Proceso 1937

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RE FORM A ENERG ÉTICA drocarburos, que no entendemos el alcance ni lo que esto significa. Yo lo entiendo como concesión, es decir, derecho sobre todo, sin especificar”. La consecuencia es que “el gobierno reducirá sus ingresos. La renta petrolera, que es cuantiosa –el diputado Ricardo Monreal la estimó en 85 mil millones de dólares–, ahora será compartida”. El ingeniero Barbosa Cano va más allá: “Actualmente Pemex tiene un paquete de cerca de 30 campos vírgenes, todos bajo más de 100 metros de agua. Algunos se descubrieron desde el sexenio de José López Portillo. Ahora, con la reforma, esos campos pueden ser explotados por empresas extranjeras, que se llevarán la producción para especular con los precios”. Existe otro artículo atractivo para las empresas y nocivo para el país: el quinto. Establece que las compañías “podrán reportar para efectos contables y financieros el contrato y sus beneficios esperados” siempre y cuando se establezca que los hidrocarburos que están en el subsuelo son propiedad de la nación. Esto puede fomentar que las firmas reporten menos dinero del que en verdad recibirán: la corporación no tiene que informar de la materia prima que está enterrada (porque es de la nación)… aunque al final le saque provecho, en cuanto lo extraiga. Los créditos son otro talón de Aquiles: cuando los bancos prestan dinero piden una garantía: Generalmente se hipoteca el objeto del contrato, el bien a obtener o la infraestructura. Paralelamente, la reforma da nuevas facultades a la Comisión Nacional de Hidrocarburos –que estará manejada por gente propuesta por el Ejecutivo federal–. Ella decidirá a quién y qué tipo de contratos se darán. “Esto reducirá aún más a Pemex, que pasará a ser una mera administradora de instalaciones y empleados”. Así, contrario a lo dicho, Petróleos Mexicanos no se fortalece: se hace más chica al quitarle atribuciones. Los gasoductos, abunda el investigador, son otro foco rojo. Están considerados ramales de seguridad nacional, pues son instalaciones imprescindibles cuyo fallo puede paralizar grandes regiones. Con la reforma se abre la posibilidad de que la construcción de esas vías quede en manos del capital privado. “Eso lo veremos en las leyes secundarias”.

Ignorancia o complicidad La ruta para la privatización del sector energético se fijó en diciembre de 2012, relata el diputado por Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja. Ese mes, el Senado reformó el artículo sexto constitucional, que habla sobre la transparencia. Incluyó la posibilidad de

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que el Banco de México rechazara entregar información al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Cuando la minuta llegó a San Lázaro, los diputados rebotaron esa modificación. Pero cuando la iniciativa regresó al Senado, “en una maniobra la volvió a cambiar, pero sin poner ‘Banxico’, y estableció que los organismos autónomos podrían controvertir la orden de entregar información”. Esto significa que si alguien pide información sobre el costo de un contrato derivado de la reforma energética, Banxico puede negarla interponiendo una controversia. “Toda la izquierda metida en el Pacto por México votó a favor, creyendo que efectivamente se trataba de una intención de transparentar todo”. La siguiente pieza del rompecabezas fue la Ley Federal de Consulta Ciudadana (LFCC), que norma el artículo 35 de la Constitución. La Carta Magna permite la consulta ciudadana, pero la LFCC “pone todas las trabas para que ésta no se realice, porque sólo los temas ‘trascendentes’ se pueden consultar. El obstáculo es que será la Suprema Corte la que decida qué es ‘trascendente’ o no. Además, los temas de ingreso y gasto no se pueden consultar. Y ya lo dijo el senador David Penchyna (PRI), presidente de la Comisión de Energía: la reforma energética es un tema de esa categoría, por lo tanto no se puede consultar ni echar abajo en 2015, como sostiene el PRD. “Yo no sé si fue ignorancia de los compañeros que votaron estas leyes y cierran el paso a tumbar la reforma energética. A veces digo que la ignorancia linda con la complicidad”, lanza Mejía Berdeja. Esa “ignorancia o complicidad” tuvo un nuevo capítulo el miércoles 11 y jueves 12, cuando la minuta de la reforma energética aprobada por el Senado llegó a la Cámara de Diputados. A las nueve de la mañana, cuando el Senado aún no concluía su aprobación en lo particular, el presidente del PRD, Jesús Zambrano; el coordinador de los diputados perredistas, Silvano Aureoles; el vicecoordinador, Miguel Alonso Raya, y Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de los priistas, negociaron en el hotel Four Seasons de avenida Reforma que la minuta se enviaría a la Comisión de Energía, que preside el priista Marco Antonio Bernal, y de Puntos Constitucionales, que encabeza el perredista Julio César Moreno. A las 12 del día, cuando la minuta llegó en helicóptero a San Lázaro (manifestantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, tenían bloqueados los accesos terrestres a la Cámara, el coordinador perredista Silvano Aureoles debatía con el panista Alberto Villarreal; Arturo Escobar, coordinador de los verdeecologistas, y Ricardo Mejía Berdeja, de MC, el modo de procesar la minuta. Minutos después

