicos.

Desinformación, utilización institucional de las organizaciones sociales y corrupción económica y política son fenómenos confluyentes, que, desde el PCPE, debemos denunciar y combatir.

– Impulsar iniciativas “legislativas” populares, posibilitar y exigir la convocatoria de referéndums municipales para cuestiones de cierta importancia social.

En esta línea, enumeramos algunas propuestas (que en cada ámbito será preciso concretar):

– Garantizar la libertad de expresión “gráfica”: murales, carteles, etc., (exceptuando, lógicamente, lugares a proteger, especialmente sensibles).

– Incrementar la información pública (garantizando su veracidad) sobre las principales decisiones institucionales. La elaboración de dicha información debe ser controlada por los diversos partidos y los técnicos legales. Información no significa propaganda partidaria.

– Abrir las Juntas Locales de Seguridad a la participación del movimiento vecinal y otras entidades sociales.

– Velar por el cumplimiento estricto de los acuerdos de las Corporaciones en todas aquellas cuestiones que benefician al conjunto de la población y a los sectores socialmente más perjudicados. – Impulsar cauces regulares de participación de la población en las decisiones políticas más importantes como son, por ejemplo, los presupuestos municipales. En este sentido, es necesario impulsar la creación de Reglamentos de Participación, fórmulas de presupuesto participativo, sistemas de decisión social que comporten la realización de asambleas populares, etc. Por supuesto, dichos cauces deben incrementar la capacidad de decisión de la mayoría en vez de convertirse en vías de legitimación de la alcaldía o el partido gobernante. La participación social o se produce respecto a las decisiones realmente importantes o constituye un engaño. O es un arma en manos de la mayoría para decidir sobre su futuro o debe ser denunciada como pseudoparticipación. – Potenciar la actividad de las organizaciones sociales (locales públicos, financiación, etc.), garantizando que puedan mantener su autonomía en vez de convertirse en medio de legitimación del sistema. – Participación colectiva y popular en la determinación y desarrollo de actividades y eventos públicos (festejos, jornadas culturales, etc.).

2.- Transparencia, democracia y justicia en la financiación de los ayuntamientos En el ámbito económico los ayuntamientos suelen presentar varios problemas, que aquí presentamos, apuntando posibles vías para su resolución: – La capacidad financiera suele ser limitada, y tanto más en la medida en que los ayuntamientos van adquiriendo más competencias (sin que necesariamente se incrementen sus recursos). La reivindicación municipal en este sentido, debe constituir una prioridad. – El sistema de recaudación se encuentra en ocasiones cedido a otras instancias (Comunidades Autónomas, empresas privadas de recaudación…), con lo cual muchas veces se pierde autonomía municipal, se destruye empleo público, se debilitan los derechos de los ciudadanos, se procede de forma intolerable a embargos de ciudadanos sin recursos, etc. Nuestra política se opone de raíz a todas estas consecuencias y, por ello, salvo inviabilidad técnica insuperable, será necesario revertir esta situación: El sistema de recaudación debe de ser municipal, y debe evitar el castigo a la mayoría social, el embargo de vecinos con recursos escasos, etc. – La recaudación municipal, según se establece en las Ordenanzas Fiscales municipales, no suele ser tan progresiva como la propia legisla-

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ción burguesa permite. Debemos tender a un sistema impositivo lo más progresivo posible, así como a la eliminación del IBI (sólo para la primera vivienda, y siempre que ésta no supere determinado coste) u otros impuestos y tasas en la medida en que graven a aquellas clases sociales con menor capacidad económica. Del mismo modo, debemos tender a que el acceso a la primera vivienda reciba apoyo, mientras que la segunda debe ser objeto de carga fiscal. – Ante la crónica insuficiencia de recursos de los ayuntamientos, es necesario que sean las grandes empresas (donde las haya) quienes financien el desarrollo, y tratar de ir disminuyendo la recaudación procedente de la clase trabajadora. Por otra parte, esa financiación por parte de las grandes empresas podrá proceder también de la negociación directa con ellas, en la medida en que los ayuntamientos tienen competencias sobre el suelo, la concesión de licencias, etc., y pueden condicionar así la participación económica de dichas empresas en el desarrollo de los pueblos y ciudades. – Los presupuestos municipales deben ser el producto final de un amplio debate social, que habrá que articular aprendiendo de otras experiencias y, por supuesto, sometiendo a dicho debate el conjunto del presupuesto (y no sólo aspectos secundarios como tantas veces se viene haciendo desde varios Ayuntamientos). – La lucha directa contra la corrupción económica se traduce en denuncia pública y denuncia legal. En muchos casos será oportuno efectuar auditorías que pongan al descubierto las irregularidades arrastradas por numerosos ayuntamientos (así como por empresas dependientes de ellos, etc.). 3.- Política económica. Derecho al trabajo y derechos de trabajadores y trabajadoras Económicamente, apostamos por la empresa pública, y hemos de invertir el proceso privatizador acometido en todos los niveles institucionales durante las últimas décadas. Asimismo, debemos conseguir que los Ayuntamientos ofrezcan servicios que tradicionalmente vienen desarrollando instituciones o empresas privadas. En calidad de comunistas, debemos contribuir al desarrollo económico racional, así como a la necesidad de que el desarrollo contribuya

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al beneficio público (a la integración social, al respeto al medio, a la mejora de las condiciones de trabajo, etc.). Una cuestión de gran importancia es erradicar las grandes asimetrías existentes en los servicios que reciben unos ciudadanos frente a los que obtienen otros. En lo referente a los servicios directos que los ayuntamientos pueden desempeñar razonablemente en el actual sistema, ofrecemos algunas propuestas: – Recuperar para la gestión pública los servicios privatizados en los últimos años (transporte público, servicio de recogida de basura, etc.), así como otros posibles actualmente en manos privadas o particulares (el sistema favorece muchas veces que sean sectores privados, y, a veces, con claros componentes reaccionarios en lo ideológico, los que, a cambio de subvenciones públicas, gestionen asuntos de interés público. Esto es inadmisible). – Las mancomunidades o la comarcalización deben de ser en cada caso estudiadas detenidamente como fórmulas posibles de un mejor desarrollo (obtención de fondos europeos, cooperación en la prestación de servicios, etc.). – Es preciso garantizar la estabilidad del empleo público, así como la dignidad de sus condiciones laborales. El empleo público no debe superar en ningún caso las 35 horas semanales (a las que los y las comunistas aspiramos para el conjunto de la población). – Es preciso evitar (denunciar, impedir) las frecuentes irregularidades en los procesos de contratación: Exigimos transparencia e igualdad en las contrataciones. – Los ayuntamientos deben fomentar el empleo público a través de medidas diversas que deberán estudiarse en cada caso: reducción drástica de horas extraordinarias, generación de planes de empleo, etc. – Por medio de los mencionados planes de empleo, los ayuntamientos deben de integrar laboralmente a aquellos sectores que mayores dificultades tienen para hacerlo en el mercado del actual sistema capitalista, y que varían según las zonas (mujeres, jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad, etc.).

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– Por supuesto, es imprescindible oponerse frontalmente a la utilización de los planes de empleo como mano de obra barata, o como servicio en el que se violan los derechos básicos (movilidad, cambio constante de funciones según las conveniencias, etc.). Es precisa la existencia de un convenio colectivo único, hay que avanzar en esa dirección. – Desarrollo de fórmulas de empleo para sectores que tradicionalmente reciben subsidios (desempleados agrícolas, etc.) o asistencia social, pero que se encuentran posibilitados de realizar actividades válidas para la comunidad. Se trata de crear fórmulas laborales que favorezcan la integración, no sólo económica, sino también profesional, social. – Potenciación de la formación laboral, escuelas-taller, realización de prácticas, etc. – Acercamiento (físico, informático, etc.) de las oficinas de empleo, de los servicios sociales relacionados con el trabajo, etc., a los ciudadanos. – Respeto escrupuloso a la actividad sindical, y consideración razonable de cuantas medidas sean propuestas por los representantes de los trabajadores y las trabajadoras municipales (seguridad laboral, equipamientos, derechos, etc.). Al negociar convenios o acuerdos equiparables, los militantes del PCPE no adoptamos el papel de patronal que otros partidos asumen en las instituciones. Sin descuidar el conjunto de intereses municipales, los derechos de los trabajadores y trabajadoras son para nosotros una prioridad. Pero los ayuntamientos no sólo intervienen directamente en lo económico y lo laboral, es decir, no sólo intervienen a través de empresas y entidades públicas, sino que también pueden hacerlo por medio de medidas más o menos directas que influyen sobre empresas privadas. En este orden habrá que tener muy en cuenta la especificidad de cada zona. Sugerimos algunas cuestiones programáticas: – Lucha contra el desmantelamiento de parte del tejido empresarial en sectores que para el municipio resulten importantes, sea económica, sea socialmente. Los ayuntamientos, aun con competencias muy limitadas en este aspecto, pueden condicionarlo por medio de su política de planificación urbanística (haciendo que la fuga de empresas sea menos rentable), por medio de posicionamientos públicos, de apoyo legal a los trabajadores amenazados de despido, etc.

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– Realización de una política industrial (diseño de polígonos, oferta de suelo…) con sentido desde el punto de vista de los intereses colectivos (conveniencia social, ambiental, etc.). – Impulsar cuantas medidas avancen en el sentido de la Reforma Agraria, por más que ésta competa básicamente a otras administraciones. – Exigir (en paralelo con la presión social, política) a las grandes empresas la realización de actuaciones que redunden en beneficio de la población y que palíen en lo posible el impacto que ellas mismas suelen generar. – Potenciación del cooperativismo (por vía de impuestos, de apoyo formativo…) frente a otras fórmulas privadas estructuradas de forma descarnadamente jerárquica. – Exigir, en el proceso de contratación de empresas particulares (cuando el trabajo no pueda ser realizado desde el propio ayuntamiento), que dichas empresas cumplan escrupulosamente toda la legislación laboral, y negarse a efectuar contratos con empresas que practican la subcontratación como fórmula de explotación, que recurren a ETT’s para contratar a trabajadores y trabajadoras, que carecen de planes de prevención, etc. En este sentido, es preciso potenciar la vinculación de nuestros representantes con la actividad sindical en el conjunto del municipio. 4.- Lucha por los derechos sociales básicos El sistema capitalista genera, por su propia naturaleza, la marginación de amplias capas sociales, y, lo que es tanto o más grave, no dispone los mecanismos para paliar esta situación: la mantiene, El sistema capitalista genera, por su o bien porque interesa propia naturaleza, la marginación de mantener un ejército de amplias capas sociales, y, lo que es tanto reserva que facilite la caída o más grave, no dispone los mecanismos de los salarios o bien, simpara paliar esta situación: la mantiene plemente, porque las medidas de protección social no resultan un negocio (el capital no se hace cargo de sus propios efectos sobre diversas capas sociales). Desde los ayuntamientos cabe exigir a las empresas privadas cierto grado de implicación en la solución de los problemas sociales. Del mismo

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modo, deben exigir a administraciones de ámbito superior que desarrollen políticas sociales activas. Sin minusvalorar estas posibilidades, es indudable que cada ayuntamiento debe desarrollar una intensa política social. En este terreno, ofrecemos una serie de propuestas programáticas: – Diseño de una política de prestación de servicios sociales lo más integral posible, debatiéndola con las organizaciones sociales más directamente implicadas, así como con los vecinos susceptibles de utilizar dichos servicios. – Ampliación de las ayudas asistenciales en el aspecto económico, siempre acompañadas de un seguimiento, y, cuando fuere necesario, del requerimiento de compromisos por parte de quien recibe esa ayuda (escolarización de los hijos, etc.). La ayuda económica no puede ser, en todo caso, separada del asesoramiento, de la educación, etc., pues su objetivo no es consolidar situaciones sociales de dependencia, sino la más plena integración económica, social, cultural. La ayuda asistencial abarca un campo amplísimo, aunque en la mayoría de los municipios se encuentre subdesarrollado. Abarca desde la ayuda económica para alimentos, el pago de transporte, de gafas, prótesis, problemas bucales, reforma de edificios (por ejemplo, instalación de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas), becas, etc. – Impulsar (con financiación municipal y/o autonómica…) la existencia de equipamientos suficientes dirigidos a personas mayores: Residencias para la tercera edad, centros de día (adecuadamente dotados), viviendas tuteladas, etc. Junto a dichas infraestructuras, es imprescindible desarrollar políticas asistenciales y de integración específicas: asistencia domiciliaria, apoyo económico a las unidades familiares que atiendan a personas mayores, programas de integración en los ámbitos del deporte, la cultura, el mundo lúdico, etc. – Impulsar la existencia de equipamientos y políticas lúdico-culturales para la infancia y la juventud (ludotecas, casas de juventud, salas de conciertos…). – Programas y (donde se requiera) equipamientos destinados a la prevención, desintoxicación e integración laboral de drogodependientes.

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– Programas y equipamientos destinados a la atención, el asesoramiento, la educación (idiomática, por ejemplo) y la inserción socio-laboral de inmigrantes. – Mejora drástica de los servicios de planificación familiar, de asesoramiento a la mujer, de las casas de acogida ante malos tratos, etc. – Reconocimiento de la ciudadanía, tal y como se recoge en nuestros documentos congresuales, a toda persona que viva y trabaje en el Estado Español, con todas las prestaciones sociales, laborales, etc., que ello implica. – Tendencia a la gratuidad (o subvención) de todos los servicios culturales, etc., de carácter municipal (pues la financiación debe proceder esencialmente de un sistema impositivo directo y progresivo). – Reconversión de las policías locales en un verdadero servicio social, frente al modelo represivo, sancionador. La Guardia Civil u otros cuerpos autonómicos o estatales no deben sustituir a la policía, su propio espacio y sus funciones: supondría pérdida de competencias municipales y, materialmente, por lo general, un incremento del carácter represivo del “servicio”. 5.- ACCESO GENERAL A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN La cultura, eso a lo que se llama cultura, constituye un patrimonio muy complejo, que, a veces, es patrimonio reconocido por la Humanidad (música, literatura, arte, arquitectura… clásicos), a veces es patrimonio de una nación, a veces de una localidad, a veces constituye una tradición profesional vinculada a algún gremio o sector productivo, a veces es patrimonio de una clase social, de mayorías, de minorías, etc., etc. Ante un panorama tan complejo, la planificación cultural de un municipio se convierte en una medida de carácter profundamente político, ideológico, así como de gran dificultad. En ese sentido, podríamos definir, como mucho, unas líneas generalísimas comunes a todas las realidades municipales. Resulta esencial que en todas ellas el desarrollo cultural contribuya a la transformación social, política, económica, de nuestros municipios y

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nuestra sociedad, en general. No toda forma cultural, por encubrirse precisamente bajo rótulos como “cultural” o “tradicional”, merece la misma atención ni el mismo respeto. Por otra parte, muchas formas culturales reconocidas como valiosas de manera muy generalizada (gran parte de los conocimientos que atribuimos a alguien “culto”), resultan hoy poco accesibles para la mayoría de la población, ya sea por su coste, ya por el carácter limitado de la oferta (que generalla planificación cultural de un municipio mente está en manos del se convierte en una medida de carácter capital, es decir, absoprofundamente político, ideológico (...), lutamente subordinada al negocio), ya porque el desarrollo cultural contribuya a la transformación social, política, económica políticamente se prefiere primar otros contenidos, o, incluso, primar la ignorancia (como vía que los poderes reaccionarios han sabido siempre emplear contra la clase trabajadora). Por lo que se refiere al patrimonio cultural de las naciones, y los pueblos, habrá que enfrentarse al ninguneamiento que muchas veces practica la derecha. Asimismo, habrá que distinguir, dentro del propio patrimonio, cuáles son aquellos componentes que refuerzan la memoria histórica, que realzan la contribución de trabajadores y trabajadoras a la historia de un pueblo, que contribuyen al reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad, etc., etc. Hacer política cultural no puede separarse de una priorización de contenidos culturales. Y, dicho esto, cabe pasar a enumerar algunas propuestas específicas: – Garantizar la existencia de una serie de infraestructuras culturales imprescindibles: Bibliotecas municipales, teatros públicos, salas culturales de usos múltiples, museos, etc. Cuando sea posible, para ello se recuperará parte del patrimonio industrial (fábricas cerradas, estaciones inutilizadas, etc.). – Coordinación de las diversas actividades culturales municipales bajo algún tipo de entidad dependiente del ayuntamiento (fundación municipal, patronatos…) con capacidad para acometer una planificación global, así como para articular la participación social y la adopción democrática de

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decisiones en este ámbito. Dichas entidades podrán, también, según localidades, extenderse a actividades deportivas, lúdicas, etc. – Acercamiento de la cultura en general a aquellos sectores que tradicional o actualmente vienen siendo excluidos de ella (gratuidad o subvención de servicios, incremento de la oferta cultural, cursos de extensión cultural, etc.). – Defensa y promoción de la lengua específica de cada nación o comunidad, así como recuperación de los elementos culturales de cada pueblo que en mayor medida contribuyan a la integración y la emancipación social. – Promoción de campañas de recuperación de la memoria histórica, de solidaridad internacional, de anti-militarismo, de integración social, etc. En el terreno educativo, o mejor dicho, en el ámbito de lo que se denomina la educación reglada, los ayuntamientos apenas tienen competencias, pero ello no obsta para que desde ellos se intervenga en este ámbito. Entre otras múltiples posibilidades, se sugieren algunas: – Creación y/o potenciación de los Consejos Escolares Municipales, las Asociaciones de Madres y Padres, etc. – Mantener constantemente una actitud vigilante frente al cierre de colegios públicos, y, donde fuera necesario, impulsar la apertura de otros, la ampliación o mejor dotación de los existentes (comedores, bibliotecas escolares, instalaciones), etc. – Requerir a las administraciones pertinentes o, de ser posible, acometer la creación de Aulas de Educación Infantil de 0 a 3 años en todas las zonas donde no exista este servicio. La frecuente denominación “aulas maternales” es equívoca y va ligada a una concepción asistencial (guardería) en vez de subrayar que debe tratarse de un servicio eminentemente educativo, por supuesto, adecuado a la edad. – Ofertar y/o exigir servicios de transporte escolar adecuados y de bajo o nulo coste para los usuarios. – Fomento de la educación de adultos. – Potenciación del sistema de becas escolares.

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– Adopción de medidas contra el fracaso escolar, presión para la implantación de nuevos módulos formativos en los centros del municipio, etc. – Desarrollo en el municipio, con carácter público, de cursos y actividades de Institutos y Universidades, apoyo a la investigación en temas de interés para la mayoría social, etc. 6.- Una política urbanística y de vivienda orientada a frenar la especulación y a construir minicipios habitables La competencia en materia urbanística es, seguramente, aquella que mayores posibilidades ofrece a un ayuntamiento para contribuir al desarrollo racional (o al desastre) del municipio. Dicha competencia debe seguir (y tal vez ampliarse) en manos de los ayuntamientos (cosa que recientemente se cuestiona, a veces, con motivo de los numerosos escándalos de corrupción). En materia urbanística (como en otros ámbitos de nuestra política), es absolutamente esencial que el interés colectivo prime sobre los intereses particulares, y, especialmente, sobre los intereses de las constructoras y los de la gran industria contaminante. Ese interés colectivo debe ser definido en cada municipio, pero, inevitablemente, pasa por una serie de medidas generalmente ligadas a los planes urbanísticos: – Conservación del patrimonio arquitectónico: los planes urbanísticos deben contemplar una relación detallada y exhaustiva de edificios catalogados (de forma que se impida su derribo, su modificación estructural…), sean públicos, sean privados. En materia urbanística, es Por otra parte, los ayuntamienabsolutamente esencial que el interés tos deben contribuir a la rehacolectivo prime sobre los intereses bilitación de edificios, y pueden particulares, y, especialmente, sobre exigir su mantenimiento a los los intereses de las constructoras y particulares en el caso de los los de la gran industria contaminante privados. Añadir también que muchos edificios públicos se encuentran infrautilizados, sin uso social, y ello no debe permitirse (racionalicemos la utilización de los equipamientos municipales).

