’Saving’ Pemex o Enron Pemex? II

El sindicalismo en México

Dentro del panorama, otra de las grandes preguntas es ¿Dónde estaban los auditores?

José Roberto Bonilla Bahena jrobbon@pm.me Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con estudios en innovación y negocios por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Aquí llegamos precisamente al punto toral de esta columna, mencionaré que recientemente colaboré con la periodista Claudia Ocaranza en el artículo elaborado para OPINIÓN 51 con el título “Carrera Panizzo sabía de las pérdidas de Agronitrogenados pero el Consejo de Administración de Pemex también”, en la columna analizamos a profundidad la sentencia del Tribunal de Justicia Federal Administrativa respecto a uno de los principales operadores de la compra de Agronitrogenados por parte de Pemex: Carrera Panizzo. Aquel servidor (público y privado al mismo tiempo) llevaba laborados en Pemex aproximadamente 10 años en el momento en el que fue sancionado con una inhabilitación por el tema de Agronitrogenados; fue director de PMI Comercio Internacional y otras empresas filiales, como consejero en las que Pemex es dueño directo de su capital accionario (algunas de estas empresas están constitutidas en Holanda, México y España y no están sujetas a revisión de la Auditoría Superior de la Federación); la ingeniería jurídica que conllevó a la adquisición de Agronitrogenados y donde posteriormente el Consejo de Administración de Pemex en 2015 le nombró “Director de Alianzas y Nuevos Negocios”, fue el modus operandi bajo el que estas empresas fililiales constituidas al amparo del derecho privado donde Pemex es el dueño y el Consejo de Aministración quien ejerce el control efectivo de dichas sociedades generaron una pérdida aproximada por la adquisición de Agronitrogenados por 275 millones de dólares. Aunque Carrera Panizzo y Emilio Lozoya son parte de las figuras centrales de los últimos escándalos en los que Pemex ha estado envuelto, en la versión pública de la sentencia que analizamos de Carrera Panizzo, observamos que una de las pruebas torales ofrecidas y no admitidas por el Tribunal Federal de Justicia Admnistrativa; fueron precisamente dos actas de Consejo de empresas filiales del 2 de Junio de 2016 celebradas en las oficinas de Pemex en Marina Nacional, así una tercera de la compañía propiedad de PEMEX y con sede en Holanda de nombre PMI Holding. De esta experiencia podemos extraer el hecho de que aunque la Auditoria Superior de la Federación analice a Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, en su viabilidad y aprovechamiento de los recursos financieros recibidos por parte del Gobierno Federa, solamente, es exigibible su transparencia respecto a las empresas productivas subsidiarias que son dadas a conocer en su vida corporativa en el Diario Oficial de la Federación y en el

Una incertidumbre material que puede crear una “ duda significativa sobre la capacidad de Pemex”

Acta de Asamblea que en su caso genere el Consejo de Administración de Pemex. Para el tema de las empresas filiales, hasta el año de 2020 Pemex detenta 30 empresas de esta índole, sin contar la más reciente GAS BIENESTAR S.R.L. De C.V y la próxima autorizada que aún no conocemos pero que sabemos tiene por meta retomar el sector de logística y despacho de petrolíferos. Este discurso de “Por el rescate a la soberanía...” y su actual estructura corporativa, dejan mucho que desear cuando el propio auditor independiente –si aprendemos la lección de Panizzo y Enron– declara públicamente la incertidumbre material relacionada con Pemex como negocio en marcha ya que en el ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 2020, Pemex presenta una pérdida neta de $509,052,065; además, a esa fecha tiene un déficit acumulado de $2,404,727,030, y el estado de situación financiera muestra un exceso de pasivos circulantes sobre activos circulantes de $442,550,332. Estas cuestiones, aunadas a los estados financieros consolidados adjuntos, indican la existencia de una incertidumbre material que puede crear una duda significativa sobre la capacidad de Petróleos Mexicanos para continuar como negocio en marcha. Opinión que actualmente no ha sido modificada en relación con esta cuestión. Ahora bien, para el tema de quienes aún tengan dudas sobre cómo es posible que una empresa en quiebra técnica como Pemex subaste certificados bursátiles en México y en algunos casos internacionalmente –al amparo de la Securities Act de 1933 si es en Estados Unidos–, solamente les diré que aunque la Ley Federal de Deuda Pública contempla que las empresas productivas del estado y sus empresas productivas subsidiarias con previa autorización y verificación que la Secretaría de Hacienda en su caso permita, no deben adquirir deudas mayores a las que puedan pagar las entidades públicas que así lo necesiten; tomando en cuenta también que hasta los propios colocadores de bonos previenen a los inversionistas que el Gobierno Federal Mexicano puede reorganizar sus activos al controlar a la emisora, por lo que puede limitar la capacidad de pago, y que en el caso de que quieran reclamar sus prestaciones por dichas inversiones, al amparo del Código Civil Federal Mexicano, la disposición es clara:

ARTICULO 4º.- Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes. Aunque las empresas subsidiarias de Pemex sean garante de la deuda, el Gobierno Federal es quien tiene la última palabra y mientras existan casos como los de Emilio Lozoya o Carrera Panizzo el elefante blanco de Pemex terminará siempre en la misma encrucijada: