diario 10 - 11 - 2011

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Opinión

Panorama Cajamarquino.com Jueves 10 de noviembre del 2011

Hay que reestructurar el Poder Judicial

Nuestro Editorial

Descentralización La modernidad, los asombrosos adelantos tecnológicos nos han traído grandes ventajas, pero también múltiples problemas hasta el extremo de invadir nuestra privacidad sin consentimiento alguno. Por ejemplo, dos señoritas en paños menores se han apoderado de la pantalla de mi computadora, ofreciéndome su amistad y sus gracias. Lo mismo ha ocurrido con un joven llamado Alejandro, que igualmente me ofrece su amistad. Ante tales ofrecimientos, que se repiten cada vez que enciendo la máquina, hay dos opciones para responder: sí o no. Cuando esos mensajes aparecieron por primera vez, hará cosa de dos meses, marqué el "no", decididamente, como en un referéndum, pensando, que eso les bastaría a los promotores de dichas ofertas para dirigir sus baterías a otro lado. Error fatal. Aunque dije que no, la señorita de la computadora tomó viada y empezó a darme las especificaciones de su persona: nacionalidad, veintitantos años, estatura, aspectos de su carácter, etcétera, ante lo cual, desesperada y sin saber qué hacer, tuve que apagar la máquina. Apenas la volví a encender apareció de nuevo con la misma historia. Para salir airosa de ese trance y perder menos tiempo, abrí rápidamente el programa que quería y ahora, a ellas y a él, los dejo hablando solos, como se suele decir. Esa no es la única invasión que sufrimos cuando intentamos comunicarnos con alguien, ya sea a través de la computadora o a través del teléfono, pues en este último caso las empresas operadoras, apenas levantamos el auricular, nos endilgan, a nuestras costas, todos los mensajes que se les ocurre: ventajas de usar la tarjeta X, ofertas para llamar al extranjero, las cualidades que las adornan y que las diferencian de las demás, entre otras cosas. Como no es posible obviar los mensajes, tenemos que soportarlos, impertérritos, mirando como el medidor de segundos de nuestras llamadas corre y corre mientras escuchamos mensajes que no nos interesan. Estos publicistas prepotentes tienen tanto que decirnos que aprovechan cualquier oportunidad para hacer propaganda de sus productos, sin que les cueste un centavo, teniendo además la seguridad de que sus mensajes serán escuchados. Como si eso fuera poco, gracias, me imagino, a quienes les proporcionan nuestros datos, que deben ser los mismos operadores telefónicos, los bancos han comenzado a llamar a los teléfonos celulares, que, supongo, deberían ser privados, a ofrecer tarjetas de crédito y préstamos de dinero en efectivo para comprar "lo que usted desee".

Por: César Sandoval Nizama Abogado

E

l artículo 138 de la vigente Constitución Política de 1993 establece: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes", pero hasta el momento se trata de un principio teórico rector. Administrar justicia, es "decir el derecho", es dar a "cada uno lo suyo", manifestación que corresponde a la autoridad investida del "poder jurisdiccional" conocida como "magistrado" (juez, vocal supremo, vocal superior, etcétera), que según su especialidad decidirá en materia civil, penal, laboral, agraria, de familia, etcétera. Desde luego, según el objeto de la pretensión, dentro de un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. El Estado, dentro de sus funciones, debe resolver los conflictos suscitados entre los ciudadanos y sancionar a quienes falten o perturben las reglas establecidas y aceptadas por la sociedad democrática. El hombre, por ser creativo, es un animal productor de desorden. El hombre inventa, recrea las cosas e introduce cambios en el orden natural bajo cuya situación, de alguna manera, desorganiza o desordena la naturaleza. Pero el hombre, por vivir en sociedad, necesita de orden para subsistir y estas circunstancias dan lugar a los avances de la humanidad. Para mantener este orden existen reglas y regulaciones.

La sociedad moderna está basada en el conflicto de intereses individuales. Sin embargo, en la realidad, los justiciables, miembros de la sociedad civil, no ven que la justicia emana del pueblo sino del "magistrado", rentado por el Estado, sin ninguna vinculación con el pueblo, aplicando una legislación inadecuada constituida por códigos con apéndices de leyes modificatorias que resultan siendo mucho más amplias que el propio código y dentro de este "bosque legislativo" el "magistrado" pierde de vista el espíritu originario de la ley. Esto constituye un grave problema para la administración de justicia y, ante la sociedad civil, el Poder Judicial aparece "maniatado" e ineficaz, brindando un servicio evidentemente pobre. Como no funciona a cabalidad, ante la sociedad ha perdido credibilidad y confianza, a lo cual se suma la mano del "poder corruptor" (delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera), por lo que el desencanto con la actuación del Poder Judicial es mucho mayor, tanto en los asuntos patrimoniales como en los asuntos de orden penal. Hay una gran insatisfacción ciudadana en la lucha contra la delincuencia. La Policía captura a diario a avezados delincuentes y cuando pasan

