Ley de atención al autismo

Las personas con discapacidad sufren por partida doble la ineficiencia del servicio de salud. Disponer de una política de sanidad justa, eficiente y a la vanguardia con la cambiante generación de recursos tecnológicos, tiene un altísimo precio, inalcanzable para las mayorías. Las historias, relatadas por aquellos que no tienen otra opción que acudir a los centros hospitalarios –salvo alguna excepción– se repiten cíclicamente: el usuario pasa el Niágara en bicicleta cuando se ve en la necesidad de atenderse con un médico al servicio de la salud pública.

Es el talón de Aquiles de los gobiernos. Invertir consistentemente en mejorar un servicio precario, al que se ven obligado apelar aquellos con poca, o ninguna capacidad para pagar un seguro médico. Pero el tema de este editorial tiene que ver con la promulgación este lunes de la Ley de atención, inclusión y protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), un proyecto que finalmente serviría de marco legal para proteger a quienes padecen este tipo de problemas, el cual con frecuencia genera problemas con la comunicación y la interacción en el campo social, o conductas e intereses restrictivos (o repetitivos).

La ley había sido remitida por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo el pasado 1 de junio, y hasta tanto no había sido promulgada, de acuerdo a consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero, «en la pieza aprobada hay elementos que deben ser objeto de oportunas mejoras y reformulaciones». La ley entra en vigencia, tras su entrada en vigencia, con el compromiso de asumir con prontitud las tareas pendientes en este importantísimo ámbito. La elaboración, el impulso para que fuera debatido y aprobado por los legisladores, es el resultado de la gestión de diferen- tes sectores, incluyendo comunicadores y políticos, que sufren en carne propia las dificultades que se manifiestan a partir del ineficiente servicio que caracteriza a la mayoría de los centros de salud del sistema nacional.

Reconocer la decidida intervención del Congreso Nacional para que esto sea una realidad, también se hace justicia, así como la firma del Poder Ejecutivo para que la misma entre en funcionamiento, aún con las observaciones que debe a partir de hoy dar paso a una nueva fase para robustecer el texto, es un punto luminoso en la actual administración. «Esta labor de revisión parte del interés del Gobierno de garantizar a toda persona que presente cualquier tipo de discapacidad, ser beneficiario de los derechos que se desprenden de su dignidad humana, por lo que la regulación sobre la misma debe atender a criterios de inclusión», subrayó el consultor Peralta Romero.

Al Poder Ejecutivo le preocupaba la posible dispersión que ocasionaba frente al régimen general en materia de discapacidad, que habría salido más fortalecido con una modificación integral de la Ley número 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana. Peralta Romero lamentó que la nueva norma aprobada por el Congreso genera algunas redundancias y observó que el Poder Ejecutivo tendría que ser muy cauteloso en la labor reglamentaria para cuidar los procesos administrativos que la nueva pieza diseña, pero sin la especificidad adecuada. Todo esto debe ser analizado y perfeccionado por el equipo de expertos en la materia que será designado para esos fines. Es un gran desafío para las familias el proceso de crianza y cuidado de niños con esta condición, bajo las circunstancias que prevalecen, por eso aplaudimos esta nueva legislación que ojalá sea un aliciente para ellos.

Baja calidad

Podría decirse que aún es temprano para hablar de calidad de la campaña electoral de caras a las elecciones del próximo año.

Sin embargo, el trillo recorrido en el último años nos muestra sin velos lo que será en los siguientes meses, incluso cuando se inicie formalmente la campaña.

La falta de propuestas, las negociaciones a lo interno de las cúpulas partidistas y el transfuguismo no es nada nuevo en nuestra escena. Pero sí una práctica que ha sido criticada y que muchos aspiramos a que cambie, en beneficio de una campaña propositiva, en donde el debate de ideas y programas de gobierno se impongan a la politiquería y al mercantilismo imperante, que obstaculiza las posibilidades a lo mejor de las organizaciones, invisibilizando a quienes osan hacer política en base a propuestas de solución a los males que imperan en nuestra sociedad.

Lo cierto es que, a pesar de los discursos, de poco ha servido tener una ley de partidos, cuando esta debe garantizar no solo un marco jurídico claro para el ejercicio político, sino la calidad del ejercicio mismo, de manera que quien violente la Ley reciba las consecuencias, sin importar el número en que haya quedado en la lista de votación de los pasados comicios. Lamentablemente, aún no sabemos a qué distancia del tiempo estamos para que la Ley de Partidos tenga la suficiente fuerza para garantizar que la campaña electoral no sea burlada, como siempre, sin consecuencias.

