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Elecciones Generales 2003

II MISIÓN INDÍGENA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL INFORME FINAL

II Misión Indígena de Observación Electoral

Informe Final

Elecciones Generales

NALEB'

COMG

2003

CONAVIGUA

MOLOJ


Misión Indígena de Observación Electoral INFORME ELECCIONES 2003 CONSEJO DIRECTIVO María del Rosario Toj Medarda Castro Ajcot María Antonieta Castro María Ernestina Reyes Quino Irma Citalán Carmela Curup

Irma Alicia Velásquez Eulalia Camposeco Cleotilde Vásquez José Serech Celso Chaclán Manuel de Jesús Salazar Álvaro Pop

Ente Consultivo de Organizaciones Asociación Política de Mujeres Mayas –Moloj– Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala –COMG– Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala –CONAVIGUA– Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo –NALEB’– Coordinador General de la Misión Álvaro Pop Redacción – Producción – Edición Mario Rivero Nájera Coordinador de Comunicación Social ORGANISMO NALEB’ Asistencia Técnica Francisco Guzmán H. - Edna Villeda Noj Con aportes de: Hugo Amador Us Equipo Ejecutivo Marta Zapeta - Elma Cun - Ana Sancoy Edvin Pérez - Wilson Recinos - José Recinos Diagramación y diseño: Hernán Guerra El contenido de esta publicación puede ser reproducido por cualquier medio citando la fuente ORGANISMO NALEB’ 8ª. Calle 3-18 zona 1, Oficina “E” Tercer Nivel, Edificio Packard, Guatemala, Ciudad. Telefax: 221-2001 - 251-0276 - 220-4233 Correo Electrónico: naleb@intelnet.net.gt misionindigena@intelnett.com


INDICE Informe Final de la II Misión Indígena de Observación Electoral 2003

Prefacio Presentación Introducción CAPITULO I ................................................................................... 27 Objetivos CAPITULO II .................................................................................. 31 Observación Departamental CAPITULO III ................................................................................ 39 Observación Itinerante CAPITULO IV ................................................................................ 45 Medios de Comunicación CAPITULO V .................................................................................. 55 Trabajo del Tribunal Supremo Electoral CAPIUTLO VI ................................................................................ 61 Partidos Políticos y Planes de Gobierno CAPITULO VII ............................................................................... 77 Participación de la Mujer en el Proceso Electoral CAPITULO VIII ............................................................................. 81 Demandas Indígenas


CAPITULO IX ................................................................................ 99 Declaraciones CAPITULO X ................................................................................ 113 Impactos CAPITULO XI .............................................................................. 119 Hechos más relevantes del proceso electoral CAPITULO XII ............................................................................. 125 Conclusiones CAPITULO XIII ........................................................................... 131 Recomendaciones —Tribunal Supremo Electoral —Medios de Comunicación Social —Sociedad Civil —Partidos Políticos ANEXOS ........................................................................................ 135 • Visita de observación post electoral a Aguacatán, Huehuetenango • Lista de observadores electorales • Lista del Consejo Directivo • Lista del equipo técnico • Alcaldes indígenas electos • La Misión en Cifras • Entrevistas al Consejo Directivo • Lista de gobernadores departamentales

La ejecución de este proyecto fue posible gracias al apoyo financiero de: Fundación Soros

Guatemala

MoriahFund

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Diakonía


Informe Final de la II Misi贸n Ind铆gena de Observaci贸n Electoral 2003


Prefacio Guatemala, un retrato de país Guatemala es uno de los seis países centroamericanos que inició su vida como república independiente de la corona española en 1821. Limita al norte con México y al este con Belice, Honduras y El Salvador. Tiene costas en el océano Pacífico y en el Atlántico. Con una población de 11.2 millones y poco más de 100 mil kms.², es un país con alta densidad poblacional. Su geografía presenta una gran variedad de accidentes, entre los que destacan los volcanes. Contiene múltiples zonas de vida, lo que significa gran variedad de fauna y flora tropical. Su historia, caracterizada por la violencia y el autoritarismo, explican en gran parte el bajo grado de desarrollo político y económico y la alta fragmentación social en un país con fuertes tensiones étnicas. En lo político, el país aún enfrenta grandes desafíos para consolidar un sistema democrático sostenible con menos de veinte años de haber iniciado la democracia formal y con menos de diez de haber concluido un conflicto bélico que duró 36 años, con un saldo de decenas de miles de víctimas civiles. Como consecuencia de ello, el sistema político es frágil institucionalmente, el Estado es incapaz de proveer los servicios básicos mínimos en un país con muchas carencias sociales y no hay agendas nacionales que puedan implementarse en el largo plazo. Además, el conflicto armado generó una insana polarización ideológica que lejos de desaparecer, parece mantenerse y consolidarse. En suma, el sistema político requiere de reformas profundas que tomen en cuenta la dimensión multiétnica del país pues cerca de la mitad de la población está compuesta por 21 diferentes grupos etno-lingüísticos de origen maya. En el plano económico, el país requiere de reformas que permitan que los beneficios de la actividad económica lleguen a la población más postergada y necesitada. Según un estudio del Banco Mundial publicado en 2004, el país tiene arraigados patrones que no permiten que un grueso de su población trascienda el umbral de la pobreza (56.2%) y la pobreza extrema (15.7%). Los indicadores de desarrollo humano muestran que los grupos más necesitados y con menor desarrollo son las mujeres, la población


indígena y la población que vive en áreas rurales. De acuerdo a la misma fuente, el país es, después de Brasil, el segundo con mayor desigualdad de ingresos en la región latinoamericana. Orientado tradicionalmente hacia el monocultivo y la agro-exportación, el país requiere implementar un nuevo modelo económico que le permita generar más y mejores empleos, reducir la desigualdad económica, aumentar la productividad, lograr un crecimiento económico sostenido y enfrentar los retos de una economía globalizada. En lo social, el país muestra grandes brechas y asimetrías que no permiten el desarrollo integral y sostenido de sus habitantes. Estas brechas tienen profundas raíces históricas y explican porqué las oportunidades son desiguales para hombres y mujeres, indígenas y no indígenas y habitantes urbanos y rurales. Parte importante de esta situación tiene que ver con la composición étnica de la población guatemalteca, donde la población indígena ha sido históricamente marginada y excluida del desarrollo del país. Desde el inicio de su vida republicana, el estado guatemalteco ha respondido a la diversidad cultural con políticas de asimilación, segregación y, según lo que se ha argumentado recientemente, genocidio perpetrado contra la población maya durante el pasado conflicto armado interno. No es de extrañar entonces, que persistan fuertes prácticas de discriminación en contra de la población indígena, en un país donde el racismo como doctrina ha estado arraigado en todo el entramado social, político y económico. Ante tal panorama, la sociedad guatemalteca y sus dirigentes necesitan enfrentar los desafíos en los planos político, económico y social para sentar las bases de un desarrollo integral, incluyente y sostenido. Esto requiere aprovechar las oportunidades y potencialidades, revertir o minimizar las amenazas y superar las limitaciones que, como país, se tienen. Como todo país que forma parte del desafortunado grupo de países en vías de desarrollo, en Guatemala se deben tomar acciones audaces y creativas para satisfacer múltiples y difíciles desafíos. En lo político, se tiene el gran reto de alcanzar una democracia moderna dentro de un estado multicultural. En lo social y económico, deben tomarse las medidas necesarias para cerrar al máximo las brechas que no permiten a la mayoría disfrutar los beneficios del crecimiento económico, ampliar las oportunidades y combatir frontalmente las


prácticas excluyentes y discriminatorias. Esas son pues, algunas de las más importantes tareas para superar el subdesarrollo en todas sus manifestaciones.

Gasto público y población indígena: una aproximación Una de las formas más apropiadas para evaluar el cumplimiento de los compromisos y planes de gobierno es analizando cómo tales compromisos se reflejan en acciones concretas, entre las cuales quizá la más importante sea la asignación y ejecución de los recursos públicos en inversión social. El gasto público debería hacerse considerando qué poblaciones y grupos están más necesitados, de acuerdo a una amplia batería de indicadores sociales y económicos. En el caso guatemalteco, el gasto público debe tomar en cuenta también, la dimensión multiétnica del país, en la que coexisten varios grupos con diversos orígenes étnicos, lingüísticos y culturales. Más importante aún es indicar que de acuerdo a los sucesivos informes de desarrollo humano publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los grupos con menor desarrollo y mayor pobreza son las mujeres, la población del área rural y la población indígena. Al combinar estas variables, se tiene que el grupo más postergado y marginado lo constituyen las mujeres indígenas del área rural. Adicionalmente, el gasto público deber tomar en cuenta los derechos específicos de los pueblos indígenas del país, si se quiere avanzar en la construcción de un estado multiétnico y multicultural. Esto implica evaluar la asignación a programas y proyectos que tengan pertinencia cultural, por ejemplo, el gasto en educación bilingüe y en administración de justicia. En este apartado se incluye un primer ejercicio donde se analizó cómo el gasto público responde a las necesidades de la población, tomando en cuenta su dimensión multiétnica. Para ello, se desarrolló una metodología propia para analizar el gasto público del año 2002, quedando pendiente una actualización del mismo análisis para los años 2003 y 2004.

El gasto público del 2002 Para poder comparar el gasto público per cápita a nivel departamental se procedió previamente a la elaboración de un índice que hemos denomina-


do Indice del Gasto Público (IGP).1 El valor del IGP oscila entre 0 y 1. Valores cercanos a 0 indican que el gasto público per cápita se acerca al valor mínimo observado y valores cercanos a 1 indican que el gasto público per cápita se acerca al valor máximo observado. Posteriormente, se comparó el IGP con indicadores socioeconómicos disponibles a nivel departamental. Estos indicadores fueron tomados de los informes del PNUD y de información publicada por el Instituto Nacional de Estadística. De esa manera, se puede establecer en qué medida el gasto público está respondiendo de forma efectiva a las diversas necesidades de la población. Para complementar el análisis, se comparó el IGP contra el porcentaje de población rural y el porcentaje de población indígena de cada departamento con el propósito de entender qué prioridad se le está dando a las poblaciones rurales y a las indígenas, que son las menos favorecidas en muchos aspectos, tal como se ha enfatizado anteriormente.

La relación entre el IGP y el IDH La información sobre el Indice de Desarrollo Humano (IDH) por departamento muestra que éste tiene valores bastante desiguales y que tiende a tener una relación estrecha con dos características de la población: la ruralidad y la población indígena. En otras palabras, tal como lo han evidenciado los sucesivos informes de Desarrollo Humano publicados a partir de 1999, la población rural y la población indígena presentan los niveles más bajos de desarrollo humano. Como se sabe, el IDH está compuesto de varios componentes que permiten tener una visión más integral sobre el desarrollo e incluye: las condiciones de salud, educación e ingresos. Al analizar el IGP contra el IDH, los resultados muestran que el IGP tiende a disminuir a medida que los departamentos presentan niveles bajos de Desarrollo Humano; dicho de otro modo, el gasto público por departamento –medido con el IGP– es mayor a medida que los habitantes de determinado departamento poseen un mayor IDH.2 El siguiente mapa indica de forma gráfica este hallazgo estadístico. Los departamentos están clasificados según el gasto público por persona según una escala de


baja a alta asignación. Como puede verse, los departamentos en los que el Estado asigna menor gasto público son aquellos de la región noroccidente caracterizados por ser además, altamente indígenas (en promedio, 75% o más es población indígena en estos departamentos). Esto significa que en términos generales, para casi todos los departamentos puede señalarse que se destinará más fondos públicos a aquellos departamentos cuyos habitantes tienen mayores niveles de desarrollo humano.

Índice del gasto público por Departamento

Alto Relativamente alto Relativamente bajo Bajo

En definitiva, lo que este mapa muestra es que el gasto público en 2002 benefició más a aquellos departamentos con mayores niveles de Desarrollo Humano. En otras palabras, el Presupuesto de Egresos para el año 2002 destinó más recursos a aquellos departamentos que están mejor en términos de Desarrollo Humano, cuando lo que se esperaba era lo contrario: a más necesidad, más inversión pública. Sin embargo, deben hacerse algunas observaciones sobre la forma en que estos resultados deber ser interpretados, pues, como se indicó antes, es un primer ejercicio de aproximación del gasto público teniendo en mente la dimensión multiétnica del país. Primero, por la forma en que se


encuentra disponible la información utilizada no se puede llegar a conclusiones que sean más precisas en términos geográficos, especialmente por la falta de información por municipio. Segundo, no puede concluirse en términos del tipo de gasto público que se trata, si este es para inversión o para funcionamiento burocrático. Lo que sí provee este análisis es una buena aproximación general, considerando específicos destinos del gasto público –como la educación y la salud– por departamento y comparándolo con los niveles de desarrollo humano por departamento. A pesar de las limitaciones señaladas, el breve análisis provee un buen panorama de cómo el estado guatemalteco, no ha atendido significativamente a los grupos más vulnerables, entre los que destacan, los pueblos indígenas del país.

1. El Índice del Gasto Público se estableció a partir del gasto público per cápita por cada departamento. Para cada departamento, se obtuvo un valor con la siguiente fórmula: (Xi- X mínimo) / (X máximo – X mínimo). Como base para integrar el IGP, se tomaron en cuenta los gastos que el Ejecutivo realiza en educación, salud, agua y saneamiento ambiental, desarrollo urbano y rural y vivienda. 2. Usando el método de correlación lineal, se estableció que hay una alta relación positiva entre las variables del Índice del Gasto Público y el Índice de Desarrollo Humano, indicado por el valor del coeficiente R², 0.5591 y reforzado por el valor de la pendiente X de la ecuación, 2.7409.


Presentación La II Misión Indígena de Observación Electoral 2003 (en adelante, la Misión) fue realizada bajo la responsabilidad ejecutiva y la convocatoria del Organismo Indígena Naleb’ y con la participación del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). Esta Misión se constituyó con dos fines específicos: 1) verificar el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 2) observar el cumplimiento de los derechos específicos de los pueblos indígenas, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). Aunque la Misión se caracterizó por tener mayoría de observadores indígenas y mujeres, fue además un espacio de trabajo incluyente pues contó con un equipo intercultural. Pese a que por su naturaleza la Misión tuvo un carácter limitado en tiempo y funciones, esta obedeció a la necesidad de crear y fortalecer una ciudadanía dentro de un Estado que debe ser pluralista y multiétnico en sus preceptos y prácticas. En suma, se trató de un esfuerzo de ejercer una ciudadanía con identidad. Una misión de tal naturaleza obedece a la necesidad de impulsar un proceso, desde la sociedad civil, de construcción de un estado multicultural y de una sociedad cuyos integrantes valoren, respeten y promuevan la diversidad étnica y cultural de todos quienes la integran. En otras palabras, la Misión se constituyó en un ejercicio ciudadano para luchar contra la injusticia etno-cultural que, contra los pueblos indígenas y en el plano político, se ha venido ejerciendo desde el comienzo de la construcción del actual Estado guatemalteco. Por justicia etno-cultural se entiende en este caso, la ausencia de relaciones de opresión, explotación y humillación entre diferentes grupos etno-culturales (Kymlic-


ka: 2003: 103). Estas relaciones se dan y se pueden dar en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad (económico, social, político, cultural, etc.). En el caso que nos concierne, se trata de luchar contra la injusticia etnocultural en el orden político. Esta injusticia hacia los pueblos indígenas se originó desde el momento mismo de la conquista, pues significó el inicio de la construcción del actual estado guatemalteco. Como se sabe, todo proceso de construcción nacional ha implicado necesariamente (salvo contadas excepciones) políticas de opresión, explotación, asimilación o segregación ejercidas por el grupo nacional con más poder sobre aquellos menos poderosos. Tal como lo indica Kymlicka en relación a las minorías nacionales: “Las políticas pensadas para poblar los territorios de las minorías, para socavar sus instituciones políticas y educativas y para imponer una lengua común han sido importantes herramientas de esos esfuerzos de construcción nacional.” (Ibid., p. 114). El término minoría nacional se utiliza en este caso más como una categoría política y no necesariamente está asociada al peso demográfico, es decir, que por minoría nacional se entiende a aquellos grupos que formaban sociedades operativas con sus propias instituciones, cultura y lengua, concentradas en un particular territorio, antes de quedar incorporadas a un Estado mayor. En este sentido, los pueblos indígenas se pueden considerar también minorías nacionales, desde el punto de vista político. Aspirar a un estado multicultural implica entonces, desmantelar todos los principios y prácticas sobre los cuales se fundamenta el actual estado guatemalteco y redefinir relaciones más justas entre éste y los pueblos indígenas. De igual manera y de forma paralela, la construcción de un estado multicultural pasa por la formación de ciudadanía y muy particularmente de una ciudadanía intercultural. Tradicionalmente, el ejercicio de la ciudadanía se ha entendido desde una perspectiva pretendidamente universalista, es decir, partiendo de la doctrina liberal de los derechos humanos individuales. Sin embargo, como lo han señalado varios pensadores políticos tanto dentro como fuera de la tradición liberal (p.e. Young, Parekh, Taylor y Kymlicka), el conjunto de derechos humanos reconocidos no son suficientes para garantizar el ejercicio de una ciudadanía diferenciada en función de la etnia y la cultura. Generalmente, los


derechos humanos –al ignorar los derechos específicos de los grupos étnicos subordinados– se han convertido en un instrumento de colonización y homogenización. Es por ello que para la construcción de un estado multicultural y para que los derechos humanos no se conviertan en un instrumento de relaciones injustas, han de ser completados o complementados por un conjunto de derechos específicos para las minorías nacionales –que podrían incluir dependiendo el caso, derechos lingüísticos, derechos de autogobierno, derechos de representación, federalismo, etc. Esas medidas son parte del desmantelamiento de un estado étnicamente injusto, como el caso guatemalteco. En ese sentido, tanto el Acuerdo Indígena como el Convenio 169 son hasta ahora, los principales instrumentos con los que se aspira a desmantelar esa estructura; lamentablemente, como lo han evidenciado sucesivos informes de diversa fuente, estos instrumentos están muy rezagados en su cumplimiento. Así, el informe de la MINUGUA (2001) Los pueblos indígenas de Guatemala: superación de la discriminación en el marco de los Acuerdos de Paz señala que: “[...] los compromisos relativos a los pueblos indígenas están entre los que registran mayor incumplimiento (énfasis nuestro). El balance global de la aplicación del conjunto de los Acuerdos indica que la mayoría de acciones previstas para superar la discriminación y otorgar a los pueblos indígenas el lugar que corresponde en la nación guatemalteca están pendientes de cumplimiento.” (p. 7). De forma similar y en relación a la situación y derechos específicos de los pueblos indígenas en Guatemala, la Misión de International IDEA en su informe de 1998 señaló que: “[...] Para dar contenido económico-social al ejercicio de estos derechos, es necesario elevar sustancialmente las actuales condiciones de vida y trabajo, las oportunidades educativas y las facilidades de salud, vivienda y comunicación, de las comunidades indígenas” y enfatiza en que “esfuerzos especiales deben ser hechos para incorporar a la mujer indígena, prueba definitiva de que el cambio está ocurriendo en Guatemala.” (p. 21). Finalmente, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas indica en su informe sobre su visita a Guatemala (2003) que: “Además de los indicadores de desarrollo humano y social que hablan de la situación extremadamente difícil encarada por los mayas, xincas y garífunas, éstos se enfrentan a la discriminación racial y


étnica cotidiana, que se manifiesta con actitudes de desprecio y rechazo hacia los indígenas, incluso en los medios de comunicación, los prejuicios en contra de diversos aspectos de su cultura, tales como su espiritualidad y el uso de su lengua, y un panorama generalizado de desventajas en el acceso a los beneficios del desarrollo y la participación política y social.” (p.3). En definitiva, tal como lo evidencian estos informes de distinta fuente, los pueblos indígenas siguen enfrentando graves condiciones de exclusión de toda índole. Es dentro de todo este contexto de exclusión y marginación, que es imperativo crear y mantener un proceso de ciudadanía ejercida por y para los propios pueblos indígenas; es decir, se trata de ejercer la ciudadanía sin perder las reivindicaciones étnico-culturales. De esa manera, la Misión se constituyó en un esfuerzo de ejercer tal ciudadanía en la construcción de un estado multicultural. Por esa razón, la Misión buscó mantener una activa participación en un momento de trascendental importancia para el país como lo fueron las pasadas elecciones generales. Como tal, la Misión tuvo como objetivos velar por el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos pero especialmente, observar todo lo relativo al proceso de elecciones y los pueblos indígenas (campaña electoral, nominación de candidatos, planes de gobierno, y las elecciones propiamente). En otras palabras, la Misión fue el segundo esfuerzo de mantener un precedente dentro de la democracia guatemalteca y su relación con los pueblos indígenas. Obviamente, la Misión fue además una forma de acción política de los propios indígenas, pero no la única. Como lo señala Diego Iturralde, otras formas de acción política por las que los indígenas han optado en el continente americano son la incursión de líderes y cuadros indígenas en contiendas electorales (a título individual), hasta la formación de frentes electorales por parte de organizaciones indígenas para impulsar a sus candidatos y plataformas propias, solos o en alianzas con otros sectores y/o partidos (Iturralde: 1998: 2). El grado de reivindicación que cada una de estas modalidades de acción política tiene, tiende a variar dependiendo de diversos factores. Sin embargo, para los propósitos de la Misión, la principal preocupación era observar el funcionamiento de la democracia guatemalteca en época electoral y su relación con las justas demandas de los pueblos indígenas. Comolodocumenta


el siguiente informe, la Misión enfatizó en verificar todos los aspectos operativos y sustantivos de la contienda electoral para establecer hasta que punto tal proceso tomaba en cuenta las necesidades particulares de los pueblos indígenas. Con este ejercicio, la Misión espera compartir su perspectiva, como ente indígena, sobre la situación de los pueblos indígenas en contextos electorales y, a partir de su observación, hacer las recomendaciones pertinentes para fomentar una democracia más funcional y participativa. Referencias: International IDEA, Democracia en Guatemala: la misión de un pueblo entero (propuesta para una agenda nacional), Guatemala, C. A. 1999. Iturralde, Diego, “Movimientos Indígenas y Contiendas Electorales (Ecuador y Bolivia)”, presentado en el simposio “Autonomías Étnicas y Estados Nacionales” Oaxaca, México, junio 1997 (publicado en 1998). Kymlicka, Will, La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, (Barcelona: Paidos, 2003). MINUGUA, Informe de Verificación, Los pueblos indígenas de Guatemala: la superación de la discriminación en el marco de los Acuerdos de Paz, Septiembre 2001. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, Misión a Guatemala, 2003.


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1. Miembros del Consejo Consultivo de la Misión en reunión de trabajo. (Foto de Francisco Guzmán). 09/09/03

2. Reunión del Consejo Consultivo y autoridades del Tribunal Supremo Electoral. (Foto de Francisco Guzmán). 09/09/03

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3. En reunión de trabajo el equipo técnico y representantes del Consejo Consultivo. De izquierda a derecha: Obispo Pablo Puac, representante del COMG; Rosario Toj, del Comité de Dirección; Elma Cun Cañas y Marta Zapeta, del equipo técnico y Norma Sactic, de Moloj. (Foto de Francisco Guzmán). 29/09/03

4. Observadores con integrantes del Consejo de MIOE, en el cubículo del Centro de Votaciones, ubicado en Tikal Futura. (Foto de Elma Cun Cañas). 28/12/03


Introducción En Guatemala, después de tres décadas de conflicto armado interno, que dejó cifras trágicas de 200 mil muertos, 150 mil desaparecidos y más de 40 mil huérfanos, inició el reconocimiento del carácter multilingüe y pluricultural de la sociedad con la firma de los Acuerdos de Paz. Consecuentemente, después de la firma de la paz, por segunda ocasión fueron celebradas elecciones generales de autoridades públicas: alcaldes municipales, diputados al Congreso Nacional, y presidente y vicepresidente de la República. Dichos procesos han contado con un amplio respaldo de la sociedad civil. No obstante estos avances, el elemento de discriminación étnica y cultural que ha sido una constante en la política del país desde la invasión, aún se encuentra entronizado en los partidos políticos y tal situación atenta en contra de cualquier posibilidad de desarrollo, por cuanto las exclusiones deslegitiman el sistema, fomentan la inestabilidad y socavan la paz. Al observar la composición de los órganos de dirección permanente en los partidos políticos, los listados de diputados al Congreso Nacional y de los representantes más conocidos, resalta que la práctica común de estas instituciones partidarias, cuyo papel de interlocutoras entre el Estado y la sociedad, sigue siendo la exclusión, y a partir de ello sus programas y planteamientos no reflejan la realidad multiétnica del país. Las recién pasadas elecciones demostraron que en los contenidos de la propaganda política y la visión programática, el tema de la inclusión y la participación de los sectores marginales, no fue precisamente prioridad de los partidos políticos. No obstante y pese a lo poco accesible de las estructuras partidarias, que dificultan la amplitud en esa participación indígena en procesos electora-


les, la presencia de candidatos de origen maya a puestos de elección popular ha tenido un considerable aumento en los últimos diez años. Primero, porque los partidos políticos han percibido el caudal electoral que les representa postular candidatos mayas en las comunidades y, segundo, por la evidencia de espacios políticos ganados por los propios pueblos mayas. De esa forma ha sido evidente la participación de personas indígenas como actores postulados a cargos públicos y como bases de apoyo a los partidos políticos y comités cívicos. Esta incipiente participación permitió, en las pasadas elecciones generales del año 2003, hacer visible la presencia de Rigoberto Quemé Chay como candidato a la Presidencia de la República, por la coalición política Casa-Transparencia-ANN, y de Pablo Ceto como aspirante a la vicepresidencia del país por la izquierda aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La postulación de personas indígenas a cargos de diputados al Congreso Nacional, en términos cuantitativos, arroja los siguientes datos: de un total de 686 candidatos a nivel nacional, fueron postulados 286 hombres y 37 mujeres o sea el 30% y 4%, respectivamente. (Publicación de listado de candidatos a diputados mayas. 2003. Barrios Lina, Sac Coyoy Audelino). En al ámbito del poder municipal también hubo un incremento en la presencia de candidatos a alcaldes, que culminó con el triunfo de 118 personas indígenas, o sea el 35.65% de un total de 331 municipios que celebraron elecciones. A partir de esos índices de participación, es imprescindible que el país continúe caminando por la senda de reconciliación con esa realidad que desde siempre sectores interesados han querido esconder o ignorar: Guatemala es un país eminentemente multiétnico y pluricultural, y su diversidad debe ser capitalizada como fuente de riqueza y fortalecimiento en todos los niveles. El incremento de esta contribución indígena en futuros procesos electorales constituye un desafío que la sociedad civil y, particularmente, el Movimiento Maya debe replantearse para ejercer presión en los partidos políticos y comités cívicos a efecto que conformen proyectos políticos más


plurales, más incluyentes y que respondan a las necesidades legítimas de las comunidades. En ese marco, y con el propósito de generar una convergencia crítica en la población y coadyuvar al proceso de búsqueda de diálogo, discusión y participación política de los pueblos indígenas, y con el afán de garantizar no sólo la transparencia sino el estricto apego a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se estableció la II Misión Indígena de Observación Electoral, instancia representada por un Consejo Directivo conformado por trece personalidades de alta trayectoria en la lucha por la democracia y los derechos de los pueblos indígenas: Medarda Castro Ajcot, Trabajadora Social, Maya Tzutujil; María Ernestina Reyes Quino, Pedagoga, Maya Kaqchiquel; María del Rosario Toj, Socióloga, Maya Kiché; María Antonieta Castro , Trabajadora Social, Maya Kiché; Manuel de Jesús Salazar, Administrador Educativo, Maya Kaqchiquel; José Serech, Políticas Públicas, Filósofo, Maya Kaqchiquel; Irma Citalán, Políticas Públicas, Maya Kiché; Irma Alicia Vel��squez Nimatuj, Antropóloga y Periodista, Maya Kiché; Eulalia Camposeco, Psicóloga, Maya Poptí; Cleotilde Vásquez, Trabajadora Social, Maya Mam; Celso Chaclán, Administración Educativa, Maya Kiché; Carmela Curup, Abogada y Notaria, Maya Kaqchiquel; Alvaro Pop, Maya Q’eqchí, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El Consejo Directivo estuvo respaldado, además, por un Ente Consultivo de cuatro organizaciones: Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) Movimiento Político de Mujeres (MOLOJ) y el Organismo NALEB’. Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG): Coordinadora de organizaciones del movimiento maya en Guatemala formada por asociaciones e instituciones académicas, culturales, de desarrollo, medio ambiente y comunales. Tiene como objetivo general impulsar la integración y coordinación de las organizaciones mayas, a efecto de fortalecer los procesos organizativos de la población y establecer una entidad de coordinación, análisis y reflexión de la problemática del Pueblo


Maya para propiciar un verdadero desarrollo y respeto a los derechos específicos en el marco de una sociedad plurilingüe, pluricultural y pluriétnica. Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA): Fundada el 12 de septiembre de 1988. Es una organización integrada por mujeres, en mayoría víctimas, de la violencia de la discriminación y de la pobreza. Es reconocida como una asociación de carácter privado, no lucrativo, no participante en política partidista y con asistencia técnica, cultural, educativa, económico, social y mutualista que se propone promover y velar por el desarrollo de las mujeres, la niñez, la juventud y la población en general. Asociación Política de Mujeres Mayas –MOLOJ–: Es una asociación de carácter político, no lucrativa, no partidista, conformada por mujeres mayas con trayectoria en el ámbito político nacional e internacional. Se sustenta con principios y valores de la cosmovisión maya. Como principal objetivo tiene promover la cultura, la formación política, el conocimiento, el estudio y el análisis de la problemática nacional. Organismo NALEB’: Institución privada, no lucrativa, de carácter propositivo y constructivo de las relaciones armoniosas de los pueblos maya, ladino, garífuna y xinca en Guatemala. Su misión es elevar el nivel de relaciones interculturales que permitan un mejor desarrollo de la sociedad guatemalteca, a través del impulso de programas de mediación y conciliación intercultural, administración de justicia, incidencia en la legislación, organización política y generación de opinión pública. Esta operación de observación estuvo a cargo de 54 observadores diseminados por todos los departamentos y regiones del país, quienes formaron parte del contingente de diez mil observadores del proceso eleccionario antes, durante y después de la campaña electoral, así como en el momento de las elecciones el pasado 9 de noviembre (1ra. vuelta) y el 28 de diciembre, cuando fue celebrada la segunda vuelta de elecciones generales. Este esfuerzo de observación constituyó un ejercicio positivo, por cuanto permitió ampliar los espacios de participación cívico política de personas


y organizaciones mayas en Guatemala alrededor de procesos electorales. A partir de ello, los mayas vivieron una participación no sólo como electores, si no como observadores del desarrollo de las elecciones. La experiencia sirvió como una oportunidad para convocar a hombres y mujeres indígenas, particularmente jóvenes, en actividades cívico-políticas a través de un espacio de intercambio y aprendizaje mutuo, que a la vez permitió conocer más de cerca las potencialidades de jóvenes mayas en ejercicio pleno de su ciudadanía. Observar la sucesión electoral desde una perspectiva multiétnica permitió también recabar información sobre la participación indígena, las debilidades y los aciertos técnicos y operativos del Tribunal Supremo Electoral, que en cierta forma posibilitaron esa contribución indígena en igualdad de condiciones, pese a ciertas dinámicas de funcionamiento de la discriminación y el racismo. Como electores, la comparecencia de los pueblos indígenas a las urnas electorales fue decisiva para llevar al poder a funcionarios tanto a nivel local, regional como nacional. Contrario a lo que se suponía, la votación durante la primera vuelta fue multitudinaria y el rango en la mayoría de municipios fue considerablemente alto en cuanto al sufragio emitido por jóvenes indígenas, tanto hombres como mujeres. No obstante estos avances, el pasado evento electoral evidenció los esfuerzos y dificultades que los pueblos indígenas tienen para desarrollar su participación política en los diferentes niveles. Las elecciones recientes también pusieron de manifiesto la necesidad de establecer reformas políticas para nuevos mecanismos de participación, con base en una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que garantice la transparencia y el fortalecimiento del sistema democrático y la creación de nuevas dinámicas electorales, para que la población comprenda y acepte que los resultados de las votaciones en Guatemala también se traduzcan en asumir la realidad multicultural, pluriétnica y multilingüe. Particularmente el desarrollo del evento eleccionario adoleció de espacios informativos que orientaran el funcionamiento del sistema político y la


participación y desenvolvimiento de pueblos y culturas, a partir de características muy particulares como el multilingüismo; y el analfabetismo de la mayoría de la población, particularmente, de las mujeres indígenas. Esta debilidad fue la causa de que mucha población femenina no pudiera ejercer su derecho al sufragio. Si bien los medios de comunicación no hicieron mucho eco de la cuestión indígena durante la campaña, debido a que en los debates políticos estuvo ausente el tema y apenas fue abordado sin mayor fuerza, más por razones de conveniencia que por la convicción de demostrar intereses legítimos con los sectores marginados, la inclusión de los pueblos indígenas se prometió como una receta mágica, sin planteamientos serios para eliminar las cuestiones de fondo que al final son las que promueven la marginación. Antecedentes: En 1999, como una experiencia única en su género, el Organismo Naleb implementó un proyecto de Observación Electoral con comunicadores sociales participantes en el primer Diplomado en Interculturalidad permitiendo con ello la conformación de la Primera Misión de Observación Electoral que se sumó a los esfuerzos de coadyuvar a un mejor desarrollo de las elecciones generales de ese año, efectuadas el 7 de noviembre y el 26 diciembre, respectivamente. Para este proyecto ejecutado en forma operativa por Naleb’ se contó con el respaldo de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas (UPAZ), la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos (estatal) y Acción Ciudadana. Fue fundamental para la ejecución de este trabajo el apoyo financiero de la Fundación Frederich Naumann. Para los organizadores fue una experiencia inédita en la que el trabajo de los observadores tuvo resultados interesantes a partir de la identificación de numerosos actores interculturales dentro del proceso eleccionario.


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1. Celso Chaclán del Consejo Directivo cuando presentaba ante autoridades del Tribunal Supremo Electoral los objetivos de la Misión Indígena de Observación Electoral. (Foto de M. R.). 14/10/03

2. Observadores y observadoras de la Misión Indígena en el Tribunal Supremo Electoral, el 14 de octubre de 2003. (Foto M. R.).

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3. Primera conferencia a la prensa en el Tribunal Supremo Electoral. 14/10/03


CapĂ­tulo I Objetivos


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Objetivos —Observar y verificar desde la perspectiva indígena el proceso electoral 2003. —Verificar el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. —Observar el cumplimiento del Convenio 169 y el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). —Observar la incursión de líderes y cuadros indígenas en la contienda electoral a título individual. —Observar la formación de frentes electorales por parte de organizaciones indígenas para impulsar candidatos y plataformas propias, solos o en alianzas con otros sectores y/o partidos políticos. ¿Por qué realizar la observación...? Primero: Porque en la historia republicana los pueblos indígenas han tenido serias limitaciones en la participación política y en la toma de decisiones. Segundo: Porque las elecciones constituyen el mecanismo fundamental para establecer una democracia funcional y participativa. Tercero: Porque es necesario observar los vacíos y las deficiencias que obstaculizan el ejercicio de ciudadanía y el derecho al voto, en forma efectiva, de las comunidades y pueblos indígenas. Cuarto: Porque creemos en la necesidad de conocer el tratamiento que los Partidos Políticos (PP) y los Comités Cívicos le dan a la solución de los problemas que sufren las poblaciones indígenas.


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Informe Final

Quinto: Porque los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población del país y como tal, tienen todo el derecho de ejercer su ciudadanía en los procesos de elección de las autoridades que diseñan las políticas públicas, que luego impactarán en su vida individual y colectiva. Sexto: Porque es importante para la elaboración de propuestas políticas y de iniciativas ciudadanas, verificar los niveles de participación organizada de la población indígena en la vida social y política del país. ¿Cómo se hizo...? Con 52 observadores diseminados por todos los departamentos del país, quienes verificaron el proceso durante la campaña y en el momento de las elecciones (1a. y 2a. Vuelta). En el territorio nacional se distribuyó a los observadores con criterios lingüísticos tomando en cuenta las regiones de mayor presencia indígena así como los departamentos del oriente y la costa suroccidental del país. ¿Qué se observó...? La operación de observación estuvo enfocada a tres dimensiones: · Campaña político-electoral de los Partidos Políticos y Comités Cívicos. · Ambiente político electoral. · Sufragio electoral en las dos vueltas. Productos obtenidos: 3 Declaraciones públicas en dos diarios escritos 1 publicación especial de la revista B’aqtun (#10). 552 informes departamentales de observación. 17 giras nacionales de observación. 3 conferencias de prensa. 1 informe final de Observación Electoral.


Cap铆tulo II Observaci贸n Departamental


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Observación Departamental El proceso de observación en los departamentos inició con una convocatoria ampliada, dirigida a personas de diferentes regiones y grupos etnolingüísticos del país. En consecuencia, una agrupación integrada por 54 observadores, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, indígenas y ladinos, pasó a someterse a intensos talleres de capacitación para recibir una formación teórico-práctica a partir de un enfoque multiétnico del desarrollo de los comicios. En seguida se convirtieron en un contingente de cuadros orgánicos de la II Misión Indígena de Observación Electoral, para concretar así tres momentos específicos de la justa eleccionaria: la campaña electoral, el proceso de elecciones y el procesamiento y publicación de datos. Los 54 observadores fueron juramentados por autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y acreditados como vigilantes de las elecciones generales del año 2003. De forma individual o en pareja, luciendo un chaleco distintivo, gorra y un gafete que los identificaba como tales, en un armonioso ejercicio intercultural que los comprometió con las causas de su pueblo, los observadores iniciaron una movilización por diferentes municipios de los departamentos asignados en busca de identidades culturales y dinámicas políticas cotidianas propias de las comunidades indígenas, entendidas éstas como espacios de intereses compartidos. Para iniciar el desplazamiento por el interior del país, primero se realizó una radiografía sociodemográfica regional; es decir, un mapeo de regiones, municipios y comunidades. En principio, se verificó la legalidad y la apertura de las asambleas municipales y departamentales; la observación de las condiciones y lugares donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el proceso de empadronamiento y actualización de datos. Esto último a partir de conocerse casos de municipios en los que este proceso


se llevaba a cabo en el interior de algunos edificios municipales y tal circunstancia era aprovechada por el partido del jefe edilicio para “persuadir” a los ciudadanos a afiliarse a determinado partido. Otro aspecto que la Misión tomó especial cuidado en observar fue el de los niveles de acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, tanto locales como departamentales, la cantidad y calidad de cobertura que dieron a los candidatos así como los niveles de conflictividad entre los partidos políticos en contienda. Asimismo fue importante para esta veeduría rastrear los perfiles de los candidatos y personas o grupos que los apoyaron. En ese sentido se realizó, hasta donde las circunstancias lo permitieron, una investigación sobre las fuentes de financiamiento de los distintos candidatos. El contingente de observación eleccionaria efectuó visitas por los municipios y comunidades asignadas, para realizar entrevistas a dirigentes políticos, candidatos a alcaldes y diputados, líderes comunitarios, autoridades electorales, directores de medios, periodistas independientes y vecinos, a efecto de registrar las diferentes visiones de la campaña y el proceso electoral. Con el respaldo de credibilidad otorgado por las comunidades y como actores interculturales, estos hombres y mujeres se convirtieron en garantes de sus derechos personales y de los colectivos mediante un ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes que contribuyó a fomentar la construcción de ciudadanía y a fortalecer el alma identitaria de cada región. Esta observación se constituyó en si misma en un ejemplo vivo de interculturalidad y en un operativo de estimación positiva de las diferencias culturales de los distintos pueblos que conviven en el territorio de Guatemala. La II Misión Indígena diseminada a lo largo y ancho de las cuatro regiones del país, y comprometida en una operación de vigilancia sin precedentes, formó parte de un contingente de más de diez mil observadores, extranjeros y nacionales, que tuvo a su cargo fiscalizar que el proceso se llevara a cabo con transparencia. El equipo de 54 observadores desplazado por los 22 departamentos en busca de brotes de actitudes discriminatorias y de enfrentamientos violentos, a su vez efectuó un monitoreo por los 331 municipios de cada


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región para garantizar no sólo la legalidad sino la legitimidad de las elecciones en los 331 centros de votación de todo el país. Los verificadores entregaron un informe personal de trabajo sobre lo actuado y observado durante cada semana y la mayoría de reportes coincidieron en resaltar problemas de monolingüismo, analfabetismo, desconocimiento del sistema electoral, discriminación contra los ancianos, las mujeres, particularmente las mujeres mayas, por ser pobres, por ser indígenas y cargar hijos. Es decir que, pese a los esfuerzos de la sociedad civil de fomentar la participación ciudadana, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral no ejercieron el suficiente control sobre todo el personal a su servicio y de acuerdo con los reportes el proceso estuvo impregnado de prácticas excluyentes y matizado de preferencias étnico sociales contra las poblaciones indígenas. Los observadores fueron distribuidos en cuatro regiones: Región Sur: Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Guatemala, Sacatepéquez; Occidente: Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá y Chimaltenango; Oriente: Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, El Progreso y Zacapa; Norte: Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz. En cada uno de estos puntos del país manifestaron su buena voluntad de resguardar el desarrollo del proceso eleccionario sin escatimar tiempo, distancias ni horarios. Hubo ocasiones en que muchos de ellos se quedaron esperando hasta avanzadas horas de la noche, incluso bajo la lluvia, para llevar a cabo y a feliz término su trabajo de observación. Llevaron consigo un mensaje explícito de interculturalidad, de paz e intercambio y se plantearon como fieles veladores del mejor desempeño y desarrollo de las elecciones generales del año 2003. Capacitados para reconocer el valor de la propia y el de las otras culturas, nuestros observadores, espiritualmente, se enriquecieron conociendo otras expresiones culturales e intercambiando sus propias experiencias, lo cual ha quedado comprobado en expresiones como las siguientes: “ Por mi cultura ladina y por estar acostumbrado a trabajar sólo con ladinos, al principio pensé que me sentiría extraño trabajando con personas indígenas y que la comunicación no sería buena, pero durante el proceso me di


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Informe Final

cuenta que no había discriminación. Sentí compañerismo y que todos tenemos las mismas capacidades, aspiraciones y sentimientos”. Francisco Rodríguez Vargas. El Progreso, Guastatoya. “Durante el proceso electoral comprobé la gran discriminación que sufrimos los indígenas, sobre todo, los del área rural que no saben leer y escribir, porque son elecciones para alfabetos”. Otilia Cal Morán. Cobán, Alta Verapaz. “Aprendí a conocer lo que se vive en un evento electoral. Muchas gente conocida me preguntaba por qué la existencia de la Misión y por qué mi participación. También expresaban su alegría cuando aparecíamos en los medios de comunicación”. Rosa Ramos Noj. Retalhuleu. “Para mí fue un reto verme involucrada en un acontecimiento de gran relevancia, pues a nosotras las mujeres se nos han limitado los espacios de participación social y política”. Elsa Margarita Telón. Chimaltenango, Chimaltenango. “Fue una buena experiencia convivir con personas de diferentes etnias, aprendí mucho porque fue un ejemplo de cómo se puede convivir en este país, dejando de lado los prejuicios sociales y trabajando unidos”. Yeny Meylan Díaz. Chiquimula. “Me emocionaba y llenaba de orgullo cuando mi gente me pedía que les hablara de la Misión Indígena”. Nery Paz. Zacapa. “El trabajo de la Misión fue bien aceptado, ya que mucha gente se sintió identificada y con confianza de hablar con nosotros por ser indígenas, por hablar el idioma local y por identificarnos con nuestro traje tradicional”. Otilia Gómez Moscut. Palín, Escuintla. “La participación de la mujer maya en mi departamento fue escasa, no vi a una sola mujer como presidenta de mesa y mucho menos como candidata a alcaldesa o diputada. Estaban como secretarias, vocales, fiscales o alguaciles de las juntas, siempre en los cargos menores”. Olga Hernández Méndez. Huehuetenango.


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“Ser parte de la Misión significó para mí participar en un proceso desconocido, porque a las mujeres siempre se nos califica como incapaces para figurar en eventos como éste de las elecciones”. María Emilia Quexel. Sacatepéquez. “Ser observador de la Misión Indígena fue una gran experiencia que me permitió ver de manera imparcial el proceso de elecciones en mi departamento, donde hay mucha conflictividad entre los partidos políticos”. Rodrigo Sic . Rabinal, Baja Verapaz. “Tuve la oportunidad de convivir con personas de todos los departamentos y pude conocer más de cerca de compañeros de otras etnias y las costumbres y tradiciones de Suchitepéquez, lo cual me enriqueció como persona”. Miriam Barneond. Suchitepéquez. “En procesos electorales no ha sido común ver a una mujer maya y con traje tradicional fungiendo como observadora”. Piedad Vargas Culajay. Guatemala. Esta actitud positiva de relación intercultural, particularmente difícil en un país confrontado por dicotomías que dan aliento a prejuicios y estereotipos étnico sociales, como quedó anotado con las expresiones de los integrantes de la Misión, tuvo sus buenos frutos a partir del planteamiento de observar el proceso electoral desde un enfoque multiétnico que permitió visibilizar los complejos problemas de la realidad étnica guatemalteca, pero que al mismo tiempo permitió revalorizar la realidad multicultural para llegar a concluir que lo indígena y lo ladino no deben percibirse como fronteras intransitables sino como puntos de convergencia. Esa es y debe ser la visión que puede garantizar en el futuro procesos de elecciones limpias y la formación de nuevas generaciones, de pueblos capaces de observar de manera adecuada los tiempos nuevos, sin que por ello se vean obligados a renunciar a sus propios valores culturales.


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1. Matías Rull, Asesor de Asuntos Indígenas de la Unión Europea con el equipo de observación de la MIOE (Foto de Francisco Guzmán). 04/11/03.

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2. Observadores indígenas y ladinos procedentes de diferentes regiones del país participando en uno de los talleres de capacitación. (Foto de Francisco Guzmán). 07/11/03

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3. Antes de iniciar actividades personal operativo y de observación de la MIOE, realizaron invocaciones para entrar en comunión con el mundo espiritual. (Foto de Francisco Guzmán). 15/10/03

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4. Miembros de la Misión de Observación de la OEA, compartiendo experiencias y recomendaciones con observadores de la Misión Indígena. (Foto de M. R.). 10/10/03


Cap铆tulo III Observaci贸n Itinerante


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Observación Itinerante El Equipo Técnico de Naleb’ mantuvo una comunicación constante con el contingente de observadores y observadoras y miembros del Consejo directivo de la II Misión, a efecto de mantener una información actualizada de todo el proceso eleccionario, particularmente con el propósito de mantener un monitoreo sobre cualquier eventualidad que pudiera suscitarse y que alterara el orden del proceso y el desarrollo de las votaciones. No podía ser de otra manera, tomando en cuenta que constantemente se recibían contactos telefónicos de reporteros de diferentes medios de comunicación social en busca de información actualizada sobre el desarrollo de los acontecimientos en el interior del país. Cabe recordar que desde semanas atrás, tanto los partidos políticos como los propios medios de comunicación, venían transmitiendo mensajes negativos a raíz de los acontecimientos ocurridos el llamado “Jueves negro” y que fueron creando un ambiente de zozobra para el día 9 de noviembre, fecha de las elecciones generales. De esa cuenta, el Equipo se distribuyó por las cuatro regiones del país con el propósito de acercarse a las comunidades, conversar con los observadores y verificar la imparcialidad política en el ejercicio ciudadano de la observación electoral. Pero también con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Electoral, recibir denuncias y transmitirlas a los diferentes medios de comunicación tanto a nivel local como nacional. El objetivo también fue visibilizar los valores, deficiencias y perspectivas de la democracia guatemalteca, especialmente, en lo que se refiere a la participación política de los pueblos indígenas.