al ámbito judicial, obtienen libertad sin mayor problema; en otros casos, no se capturan y, de alguna manera, eluden a la justicia; en otros casos, los procesados no son juzgados a tiempo y obtienen libertad por la figura de la prescripción; o también son liberados por falta de pruebas. Por eso, en la ciudadanía y con mayor énfasis en los sectores populares, la divergencia con el sistema formal de la administración de justicia (Poder Judicial) es manifiesta. Es tiempo de reconocer que el Poder Judicial está en decadencia por el envejecimiento del sistema y las formalidades decadentes. No es posible que los magistrados de los niveles de abajo estén obligados a conocer asuntos de orden civil, penal, familiar, etcétera, y lo que es más grave atiendan en ambientes desordenados, llenos de expedientes, sin siquiera poder desplazarse normalmente dentro de su área de trabajo. Visitemos cualquier juzgado instalado en uno de los distritos de Lima. Se me ocurre señalar el Módulo Judicial de La Molina-Cieneguilla, allí sus ambientes son almacenes de expedientes, hay un innecesario retardo en cada proceso, los escritos se proveen fuera de los plazos legales, el área de notificaciones trunca

las diligencias, etcétera. En los niveles judiciales superiores, donde predomina la veneración y el ruego, tampoco se escapan de la congestión de expedientes y allí también hay retardo para dar la ansiada justicia. Si la administración de justicia constituye uno de los pilares importantes del sistema democrático y de armonía social, los justiciables deben ser atendidos en forma oportuna y eficaz con dicho servicio. Cuando esto no ocurre, se ocasionan desequilibrios muy graves para ciertos niveles de la población, entonces, este mundo marginado de la justicia puede buscar una solución en la agitación o en la violencia, lo que debe prevenirse. En conclusión, hay que reconocer que el Poder Judicial está en decadencia por el envejecimiento del sistema y las formalidades decadentes, por eso hay que redefinirlo y reestructurarlo para brindar un servicio eficaz al ciudadano de a pie y de a caballo; y, fundamentalmente, en esta redefinición, el Estado debe propender a un garantismo social, para garantizar la participación de cada uno de los ciudadanos en la formación de la voluntad social y en el control de la gestión administrativa y de gobierno, priorizando en ello la atención en el servicio de la administración de justicia.

Panorama Cajamarquino Hecho el deposito legal en la BNP-D.L.-2007-10218

La seguridad radiológica en el Perú

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A

l conmemorarse el 116° aniversario del descubrimiento de los rayos X, se hace necesaria una reflexión sobre lo que significó este descubrimiento para la historia de la medicina en el mundo. El 8 de noviembre de 1895, el físico Wilhelm Röntgen obtenía las primeras imágenes de rayos X, un avance notable en la ciencia. Ahora, en los últimos años, con el incremento del uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes, así como de modernas técnicas que aplican radiaciones para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades, las autoridades se han visto en

la necesidad de otorgar mayor importancia a aspectos de seguridad radiológica hospitalaria. El Perú carece actualmente de normas específicas. Un claro ejemplo se observa en lo sucedido con el traslado de un tomógrafo de Abancay a Piura, debido a la falta de una adecuada infraestructura para ser instalado; cabe mencionar que un recinto de este tipo requiere de un blindaje especial. Hace diez años estoy solicitando una normativa específica en radiodiagnóstico y medicina nuclear; sin embargo, he encontrado trabas en el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Existe desinformación, pues no se cuenta con los parámetros físicos que deben emplearse para proteger a los pacientes y trabajadores expuestos a estas radiaciones. Para especialidades, como radiodiagnóstico y medicina

nuclear, solo contamos con un reglamento de seguridad radiológica y una Ley N° 28028, que no son suficientes. Tanto radiodiagnóstico como medicina nuclear son especialidades en las que es preciso tener muy en claro el tipo de infraestructura, los recursos humanos, los parámetros mínimos aceptados para su normal funcionamiento. Por citar un ejemplo, en el país, los cálculos de blindajes para las paredes y techo de una instalación para tomógrafos lo están haciendo obreros sin ningún conocimiento en protección radiológica y a vista y paciencia del IPEN. En los últimos años, la mayoría de instituciones está renovando equipamiento y esto incluye equipos emisores de radiaciones, lo cual me parece una magnífica decisión. No obstante, esto representa mayor responsabilidad a la hora

de cumplir con los criterios de seguridad radiológica, ya que si bien estos equipos mejoran los resultados, emiten en la mayoría de los casos radiación superior a la que podría generarse con equipos antiguos. En este panorama, el tema de la capacitación de los profesionales involucrados en la práctica con radiaciones ionizantes debe ser continuo y no circunscribirse a la obtención de la licencia individual que el IPEN emite. En lo que respecta a la evaluación de los equipos, estos deben someterse anualmente a pruebas de control de calidad; un adecuado programa no solo logra optimizar las imágenes radiológicas, sino también reducir el costo de operación, ampliar la vida útil de los equipos y proteger al personal, pacientes y público. Es tiempo de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.


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