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– Realizar una planificación en la que se establezca la distribución de la población en el territorio. La densidad de población en núcleos urbanos (y esto incluye también la cuestión relativa a las alturas de edificios…) es muchas veces excesiva, y requiere limitarla y contrarrestarla generando espacios verdes, espacios de disfrute comunitario (parques, jardines, sendas turísticas…), etc. En otros casos, el problema puede ser la dispersión de la población, y La industria debe tener su propio ese hecho (que económica espacio, que es preciso fijar, delimitar y socialmente suele ser inconveniente) también muy claramente, y separar por medio puede ser modificado por de cinturones verdes de las poblaciones planificación urbanística, favoreciendo la creación de núcleos rurales. El crecimiento urbanístico, la concentración residencial, la dispersión, etc., deben de ser fruto de planificación teniendo en cuenta su relación con infraestructuras de comunicación, servicios de saneamiento, de abastecimiento de agua, servicios sociales, las políticas de integración socio-cultural, etc. – Lucha sin cuartel a la especulación urbanística, a las recalificaciones de suelo que benefician a una minoría y perjudican a la mayoría (en condiciones de vida, impactos ambientales, etc.). – Regulación racional del suelo destinado a la industria, de forma que no interfiera irreparablemente con el desarrollo normal de los pueblos, que no degrade el entorno (especialmente los entornos habitados). La industria debe tener su propio espacio, que es preciso fijar, delimitar muy claramente, y separar por medio de cinturones verdes de las poblaciones. Su ubicación es una cuestión medioambiental (y sanitaria) de primer orden. No se debe descuidar tampoco el posible impacto de las comunicaciones (los accesos físicos) que los polígonos industriales requieren. Será preciso, asimismo, oponerse a la instalación de empresas altamente contaminantes cuando puedan ser sustituidas por otras tecnologías de menor impacto, etc. – Garantizar la existencia de transportes públicos adecuados (tendiendo a la gratuidad –al menos, para ciudadanos/as con escasos recursos), tanto en marcos urbanos como interurbanos (entre pueblos, entre

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pueblos y ciudades, etc.). No debe descuidarse que el espacio físico “se modifica” en función de las comunicaciones. Es preciso, por ello, intervenir inequívocamente en este aspecto evitando en lo posible la incomunicación, los atascos de tráfico, los costes insostenibles para desplazarse, etc. Por supuesto, apostaremos siempre por las formas más ecológicas de transporte (tranvías, etc.). – Garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y las normativas medioambientales (por ejemplo, la normativa europea) por parte de las empresas, las constructoras, etc., cosa que muy habitualmente no se hace (instalaciones fraudulentas de antenas de telefonía –materia que debe ser rigurosamente regulada, naves industriales, edificios). En este sentido, puede ser necesario dotar a los ayuntamientos de personal cualificado en materia medioambiental. Asimismo, es preciso velar por el mayor rigor en los estudios de impacto medioambiental, y exigirlos en aquellas ocasiones en que, aun sin venir exigidos por ley, resulten convenientes. – Regeneración de espacios dañados, contaminados. Para ello será preciso muchas veces demandar la implicación de otras administraciones, y mantener posiciones exigentes frente a las empresas (que son quienes deberían recuperar lo que ellas mismas dañan).

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a la especulación, como garantizar el derecho a la vivienda, aspectos ambos íntimamente relacionados. En esta línea, con carácter más concreto, proponemos: – Impulsar la construcción de viviendas sociales y protegidas. En este campo es preciso evitar la creación de guetos, que es a lo que abocan algunas políticas conservadoras consistentes en alejar y disfrazar los problemas sociales. La integración social es integración espacial (hay que romper con las asimetrías entre barrios), así como integración gradual (por ejemplo, no se puede pretender que las etnias desfavorecidas vivan en ambientes que los desarraiguen violentamente de su trabajo, de ciertos aspectos característicos de su estilo de vida…). También creemos necesario apuntar aquí la conveniencia de que las viviendas sociales se mantengan en régimen de alquiler (las situaciones socio-económicas de las personas pueden variar a lo largo de los años, y eso, en ocasiones, produce que las viviendas se revendan por quienes ya no las necesitan, o que algunas personas puedan disponer de una segunda vivienda mientras otras carecen de la primera…). Finalmente, indicaremos la necesidad de que el reparto de viviendas responda a criterios sociales muy bien definidos –evitando sorteos, arbitrariedades…

– Oponerse a las instalaciones nucleares, a los alimentos transgénicos, al PVC, etc., y ello tratando de convertirlo en normativa.

– Los ayuntamientos deben recurrir a la planificación urbanística para poder disponer de suelo al servicio del municipio. Cualquier expansión urbanística debe generar amplios porcentajes (20%...) de suelo público

– Elaboración de planes de reforestación, de racionalización de recursos (agua, energía), de preservación del entorno (algunos entornos –costas, ríos- resultan merecedores de especial atención).

– Gestión participativa, democrática, de las viviendas sociales de propiedad municipal, de forma que los vecinos estén implicados en cuantas decisiones pudieran afectarles.

– Finalmente, la memoria histórica también se refleja en nuestras ciudades y pueblos: en el callejero, en los monumentos públicos, etc. Deberemos, pues, actuar también en este aspecto, reemplazando la simbología franquista, permitiendo el reconocimiento a quienes han luchado por la justicia social…

– Articular medidas (por medio de las ordenanzas fiscales, o por otras vías) que eviten la existencia de viviendas vacías, o de alquileres excesivos. Ya hemos apuntado, entre estas medidas, la conveniencia de gravar adecuadamente la segunda vivienda, mientras que defendemos la eliminación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para la primera (al menos para todas aquellas viviendas por debajo de un precio).

Un tema que merece especial atención es el de la vivienda, en tanto constituye, por una parte, un derecho inalienable, pero no satisfecho, para el conjunto de la población, y, por otra parte, una fuente constante de especulación y corrupción. Nuestro objetivo ha de ser, tanto enfrentarse

– Asegurar el acceso a la vivienda de la población inmigrante, que, generalmente, representa un sector social ampliamente desprotegido.

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– Revisión (como se apuntó más arriba) de las casas de acogida para casos de urgencia: malos tratos, embargos, situaciones de desamparo, etc. Otro tanto cabría decir para las casas-albergue. Otro aspecto sobre el que también es preciso prestar especial atención es el que clásicamente se denomina como “separación campo/ciudad”. Los pueblos pequeños carecen, en muchos casos, de condiciones mínimas, encontrándose marginados del desarrollo económico, social y cultural. Este tema guarda también mucha relación con lo que anteriormente comentábamos sobre la asimetría entre barrios dentro de las propias ciudades, pero presenta rasgos específicos. Muchos pueblos pequeños carecen de los más básicos servicios de alumbrado, saneamiento, red de caminos acondicionados. No digamos ya cableado con fibra óptica, Frente a un modelo deportivo que el capital servicios sociales, centros orienta hacia el espectáculo y el fomento públicos, instalaciones de la competitividad (dopaje, frustraciones deportivas y lúdicas… El personales…), frente a un modelo escaso interés que estos muchas veces asociado a la violencia (en pueblos tiene para los parcampos de fútbol, por ejemplo), nosotros, tidos electoralistas, nada como PCPE, no podemos descuidar la tiene que ver con nuestra importancia que tiene el deporte como orientación política. Por elemento formativo e integrador ello, en muchos casos, habremos de impulsar el incremento de inversiones en las zonas rurales, y, desde luego, siempre, la potenciación de sus servicios, sus actividades culturales, etc.

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– Creación de casas de juventud (donde la propia juventud protagonice su gestión y dinamización), de albergues juveniles, de centros de ocio, de ludotecas, etc. – Planificación de políticas de infancia y juventud. – Creación de sociedades de festejos participadas por diversos colectivos, a efecto de incrementar el carácter popular (no dirigido por el capital) de todas las celebraciones públicas. Habrá que velar por el aspecto solidario, educativo, reivindicativo, etc., de estas celebraciones, en vez de entenderlas (como ocurre habitualmente) como un medio para que ciertos sectores privados incrementen sus beneficios. – Fomento del asociacionismo. Educar para el deporte es contribuir a la salud física y mental del conjunto de la población. Frente a un modelo deportivo que el capital orienta hacia el espectáculo y el fomento de la competitividad (dopaje, frustraciones personales…), frente a un modelo muchas veces asociado a la violencia (en campos de fútbol, por ejemplo), nosotros, como PCPE, no podemos descuidar la importancia que tiene el deporte como elemento formativo e integrador. En este terreno será preciso: – Fomentar el acceso del mayor número de personas a la práctica deportiva. Es preciso educar, así como generar instalaciones adecuadas (polideportivos, carriles-bici, etc.). – Crear e impulsar escuelas deportivas municipales, garantizando su gratuidad. – Fomentar el asociacionismo deportivo entre todas las edades.

7.- Educación para el ocio y el deporte En lo que precede, especialmente en el apartado de política cultural, hemos formulado diversas propuestas encaminadas a ir reemplazando la política de ocio que actualmente generan las administraciones o que queda simplemente en manos privadas, como burdo negocio que aliena a la juventud, que promueve el alcoholismo, el conformismo social, etc. En el mismo sentido, introducimos algunas concreciones:

– Potenciación de pruebas deportivas. – Diversificación de la oferta deportiva, que, muchas veces, se encuentra limitada a los deportes masivos (fútbol…). Enero, 2007

Leopoldo del Prado

La problemática municipal de las grandes ciudades

LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL GENERAL Y LAS PECULIARIDADES DE LAS GRANDES CIUDADES Y LAS AREAS METROPOLITANAS

Leopoldo del Prado Miembro del CC del Partido Comunista del Pueblo Andaluz

El marco general No por manida es menos cierta una afirmación que con carácter teórico se viene haciendo desde hace siglos, cual es la importancia de los municipios como centros esenciales de convivencia, inmediatamente por encima de los grupos familiares. Y ello sin las connotaciones de repoblación que tuvieron a lo largo de la Edad Media y la Moderna, y, por supuesto, de la concepción orgánica de “familia, municipio y sindicato” que demagógicamente decía constituir el soporte de la dictadura de Franco. Lo cierto y verdad es que desde el siglo XX el pensamiento progresista y republicano concedió importancia política de primer orden a los municipios y, en consecuencia, a las políticas que plausiblemente pudieran desarrollarse desde los ayuntamientos. Y tan es así que no puede olvidarse que incluso ante situaciones de falta de libertades, las elecciones municipales constituyeron un objetivo de las fuerzas progresistas como palanca para

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poner en cuestión a los regímenes gobernantes. El ejemplo más evidente, aunque no el único, de ello fueron las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, en el que, por encima de los programas de actuación municipal de la conjunción republicano-socialista, y precisamente para poder facilitar su aplicación, la cuestión de fondo era la alternativa republicana como forma de gobierno frente a una monarquía corrupta en abyecto maridaje con las fuerzas más negras y reaccionarias de la “nación”. Precisamente, sus resultados, que obligaron a huir a la familia real gobernante e instalar en Madrid un Gobierno republicano, permitieron a las nuevas autoridades municipales, conjuntamente con aquél, desplegar una serie de políticas que iniciaran el proceso de corrección de decenas de años de desidia en que los ayuntamientos –y, en sobremanera, los de los pueblos y ciudades de la inmensa España agraria– eran poco menos que los garantes de la defensa de los intereses de caciques y especuladores, y los muñidores de los partidos del sistema de la Restauración a fin de garantizar los resultados acordados por los partidos de turno para cada convocatoria electoral. La colaboración con las autoridades centrales en dos temas, el empleo agrario y la educación, fue determinante para iniciar ese proceso, que iba directamente dirigido a minar las bases de poder del cacicato y la Iglesia, y luego, y en gran parte por evitar sus resultados y consecuencias, factor determinante del golpe franquista. También en los últimos años de la dictadura franquista y en los primeros de la transición, un potente movimiento vecinal, auspiciado básicamente por las organizaciones comunistas, cuestionó directamente las políticas que gestionaban para los poderosos de turno unos ayuntamientos dependientes del gobierno civil respectivo y en, última instancia, del Ministerio de la Gobernación, económicamente infradotados y con competencias harto limitadas, subsidiarias y de concepción “benéfica o caritativa”. Y este estatus legal de las corporaciones locales es el que hizo evidente a los ojos de miles de ciudadanos la imposibilidad de modificar esas actuaciones municipales mientras en Madrid siguiera existiendo una dictadura, con Franco o sin él. Tan decisivo resultó también en la transición el “poder municipal” que, sólo tras la celebración de las elecciones municipales de 1979 –celebradas apenas mes y medio después de las generales (que mantuvieron en el gobierno a los “demócratas tardofranquistas” de la UCD), con un aplastante triunfo de las formaciones situadas a la izquierda, básicamente PSOE

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y PCE, junto a los partidos de corte nacionalista de Cataluña, Euskadi, Galicia, y, en menor medida, en otras nacionalidades o regiones (Andalucía, Canarias,...)–, estuvo el PSOE en condiciones de, ahogando a los comunistas del PCE con su inestimable colaboración, alcanzar su sonado triunfo en el año 1982. Pero ese auge significó también el principio de un retroceso, lento, pero sostenido, en la concepción de izquierda de la articulación de las políticas municipales. La ”integración” del movimiento vecinal, muchos de cuyos dirigentes se vieron aupados a concejales y alcaldes, y de los que se esperaba que abrieran si recato, con ley o sin ella, los cauces de participación popular por los que había luchado sinceramente durante años (integración que llevó progresivamente a cambiar la acción de masas en la calle por el limosneo en los pasillos de los ayuntamientos, y la reivindicación por el ruego), junto con una concepción tecnocrática de la gestión municipal, como un tema técnico y no político de asignación de recursos escasos, sentaron las bases para llegar a la situación actual en la que, con las escasas y honrosas excepciones que se encuentren, se reproducen, con ropaje postmoderno, las viejas políticas de servir los intereses de los poderosos y convertirse en muñidores acríticos en los procesos electorales supramunicipales. Y es en este marco en el que desgraciadamente hoy nos encontramos, en que se repiten en la práctica las mismas políticas, cualesquiera que sea el “color”, si puede llamarse así, que reclame el partido que en él gobierne, desde el PP a IU. Las políticas de suelo, es decir el “urbanismo” carente de urbanidad, se han convertido en la fuente alternativa de financiación de las arcas municipales (y, en muchos casos, demasiados, también de las particulares) transformando a los ayuntamientos –llamados, incluso por ley, a ser los garantes de los derechos de los ciudadanos frente a los intereses especulativos inmobiliarios– en los primeros especuladores de su término municipal. Los problemas básicos Aunque las necesidades, en términos enunciativos, son comunes a prácticamente todos los ayuntamiento, cualquiera que sea su tamaño o la situación de su término municipal, es también evidente que cuando nos circunscribimos a los de las grandes ciudades o macrociudades, y las áreas

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metropolitanas que normalmente las acompañan, la dimensión de los mismos cobra lógicamente unos caracteres mucho más acentuados, tanto en la envergadura del problema como en la dificultad de encontrar soluciones alternativas viables y no depredadoras. El problema fundamental de la mayoría de los ayuntamientos hoy día lo constituye su financiación. Las cantidades que reciben de las Administraciones central y autonómica de las que dependen, en la mayoría de los casos no llegan a cubrir ni tan siquiera El problema fundamental de la el 50% de los gastos corrientes de mayoría de los ayuntamientos hoy personal y mantenimiento de las día lo constituye su financiación infraestructuras, obligando a los mismos a tener que cubrir los gastos corrientes con las exacciones que, vía tasas o vía tributos, puede aplicar directamente a sus vecinos. Y, como ni la presión fiscal puede subirse indefinidamente ni los sufridos vecinos recipiendarios están, en la mayoría de los casos, ni en condiciones ni en disposición de asumirlo, los ayuntamientos, o, mejor dicho, sus regidores de turno, han buscado los ayuntamientos, o, mejor dicho, sus la solución, no ya colaregidores de turno, han buscado la solución, borar, sino, en muchos no ya colaborar, sino, en muchos casos, en casos, en abrir e incitar abrir e incitar políticas especulativas con el políticas especulativas suelo, como medio fácil y cómodo a corto con el suelo, como plazo que les permita financiar su gestión medio fácil y cómodo a corto plazo que les permita financiar su gestión –sea esta buena, mala o regular–, e incluso para acometer alguno de esos faraónicos (proporcionalmente hablando) proyectos, que les permite pasar a la posteridad, tanto en la inevitable “placa conmemorativa” como en la memoria de los vecinos (las más de las veces el recuerdo alcanza incluso a sus progenitores en función de la envergadura del negocio). El segundo es el de las infraestructuras, que en las grandes ciudades cobra dimensiones espectaculares: tráfico y movilidad, sanidad, educación, vivienda, saneamiento, parques y jardines, instalaciones deportivas y culturales,...., son capítulos que precisan de grandes inversiones y personal que luego mantenga las instalaciones. Pero si el suelo “municipal” proveniente

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de cesiones obligatorias, permutas, convenios con los grupos especulativos inmobiliarios, etc., se destina, en gran parte, a volver al mercado de la vivienda, a fin de allegar fondos para otras necesidades o menesteres, se hará siempre en detrimento de un urbanismo planificado pensando en la convivencia, en facilitar la vida a los vecinos, en espacios para el ocio y el disfrute, en grandes vías que permitan la conexión de los barrios entre sí, de suelo para viviendas de protección oficial (únicas a las que malamente puede acceder una mayoría de la población y fundamentalmente los trabajadores, y, de ellos, los más jóvenes), de suelo que ceder para escuelas, institutos y centros de salud; en fin, de los elementos mínimos que faciliten la vida y la relación entre los vecinos de una ciudad. Como hemos visto, estos dos problemas condicionan el tercero, el “urbanismo” de una forma determinante, y lo convierten en el tema estrella de cualquier gestión municipal, no sólo en las grandes ciudades y las áreas metropolitanas a las que nos vamos a referir en especial, sino en casi cualquier municipio perdido que, son un sentido de la emulación digno de mejores causas, han encontrado en los campos de golf y las macrourbanizaciones que los rodean la única forma de mantener a la población fijada al terreno y lograr unos ingresos “extraordinarios” que faciliten la gestión de los problemas y, de paso, garanticen un sueldo “apañadito” para el alcalde y sus más leales servidores (existen hoy proyectos, algunos en vías de ejecución, que multiplican hasta por diez las viviendas de un pequeño pueblo que no tiene ni siquiera una infraestructura digna para sus doscientos o dos mil habitantes ordinarios, y no cuentan ni con agua en cantidad y calidad para ellos). El cuarto problema que se nos plantea es el de la participación ciudadana en la definición de los problemas, su orden de prioridad y el planteamiento de las soluciones a los mismos. Curiosamente, las consignas que la izquierda –luego triunfante– llevó en sus programas municipales en 1979 no se referían tanto a alternativas concretas para problemas puntuales, sino a concepciones generales de las formas de hacer la política en el municipio y de los criterios básicos de ciudad (las frases “quita un cacique, por un alcalde”, “desconecta los enchufes”, “entra en tu ayuntamiento”... a algunos nos causan añoranzas y a muchos les debía causar vergüenza). Por ello, en aquellas grandes ciudades –y lo eran prácticamente todas, desde Madrid a La Coruña, desde Valencia a Sevilla, desde Barcelona a Málaga, desde

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Zaragoza a Córdoba, desde Palma a Alicante– gobernadas por la sedicente izquierda, se abordó como cuestión prioritaria el articular las formas de participación de la ciudadanía en la cosa pública municipal, teniendo en cuenta la imposibilidad material de acudir al concejo abierto, donde la totalidad de los vecinos discuten en asamblea el problema y sus soluciones. Pero la situación en la actualidad es desgraciadamente mucho peor, en cuanto a tejido asociativo real y participación, que lo era entonces. El proceso de deterioro del movimiento vecinal, su “institucionalización”, su dependencia casi absoluta de las subvenciones municipales y autonómicas, han convertido a sus esclerotizados órganos directivos, las más de las veces, en transmisores de las exigencias de los poderes municipales hacia los vecinos de que se trate que de cabeza de las reivindicaciones de sus cada vez más escasas y desmovilizadas bases. Eludiendo temas fundamentales, como el referéndum municipal (para que sea la totalidad del vecindario quien decida sobre los grandes temas del urbanismo, de la gestión directa o “cedida” de los servicios municipales, de los impuestos y tasas, etc) y el derecho de intervención en los plenos municipales, la “participación” se traslada a unos burocratizados consejos de distrito, que repiten esquemas y aumentan costos, en los que los partidos vuelven a colocar a sus paniaguados y, el menguado tejido asociativo, a algunos aspirantes a burócratas municipales. Apuntando soluciones o abriendo el debate La primera opción de política territorial es plantear el tema de si es posible el crecimiento indefinido de las grandes ciudades (absorbiendo municipios aledaños por la vía de hecho o de derecho y conformando áreas metropolitanas de facto, sin regulación conjunta las más de las veces) o si no es hora de fijar los límites, tanto poblacionales como de construcción, de lo que podríamos llamar el tamaño ideal de una población en función de su ubicación y su entorno, y, una vez fijado, intentar, mediante la legislación supramunicipal, poner las trabas que sean precisas para evitar sobrepasar esos números deseables. Correlativo a lo anterior, y como parte de la política de ordenación del territorio, sería bueno ir a un proceso de comarcalización que permita, de un lado, suprimir la concepción administrativista que impregnó el proyecto

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de provincialización vigente desde mediados del XIX, y, de otro, establecer las bases naturales de una agrupación de municipios, que permita la gestión conjunta de infraestructuras comunes aprovechando las economías de escala que supone una población significativa. Esto permitiría la aplicación racional de políticas de industrialización sin entrar en la subasta a la baja entre unos municipios y otros a fin de fijar población a no importa qué costes ecológicos. También vendría a atenuar la práctica de un urbanismo depredador, orientado a la “importación” de población foránea (necesitada de servicios del sector terciario, pero que facilitan una fuente de ingresos a corto plazo con la que no sólo superar penurias, sino permitir despilfarros), contrario a las necesidades de la población existente y la prevista en un crecimiento armónico. La segunda, imprescindible, es aumentar, al menos hasta el 40%, la participación de los municipios en el reparto de los ingresos totales de la administración central, y, ello, acompañado de una política impositiva municipal tendente a que los grandes beneficiados de las facilidades aumentar, al menos hasta el 40%, para la instalación de industrias la participación de los municipios en el reparto de los ingresos reviertan en el vecindario parte de sus beneficios, sin caer en la dema- totales de la administración central gógica afirmación de que hay que penalizar a las industrias más contaminantes, ya que eso sólo valdría como política de transición a corto plazo, pero sin convertir en fuente de ingresos permanentes la permisividad del deterioro modificación de la legislación sobre el suelo, del medio ambiente. gran favorecedora del boom especulativo No hay que penalizar de la última década, que hoy permite a los permanentemente a las ayuntamientos casi cualquier tropelía industrias contaminantes, sino obligarlas, en plazos cortos, a introducir los elementos que lleven a reducir o eliminar dicha contaminación. La tercera, la modificación de la legislación sobre el suelo, gran favorecedora del boom especulativo de la última década, que hoy permite a los ayuntamientos casi cualquier tropelía –siempre que sintonicen con el gobierno de la comunidad en la que radiquen–, dejando sentado de una vez por todas la supeditación de los intereses particulares a los generales de la

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población (que no del gobierno de turno a cualquier nivel), y especificando, con la suficiente precisión como para convertirlo en un derecho ejercitable por los vecinos ante los tribunales, y no una mera declaración de principios, el carácter social del suelo que las ciudades necesitan para organizar la convivencia, el trabajo y el ocio de sus habitantes en las mejores condiciones y para permitir hacer realidad el derecho de todos a una vivienda digna, recogido más como declaración de intenciones que derecho fundamental en la Constitución del 78 y nunca cumplido. Con esa modificación del marco normativo estatal, amén del traspaso real de determinadas competencias en materias de medio ambiente, políticas activas de empleo, transportes, etc., se pondría a los ayuntamientos en mejores condiciones para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos de garantizar y facilitar la vida de sus habitantes con parámetros de calidad. Uno de los caballos de batalla entre la izquierda y la derecha en las corporaciones locales fue la forma de gestionar los servicios que los ayuntamientos y diputaciones deben prestar a los ciudadanos. Mientras los partidos de derecha abogaban por la mínima intervención –y, donde eso no fuese posible, como es el caso de los ayuntamientos, mediante concesiones a la iniciativa privada de la gestión de la máxima cantidad de servicios públicos–, los partidos autodenominados de izquierda habían mantenido siempre el criterio de la gestión directa y la inversión de los procesos de privatización que la derecha ponía en práctica en sus mandatos. Hace años que, de forma absoluta, el PSOE, y, de forma más encubierta, IU, han cambiado de política en este sentido, unos diciéndolo y otros sin decirlo, y esto se ha notado en los ayuntamientos de forma progresiva. En un principio, se buscó la excusa de poder acceder a las ayudas que desde el gobierno central se concedía a los ayuntamientos a fin de liquidar las cuantiosas deudas que arrastraban desde la última etapa del franquismo y poder hacer frente a los enormes déficits de infraestructuras con que la mayoría de las grandes ciudades se encontraba, ayudas que se concedían a cambio de congelar el capítulo de gastos de personal, en muchos casos sobredimensionados por las políticas de enchufismo que se habían seguido. Esto obligaba a paralizar la contratación de personal a través de las oposiciones y concursos para acceder a las plazas, ya fuese en régimen laboral o administrativo (funcionarios), y recurrir a contratar con terceras empresas la realización de servicios que podían y debían realizarse por gestión directa,

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pero que la congelación vedaba. De esta forma, se incrementaba el capítulo VO, arrendamiento de obras o servicios, donde se incluía el costo del personal necesario, contratado por una empresa concesionaria (o, incluso, por una sociedad autónoma municipal), más los beneficios que la empresa obtenía por la realización del mismo, es decir, soportando un coste mayor que con la explotación o gestión directa. Luego se dijo que los procesos de selección y contratación de personal establecidos en la legislación vigente suponía plazos largos y muchas incidencias que los podían alargar más (impugnaciones, procedimientos judiciales,...), y que utilizar empresas privadas o, incluso, las empresa mercantiles que habían ido creando las corporaciones locales permitía mucha mayor agilidad en la contratación. Y, con todo y ser cierto, en vez de intentar racionalizar los procesos de selección y contratación directa, acortando sus plazos, se optó por esa segunda vía, que, o bien permitía concesiones a empresas de los amigos (cientos de procesos judiciales están hoy en tramitación por prácticas de ese tipo) o, lo que era mejor, permitía volver, corregida y aumentada, a la práctica del enchufismo, colocando a parientes y amigos a través de esas empresas, mucho menos controlables, incluso por la oposición municipal, que muchas veces sólo pedía cuotas para sus amigos, y alejadas del control jurisdiccional, al no estar sometidas al derecho administrativo. Por eso, nosotros nos orientamos a que todos los servicios que de forma permanente se deban prestar por las corporaciones locales se hagan, sin más excepciones que las originadas por causas imprevisibles o de fuerza mayor, de forma directa, y, a ser posible, sujetos más al derecho laboral que al administrativo. Hay que acabar con el tópico (desgraciadamente, por estar convertido en realidad) de que las plazas de funcionarios son vitalicias, y permiten cobrar sin trabajar, y que las relaciones regidas por el derecho laboral son precaEl carácter laboral de la relación permitiría, rias y pueden resademás, más flexibilidad funcional, agilizaría cindirse cuando le los procesos de promoción y daría salida al apetezca al patrón de turno. Ello no problema del reciclaje de los empleados públicos es así, y las leyes permiten mecanismos –y, si no, se pueden establecer– para que el empleo laboral en las administraciones públicas sea igual de estable que el de carác-

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ter funcionarial, simplemente impidiendo que cualquier cese (despido) injustificado permita a la empresa pública o corporación ejercer el derecho a indemnizar, obligándola a readmitir. El carácter laboral de la relación permitiría, además, más flexibilidad funcional, agilizaría los procesos de promoción y daría salida al problema del reciclaje de los empleados públicos, adaptándose a los cambios que la gestión administrativa ha sufrido con la incorporación de los elementos informáticos y telemáticos. Y esto es mucho más evidente, y supondría cuotas significativas de ahorro, tanto en los grandes ayuntamientos como en las áreas metropolitanas, optimizando, según su dimensión, tanto los servicios de transporte colectivo como las infraestructuras de depuración de residuos, como suelo para viviendas públicas y establecimientos sanitarios y escolares, así como su mantenimiento, mediante la adscripción de personal a los organismo de dichas áreas. En cuanto a las participación real de los ciudadanos en la toma de decisiones, haciéndolos realmente copartícipes de la gestión de su futuro (pese a las dificultades añadidas en las grandes aglomeraciones urbanas por su volumen de población –a lo que debemos sumar la debihay que establecer el derecho a proponer por los vecinos en los órdenes lidad del movimiento vecinal reivindicativo y participativo del día de los plenos municipales las cuestiones generales sobre la ciudad y y su suplantación por otro en los distritos las relativas a ese ámbito más “institucionalizado” y de pasillo y antesala), hay que establecer el derecho a proponer por los vecinos en los órdenes del día de los plenos municipales las cuestiones generales sobre la ciudad y en los distritos las relativas a ese ámbito, instituir el referéndum vecinal, que se convierta en obligatorio para las grandes decisiones (planes generales de ordenación y presupuestos, como mínimo), desburocratización y aumento de competencias de las juntas de distrito. La mejora del transporte público colectivo, que lo haga una alternativa real al privado, con especial atención a las líneas que comuniquen las zonas de residencia y las zonas de trabajo con el máximo de rapidez y seguridad, evitando la movilización del transporte privado y haciendo ganar tiempo y tranquilidad a los trabajadores y las trabajadoras que van a enfrentarse a su jornada laboral. Así, una vez establecido un servicio de transporte público

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colectivo eficiente, ir a la penalización de la utilización del privado dentro de las ciudades y la prohibición de acceso a las zonas que se determine, recuperando los espacios urbanos para la convivencia y el ocio. La puesta a disposición de la administración pública de suelo a precio no especulativo, a fin de llevar a cabo la promoción de viviendas de protección oficial que permita el acceso real a ellas de jóvenes trabajadores, promoción acompañada de programas de rehabilitación de los centros históricos, para que recuperen su función residencial y vuelvan a constituir espacios de convivencia ciudadana. La dinamización de la vida cultural, promocionando la cultura popular y extendiendo las posibilidades reales de acceso a la mayoría de la población, y no sólo para las autoconsideradas elites culturales (las más de las veces compuestas por snobs y nuevos ricos de la cultura del mejora del transporte público colectivo, pelotazo). La actual política que lo haga una alternativa real al cultural está muchas veces privado, (...) una vez establecido, ir a la mediatizada por las necesida- penalización de la utilización del privado des de contratar a los amigos, devolver favores electorales y sin la exigencia de un mínimo de calidad, y todo ello sin reparar en costes. O sea, la falsa política de pan y circo recuperada por obra y gracia de las corporaciones “democráticas”. Y, por último, pero no menos importante, una política de justicia, que no de caridad, que haga realidad el alcanzar el disfrute de los derechos sociales básicos, tanto en el aspecto sanitario, en su más amplia acepción, como en el educativo, el cultural y el de ocio. Quería, con estos apuntes, abrir el debate sobre el concepto de ciudad que desde una izquierda revolucionaria y transformadora se puede y debe ofrecer a los ciudadanos. En el convencimiento que propuestas, desde ese planteamiento, van a ser ridiculizadas, calificadas de imposibles y, en el mejor de los casos, de utópicas –y ello porque lesionaría espúreos intereses enquistados en un modelo social corrupto e injusto–, pero absolutamente convencido de que sólo un planteamiento de cambio radical del concepto de convivencia ciudadana imperante puede invertir el proceso de deterioro a todos los niveles de nuestra vida como ciudadanos y ciudadanas.

Julián Iglesias

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LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y EL PROGRAMA MUNICIPAL DEL PCPE

Julián Iglesias Miembro del CC del PCPE (1)

n las líneas que siguen pretendemos reseñar algunas de las orientaciones que figuran en nuestro Programa-Marco de Política Municipal (hecho público con motivo de las elecciones del próximo mayo). Especialmente, recogeremos (de forma literal, en lo posible) y comentaremos aquí algunos de los planteamientos formulados atendiendo específicamente a la realidad de los pequeños municipios, y, asimismo, trataremos de aplicar unos mínimos principios programáticos de validez general al caso de este tipo de concejos. 1.- Superar la contradicción “campo-ciudad” No es necesario decir que las problemáticas de los municipios urbanos, de los municipios articulados en torno a una gran capital de carácter urbano, son, en muchos casos, radicalmente diferentes de las que preocupan en concejos pequeños, menos urbanos o incluso plenamente rurales. A nadie escapa, (1) Julián Iglesias, en las elecciones locales de 2003, fue elegido concejal del municipio asturiano de Carreño, en la candidatura de IU, cargo del que dimitió para ingresar en el PCPE.

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tampoco, que las inversiones importantes de una comunidad autónoma o del estado, teniendo como principal impulso la satisfacción de intereses de la burguesía y la rentabilidad electoral para los partidos gobernantes, no suelen converger con lo que más conviene a los municipios pequeños. Las principales obras en cada comunidad autónoma se acometen normalmente en función de las necesidades previsibles de los grandes inversores privados (actuales y potenciales). El estado es, en definitiva, y a pesar de hacerse pasar por benefactor general (“por encima de clases sociales”), un instrumento por el que la burguesía, como clase organizada, domina a los trabajadores y satisface las necesidades particulares de los propios burgueses. No es, pues, de extrañar, que las inversiones públicas tiendan a concentrarse en núcleos ya desarrollados y en sus proximidades. Incluso allí donde las obras parecen favorecer intereses sociales más amplios, menos clasistas, benefician propiamente, en la mayoría de los casos, a los núcleos de mayor población. Así, a los pequeños municipios (muchas veces, como decimos, menos atractivos para inversores y para políticos cegados por “el ideal electoralista”), o bien “les corresponden” pocas obras que contribuyan a la mejora de sus condiciones de vida, o bien, en otros casos, padecen daños importantes por obras de supuesto interés general, pero que en nada tienen en cuenta el desarrollo (actual y potencial) de estos concejos (comunicaciones que parten sus territorios, instalaciones que arruinan sus actividades y su calidad de vida, etc.). Con esto, por supuesto, estamos lejos de considerar que haya que primar los intereses de los municipios pequeños (o de los grandes) sobre los intereses generales (cuando ciertamente son generales). Lo que queremos constatar es simplemente la desconsideración que, al abordar un gran proyecto o definir líneas presupuestarias, existe con los municipios menos poblados, y la asimetría desorbitada entre el peso político de los municipios más desarrollados y aquellos de los que estamos hablando. Es, por ello, necesario, todavía hoy (¡no podía ser de otro modo bajo el capitalismo!), encarar el viejo problema de las diferencias entre campo y ciudad (problema, por lo demás, vinculado a numerosas otras divisiones sociales, políticas, ideológicas, etc.).

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Pues bien, en este terreno, nuestro objetivo como comunistas es, por supuesto, eliminar esa diferencia, eliminarla en el sentido de anular en lo posible las carencias históricas de las zonas menos desarrolladas, permitiendo a los pueblos tener acceso a recursos sociales, económicos, culturales, que siguen siendo privativos de las ciudades. No se trata tampoco, como es obvio, de que los pueblos se conviertan en espacios urbanos, en ciudades, pero sí de que tengan mucho mayor acceso a los servicios sociales, a la actividad cultural, a nuevas tecnologías, a inversiones productivas, a los medios que posibiliten la reorganización de sus recursos, etc. Numerosos pueblos del estado carecen todavía a estas alturas de sistemas de saneamiento, de infraestructuras adecuadas de abastecimiento de agua, de iluminación, de mínimos equipamientos socio-culturales y deportivos, etc. En la medida en que esto se corrija, los pueblos encontrarán también vías propias de desarrollo (lo que, por supuesto, requiere inevitablemente la lucha social y política dentro de los propios pueblos), y superarán el aislamiento que muchas veces los caracteriza. El aislamiento es si cabe la mayor causa del retraso de muchos pequeños municipios, y ha de superarse. Mejorar sus comunicaciones (de todo tipo) es esencial, por más que muchos servicios, como afirmamos, deban emplazarse en los propios pueblos (reducir el aislamiento no exime, salvo a demagogos y fariseos, de que cada municipio y cada pueblo disponga de toda una serie de equipamientos). Conforme esas transformaciones se operen, el peso político, el grado de cultura y presencia política de sus trabajadores será también mayor, etc. Es decir, y en resumen: hace falta reconsiderar de forma seria la “atención” prestada a las realidades municipales de tamaño y/o volumen de población reducidos. No cabe hablar de estado “desarrollado” cuando partes importantes de su territorio se encuentran en situación de aislamiento, de abandono, de marginación económica, cultural... 2.- Avanzar hacia una democracia real en el ámbito municipal Inevitablemente, en el Programa-Marco Municipal del PCPE figura en un lugar preeminente el avanzar hacia una democracia real. Éste ha constituido siempre y constituye un objetivo central para toda organización marxista. Dicho objetivo, obviamente, sólo en una sociedad de carácter

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comunista puede alcanzar plena realidad, pero, como el propio Programa subraya, ello no significa que en el marco del capitalismo no debamos luchar por él, antes bien: constituye el principal contenido de todas nuestras luchas. ¿Qué significa avanzar hacia una democracia real en el marco de la política municipal, y, particularmente, en el caso de los municipios menos desarrollados? La democracia real confronta directamente con la corrupción, el “caciquismo”, la demagogia, la democracia formal (que, sistemáticamente, durante cuatro años, desprecia la voluntad popular), y contra la pseudoparticipación social vaciada de contenido y reducida a medio de legitimación de instituciones y partidos gobernantes. En este sentido, nuestros programas se centran en la denuncia de la corrupción, la exigencia de revocabilidad de los cargos que incumplen sus compromisos públicos, la realización de auditorías y la creación de cauces de decisión colectiva real (Reglamentos, Iniciativa Popular) en cuantas medidas importantes puedan adoptar las administraciones locales. Particularmente, quisiéramos comentar una iniciativa muy concreta que el Partido ya está impulsando en diversos minicipios, adoptando formas diferentes, según las peculiaridades. Hablamos de la propuesta de someter a discusión, entre el conjunto del pueblo, las principales decisiones (presupuestos, ordenanzas fiscales…) que competen a un Ayuntamiento. Desde la política municipal es preciso, cuando un partido es realmente demócrata, efectuar asambleas abiertas de los vecinos por pueblos y barrios, con carácter periódico. Asambleas decisorias en aquellas cuestiones que les atañe, donde la información de los vecinos (y del propio Ayuntamiento) se incremente, donde se discutan abiertamente los problemas, necesidades y prioridades de las zonas, etc. Aparte de presupuestos, ordenanzas fiscales y asuntos de carácter más puntual, una de las cuestiones que debe ser conocida y abordada por los vecinos, por la mayoría trabajadora, es todo cuanto compete a normativas urbanísticas. Mantener a la población alejada de este debate, como sistemáticamente se hace, es, no sólo profundamente contrario a cualquier democracia real, sino, además, una de las mayores cortinas tras las que se esconde todo tipo de corrupción.

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3.- La política municipal al servicio de la mayoría y de los intereses colectivos Compromiso (por principios) del Partido, e igualmente ineludible, es también el de defender y potenciar los intereses colectivos frente a los intereses particulares, entendiendo que el desarrollo económico, urbanístico, etc., debe estar al servicio de la inmensa mayoría. Primar lo colectivo frente a oligarquías e intereses de grupos reducidos o de particulares es también una máxima comunista. Pero esto se traduce, fundamentalmente, en la necesidad de planificar adecuada y democráticamente el desarrollo, estableciendo como objetivo el beneficio de la mayoría. Un minicipio que no planifica su desarrollo se convierte, con el tiempo, en una zona desarticulada y, en algunos casos, subordinada absolutamente a las conveniencias de los grandes poderes económicos y sociales, a intereses, en definitiva, de carácter particular y minoritario. Por otro lado, pretendemos invertir el proceso privatizador acometido en los Ayuntamientos durante los últimos años, pues con ello sólo se favorece a empresas particulares y el precio es la sobreexplotación de los trabajadores y el deterioro de multitud de servicios públicos (aparte de la infiltración en el sistema político de todo tipo de nuevas corruptelas). Del mismo modo, y para financiar su actuación pública, los Ayuntamientos deben acometer (y esto con independencia del tipo de municipio de que estemos hablando) un cambio drástico en materia impositiva: sustituyendo impuestos indirectos por directos, y haciendo que éstos tengan un carácter realmente progresivo (entre otros ejemplos: eliminación del IBI para las viviendas modestas gravando adecuadamente la segunda vivienda). En la línea de defensa de lo colectivo, por otra parte, combatimos radicalmente la especulación urbanística, que cada vez afecta más a zonas rurales (especialmente en el litoral costero), y que, en ocasiones, lejos de beneficiar a los pueblos, los destruye. No está de más recordar también aquí nuestra oposición a la implantación caótica de la industria. En particular, rechazamos la implantación de instalaciones e industrias altamente contaminantes, generando, por contra, espacios habitables y sostenibles, el mantenimiento del patrimonio arquitectónico de interés público, etc. En todo caso, sostenemos que los “daños colaterales” (sociales, medioambientales,

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etc.) generados actualmente por las grandes obras públicas y las empresas, han de ser resueltos en base a los propios recursos de estas últimas, y, en general, en base a los recursos de los más favorecidos por el sistema.

territorial, carencia de vivienda, etc. A todas estas problemáticas se enfrentan, creemos que acertadamente, multitud de propuestas programáticas concretas de nuestro Partido.