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El cronograma de estos recorridos comprendió 17 viajes con duración de tres días cada uno. Durante la primera vuelta, el equipo se distribuyó en tres grupos. Uno se movilizó de la capital hacia los departamentos de Petén, Alta Verapaz., Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y Escuintla. A su vez, otro grupo tomó camino hacia los departamentos del Occidente: Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. Igualmente, otro tanto, se desplazó por los departamentos del Oriente: Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa; y uno más siguió la ruta de verificación por Chimaltenango, Sacatepéquez y el departamento de Guatemala. La segunda vuelta también fue monitoreada de igual forma por los tres grupos itinerantes en los mismos departamentos, con la única diferencia que el recorrido se hizo a la inversa. En este esfuerzo de monitoreo por diferentes regiones del país fue importante vivir la experiencia de coordinar acciones con otros grupos de observadores, la que generalmente se dio de manera espontánea y con el único propósito de unificar esfuerzos para asegurar la transparencia, motivar el sufragio del voto y contribuir a desvanecer cualquier actividad que contribuyera a materializar el fantasma del fraude que con tanta insistencia se venía anunciando en conversaciones cotidianas y a través de los distintos medios de comunicación social. En ese itinerario también fue importante constatar problemas reportados con anterioridad por los observadores de la Misión Indígena que fueron desde aspectos logísticos, como la falta de capacitación al personal de las mesas receptoras de votos, cantidad insuficiente de mesas, escasa señalización de los centros de votación, filas desorganizadas de votantes y sitios habilitados para votar que resultaron inadecuados, sin espacio y sin ninguna privacidad para ejercer el sufragio. En cuanto al trabajo desarrollado por los medios de comunicación locales y alternativos es importante reconocer algunos avances en su comportamiento durante el pasado proceso eleccionario. En muchas regiones buscaron ser objetivos y veraces; otros actuaron


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con profunda parcialidad y otros oscilaron entre ambos comportamientos. En los casos de parcialidad que fueron los más notorios, se evidenció la coincidencia y favoritismo con determinados candidatos para alcaldes y diputados, especialmente. También es importante resaltar el papel que en el ámbito de la comunicación social jugaron algunas de las Radios Comunitarias diseminadas en las distintas regiones. Muchas de estas emisoras asumieron un compromiso con el proceso de elecciones y dedicaron espacios para realizar programas de entrevistas, tiempos de discusión con candidatos a alcaldes y diputados para abordar problemas cotidianos que afectan a las comunidades y cobertura de cierre de campañas que contribuyeron a que la ciudadanía se mantuviera crecientemente en alerta. Muy importante también fue el hecho de que transmitieran mensajes en idiomas mayas, para orientar a la población en el ejercicio del voto y en la importancia de la participación ciudadana en el evento.. En cuanto a las campañas políticas en el interior fue evidente que los partidos con mayores recursos dominaron los escenarios y que a partir de ello los comités cívicos tuvieron muy pocas posibilidades frente a los partidos financiados con más aportes económicos. Esta debilidad de los comités cívicos lo que demuestra es la escasa posibilidad de la población para alcanzar posiciones de autoridad en el ámbito local y regional. Asimismo, en la mayoría de radiodifusoras de la capital y de los departamentos fue notoria la falta de información en idiomas mayas, así como sobre las campañas de desinformación generada por los partidos políticos.


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2 1. Alvaro Pop de la Misión Indígena coincide con observadores de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos OEA, el 9 de noviembre, en el parque central de Tac Tic, Alta Verapaz, durante el desarrollo de las elec(Foto de Tito Recinos). ciones generales.

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2. Un hombre tzutuhil en el momento de emitir sufragio en Sololá, el 9 de noviembre. (Foto de Zonia de León).

3. Mujeres K'ichés en Quetzaltenango el 9 de noviembre. (Foto de Wilson Recinos).

4. Mujer maya haciendo fila para votar en el municipio de Sacapulas, Quiché. (Foto de María Vicente). 09/11/03 5. La gráfica ilustra la masiva participación indígena a los centros de votación en el municipio de Santiago, Chimaltenango, en el departamento de Huehuetenango. (Foto de Olga Hernández). 09/

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Cap铆tulo IV Medios de Comunicaci贸n Social


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Medios de Comunicación Social Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión, y dentro de este contexto el derecho a disentir, a cuestionar y a denunciar las acciones que la coarten o la vulneren, pero también el de proponer medidas que la corrijan, la fortalezcan y la extiendan a todos los pueblos y a cada uno de sus estratos, a sabiendas de que constituye uno de los derechos fundamentales del ser humano. Los medios de comunicación, por antonomasia, son abanderados de esa libertad y a la vez canalizadores de la expresión popular, particularmente de aquella que tiene pocas alternativas para hacerse escuchar, como suele suceder en los países en vías de desarrollo, donde amplios sectores poblacionales recién empiezan a elevar su voz nacional e internacionalmente. En el caso particular de Guatemala, y en el marco del proceso democratizador, no obstante sus imperfecciones, los medios de comunicación han hecho aportes substanciales. De esa cuenta, los eventos eleccionarios han contado en la prensa con un observador de visión global que, adicionalmente, goza de un alto grado de credibilidad, dentro y fuera de sus fronteras. Durante el año 2003, y a partir de la convocatoria a elecciones realizada el 15 de mayo, la intensificación de la actividad de los medios de comunicación adicionó a lo informativo los elementos de investigación y de orientación, encaminados a brindar insumos que no solo incentivaran la participación ciudadana, sino que hicieran de ésta una participación cada día más consciente y responsable, y amplia, para que los sectores tradicionalmente marginados no fueran la minoría a la hora de la toma de las grandes decisiones.


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Los medios de comunicación se han diversificado y han luchado por tener acceso a la tecnología que les permita servir a los más apartados rincones del país. También se han democratizado para luchar contra los monopolios y la discriminación, y para aportar al desarrollo. Por eso, la política partidista y los acontecimientos que ésta genera, así como los programas de trabajo de las organizaciones y el pensamiento de sus líderes y candidatos a cargos de elección popular, no son más temas ajenos para las comunidades aisladas tanto ladinas como las indígenas. No obstante las inclinaciones poco o nada disimuladas de algunos empresarios de la comunicación a favor de determinada corriente ideológica, partido o candidato, durante casi todo el 2003 el pueblo guatemalteco gozó de la oportunidad de digerir y comparar la información difundida, gracias a la diversidad de medios escritos, televisivos, fundamentalmente radiales y comunitarios. Aunque ni la pluralidad ni la imparcialidad son la etiqueta de todos lo medios, durante la campaña que culminó el 28 de diciembre del 2003 la ciudadanía tuvo suficientes opciones de fuentes informativas para razonar acerca de su decisión política. Reminiscencias de las épocas dictatoriales, de los cacicazgos y de la guerra interna, han sido en no pocas oportunidades obstáculos para el buen desempeño de los periodistas. Esos factores han alimentado temores, tanto entre los comunicadores como entre la población. Algunas veces el ciudadano no quiere hablar con la prensa. Otras, es el periodista quien no quiere tratar el tema que le ha sido expuesto o denunciado. En no pocos casos, eso también contribuye a que los electores no expresen con anticipación sus preferencias o a que no manifiesten emociones claras durante una concentración política o a lo largo de toda la campaña. Pero los sondeos de opinión, divulgados profusamente por los medios de comunicación, lograron captar el interés ciudadano y, pese a la descalificación que de ese trabajo se hizo, nuevamente demostraron que su interpretación de la voluntad popular era la correcta. Los principales medios informativos y algunos líderes políticos se enfrascaron en la controversia de la credibilidad, pero al final la Prensa sufrió el menor desgaste.


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La tristemente célebre frase (atribuida en mala hora a un expresidente) “al periodista se le paga o se le pega” ha querido ser llevada a la práctica por políticos de diversas corrientes, sin que por ello la prensa como institución haya dejado de cumplir su papel. No obstante, los episodios trágicos, para fortuna de las personas y del país, han sido cada vez menos. Como política de Estado, las limitaciones a la libertad de expresión ya no son tan severas ni obvias. Eso ha servido mucho para llevar adelante la apertura democrática y la alternabilidad en el poder. Sin embargo, durante el proceso eleccionario debieron registrarse dos hechos importantes: la agresión y retención ilegal de reporteros en el departamento de Huehuetenango y el fallecimiento de otro durante los disturbios que en la ciudad capital el partido oficial (FRG) provocó para presionar por la inscripción de su candidato presidencial. Las deficiencias del proceso eleccionario, independientemente de su origen en la propia Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los delegados departamentales del TSE, en los registros civiles, en el actuar de las organizaciones políticas y comités cívicos y de sus cuadros dirigenciales, líderes y candidatos a diversos cargos de elección popular, y en autoridades de casi todos los rangos, no fueron un obstáculo insalvable para la satisfactoria participación ciudadana, gracias precisamente a que los medios de comunicación siempre alentaron sobre la conveniencia de expresar en las urnas la voluntad de los electores y de hacer valer sus derechos constitucionales respecto de elegir y ser electo. Aun así, las propuestas de los formadores de opinión (editorialistas y columnistas) que hicieron eco de las demandas de amplios sectores populares, para una inclusión más equitativa de la representatividad femenina e indígena en los cuadros del espectro político-electoral, no lograron doblegar la vigencia del monopolio y de la discriminación étnica a la hora de inscribir las planillas para cargos de elección. Pero los medios, en ese sentido, también jugaron el papel que les corresponde en cuanto a divulgar las propuestas y criticar al sistema tradicional. Sin llegar precisamente a librar una enconada batalla a favor de esa causa. El beneplácito que recibió, particularmente a nivel internacional, la participación, por vez primera, de un candidato indígena a la Presidencia


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de la República (Rigoberto Quemé Chay) no bastó para que dicha candidatura se consolidara. Y en eso, los medios de comunicación nacional e internacional también aportaron algo: cobertura noticiosa, comentarios favorables a la representación y diversidad étnica en la lucha por alcanzar el poder político e interrogantes respecto de la reacción de la sociedad guatemalteca dominante ante la aparente seria posibilidad de modificar los esquemas ya desgastados. Pese a que los pueblos originales constituyen la mayoría demográfica y de electores, la aparente falta de unidad y de cohesión y la evidente intención de manipular ese proyecto por parte de líderes ladinos, dio al traste con ese primer intento de recuperar sus derechos de participación equitativa en la tarea de administrar un país que por precedencia les pertenece. La participación indígena y la proliferación de organizaciones que luchan por su integración a la modernidad y al desarrollo, no han sido suficientes para alcanzar un acuerdo multicultural e intercultural que oriente el voto hacia una nueva propuesta de nación, más pluralista. En ese contexto, el tema indígena no llegó nunca a ser una prioridad noticiosa ni de opinión en los medios, mucho menos en los escritos y televisivos. Las menciones de esta problemática resultan ser las menos al hacer un balance de la cobertura de todo el proceso; pero esta vez se registraron algunos avances. Y es que las limitaciones al enfoque profundo del tema indígena lamentablemente (hay que reconocerlo) muchas veces son trazadas desde los poderes fácticos que subsisten en Guatemala y que llevan sus tentáculos incluso a las cúpulas empresariales de los medios de comunicación. Paralelamente al desempeño de los corresponsales de los medios nacionales en casi todo el país y de la presencia de la prensa internacional, las empresas noticiosas con mayor capacidad logística mantuvieron en acción a equipos exclusivos que se movilizaron a distintas regiones y que automáticamente se sumaron a los grupos de observación del proceso y de las votaciones. La presencia de los medios constituyó un verdadero operativo de vigilancia sobre esos acontecimientos. Sobre todo porque la


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mayoría de ellos seguían la tendencia a denunciar cualquier intento de fraude por parte del oficialismo. Además, las organizaciones políticas y sus líderes y candidatos siempre han tratado de formar equipos de comunicadores a su alrededor. Esa es una de las áreas de mayor atención para desarrollar una buena campaña de proselitismo y de propaganda. De esa cuenta la información fluyó constantemente de los mismos protagonistas del proceso. Y, aun cuando hay gente que cuestiona el papel de los periodistas dentro de los cuadros de trabajo de los partidos políticos, aunque sea un quehacer acorde con su profesión, la práctica se mantuvo y contribuyó a ampliar la cantidad y calidad de los comunicados de prensa, conferencias y facilidades para que los reporteros dieran cobertura a todas las actividades partidarias. Hoy por hoy en casi todas las actividades del mundo civilizado participan los comunicadores, a veces como tales, como asesores o como militantes. Las empresas contratan relacionistas públicos, y éstos por lo general son periodistas o comunicadores sociales. De hecho las oficinas de prensa de empresas comerciales y financieras, de entidades benéficas o clubes sociales, están integradas por personas que manejan el campo de la comunicación. En Guatemala eso es cuestionable, pese a que, como antes se anotó, algunos importantes medios no tienen empacho en tomar partido antes, durante y después de las campañas electorales con la editorialización de notas informativas que favorecen o perjudican a determinado candidato. Los partidos políticos, al crear sus propias oficinas de prensa, también fortalecen la comunicación respecto de las campañas, programas de gobierno, anomalías o logros. Aparte de comunicar, los medios de prensa observaron el proceso electoral y cumplieron en buena parte con su responsabilidad de fiscalizar, denunciar, y ofrecer una amplia visión de los acontecimientos tanto a ciudadanos nacionales como a extranjeros. A eso también se sumaron varios periodistas que editorializan y publican columnas de opinión, a través de las cuales enfocaron temas sobre las


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calificaciones de los candidatos, de sus planes de gobierno, de las campañas negras, de la importancia de sumarse a las filas de votantes, de lo contraproducente que resulta para la democracia la indiferencia, de la manipulación de la dicotomía indígenas-ladinos y pobres-ricos, de lo que se podía esperar de cada posible triunfador, de la combinación de las fuerzas legislativas, de las consecuencias de un posible triunfo del oficialismo, de las relaciones del nuevo gobierno con la comunidad internacional, etcétera. Por ejemplo, fueron publicadas varias sugerencias para el Tribunal Supremo Electoral, a efecto de que en el futuro se evite la lentitud con que fue emitido el sufragio durante la primera ronda, el 9 de noviembre, especialmente porque eso desalienta la participación ciudadana. Cientos de miles de votantes debieron esperar durante más de cinco horas para poder expresar su voluntad. Y si se toma en consideración que la mayoría poblacional reside en áreas rurales y que en no pocos casos deben viajar largo trecho para llegar a los centros de votación, es probable que en la próxima contienda el abstencionismo vuelva a ser un tema de preocupación. Los medios de comunicación también observaron que en muchos municipios hubo manipulación de los documentos de identidad (Cédula de Vecindad) para tratar de inclinar la votación particularmente a favor de determinado candidato a Alcalde. Por eso no pocos periodistas trasladaron al sector Gobierno el clamor por que se instituya a corto plazo el ya muy estudiado “Documento Unico de Identidad”, que para evitar su falsificación, deberá ser elaborado con dispositivos de seguridad. Las estadísticas no fueron tratadas con menor interés por la prensa. Mientras algunos medios de comunicación hicieron acopio de datos emanados de entidades privadas y gubernamentales, otros formaron sus propios equipos para determinar las escalas de los resultados porcentuales y para comparar estos con las elecciones de 1999 e incluso con anteriores. De ahí que se divulgara el alto crecimiento que los candidatos finalistas, Berger y Colom, registraron en los distritos electorales más importantes, como la ciudad capital, los municipios del departamento de Guatemala y el departamento de Quetzaltenango, en el altiplano occidental, donde predomina el elector indígena.


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Entre tanto, hay un aspecto en el que los medios de comunicación tuvieron muy poco éxito: criticar y denunciar la contaminación visual provocada por la propaganda electoral de todos los partidos políticos y comités cívicos, no obstante la vigencia de una Ley del Medio Ambiente que puntualiza en eso. Ese tema fue sumado a las sugerencias hechas por la prensa a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y a las organizaciones y candidatos que participaron en la contienda 2003. En ese sentido, hubo una violación flagrante y continuada de la ley. Otro asunto que también ocupó particular atención por parte de la prensa, pero que nunca llegó a arrojar suficientes luces, fue el de inquirir por las fuentes de financiamiento de los partidos políticos. Porque es un hecho que en Guatemala las campañas cada vez resultan más costosas y, por ende, requieren de más y más dinero. Las estimaciones giran alrededor de un promedio de ¡cien millones de quetzales! para poder ofrecer una batalla por lo menos ruidosa. Nadie, sin embargo, detalla ni las fuentes de esos recursos ni las fracciones que de cada una recibió, mucho menos bajo qué condiciones. Al parecer una de las razones es que hay muchos empresarios que “invierten” en dos o tres candidaturas a la vez, amén de los fondos de dudoso origen. Sin embargo, es digna de mencionar la experiencia del finalmente no inscrito candidato Ricardo Buezo, promovido por la Democracia Cristiana. Buezo confesó haber gastado de su propia fortuna la bicoca de 36 millones de quetzales, para no llegar a ninguna parte. Cuando se convenció de que sus bonos no subían, optó por la retirada. Sirva el dato para hacer estimaciones sobre lo que debieron gastar los partidos y/o candidatos que lograron posesionarse de los tres primeros lugares. Conclusión: la demanda de los medios de comunicación cayó en saco roto. Nunca se supo ni se sabrá a ciencia cierta acerca del financiamiento de las campañas del 2003. Si las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos llegan a concretarse, la fiscalización de los fondos de campaña estaría a cargo del Tribunal Supremo Electoral y estos no deberían exceder de “un peso centroamericano por cada ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones”. Eso equivale a un tope de más o menos 50 millones de quetzales para el 2007.


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1. La corresponsal de CNN en Guatemala, Patsy Vásquez, interesada en un reportaje sobre el tema indígena, conversó con Celso Chaclán y Alvaro Pop. (Foto M. R.). 15/10/03

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2. María Medarda Castro entrevistada por reporteros de la Agencia Noticiosa BBC de Londres, Inglaterra, en Tikal Futura el 9 de noviembre. (Foto Elma Cun).

3. El periodista Edgar Valle Bercián (QEPD), durante una entrevista sobre aspectos de la Misión con Rosario Toj. (Foto Francisco Guzmán). 04/09/03

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4. Los medios de comunicación jugaron un papel importante en el evento electoral. La gráfica muestra el momento en que Alvaro Pop, coordinador general de la Misión, era entrevistado en los estudios de Radio Punto, ubicados en Tikal Futura el 09/11/03. 5. Durante el desarrollo del programa "Diálogo Político Radial", que se transmite a control remoto desde las oficinas de Naleb', los dirigentes Celso Chaclán, Cleotilde Vásquez y José Serech, conversan sobre el proceso electoral con el conductor (Foto Francisco Guzmán). Ernesto Sitamul. 06/11/03


CapĂ­tulo V Trabajo del Tribunal Supremo Electoral


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Trabajo del Tribunal Supremo Electoral Una de las instituciones que logró cimentar su credibilidad en todo el ámbito nacional, sin mencionar el internacional, es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues a partir del golpe de Estado de 1983 fue cobrando forma como ente que tendría la responsabilidad de organizar los procesos eleccionarios y de garantizar que estos fueran transparentes, a la vez que dinámicos y eficientes. De esa cuenta, sus primeros integrantes, con categoría de magistrados, llegaron a ser reconocidos como verdaderos apóstoles de la democratización del país. Y así, proceso tras proceso, el TSE logró motivar la participación ciudadana, reducir al máximo las posibilidades de fraude electoral y ofrecer a la comunidad internacional una mejor imagen de nuestro país, luego de una tradición golpista y fraudulenta en cuanto a la alternabilidad en el poder. Concretamente, en lo que concierne al proceso eleccionario que culminó el 28 de diciembre de 2003, es necesario reconocer que salieron a flote fuertes dudas sobre su transparencia, especialmente porque la nómina completa de los magistrados del TSE fue sustituida mediante el voto de un Congreso Legislativo dominado por el partido oficial, encabezado nada menos que por el propio aspirante a la presidencia, Efraín Ríos Montt, quien buscaba su inscripción postulado por el Frente Republicano Guatemalteco, FRG. Ninguno de los magistrados tenía experiencia en la organización, administración y ejecución de un proceso eleccionario. No obstante la alta tecnología puesta al servicio del proceso, hubo sensibles fallas en la integración de los padrones electorales. Además, el llamado del TSE a los electores para que procedieran a la actualización de sus datos generó confusión, aunque permitió


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que cientos de miles de personas ejercieran el sufragio en el lugar de su residencia y no forzosamente en su municipio de origen. Las consultas de los sufragantes no fueron atendidas con la debida prontitud en todos los casos. Como resultado muchos de ellos no pudieron votar. Otros se encontraron con la sorpresa de que una persona distinta había ejercido el voto por ellos. Obviamente esa responsabilidad recae más en los alcaldes, algunos de los cuales, al amparo de un documento de identidad poco confiable, se dieron a la tarea de extender cédulas de vecindad que resultaron duplicadas. Por lo general las juntas receptoras de votos estuvieron integradas en su mayoría por personas ladinas, aún en las regiones donde predominan las comunidades indígenas y los idiomas mayas. La presencia de mujeres en las juntas sí fue considerable, y también como fiscales de los distintos partidos políticos. No obstante que el TSE acreditó a diversas organizaciones para enviar observadores a los centros de votación, en algunos casos esas credenciales (según reportes de nuestros propios observadores ) no fueron del todo respetadas por las juntas electorales y a eso hay que agregar que las facultades y atribuciones de los observadores estuvieron estrictamente delimitadas y restringidas para actuar de manera coercitiva. El comportamiento de la población, con muy pocas excepciones, fue pacífico y comprometido a cumplir con su derecho de elegir, pues de otra manera no habrían hecho tan larga espera para llegar hasta las urnas. No fueron pocos los casos en que la gente debió esperar ocho horas para poder votar. Aunque las mesas receptoras abrieron con puntualidad, en la primera vuelta el cierre se dio en muchos municipios hasta la media noche. La logística del TSE funcionó de manera aceptable y gracias a eso las juntas electorales y las juntas receptoras de votos contaron con la dotación adecuada de mobiliario, papeletas, utensilios y mecanismos de seguridad para que la actividad funcionara adecuadamente. Aunque no puede obviarse hacer notar que algunas personas no estaban debidamente capacitadas para su tarea en las mesas receptoras. Los incidentes acaecidos en algunos municipios de distintas regiones,


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aunque preocupantes, no fueron significativos en cuanto al resultado global del proceso. No afectaron en gran porcentaje la expresión popular ni la alternabilidad en el ejercicio del poder local o nacional. En la medida que se resolvió repetir las elecciones, los escenarios tornaron a la normalidad y cualquier otro hecho solo significó la excepción de la regla. La segunda II Misión Indígena de Observación Electoral mantuvo constante comunicación con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, particularmente con el magistrado Raymundo Caz, a efecto de intercambiar opiniones e información sobre el proceso, y para dejar sentado que el propósito de esta iniciativa era la de observar el tratamiento a los pueblos indígenas durante la celebración de las elecciones, especialmente en lo que concierne a la exclusión social y a la discriminación en estos procesos por motivos étnicos. En la práctica de su papel, esta Misión recomendó al TSE, entre otras cosas, la inclusión en las juntas electorales y en las mesas receptoras de votos de personas indígenas que hablen los idiomas locales, y el pronto estudio de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para garantizar la certeza jurídica y la transparencia de los futuros eventos electorales. La tarea del Tribunal Supremo Electoral se vio de alguna manera respaldada por el compromiso multipartidario de realizar un proceso enmarcado dentro de la legalidad, la no violencia, del respeto mutuo, del debate responsable, de la promoción del voto informado, del manejo transparente de las finanzas de campaña y de la no utilización de los recursos del Estado en la campaña electoral. Otro factor muy positivo fue el involucramiento de la sociedad civil en el proceso electoral, mediante diversas acciones que coadyuvaron a la participación ciudadana y en particular a garantizar la transparencia de los comicios. El Tribunal Electoral no pudo interferir en la guerra de campañas negras ni en el respeto que las organizaciones políticas le deben al ornato de las ciudades y a la protección del medio ambiente, de igual manera que no pudo ejercer la vigilancia en el origen y manejo de los fondos aportados a los candidatos y a los partidos. Por eso cobra fuerza la propuesta de una revisión de las leyes de la materia, a efecto que la instancia de mayor jerarquía sea fortalecida e investida de más autoridad.


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1. Altas autoridades del TSE, cuando recibieron a la MIOE el 14 de octubre de 2003. (Foto de M. R.) 2. El pleno del TSE, en conferencia con la prensa, en el Centro de Votaciones.

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3. Mesa receptora de votos en el interior del paĂ­s. (Foto MariĂ­ta Vicente). 09/11/03


CapĂ­tulo VI Los Partidos PolĂ­ticos y sus Planes de Gobierno


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Los Partidos Políticos y sus Planes de Gobierno Generalmente el poco conocimiento de la realidad nacional y de las acciones administrativas de fondo del gobierno al que se desea sustituir, es lo que hace a la mayoría de candidatos caer en la “costumbre” de los grandes ofrecimientos de campaña que luego no se cumplen, primero por falta de voluntad y segundo porque en el ejercicio del cargo llegan a descubrir que de verdad no se pueden cumplir. Esa tendencia parece ser la regla general que algunos políticos utilizan para ofrecerle a la gente lo que desea oír sobre: tierras, empleo, educación, salud, vivienda, caminos y carreteras, fertilizantes, precios bajos para los productos de la canasta básica, subsidios, seguridad, menos impuestos, menos corrupción, apertura de nuevos mercados, mejores salarios, integración de los grupos marginados al desarrollo, no más discriminación, no más racismo, no más injusticia, tecnificación de la agricultura, fomento del ingreso de divisas, mantener la estabilidad y alcanzar el crecimiento económico. Es decir, todos los males del pueblo serán atendidos y resueltos. Pese al desencanto que genera el inventario final de lo realizado por cada administración, el pueblo siempre escoge una opción política y acude a las urnas para reafirmar sus esperanzas en que tarde o temprano llegará alguien que sí quiera y pueda cumplirle a todos los sectores. Por eso los planes de gobierno que presentan los candidatos, algunos en fecha tardía como para que a muy pocos les dé tiempo de leerlos y de analizarlos, comúnmente son extensos en texto y en ofertas, y por ende irrealizables. Hasta se teme que los aspirantes a presidente entren de hecho a una competencia, a una carrera, para ver quién puede ofrecer más. A pesar de eso, los planteamientos en su mayoría son positivos y


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alentadores. La puesta en práctica es otra cosa, pero eso no demerita a la teoría que en no pocos casos recibe el aplauso y el beneficio de la duda de parte de los electores y de la población en general. Las corrientes ideológicas, terminada la guerra fría y el enfrentamiento interno, no parecen hacer muy diferentes los planes de gobierno, quizá varíen más en la redacción que en los aspectos de contenido. Veamos: Democracia Cristiana La Democracia Cristiana, que gobernó el país entre 1985 y 1989, durante la campaña del 2003 concentró sus ofrecimientos en apoyar con recursos tecnológicos y financieros a la actividad agrícola y al cooperativismo. En materia de seguridad, su candidato final, Jacobo Arbenz Vilanova, aseguró que pondría a “un policía en cada esquina”. En lo que respecta a la salud, su proyecto consistió en ampliar la cobertura del Instituto de Seguridad Social a toda la población. Y en el rubro de educación, incluir capacitación agrícola e industrial a partir del nivel medio. Unión Nacional El candidato del partido Unión Nacional, Francisco Arredondo, al hablar sobre los planes de gobierno, reconoció que todos los aspirantes tienen una agenda muy similar; la diferencia estriba en su aplicación. Para él, la cuestión de fondo es llevar a toda la población hacia la reactivación económica. La generación de empleos, por ejemplo, cree lograrla mediante la creación de un clima de confianza para las inversiones. No queda al margen el problema de la seguridad civil, para eso hay que incrementar el número de agentes de policía, capacitarlos, asegurarles recursos económicos y técnicos para que cumplan su misión. El flagelo de América, el narcotráfico, puede ser combatido mediante reformas legislativas más drásticas. Y para hacer transparente su administración: nombrar funcionarios honestos y capaces. Otro de los temas importantes para UN es el de la vivienda: 40 mil unidades habitacionales cada año. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) Rodrigo Asturias, ex comandante guerrillero, inscrito como candidato presidencial por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),


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sustenta su plan de gobierno en una agenda derivada de los Acuerdos de Paz, lo cual permitiría la integración de diversas fuerzas políticas a su administración. Desarrollo social, para combatir la pobreza, mediante el fortalecimiento del papel del Estado como promotor de ese desarrollo. La seguridad ciudadana es una de las principales metas a alcanzar, pero la reforma educativa enfocada en el reconocimiento de nuestra multiculturalidad y plurietnicidad merecerá su atención, para hacer que nuestros pueblos milenarios se integren al desarrollo. Se ocuparía también de revisar la administración del sistema de salud, para mejorar los servicios y ampliar la cobertura. Los fertilizantes para el sector campesino continuarían en agenda, pero de una manera despolitizada. Frente Republicano Guatemalteco (FRG) El FRG, quizás fue el partido que en teoría más se comprometió con el electorado, pues su candidato presidencial, el general Efraín Ríos Montt, aunque siempre eludió el debate público con sus contrincantes, durante sus giras de proselitismo insistió en hacer lo que a lo largo de cuatro años no pudo concretar el presidente Alfonso Portillo. Adicionalmente, la tónica de su campaña continuó la confrontación con los capitalistas, para reiterar el populismo como anzuelo para las mayorías desposeídas. El FRG hizo mucho énfasis en el tema de la seguridad y, para ello, en el fortalecimiento del sistema judicial y en el rescate de la juventud para prevenir la delincuencia. También propuso un amplio programa de construcción de vivienda, para proveer de techo y de trabajo a cientos de miles de ciudadanos. A eso se añade un programa de asistencia alimentaría que de la mano con las campañas de salud preventiva podrían mejorar la calidad de vida de las personas. Gran Alianza Nacional (GANA) Oscar Berger Perdomo, de la alianza denominada GANA, habló sobre la importancia de la descentralización. Prometió combatir la discriminación y enfocar los recursos del Estado hacia la inversión social y la salud. En su agenda, aseguró que la competitividad para las exportaciones será una prioridad, a efecto de convertirnos en exportadores y en un campo atractivo para las inversiones. En otro orden de ideas, Berger se mostró anuente al acercamiento con todas las corrientes políticas, a efecto de alcanzar un buen nivel de gobernabilidad. Profesionalización de las


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fuerzas de seguridad y dotación de recursos al sistema judicial y al Ministerio Público, serán los ejes para ofrecer seguridad en todo el país. Educación, salud, empleo. Berger anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, de una autopista Guatemala-El Rancho y de la carretera transversal del Norte, entre algunas de sus megaproyectos generadores de empleo y de desarrollo. “Cuatro mil millones en salud, educación y seguridad”, es la inversión prometida por el líder de la Gana. Este también enfatizó en la conveniencia de dar en concesión muchos de los proyectos de su administración. Se comprometió, además, a fomentar el crecimiento anual del Producto Interno Bruto y a mantener una inflación menor al seis por ciento anual. Respecto de la hambruna, aseguró que serán debidamente atendidos 102 municipios para resolver ese problema. Compromisos de la Gran Alianza Nacional (GANA) con los Pueblos Indígenas En conmemoración del Día de la Interculturalidad, el 12 de octubre del 2003, líderes de la denominada Gran Alianza Nacional (GANA) se reunieron con representaciones de todas las comunidades lingüísticas del país, en Tecpán, Chimaltenango, para formalizar su compromiso con los pueblos indígenas. En este compromiso, llamado la “Declaración de Iximché”, se proponen las siguientes acciones: Fortalecer la construcción de la unidad y la identidad nacional, fundamentadas ambas en la valiosa diversidad cultural de la Nación Guatemalteca y en una visión de futuro colectivo. Convocar a un diálogo con la sociedad para revitalizar la implementación del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en los primeros 100 días de gobierno. "En el marco de la reforma política y de nuestro compromiso con la construcción de un Estado representativo e incluyente, promover la incorporación de indígenas con capacidad, experiencia y probidad a las estructuras del Estado, incluyendo el Servicio Exterior y la representación


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ante Organismos Internacionales. Apoyar la creación y el fortalecimiento de una institucionalidad pública que contribuya de manera efectiva a avanzar los derechos de los Pueblos Indígenas". Apoyar la organización y la participación de los pueblos indígenas como motores de la democratización del país. Para asegurar que los planteamientos de los pueblos indígenas sean escuchados y atendidos, se trabajará para despolitizar y mejorar las capacidades de las instituciones más cercanas a la población, como lo son las Alcaldías Indígenas, las municipalidades, los Consejos de Desarrollo y las Gobernaciones Departamentales. Priorizar políticas de Estado específicamente dirigidas a combatir el racismo y la discriminación. Se pondrá en marcha un programa de educación y concientización en la materia dirigida a funcionarios públicos, y se fortalecerán los programas que combatan la discriminación y el racismo en el sistema de educación formal, los medios social y en las políticas laborales. Invertir en la prestación gradual y continua de servicios de salud y de justicia en idiomas indígenas, ya que la oficialización de los idiomas indígenas constituye un avance importante en el camino hacia la equidad cultural y la preservación del patrimonio cultural de la Nación. Invertir mayores recursos en la educación bilingüe, como un instrumento esencial de respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, como estrategia para promover la interculturalidad entre las nuevas generaciones, y también, como mecanismo comprobado para mejorar el aprendizaje y la retención de nuestros niños y niñas en las escuelas. Promover los esfuerzos por armonizar la aplicación del derecho de las comunidades indígenas con el marco jurídico del Estado Guatemalteco. Reconocemos la validez del derecho consuetudinario indígena y específicamente, sus aportes a una cultura de justicia basada en la resolución pacífica, pronta y local de los conflictos, en el resarcimiento a las víctimas, y en la efectiva reincorporación social de los transgresores. Crear las condiciones para que los sitios sagrados sean utilizados y


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manejados de acuerdo con las disposiciones consensuadas por la sociedad, como respuesta concreta a la libertad y pluralidad religiosa y de cosmogonías que marca nuestra Constitución y los Acuerdos de Paz. Oscar Berger-Eduardo Stein. Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a través de su candidato presidencial Alvaro Colom Caballeros, enfatizó en tener un verdadero programa de gobierno y no una oferta electorera. Anunció compromisos con sectores poblacionales y no con personas en lo individual. De manera categórica ofreció suprimir el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias, y en contraposición hacer más eficiente el combate al contrabando y los métodos de recaudación de los tributos restantes, especialmente del IVA. Seguridad financiera para el Ministerio de Gobernación, a efecto de minimizar la delincuencia. No a la discriminación en materia de exigir impuestos: todos deben pagar, pero sin terrorismo fiscal. Añadió el interés por un pacto de gobernabilidad con todos los sectores, para hacer viable su plan de gobierno. Interculturalidad: Fundamentado en los Acuerdos de Paz Institucionalizar los acuerdos de paz como compromiso de Estado. Impulsar iniciativas para promover el desarrollo y la producción cultural de los diversos grupos étnicos. Promover la convivencia democrática como la base de la interculturalidad y la unidad en la diversidad. Impulsar con firmeza el desarrollo cultural sostenible del país como uno de los factores decisivos para el fortalecimiento de la identidad cultural de cada uno de sus pueblos y la afirmación de la identidad nacional. Fomentar la cultura como expresión de la originalidad y libertad de cada comunidad y pueblo como un derecho humano. Fomentar y proteger la acción cultural no oficializada como propuesta


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universal de la creación del arte y la cultura que hacen del país una nación selecta en el concierto de las naciones civilizadas. Reconocer y garantizar que la etnias y las culturas se desarrollen dentro de un marco de respeto, participación, inclusión y organización. Garantizar la libertad de culto y el respeto a todas las manifestaciones de la espiritualidad de los pueblos como componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores. Postulados Culturales: UNE tiene la Visión Intercultural de la sociedad Guatemalteca, que parte de la premisa de la UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, reconociendo el carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural de nuestra sociedad, necesitándose el reconocimiento recíproco de los valores e identidades culturales de los distintos pueblos que conforman el conglomerado guatemalteco, sin distingo de su historicidad y procedencia para que de ese reconocimiento emerja, se fortalezca y consolide la unidad nacional. Se aboga por el fomento y reafirmación de los valores culturales de la sociedad guatemalteca. Se afirma que todos los sectores de nuestra sociedad deben ejercer el derecho de acceder a toda forma de expresión cultural; tener libertad de participar en la vida social, para que, utilizando todos los medios posibles se respete y reivindique la identidad cultural de todos los guatemaltecos. Se reconoce la necesidad de planificar el rescate, preservación y restauración del patrimonio cultural guatemalteco. Debe propiciarse entre los guatemaltecos el conocimiento de las diversas culturas del país, para reafirmar nuestro orgullo por las milenarias raíces étnicas y culturales de la Nación. Cambio Nacional Manuel Conde Orellana, de la organización Cambio Nacional, en términos generales no se aparta mucho de los programas delineados por los demás aspirantes a la Presidencia, pero asegura que se debe dignificar a la persona mediante el desarrollo económico y que su propia trayectoria es garante de que cumplirá su plan de gobierno.


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Partido Unionista El expresidente Alvaro Arzú, quien gobernó como líder del Partido de Avanzada Nacional, optó por reorganizar a sus más leales seguidores en una nueva entidad: el Partido Unionista, el cual a su vez postuló al ingeniero Fritz García Gallont como candidato presidencial para la campaña del 2003. García Gallont desempeñó la cartera de Comunicaciones cuando gobernaba el PAN. Esa experiencia le permitió, al parecer, coordinar la elaboración de un plan de gobierno “para continuar el trabajo que hizo Arzú”. También prometió eliminar el impuesto conocido como IEMA, para revitalizar la caficultura y los productos no tradicionales. Fortalecer la educación figura entre sus prioridades, pero especialmente en el nivel preprimario y en las regiones bilingües. Mejorar las tablas salariales, para fortalecer el poder adquisitivo de la gente y generar 500 mil empleos. Democracia Social Participativa “La construcción de un Canal Seco” para enlazar los puertos del Atlántico con los del Pacífico”. Esa fue una de las propuestas económicas del candidato del partido Democracia Social Participativa, José Angel Lee Duarte, quien por segunda vez se postuló al amparo de un símbolo supuestamente abanderado de las corrientes socialdemócratas del país. Seguridad, empleo y atención a la cobertura de los servicio básicos para toda la población. En eso centra sus prioridades el candidato Lee. También habló de la posibilidad de revertir las privatizaciones de varias empresas estatales. Atacar las causas socioeconómicas que generan delincuencia y fortalecer las instituciones judiciales y policíacas. José Angel Lee se autonombró líder y caudillo de los ex patrulleros de autodefensa civil, y ofreció hacerles justicia en sus reclamos de compensación económica. Partido de Avanzada Nacional Leonel López Rodas, candidato por el Partido de Avanzada Nacional, PAN, fue quizá el más agresivo en cuanto a defender su plan de gobierno, enfocado esencialmente a la seguridad ciudadana y a la inversión pública para el desarrollo integral. Guerra abierta a las pandillas juveniles, cárceles de máxima seguridad, y tres mil millones de quetzales para invertir en


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vivienda popular, en créditos blandos para los pobres, en infraestructura para el turismo, en la caficultura y diversificación de cultivos... y no descartó los incrementos salariales sustentados en la productividad. Subrayó que su experiencia en la administración pública y su determinación eran garantía para echar a andar sus programas, con el apoyo de gente calificada. En el tema de la educación, López Rodas considera indispensable que desde la escuela primaria los estudiantes reciban capacitación en oficios prácticos. Puntualizó en que los 30 mil millones del presupuesto nacional son suficientes para realizar un buen programa de gobierno. Un pacto de gobernabilidad para no excluir a ningún sector es considerado como prioridad para el candidato del PAN. Desarrollo Integral Auténtico (DIA) Eduardo Suger Cofiño, quien fuera postulado por el partido Desarrollo Integral Auténtico, DIA, con el apoyo de la dirigencia del Partido Libertador Progresista, centró su campaña y su plan de gobierno en el desarrollo tecnológico del país como vía hacia el desarrollo sostenido. Más de 6,500 comunidades serían interconectadas por una red que permitiría ofrecer educación a distancia, telemedicina, apoyo a maestros y agricultores, etc. La reestructuración del Organismo Ejecutivo, mediante la creación de secretarías que coordinen a varios ministerios relacionados con una misma actividad, haría un Estado más eficiente. Descentralización, desarrollo humano, un Canal Seco y estímulo a las inversiones, manejo sustentable de los recursos naturales, cumplimiento de los Acuerdos de Paz para la reconciliación y los compromisos de Estado... En eso se concentra el esfuerzo que Suger está dispuesto a hacer para demostrar que su plan de gobierno es viable y exitoso. Todo lo anterior demuestra que la problemática de fondo respecto a los pueblos indígenas no parece haber sido tratada en las propuestas de los candidatos. Tampoco la realidad multicultural y étnica del país parecieron ser los temas más estudiados y, aunque merecieron algunas menciones, es evidente que no ocuparon los primeros puestos de las prioridades políticas ni de los planes de gobierno. Quizá lo superficial fue lo más notorio: el pago de la compensación a los ex patrulleros civiles y la entrega de fertilizantes a bajo precio. El tema de la tierra no mereció propuestas concretas.


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FOROS Y DEBATES POLÍTICOS DEBATE PRESIDENCIAL El lunes 15 de diciembre —en horas de la tarde— se llevó a cabo en el salón de convenciones del Gran Tikal Futura Hotel lo que al principio fue considerado como el ejercicio democrático más importante de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, el foro-debate entre los candidatos: Oscar Berger de la denominada Gran Alianza Nacional (GANA) y Alvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, las Universidades de San Carlos, Rafael Landívar y Mariano Gálvez, así como Prensa Libre y el canal Guatevisión. Por su importancia la actividad también fue transmitida en directo por la cadena de Emisoras Unidas y varias empresas de la red de cable. La amplia convocatoria de público y cobertura noticiosa generó demasiadas expectativas. Ambos contendientes habrían de enfrentarse cara a cara para exponer sus criterios e ideas sobre los problemas nacionales. Los dos finalistas llegaron, cada uno, acompañados de sus candidatos vicepresidenciales y sus particulares barras de seguidores que al no saber guardar la suficiente compostura, una vez iniciado el debate, se dejaron llevar por un desborde de pasiones que empañó el impulso a un proceso de discusión y diálogo abierto. Los temas enfocados de manera general fueron : educación, seguridad ciudadana, economía, política fiscal, finanzas y corrupción. Al final, ninguno de los dos actores políticos llenó las expectativas creadas en la opinión pública, ya que ambos hablaron de generalidades sin llegar al planteamiento de propuestas concretas sobre los más ingentes problemas nacionales. Una buena parte del público no fue respetuoso y su actuación dejó mucho que desear en materia de cultura democrática. Sobre la temática de pueblos indígenas la GANA prometió “el impulso de un Estado transparente, incluyente y menos racista”. Sobre el tema de la Paz, “asumir todos los acuerdos de paz, en especial el de identidad y pueblos indígenas para combatir “la discriminación, la exclusión y el racismo”.


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Por su parte la UNE adquirió el compromiso de actuar “con madurez política para lograr un diálogo constructivo que permita la concertación de una agenda para un gobierno incluyente”. Colom, particularmente, manifestó su desinterés por el tema de los Acuerdos de Paz, tras considerar que fueron rechazados por la población durante la Consulta Popular. A cambio propuso establecer una agenda de pacto social . Conclusiones del debate: El tema indígena no fue prioridad para ninguno de los dos candidatos participantes y se aludió en medio de generalidades. Evidente fue la poca capacidad de diálogo, de tolerancia y de respeto a las diferencias. Son condenables los insultos, abucheos y agresiones verbales de buena parte del público asistente hacia ambos candidatos. No se escucharon propuestas concretas y planes de gobierno. El público, particularmente seguidores de ambos candidatos, tuvo un comportamiento inadecuado. Pese a que en reiteradas ocasiones ambos candidatos manifestaron su preocupación por la temática indígena, la inclusión fue uno de los temas que brilló por su ausencia en el foro programado, lo cual quedó registrado en opinión de la dirigente maya, Rosalina Tuyuc, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), cuando al salir del evento expresó que, “no hubo compromisos para penalizar el racismo, ni se escuchó una propuesta para las mujeres”. DEBATE SOBRE INTERCULTURALIDAD Y POLÍTICA El jueves 28 de septiembre en el marco del proceso de elecciones generales 2003, el diario Prensa Libre, el más influyente del país, en coordinación con las universidades Rafael Landívar, Mariano Gálvez, San


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Carlos y Francisco Marroquín, organizó en el hotel Villa Real de la ciudad de Quetzaltenango, un foro-debate sobre Interculturalidad y Política para abordar la perspectiva y la dimensión de las relaciones interétnicas entre la sociedad y el Estado de Guatemala. En esta actividad donde el debate tuvo un lugar preponderante participaron como panelistas: Roberto Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos; Eulalia Camposeco, de la Fundación de Periodismo para el Desarrollo; Manuel Salazar Tezahuic, coordinador del Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación Maya-Unesco y Estuardo Zapeta de la Universidad Francisco Marroquín. Como moderador actuó Alvaro Pop del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA). A lo largo de este escenario político iniciado a las 18:00 horas, los panelistas matizaron con sus comentarios y particulares puntos de vista temas como racismo, discriminación, interculturalidad, democracia, políticas públicas, derecho consuetudinario, reformas electorales, reforma educativa, economía de mercado y acuerdos de paz. El evento fue considerado como exitoso en términos de asistencia de público y generación de propuestas. Como conclusiones finales el moderador hizo una síntesis de lo expuesto resaltando lo siguiente: —Para hacer funcionar la democracia se necesita construir ciudadanía. —Es necesario que los guatemaltecos de todas las etnias se conozcan más, incluido el conocimiento de las propias diferencias y cercanías. —Se hace imprescindible rescatar una agenda nacional básica con base en los Acuerdos de Paz. —Es preciso reducir el poder de Estado y aumentar el de la nación. —Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, mediante un proceso de consulta a nivel nacional, con implicación de todos los grupos. —Reconocer las diferencias culturales, pero construir la nación en función de las similitudes. —Que las políticas públicas deben ser extendidas a los pueblos indígenas y que las mismas deben avanzar y nunca retroceder en los principios alcanzados.


Foto cortesía Prensa Libre.

Una perspectiva del foro-debate “Interculturalidad y Política, una nación para todos” realizado en la ciudad de Quetzaltenango, el jueves 28 de septiembre del 2003.

Debate político en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. (Foto de José Luis Tigüilá).


Cap铆tulo VII Participaci贸n de la mujer en el proceso electoral


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Participación de la mujer en el proceso electoral En Guatemala, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, se fortalece el proceso de dimensiones estratégicas para tratar los temas de género y hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Un momento importante porque oficialmente se reconoce la situación de vulnerabilidad socioeconómica y política en que viven las mujeres indígenas; y se plantea el compromiso del gobierno de implementar acciones para superar todas las formas de exclusión y de discriminación ejercida contra ellas. En ese contexto se ha hecho evidente el desarrollo de la capacidad de liderazgo de las mujeres (particularmente al integrar las Comisiones Paritarias de representación nacional y regional de los pueblos indígenas; y liderando procesos políticos ante el Congreso de la República, tal el caso de la ex diputada Rosalina Tuyuc); igual contribución han tenido otras mujeres para tener acceso a la toma de decisiones y participar en igualdad de oportunidades tanto en las estructuras públicas como en el ámbito de procesos que involucran a toda la ciudadanía. En las recién pasadas elecciones generales, la II Misión Indígena de Observación Electoral se constituyó en uno de esos espacios de participación y expresión en materia indígena en que las mujeres mayas ocuparon un lugar de primer orden, operativizando una acción conjunta electoral que amplió el ejercicio de sus derechos. Hicieron mayoría. De las 13 personas que integraron el Consejo Consultivo de la Misión, 9 eran mujeres mayas. Y de un total de 54 observadores, 30 fueron mujeres, 26 indígenas y 4 ladinas. Este ejercicio permitió la interrelación y el intercambio de ideas y opiniones entre mujeres mayas y ladinas de distintas regiones y grupos etnolingüísticos del mosaico social guatemalteco. Con la diversidad de experiencias, sus capacidades y su riqueza multicultural, no sólo humanizaron sino también matizaron la operación de observación electoral desde un enfoque multiétnico. La presencia de distintas mujeres indígenas reunidas en un espacio para la discusión y el análisis político cada vez es más indispensable en un país


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como Guatemala. Lo es la incidencia en los medios de comunicación social, donde las voces de mujeres se alzaron para expresar su compromiso con la democracia, aportando su expertis multidisciplinario, político y sus valores étnicos a un proceso transparente de elecciones generales. Tanto para periodistas como para los receptores de los instrumentos mediáticos la presencia femenina de la Misión tuvo un fuerte impacto que no dejó de extrañar a los habitantes citadinos. De alguna manera este hecho contribuyó a romper paradigmas y prejuicios de una sociedad que se resiste a aceptar el protagonismo y capacidad de las mujeres indígenas. Como se sabe, en el reciente proceso eleccionario fue evidente la alta participación ciudadana indígena con su fuerte sentido de identidad cultural. Obviamente, esta participación debe verse como una señal importante sobre el tema de pueblos indígenas en la sociedad política guatemalteca. La Misión también ha registrado una valoración muy positiva de la masiva participación de mujeres jóvenes y adultas indígenas que convirtieron el proceso en una verdadera fiesta cívica al salir y desplazarse hacia los centros de votación para emitir el sufragio del voto y contribuir a hacer valer sus derechos como ciudadanas.

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1. Las mujeres mayas jugaron un papel importante en 30/12/03 el espacio de la Misión. 2. En otra reunión de trabajo, Marta Zapeta, Irmalicia Velásquez, Eulalia Camposeco, Medarda Castro y Alvaro Pop. Al fondo Piedad Vargas, observadora. (Foto Francisco Guzmán). 29/09/03

3. Mujeres mayas y ladinas que formaron parte del contingente de verificación de la MIOE. (Foto de Francisco Guzmán). 04/11/03

4. La mujer garífuna también participó en la II Misión. (Foto M. R.) 10/10/03

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Cap铆tulo VII Participaci贸n de la mujer en el proceso electoral


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Demandas indígenas Al hacer un balance del proceso eleccionario de 2003, es importante recordar que es esta la segunda ocasión en que Guatemala celebra elecciones libres y transparentes, por voluntad popular, luego de finalizado el conflicto armado interno, lo cual, aún con debilidades no superadas, contribuye al fortalecimiento de la democracia como sistema político. En todo ello ha sido importante el papel que en estos dos últimos procesos eleccionarios han jugado la sociedad civil y el movimiento maya al desplegar importantes campañas de promoción al voto y al ejercer algún tipo de presión sobre los candidatos locales, regionales y presidenciales para que dieran a conocer sus planes de gobierno y sus programas de trabajo. Sin embargo, cabe resaltar que los debates y análisis sobre los derechos del pueblo maya se han venido generando a través de un proceso dinámico desde hace varias décadas. Este accionar ha tenido diversos espacios y escenarios que a la larga han generado insumos valiosos para el planteamiento de demandas específicas e históricas. En ese marco de participación política indígena, cabe resaltar el Encuentro Nacional celebrado el 30 y 31 de mayo (Wajxaq’ib’ kej y belejeb’ q’anil) en la ancestral ciudad maya de Iximché, Tecpán, Chimaltenango; la marcha indígena Waqqib’ Kej, realizada el 26 de noviembre, y el foro organizado por el Consejo Nacional de Ancianos Mayas de la Fundación Kakulhaa, realizado el 26 de noviembre en la ciudad capital, entre muchas otras acciones emprendidas. En Iximché, representantes de 32 organizaciones de 18 comunidades lingüísticas de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, se reunieron con delegados indígenas de 14 partidos políticos y 6 comités cívicos con el


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objetivo de generar un proceso de análisis, reflexión y debate para propiciar la participación política de los pueblos indígenas en el escenario titulado: “La participación política de los pueblos indígenas en los partidos políticos y comités cívicos”. Luego de dos días de discusión y análisis, los participantes concluyeron en las siguientes recomendaciones: Identificar desde el consenso las prioridades de los pueblos indígenas para garantizar su participación política, sin exclusiones. Promover, a través de la voluntad y compromiso de los líderes políticos indígenas, la práctica de nuestra cosmovisión como pueblos indígenas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, particularmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Exhortar a los ciudadanos de origen maya, xinca y garífuna que sean propuestos a cargos de elección popular, a realizar una participación política con identidad e incidencia a favor de los pueblos indígenas para impulsar el desarrollo equitativo del país. Hacer un llamado a los partidos políticos y comités cívicos a democratizarse, particularmente en lo interno, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de representantes de los pueblos indígenas, de la mujer y de la juventud guatemalteca en espacios de toma de decisión a todo nivel. Al Estado guatemalteco, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades y a los medios de comunicación demandamos implementar programas de capacitación y formación política de la población en general, a fin de fortalecer el sistema democrático y rescatar la dignidad del Estado guatemalteco en beneficio de la nación pluricultural, multilingüe y multiétnica. A los partidos políticos exigimos valorar y tomar en cuenta el capital humano indígena con experiencia de participación política y dar prioridad en su programa de gobierno nacional y municipal a los compromisos pendientes en los Acuerdos de Paz, en particular, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la O.I.T. y la normativa internacional relativa a los derechos de los pueblos indígenas.


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A las ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos sugerimos empadronarse y emitir un voto consciente y responsable en las próximas elecciones. Valoramos el acompañamiento de la comunidad internacional al proceso de participación política de los pueblos indígenas. Instituciones signatarias: Escenario Cívico Político de Unidad Maya (EPUM), Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), Defensoría Maya, Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo –Naleb’–, Comité Cívico El Barrilete de San Pedro Almolonga, Comité Cívico Runujel Tinamit de San Francisco La Unión, Comité Cívico Ak’aj B’e de Cabricán, Quetzaltenango, Comité Cívico Xel-jú de Quetzaltenango y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Iximché, Belejeb’ Q’anil, 31 de mayo del año 2003. MARCHA INDÍGENA WAQQIB’ KEJ (Demandas y Propuestas Indígenas de los Pueblos: Maya, Garífuna y Xinca). Otro espacio que permitió canalizar demandas y propuestas de los pueblos indígenas maya, garífuna y xinca, fue la masiva movilización campesina, promovida por la Coordinadora de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG) denominada: Waqib’kej, efectuada el 26 de noviembre. A través de esta marcha las diferentes organizaciones plantearon lineamientos y estrategias para el próximo gobierno 20042008, mismas que fueron entregadas a los candidatos presidenciales Oscar Berger Perdomo y Alvaro Colom Caballeros. El documento fue depositado, en primer término, en la presidencia del Congreso Nacional y posteriormente suscrito por Colom y Berger, ambos candidatos presidenciales, tras concluir la marcha que recorrió distintas calles y avenidas de la capital. El documento síntesis que contenía lineamientos de políticas y estrategias de los pueblos indígenas para el próximo gobierno 2004-2008 es el siguiente:


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AGENDA PARA EL DESARROLLO CULTURAL • Que el Ministerio de Educación impulse una campaña nacional de difusión del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. • Presupuesto para erradicar el racismo y la discriminación contra pueblos indígenas, a través del Ministerio de Educación y Cultura. • Educación Maya Multicultural, Intercultural y Bilingüe. Aumentar presupuesto a Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI). • Calidad de Educación con pertinencia cultural, para los pueblos indígenas. • Asignar porcentaje proporcional de presupuesto de MINEDUC a la educación del pueblo Maya. • Asignar el 2% del PIB del turismo internacional a las instituciones que velan por Educación de pueblos indígenas. • Impulsar campaña educativa y sensibilización sobre los efectos negativos que provocan el racismo y discriminación. • Que la formación profesional del derecho y operadores de justicia, tome en cuenta la teoría, filosofía y cosmovisión mayas. • Cumplir con lo establecido en la reforma educativa. • Reconocer la figura de las escuelas comunitarias. • Que la educación Maya sea reconocida como política pública. • Reconocer al Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM), como ente rector de la Educación Maya. • Declarar asueto nacional el día sagrado Waxaq’ib’ Batz’. • Potencializar riquezas culturales guatemaltecas. • Viabilizar y socializar las propuestas de Comisiones Paritarias.


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• Fomento y difusión de espiritualidad maya. • Impulso de la alfabetización bilingüe. • Restauración Organizacional del CONALFA. • Combatir el analfabetismo en las mujeres mayas. • Uso, acceso y administración de templos y lugares sagrados por los pueblos mayas. AGENDA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO • Que los ministerios de Educación, Salud, Ambiente, Agricultura y Comunicación, presupuesten actividades para poner en vigencia la Ley de Servicio Cívico Nacional. • Incorporar el uso de la medicina maya al sistema de salud publica. • Seguridad jurídica de tierras comunales y recursos naturales del pueblo maya. • Fomentar políticas de producción y comercialización del Pueblo Maya. • Proporcionar apoyo técnico y financiero, a pequeños productores. • Retomar planteamientos del pacto fiscal. • Ampliar la cobertura física, personal médico y paramédico en todo el país. • Garantizar cobertura y eficiencia de servicios públicos al Pueblo Maya. • Creación de becas en todos los niveles escolares para el Pueblo Maya. • Garantizar todos los recursos orientados al desarrollo integral de las mujeres mayas en el Presupuesto Nacional. • Descentralización administrativa y financiera de la alfabetización. • Garantizar el acceso de servicios de salud a las mujeres indígenas, eficiente y culturalmente adecuada.


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• Reforma agraria integral. • Plan de atención social de las crisis del café y conflictividad agraria. • Retomar los Acuerdos de Paz. • Hacer suya la Agenda Nacional de Desarrollo Humano 2003, elaborado por el PNUD. • Ministerio de trabajo cumpla con la tutelaridad hacia los trabajadores, vigilar y garantizar el pago del salario mínimo en el campo. • No al ingreso a productos transgénicos, proteger semillas criollas, impulsar proyectos de producción sin dañar la naturaleza, acceder predio en usufructo para instalación de escuelas de formación campesina. • Fondo de tierra: regularización de tierras, condonación y renegociación de deudas y resolución de conflictos. • CONTIERRA: resolución de conflictos enumerados en el planteamientos de CONIC. • Concesión y facilitar medios de comunicación a los Pueblos Indígenas. • Acceso, seguridad y formulación de nuevas formas de Administración de Recursos naturales, tierra y territorio del Pueblo Maya. • Desarrollo en equidad y armonía de acuerdo a la visión y cosmovisión de los pueblos indígenas. • Revisar y reconvertir recursos para la compra y distribución de fertilizantes químicos para producción orgánica. • Generar un mecanismo de relación comercial entre pueblos indígenas de nuestra América, sin fronteras. • Tomar en cuenta la posición del pueblo maya e indígena ante el PPP, TLC y ALCA.


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• Recursos financieros a entidades indígenas, en el marco de la descentralización y desconcentración de recursos. • Redistribución del presupuesto nacional con criterios étnicos y lingüísticos. • Garantizar y diseñar soberanía alimentaría nacional. • Incorporar al programa nacional de resarcimiento del gobierno, el programa de resarcimiento presentado por la Coordinadora de Organizaciones para el Resarcimiento del Pueblo Maya. • Aumentar el presupuesto de resarcimiento de trescientos a mil millones de quetzales. • Ampliar el plazo de 11 a 36 años de resarcimiento. • Divulgar en idiomas mayas el contenido y procedimiento del programa de resarcimiento. AGENDA LEGISLATIVA: • Aprobar Ley de Acoso Sexual, con énfasis en mujeres indígenas. • Institucionalizar la Secretaria para el desarrollo de la juventud y consejo nacional de la juventud. • Aprobar Presupuesto Nacional para erradicación de la extrema pobreza a pueblos indígenas. • Discusión previa a la aprobación de la Ley sobre Pueblos Indígenas. • A Diputados indígenas apertura, responsabilidad y compromisos para defender intereses de pueblos indígenas. • Reformar la Ley de Educación Nacional. • Desarrollar agenda legislativa acorde al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.


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• Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (convertirlas a comunidades lingüísticas en distritos electorales) y reconozca el sistema político de los pueblos mayas. • Aprobación de la iniciativa de Ley Radiofónica Comunitaria ingresada al Congreso en febrero de 2003. • Suspensión de todas las subastas de frecuencias radiofónicas. • Consolidar acciones y asignar presupuesto de funcionamiento a la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación. • Reforma a la Ley que tipifica como delito la discriminación racial. • Poner en marcha la ley de Oficialización de idiomas. • Aumentar el presupuesto de la Academia de Lenguas Mayas. • Aplicar la reforma educativa que garantice la visión y cosmovisión del Pueblo Maya. • Reconocer jurídica y constitucionalmente el Derecho Maya. • Reformar la Ley del Organismo Judicial e implementar el pluralismo jurídico. • Reformar el Acuerdo Gubernativo de la Comisión Nacional de Resarcimiento. • Reforma a Ley General de Telecomunicaciones. • Asignar Presupuesto a Entes del Consulta del Pueblo Maya. • Reforma a al Ley de Alfabetización. • Reformas al Código de Trabajo. • Reestructuración y auditoría al Fondo de Tierras. • Consulta Nacional de la Ley de Nacionalidades Indígenas. • Aprobación de expropiación de tierras


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· Aprobación de Ley de Registro de Información Catastral. • Aprobación de Ley del Impuesto de Tierras Ociosas. • Aprobación de Ley del Código Agrario. • Aprobación del Impuesto Nacional de Egresos 2004 de 99 millones de quetzales; para atender 231 comunidades de CONIC. • 928 millones de quetzales solicitadas por Plataforma Agraria. • 17,485 viviendas de un total de 263 millones de quetzales. • Expropiar 78 fincas para beneficiar a 5,114 familias. • Reformar al Sistema Jurídico en enfoque pluricultural. • Aprobar la Ley para el Resarcimiento. AGENDA AMBIENTAL: • Desarrollar política ambiental, que mantenga su sistema ecológico y ambiental. • Destinar recursos para prevenir desastres naturales y ambientales. • No concesionar con empresas transnacionales que determinen nuestro medio ambiente. • Reconocer y fortalecer el manejo ancestral de los recursos naturales del Pueblo Maya. • Que los Ministerios de Ambiente y Agricultura presupuesten la reforestación de los territorios afectados por el conflicto armando interno. AGENDA PARA EL DESARROLLO POLÍTICO: • Participación política de pueblos indígenas, a todo nivel de la administración, seleccionado por currículo. • Garantizar la participación de las mujeres indígenas en todos los procesos.


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• Incremento de presupuesto a instituciones que atienden a los pueblos. • Reconocimiento e institucionalidad indígena comunitaria con principios, valores y prácticas propias. • Consulta y participación de pueblos indígenas (institucionalizar cumplimiento del convenio 169, artículos 6 y 7). • Fortalecer el trabajo del ente de consulta de pueblo maya. • Hacer efectiva la participación con decisión de pueblos indígenas en consejo de desarrollo. • Creación de instituciones para el avance de la construcción del Estado pluricultural y plurilingüe. • Implementar plan nacional de resarcimiento de las víctimas y sociedad afectada por el conflicto armado interno. • Respetar la participación y libre expresión de las niñas, niños y adolescentes con representación maya, garífuna y xinca. Planteamos el procedimiento en toma de decisión comunitario, municipal, regional y nacional. • Impulsar política de carácter multiétnico para la juventud y niñez. • Combatir la corrupción, impunidad e investigación de crímenes de genocidio. • Convocar Diálogo Nacional para retomar agenda de paz y fortalecer su institucionalidad . • Defensa y cumplimiento de tratados y convenios internacionales en materia indígena, mujeres, niños, jóvenes, con participación de los pueblos indígenas. • Fortalecimiento institucional y autonomía política de organizaciones indígenas: FODIGUA, CNEM, DIGEBI, ALMG, DEMI, Defensoría Indígena de la PDH, Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación.


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• Realizar un censo nacional de la Paz. • Crear el instituto para la planificación del desarrollo Maya. • Transparentar el gasto público e inversión social. • Crear ente o mecanismo de auditoría social. • Libre determinación de los pueblos, garantizar nuestra autonomía y reconocer nuestros territorios. • Reconocimiento de Asamblea de Representantes del Pueblo Maya. • Asignación del presupuesto estatal, para facilitar la alfabetización bilingüe. • Una formación con enfoque intercultural y de genero del recurso humano en la Administración Pública. • Institucionalización de la participación de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones. • Acceso a función pública de los Pueblos Indígenas. • Consulta a los Pueblos Indígenas, a través de instancias institucionalizadas. ORGANISMO JUDICIAL: • Coordinación, interacción y aplicación del sistema jurídico maya y el sistema de justicia estatal. • Suspender ordenes de desalojo y de captura a dirigentes de Pueblos Indígenas. • Iniciar juicio contra la empresa Fuentes del Norte la cual mató a cinco miembros del CONIC. • Investigar y esclarecer el secuestro de 2 miembros de CONIC. • Reconocimiento y aplicación del Derecho Indígena en coordinación con el Organismo Judicial.


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• Implementación y aplicación del Convenio 169 de la OIT. •

Suspender demanda, antejuicios y hostigamiento, contra radios comunitarias y sus líderes.

AGENDA INTERNACIONAL • Reconocer la jurisdicción del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas. • Coherencia en apoyar planteamientos y proyectos de reconocimientos a Pueblos Indígenas de Guatemala y del mundo. • Construir la unidad del Pueblo Maya en el Ministerio de Relaciones Exteriores. • Compromisos en el Marco del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas. • Proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas —ONU—. • Convenio sobre Diversidad Biológica, artículo 8, inciso j sobre Derecho a la Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas, entre otros. CONCLUSIONES. Las expresiones mayas organizadas hemos desarrollado la presente Marcha Nacional Indígena Waqib’ Kej, que marca nuestro calendario maya Cholq’ij, para elevar nuestra voz, dignidad y participación en la conducción de los destinos de la nación guatemalteca. Por lo tanto, el futuro gobierno del 2004 al 2008 debe gobernar con la participación y consulta real, efectiva y genuina de los pueblos indígenas. Porque la exclusión, la discriminación y el racismo institucional y legal deben terminar como condición para la construcción de la gobernabilidad del país, siendo esta una de las bases para la construcción del Estado democrático, incluyente, con carácter funcional y efectivo en lo multicultural, multiétnico y plurilingüe. Si el próximo gobierno dirigido por cualquiera de los partidos UNE o


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GANA, quienes están en la segunda vuelta de actual contienda electoral, asumen como política de Estado la eliminación de la exclusión y del centralismo monoétnico y monocultural en la conducción de los asuntos, servicios públicos y el manejo del presupuesto nacional, deben dar paso a la integración de un gabinete de gobierno intercultural por lo tanto multiétnico y plurilingüe. Guatemala, sólo de esta forma, dará un salto democrático en la conformación y ejercicio del gobierno para los cuatro pueblos que conforman el país. El relator Especial de las Naciones Unidas en materia de Derecho de los Pueblos Indígenas, en su último informe, tipifica cuatro tipos de exclusión y discriminación: la interpersonal, la social, la estructural y la legal que sufrimos los pueblos Maya, Garífuna y Xinca en Guatemala, estos son factores que frenan el desarrollo económico, político y cultural del país, por lo que deben ser combatidos con políticas, medidas legales e institucionales sólidas por el nuevo gobierno, con participación de indígenas y ladinos consecuentes. A partir de nuestras diversa demandas , hemos hecho propuestas de ley que a su vez se derivan de los Acuerdos de Paz, las cuales no han sido atendidas, por lo que demandamos a la próxima Asamblea Legislativa al igual que el próximo Ejecutivo, realizar los trámites para aprobarlas como nuevas leyes nacionales y dar cumplimiento especialmente a los compromisos del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el desarrollo del Artículo 70 Constitucional. Las demandas programadas de las organizaciones y comunidades mayas, garífunas y xinkas no deben ser recibidas y tratadas con politiquería oportunista y paternalista, sino con responsabilidad, asignándoles presupuesto y ejecutados a través de las instituciones propias, coordinadas y monitoreadas por el ente de interlocución con el gobierno que se constituye desde la presente Marcha y Concentración Nacional Indígena, hoy ante el día WAQIB’ KEJ. Las instituciones y programas actuales con enfoque multicultural dentro de la estructura de la administración publica, que son resultados de los Acuerdos de Paz y de la lucha de los pueblos indígenas, deben


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ser fortalecidas con recursos financieros suficientes y sin fines políticos partidarios o sectarios. Es más, que los mismos sean ampliados en otros ámbitos ministeriales y otros niveles con la debida consulta a las organizaciones y comunidades mayas. Los pueblos indígenas seguiremos haciendo votos por la Guatemala del futuro, por la democracia política como sistema, por el estado de Derecho y por la transformación de la pobreza al desarrollo integral y pluralista de nuestros pueblos. Sí, seguiremos haciendo votos por la justicia social, por el desarrollo con identidad cultural y nacional, pero esto será posible con un gobierno visionario, capaz y eminentemente incluyente, por lo tanto, sólidamente representativo de los cuatro pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Ladino a nivel nacional como internacional. La comunidad internacional tiene mayor apertura al país, por lo que los pueblos indígenas solicitamos su solidaridad, apoyo moral y político al proceso de desarrollo de nuestros pueblos, en el marco del respeto y mutua cooperación. SEGUIMIENTO La Coordinadora Intermaya es un proceso que se inició desde hace años, y que en la actualidad le estamos dando seguimiento como una nueva etapa para la construcción de la representación indígena a todo nivel. Y para los efectos de la presente movilización, el espacio de coordinación entre las expresiones organizadas debe ser el espacio y canal de consulta e interlocución de las respectivas demandas programáticas, con la amplitud de que está abierta a quienes no se han integrado en la presente, garantizando que este es producto de los consensos internos. La interlocución y consulta de los pueblos indígenas con el nuevo gobierno Legislativo, sólo serán efectivas si se establecen en el más alto nivel de las organizaciones y el gobierno. Esto debe ser garantizado desde ahora a través de los canales que estamos propiciando.


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Como seguimiento efectivo y operativo del proceso de participación y consulta, nos constituimos en un espacio garante del monitoreo de la implementación de las políticas demandadas, constituyéndonos en un ente indígena político y ejecutivo reconocido por el nuevo gobierno. Establecer un plan de seguimiento, con su cronograma, recursos técnicos y financieros que deben ser incluidos en el plan de gobierno 2004 y 2008, para garantizar no sólo la ejecución sino también la transparencia como esencia de una nueva forma de gobernar el país. Finalmente, solicitamos reuniones de trabajo de alto nivel, con una calendarización y agenda especifica a un mes después de haber asumido el poder, para lo cual necesitamos una respuesta concreta con la Comisión Política de la Marcha Nacional Indígena WAQIB’ KEJ. ... juntamos nuestras palabras y unimos nuestros pensamientos... por la dignidad y participación con decisión de nuestros pueblos. Iximulew Waqib’Kej, Guatemala 26 de noviembre de 2003. —Este documento fue entregado el 26/ 11/2003 al entonces candidato presidencial Oscar Berger Perdomo (electo Presidente Constitucional de la República el 28/ 12/2003).


