Léase si quiere gobernar (en serio)
el proceso de selección y promoción de los maestros. Antes de 2013, el SNTE tenía el control sobre la carrera magisterial y la promoción dentro de la misma. Sin reglas claras, el proceso estaba determinado por prácticas partidistas, patrimonialistas, arbitrarias o nepotistas (Bracho y Zorrilla, 2015). La formalización de la evaluación docente implicó, entonces, cambiar esta lógica a fin de garantizar que sólo los aspirantes con el mejor perfil -normalistas o formados en otras instituciones- sean los que ingresen y permanezcan en las aulas. En la Ley General del Servicio Profesional Docente, éste queda establecido como el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo, con los siguientes objetivos: • Premiar el mérito e instalarlo como el principio rector para el ingreso y desarrollo de la carrera profesional docente. • Brindar mayor certeza en el desarrollo de la carrera magisterial, al ser el desempeño y no las conexiones política-electorales las que aseguren la promoción y permanencia. • Combatir la opacidad y la discrecionalidad de la carrera magisterial estableciendo un nuevo sistema de incentivos para los docentes. • Contribuir a la constante capacitación y mejora de los maestros a fin de asegurar que tengan las habilidades y conocimientos idóneos para enseñar a los alumnos los conocimientos y habilidades que requiere el siglo XXI. Para el ingreso al servicio, la Ley General del Servicio Profesional Docente establece un esquema riguroso en el que todo aspirante debe ser evaluado. La asignación de las plazas disponibles para el ingreso al servicio se debe entregar conforme al orden de prelación de los resultados en los concursos de oposición, de forma que los mejores aspirantes sean quienes ingresen al Servicio Profesional Docente. Una
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