Como ya decíamos, los municipios más débiles son muchas veces los que pagan los costes humanos y ambientales del desarrollo general (obteniendo a cambio beneficios muy dudosos), y no parece lícito que eso a lo que llamamos “desarrollo” comprometa de forma irreparable las posibilidades de futuro de multitud de pueblos. En ese sentido, la política municipal debe ser suficientemente firme ante las agresiones que desde diversos ámbitos se les inflige. Oponerse a daños innecesarios, exigir remodelaciones o replanteamientos de obras públicas, demandar compensaciones cuando los perjuicios son irreparables, etc., son máximas de nuestra orientación programática y del día a día de nuestra lucha en el marco de la política municipal.

Con todo, nuestra orientación municipal en materia social (o socio-económica) no es puramente defensiva (frente al capital), sino que pretende avanzar en el apoyo de nuevas formas de relación social de carácter cooperativo. Creación de empresas públicas, apoyo al cooperativismo, intento de superar la infrautilización de recursos (tierras, viviendas, instalaciones…), etc., son pasos que, en parte, pueden ser abordados desde la lucha política de carácter municipal.

4.- La igualdad social como aspiración de nuestra política El PCPE, como es sabido y venimos demostrando, propugna la igualdad social, enfrentándose ante todo a la pérdida de derechos socio-laborales y a cualquier forma de exclusión (tan abundante bajo el capitalismo). La igualdad social, la erradicación de todo tipo de marginación social, es, como siempre ha subrayado el marxismo, condición sin la cual son imposibles la igualdad política y la libertad. Evidentemente, también en este terreno somos conscientes de que sólo una sociedad comunista puede alcanzar verdadero éxito. Por ello mismo, luchar por la igualdad social es indisociable de enfrentarse a este sistema (de ahí, también, que las políticas sociales de otras fuerzas sean en gran medida irrisorias).

5.- Política municipal y “crecimiento cultural” Inexcusable es también, para nuestro Partido, la potenciación de formas culturales avanzadas, luchando contra la alienación ideológica y las imposiciones “culturales” tradicionales. Bajo el sacro-santo nombre de “cultura” se esconden muchas veces tradiciones reaccionarias, valores alienantes (consumismo, competitividad) e imposiciones contrarias a derechos fundamentales, como el derecho a la autodeterminación (por indicar un ejemplo destacado, aunque su tratamiento no sea el principal objeto de este artículo). Esto quiere decir que, para los comunistas, priorizar unos contenidos culturales frente a otros es esencial. Que ello se haga con la implicación de la mayoría, presenta, por supuesto, la misma importancia.

Somos el partido de la clase trabajadora, y ello implica tanto combatir las prácticas mafiosas de multitud de empresas como cambiar drásticamente la política socio-laboral que vienen aprobando las fuerzas del sistema o como paliar los daños que esta política y aquellas prácticas han generado.

Es preciso garantizar el acceso de la totalidad de la población a las diferentes manifestaciones culturales, lúdicas, deportivas. Es necesario, frente al centralismo conservador, apostar por el reconocimiento de los derechos culturales de las naciones y los pueblos (lengua, conmemoraciones, festejos…). E, igualmente, hay que recuperar la historia real, el conocimiento de la contribución histórica de los trabajadores y las trabajadoras al desarrollo de nuestra sociedad.

Por otro lado, la política “social” es para el PCPE una política integral que requiere planificación, pues implica actuaciones de carácter muy diferente (asistenciales, educativas…), y que afecta a colectivos y situaciones personales de lo más diverso: desempleo, marginación social, desarraigo

Finalmente, y poniendo término a este somero repaso de algunos aspectos de nuestro Programa-Marco Municipal, subrayaremos que, frente a la pseudo-cultura que se nos vende, la cultura, bien entendida, no ha de subordinarse al negocio: es un derecho.

Juan Rafael Lorenzo

Un concejal comunista

ANDRES ALVARADO JANINA, UN CONCEJAL COMUNISTA

Juan Rafael Lorenzo Secretario Político del Comité Nacional del PCPC y miembro del CC del PCPE

El presente artículo, con algunos añadidos, forma parte del libro “Andrés Alvarado Janina, un comunista canario”, publicado por el Partido Comunista del Pueblo Canario en octubre de 2006.

ndrés Alvarado (1933 -2004), miembro del PCPC-PCPE, fue concejal de Unión del Pueblo Canario-Asamblea Canaria en el período 1983-87. Encabezó la candidatura de esa coalición al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defendiendo un programa resumido en la consigna “Ahora, los barrios”. Al finalizar su mandato, conjuntamente con el otro concejal de UPCAC, José Villegas, publicó una carta que termina con esta certera frase: “una ciudad para vivir que no sea bocado de especuladores”. Consigna y frase forman un todo en la concepción de la vida urbana y del gobierno municipal que practicó Andrés Alvarado. Una ciudad para vivir es aquella cuyo gobierno se ocupa y preocupa por superar la clasista visión burguesa según la cual el municipio es sólo el centro de la ciudad, ese espacio cada vez más acotado a los sectores pudientes, donde se concentran

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infraestructuras y servicios para el disfrute de una selecta minoría. Contra esa visión se levanta la reivindicación de los barrios, espacios con personalidad, con capacidad de generar una trama integral de vida, transgresores de esa trampa jerarquizante contenida en la fórmula centro-periferia que ha guiado el noventa por ciento de las decisiones municipales, siempre a favor del centro. Firme en esas coordenadas, la labor del concejal Alvarado Janina puede resumirse en una palabra: democratización. Esa fue la directriz del programa de UPC-AC, que desarrolló hasta el último día como edil. Haciendo un breve repaso de sus actuaciones en esos cuatro años de oposición al gobierno municipal del PSOE presidido por Juan Rodríguez Doreste, vemos que, en cada ámbito de la política municipal, Alvarado propugnó la profundización democrática, o sea, la defensa del interés del pueblo: de la clase obrera y capas populares. Una de las primeras propuestas defendidas fue el saneamiento de la hacienda local y la potenciación de los presupuestos municipales. Coherente con el planteamiento democratizador de la izquierda revolucionaria, este objetivo es buscado a través de un aumento sustancial del porcentaje a recibir por los ayuntamientos de los presupuestos del Estado y mediante medidas de justicia contributiva haciendo una escala porcentual para que paguen más quienes más tienen, tomando como elemento definidor de impuestos y tasas la propiedad, no afectando las rentas salariales. En esa línea, es de destacar la importante batalla librada por Andrés Alvarado para que el Impuesto de Bienes Inmuebles fuera concebido teniendo en cuenta el valor de uso de la vivienda y no su valor de cambio. Este segundo aspecto, el valor de mercado, era el dominante en el pensamiento de los gobiernos del PSOE, desde el nivel municipal al estatal, adelantando nuestro concejal con sus propuestas lo que sería, pocos años después, una dura lucha del movimiento vecinal contra la revisión de los valores catastrales –el conocido como “catastrazo”–, iniciada en Las Palmas de Gran Canaria con las alegaciones contra la descomunal subida presentadas por la Asociación de Vecinos “Vecinos Unidos” de Tres Palmas, la AAVV “Airam” de Lomo Blanco y la Federación de AAVV “Unidad Ciudadana”. Aquel intento del PSOE de determinar la carga impositiva de la vivienda en función de su valor de mercado (como si todo el mundo tuviera su casa en venta) y no en base a su valor de uso (hogar estable) fue derrotado en su arista más perju-

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dicial para las economías de la clase trabajadora. Hoy, sigue siendo un tema de atención permanente, pues son continuas las iniciativas de revisar al alza los valores catastrales tomando como referencia los precios especulativos impuestos a las viviendas bajo el imperio de la voracidad inmobiliaria. No cabe duda que la capacidad recaudadora municipal ha mejorado sensiblemente desde entonces. Pero la estructura de sus ingresos sigue teniendo un alto déficit democrático, ya que ese aumento de recursos se ha cargado, en nivel significativo, al bolsillo ciudadano mediante tasas y precios públicos iguales en todos los casos (guaguas –autobuses–, taxis, depuración de aguas, recogida de basura, …) sin establecer una escala según el nivel de rentas ni adoptar políticas de potenciación del salario diferido, social, que redistribuya recursos y servicios hacia las clases populares, liberándolas de cargas directas sobre el salario laboral. El neoliberalismo, con sus privatizaciones y medidas presupuestarias, también ha orientado y orienta la política municipal. Este aspecto tan significativo para la democracia social estuvo inseparablemente unido a la lucha por la democracia política que sostuvo UPC-AC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Una reivindicación básica (que hoy es aún más vigente) fue que el conjunto de concejales tuvieran igual consideración de representantes de la ciudadanía, y, por tanto, con los mismos derechos que el equipo de concejales El secuestro de la información y de la del grupo de gobierno. Los democracia aparece como un elemento obstáculos y negativas para fortalecedor del carácter burgués del acceder a la información actual poder municipal y como un sobre proyectos e iniciativas factor poderoso de exclusión de la voz del grupo gobernante fueron y de los intereses populares denunciados en múltiples ocasiones por Andrés Alvarado, rechazando contundentemente la práctica antidemocrática del alcalde y los concejales de gobierno de arrogarse en exclusiva la representación de la ciudadanía del municipio y la subordinación del interés municipal al interés del grupo gobernante. El secuestro de la información y de la democracia aparece como un elemento fortalecedor del carácter burgués del actual poder municipal y como un factor poderoso de exclusión de la voz y de los intereses populares. El desprecio al pueblo de esta democracia contaminada de franquismo queda patente en esta sostenida vulneración de derechos de representantes elegidos. Hoy es común ver que concejales, consejeros o diputados tienen que acudir a los juzgados a

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reclamar el derecho más básico de un representante del pueblo: estar informado de lo que pasa en la institución para la que fue elegido. La participación de todos los cargos electos en la vida municipal va unida, en la labor de Andrés Alvarado, a la defensa de la participación ciudadana. Tres ámbitos de participación, dialécticamente entrelazados, son reivindicados con potente coherencia: en las organizaciones sociales, en la organización política y en las instituciones públicas. Una exigencia largamente planteada por el movimiento vecinal autónomo y combativo ha sido la de disponer de cauces para participar en la formación de las decisiones municipales. Siendo este ámbito de gobierno el más cercano a la ciudadanía, es en él donde se fragua un mayor deseo popular de intervenir directamente en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales. Este anhelo se concretó en la reivindicación de las juntas de distrito y fue recogida (formalmente, pues quedó vacía de contenido) en la reforma de la Ley de Régimen Local hecha por el primer gobierno de Felipe González. En un artículo publicado en la prensa local el 29 de marzo de 1985, Andrés Alvarado formula algunas ideas esenciales para la descentralización municipal efectiva y democrática. Y hace una seria crítica a la reforma de la ley citada, pues el mecanismo en ella establecido impide, de hecho, la participación ciudadana. Veinte años después, con un movimiento vecinal domesticado y más pendiente de reírle las gracias al gobierno municipal de turno que de los problemas ciudadanos, es completamente evidente la inutilidad de las juntas distritales arbitradas por el poder. En ellas, concebidas como pequeños plenos, únicamente se imita la dinámica gobierno-oposición, quedando la participación del vecindario en una mera formalidad sin trascendencia hacia la poblaen el poder municipal sigue pendiente la realización de una verdadera descentralización ción del distrito y sin despertar el interés que democratice su ejercicio de ésta. En esta menguada democracia monárquica, en el poder municipal sigue pendiente la realización de una verdadera descentralización que democratice su ejercicio abriendo cauce a una auténtica y apasionada participación ciudadana. Prueba de lo saludable que tal implicación vecinal es para el buen gobierno la encontramos en el debate del proyecto de Plan General de Ordenación Urbana de 1986. Aquella propuesta de PGOU para Las Palmas

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de Gran Canaria recibió un contundente rechazo popular. La orientación de Alvarado Janina fue crucial para llevar a dique seco aquel primer avance, en el que ya quedaba bien esbozada la idea de la segregación social, con un centro servido a la especulación, y donde ubicar a los sectores sociales adinerados, y una periferia para desterrar a los amplios sectores populares de menores salarios. Aquel Plan del PSOE no salió. Sería el siguiente gobierno de la derecha tradicional, con José Vicente León (CDS) como Alcalde y con el apoyo de las huestes vecinales de José Carlos Mauricio(1), el que lo aprobaría sin modificar la filosofía de fondo. Eso es hoy muy visible. El eje formado por las calles Rafael Cabrera – Venegas – Luis Doreste Silva – León y Castillo – Mesa y López (es decir, el alargado centro de la ciudad(2) más el ramal de Siete Palmas) ha sido durante estos años el espacio de un magnífico negocio inmobiliario, que ha expulsado a miles de familias hacia la periferia, ha encarecido la vivienda y ha hecho más clasista la ubicación territorial de la población. Ese proceso no ha acabado. Por el contrario, está extraordinariamente activo en barrios como Guanarteme, para culminar la conexión del eje señalado con el Auditórium, Arenales y La Isleta, donde la acometida especuladora de FADESA y similares avanza con el impulso decidido del gobierno municipal del PP. Nada como el PGOU para desvelar el carácter de clase de un gobierno. En este caso, un carácter profundamente burgués, firmemente anclado en la fórmula centro-periferia, lo que vuelve sumamente actual la consigna “Ahora, los barrios”, pues el galopante desequilibrio auspiciado desde el Ayuntamiento refuerza continuamente el modo de vida agresivo, hosco, vio(1) José Carlos Mauricio era entonces el principal dirigente de IU en Canarias. Hoy, ya completamente pasado a la derecha, es Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, cargo desde el que es activo valedor del creciente uso del archipiélago por las multinacionales yanquis para proseguir el expolio de África y de la legitimación de la ocupación marroquí del Sahara Occidental. (2) La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido construida a lo largo de varios kilómetros de franja costera, en el noreste de la isla. A ambos lados del núcleo originario y escalando las laderas circundantes fueron formándose los barrios populares y obreros. Asistimos (y resistimos), desde hace más de 20 años, a una durísima acometida para la apropiación, por el capital especulativo, de todo el litoral de la ciudad, con el resultado de miles de familias obreras expulsadas a los polígonos de viviendas en la nueva periferia. Esta operación depredadora ha contado y cuenta con el apoyo beligerante de todos los gobiernos municipales, tanto los dirigidos por la derecha como por la socialdemocracia.

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lento y de alienación resultante del desarrollo del capitalismo. La huida hacia el centro “con clase” para la vivencia del tiempo libre, que lleva implícita la no disposición a articular vida social en los barrios, es conscientemente provocada por políticas de desvalorización de los hábitats de la clase obrera en una permanente lucha de clases ocultada tras el discurso de la modernización. No es de extrañar que una de las primeras mociones del concejal Alvarado (regeneración de la Playa de La Laja), aprobada en 1983, tardara más de diez años en llevarse a la práctica. La Laja queda fuera del centro asignado a la especulación y quienes la disfrutan no tienen ingresos para aspirar a un piso en la “gran manzana”(3). Esa acusada orientación clasista, con su inevitable alto déficit democrático, está presente en todas las actuaciones “emblemáticas” del Ayuntamiento. Tomemos como ejemplo el Auditórium. Su construcción fue prevista inicialmente en La Puntilla, ocupando uno de los pocos espacios para equipamientos sociales y de ocio del barrio de La Isleta, cercenando la prolongación de Las Canteras hacia El Confital como zona natural y de recreo, y abriendo la puerta de la presión especulativa para el desalojo de la población isletera. La conjunción de esfuerzos de la oposición municipal y de un activo y audaz movimiento popular obligó al PSOE a renunciar a la obra, que ya había sido iniciada. Pero la idea de la burguesía grancanaria de hacerse con La Isleta sigue viva y no es ajena al proyecto de “la gran marina”, impulsado, hoy, por el PP. En el debate sobre el Auditórium, Andrés Alvarado, además de oponerse a su ubicación, defendió la construcción, en lugar de un segundo teatro Pérez Galdós, de un verdadero auditorio, con aforo para unas cinco mil personas, con un complejo de instalaciones de apoyo a la creación cultural de grupos teatrales, musicales y de las diferentes artes, que le diera un carácter democrático, popular y de irradiación cultural hacia el conjunto de la sociedad. Ese planteamiento iba unido a la creación de una red de equipamientos sociales y culturales en los barrios, con financiación pública canalizada a (3) Conjunto de viviendas de alto standing levantadas en el mismo centro de la ciudad en lo que fuera una parte del barrio obrero de Arenales. Con esa construcción se eliminó la calle de nombre “15 de Noviembre”, fecha de 1909 en la que la Guardia Civil asesinó a cinco obreros al disparar sobre una manifestación que protestaba por el fraude electoral. Ninguna otra calle ha recibido aún ese nombre, símbolo de las primeras organizaciones de la clase obrera canaria.

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través de las organizaciones populares y juntas distritales, que funcionara como vasos comunicantes con el complejo del auditorio. Es decir, democratización de la cultura en su más amplia, integradora, liberadora y humanista concepción. Sólo ver los precios de los espectáculos de consumo en el Auditórium –entre 30 y 90 euros una entrada– dice a las claras que el programa democratizador de UPC-AC sigue pendiente y vigente. La fisura abierta en el elitismo de la vida socio-cultural por el impulso revolucionario de los años setenta fue contenida por una activa política de democratización de la cultura en su neutralización, la cual ha más amplia, integradora, liberadora y mantenido a los amplios humanista concepción sectores populares que entonces no dieron el paso y a buena parte de las generaciones siguientes fuera del disfrute y apropiación de las más genuinas y libertadoras creaciones de la cultura. Sabiendo que dejo sin nombrar muchísimas de las iniciativas que ocuparon a Andrés Alvarado en su intenso y batallador período de concejal, habiéndome centrado en aquellos ámbitos que me parecen más ilustrativos de su pensamiento comunista, quiero, por esto último, terminar estas líneas resaltando un tema al que dedicó reiteradas acciones: la lucha por la paz. Llamativos fueron sus alegatos en plenos municipales exigiendo que el Ayuntamiento usara sus competencias para acabar con la exhibición de la placa franquista en la fachada del Gobierno Militar. Sus palabras no cayeron en vacío y tuvieron continuidad en organizaciones y personas cuyas acciones lograron que esa reivindicación de la dictadura y sus crímenes fuera retirada (con excusa vergonzante, no como acto de afirmación democrática). La oposición a la OTAN y al ingreso del Estado Español en esa organización militar imperialista fue motivo de mociones defendidas en el pleno municipal, donde chocó con la antidemocrática posición de quienes argumentan que los ayuntamientos no tienen que meterse en temas que son del ámbito de decisión de otras instituciones. Frente a ello, reivindicó Andrés Alvarado que los ayuntamientos son la representación primaria y más cercana de la ciudadanía y tienen el deber de ocuparse y preocuparse por todos los temas que afectan a las ciudadanas y los ciudadanos. Andrés Alvarado Janina fue la voz del pueblo. Por eso, no se apaga el eco de su palabra.

Juanjo Serrano

El problema de la vivienda

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Juanjo Serrano Miembro del CE del PCPC y del CC del PCPE

Introducción Uno de los problemas más importante, desde una perspectiva de clase, que hoy tienen los trabajadores en el Estado Español es la vivienda, que, junto con la educación, interviene en la formación de la correlación de fuerzas en la lucha de clases en el momento actual. La educación, por el papel que tiene como instrumento de segregación social “natural” de los individuos, que determinarán su apoyo futuro a una clase social u otra, y por extensión su capacidad de adquirir conciencia de clase. La vivienda, porque cumple para el sistema, en estos momentos, dos funciones: por un lado, el papel de aumentar los beneficios burgueses hasta un punto insospechado hace poco tiempo y de garantizar el reparto de las ganancias entre muchos burgueses para limar sus fricciones internas de clase; por otro lado, el papel ideológico de hacer pensar al trabajador

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que tiene acceso a la propiedad, de sentirse parte del sistema, y, por tanto, hasta cierto punto impermeable a la conciencia de clase. Para avanzar en la lucha ideológica contra la burguesía y dar un salto en la concienciación de los trabajadores hemos de desmenuzar los intereses que mueve la vivienda, para poder denunciar, desde una perspectiva de clase, a los responsables del problema. En los últimos tiempo hemos visto movilizaciones más o menos importantes, sobre todo de jóvenes, que han puesto encima de la mesa de los políticos burgueses este problema. Estas movilizaciones no han pasado todavía del estadio de mera reivindicación más o menos espontánea, exigiendo a esos mismos políticos burgueses la solución al problema, sin comprender que éste tiene unas connotaciones mayores, que no dependen de la voluntad de uno u otro político, sino que el problema lo genera la propia necesidad del sistema capitalista, y, por lo tanto, cualquier lucha por el derecho a la vivienda digna tiene que ser, por su propia naturaleza, una lucha contra el sistema capitalista. La vivienda es el Estado Español Históricamente, el acceso de los trabajadores a la propiedad de la vivienda estuvo limitado por el alto coste de la misma. Los trabajadores solían vivir en viviendas de alquiler que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad. En la mayoría de los casos, la vivienda estaba ligada a la venta de su fuerza de trabajo (colonias industriales, cortijos, etc.). “El problema de la habitación, que en todos los tiempos y edades ha interesado a la Humanidad, reviste en la época actual caracteres de suma gravedad para las clases populares en las grandes ciudades... en medio del portentoso crecimiento de las ciudades, fruto de continuas inmigraciones, aparece la muchedumbre de proletarios con todo el cortejo de miserias escondidas en los antros que, por sarcasmo, se apellidan moradas de hombres, cuyas estadísticas demuestran las desastrosas consecuencias para la especie humana del hacinamiento en insalubres y lóbregas mansiones”. Ni los aumentos de salarios ni los avances de la instrucción entre la clase obrera han permitido encontrar el modo de conjurar las calamidades que nacen de la inmundicia y la estrechez de la habitación. En ella se cohíbe el desarrollo físico de los niños, se agota el vigor y lozanía de la juventud y hallan campo abonado las enfermedades...

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A esto se agrega lo subido de los alquileres de las casas de los pobres, de renta más crecida que la de los ricos y clases medias, lo cual imposibilita a muchos de disponer de un mal albergue… se comprenderá la triste situación en que se hallan multitud de familias”. (España Social, Madrid, núm. 5, septiembre-Octubre, 1910. Citado por Manuel Tuñon de Lara en “El movimiento obrero en la historia de España)”. Durante la dictadura franquista, la necesidad del capitalismo español de trasladar trabajadores de campo a la ciudad para la industrialización creó la necesidad de alojar a estos trabajadores y sus familias, obligando al régimen fascista a asumir como estado la construcción de viviendas; primero, mediante el sindicato vertical, y, luego, mediante el Ministerio de la Vivienda. Para ello se crearon dos mecanismos: por un lado, la construcción de polígonos y barrios enteros de viviendas de alquiler (nacen las viviendas de protección oficial); y, por otro lado, facilitar créditos a los propietarios de suelo para que edificaran a cambio de cobrar alquileres (llamadas viviendas de renta limitada). En la década de los 60, el cambio de orientación capitalista del régimen, con los famosos planes de desarrollo para crear estructuras capitalistas propias, trajo consigo un cambio en la vivienda: se pasa del alquiler a la venta. Así, a los trabajadores se les da acceso a la propiedad de la vivienda mediante préstamos bancarios, nacen barrios enteros en nuestras ciudades y el capitalismo conoce una época de oro: por un lado, las constructoras consiguen altas tasas de beneficios, producidos por la recalificación de terrenos, sobre todo rústicos; y, por otro, los bancos consiguen importantes beneficios con los intereses cobrados por los préstamos; la gran acumulación capitalista de los beneficios sitúan al capitalismo en el Estado Español en posición para dar un salto cualitativo para convertirse en imperialista. El fin de la dictadura fascista y la llamada transición política, facilitada con la ayuda de los fondos europeos después de la integración en la CEE, culminan el proceso de transformación imperialista. Pero las necesidades cada vez mayores de capitales de las sanguijuelas imperialistas españolas, y su incapacidad de buscar otras formas para la adquisición de los capitales necesarios, les obligan a explotar con mayor intensidad la gallina de los huevos de oro, la especulación inmobiliaria.

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Se vive una segunda época dorada de la construcción, utilizando el mismo método: recalificación de terrenos en las grandes ciudades, esta vez, terreno sobre todo industrial, para generar una alta tasa de beneficio capitalista que permita, posteriormente, ser invertido en la adquisición de nuevas empresas y en la extensión internacional del capitalismo español.

Esta contradicción se refleja en el fracaso de las medidas con que los distintos poderes públicos nos bombardean para, supuestamente, facilitar el acceso a la vivienda (hoy, los pisos son cada vez más caros, y los “expertos burgueses” pronostican un enfriamiento del precio de la vivienda ante la imposibilidad de poder pagarlo, aunque sea con préstamos bancarios a “80 años”).

Situación actual de la vivienda

Es, pues, necesario poder determinar cuáles son los factores que influyen en el desorbitado precio de la vivienda en todo el Estado Español. Si descomponemos el precio de la vivienda para descifrar su valor real, encontraremos serias dificultades para entender el precio que al final se paga por los pisos, por mucho que los expertos intenten justificar mediante diversos factores esta situación.

La propiedad de la vivienda de hecho nunca fue un derecho real: - La Constitución española del 78, en su artículo 47, establece: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. - El nuevo Estatut de Catalunya, en su artículo 26, establece: “Las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, para lo cual los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que la ley determine”. En ambos casos, este derecho es recogido como un “principio rector”, es decir, no podemos exigir a los poderes públicos su cumplimiento real y efectivo. Es quizás en el problema de la vivienda donde mejor se constata la naturaleza capitalista del Estado Español, y la naturaleza burguesa tanto de la Constitución española como del Estatut de Catalunya, cuando el derecho de las personas a una vivienda digna y a un precio asequible entra en contradicción con el derecho sacrosanto -esta vez sí que es ejecutivo y exigible su aplicación- de la propiedad privada y del derecho a la ganancia capitalista. Los derechos de las personas pierden su validez, máximo cuando la necesidad del capitalismo de seguir ganando cada vez más dinero entra en contradicción con el carácter claramente social de la vivienda.

No puede ser la mano de obra empleada para construir la vivienda, puesto que estudios elaborados por las propias patronales del sector vienen a decir que, aún con los incrementos anuales de los convenios colectivos del sector (un 2,2% en el 2005), el coste de la mano de obra ha disminuido un 5% en el año 2005, debido a las cada vez más precarias condiciones de trabajo: subcontratación en cadena, los trabajadores autónomos, trabajadores sin papeles en condiciones de semiesclavitud, etc. Asimismo, este coste sólo sería justificable en la vivienda de nueva construcción, no en el caso de la vivienda de segunda mano, que ya fue construida, y cuyo precio también se ha disparado. No puede ser la calidad de los materiales empleados, puesto que los pisos en cada ciudad también tienen diferentes precios, en función de la zona o barrio, o lo que las constructoras llaman “acabados”, o sea, la calidad de los materiales utilizados en la misma, porque, en una misma ciudad, los pisos tienen distinto precio según la calidad de esos acabados. No puede ser la aplicación de las normas de edificación, puesto que éstas son generales para todo el estado, y el precio no sube por igual en todas las provincias, salvo que algún gobierno autonómico esté cerrando los ojos ante el incumplimiento de la normativa. Además, las distintas normas de edificación tienen una fecha de entrada en vigor, es lógico que ese año el coste fuera repercutido en el incremento; pero, ¿y el resto de años?

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No pueden ser los costes financieros, aunque puedan ser distintos entre las promotoras, en función de los acuerdos a los que puedan llegar con las entidades financieras. Esta diferencia no puede ser el problema, puesto que, de ser así, los pisos de las grandes promotoras deberían de ser más baratos que los pisos de las pequeñas, puesto que están en condiciones de negociar con los bancos costes financieros más bajos. No puede ser el precio del suelo, puesto que prácticamente todos los ayuntamientos, mediante los planes de recalificación, están poniendo a disposición de las inmobiliarias grandes cantidades de terreno en las ciudades, y, además, se produce un ensanchamiento de las grandes ciudades hacia la periferia (en el caso de Barcelona esta situación llega ya hasta Girona y Tarragona). No puede ser la todopoderosa ley de la oferta y la demanda; de ser así, el crecimiento del precio de la vivienda estaría explicado en las grandes ciudades, debido a una oferta menor, producida por la carencia de suelo edificable, y una demanda mayor, debido a la necesidad de acceso a la vivienda de juventud que se independiza de los padres y de la inmigración. Pero, ¿cómo explicar este fenómeno en zonas donde la oferta es mayor que la demanda y las construcciones son destinadas a la venta a extranjeros de medio-alto poder adquisitivo, con reclamos publicitarios como zonas lúdicas y campos de golf ? Ni por separado uno a uno ni vistos en conjunto sumando su repercusión los factores “técnicos” pueden dar una respuesta al precio de la vivienda. Entonces, ¿cómo explicar la cada vez mayor diferencia entre el valor de la vivienda -es decir, la suma del coste económico de todos los factores que intervienen en ella- y el precio que al final acaban pagando aquellos que pueden permitirse ese lujo? No podemos hablar de un solo factor que determine esta diferencia; para descubrir cuáles son esos factores, bastará con ver quiénes son los beneficiarios de estos desorbitados precios.

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Los beneficiarios

El papel del gobierno central Según todos los expertos, una economía en expansión tiene que superar el 3% de crecimiento anual: todo lo que no cumpla este requisito es negativo. Teniendo en cuenta el crecimiento de la economía en el Estado Español en los últimos años, todos los organismos económicos internacionales teorizan la expansión constante de la economía española y su supuesta cada vez mayor convergencia con el resto de economías europeas más adelantadas. Esta teórica realidad oficial esconde la verdad: si bien es cierto que la economía española ha crecido en los últimos años, hay que analizar dicho crecimiento y detectar su origen. El crecimiento no es debido a las inversiones industriales y productivas, que cada vez son menores, debido de la deslocalización de las grandes empresas industriales -buscando lugares donde los bajos costes salariales y la falta de derechos laborales hacen aumentar sus márgenes de beneficio- y a la desaparición o disminución de las empresas subsidiarias. El crecimiento tiene su origen en dos factores, principalmente: Por un lado, en la aportación que hace el sector de la construcción al Producto Interior Bruto (las supuesta riqueza que tiene un país), no sólo las empresas constructoras, sino fabricantes de materiales de la construcción, transportistas, etc. (“…la construcción sigue siendo el sector con mejor comportamiento de la economía, con un crecimiento del VAB estabilizado en los últimos años en cifras superiores al 5% (5,5% para 2005). Esta estabilización supone que el sector continúe presentándose como el principal motor del crecimiento por el lado de la oferta…” “Los principales factores que pueden explicar el dinamismo de la construcción son, en primer lugar, y en lo referente a la edificación, el vigor que sigue demostrando la demanda de vivienda, en circunstancias de bajos tipos de interés y altas rentabilidades para operaciones especulativas. El aumento de la población, ya sea de inmigrantes de forma permanente o de extranjeros para períodos vacacionales, así como el incremento del empleo han tenido efectos en el mismo sentido”.

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“No puede dejarse de mencionar que todo este panorama viene condicionado por los niveles de precios de la vivienda, que siguen creciendo a un ritmo muy superior al general de los precios. En concreto, según datos del Ministerio de la Vivienda, con datos de los valores de tasación, el incremento en 2005 fue del 12,6%… -CES, Memoria socio económica 2005)”.

PIB variación encadenada, referencia año 2000=100 Sector 2000 2001 2002 2003 Agricultura y pesca 100 98,7 99,1 99,0 Energía 100 103,9 106,2 107,6 Industria 100 102,5 103,3 104,2 Construcción 100 108,5 115,3 121,1 Servicios 100 103,6 106,3 109,4

2004 96,0 109,8 104,6 127,3 113,3

Y, por otro lado, en el consumo interno, o sea, en el endeudamiento cada mayor de las familias a costa de los créditos con entidades financieras (23,5%), que hace que un porcentaje importante de las familias no llegue a final de mes con sus ingresos (cuota media de los créditos hipotecarios el gobierno está interesado en mantener el 466,6 €), de acuerdo con nivel de edificación, puesto que de forma varios estudios hechos rápida se genera un incremento del PIB, por entidades públicas y y, supuestamente, de la economía, aunque privadas (“el sostenido encarecimiento de la adquisición sea a cargo del capital especulativo de vivienda en España en los últimos años sigue produciendo un empeoramiento de la accesibilidad y el endeudamiento de los hogares por compromisos crediticios -CES, Memoria socio económica 2005)”. Por lo tanto, el gobierno está interesado en mantener el nivel de edificación, puesto que de forma rápida se genera un incremento del PIB, y, supuestamente, de la economía, aunque sea a cargo del capital especulativo, tanto del capital inmobiliario como del capital financiero, que luego revierten en el mercado, ya sea comprando empresas o especulando en la bolsa de valores. Esta situación da como resultado, en las llamadas magnitudes macroeconómicas, una supuesta buena gestión del Consejo de administración (Gobierno del Estado) de los intereses de las accionistas (la burguesía), y el espejismo, para el resto de la sociedad, de que cada vez somos más ricos.

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El papel de los ayuntamientos Los ayuntamientos, por ley, tienen dos formas de financiación: por un lado, las transferencias que el gobierno central les gira todos los años, en base a su participación en los impuestos generales; y, por otro lado, los ingresos propios: el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), licencias de actividades, etc… La supresión del pago a las pequeñas empresas del IAE, por parte del último gobierno Aznar y de su Ministro de Economía, Rodrigo Rato (hoy director del Fondo Monetario Internacional), dio justificación a los ayuntamientos, siempre ávidos de aumentar sus ingresos, para ver en el mercado inmobiliario una solución a sus necesidades recaudatorias. Si hasta la fecha una de las formas de financiación eran las licencias de obras, éstas no representaban unos ingresos considerables: se hacían pocas construcciones, puesto que no hay ganancia empresarial en derribar un edificio para construir otro. En esta situación es donde vuelve a aparecer la figura de la recalificación urbanística (figura ampliamente utilizada por los ayuntamientos en la década de los 60 y 70 del siglo XX) y casi todos los ayuntamientos, independientemente del color político de los equipos de gobierno, se lanzan a recalificar terrenos, sobre todo de origen industrial y agrícola. Mediante la recalificación, los ayuntamientos ganan tres cosas: por un lado, aumentar los ingresos por licencias de obra (los promotores urbanísticos están más interesados en edificar); por otro lado, la cesión de terreno del constructor que recibe el ayuntamiento de forma gratuita según la ley (en Cataluña, un 15% para viales y otro 15% para servicios); y por último, los ingresos que recibe por las plusvalías generadas por la recalificación de terrenos (terrenos destinados a uso industrial o agrícola son más baratos que los destinados a zonas residenciales). Por último, hay que aclarar que los ayuntamientos, por lo menos en Cataluña, sólo hacen propuestas de recalificaciones urbanísticas: quién realmente aprueba los cambios es la Comisión de Urbanismo del gobierno de la Generalitat.

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El capital especulativo La necesidad de bajar el precio del dinero para contener la inflación ha determinado que ya no sea rentable la inversión de capitales en las antiguas actividades bancarias. Los capitales han huido, por así decirlo, a inversiones de mayor rentabilidad. Básicamente, se han convertido en capitales especulativos, que han visto en la construcción una forma rápida de recoger beneficios (compra de solares a precios bajos, posterior recalificación, construcción de las viviendas, venta a precios astronómicos y recuperación rápida del capital más una alta tasa de beneficios). De esta manera, el capitalista cierra el ciclo con una alta rentabilidad en poco meses. Por lo tanto, cuanto mayor sea el precio final de la vivienda, mayores beneficios sacará en la operación. Estos altos beneficios serán reinvertidos en la compra de empresas más pequeñas para aumentar su volumen de negocio, en la compra de participaciones en grandes empresas de servicios (electricidad, telefonía, gas, etc.) que le aseguran unos ingresos a largo plazo, o, en el caso de algunas de ellas, le permiten constituir conglomerados de empresas de servicios (limpieza, saneamiento, jardinería, mantenimiento, etc.) para aprovechar los procesos de liberalización impuestos por la OMC.

Beneficios de las principales entidades promotoras en el año 2005 (en millones de euros) Empresa Volumen de negocio Valor en bolsa Beneficios Acciona 2.093 6.040 225 ACS 10.973 8.387 460 SACYR 3.703 3.233 376 Ferrovial 7.268 8.310 556 FCC 6.285 6.521 388 Metrovacesa 6.714 5.654 184 Inmobiliaria colonial 4.344 2.817 23 Inmobiliaria Urbis 3.985 1.200 85 El capital financiero Antes que nada hay que aclarar una cuestión: la entidades financieras son meros intermediarios, es prácticamente imposible saber quién presta realmente el dinero, pues existen diversas fuentes (activos de la propia enti-

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dad, fondo de inversiones, otras entidades financieras, etc.) y, a cambio, las entidades financieras se quedan la diferencia entre el interés que el usuario paga y lo que ellas pagan de intereses (en el caso de los bancos, el tanto por ciento se conoce como Euro-nibor, y, en las cajas de ahorro, el IRPH). El máximo beneficiario de todo este sistema es el capital financiero: es, sin duda alguna, el máximo interesado en que el precio de la vivienda suba prácticamente sin límites, no sólo porque cuanto más dinero preste más intereses cobrará, sino porque, llegado a un límite, para mantener una cuota mensual dentro del 40% (poder de endeudamiento, que no tendrá nada que ver con el límite del 40% de embargo judicial de la nómina en caso de impago) de los ingresos mensuales de la persona que pide el préstamo, se alarga el plazo de amortización el tiempo que sea necesario -cuanto más se alargue, los intereses serán mayores (ver cuadro siguiente), y, como la forma de calcular el importe de las mensualidades es compuesta, es decir, una parte son los intereses que van disminuyendo con los años y otra es la amortización que va creciendo con los años, la entidad financiera recuperará antes el dinero prestado y, luego, a ganar, que para eso están. Además, hay que tener en cuenta que mientras se está pagando la hipoteca, el dueño real de la vivienda es la entidad financiera, pues todas las hipotecas tienen una cláusula de retorno inmediato del préstamo a requerimiento de la entidad (si esa cláusula fuera puesta en práctica por cualquier necesidad de la entidad, y, ante la imposibilidad de amortizar de golpe el préstamo y siendo la vivienda el aval de dicho préstamo, pasaría a ser embargada). Duración en Cuotas años mensuales Mensualidades 20 2.149 € 240 30 1.799 € 360 40 1.651 € 480 50 1.579 € 600 60 1.543 € 720 70 1.523 € 840 80 1.513 € 960

Intereses pagados 215.830 € 347.515 € 492.308 € 647.529 € 810.620 € 979.387 € 1.152.094 €

% beneficio 71,94 115,84 164,10 215,84 270,21 326,46 384,03

Teniendo en cuenta un capital de 300.000 € (50 millones de pesetas), al 6% de interés medio anual

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Pero la entidad financiera no sólo gana por el préstamo de dinero, sino que las condiciones pactadas suelen representarles otros ingresos adicionales: seguros de vivienda y personales (en su aseguradora), obligación de domiciliación de recibos (cobro de comisiones a las entidades que los emiten), tarjetas de crédito y de débito, cobro de intereses por adelantar pagos, etc.; e, inclusive, algunas de estas entidades poseen dentro de su grupo de empresas alguna inmobiliaria, que quizás sea la que haya vendido la vivienda. Beneficios de las principales entidades promotoras en el año 2005 (millones de euros) Ingresos por Ingresos por Ingresos por Entidades préstamos participaciones comisiones Santander 10.736 619 6.071 BBVA 7.208 121 3.940 Banco Popular 1.966 1 711 Banesto 1.109 1 514 La Caixa 2.483 434 1.235 Caja Madrid 1.755 302 712 Caixa Catalunya 642 40 266

Margen Beneficios Variación ordinario 19.807 6.220 72,5 13.024 3.806 30,2 2.764 877 34,8 1.788 570 24,4 4.532 1.495 83,1 2.812 841 17,1 1.003 269 25

Como conclusión, constataremos que la culpa del precio de la vivienda no la tiene el valor de la vivienda, sino el papel que ésta cumple como parte de la acumulación capitalista, y, por lo tanto, sólo se puede luchar por el acceso a una vivienda digna y en condiciones mediante la lucha contra el sistema capitalista, responsable real del problema. Esta necesidad del sistema crea de facto una santa alianza entre los intereses de los poderes públicos y del capital financiero-especulativo, la cual dispara el precio final que se paga por la vivienda. Esta santa alianza, además, hace florecer no sólo la la culpa del precio de la vivienda especulación, sino la prevaricano la tiene el valor de la vivienda, ción, la corrupción, etc.; varios sino el papel que ésta cumple como son los ayuntamientos investigaparte de la acumulación capitalista dos por las autoridades judiciales por casos de comisiones fraudulentas, financiación de los partidos burgueses, etc., aunque seguramente eso sólo será la punta del iceberg.