CapĂ­tulo IX Declaraciones


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Primera Declaración Guatemala, 9 de Nov. de 2003 • Con el propósito de fortalecer la democracia y aportar en la dinámica del sistema electoral guatemalteco desde una perspectiva indígena, se instala la II Misión Indígena de Observación Electoral. Se integra con un cuerpo directivo de dirigentes indígenas que encabezan un equipo de observadores electorales nacionales diseminados en todo el territorio del país y acompañados por las organizaciones: Asociación de Mujeres Mayas MOLOJ, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA, el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala COMG y el Organismo Indígena NALEB’ Esta Misión se ha planteado la tarea de observar el ejercicio ciudadano de los guatemaltecos, especialmente indígenas, durante los comicios del 9 de noviembre, analizar los planteamientos que los partidos políticos y comités cívicos hacen ante las necesidades específicas que tienen las poblaciones indígenas que constituyen el 42% del total nacional, y evaluar el ambiente y contexto en el que estas elecciones se desarrollan. •• Luego de avanzar en la primera parte de su tarea, previo al día de las Elecciones Generales, esta Misión presenta las siguientes observaciones: 185.—Reconoce que en los últimos años se ha venido desarrollando un esfuerzo creciente de participación política de la población indígena en los escenarios locales, en menos medida en los regionales y con mucha dificultad en los nacionales. Esto ha sido favorecido por la lucha incesante de organizaciones, comunidades y dirigentes indígenas. A pesar de ser las


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víctimas más numerosas de la guerra, de vivir bajo mecanismos de explotación económica, de tener fuertes limitaciones a la educación superior y casi nulas posibilidades de educación básica y cívica, miembros de las poblaciones indígenas han logrado insertarse en la vida política nacional e ir abriendo espacios importantes. Valora la participación del indígena en diferentes puestos de elección popular y los grandes esfuerzos que se hacen por darle contenido a la democracia a partir de su involucramiento consciente y dinámico en las actuales elecciones 2003. Esta participación, como elector y como candidato, ha obligado a los partidos políticos a desplegar comunicaciones en algunos idiomas indígenas en el interior del país. En este sentido, aprecia las acciones que algunos medios de comunicación han desarrollado en la línea de trasladar una información de manera bilingüe. El proceso electoral se encuentra estancado en su reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en su territorio. Este evento electoral se rige bajo una Ley Electoral y de Partidos Políticos que ha asumido al país como culturalmente homogéneo, desconoce la realidad multilingüe de la sociedad guatemalteca y obvia la existencia de sistemas comunitarios de organización política. En este sentido, esta Misión reconoce el poco avance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente del Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, particularmente en lo relativo a la participación política y el necesario engarce que debería tener con el cumplimiento del Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejercito en una sociedad democrática. Persiste la discriminación hacia los pueblos indígenas y hacia su cultura. Dentro de este marco, se ha observado el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Congreso de la República. Esto ha generado la existencia de una Guatemala diferente, con profundas aspiraciones hacia el desarrollo y la paz, pero con serias dificultades para ser reconocida y participante de la construcción de la agenda nacional. Las propuestas de los partidos políticos que mencionan la temática de relaciones interétnicas, lo siguen haciendo desde una perspectiva segregacionista o asimilacionista, ambas no permiten la posibilidad del reconocimiento multicultural y las construcciones nacionales plurales.


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No hay cambios significativos en el rol de los partidos políticos y en su capacidad de recoger las necesidades de la población y convertirlas en propuestas de acción hacia una sociedad más ecuánime y pluralista. El presente ejercicio electoral demuestra el agotamiento del sistema político guatemalteco. El manejo oportunista y superficial de las necesidades históricas y estructurales de la población, el mercadeo simplista y publicitario de los candidatos; la manipulación del transporte; la inexistencia de información para las poblaciones multilingües del interior del país y de las zonas rurales; la alteración de documentos legales; el manipuleo de la legislación y la institucionalidad del país con fines particulares; la falta de educación cívica; y la inexistencia de proyectos de largo plazo así lo demuestran. ••• La II Misión Indígena de Observación Electoral plantea su preocupación y su condena ante los siguientes hechos: Él ataque a la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nóbel de la Paz y reconocida dirigente indígena en el ámbito mundial, que refleja la intolerancia de ciertos grupos políticos ante la actoría de los pueblos indígenas y la desvalorización de los mismos. El secuestro de los periodistas nacionales ejecutado por grupos paramilitares en Huehuetenango, que demuestra el nivel de violencia y de enfrentamiento en el que aún se manejan ciertos sectores políticos del país. Él ataque a la espiritualidad maya y a sus guías, por parte de grupos religiosos que se asumen portadores de verdades absolutas. Estas actitudes riñen con el discurso de paz y reconciliación y no favorecen la construcción de una nación pluralista. La débil investigación sobre el asesinato de sacerdotes mayas realizados en los inicios de proceso de campaña electoral a finales del año 2002. El enfrentamiento y la violencia que ciertos dirigentes de partidos políticos motivan en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango, entre otros.


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•••• Finalmente, este esfuerzo ciudadano realizado por dirigentes y organizaciones indígenas aprecia y agradece el apoyo recibido por parte del Tribunal Supremo Electoral, del cual reconocemos su preocupación y dedicación por realizar un evento transparente y exitoso; de los medios de comunicación; de comunidades indígenas; de grupos de la sociedad civil; de diferentes instancias de cooperación internacional; de la Misión de Observación Electoral, de la OEA y de personas particulares que han hecho posible la realización de esta tarea en el marco de la construcción de una nación plural y un sistema político más apegado a la realidad diversa del país. Invitamos a todos los guatemaltecos a participar del evento electoral del 9 de noviembre, de manera consciente, libre y a apoyar la realización exitosa y pacífica del mismo. Guatemala, ••• Q’anil, 7 de noviembre del 2003.

Miembros del Consejo Consultivo en reunión de trabajo, momentos antes de emitir la Primera Declaración Pública. (Foto de Francisco Guzmán). 08/11/03


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Segunda Declaración Guatemala, 15 de diciembre de 2003 • La Misión Indígena de Observación Electoral, con el propósito de sumarse a los esfuerzos de contribuir a un mejor desarrollo de las elecciones generales efectuadas el pasado 9 de noviembre y con el afán de garantizar no sólo la transparencia del sufragio sino el cumplimiento del Convenio 169 (Parte 1. Política General, Art. 1 – 12); y el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, ( No. IV Derechos Civiles, Políticos, Sociales y Económicos), impulsó una operación nacional de observación apartidaria, sustentada con un enfoque multiétnico y pluricultural en los 331 municipios diseminados en los 22 departamentos del país, de cuyo proceso hacemos la siguiente lectura: •• La Misión manifiesta una valoración muy positiva del sufragio efectuado el pasado 9 de noviembre, a partir de la masiva participación de la población ladina e indígena y de la alta afluencia a las urnas electorales como resultado de la amplia convocatoria de las instituciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, asociaciones de mujeres y la movilización de bases partidarias, lo cual contribuye a fortalecer el incipiente sistema democrático guatemalteco. Felicitación especial a las mujeres mayas que dieron un ejemplo de civismo y preocupación ciudadana. ••• Considera que los incidentes surgidos durante el proceso de las votaciones en algunos municipios como: Cuyotenango, Suchitepéquez; Quezada, Jutiapa; El Quetzal, San Marcos, y La Gomera, Escuintla, que desborda-


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ron aspectos operativos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que motivaron la realización de nuevos comicios, deben ser superados el próximo 28 de noviembre, cuando sea celebrada la segunda vuelta de elecciones presidenciales. •••• Hace pública su preocupación por las supuestas anomalías registradas en el caso de la no adjudicación del cargo a la candidata a diputada por el departamento de Quetzaltenango, Norma Quixtán, postulada por el partido Unión Democrática, y exige que el caso sea aclarado en toda su dimensión. _ La Misión denuncia que en muchas comunidades y pueblos, con fuerte presencia indígena, ubicados en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Sololá, Quiché y Huehuetenango, entre muchos otros casos, la falta de delegados electorales con dominio del idioma local impidió una orientación efectiva y causó desinformación y lentitud al proceso, pérdida de tiempo y tediosas colas de hombres y mujeres mayas, lo cual constituye una falta de respeto para los votantes cuya existencia debe ser valorada en su justa dimensión, por cuanto enriquece y potencializa nuestras diversas expresiones de participación política. • Que la conformación de las Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos en municipios de departamentos con mayoría de población indígena, como Quiché, San Marcos, Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango y Sololá, no fue de carácter plural, por cuanto en su integración hubo muy poca participación de hombres y mujeres indígenas. •• Que a pesar de la manipulación y el clientelismo que los partidos políticos ejercieron, aprovechándose de las necesidades de la población indígena, el ejercicio del sufragio refleja un nuevo fenómeno de reflexión ciudadana y participación cívica, demostrado en la magnitud de la participación y el voto cruzado.


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••• Que se hace impostergable que las organizaciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y otras organizaciones vinculadas al tema se interesen en exigir una reforma integral a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para asegurar la certeza jurídica y la transparencia de futuros procesos electorales. •••• La Misión expresa su simpatía con los indígenas mayas, garífunas y xincas que el miércoles 26 de noviembre efectuaron una movilización hacia la capital para presentar a los candidatos presidenciales que el próximo 28 de diciembre se disputarán la primera magistratura del país, Alvaro Colom (UNE) y Oscar Berger (GANA), un pliego de 133 peticiones que incluyen, entre otras demandas, reformas al sistema político guatemalteco, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, reconocimiento jurídico y constitucional del derecho maya, el fomento de políticas de producción agrícola y la aprobación del código agrario, por considerarlas justas y enmarcadas dentro de los derechos de los pueblos indígenas.

Reconoce el arduo y decisivo trabajo realizado por los diferentes medios de comunicación social, escritos, radiales y televisados, en su papel fundamental de orientadores de opinión pública y garantes de la libertad de expresión, desde muchos rincones del país. Especial mención a los esfuerzos de adaptarse a la realidad multicultural y multiétnica de nuestra sociedad. • La Misión Indígena también manifiesta su convicción de continuar aportando a la construcción de una democracia multiétnica, promovida a través de valores como la participación ciudadana de los pueblos y comunidades indígenas, el respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia, para ir eliminando el efecto nocivo de actitudes y visiones raciales excluyentes, tan profundamente arraigadas dentro del tejido político, social y cultural de Guatemala. •• La Misión hace un llamado a toda la población guatemalteca, particular-


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mente indígena, para hacer caso omiso de la cultura de la descalificación y el ninguneo; y a acudir nuevamente a las urnas el próximo domingo 28 de diciembre, por constituir ésta una oportunidad importante para una decisión de interés nacional. Guatemala, •• Kemé, 15 de diciembre del año 2003.

Los corresponsales extranjeros Pablo Palomo y Ulises Canales de las Agencias Notimex de México y Prensa Latina de Cuba, en el momento de entrevistar a Alvaro Pop sobre la coyuntura electoral. (Foto de M. Rivero)

Periodista y Psicóloga, Eulalia Camposeco; Abogada Carmela Curup Chajón y María Canil, de CONAVIGUA, al finalizar la conferencia de prensa del 07/ 11/03.

El Consejo Consultivo en pleno, durante la conferencia a la prensa, en la que se hizo pública la Segunda Declaración. (Foto Francisco Guzmán). 07/11/03


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Tercera Declaración Guatemala, 30 de diciembre de 2003 Concluye un nuevo proceso electoral en el marco de un Estado Nación que históricamente se ha caracterizado por ser racista, clasista, patriarcal y excluyente de la diversidad de los Pueblos Indígenas que son la mayoría. Y aunque el Estado ha permitido espacios de participación a un sector limitado de indígenas esto no ha implicado una capacidad de maniobra y de poder real que permitan cambios que impacten en la vida de los pueblos indígenas. La democracia y la ciudadanía siguen siendo ejecutadas fundamentalmente por hombres, por urbanos, por alfabetos y por quienes están en mejores condiciones económicas. La II MISIÓN INDÍGENA está conformada por un Consejo Directivo de 13 personas, un Consejo Consultivo integrado por el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala COMG, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA, Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ y el Organismo NALEB, y 53 observadores desplegados en los 22 departamentos del país. Esta II MISIÓN INDÍGENA se sumó a los esfuerzos de diversas instituciones estatales y de la sociedad civil, así como de la comunidad internacional, los cuales, con el fin de contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de la vida democrática del país han apoyado en la observación electoral 2003. En este sentido hacemos las siguientes consideraciones:


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Valora los esfuerzos del Tribunal Supremo Electoral por haber atendido las recomendaciones sobre deficiencias observadas en las elecciones del 9 de noviembre. Especialmente al reforzamiento de la capacitación a las Juntas Receptoras de Votos. Reconoce la labor que realizaron los observadores nacionales e internacionales para garantizar la transparencia de la segunda vuelta de los comicios 2003. Resalta la dificultad de la ciudadanía, especialmente de mujeres y hombres que viven en las áreas rurales, en su mayoría indígenas, que no tuvieron acceso a medios de transporte para llegar a los centros de votación. Todo lo contrario al caso de la capital, donde sí se contó con el servicio de transporte gratuito. Enfatiza en la falta de educación cívica, desconfianza y poca credibilidad hacia los partidos políticos, la falta de campañas electorales de altura y de propuestas concretas en aras de solucionar los grandes problemas nacionales por parte de los contendientes en la segunda vuelta electoral, lo cual, aunado a la fecha de realización de la misma, disminuyó la participación ciudadana, especialmente de mujeres y jóvenes. La II MISIÓN INDÍGENA recomienda: Al Congreso de la República la revisión y agilización de las reformas de la ley electoral y de partidos políticos en lo relacionado aspectos observados desde nuestra experiencia. Merece resaltar la financiación de partidos políticos, la compra de votos, la ubicación de los centros de votación, el transporte de los votantes, la fecha de realización de la segunda vuelta, y la modernización del documento de identificación. De tal manera que la Ley Electoral y de Partidos Políticos responda a la realidad multicultural del país. Al Tribunal Supremo Electoral, mejorar mecanismos del sistema de votación tales como el acercamiento de las mesas electorales a los votantes, la inclusión y capacitación de personal bilingüe en todos sus niveles y el fortalecimiento del sistema de información en todos los idiomas del país.


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A los partidos políticos incluir la participación de mujeres y de pueblos indígenas en puestos de representación y de toma de decisiones. A las organizaciones e instituciones de los Pueblos Indígenas, mantener la observancia en el cumplimiento de las promesas y compromisos que se expresaron en la campaña electoral por los funcionarios y funciona. Al nuevo gobierno, el cumplimiento de sus compromisos alrededor de los temas de inclusión, particularmente el combate del racismo y de la pobreza, la promoción de la equidad, la diversidad, el pluralismo y, de particular importancia, el resarcimiento a viudas y huérfanos del conflicto armado interno. Guatemala, • Imox 30 de diciembre de 2003


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1. Irmalicia Velásquez, Medarda Castro, Alvaro Pop, Ma. Antonieta Castro, Eulalia Camposeco, Ernestina Reyes y Carmela Curup en conferencia de prensa el 30 de diciembre de 2003. (Foto M. R.).

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2. Reporteros de distintos medios de comunicación que acudieron a la conferencia de prensa de la MIOE en el hotel Royal Palace. (Foto M. R.). 30/12/03

3. Directivos de la Misión Indígena en conferencia de prensa. (Foto Elma Cun). 30/12/03

4. María Ernestina Reyes, María Canil y Rosalina Tuyuc en la presentación de la tercera declaración pública. (Foto M. R.). 30/12/03


Capítulo X IMPACTOS


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IMPACTOS Permitió una interrelación con personas mayas, y no mayas, de diversas regiones, para el intercambio de ideas, propuestas y críticas. Pocas veces los mayas tenemos la oportunidad de trabajar en forma colectiva documentos o propuestas. Propició un ejercicio de trabajo colectivo entre mayas, con objetivos políticos y estratégicos de mediano plazo. Inició el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos indígenas para observar los procesos de elección de sus propias autoridades, que serán quienes delinearán las políticas públicas que impactarán en su vida individual y colectiva. El protagonismo de las mujeres mayas en la Misión contribuyó a romper estereotipos sexistas urbanos y de una sociedad racista que se resiste a aceptar la capacidad de las mujeres mayas. Permitió a las personas mayas, integradas en el Consejo Directivo, vivir la experiencia de hacer presencia e imagen en los medios de comunicación social para la cobertura de propuestas y actividades. Hubo una interrelación de observadores mayas y no mayas con dirigentes comunitarios, políticos, organizaciones e instituciones del Estado que permitió vivir más de cerca las dinámicas propias de hacer política en las comunidades.


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Informe Final

Un esfuerzo muy positivo de organizaciones mayas y de personas individuales que permitió visibilizar a los pueblos indígenas durante la contienda eleccionaria. Permitió constatar por experiencia propia los niveles de discriminación racial que los pueblos indígenas deben enfrentar en estos procesos de ejercicio democrático: (maltrato en las mesas, falta de orientación en idiomas mayas, falta de pluralidad del TSE en la conformación de juntas y mesas electorales, discriminación en las filas de votantes, etcétera). El espacio de la Misión dio la oportunidad de presentar un análisis crítico, desde una perspectiva indígena, de este tipo de eventos a los que aún les falta responder a las necesidades de los pueblos indígenas. Se vivió una experiencia de participación ciudadana que se vio fortalecida por la relación entre personalidades del movimiento maya. Diversas comunidades, pueblos y organizaciones se sintieron identificados y recibieron con beneplácito la presencia de la Misión Indígena como una experiencia nueva en el proceso electoral. Se convirtió en un espacio de participación, mayoritariamente de mujeres, que reivindicó la igualdad de derechos en cuanto a género. Se trató de un ejercicio inédito de participación electoral en Guatemala y en otros países de América Latina con presencia indígena y donde la diversidad étnica y cultural fortalece el mosaico social. Permitió vivir la experiencia de que, por primera vez, muchas personas mayas se sintieran emocionalmente vinculadas como ciudadanos y ciudadanas. La Misión es un espacio que permite para más adelante acercamientos y diálogos con otros sectores, incluyendo al nuevo gobierno, los cuales por diversas razones desconocen la complejidad del ejercicio de la política indígena maya.


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Introdujo el tema étnico en procesos políticos y de observación electoral y visibilizó a los pueblos indígenas dentro de la contienda. Rompió con la visión homogenizadora del Estado de que todos los guatemaltecos son iguales y acentuó con su presencia las diferencias étnicas y culturales para un reconocimiento de la diversidad. Fue un espacio construido y conducido por personas mayas, para ejercer derechos y asumir obligaciones ciudadanas. OTROS: Divulgación de información a través de tres conferencias de prensa para medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos en las fechas del 14 de octubre, 07 de noviembre y 30 de diciembre del 2003. Sobre la Misión Indígena de Observación Electoral. Divulgación de opinión pública en los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, así como en agencias de prensa internacional: CERIGUA de Guatemala, NOTIMEX de México, PRENSA LATINA de Cuba y FRANS PRESS de Francia, así como televisión internacional (CNN). Difusión de entrevistas a miembros del Consejo Directivo: Medarda Castro, María Antonieta Castro, Celso Chaclán, Irma Citalán, Irmalicia Velásquez, Cleotilde Vásquez, Alvaro Pop, Ernestina Reyes, Eulalia Camposeco y María del Rosario Toj. Reconocimiento de los observadores de la Misión por autoridades locales, dirigentes mayas, dirigentes comunitarios e instituciones de gobierno. Reconocimiento de organismos internacionales, instituciones, asociaciones de prensa, de derechos humanos, organizaciones indígenas, etcétera. Coordinación con personas individuales y organismos internacionales para comparar información y resultados.


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Presencia en los 331 municipios de los 22 departamentos de la República de Guatemala. Consolidó un grupo propositivo de observadores electorales provenientes de distintas regiones. Reacciones y comentarios positivos a las tres declaraciones públicas por parte de periodistas y analistas políticos. Coordinaciones entre observadores de las diferentes misiones de observación electoral, antes, durante y después de las fechas electorales. Generó confianza y expectativas en la cooperación internacional. La Misión formó parte del contingente de más de diez mil observadores nacionales que verificaron todo el proceso electoral.


CapĂ­tulo XI Hechos mĂĄs relevantes del proceso electoral


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Hechos más relevantes del proceso electoral 1— El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoca a elecciones generales. (15-05-03). 2— Óscar Berger se desvincula del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y se une a la Gran Alianza Nacional (GANA). Según Berger, los integrantes del comité afines a Leonel López Rodas, secretario general del PAN, trataron de debilitar su candidatura. 1/05/03. 3— La Gran Alianza Nacional (GANA) proclama a Berger como candidato presidencial, ante más de ocho mil personas en los campos de la colonia Santa Luisa, zona 6. Además 9 de 21 diputados del PAN y 9 de los 10 alcaldes panistas del departamento de Guatemala apoyan la candidatura de Berger. 4/05/03. 4— El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) proclama a Efraín Ríos Montt, como candidato a la presidencia de la República. Por la vicepresidencia, al ex ministro de Agricultura, Edín Barrientos. 21/05/03. 5— La Alianza Nueva Nación (ANN), proclama a Rigoberto Quemé, ex alcalde de Quetzaltenango, como primer candidato presidencial indígena. A Quemé le respalda también una coalición de organizaciones populares e indígenas. 8/06/03. 6— El candidato del FRG, Efraín Ríos Montt, es agredido con piedras por familiares de víctimas del conflicto armado al realizar mitin en


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Rabinal, Baja Verapaz. Esto por haber coincidido con las inhumaciones de 70 víctimas de masacres cometidas en los años 80. 14/06/03. 7— Ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) y eferregistas, se enfrentan a pedradas nuevamente en mitin proselitista, en Nebaj, Quiché, porque se prohibió a los ex PAC la entrada al evento. 21/06/03. 8— Rigoberta Menchú encabeza manifestación contra la Corte de Constitucionalidad por inscribir a Ríos Montt. Menchú y organizaciones de la sociedad civil protestan y rechazan el fallo, mientras la USAC desconoce a magistrado Cipriano Soto, quien fue clave en la inscripción. 14/07/03. 9— La Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de la inscripción del General Efraín Ríos Montt como candidato presidenciable de la República de Guatemala el 15-07-03. 10— La Corte Suprema de Justicia detiene inscripción de Ríos Montt, por causa de un amparo provisional declarado a favor de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Reformador (MR). 20/07/03. 11—Hechos violentos del 24 y 25 de julio, donde según reportes periodísticos el FRG manipuló a cientos de indígenas para sembrar terror en la ciudad capital. La Policía Nacional Civil (PNC) y el Gobierno no actuaron de inmediato. En la jornada murió el periodista Héctor Ramírez, cuando intentaba escapar de una de las turbas de activistas del partido oficial. 12— Sectores crean el Frente Cívico por la Democracia, instancia conformada por Rigoberta Menchú, organizaciones mayas, grupos de derechos humanos, partidos políticos y empresarios, con el fin de salvar el proceso electoral, y rechazar los actos de violencia cometidos por el FRG los días 24 y 25 de julio. 25/07/03. 13— La Corte de Constitucionalidad (CC) ordena inscripción de Ríos Montt ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ordenando


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además que la Corte Suprema de Justicia no reciba nuevos amparos. 30/07/03. 14— Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribe al candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) oficialmente 31-07-03. 15— Rigoberto Quemé, primer aspirante indígena a la presidencia se retira de la contienda electoral por problemas con un sector de la Alianza Nueva Nación por el reparto de las candidaturas. 13/ 08/03. 16— Ríos Montt y Zury Ríos son apedreados en un frustrado mitin en Ixcán, Quiché, por familiares de víctimas del conflicto armado. En venganza los eferregistas emprendieron contra los manifestantes con puñetazos, piedras e intentaron linchar a periodistas de tres matutinos. 24/09/03. 17— Eferregistas agreden y escupen a Rigoberta Menchú en la Sala de Vistas de la Corte de Constitucionalidad, luego de que en la intervención del Ministerio Público se señalara que no cabían más recursos legales contra la candidatura de Ríos Montt. 09/ 10/03. 18— La II Misión Indígena de Observación Electoral se presenta ante el TSE para informar sobre el trabajo de observación que realizará, proyectado especialmente a la población indígena. 14/12/03. 19— Ex Patrulleros de Autodefensa Civil toman de rehenes a cuatro periodistas del diario Prensa Libre y a un activista de derechos humanos en La Libertad, Huehuetenango, en donde estaba previsto un mitin del FRG, que no se realizó porque los ex pac bloquearon la carretera. Esto para presionar al gobierno a que les cumpla con el pago por los servicios prestados durante el conflicto armado. 27/10/03. 20— Óscar Berger y Álvaro Colom a segunda vuelta, como resultado de elecciones realizadas el 9 de noviembre, Ríos Montt es rechazado en las urnas electorales. 09/11/03.


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21— Caminata indígena el día 26 de Noviembre que culmina en el parque central de la ciudad capital, donde se les presenta un petitorio a los candidatos presidenciables Alvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Oscar Berger de la Gran Alianza Nacional (GANA). 22—El Tribunal Supremo Electoral repite comicios para elección de alcaldes donde ocurrieron disturbios el 09 de noviembre, siendo estos municipios: Cuyotenango, Suchitepéquez; El Quetzal San Marcos; Quezada, Jutiapa y La Gomera, Escuintla. 23—Óscar Berger triunfa en segunda vuelta realizada el 28 de diciembre, Álvaro Colom dispuesto a ser la oposición constructiva, a favor de los pobres e indígenas. 28/12/03.


CapĂ­tulo XI Hechos mĂĄs relevantes del proceso electoral


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Conclusiones: 1. El tema de pueblos indígenas fue abordado de forma superficial y limitada dentro del proceso de elecciones. La discusión y la inclusión de las demandas específicas de los pueblos indígena no fue parte fundamental de la agenda de los partidos políticos, los medios de comunicación, organismos del Estado y otros actores políticos organizados durante todo el proceso de elecciones. 2. Los partidos políticos siguen manteniendo preceptos y prácticas que limitan y excluyen la participación activa de la población indígena del país. Históricamente los pueblos indígenas –en particular los de origen maya– han sido un caudal electoral significativo. Sin embargo, los partidos políticos mantienen estructuras y prácticas que limitan y excluyen a la población indígena dentro de sus órganos internos de decisión (p.e. comités ejecutivos nacionales y departamentales) y en sus planillas de postulación (p.e. listado nacional). Aunque se nota una mayor representación de pueblos indígenas a nivel local pues un tercio de alcaldes son indígenas, la participación y representación en el Congreso y en el nombramiento de gobernadores departamentales sigue reflejando la exclusión política de la población indígena dentro del sistema político guatemalteco. 3. La ciudadanía guatemalteca mostró mayor madurez política al emitir un voto cruzado. Los resultados de las elecciones para los cargos de diputados y de presidente y vicepresidente reflejan un mayor grado de madurez política de parte de la ciudadanía guatemalteca pues evitó las tradicionales “aplanadoras partidarias” dentro del Congreso de la República afines al Organismo Ejecutivo. Esto obliga


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necesariamente a fortalecer una de las prácticas democráticas y políticas más sanas, como son la negociación y el consenso. 4. A nivel operativo, se mantuvieron prácticas que facilitan la manipulación del voto y la limitación de su ejercicio. Nuevamente, se siguió con la práctica del “acarreo” de electores, sobre todo en el área rural, desde las comunidades a los centros de votación que en una contienda política permiten cierto margen de manipulación del voto. Por otro lado, las integración de las Juntas Receptoras de Votos y la instalación de las mesas receptoras de votos, no atendieron la realidad multiétnica del país, pues estas no tomaron en cuenta en su integración e instalación, a la población indígena de forma significativa. 5. No hubo transparencia en el financiamiento a las organizaciones políticas. El acceso a la información sobre los orígenes del financiamiento de las campañas de los partidos políticos sigue siendo un tema pendiente en la reforma del sistema político guatemalteco, tal y como lo evidenció el último proceso electoral. Consecuentemente, se mantienen los vínculos perversos que fomentan la corrupción y el clientelismo políticos alrededor de los partidos políticos. 6. El proceso de elecciones demostró el bajo desarrollo de la democracia en nuestro país. Pese a celebrarse elecciones libres y democráticas por cuarta vez desde la apertura democrática y por segunda vez en el período de la posguerra, la democracia guatemalteca sigue siendo una democracia electoral. Esto se evidenció en una pobre reflexión sobre el desarrollo de la democracia como sistema de gobierno a partir de las propuestas de los partidos políticos, cuyos discursos y prácticas se caracterizaron por la demagogia y el clientelismo. Adicionalmente, este bajo grado de desarrollo democrático se evidenció en la exclusión de la población indígena, especialmente las mujeres, tanto en la agenda de los partidos políticos como en los cargos importantes de decisión dentro de sus estructuras internas.


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7) Pese a la no disimulada inclinación de algunos de los más importantes medios de comunicación en apoyo de determinados proyectos políticos, el balance sigue siendo importante a favor del papel que jugó la prensa nacional y extranjera antes, durante y después de las elecciones del 2003. 8) El proceso electoral guatemalteco 2003 culminó como un nuevo ejercicio hacia la consolidación de la cultura democrática. 9) La confianza del electorado se reafirmó, pese a los inconvenientes y errores registrados a lo largo de la campaña y durante las votaciones. 10) Hubo una firme determinación en los electores para hacer valer su derecho de ejercer el voto, aunque para ello tuvieran que hacer fila durante cinco u ocho horas. 11) La campaña electoral resultó multimillonaria y evidenció una guerra de recursos, más que de debate y propuestas de los candidatos. 12) El tema de pueblos indígenas fue tratado de manera superficial y esa visión excluyente de las organizaciones políticas se tradujo nuevamente en una participación desproporcionada de candidatos indígenas (mayas, garífunas y xincas) a cargos de elección popular. 13) La polarización entre pobres y ricos, explotada demagógicamente por algunos líderes, no aporta beneficios a la integración nacional ni a la paz social ni al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 14) Los programas de gobierno o planes de trabajo de los candidatos presidenciales por lo general se enfocaron en una aparente guerra de promesas alrededor de los problemas que le son comunes a toda la ciudadanía. La problemática de la multiculturalidad y de la diversidad étnica, que pasa por la exclusión y el racismo, no fueron nunca tratados como una prioridad para el nuevo gobierno.


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15) La poca representación de los sectores marginados, en las planillas de candidatos a cargos de elección popular, pone de manifiesto el poco interés de los grupos tradicionales de poder por alcanzar un país integrado. 16) El Tribunal Supremo Electoral cumplió de nuevo su papel y contribuyó a mantener el principio de la alternabilidad democrática en el poder, pese a los errores y contratiempos registrados durante el proceso. 17) La sociedad civil, cada vez más organizada y participativa, aportó su esfuerzo para coadyuvar a la culminación exitosa del proceso eleccionario, y fue garante de la transparencia en los resultados. 18) La violencia electoral hizo acto de presencia a lo largo del proceso, pero sus índices bajaron en esta campaña y no lograron desmotivar la participación.


CapĂ­tulo XIII Recomendaciones


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Recomendaciones: 1) Al Tribunal Supremo Electoral: —Promover la creación del Documento Único de Identidad —Promover las reformas electorales necesarias para fortalecer su Autoridad respecto de la fiscalización de los fondos invertidos en las campañas electorales. —Promover la participación ciudadana y a la vez la inclusión de los sectores marginados en los cuadros de la representatividad popular. —Garantizar la representación multiétnica en las Juntas Electorales y en las Juntas Receptoras de Votos. 2) A los Medios de Comunicación Social: —No tomar partido por ninguna bandera política. —Ser equitativos en cuanto a tarifas y espacios publicitarios para las organizaciones políticas y sus candidatos. —Mantenerse como abanderados de la libertad de expresión. —Abrir sus espacios para que se hagan escuchar los sectores marginados de nuestra sociedad. —Promover la participación ciudadana en los procesos electorales y en la lucha por la consolidación de la democracia como sistema de vida.


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3) A la Sociedad Civil: —Promover la multiplicación de organizaciones propositivas —Promover la cultura democrática y el uso del derecho a elegir y a ser electos —Fortalecer los proyectos de integración de los sectores marginados a los procesos de desarrollo y a los procesos político-eleccionarios —Velar porque los servicios esenciales lleguen a todos los sectores del país —Vigilar el actuar de la clase política antes y durante su acceso al poder público —Velar por la transparencia de los procesos eleccionarios, especialmente en lo que respecta a la compraventa de voluntades 4) A los Partidos Políticos: —Tomar conciencia de la necesidad de su democratización interna —Cumplir con la Ley Electoral, pero también con la ética y la moral —Abstenerse de fomentar la violencia y el revanchismo políticos —Seleccionar conscientemente, en razón de los intereses populares, a sus cuadros dirigenciales de todo nivel y a sus candidatos a cargos de elección popular —Abstenerse de campañas multimillonarias que ofenden la pobreza del pueblo —No buscar el voto a través de la compra de voluntades —No engañar más a los electores ni al pueblo en general —No fomentar la corrupción —No vender las casillas de candidaturas a cargos de elección popular al mejor postor. —Estimular la participación ciudadana en la política, mediante el rescate de la credibilidad y la confianza.


ANEXOS


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Visita de Observación Post Electoral a Aguacatán, Huehuetenango El municipio con mayor población empadronada en ese departamento.

Antecedentes: Aguacatán es un municipio habitado por 45,465 personas, de las cuales 22,913 son mujeres (50.1%) y 22,552 son hombres (49,9%). Es uno de los 31 municipios de Huehuetenango y se encuentra a 285 kilómetros al noroeste de la capital y a 26 kilómetros de la cabecera departamental. Posee una densidad de población pluricultural, multiétnica y multilingüe, conformada por cinco grupos étnicos: chalchitecos, awakatekos, k’ichés, mames y ladinos. Cada grupo hace efectivos aportes importantes en la vida social, cultural y económica del municipio y, en consecuencia, tiene su propia historia y cultura. Según Antonio Fuentes y Guzmán, hacia 1690, Aguacatán y Chalchitán eran dos comunidades divididas en dos parcialidades. Esa situación administrativa se mantuvo hasta el 27 de febrero de 1891, fecha en la que, conforme Acuerdo Gubernativo, se suprimió el antiguo municipio de Chalchitán y pasó a ser un solo municipio: Aguacatán. Desde entonces, los antiguos municipios de Aguacatán y Chalchitán forman una unidad municipal con territorio administrado por una sola


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Municipalidad. El hecho de que al municipio, una vez unidas las dos parcialidades, se le diera el nombre de Aguacatán supuso y supone (aún hoy) una cierta desventaja para el grupo chalchiteco, ya que identifica a los awakatekos (gentilicio) como los únicos habitantes de Aguacatán. Es por ello que tanto awakatekos como chalchitecos, y sobre todo, éstos últimos, han luchado por mantener y reivindicar su identidad y su reconocimiento como grupo étnico y lingüístico diferenciado del otro. Orígenes del conflicto: Los resultados de las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre de 2003, en el municipio de Aguacatán, que dieron como ganador (por segunda ocasión) a Pablo Escobar Méndez, generaron, desde que se conoció su reelección, el 10 de noviembre, una serie de protestas y hechos violentos por parte de grupos opositores inconformes que, después de siete meses de disturbios, no parecen terminar. Los vecinos descontentos, articulados en lo que denominan: “Movimiento Social Pacífico de Aguacatán”, han realizado toda clase de acciones para persuadir al alcalde ganador de que renuncie al cargo. El grupo de inconformes acusa al alcalde reelecto, postulado por el Comité Cívico “La Balanza”, de haber cometido anomalías en el período de su administración anterior (2000-2004) y de preparar una logística que posibilitó el fraude electoral que le permitió salir reelecto por segunda ocasión. En la contienda electoral del 9 de noviembre, en este municipio participaron 8 partidos políticos y 3 comités cívicos con los siguientes candidatos: Democracia Cristiana (Francisco Mendoza Mendoza); GANA (Roberto García López); PAN (Alfonso José Rodríguez Hernández); FRG (Santiago Mateo García), URNG (Filemón Samayoa), Unionista (Domingo Cruz Simón), UD (Gaspar García Mendoza), UNE (Hilario Santay), Comité Cívico Popular Progresista “El Conejo”, (Mario Enrique Villatoro), Comité Cívico Unión Aguacateca “La Tinaja” (Pascual Vicente Méndez) y Comité Cívico de mi Pueblo “La Balanza”, (Pablo Escobar Méndez).


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Todos los candidatos perdedores, ahora aglutinados en el Movimiento Social Pacífico Aguacatán 2003, señalan que en las elecciones hubo muchas anomalías y que el alcalde electo tiene cuentas pendientes por saldar, porque durante su administración anterior cometió actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y malversación de fondos. Protestas: De esa cuenta, y a raíz de todos esos incidentes, el lunes 10 de noviembre, grupos de vecinos iniciaron una serie de reuniones y protestas tomando como punto de convergencia la sede del partido Unión Democrática (UD). Ese mismo día todos los candidatos perdedores decidieron elaborar un documento dirigido a la delegación departamental del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la impugnar las elecciones y pedir la revisión de papeletas y otros documentos. De esa solicitud nunca obtuvieron respuesta debido – según los inconformes- a que el presidente de la Junta Electoral Departamental del TSE, Otoniel Ríos, es asesor personal de Pablo Escobar y de la Municipalidad de Aguacatán. Toman Edificio Municipal: Los dirigentes de la oposición explicaron que ante lo infructuoso de sus esfuerzos por impugnar los comicios en Aguacatán, decidieron convocar a toda la población al parque central para hacer pública su frustración y dar por canceladas las acciones legales en contra de Pablo Escoba. A la reunión asistieron, según Mariano Rodríguez, unas diez mil personas. Sin embargo, la decisión no fue aceptada y provocó que reaccionaran tomando por la fuerza las instalaciones del edificio municipal de Aguacatán, para “salvaguardar documentos y restringir el ingreso a la municipalidad, del alcalde Pablo Escobar. Informaron que el 12 de noviembre los vecinos se organizaron para diseñar líneas de acción y de protesta y convocaron a los concejales electos, Demetrio Rodríguez Alcón, Santiago García y Mario Enrique Villatoro, para entablar un diálogo. Sin embargo, al estar reunidos, los vecinos decidieron tomarlos como rehenes para presionar a Escobar


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Méndez a presentarse al despacho y aclarar – según ellos - todas las anomalías señaladas. Indicaron que la reacción del alcalde fue ignorar las peticiones y no tomar en serio lo que estaba ocurriendo con los concejales. El 13 de noviembre, un grupo de personas fue designado por la población para acudir a la gobernación departamental de Huehuetenango para solicitar al gobernador, Carlos Morales Castillo, su pronta intervención en el conflicto. El funcionario accedió y en compañía de estos dirigentes, personal del Ministerio Público y representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos se hizo presente a la Municipalidad de Aguacatán, para negociar la liberación de los concejales tomados como rehenes, y para hacer un llamado por medio de la radio local al alcalde y al resto de su corporación, pero el funcionario electo ignoró de nuevo el llamado. Como respuesta, el numeroso grupo de vecinos, entre los que se asegura figuraban chalchitecos, awakatekos, mames, kichés y ladinos, decidieron cerrar con cadenas y candados el zaguán principal y la puerta de ingreso a la Municipalidad, para forzar al alcalde a presentarse y negociar con los vecinos. Sin embargo, el alcalde no se presente. Ataque armado: Los días fueron transcurriendo en medio de un ambiente de ánimos caldeados y el sábado, 22 de noviembre, en el lugar conocido como “La Mínima”, en jurisdicción de la aldea Río San Juan, un grupo de oponentes al alcalde fue sorprendido por una emboscada perpetrada —según denunciantes— por hombres armados al servicio de Pablo Escobar. El ataque dejó un saldo de 27 personas heridas de las cuales cinco tuvieron que ser trasladadas de emergencia al hospital regional de Huehuetenango. Rivalidades étnicas: Según la oposición, quien planificó y dio ordenes para perpetrar el ataque contra estas personas fue el alcalde. Dijeron estar seguros de que él incitó a sus correligionarios chalchitecos a que propiciaran el ataque contra awakatekos, usando como argumento que las causas del conflicto en su contra es porque quieren que los chalchitecos abandonen el municipio, lo


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cual desbordó las pasiones entre las bases y originó la emboscada en “La Mínima”. Mientras tanto, Mariano Rodríguez y Mario Villatoro, líderes opositores, niegan que las protestas en contra del alcalde sean por esos motivos; primero, porque su movimiento está compuesto también por personas de otras etnias como la k’iché, mam y ladina. “Lo que nos mueve a ser opositores es que estamos seguros de que su reelección tiene como base una serie de actos anómalos que sustentaron el fraude en las elecciones del 9 de noviembre”, afirmaron en su oportunidad. Los entrevistados presentaron, además, a la Misión Indígena de Observación Electoral, un listado de personas que fueron emboscadas por simpatizantes del alcalde, y otro de los presuntos agresores de los hechos del 22 de noviembre. Todos estos incidentes y denuncias contra Escobar han venido a acrecentar, cada vez más, el descontento de los vecinos y el rechazo hacia el jefe edilicio, según los inconformes. Como consecuencia de todos estos enfrentamientos que han provocado un clima de zozobra e inseguridad en el municipio aguacateco, el 20 de diciembre fue conformada otra comisión encabezada por el Gobernador departamental, el Viceministro de Gobernación, Ministerio Público, Delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos y Tribunal Supremo Electoral para mediar en el conflicto. En esa ocasión el Gobernador propuso como solución llevar a cabo un cabildo abierto para que los vecinos se manifestaran. Dicho cabildo se realizaría a cabo el día 26 de noviembre, a las diez de la mañana, en el Estadio Municipal de fútbol “David Herrera Mauricio”. Sin embargo, al día siguiente, el representante del presidente de la República en ese departamento, desistió de organizar el cabildo después de sostener una conversación con el alcalde Pablo Escobar. Según los oponentes, el alcalde convenció al Gobernador de que echara marcha atrás a sus propósitos porque la actividad podía terminar en un enfrentamiento armado. El Gobernador informó por escrito y a través de diferentes medios de comunicación la cancelación de la actividad.


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Se informó, además, que pese a desistir del cabildo, ese mismo día, entre 15 y 20 mil personas se congregaron en la instalación deportiva a protestar por la negativa de las autoridades de llevar a cabo lo anunciado. Conforme han pasado los días, las amenazas y los enfrentamientos de diversa índole aumentaron. En ese ambiente de agresiones, en el mes de diciembre tres miembros del movimiento, Mariano Rodríguez Alcón, Gilberto Raymundo Agustín y Juan Roberto Rodríguez López, fueron detenidos acusados de prevaricato y sedición, delitos por los cuales debieron pagar una fianza de Q.200 mil quetzales, cada uno, para recobrar su libertad. En las semanas siguientes el MSPA continuó su protesta frente a la Municipalidad de Aguacatán. Grupos de vecinos entre cien y doscientas personas hacen turnos frente al edificio municipal para evitar el ingreso a la comuna de Pablo Escobar . Los días 16 y 17 de diciembre el alcalde electo intentó ingresar al pueblo en compañía de sus concejales y un contingente de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Dijeron que llegó con una orden de desalojo que obligaba a los rebeldes a que se retiraran del parque central. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de mujeres que les salió al paso y les impidió ingresar. Después de una serie de insultos y jaloneos terminaron por sentarse a negociar con una comisión nombrada por la parte opositora. La negociación se llevó a cabo en el puente del Río Bucá y en la misma estuvieron presentes, la fiscal del MP María Eugenia Angulo Zamora; Auxiliares Fiscales, Jorge Luis López, Jefe del Distrito de Occidente de la Policía Nacional Civil y Jorge Salazar Méndez, jefe de la Comisaría Civil de Huehuetenango, el delegado departamental de la Red de Conflictos de la Secretaría de la Presidencia de la República, MINUGUA y Derechos Humanos. Rodríguez manifestó que esa reunión fue aprovechada para desmentir ante las autoridades del departamento que el conflicto en Aguacatán sea de carácter étnico y presentó a los dirigentes del movimiento conformado por mames, kichés, ladinos, awakatekos y chalchitecos.


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El 17 de diciembre fue establecido un convenio entre las autoridades y representantes de las comunidades y junta directiva del Movimiento Social Pacífico de Aguacatán para solicitar una auditoría contable y física de la municipalidad. En los días subsiguientes, diciembre y enero, el movimiento de protesta hizo gestiones ante la Contraloría General de Cuentas, tanto de Huehuetenango como de la ciudad Capital, para solicitar la auditoría en presencia del alcalde y el tesorero; sin embargo, ambos se negaron a comparecer. Mientras tanto, los turnos de plantones frente a la municipalidad local continuaron. Visita de la Misión Indígena: El día lunes 9 de febrero, delegados de la Misión Indígena arribaron a la ciudad de Huehuetenango para hacer evaluar la situación en el municipio de Aguacatán. El martes diez la novedad fue que en horas de la madrugada, en Aguacatán, había sido incendiado un vehículo y un negocio a consecuencia de que se corrió el rumor de que el alcalde Pablo Escobar llegaría, ese día, a Aguacatán acompañado de un contingente policial a tomar posesión de las instalaciones de la municipalidad y a capturar a todos aquellos que seguían apostados frente al edificio. El rumor provocó que los inconformes reaccionaran de forma agresiva, tomando las dos entradas al pueblo. En ambas, los inconformes se dedicaron a quemar llantas y a bloquear la carretera con árboles que derribaron. Aun con toda esa información negativa, delegados de la Misión decidieron viajar a Aguacatán y cumplir con el objetivo que los llevó hasta aquél departamento. En el camino encontraron un contingente de la policía antimotines que se desplazaba en tres vehículos tipo pick ups. Al llegar a la aldea “Tuixcox”, ubicada a siete kilómetros antes de Aguacatán, encontraron un grupo de personas que persuadían a los transportistas de no continuar el viaje porque no había paso en la entrada del pueblo. Varios camiones con productos alimenticios, así como vehículos particulares y la misma policía


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Informe Final

desistieron de sus propósitos y dieron vuelta para retornar hacia Huehuetenango. La entrada al pueblo estaba convertida en una barricada con neumáticos ardiendo entre las llamas y soltando una humareda negra. El paso estaba restringido. Después de varias horas de negociar con el grupo de manifestantes, la Misión logró entrar al pueblo. En el parque unas trescientas personas aguardaban frente a la Municipalidad. Según se informó los presentes eran todos representantes de comunidades que luego llegarían a informar a sus bases de lo acontecido. La Misión conversó durante una hora con los dirigentes del movimiento de protesta y recibió información ampliada sobre todo lo acontecido desde el día de las elecciones. El día miércoles 11 de febrero, delegados de la Misión visitaron las oficinas de la gobernación departamental para conversar sobre el conflicto con el gobernador departamental, pero éste se encontraba fuera de la cabecera. Visitaron al Jefe de la Comisaría pero igualmente no fue posible que los atendiera. Seguidamente, visitaron las oficinas del Tribunal Supremo Electoral de la cabecera, donde fueron atendidos por el licenciado Walter Amílcar Ríos quien, al ser consultado sobre el caso Aguacatán, manifestó que “se trata de un conflicto de intereses personales y político-partidistas que se niegan a entender lo que establece la Ley Electoral”. Indicó que el TSE validó la elección del 9 de noviembre en ese municipio y que como tribunal, ya no tienen nada que hacer y que los problemas que se vienen suscitando corresponden a otras instancias jurídicas como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Explicó que debido a ese movimiento en la municipalidad de Aguacatán están paralizados todos los trámites correspondientes a nacimientos, defunciones y matrimonios.