Lejos parece el día en que los partidos se vean obligados, todos, a ejercer la política con los suficientes niveles éticos y propositivos para que el ciudadano debe escoger entre lo mejor, y no entre lo menos malo, que parece es la única opción que nos dejan.

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Ministerio de Cultura: ¿cuándo?

¿Qué hace el Ministerio de Cultura aparte de apostar en la promoción del casabe? ¿En qué nos beneficia culturalmente el casabe fuera del territorio dominicano? ¿Dónde está el apoyo de este ministerio a las iniciativas de los productores independientes teatrales, quienes son, a la sazón, los que dan vida a las salas del Estado? ¿De qué sirve una Ley de Mecenazgo donde la espuma es más que el chocolate? ¿Cuándo este ministerio entenderá que hacen falta más salas para producciones? ¿Cuándo Cultura, conjuntamente con la alcaldía del Distrito, entenderán que los anfiteatros existentes en total abandono deben cobrar vida para el disfrute del público? ¿Cuándo el Palacio de Bellas Artes tendrá su aire acondicionado prometido desde hace dos años y se arreglarán las áreas que se caen a pedazos?

¿Cuándo el Teatro Regional de Santiago tendrá luces y sonido para que los productores independientes no tengan que salir a alquilarlos y evitar el aumento del presupuesto para un evento? ¿Cuándo se hará una reforma de la carísima «Feria del Libro» para revertir los pésimos resultados?

¿Cuándo un gobierno sensato nombrará en ese ministerio a personas que realmente les duela el sector cultural del país y no solo autoproclamados defensores de la cultura en nómina? ¿Apoya con su presencia la ministra Germán las producciones que salen desde sus propias instituciones y las que se exhiben en la sala Ravelo?

¿Cuándo el Teatro Nacional tendrá su propio sistema de boletería en línea para evitar contratiempos y burocracia a la hora de los productores cobrar sus entradas por esta vía?

¿Cuándo este Ministerio de Cultura dejará de ser el eterno «elefante blanco» y no solamente una institución para nombrar conocidos y cobrar nóminas? ¿Cuándo tendremos un Museo del Merengue? ¿Cuándo este ministerio se preocupará por llevar las obras que valen la pena por todo el país, adecuar salas públicas en cada región, provincia? ¿Cuándo? Sí, son muchas interrogantes que necesitan respuestas urgentes pero que con el tiempo se diluyen y a nadie responde. Cualquier tontería la convierten desde allí en un acto protocolario, discursos y fotos, pero no van a la raíz de tantas situaciones que tiene el sector cultural. Tantas urgencias de infraestructuras, presupuestos, adecuación y de atención a los hacedores culturales que tiene el país. Esos creadores que salen a buscar apoyo económico donde sea, porque Cultura nunca tiene dinero, que dan trabajo a técnicos, actores, proveedores y que mueven esa llamada «economía naranja» que apuesta por las creaciones de empresas culturales pero que en el fondo nadie tiene el apoyo necesario. Porque una empresa o mipyme cultural no es solo el aspecto digital sino todo un conglomerado de actividades culturales. Para realizar un proyecto cultural, por pequeño o grande que sea, se necesita apoyo en todo el sentido. La «economía naranja» y la creación del directorio cultural dependerá del apoyo que ese gestor o emprendedor atraiga a su proyecto. ¿Qué papel juega Cultura en esto?

Un Ministerio de Cultura que pone diez mil excusas de presupuesto para no apoyar eventos culturales de calidad en el país. Solo hay dinero para el dispendio en eventos inocuos que no dejan beneficios. Cultura debe estar obligado a dar una partida, aunque sea el mínimo para apoyar, incentivar y propiciar cada una de las producciones que se hacen en las salas públicas, porque ese dinero es de todos los que pagamos impuestos y se revierte a la hora del pago de las salas del Estado.

Reitero, ¿cómo es posible que un ministerio como este gaste sumas astronómicas para la «Feria del Libro»? cuando escritores noveles, pintores, danza, teatro y más manifestaciones artísticas carecen de apoyo. ¿Cómo es posible que se gaste esa millonada cuando Bellas Artes no tiene aire, se cae a pedazos, el Teatro de Santiago no tiene luces ni sonido y faltan más salas públicas para eventos culturales?

¿Cuándo tendremos un Ministerio de Cultura acorde con las necesidades reales?