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Que nos proponen Con el retorno del PSOE al gobierno estatal, prometieron resolver este problema. Para ello crearon un flamante Ministerio de la Vivienda y aprobaron la creación de un Plan Estratégico de la Vivienda. Con la creación del nuevo gobierno catalán (govern d’entesa, o sea, el anterior tripartito), una de las primera medidas ha sido aprobar la ley de la vivienda, que quedó sin aprobar en el anterior mandato, debido a discrepancias con las empresas del sector y a la disolución del Parlament. Si todos los gobiernos, en todos los niveles de la administración, toman medidas para solucionar el problema, porque el problema persiste, es que acaso todos los gobiernos son unos incompetentes, o, por el contrario, las medidas que proponen son meros parches al problema y que no aportan ninguna solución, porque no abordan el problema principal. Viviendas de protección oficial En Cataluña debido a la aplicación de la Ley de Urbanismo, el 25 % de las viviendas en las nuevas promociones han de ser de protección oficial; pero esta medida, que en principio podía ser positiva, choca con la realidad: por un lado, se refiere a las nuevas promociones, lo que significa que los edificios de nueva planta que no tengan esa consideración no están sujetos a la ley; y, por otro lado, cuando se habla de vivienda de protección oficial se olvida que el precio es tasado por la propia Generalitat, y, si bien es más bajo que los precios del mercado, como estos son altos, las tasaciones también suelen ser altas, puesto que deben de garantizar a los promotores sus ganancias. Viviendas sociales Otra medida son las llamadas viviendas sociales, un eufemismo que sirve de paraguas para toda una serie de intervenciones urbanísticas, y que además entra en el 25 % de las viviendas de protección oficial.

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Pisos de alquileres para jóvenes Con la intención de facilitar la independencia de los padres, se ofrece a los jóvenes pisos de unos 50 m2 aproximadamente, en régimen de alquiler, durante 5 años, pagando una mensualidad como mínimo de 300 €. Esta medida se encuentra con un problema básico: el obstáculo principal que dificulta la emancipación de los jóvenes no es en sí la vivienda, sino la precariedad laboral, con contratos de días y sueldo de menos de 1.000 € al mes; el problema es pagar la mensualidad el mes que no trabaja, y a los 5 años está obligado a abandonar la vivienda. Pisos tutelados Con esta medida se intenta ayudar a los colectivos con problemas sociales (la gente mayor, mujeres maltratadas, etc.), pero tiene el mismo problema que los jóvenes: las ridículas pensiones que cobran nuestros mayores y la dificultad de inserción laboral de estos colectivos dificulta el acceso a estas medidas. Promociones cooperativistas En este tipo de promociones es donde participan los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) con sus respectivas cooperativas de vivienda (últimamente, han empezado a participar las Asociaciones de Vecinos). El suelo destinado a estas promociones también entra en el 25% de las viviendas de protección oficial. Estas promociones, aunque ofrecen viviendas a precios realmente bajos -hasta un 25% del valor de mercado-, presentan un problema: el acceso está restringido a los socios de la cooperativa, que suelen ser afiliados a los sindicatos, y, dado el volumen bajo de promociones que se les ofrece, para no enfadar al capital, su repercusión en mínima. Subvenciones Estas políticas son las más hipócritas: mediante el mecanismo de la subvención, que sale de los presupuestos públicos que pagamos todos con nuestros impuestos, se subvenciona a personas individuales para que

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entreguen directamente el dinero a los promotores privados, lo que garantiza la ganancia del capital a costa de los impuestos de todos. Pisos vacíos Esta medida está diseñada para ser la cortina de humo que permita esconder el debate de fondo sobre el problema de la vivienda. Así, se hace hincapié en el número de pisos vacíos que existe en las ciudades, como si eso fuera la solución al problema, y que la colocación de todos esos pisos vacíos en el mercado representara esa milagrosa solución. Se olvidan varios aspectos: 1. Aquellas personas físicas o jurídicas que tienen viviendas y poseen esa propiedad con el interés de sacar beneficio ya están en el mercado, pues sería absurdo invertir dinero en una vivienda con interés de lucro si luego no obtiene beneficio. 2. Algunas de esas viviendas son propiedad de empresas que han sido o son públicas, y que eran destinadas para sus trabajadores. Estas empresas ya intentan quitarse esas viviendas de encima, intentando venderlas, si su estado es aceptable, o esperando algún plan urbanístico para obtener algunas plusvalías. 3. Algunas de estas viviendas son de personas que tienen una segunda propiedad en su lugar de origen, y que por diversos motivos se han empadronado allí, quedando el piso vacío como segunda vivienda, aunque sea su vivienda habitual algunos meses al año. Teniendo esto en cuenta, y aunque todas esas viviendas fueran puestas de golpe en el mercado de alquileres, tampoco representaría una disminución de los precios que se paga, puesto que los ingresos generados por las viviendas tienen un tratamiento fiscal importante y, como no tiene retenciones, se han de liquidar en la declaración de la renta, además de los gasto que representa el administrador, etc. Por lo tanto, seguirá siendo más barato pagar una hipoteca de un piso de segunda mano que pagar un alquiler, con contratos de cinco años como máximo, que el propietario puede subir lo que él estime conveniente.

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¿Cuál es la alternativa? “La penuria de la vivienda para los obreros y para una parte de la pequeña burguesía de nuestras grandes ciudades modernas no es más que uno de los innumerables males menores y secundarios originados por el actual modo de producción capitalista. No es una consecuencia directa de la explotación del obrero como tal obrero por el capitalista. Esta explotación es el mal fundamental que la revolución social quiere suprimir mediante la abolición del modo de producción capitalista. Mas la piedra angular del modo de producción capitalista reside en que el orden social presente permite a los capitalistas comprar por su valor la fuerza de trabajo del obrero, pero también extraer de ella mucho más que su valor, haciendo trabajar al obrero más tiempo de lo necesario para la reproducción del precio pagado por la fuerza de trabajo. La plusvalía producida de esta manera se reparte entre todos los miembros de la clase capitalista y los propietarios territoriales, con sus servidores a sueldo, desde el Papa y el emperador hasta el vigilante nocturno y demás. (F. Engels, El problema de la vivienda.)” La alternativa obligatoriamente tiene que pasar por atajar las causas que determinan el papel actual de la vivienda dentro del proceso de acumulación capitalista. Para ello se deberían tomar ciertas medidas. Ley de suelo Elaborar una ley del suelo que, amparándose en el artículo 47 de la Constitución monárquica, interprete el término “interés general”, reconociendo el carácter de bien común del suelo y, mediante la tasación de su valor, impedir la especulación inmobiliaria. Vivienda habitual El acceso a una vivienda habitual digna debe de ser un derecho inalienable de la ciudadanía, por lo que las administraciones públicas deben de tener en cuenta en los Presupuestos Generales, la asignación económica necesaria para garantizar este derecho, y ha de ser responsabilidad de las administraciones públicas su cumplimiento, asumiendo directamente su ejecución. Para ello se deberá constituir una Agencia Estatal de la Vivienda (con las mismas atribuciones que la Agencia Tributaria, por ejemplo).

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La Agencia Estatal de la Vivienda deberá cumplir unos requisitos mínimos: 1. Planificación de las necesidades: Realización de un estudio de las necesidades de vivienda, en función del crecimiento demográfico, el estado de conservación del parque actual, etc., en todo el territorio. 2. Responsabilidad directa en la construcción: La agencia deberá ser responsable de la construcción de la vivienda. Para ello podrá encargar las edificaciones a empresas privadas, mediante la fijación de un precio fijo que contemple tanto los costes como un porcentaje fijo de ganancias para las empresas. 3. Precio de venta: El precio final de venta no podrá ser superior a los coste de la misma. Igualmente, el coste mensual no deberá superar el 15% de los ingresos de la unidad familiar, alargando el tiempo necesario de amortización. Los intereses no podrán se superiores al IPC. 4. Revalorización del valor de la vivienda: El precio de la vivienda no podrá ser revalorizado anualmente por encima del incremento del IPC. 5. Situación de las viviendas degradadas: Se deberá estudiar formas de facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas que actualmente tienen viviendas enfermas (estado ruinoso, aluminosis, que no reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad, etc.). 6. Cooperativismo: Se potenciará la forma cooperativista como instrumento de facilitar el acceso de las personas a las viviendas por mediación de los sindicatos, AA.VV., etc. 7. Cumplimiento de la ley: Potestad de inspección y sanción de los incumplimientos de la ley, tanto por parte de las empresas como de las personas. El sector inmobiliario La segunda vivienda, las viviendas de alto standing, los locales comerciales e industriales, los edificios de oficinas, etc., podrán seguir estando liberalizados, y, por tanto, ser parte del mercado inmobiliario.

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LA CLASE OBRERA DEL SIGLO XXI EN LOS PAISES CAPITALISTAS DESARROLLADOS (material de apoyo para el III Curso de la Escuela Central de Formación)

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Presentación El presente folleto, como parte que es del material de trabajo que la Comisión de Formación del CC del PCPE aporta al III curso de la Escuela de Formación, no tiene más pretensión que la de coadyuvar a la discusión, desde el marxismo, de un tema central para un verdadero partido comunista: la clase obrera. PARTE I QUÉ ES UNA CLASE SOCIAL El concepto clase social es una de las categorías económico-sociales del materialismo histórico. El concepto de clase tiene una importancia fundamental en la teoría marxista, aunque ni Marx ni Engels lo hayan expuesto de manera sistemática. En cierto sentido, fue el punto de partida de toda la teoría de Marx, pues su descubrimiento del proletariado como una nueva fuerza política entregada a la lucha por su emancipación, le condujo directamente al análisis de las estructuras económicas de las sociedades modernas y su proceso de desarrollo.

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Contenido del concepto. Desde el punto de vista del materialismo histórico, el concepto “clase social” indica una realidad sustantiva, un dato objetivo de la sociedad. Según esta teoría, la clase social es el grupo humano que se constituye objetivamente en virtud de su lugar en un sistema de producción determinado, lo que depende de la relación que guarda respecto a los medios de producción. De esta relación –de propiedad o no propiedad- depende también su papel en la organización social del trabajo. Según Lenin, “las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que en gran parte quedan establecidas y formuladas en las leyes), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro, por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social.” (Lenin, Una gran iniciativa). Así, pues, de acuerdo con la definición leninista de las clases sociales, las clases fundamentales de la sociedad capitalista moderna –burguesía y proletariado- se diferencian en tanto que son explotadoras o explotadas (lugar que ocupan en el sistema de la producción social), en tanto que poseen los medios de producción o están privados de ellos (relación hacia los medios de producción), en tanto que organizan la producción con miras a obtener beneficios o son simples ejecutantes (papel desempeñado en la organización social de trabajo). La diferencia entre los capitalistas y los proletarios en cuanto al modo y a la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen es la diferencia entre quienes, al apropiarse de la plusvalía, se apoderan de la mayor parte de la riqueza social y quienes, vendiendo su fuerza de trabajo, se sustentan sólo del salario que reciben. Los sociólogos burgueses tratan a menudo de diluir el concepto “clase social” en un concepto más general, el “grupo social”, y suplantar la división de la sociedad capitalista en clases dividiéndola en capas sociales, “estratos” (término tomado de la geología, de ahí la “estratificación social”, división de la sociedad en distintas capas, estratos, etc., situados, por lo común, en orden jerárquico). Como criterio de la pertenencia de un individuo a un grupo social o a una u otra capa, los sociólogos burgueses

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toman distintos caracteres, como, digamos, el género de ocupación, de distribución de los bienes, el nivel de escolaridad, de lugar de residencia, la ideología, etc., pero sin señalar lo principal, lo decisivo, esto es, la relación en que se encuentra uno con respecto a los medios de producción y el papel que desempeña en la organización social del trabajo. Como es lógico, los marxistas no niegan que en la sociedad capitalista contemporánea existan multitud de grupos y capas sociales. Sin embargo, como indica Marta Harnecker, “no todos los grupos y capas sociales de la sociedad burguesa pueden definirse como clases sociales, sea por representar grupos intermedios entre la burguesía y el proletariado a nivel de la producción, sea por no estar ligados directamente a la producción. Entre todos los grupos sociales que existen en la sociedad capitalista, sólo los grupos que al participar de forma directa en el proceso de producción llegan a constituirse en polos antagónicos se constituyen en clases sociales.” (Marta Harnecker. Los conceptos elementales del materialismo histórico) QUÉ ES LA CLASE OBRERA Contenido del concepto. Si tomamos como punto de partida la definición de Lenin sobre las clases sociales expresada en “Una gran iniciativa”, debemos considerar la clase obrera como una clase formada por hombres privados de medios de producción, que se ven obligados, por lo tanto, a vivir de la venta de su fuerza de trabajo a los poseedores de capital y que son explotados en el proceso de la producción capitalista. Además de los rasgos que la distinguen de la burguesía -carencia de medios de producción y venta de la fuerza de trabajo-, la clase obrera se distingue de la masa global de los trabajadores asalariados en que su trabajo produce plusvalía o sirve al capitalista de medio para aumentar el valor de su capital individual. Al exponer los rasgos esenciales de la clase obrera, Marx señala que “desde el punto de vista económico, sólo puede llamarse “proletario” al obrero asalariado que produce y valoriza “capital” (C. Marx, El capital T. I y II). De lo expuesto podemos deducir que la clase obrera abarca, en las condiciones del capitalismo desarrollado, a todas las categorías de trabajadores asalariados privados de medios de producción propios, que venden su fuerza de trabajo a los capitalistas, producen o captan plusvalía y, por consiguiente, acrecientan el capital.

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En los países capitalistas desarrollados existen, junto a la clase obrera, centenares de miles de trabajadores asalariados sin lugar en la producción, que no producen ni captan plusvalía (por ejemplo, personal de limpieza, conserjes, guardias jurados, funcionarios de base de la Administración, trabajadores de los servicios públicos -jardineros, conductores, carteros, personal sanitario inferior. “El capitalismo dejaría de ser capitalismo si el proletariado “puro” no estuviese rodeado de una masa abigarradísima de elementos que señalan la transición...” (Lenin. La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo). Estos trabajadores se asemejan a los obreros en que, al igual que ellos, no tienen medios de producción propios y son explotados por los capitalistas –incluido el estado capitalista. Mas, por otra parte, su trabajo no crea ni capta plusvalía, la remuneración de su trabajo proviene, en fin de cuentas, de los ingresos de las clases fundamentales de la sociedad burguesa. Por estas razones, no se les debe incluir en la clase obrera. Lógicamente, eso tampoco significa que se les deba incluir en la “clase media”, como hace la sociología burguesa. Es más, desde el punto de vista político y social, los trabajadores semiproletarios deben ser considerados parte del proletariado. Pues, desde el punto de vista político, lo más importante y esencial no es lo que diferencia a los obreros y semiproletarios, sino lo que les une. Ni que decir tiene que en modo alguno debe incluirse entre los semiproletarios al sector de funcionarios públicos que desempeñan funciones políticas y políciaco-militares del estado burgués. Se trata de grupos de funcionarios que, al igual que los semiproletarios, no ocupan lugar alguno en la producción capitalista, que no producen ni captan plusvalía. Sin embargo, este sector de funcionarios son servidores directos de la burguesía y la mayoría de ellos participan, si llega el caso, en uno u otro grado, en la represión de la clase obrera; la burguesía les paga por ello. LA ESTRUCTURA DE LA CLASE OBRERA EN LOS PAÍSES CAPITALISTAS DESARROLLADOS Los límites económico-sociales de la clase obrera. El desarrollo del capitalismo origina inevitablemente la ampliación de los límites de la clase obrera. La ampliación de esos límites es un proceso histórico, ligado a los cambios que tienen lugar en la propia producción material. El desarrollo del capitalismo convierte en proletarios, esto es, en miembros de la

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clase obrera, a muchos miembros de grupos profesionales que, en fases más tempranas de la producción capitalista, pertenecían casi en su totalidad a otros grupos sociales. En las condiciones actuales de la producción capitalista, la clase obrera no abarca sólo a las categorías de trabajadores asalariados de la “vieja” clase obrera, esto es, a los trabajadores asalariados dedicados al trabajo manual (peones y obreros de las máquinas) y a los que realizan diferentes funciones auxiliares (mecánicos, embaladores, etc), abarca también a los trabajadores asalariados que aplican en la creación del producto su trabajo mental (ingenieros, técnicos, trabajadores científicos). En el curso del desarrollo de la producción capitalista, dice Marx “el producto deja de ser fruto directo del productor individual para convertirse en un producto social, en el producto común de un obrero colectivo; es decir, de un personal obrero combinado, cuyos miembros tienen una intervención más o menos directa en el manejo del objeto sobre que recae el trabajo. Con el carácter cooperativo del propio proceso de trabajo se dilata también, forzosamente, el concepto del trabajo productivo y de su agente, el obrero que produce. Ahora, para trabajar productivamente ya no es necesario tener una intervención más o menos directa en el manejo del objeto sobre el que recae el trabajo; basta con ser órgano del obrero colectivo. Con ejecutar una cualquiera de sus funciones desdobladas.” (C. Marx. El Capital, t.I, Teoría de la plusvalía). “Conforme va desarrollándose el modo de producción específicamente capitalista, en el que muchos obreros producen en común la misma mercancía, es inevitable, naturalmente, que se modifique en gran medida la relación directa que existe entre el trabajo de unos u otros obreros y el objeto de la producción. En una fábrica, por ejemplo, los peones antes mencionados no intervienen directamente en la elaboración de la materia prima. Los obreros encargados de vigilar a los que trabajan en esas faenas de elaboración aún guardan menos relación con ello. La relación del ingeniero también es distinta, trabaja primordialmente sólo con la cabeza, etc. Pero el conjunto de todos estos obreros, poseedores de fuerzas de trabajo de distinto valor, produce un resultado que se expresa en una mercancía, en un producto material. Todos estos obreros juntos, en cuanto colectividad productiva, son una máquina viva que fabrica esos productos. Del mismo modo, si enfocamos el proceso de producción en su conjunto, vemos que cambian su trabajo por capital y reproducen como capital, es decir, con una plusvalía, el dinero del capitalista” (C. Marx. Teoría de la plusvalía). “El rasgo peculiar del modo de producción capitalista consiste, precisamente, en que separa unos de otros los distintos tipos de trabajo y, por consiguiente, desune también el

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trabajo intelectual y manual... y los encomienda a personas distintas... Esta desunión no impide lo más mínimo que cada una de estas personas sea, con respecto al capital, un obrero asalariado, un obrero productivo en el sentido más elevado de la palabra. Todas estas personas, además de trabajar directamente en la producción de riqueza material, cambian directamente su trabajo por dinero considerado como capital y reproducen, por tanto, directamente, además de su salario, una plusvalía para el capitalista. Su trabajo está formado por dos partes: trabajo pagado y trabajo sobrante, no retribuido” (C. Marx. Teoría de la plusvalía). El alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado en los países capitalistas desarrollados como consecuencia del progreso científico-técnico -expresado en la creciente mecanización y automatización de la producción- y la intensificación del dominio del capital monopolista, ha permitido desplazar hacia la esfera improductiva una parte considerable de la clase obrera de los países capitalistas desarrollados. Este desplazamiento ya fue previsto en el siglo XIX por Marx. “... El aumento extraordinario de la fuerza productiva en las esferas de la gran industria, acompañado, como lo está, de una explotación cada vez más intensiva y extensa de la fuerza de trabajo en todas las demás ramas de la producción, permite emplear improductivamente a una parte cada vez mayor de la clase obrera...” (C. Marx. El Capital, t.I.). Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, y como consecuencia de la lucha por los mercados de venta y por las esferas de inversión de capitales, así como por el propio desarrollo del capitalismo monopolista, se ha ampliado la órbita de la circulación y de los servicios. Esta ampliación ha comportado la incorporación a éstas ramas de la economía de un gran número de trabajadores asalariados. La mayor parte de los trabajadores asalariados ocupados en el proceso de la circulación y los servicios deben ser considerados parte de la clase obrera. En este sentido, no es casual que Marx, refiriéndose a los empleados de filas ocupados en la esfera de la circulación, considerase que “el obrero comercial es un obrero asalariado como cualquier otro” (Marx, El capital, t.III), ni que Engels definiera como “proletariado comercial” a los empleados de oficina, dependientes y empleados de comercio. Por supuesto, tampoco es casual que Lenin señalase que “el proletariado no existe sólo en la producción agrícola e industrial, sino también en el comercio y en otras esferas improductivas” y que “...el obrero agrícola asalariado pertenece a la misma clase que el obrero asalariado fabril y comercial. Desde

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el punto de vista del marxismo, estas son verdades elementales” (Lenin, Los miembros del Grupo del Trabajo y la democracia obrera). En las condiciones del capitalismo moderno, pertenecen a la clase obrera todos los trabajadores asalariados que no poseen medios de producción propios y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo (física o intelectual) para ganarse la vida, que están privados del derecho a participar directamente en la dirección de la producción o a determinar su volumen y que deben cumplir las órdenes del empresario, dueño de los medios de producción, o de sus representantes. En la clase obrera están incluidos todos los trabajadores asalariados que participan en el proceso de creación o de realización del valor y de la plusvalía. Todos estos trabajadores asalariados son miembros de la clase obrera, independientemente de que estén ocupados en la esfera de la producción o en la de la circulación. Destacamentos de la clase obrera. El proletariado, que es una clase única por sus signos esenciales y determinantes, consta de diversos destacamentos. Sus destacamentos fundamentales y más numerosos son el proletariado industrial, el proletariado agrícola y el proletariado comercial y de servicios. Como es lógico, el propio desarrollo del capitalismo hace cambiar la proporción entre unos u otros destacamentos de la clase obrera. En los países capitalistas de capitalismo desarrollado, se manifiesta la tendencia al aumento del número de obreros que trabaja en la esfera de la circulación y los servicios y a la disminución relativa del de obreros ocupados de modo directo en las ramas de la producción material. El proletariado industrial comprende a los obreros de las fábricas y talleres, de la industria extractiva, de la construcción, del transporte y de las comunicaciones. Históricamente, los obreros fabriles han constituido la parte más avanzada, más desarrollada y más organizada del proletariado. A propósito de la importancia de los obreros fabriles en la lucha por el socialismo, Lenin escribió que “sólo una clase determinada, a saber, los obreros urbanos y en general los obreros industriales de fábricas y talleres, está en condiciones de dirigir a toda la masa de trabajadores y explotados en la lucha por derrocar el yugo del capital, en el proceso mismo de su derrocamiento, en la lucha por conservar y consolidar el triunfo, en la obra de la creación del nuevo régimen social, socialista, en toda la lucha por la supresión completa de las clases” ( V.I.Lenin. Obras escogidas en dos tomos, t II).

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El proletariado industrial no se reduce sólo a los obreros fabriles. Al analizar los cambios operados en la composición de la clase obrera al pasar de la manufactura a la producción mecánica, Marx indicaba que el proletariado industrial estaba constituido, además de por los obreros que trabajaban efectivamente en las máquinas y por sus ayudantes (peones), por “el personal, poco importante numéricamente, encargado del control de toda la maquinaria y de las reparaciones continuas: ingenieros, mecánicos, carpinteros, etc. Trátase de una categoría de trabajadores de nivel superior, que en parte tienen una cultura científica y en parte son simplemente artesanos, y que se mueven al margen de la órbita de los obreros fabriles, como elementos agregados a ellos” (C. Marx El Capital, t I). Ni que decir tiene que en el siglo XXI esta categoría de trabajadores no es ya un personal “poco importante numéricamente”, sino un sector muy nutrido de la población activa de los países capitalistas desarrollados. Pertenecen también al proletariado industrial los trabajadores asalariados ocupados en la esfera de la circulación, que es continuación de la producción (almacenamiento, empaquetado y desempaquetado de mercancías). Asimismo, son parte del proletariado industrial los oficinistas que trabajan en las secciones de abastecimiento, venta y programación de la producción en las fábricas. Igualmente, son parte del proletariado industrial los ingenieros, técnicos y trabajadores científicos empleados en la producción y que no cumplen funciones explotadoras. El trabajo de estos trabajadores es, en realidad, un elemento necesario y orgánico de la propia producción, toman parte en la creación de valor y plusvalía. Todos estos grupos de trabajadores se convierten en elementos, en partes del “obrero colectivo” de la producción. El papel rector del proletariado industrial respecto a los restantes grupos de la clase obrera viene determinado porque está ocupado en la esfera principal de la actividad humana: la producción de bienes materiales. Crea la masa fundamental de valores materiales, produce valor y plusvalía. Como su núcleo central -los obreros fabriles- está tradicionalmente ligado a la gran producción, se distingue por su mayor cohesión y grado de organización, posee una conciencia más madura y una mayor experiencia de la lucha de clases. El proletariado agrícola abarca a los obreros agrícolas participantes directos en la creación de valor y de plusvalía, “el obrero asalariado del campoescribía Lenin- pertenece a la misma clase que el obrero asalariado de la fábrica y

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del comercio” (V. I. Lenin Obras C, t XVIII). El desarrollo capitalista de la agricultura comporta la reducción del peso relativo del proletariado agrícola en la población activa. El proletariado comercial abarca a los trabajadores asalariados ocupados en la esfera de la circulación que continúa el proceso de producción (p.e, almaceneros, embaladores) o bien intervienen en la realización de la plusvalía (p.e., vendedores, empleados de banca). A diferencia de los obreros industriales, la mayoría de los proletarios de comercio no participan directamente en el proceso de producción; sin embargo, su trabajo es necesario para el proceso de reproducción capitalista, ya que éste no es posible sin la circulación. “El obrero comercial es un obrero asalariado como otro cualquiera”, “el obrero comercial -dice Marx, refiriéndose a los vendedores- no produce directamente plusvalía..... Este obrero asalariado no le rinde al capitalista creándole directamente plusvalía, sino ayudándole a reducir los gastos de realización de la plusvalía, realizando el trabajo en parte no retribuido para ello”. Los obreros mercantiles “producen directamente ganancia para sus principales, aunque no produzcan directamente plusvalía (de la cual la ganancia no es más que una forma transfigurada)...” “Del mismo modo -escribe más adelante- que el trabajo no retribuido del obrero crea directamente plusvalía para el capital productivo, el trabajo no retribuido de los obreros asalariados comerciales crea para el capital comercial una participación en aquella plusvalía” (C. Marx. El Capital, t III). Así, pues, estos trabajadores, aún sin participar en la producción de plusvalía, producen ganancia para su patrono, es decir, crean para el capitalista que les explota la posibilidad de apropiarse una parte de la plusvalía creada en la industria. Al igual que los obreros industriales, los empleados de comercio están privados de la propiedad sobre los medios de producción, viven a costa de la venta de su fuerza de trabajo, sufren la explotación capitalista. El proletariado del trabajo intelectual. En las condiciones del capitalismo desarrollado, el trabajo intelectual se convierte en una fuente de beneficio capitalista. En las fases más tempranas del desarrollo capitalista la mayoría de los trabajadores intelectuales trabajaban individualmente, vendiendo su fuerza de trabajo por honorarios. Hoy, el trabajo intelectual se efectúa y organiza cada vez más con arreglo al sistema de relaciones entre los capitalistas y los obreros asalariados. Por eso, ahora existe más

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fundamento que nunca para hablar de los “proletarios del trabajo intelectual”. Esta capa del proletariado está constituida por los trabajadores asalariados que para poder vivir necesitan vender su fuerza de trabajo intelectual. En los países capitalistas desarrollados el proletariado intelectual está integrado básicamente por ingenieros y técnicos de la industria, trabajadores científicos y por maestros y profesores. Subjetivamente, muchos ingenieros, técnicos medios, trabajadores científicos, maestros y profesores asalariados se incluyen a sí mismos en las capas medias. Sin embargo, como trabajadores asalariados que ocupan un lugar determinado en el sistema de producción social, muchos ingenieros, técnicos, trabajadores científicos, maestros y profesores pertenecen, objetivamente, a la clase obrera. a) Sobre la condición de clase de los ingenieros, técnicos y trabajadores científicos En la época del capitalismo premonopolista y en los albores del imperialismo, las grandes empresas industriales tenían en sus plantillas de personal, cuando los tenían, un número mínimo de ingenieros que, por lo general, ejercían la dirección técnica general de la empresa. Hoy, en las grandes fábricas pertenecientes a los monopolios trabajan decenas y centenares de ingenieros y numeroso personal técnico inferior. En los países capitalistas desarrollados una parte cada vez más numerosa de esos ingenieros y técnicos no poseen, en general, la propiedad de los medios de producción, trabajan como asalariados de los capitalistas, vendiéndoles su fuerza de trabajo, participan en la creación de valor y plusvalía y son víctimas de la explotación capitalista. Por eso, los ingenieros y técnicos empleados en la esfera de la producción de bienes materiales y que no cumplen funciones explotadoras deben ser considerados como una capa más de la clase obrera y parte del proletariado industrial. A medida que se extiende la mecanización, la aplicación de la química y la automatización de la producción, se modifica la situación de muchos trabajadores científicos. Mientras que en las fases más tempranas del capitalismo sólo se utilizaban en la producción los resultados finales de las investigaciones científicas, hoy la labor de investigación se convierte cada vez más en un elemento del proceso mismo de producción. Y si antes toda la labor científica se realizaba prácticamente en las universidades o por cuenta y riesgo de particulares, ahora, multitud de trabajadores científicos

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(químicos, físicos, biólogos, economistas, proyectistas, auxiliares de laboratorio, etc.) trabajan como asalariados en fábricas e institutos pertenecientes a los grandes monopolios. Estos trabajadores, que se diferencian de la mayoría de los obreros fabriles por el carácter del trabajo (los primeros realizan preferentemente un trabajo mental de una cualificación relativamente alta; los segundos, sobre todo un trabajo manual), participan en la creación de plusvalía y son, al igual que muchos ingenieros y técnicos, parte del “obrero colectivo” de la producción. Claro es que en modo alguno se debe incluir en la clase obrera a los ingenieros y trabajadores científicos que son empresarios o gerentes y se apropian parte de la plusvalía, bien sea en forma de beneficios patronales o de elevados sueldos, intereses del capital, dividendos de las acciones o participación en las ganancias. Estos elementos pertenecen a la clase burguesa. Tampoco se puede incluir en la clase obrera a los ingenieros y trabajadores científicos no dedicados a la organización técnica de la producción, sino al perfeccionamiento de los métodos de explotación (“relaciones humanas”). Asimismo, cierta parte de los ingenieros, técnicos y trabajadores científicos deben ser incluidos en las capas medias. Esto se refiere sobre todo a las personas de profesiones liberales que perciben honorarios (p.e., consultores). b) Sobre la condición de clase de maestros y profesores Los maestros y profesores que no poseen medios de producción y que para poder vivir necesitan vender su fuerza de trabajo (intelectual) son parte del proletariado intelectual. Al instruir a los futuros obreros, participan en cierta medida en la creación de plusvalía. El hecho de que los maestros y profesores del sistema público de enseñanza no trabajen para un capitalista individual, sino para la clase capitalista en su conjunto, a través del mecanismo del estado capitalista, no hace cambiar nada en lo que se refiere a la participación de los maestros y profesores en el proceso de producción y de reproducción. Es un hecho sobradamente conocido que el sistema público de enseñanza, cuyo sostenimiento se costea por los contribuyentes, surgió y cobró desarrollo, hasta adquirir sus actuales proporciones, a lo largo del proceso de formación de toda la economía capitalista. La aparición de este sistema

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respondía a la necesidad de dar a los hijos de los obreros una mínima formación escolar, que es un factor importante para la reproducción de la fuerza de trabajo y una garantía de la existencia de un gran ejército de trabajadores explotados. Dada la complejidad de los procesos de producción contemporánea, sólo pueden participar con éxito en ellos los obreros que poseen, por lo menos, instrucción secundaria. Hoy, para realizar tal o cual trabajo es preciso en muchos casos poseer incluso instrucción media. Por tanto, el maestro o el profesor ejercen una función necesaria para los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo que precisan los capitalistas a fin de proseguir y ampliar la producción de mercancías y ganancias (valor y plusvalía). LA MOVILIDAD SOCIAL DE LA CLASE OBRERA, REALIDAD Y FICCIÓN La clase obrera, al igual que las demás clases de la sociedad burguesa, no es un grupo humano cerrado. Cierta parte del proletariado pasa a engrosar las filas de la pequeña burguesía (pequeños tenderos, pequeños talleres mecánicos de reparación, etc.) La movilidad social de la clase obrera hacia las capas medias, aún cuando es numéricamente insignificante, ha sido exagerada por los ideólogos de la burguesía de los países capitalistas desarrollados para inculcar a los obreros la idea de que ya apenas hay proletarios, de que con el desarrollo del capitalismo la clase obrera se ha integrado masivamente en las capas medias. Para ello, los ideólogos de la burguesía no sólo toman en consideración la movilidad social real. Además de exagerar la movilidad social real, los ideólogos de la burguesía inventan una movilidad social falsa de la clase obrera. Del hecho que en los países capitalistas desarrollados una parte considerable numéricamente de los trabajadores asalariados tiene la posibilidad de adquirir cierta propiedad privada (muebles, frigoríficos, televisores, automóviles y vivienda) deducen que se ha producido un proceso de desproletarización que ha determinado la incorporación de la clase obrera en las capas medias. Ni que decir tiene que la propiedad de televisores, automóviles o pisos comprados a plazos no comporta ninguna movilidad social de la clase obrera hacia las capas medias. Sin embargo, es cierto que en la psicología

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de muchos obreros la posibilidad de adquirir cierta propiedad personal tiene su efecto. Muchos de ellos creen que al comprar un televisor de plasma, un automóvil o una vivienda elevan su prestigio en la sociedad y suben al peldaño siguiente de la escala social. Precisamente de esta especie de fetichismo de la mercancía se nutre como un parásito la teoría de la movilidad social del proletariado hacia las capas medias. LA CLASE OBRERA ES UNA CLASE EN DESARROLLO Contrariamente a lo que afirman muchos economistas y sociólogos burgueses, la clase obrera de los países capitalistas, lejos de reducirse, amplía sus fronteras sociales y crece numéricamente. Desde el punto de vista económico e histórico, el proletariado comienza a formarse en la esfera de la producción material. Pero, a medida que las relaciones de producción capitalista van subordinando bajo su control no sólo la producción, sino la circulación y los “servicios”, la clase obrera engrosa sus filas con destacamentos de trabajadores asalariados emplazados al margen de la producción material. En nuestros días, el crecimiento numérico de la clase obrera en los países capitalistas desarrollados se realiza en buena parte a expensas de los centenares de miles de ingenieros, técnicos y trabajadores científicos que trabajan como asalariados, de los millones de empleados modestos que trabajan como asalariados en la industria, el transporte, las comunicaciones, el comercio, los bancos, las oficinas, las instituciones científicas y los servicios. Este crecimiento continuo confirma la tesis de Marx de que “...la acumulación del capital supone el aumento del proletariado” (C. Marx. El Capital, t I). Al subrayar precisamente la importancia de este aspecto de la teoría marxista, Lenin escribió: “Contrariamente al temor general ante el desarrollo del proletariado, Marx y Engels cifraban todas sus esperanzas en el continuo crecimiento numérico de éste. Cuantos más proletarios haya, tanto mayor será su fuerza como clase revolucionaria y tanto más próximo y posible será el socialismo”. Cabe observar que los marxistas no consideran que la superioridad numérica de la clase obrera sea por sí sola una garantía del triunfo del movimiento obrero. Lo fundamental es que el proletariado cobre conciencia de clase. Actualmente, en los países capitalistas desarrollados, una gran parte de los trabajadores asalariados, pese a ser miembros de la clase obrera,

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no tienen, ni mucho menos, conciencia de pertenecer a ella. La mayoría piensan que son miembros de la “clase media” (en unos casos, de la clase media tirando a “alta”; en otros, de la clase media tirando a “baja”). Como es lógico, de esta inconsciencia de clase de una gran parte de la clase obrera no podemos deducir, como algunos teóricos burgueses y reformistas, la inexistencia del proletariado. No lo podemos deducir por dos razones. La primera, porque ningún individuo o grupo de la población pertenece necesariamente a la clase en la que él mismo se incluye. La segunda, porque la naturaleza proletaria y la conciencia proletaria son cosas distintas. PARTE II SOBRE LA ARISTOCRACIA OBRERA Contenido del concepto. Históricamente, la expresión “aristocracia obrera” ha sido utilizada en la literatura marxista para describir a la parte de la clase obrera que como consecuencia del soborno ha caído en las redes de una dependencia especial de la burguesía. La aristocracia obrera está constituida por parte de los trabajadores asalariados altamente cualificados que reciben un salario que sobrepasa el nivel medio del valor de la fuerza de trabajo; este salario, superior al de sus compañeros de oficio o profesión, no es conseguido en una lucha de clases abierta, sino sin lucha, mediante “el compromiso” con los capitalistas. Además del criterio económico, otro rasgo de la aristocracia obrera es la conciencia de clase (burguesa) del grupo en cuestión. Lenin, en 1913, a propósito del XIII Congreso del Partido Laborista inglés, decía que la aristocracia obrera “se encuadra separadamente, en sindicatos no socialistas”. Asimismo, Lenin asoció el reformismo en el movimiento obrero con la aristocracia obrera. En sus escritos sobre la I Guerra Mundial sostenía que “ciertos estratos de la clase trabajadora (la burocracia en el movimiento obrero y la aristocracia obrera) servían como soportes principales al reformismo y al oportunismo”. La aristocracia obrera se diferencia de la masa proletaria no sólo por su elevado salario sino también por su ideología pequeño-burguesa y marcadamente conservadora, ideología que se manifiesta, en el caso de la aristocracia obrera, en la insolidaridad de clase, el espíritu de casta, el gremialismo, el oportunismo, la condición lacayuna de sus miembros, etc, etc.

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La existencia de la aristocracia obrera tiene una base objetiva: el colonialismo y el neocolonialismo (p. e., en el siglo XIX, la aristocracia obrera inglesa -constituida por las capas privilegiadas y bien retribuidas de obreros de alta cualificación y organizados en sindicatos de casta- era una consecuencia de la explotación de la India por el imperialismo británico). En el siglo XXI, la aristocracia obrera es, sobre todo, una consecuencia de la explotación neocolonial de los pueblos de tercer mundo por los países capitalistas desarrollados. Actualmente, la aristocracia obrera está constituida, en su forma clásica, por la capa de trabajadores asalariados vinculados a la dirección de las grandes empresas nacionales y multinacionales. Por lo general, se trata de trabajadores altamente retribuidos no en función de su calificación sino de su fidelidad personal a la empresa. Los métodos políticos e ideológicos de que se vale la burguesía para asociar a los trabajadores a la empresa e inculcarles una fidelidad personal a ésta son hoy más diversos que en el pasado y se utilizan respecto a capas cada vez más amplias de la clase obrera y del semiproletariado. Baste en este sentido recordar sistemas propagados hasta la sociedad por la burguesía, como las “relaciones humanas” o la “participación en los beneficios”. La aplicación de estos métodos da origen a todo un sistema de dependencia económica especial de una parte considerable de la clase obrera respecto de las empresas y crea diferencias artificiales entre algunos grupos de la clase obrera. Los efectivos de la aristocracia obrera en cada país dependen de las condiciones concretas de ese país: de su situación en el sistema del imperialismo, de su poder relativo, del grado de participación en la explotación de los pueblos de otros países, de su situación económica, del desarrollo de la lucha de clases, de la fuerza y de la influencia de la ideología comunista en el país. Desde la segunda mitad del siglo XX, la burguesía monopolista de la mayoría de los países capitalistas desarrollados ha sabido comprar, sobornar y conformar una nueva forma de aristocracia obrera: la burocracia obrera. En los países capitalistas desarrollados, la aristocracia obrera es cada vez más la burocracia obrera. Esta parte cada vez más numerosa de la aristocracia obrera está constituida por la cúspide y parte de los funcionarios de los sindicatos y partidos reformistas, por toda clase de personajes social-reformistas atrincherados en los órganos locales de poder y en las

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fundaciones. Una parte de estos “burócratas obreros” se han fundido ya con la burguesía. Desde el punto de vista político, el capital monopolista se apoya cada vez más para intensificar la explotación de la clase obrera no en la aristocracia obrera clásica, sino en la burocracia obrera.

creciente “clase media” no es en realidad otra cosa que una mezcla arbitraria de grupos sociales completamente distintos por su condición de clase.

