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ESTADO DE LA NACIÓN
ARMONÍA CON LA NATURALEZA
RECUADRO 4.14
El manejo de residuos sólidos mejoró las finanzas del municipio de Alvarado Hace cuatro años, la Municipalidad de Alvarado, en Cartago, se encontraba en serios problemas financieros, sin recursos económicos por una morosidad elevada y sin una solución a corto plazo. En respuesta a esta situación, y gracias al entusiasmo y participación de la comunidad, se diseñó un ambicioso plan para recuperar de entre los residuos sólidos aquellos que tuvieron valor comercial. Se decidió crear la Oficina de Gestión Ambiental y comenzar a ejecutar proyectos concretos para el manejo de residuos sólidos y la protección de fuentes del agua, entre otros. Hoy en día es obligatoria la selección de materiales en la fuente, aunque todavía no se aplican las multas por incumplimiento de esta disposición; más del 50% de las personas hace la separación de los residuos puntualmente, y se logró una mejora en las finanzas municipales. En los últimos meses de 2010, cada semana ingresaban al botadero de Cervantes, en promedio, ocho camiones con siete toneladas de residuos cada uno. Pese a que se amplió la recolección al sector de Charcalillos y el caserío Los Gómez en el distrito de Lourdes, lo que significa un 5% más de la ruta, el número de camiones semanales ha disminuido a cuatro.
Bajo el programa de reciclaje “Asociación Recicladora Alvarado Limpio y Sano” (Arlisa) se recolecta y comercializa el resto de los residuos. El último viernes de cada mes se recogen también los desechos no tradicionales como chatarra, aceite de cocina, colchones, muebles, PVC, que antes eran lanzados a los ríos y cuya recolección implicaba una labor difícil y costosa para el municipio. Además, con la implementación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos fue posible aumentar la tarifa de recolección y tratamiento, de 1.500 a 2.200 colones, y se ha fortalecido la acción municipal. Otras instituciones que antes no participaban tan activamente ahora son actores clave del proceso, como escuelas, Ebais, el MAG e incluso el comercio, aunque este último con alguna reticencia inicial. Al integrar a los vecinos de Charcalillos se eliminó la contratación de operadores privados de vagonetas, una costumbre muy afianzada en las zonas rurales. Aunque todavía se está tratando de resolver el tema del sitio de vertido, este caso es un ejemplo de cómo la organización, con acuerdo social y voluntad, puede ponerse al servicio de la solución de los problemas comunales. Fuente: Soto, 2011.
claridad los complejos procesos sociales e institucionales que derivan en resultados de alto impacto. Este es, además, un tema clave en el marco del cambio climático, dado que ese fenómeno agudiza las debilidades actuales y multiplica las amenazas ya existentes. El país ha sido efectivo en la generación de gran cantidad de instrumentos de política y estrategias en esta materia, pero no ha logrado que tales mecanismos se traduzcan en una menor vulnerabilidad, tal como se vio en el reporte sobre desastres de la primera sección de este Informe, y sobre todo, no ha sido capaz de integrar la gestión del riesgo en su agenda de desarrollo.
Entre esta diversidad de acuerdos y acciones de política nacional y regional sobresalen el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 2010-2015, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR), de 2010, la Estrategia Regional Centroamericana de Cambio Climático, de 2008, y el nuevo Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Cepredenac) publicado en 2008, para elaborar guías de buenas prácticas productivas y desempeño eco-eficiente. En el recién publicado
CAPÍTULO 4
Cuarto Informe Estado de la Región (2011) se analiza la evolución conceptual e institucional que se ha dado en Centroamérica en este campo, así como algunos de sus desafíos. La PCGIR enfatiza en el “riesgo extensivo” y se aleja del enfoque anterior de “riesgo intensivo”. El riesgo extensivo se refiere a eventos cotidianos de baja intensidad pero alta recurrencia, como vendavales, inundaciones y deslizamientos, usuales en comunidades rurales y asentamientos urbanos en exclusión social y muy vulnerables ante estos fenómenos hidrometeorológicos. Este es uno de los mayores desafíos nacionales, dado que la falta de planificación y ordenamiento del territorio, unida a las condiciones de vulnerabilidad social, constantemente generan desastres y grandes pérdidas humanas y materiales. Aunque ya se analizó en la anterior edición de este Informe, el caso de Calle Lajas de Escazú es un claro ejemplo de este tipo de riesgo (recuadro 4.15). Por su parte, el riesgo intensivo alude a eventos poco frecuentes en número pero que provocan altas tasas de mortalidad, como terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis y sequías severas. La PCGIR propone a los responsables institucionales y sectoriales un abordaje integral, que entrelace la gestión del riesgo con los temas económicos, ambientales y de cohesión social. El Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 2010-2015 es un marco estratégico centrado en reducir la vulnerabilidad de la población costarricense. En él sobresale la inclusión de ejes y objetivos estratégicos coincidentes con el enfoque de planificación del desarrollo con criterios de riesgo, con la visión territorial y con la convocatoria a un abordaje intersectorial integrado. Los innegables avances en la generación de políticas, decretos, planes y acuerdos internacionales y nacionales, en general, carecen de acciones explícitas que garanticen su ejecución y la debida rendición de cuentas. La lentitud y el inconsistente desempeño de los países en el cumplimiento de los compromisos adquiridos fueron señalados en los foros organizados por