se incorporó Ricardo Monreal. Acordaron que después de 48 horas de discusión en comisiones se votaría en el pleno, es decir, el viernes. Sin embargo, más de dos horas después y cuando el PAN ya había aceptado, apareció en los monitores una imagen que aceleró todo: unos 80 legisladores (50 del PRD y los demás de MC y PT) habían tomado el salón de plenos. El reloj marcaba las 2 y 15 de la tarde. Las imágenes mostraban que las seis entradas al recinto estaban cerradas con candados y bloqueadas con curules apiñadas. Escobar y Villarreal enardecieron. Demandaron “castigo” para los “diputados rijosos y violentos”. El panista reculó entonces y le reclamó a Aureoles. Dijo que lo estaba “engañando”. El perredista no hallaba cómo disculparse y sostener que desconocía la maniobra. MC y PT decían que la estrategia era válida y motivada por los “madruguetes e imposiciones”. Tomada la tribuna y el salón de plenos, Beltrones rompió el acuerdo y respaldó a Villarreal, quien dijo que la reforma se votaría en ese momento y “sin pasar por comisiones”. Lo cierto es que la Constitución y el Reglamento de la Cámara obligan a que, antes de votarse, sea dictaminada en comisiones. Mientras los izquierdistas festejaban “su sorpresa”, Beltrones apresuraba los preparativos para habilitar el auditorio del edificio “E” como salón de sesiones. Se ubicaron dos banderas al lado del escudo nacional, el cual, de hecho, “llevaba una semana” ahí, previendo una toma del salón. A su vez, ocho diputados de Morena, entre ellos Alfonso Durazo y Luisa María Luján, iniciaron un ayuno de 24 horas en protesta por que la reforma no sería discutida. No sirvió de nada. Pasadas las cinco de la tarde los diputados ingresaron a un sencillo auditorio. Todos los asientos estaban ocupados. Incluso en los pasillos había diputados –y unos 50 empleados de “resguardo”, para “proteger” la pequeña tribuna. Quienes habían hecho la toma acudieron al auditorio para votar en contra de la reforma en lo general. Hubo jaloneos, reclamos, acusaciones de vendepatrias, revires de “burros”, presunción de los priistas, un diputado que se desnudó como un símil de cómo quedará la nación; rasguños, empellones, caídas, insultos y hasta amenazas de muerte de priistas del Estado de México hacia perredistas. Pero la reforma pasó: fue avalada en lo general. Luego vino un monólogo de 20 horas de la izquierda, que había reservado todos los artículos para la votación en lo particular. Tampoco modificó nada y al final llegó la votación. Y a las 13 horas del jueves 12, día de la Virgen de Guadalupe, el diputado panista Ricardo Anaya emitió el voto a favor número 353. La reforma había pasado. O

1937 / 15 DE DICIEMBRE DE 2013

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