II Misión Indígena de Observación Electoral

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“Los vecinos no pueden hacer ningún trámite desde el diez de noviembre del año pasado, porque la municipalidad está tomada”, recalcó. El señor Mariano Rodríguez, principal dirigente de ese movimiento opositor ha sido candidato en varias ocasiones y no ha ganado lo cual indica que debe ser por alguna razón y ahora él se lanza como principal opositor. Agregó que el cura párroco de la localidad, Raúl Rodríguez, quien, además es awakateko, también está involucrado en el grupo opositor y porque además es miembro de la familia Rodríguez. “Se ha dedicado a establecer diferencias entre el bien y el mal y con esto también ha incitado al desorden en el municipio”. La persona que no los apoya automáticamente se convierte en su enemigo y lo marginan, señaló. El representante del TSE manifestó que para el tribunal ha sido un problema grave porque, después de las elecciones del 9 de noviembre, este grupo opositor descontento por los resultados se dedicó a acosar a la señorita Idalma Villatoro, su delegada en Aguacatán que tuvo que ser trasladada a Santa Ana Huista. Villatoro cuenta con 17 años de servicio en el TSE. Según el representante del TSE, Aguacatán es el municipio de Huehuetenango con mayor población empadronada, ya que cuenta con 29 mesas. Es urgente que los libros y documentos municipales sean recuperados de inmediato porque estas personas son capaces de incendiar el edificio municipal, concluyó. Por su parte la licenciada Marisol Rivas, nueva delegada del TSE en Aguacatán, desde noviembre pasado, también secundó las observaciones de Ríos explicando que tenía tres días de no viajar a Aguacatán por causa de los disturbios y por temor a que fueran a atentar en su contra . Rivas dijo que los chalchitecos apoyan al alcalde Pablo Escobar, que en la parte opositora hay personas bastante agresivas y que se temía un enfrentamiento fuerte en cualquier momento. Dijo que en lo personal no ha sido objeto de ningún ataque, pero que


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Informe Final

siempre es bueno tomar precauciones. “Nosotros como tribunal actuamos como teníamos que hacerlo y los resultados están a la vista, sólo esperamos que estas personas terminen por comprender nuestro trabajo”. Entrevistados otros vecinos de Aguacatán, se comprobó que las opiniones están divididas. Mientras unos apoyan la parte inconforme, otros resaltan buenas acciones en el alcalde Escobar Méndez. “Las fuertes críticas que recibe el alcalde es por haber obligado a pagar boleto de ornato a las mujeres que generalmente son de escasos recursos”, dijo uno de los inconformes. Otros, por el contrario, dicen que Pablo Escobar ha sido un buen alcalde, que ha elaborado proyectos con mucho futuro para Aguacatán, que sus opositores responden a intereses políticos, pero que en el fondo lo que prevalece es un conflicto étnico. La parte opositora, entretanto, hizo entrega a la Misión Indígena de un pliego de peticiones, no sin antes recalcar que lo que exigen es una auditoría interna en la Municipalidad. La posición del alcalde reelecto, Pablo Escobar Al hacer una evaluación del conflicto en Aguacatán consideró que, “aunque el movimiento en su contra ha venido perdiendo fuerza, la situación en Aguacatán sigue siendo tensa, ya que el municipio se encuentra a merced del vandalismo ante la falta de autoridades de policía que impongan el orden. La policía sólo llega a patrullar durante el día, pero en la noche se va y es cuando estos delincuentes vuelven a armarse con palos y machetes para cometer atropellos”, señaló el alcalde. Explicó que el fin de semana, entre el 14 y 15 de febrero, en horas de la madrugada, desconocidos prendieron fuego a la vivienda de otro de sus correligionarios con la cual suman tres los atentados cometidos en contra de los bienes de vecinos chalchitecos. Al ser consultado sobre el apoyo que pudieran darle sus correligionarios al momento de regresar a ocupar el edificio municipal indicó que “ha


II Misión Indígena de Observación Electoral

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tratado de mantener la calma para evitar que haya más confrontación, pero que sus bases le han manifestado que saque a la policía de Aguacatán para tener libertad de enfrentar cuerpo a cuerpo a los opositores que están provocando el caos en la población, lo cual podría terminar en una masacre”. Para el alcalde Pablo Escobar, el conflicto y la violencia política en Aguacatán tiene tres matices: 1) Es un conflicto provocado por un grupo de partidos políticos perdedores, porque en Aguacatán nunca se había registrado una reelección de alcalde. 2) Los awakatekos se resisten a aceptar que los chalchitecos hayan sido reconocidos por el Estado de Guatemala como una comunidad lingüística. 3) Es un conflicto religioso porque el cura párroco, Gabriel Rodríguez, ha incitado a los católicos, particularmente a los catequistas, a que apoyen el movimiento de protesta liderado por personas con las que tiene vínculos familiares. Estado de sitio para Aguacatán Pablo Escobar, quien se vio obligado a instalar su despacho, por un tiempo, en la aldea Río San Juan y después lo trasladó a un viejo edificio del municipio, donde años atrás funcionó un hotel, manifestó que como último recurso para hacer volver la paz y tranquilidad al municipio se reunió el viernes 13 de febrero con el Gobernador Departamental de Huehuetenango para solicitarle que coordine el establecimiento de un estado de excepción en Aguacatán a fin de que el Ejército pueda resguardar los bienes municipales y garantizar el orden en el municipio. Aguacatán, 4 meses después Cuatro meses después de conversar con el alcalde Escobar, en el municipio de Aguacatán las cosas siguen sin resolverse y la sangre ha empezado a correr. El jueves 17 de junio una persona resultó muerta como


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Informe Final

resultado del enfrentamiento que persiste entre awakatekos y chalchitecos. José Cruz Chávez, un taxista del pueblo, murió como resultado de las disputas locales. Aunado a esto, la Municipalidad permanece cerrada. No hay posibilidad de gestionar documentos de identidad, solicitar defunciones, realizar matrimonios o sentar partidas de nacimiento. Las sesiones del Concejo Municipal y algunas funciones administrativas se efectúan en un edificio que años atrás albergó un hotel. Conclusiones A partir de la visita de observación realizada al municipio de Aguacatán, podemos plantear las siguientes conclusiones: 1. Desde noviembre pasado, el ambiente en el municipio de Aguacatán es tenso y en cualquier momento podría ocurrir algún atentado a los bienes municipales o registrarse más muertes, ya que las autoridades de policía están actuando más en función de escolta que de dar seguridad a la población y en hacer que se cumpla la ley. 2. El Movimiento Social y Pacífico de Aguacatán (MSPA) no tiene bases legales ni pruebas que le permitan separar del cargo al alcalde reelecto, pero el empecinamiento de los dirigentes opositores puede llevarlos a cometer algún acto descabellado que dejaría un lamentable saldo de muertos y heridos, si deciden hacerlo por la vía violenta. 3. El conflicto ha dividido a la población en dos bandos. Unos a favor del alcalde Pablo Escobar y otros en oposición a él. 4. De acuerdo a sondeos de opinión, realizados entre pobladores, la Iglesia tiene alto grado de responsabilidad en el conflicto. 5. Que la democracia no tiene capacidad de manejar a las minorías y en consecuencia reconocer y hacer partícipes a los vecinos de las decisiones municipales 6. Que se debe trabajar en función de que la población asuma una actitud de comprensión hacia los resultados electorales. 7. Que se debe superar una dinámica electoral ajena a los culturas participantes y llenar todo tipo de vacíos a futuro en el marco de la democracia.


Difícil camino de terracería que conduce hacia Aguacatán, Huehuetenango.

Municipio de Aguacatán, donde prevalece un clima de inestabilidad política.

(Foto M. R.). 09/02/04

(Foto M. R.). 09/02/04

Delegados de la MIOE conversando con opositores en el parque central de Aguacatán. (Foto Wilson Recinos). 11/02/04

La Municipalidad de Aguacatán, Huehuetenango, permanece cerrada desde el 10 de noviembre del 2003, luego de la reelección del alcalde. Al cierre de esta edición, Julio 2004, el conflicto en Aguacatán seguía sin solucionarse. (Foto de Mario Rivero)


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Informe Final

Observadores Electorales NOMBRE

ETNIA

DEPARTAMENTO

OTILIA CAL MORÁN DE JUL AMÍLCAR DE JESÚS POP AC LIDIA ETELVINA BATÉN QUEJ

ACHÍ Q’EQCHÍ Q’EQCHÍ

ALTA VERAPAZ

RODRIGO SIC IXPANCOC

ACHI

BAJA VERAPAZ

ZONIA MARÍA DE LEÓN NERY FERNANDO ISAÍ RAMÍREZ BARRIOS

MAM K'ICHÉ

QUETZALTENANGO

OTILIA IXMUCANÉ GÓMEZ MOSCUT NORMA SACTIC

POQOMAM POQOMAM

ESCUINTLA

SANTOS ARMANDO GREGORIO SANTIAGO

POQOMAM

JALAPA

MIRIAM BARNEOND AZURDIA

LADINA

SUCHITEPÉQUEZ

ÁLVARO ISRAEL CASTRO AJCOT

KAQCHIKEL

SOLOLÁ

FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ VARGAS

LADINA

EL PROGRESO

NERY AUGUSTO PAZ BARRIENTOS

LADINA

ZACAPA

YENY SILBANA MEYLAN DÍAZ

LADINA

CHIQUIMULA

MARÍA EMILIANA QUEXEL

KAQCHIKEL

SACATEPÉQUEZ

MARÍA PIEDAD VARGAS CULAJAY JOSÉ NICOLÁS PACHECO CHÓ

KAQCHIKEL KAQCHIKEL

GUATEMALA

JOSÉ LUIS TIGUILÁ COJ

K'ICHE

TOTONICAPÁN

MANUEL XILOJ TOL MARÍA IXCOY VICENTE

K'ICHÉ K'ICHÉ

QUICHÉ

OLGA HERNÁNDEZ MÉNDEZ MOISÉS FRANCISCO FRANCISCO JOSÉ

MAM MAM

HUEHUETENANGO

FRANCIS MIREYA VALDEZ SOSA

LADINA

JUTIAPA

ROSA MARINA RAMOS NOJ

K'ICHÉ

RETALHULEU

DOMINGA MAZARIEGOS VÁSQUEZ GLORIA ISABEL RAMOS NOJ

MAM K'ICHÉ

SAN MARCOS

LEOCADIO ARANA BLANCO

GARÍFUNA

IZABAL

ELSA MARGARITA TELÓN OTZOY JOSUÉ DANIEL RABINAL

KAQCHIKEL KAQCHIKEL

CHIMALTENANGO

SAMUEL ENRIQUE SANTOS SALAZAR

XINCA

SANTA ROSA

GEISA GLADITET VARGAS MAX ENRIQUE IC COC ESTEBAN LÓPEZ DUBÓN

Q’EQCHÍ Q’EQCHÍ Q’EQCHÍ

PETÉN


II Misión Indígena de Observación Electoral

151

Consejo Directivo NOMBRE

ETNIA

MARÍA ANTONIETA CASTRO

KAQCHIKEL

CELSO CHACLÁN

K'ICHÉ

CLEOTILDE VÁSQUEZ

MAM

ERNESTINA REYES

KAQCHIKEL

EULALIA COMPOSECO

POPTI’

JOSÉ SERECH

KAQCHIKEL

CARMELA CURUP

KAQCHIKEL

IRMA CITALÁN

K'ICHÉ

MANUEL DE JESÚS SALAZAR

KAQCHIKEL

IRMA ALICIA VELÁSQUEZ NIMATUJ

K'ICHÉ

MARÍA DEL ROSARIO TOJ

K'ICHÉ

MEDARDA CASTRO

TZ'UTUJIL

ÁLVARO POP

Q’EQCHÍ

Funcionarios indígenas electos para el período 2004-2008 DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 1 2

LISTA NACIONAL Víctor Montejo Marcelino Nicolás Moscut

GANA UNE

3 4

GUATEMALA Leonardo Camey Matías Ajvix

UNE PAN

5

SACATEPÉQUEZ Efraín Asij Chile

6 7

CHIMALTENANGO Alfredo Cojtí PAN Aura Marina Otzoy FRG

8 9

SOLOLÁ Pedro Churunel Quisquiná Clemente Samines Chali

TOTONICAPÁN 10 Salvador González Gómez PAN 11 Julio Felipe Tzul Tzul UNE SAN MARCOS 12 Pedro Pascual

UNE

HUEHUETENANGO 13 Víctor Manuel Sales URNG GANA

GANA UNE

ALTA VERAPAZ 14 Haroldo Quej Chen FRG 15 Carlos Yat Sierra PAN


152

Informe Final

Alcaldes municipales DEPARTAMENTO

AFILIACIÓN

NOMBRE

Y MUNICIPIO

POLÍTICA

ETNIA

Celso Gumercindo García Gramajo Diego Macario Coc José Antonio Mas Yojcom José María Ramírez García Márvin Gustavo Pérez Gualip Matías Ceballos Mis Otto Baldomero Nájera Porón

SUCHITEPÉQUEZ: Pueblo Nuevo San Pablo Jocopilas San Miguel Panán Samayac Santo Domingo San Gabriel Santa Bárbara

FRG PAN PAN DIA FRG UNE FRG

K'iché K'iché K'iché K'iché K'iché K'iché K'iché

Miguel Rax Rigoberto Chub

IZABAL: Lívingston El Estor

DCG FRG

Qeqchí Qeqchí

Cristóbal Xep Solís Diego Esquiná Mendoza José María López de Paz Diego Jacinto Dionisio y Dionisio Esteban Toc Tzay Flavio José Yojcom Francisco Tambriz y Tambriz Guillermo Magdaleno Batz González José Ixcayá Ixcayá Juan Inocente Cuy Luis Florencio García Chutá Miguel Tzep Rosario Nicolás Xamínez Cux Pedro Par Pedro Pérez Sicay Roberto López Sajvín Salvador Sancoy Martín

SOLOLÁ: Concepción Santiago Atitlán Santa Cruz La Laguna Santa María Visitación Sololá San Juan La Laguna Santa Catarina Ixtahuacán San Pedro La Laguna San Pablo La Laguna San Andrés Semetabaj San José Chacayá Nahualá Santa Lucía Utatlán Santa Clara La Laguna San Antonio Palopó Santa Catarina Palopó San Marcos La Laguna

PAN CCUMTSA FRG ANN COMITÉ DCG GANA GANA UNE PU FRG PAN GANA FRG COMITÉ FRG

Kaqchikel Tzutuhil Kaqchikel Kaqchikel Kaqchikel Tzutuhil Kaqchikel Tzutuhil Kaqchikel Kaqchikel Kaqchikel K'iché Kaqchikel Kaqchikel Kaqchikel Kaqchiqel Kaqchikel

Uldarico Chatá Ramón Humberto Salazar Chouoj Julián Tezucun

PETÉN: San Andrés Dolores San José

GANA FRG GANA

Qeqchí Qeqchí Kaqchikel

TRANSPARENCIA


II Misión Indígena de Observación Electoral

153

Alcaldes municipales Florentín Boror Tunche Lázaro Pirir Equité Jorge Punay Xajap Alfonso Gerónimo Arturo Méndez Ortiz Carlos Pablo Félix Diego Marcos Pedro Esteban Santos Mariano Díaz Pascual Tomás José Dilmar Abimael González Velásquez Gaspar Jiménez Ramírez Gilberto López Alvarado Pedro Godínez Alberto Aguilar Alberto Godínez Alonzo Morales Andrés Alonzo Alonzo Andrés Rafael López Juan Martín Diego Juan Julián Pablo Ramírez Nicolás Mateo Pérez Rodríguez Pablo Escobar Rogelio Pérez Sebastián Juan Francisco

Alejandro Mazariegos Sánchez Efraín Hernández Velásquez. Hermelindo Ernesto Ramos Ismael Erasmo Gómez Esteban Jerónimo Domingo Navarro Chilel José Cupertino Morales Gutiérrez Mario José Gabriel Pérez

GUATEMALA: San Pedro Sacatepéquez San Juan Sacatepéquez Chuarrancho

UNE GANA GANA

HUEHUETENANGO: San Rafael Petzal Colotenango San Rafael La Independencia Santa Eulalia San Sebastián Huehuetenango San Pedro Necta San Miguel Acatán Tectitán Concepción Huista Santa Cruz Barillas San Juan Atitán Santiago Chimaltenango San Gaspar Ixchil San Idelfonso Ixtahuacán San Mateo Ixtatán San Juan Ixcoy San Sebastián Coatán Todos Santos Cuchumatanes Soloma Aguacatán Santa Bárbara Nentón

UD URNG FRG PU FRG FRG FRG FRG FRG FRG UD URNG GANA PAN URNG URNG FRG GANA UNE COMITÉ FRG PAN

SAN MARCOS Sipacapa Tacaná Concepción Tutuapa Tajumulco Ixchiguán Sibinal Río Blanco

FRG DCG FRG FRG URNG UNE UNE

Kaqchikel Kaqchikel

Mam Mam Kanjob’al Mam Mam Mam Chuj Mam Mam Mam Mam Mam Mam Mam Chuj Kanjob’al Chuj Mam Kanjob’al Awakateko Mam Popti’

Sipakapense Mam Mam Mam Mam Mam Mam


154

Informe Final

Alcaldes municipales Domingo de Jesús Solís Icó Elza Cu Francisco Pop Pop Juan Alberto López Pop Gonzalo Paná Chum José Humberto Suc Oscar Yanuario Och Pablo Rax Ramiro García Maaz Rosmundo Véliz

ALTA VERAPAZ San Pedro Carchá Tactic Lanquín Chahal Chisec San Cristóbal Verapaz Tamahú San Juan Chamelco Santa María Cahabón Santa Cruz Verapaz

GANA FRG FRG FRG CC El Conejo DCG FRG GANA GANA PAN

Elías Xitimul

BAJA VERAPAZ San Miguel Chicaj

CC El agricultor Achí

Carlos Simaj Francisco Gómez Manuel de Jesús Tarton Gabriel Guadalupe Cojtí Héctor Tamat José Tereso Xopo Raymundo Juárez Romelio Cúa Valentín Lico Yul

CHIMALTENANGO Chimaltenango Patzicía San José Poaquil Patzún Santa Apolonia Comalapa Balanyá Tecpán Parramos

GANA GANA FRG UNE UNE FRG GANA COMITÉ GANA

Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel

Santos Domingo Mateo Ronaldo Jiménez

JALAPA San Luis Jilotepéquez San Carlos Alzatate

FRG UNE

Poqomam Poqomam

Baldomero Pelicó Itzep Cándido Jesús Reyes Catalino Eligio Cacatzún Egidio Miguel López Mateo Olayo Pérez Eulalio Lucas Camacho Héctor Ixcot Hilario Félix Pérez Melicio Paxtor Miguel Filomeno Velásquez Víctor Sajché

QUETZALTENANGO El Palmar Cabricán Almolonga Huitán Cantel San Miguel Siguilá San Mateo Zunil San Francisco La Unión Cajolá San Martín Sacatepéquez

UNE GANA COMITÉ UNE DCG FRG UNIONISTA FRG FRG PAN FRG

K'iché Mam K'iché Mam K'iché Mam K'iché K'iché K'iché Mam Mam

Q'eqchí Poqomchí Q'eqchí Q'eqchí Q'eqchí Poqomchí Poqomchí Q'eqchí Q'eqchí Poqomchí


II Misión Indígena de Observación Electoral

155

Alcaldes municipales QUICHÉ Cotzal San Bartolomé Jocotenango San Antonio Ilotenango Zacualpa Chiché Patzité Chichicastenango Chajul Ixcán Sacapulas Nebaj

FRG GANA FRG FRG URNG GANA FRG FRG URNG FRG FRG

K'iché K'iché K'iché K'iché Kiché K'iché K'iché K'iché K'iché Sakapulteco Ixil

Rubén Ernesto Axpuac Sotero Chunuj Calixto Reyes Santos Cubur Escobar

SACATEPÉQUEZ San Bartolomé Milpas Altas Santa María de Jesús Santo Domingo Xenacoj Sumpango

UNE FRG FRG UNE

Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel Kaqchiquel

Abel Daniel Xiloj Aniceto Uz Lux Armando Reyna Champet Higinio Juárez Oxlaj Juan Celestino Chuc Juan López Imul Miguel Bernardo Chavaloc

TOTONICAPÁN Momostenango Santa Lucía La Reforma San Bartolo San Francisco El Alto San Andrés Xecul Santa María Chiquimula Totonicapán

UNE FRG COMITÉ UNE FEG FRG FRG

K'iché K'iché K'iché K'iché K'iché K'iché K'iché

Ramón Díaz

CHIQUIMULA Jocotán

FRG

Chortí

José López

ESCUINTLA Palín

UNE

Poqomam

Baltazar Toma Sambrano Bartolo Benito Sotoy Diego Vicente Sic Ernesto Calachij Hipólito Macario Chitic José Chivalán José Tiquiriz Manuel Asicona Rivera Marcos Ramírez Vargas Pedro Pu Virgilio Bernal Guzmán


156

Informe Final

La Misión en Cifras

54

Entrevistas realizadas por los observadores a líderes mayas, dirigentes políticos.

28

Mujeres observadoras.

30

Boletines de prensa

7

Hombres observadores.

24

Conferencias de prensa

3

Observadores indígenas. 44

Publicaciones en periódicos.

20

Observadores no indígenas.

Cantidad (aproximada) de periódicos revisados.

711

Talleres de capacitación. 4

Columnas revisadas, periódicos: Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico.

3106

Facilitadores en los talleres de capacitación.

13

Editoriales revisados de los periódicos: Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico.

694

Guías de trabajo utilizadas para recopilar la información.

4

Notas revisadas de los periódicos.

1,724

Departamentos observados.

22

Transmisiones Radiales a control remoto.

1

Municipios donde se desplegó la Observación. 331

Cuñas radiofónicas en diferentes idiomas mayas.

4

Viajes itinirantes del Equipo Técnico.

Departamentos donde se divulgaron los spot radiales en idiomas mayas.

19

Informes de Observación Electoral. 552

Cantidad de radios del interior del país donde se divulgaron los anuncios en idiomas mayas y español.

76

Reuniones del Consejo Directivo.

Spots de radio divulgados en comunidades lingüísticas.

13

Total de Observadores de la Misión.

10

9

12


II Misión Indígena de Observación Electoral

Reuniones de cabildeo.

29

Reuniones de evaluación del proceso electoral.

2

Fotografías de algunas actividades del Proceso Electoral.

157

415

Entrevistas al Consejo Directivo Televisión

11

Radio

Prensa escrita

23 19

Gobernadores Departamentales nombrados por el Poder Ejecutivo No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

GOBERNACIÓN ALTA VERAPAZ BAJA VERAPAZ CHIMALTENANGO CHIQUIMULA EL PROGRESO ESCUINTLA GUATEMALA HUEHUETENANGO IZABAL JALAPA JUTIAPA PETÉN QUETZALTENANGO QUICHÉ RETALHULEU SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS SANTA ROSA SOLOLÁ SUCHITEPÉQUEZ TOTONICAPÁN ZACAPA

GOBERNADOR / A CARLOS BERNARDO EULER PACAY ELÍAS JAVIER PRERA VENTURA HÉCTOR HORACIO CANA MARÍA CONSUELO CASTILLO CABRERA DORA LISET DEL CID ALVARADO DE MORALES LUIS ALBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ MIRLA JULIETA FLORES TOBAR DE ALFARO MAURO GUZMÁN MÉRIDA JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ARÉVALO CARLOS ALBERTO PINTO ABZÚN HÉCTOR TORRES AGOSTO MANUEL DE JESÚS BARQUÍN DURÁN NORMA HEYDEE QUIXTÁN ARGUETA DE CHOCOJ JOSÉ FRANCISCO LUX LÓPEZ CARLOS ERNESTO QUINTANA SARAVIA JOSÉ FRANCISCO GIRÓN DE LEÓN HÉCTOR EDMUNDO ARANA MARROQUÍN PEDRO ARNULFO MAIREN ALEMÁN JULIO ADALBERTO URREA RUIZ JUAN CARLOS CONTRERAS VILLAGRÁN JUAN ARMANDO CHUN CHANCHAVAC CÉSAR AUGUSTO PAIZ GÓMEZ


Informe Final, Elecciones Generales 2003, se termin贸 de imprimir en julio 2004. Se imprimieron 5,000 ejemplares en papel bond 80.



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