SOBRE LA “CLASE MEDIA”

Para los marxistas, el contenido del término “capas medias” es diferente del que la sociología burguesa da al término “clase media”. Mientras la sociología burguesa incluye en la “clase media” a grupos sociales que se hallan en diferente relación respecto a los medios de producción, el marxismo identifica las capas medias sólo con la pequeña burguesía.

Desde los años sesenta del siglo XX en adelante muchos sociólogos burgueses vienen propagando con insistencia la teoría de la “disolución” del proletariado y de la burguesía en una creciente “clase media”. Según esta teoría, el crecimiento incesante de los “empleados” en los países capitalistas desarrollados absorbe a la burguesía y al proletariado en una nueva clase social “la clase media”. Con esta teoría, piedra angular de la sociología burguesa contemporánea, se pretende refutar la teoría de Marx acerca del crecimiento numérico de la clase obrera y de la polarización cada vez mayor de las fuerzas de clase en la sociedad burguesa. La sociología burguesa incluye en la “clase media” capas y grupos sociales que se hallan en diferente relación respecto a los medios de producción. A su vez, los sociólogos y economistas burgueses, atendiendo a diferentes factores (p.e., nivel cultural, nivel de ingresos, propiedad personal, etc, etc), incluyen a los individuos de estas capas y grupos sociales en la “alta” y “baja” clase media Para los sociólogos y economistas burgueses, esta “nueva clase” está compuesta por los pequeños comerciantes, los pequeños productores, por las personas de profesiones liberales, por el personal directivo de las empresas, por los técnicos, ingenieros, trabajadores de los servicios públicos, trabajadores de oficina y comercio, trabajadores asalariados de la administración pública, de la enseñanza y la sanidad, por la oficialidad del ejército, los jueces, los fiscales, los directores y miembros de los consejos de administración de las compañías, todos los funcionarios públicos, comprendidos los empleados modestos –jardineros, conserjes, personal de limpieza, enterradores, etc., etc.-, es decir, por representantes del proletariado, el semiproletariado, la burguesía y los sectores intermedios. Huelga decir que toda esta mezcla no sólo deja sin una base científica mínima la idea burguesa de la “clase media”, sino que, además, pone de relieve que la

SOBRE LAS CAPAS MEDIAS

Las capas medias, que vienen a ocupar como una situación central entre los dos polos –el proletariado y la burguesía- están constituidas por los pequeños productores de mercancías de la ciudad y el campo, es decir, por las masas fundamentales del campesinado, de los pequeños artesanos y comerciantes. A estas capas pertenecen también por su situación social los llamados profesionales “independientes”, esto es, personas que en el capitalismo no viven de la venta de su fuerza de trabajo, sino de algo así como de la venta de “mercancías” especiales producidas por ellas o de servicios, ya sea la música, la enseñanza, el asesoramiento de un abogado, la asistencia de un médico particular, etc. Al referirse a las capas medias, Lenin escribió que “el capitalismo crea de nuevo, infaliblemente, toda una serie de “capas medias” (apéndice de las fábricas, trabajo a domicilio, pequeños talleres diseminados por todo el país, en virtud de las exigencias de la gran industria, por ejemplo de la industria de bicicletas y automóviles, etc). La sociología burguesa, en su afán de negar el crecimiento numérico del proletariado en los países capitalistas desarrollados, agrupa en las capas medias a grupos sociales tan diferentes como, por una parte, los capitalistas y distintos propietarios pequeño-burgueses, en los que se incluye a los profesionales, y, por otra parte, a los ingenieros y trabajadores científicos de filas, los empleados de oficina y comercio, que pertenecen claramente a la clase obrera. Esta clasificación arbitraria sirve de base para hacer las afirmaciones propagandísticas de que tiene lugar una reducción numérica de la clase obrera y de que la clase obrera no desempeña ya el papel principal entre la totalidad de los trabajadores.

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SOBRE LOS EMPLEADOS Aunque el término “empleados” se utiliza en la literatura marxista, no puede considerarse como una de las categorías económico-sociales objetivas (como, por ejemplo, el concepto de “clase obrera”). Sin embargo, la estadística y la sociología burguesa utilizan el término “empleados” precisamente en este sentido. Al mismo tiempo, presentan a “los empleados” como miembros de la “nueva clase media”. Las estadísticas oficiales de los países capitalistas y la publicística burguesa agrupan bajo la denominación general de “empleados” a las capas más heterogéneas de trabajadores que, formalmente, trabajan a sueldo, empezando por el personal de limpieza, vigilantes, conserjes, jardineros y terminando por los directores de las grandes compañías. Así, pues, los empleados no constituyen un todo único desde el punto de vista de clase. Entre ellos podemos encontrar representantes de todas las clases: proletariado y semiproletariado, capas medias y gran burguesía. Mientras una parte de los empleados se funde con la clase obrera, los de las categorías superiores, que ocupan cargos de gerentes, directores, miembros de la dirección de las compañías, etc., pertenecen en realidad a la clase capitalista. Hay también otros grupos de empleados relativamente amplios que ocupan una posición intermedia en la estructura de clase de la sociedad burguesa. Las estadísticas burguesas incluyen en la categoría de empleados a los obreros de las empresas del Estado, a los trabajadores estatales, municipales o autonómicos de la enseñanza, la sanidad, a la burocracia, a la oficialidad del ejército, a los jueces, a los fiscales, etc. Esta simple enumeración nos indica que en realidad se trata de grupos sociales completamente distintos por su condición de clase. Unos pertenecen al proletariado o se aproximan a él, otros están al servicio del aparato de represión capitalista, se aproximan a la burguesía o se funden con ella. Por sus rasgos de clase, una parte considerable de los trabajadores que la estadística burguesa incluye entre los “empleados” no se distingue del proletariado. Puede citarse como ejemplo, a los ingenieros de filas, dependientes de comercio de los grandes almacenes, la base de los empleados

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de banca y de otras esferas de los servicios. Estas categorías de trabajadores venden su fuerza de trabajo a los capitalistas, su jornada de trabajo se divide en necesaria y suplementaria, su trabajo es productivo y constituye una importante fuente de beneficios para los monopolios. Lógicamente, sería absurdo incluir en la clase obrera a todos los trabajadores de la categoría de los empleados. Por ejemplo, los gerentes, directores, ingenieros-jefe investidos de funciones administrativas y otros altos funcionarios de las compañías privadas y el estado son “empleados” únicamente en los resúmenes de los departamentos de estadística de los países capitalistas y en los libros de los sociólogos burgueses. En la vida real son representantes de la burguesía monopolista, miembros de la clase capitalista. Representan a la propiedad privada y conjunta (estatal) de los monopolios, ocupan puestos de mando en el sistema jerárquico del capital industrial y bancario y se apropian, bajo la forma de acciones, sueldos elevados y premios, una parte del trabajo no retribuido de los obreros y empleados.

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LA UNION EUROPEA SE MANIFIESTA COMO UN IMPERIALISMO SUBSIDIARIO, TAMBIÉN ENRELACIÓN AL TEMA DE CUBA DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PCPE ANTE EL ATENTADO DE ETA EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS FRENTE A LA DESMEMORIA DEL GOBIERNO, LA MEMORIA DE LOS Y LAS ANTIFASCISTAS

Declaraciones del Comité Ejecutivo del PCPE

LA UNION EUROPEA SE MANIFIESTA COMO UN IMPERIALISMO SUBSIDIARIO, TAMBIÉN ENRELACIÓN AL TEMA DE CUBA El Comité Ejecutivo del PCPE, ante la reciente iniciativa de la República Checa, apoyada por otros países afines, que pretende promover otra nueva actuación de injerencia en la soberanía cubana, DECLARA: 1.- La “iniciativa” de la República Checa -llamada “estrategia a medio y largo plazo” en relación a Cuba- no es más que una actuación realizada bajo el mandato del imperialismo yanqui, que precisa de un “país de paja” para tratar de colar este tema en el seno de la UE. La República Checa no es más que el obediente peón de la política imperialista norteamericana. 2.- La mencionada estrategia a medio y largo plazo no es más que una vulgar copia de los planes de las administraciones norteamericanas con respecto a Cuba. En lo concreto, los últimos planes de la Administración Bush, que contienen cláusulas secretas (que ese mismo gobierno no se ha atrevido a dar a conocer). EEUU nunca ha desistido de su objetivo de volver a convertir a Cuba en un protectorado del imperio.

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3.- La República Checa trata de orquestar la coordinación de antiguos países socialistas, hoy miembros sumisos del polo imperialista europeo, para dar apoyo a su propuesta injerencista. Así, los gobiernos de estos países -en pocos años y en el proceso de regreso al capitalismo-, han traicionado los principios que los caracterizaron, en la etapa anterior, por ser dignos defensores de los principios de solidaridad internacionalista, y son hoy cabeza de ariete de las agresiones más indignas del imperialismo. 4.- El Comité Ejecutivo del PCPE denuncia la operación en marcha, que, en caso de prosperar, pondría de manifiesto una vez más que la UE, en muchos aspectos, no es un proyecto político independiente, sino que -como muchos denuncian- no es más que un apéndice del imperialismo yanqui. 5.- El Comité Ejecutivo del PCPE denuncia la actitud, ilegal, de algunos gobiernos de países de la UE de aceptar oficialmente las visitas que realiza el elegido por los yanquis como el “gobernador”, el títere Caleb McCarry, al ser una persistente conculcación de las normas del Derecho Internacional, negando la soberanía de un pueblo y la legitimidad de su gobierno. 6.- El Comité Ejecutivo del PCPE exige al gobierno español que en ningún caso apoye esta indigna propuesta; y que trabaje para desactivar la llamada “posición común” de la UE con respecto a Cuba y para que las relaciones Cuba-UE se desarrollen en el marco del respeto y la soberanía, sin pretensiones de injerencia de ningún tipo. 7.- Por último, el Comité Ejecutivo del PCPE muestra su apoyo en el combate de la Revolución Cubana contra todas las políticas injerencistas del imperialismo, y exige el respeto a la soberanía de la nación cubana para construir su propio modelo social y político. Madrid, a 13 de febrero de 2007

DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PCPE ANTE EL ATENTADO DE ETA EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS 1.- El CE del PCPE considera que esta acción –según todas las informaciones, realizada por la organización ETA-, es expresión de las graves dificultades por las cuales pasa el proceso de negociación en Euskadi; proceso que se inició a partir de la tregua declarada por esa misma organización el

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pasado 24 de marzo. Este bloqueo del proceso es expresión, por una parte,  de la pugna entre las fuerzas enfrentadas en el conflicto (por un lado, la oligarquía española –representada por el gobierno Zapatero-, y, por otro, la mayoría del pueblo vasco, con un largo proceso de lucha y sacrificio) y, de otra, de la incapacidad de los actores políticos que operan en el proceso para seguir profundizando en las condiciones  que posibilitaron el anuncio de tregua. En este sentido, denunciamos la máxima responsabilidad del gobierno por su falta de voluntad  para dar pasos concretos que faciliten el desarrollo de la tregua. 2.- El CE del PCPE expresa su desacuerdo tanto con la intransigencia negociadora del gobierno Zapatero como con la acción de ETA del día de hoy. Una y otra posición tienen un carácter aventurero, y operan en sentido contrario a los intereses de la mayoría del pueblo vasco y de su clase obrera. La decisión del gobierno de suspender todas las iniciativas para el diálogo tampoco ofrece ninguna salida al atasco del proceso y abunda en su equivocada actitud de estos meses.  Por su parte, la organización ETA debería dejar, de forma inequívoca, espacio al liderazgo político y renunciar de forma clara a intervenir con más acciones como la de hoy. 3.- El PCPE hace un nuevo llamamiento a no cerrar la vía de la negociación política en Euskadi con todos los actores presentes en el conflicto. El proceso, abierto el 24 de marzo, es una oportunidad que no debe ser truncada por ninguna de las partes. Todas ellas tienen una alta responsabilidad en poner todo su esfuerzo en que se logre una solución superadora del conflicto, y nadie debe asumir la responsabilidad de hacer fracasar la iniciativa en marcha. 4.- El CE del PCPE reitera su llamamiento para impulsar un proceso unitario, de todas las fuerzas de izquierdas del Estado Español, para apoyar el proceso de negociación en Euskadi y la superación política del conflicto con el reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo vasco. El PCPE considera que esta iniciativa política es imprescindible para impulsar una salida progresista y democrática al proceso en marcha acorde con los intereses y aspiraciones de la clase obrera y los sectores populares de Euskal Herria y del resto de pueblos de España. Madrid, 30 de diciembre de 2006

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FRENTE A LA DESMEMORIA DEL GOBIERNO, LA MEMORIA DE LOS Y LAS ANTIFASCISTAS Por una Ley de la Memoria Histórica Republicana y Antifascista La presión social, articulada fundamentalmente en torno a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, y el creciente avance del movimiento social y político por la III República, han obligado al gobierno del Presidente Zapatero y a las fuerzas políticas que le apoyan a declarar el año 2006 como “Año de la Memoria Histórica”. Como elemento clave de dicha declaración se prometió una Ley de la Memoria Histórica que diera reconocimiento, no sólo moral, sino también jurídico a las víctimas de la represión franquista. Cuando ya dicho año va a terminar, habiendo realizado las fuerzas sociales y políticas de la izquierda antimonárquica la mayor parte de los actos conmemorativos del 70 aniversario de la resistencia popular al golpe militar fascista y del 75 de la proclamación de la II República, el gobierno presenta un limitadísimo proyecto de Ley sobre el “Reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, que responde más a un intento de nuevo pacto de la transición con los herederos ideológicos y políticos de los golpistas del 36 (la derecha reaccionaria del PP y los sectores oligárquicos que se enriquecieron gracias al franquismo) y la Iglesia Católica que a las mínimas exigencias éticas y políticas a las que un gobierno que se reclama de izquierdas debe responder ante el pueblo. Para el PCPE, sólo la apertura de un proceso constituyente, democrático y abierto a la participación de amplios sectores populares, que dé paso a la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, que permitan la proclamación de la III República, puede recuperar la memoria y la dignidad de los hombres y mujeres que murieron defendiendo la legalidad republicana e iniciar un proceso de rehabilitación social y jurídica de quienes sufrieron persecución durante la dictadura, paliando, así, treinta años después, las consecuencias de las renuncias políticas y morales que implicó la sacrosanta Transición al permitir a las clases dominantes del franquismo mantener su poder bajo otra forma de dominación más adecuada a los tiempos y derrotar las ansias de cambio social y político que se habían expresado en las heroicas luchas de esos cuarenta años.

Declaraciones del Comité Ejecutivo del PCPE

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Dado que la vocación republicana de las fuerzas de la izquierda con representación parlamentaria es bastante escasa, cuando no completamente nula, como los hechos demuestran día a día -y que la proclamación de la III República es más probable que provenga de la consolidación, articulación y avance de otras fuerzas políticas y sociales no cómplices de la Transición-, cuando menos debería exigírseles que, si aprueban una ley que repare jurídica y políticamente a las víctimas del franquismo, que dicha ley sitúe a todos los efectos a dicho régimen a la misma altura del nazismo y el fascismo (en la línea de la olvidada resolución de la ONU de 9 de Febrero de 1946), que no equipare en las responsabilidades de la guerra civil al bando fascista y al bando republicano y que permita que la verdadera faz del franquismo sea conocida por las generaciones presentes y venideras, para coadyuvar a que el fascismo no vuelva a implantar sus garras sobre las tierras de España. El PCPE comparte las reivindicaciones de los diversos colectivos y asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica, más allá de la simple exhumación de cadáveres. No se trata tanto de dar “cristiana sepultura” a los miles de republicanos y republicanas que yacen en las cunetas de España como de recuperar, además de sus cadáveres, su legado de conciencia y de lucha por una sociedad más justa. Por todo ello, el PCPE exige una ley de la memoria histórica que recoja como elementos principales: 1.- La formación de una “Comisión de la Verdad” que permita investigar la totalidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista entre el 17 de Julio de 1936 y el 6 de Diciembre de 1978, sobre la base de la no prescripción de dichos delitos y el impulso de dicha investigación también de oficio a través de una fiscalía especial creada con carácter exclusivo para este fin. No es de recibo que un Estado como el español, que a través de sus autoridades judiciales pretende que se investiguen crímenes similares en otras latitudes, no haga nada para la aclaración de nuestra historia más reciente. 2.- Articulación, tanto desde el ámbito gubernamental como desde la fiscalía y el poder judicial, de una exhaustiva averiguación del paradero de los/as desaparecidos/as durante la dictadura y de la identidad de las miles de personas que yacen en las fosas comunes de nuestros pueblos y ciudades, evitando que el paso del tiempo (o investigaciones privadas sin mínimas garantías) impida que la verdad sobre la actuación del franquismo salga a la luz.

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3.- Que el Estado Español reconozca jurídicamente la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución, exilio, encarcelamiento, detención y/o asesinato por defender la República, por sus ideas progresistas o por su orientación sexual o raza. Asimismo, el Estado debe articular medidas efectivas para la indemnización de los daños y perjuicios derivados de los encarcelamientos y detenciones (en cualquiera de sus formas, incluyendo también los campos de concentración y batallones de trabajadores), así como de las incautaciones y expropiaciones de bienes, tanto de las personas físicas como de las jurídicas (sindicatos, partidos, entes autonómicos, organizaciones privadas, etc). 4.- Anulación de todas las sentencias dictadas por los tribunales de excepción del franquismo, en sus diversas formas, y reconocimiento jurídico y moral de todas las personas que han sufrido dicha represión, incluida la cometida por bandas paramilitares fascistas, con el consiguiente esclarecimiento y depuración de responsabilidades en casos como la explosión, en 1972, del edificio de la calle Capitán Arenas, de Barcelona (18 muertos), atentado de la calle del Correo, de Madrid, en 1974 ( un muerto y setenta y dos heridos), el atentado fascista de Montejurra, en 1976 (dos muertos y más de treinta heridos), y el atentado contra los Abogados de Atocha, en 1977 (cinco muertos). En coherencia con lo anterior, procedería la derogación del Decreto de Amnistía de enero de 1977, en cuanto supone ser una ley de punto final de los crímenes y demás actos de violencia fascista cometidos tanto en el ámbito de la “legalidad” franquista como en el de los servicios paralelos y bandas parapoliciales. 5.- Que el Jefe del Estado Español formalice solemnemente y en nombre del Estado una petición publica de perdón a las víctimas, tanto del alzamiento militar como de la represión franquista. 6.- Retirada obligatoria de los símbolos y referencias franquistas de todos los edificios, calles o instalaciones de todo tipo de las administraciones del Estado e instituciones privadas, incluida la Iglesia Católica. 7.- Cambio de fin del “Valle de los Caídos”, reconvirtiéndole en un centro monumental de recuerdo a las víctimas del franquismo y de divulgación de lo que realmente dicho régimen significó, impidiendo el uso que del mismo viene haciendo la extrema derecha.

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8.- Catalogación y apertura de todos los archivos de la represión franquista, con puesta a disposición del conjunto de la ciudadanía en aras a aclarar la verdad. 9.- Articulación de un plan de concienciación social, fundamentalmente a través de los planes de estudio de los distintos ámbitos educativos, sobre la realidad del franquismo, que permita que las personas que no vivieron la dictadura conozcan la verdadera faz de dicho régimen. 10.- Articular medidas legislativas que permitan, como se hace en Alemania o en Italia, el castigo de aquellas personas que practiquen el “revisionismo histórico” mediante el enaltecimiento, edulcoración o ninguneo de los crímenes del franquismo. El Gobierno Zapatero y las fuerzas políticas que le apoyan tienen la obligación de abrir un auténtico proceso de recuperación de la memoria colectiva, que pasa, indispensablemente, tanto por el conocimiento de la verdad como por la reparación jurídica y moral de las víctimas del franquismo. De lo contrario, lo único que lograrán será mantener viva la posibilidad de que el fascismo pueda resurgir bajo nuevas formas. El PCPE llama a la más amplia movilización de la ciudadanía en torno a reivindicaciones como las indicadas en esta resolución, por entender que es la única forma en que se podrán hacer posibles las mismas, a la par que impedirán que la manipulación gubernamental y/o mediática de los legítimos anhelos de justicia de las víctimas del franquismo sean utilizados para otro tipo de juegos políticos del todo lejanos a los mismos. RECUPEREMOS LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS POR UNA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA QUE HAGA JUSTICIA CON QUIENES DEFENDIERON LA REPÚBLICA ¡NO PERMITAMOS QUE OCULTEN DE NUEVO LA VERDAD!

Septiembre de 2006

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