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El sindicalismo en México
El sindicalismo en México I
Carlos Emiliano Villaseñor Moreno
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carlos@oem.org.mx Graduado de la licenciatura de ciencia política en el ITAM y actualmente analista en temas de equidad de género en Ombudsman Energía México
Luis Emilio Giménez Cacho en su análisis ¿Hay futuro para el sindicalismo mexicano? Los desafíos de un nuevo contexto legal y político expone la crisis de confianza y de funcionamiento de los sindicatos en nuestro país, los factores que los llevaron a su situación actual y la posibilidad de reformarla. El nacimiento y desarrollo del sindicalismo en México está ligado, según nos explica Giménez Cacho, a una subordinación al gobierno. En principio actuaron como una fuente de capital político para los gobiernos post-revolucionarios y ayudaron a impulsar reformas progresistas durante el cardenismo, los sindicatos tenían peso y presencia en la política y la sociedad en los años veintes y treintas. Sin embargo, con la consolidación de más grandes y fuertes sindicatos comenzó a incrementar su dependencia al gobierno, evidenciada por la obligatoriedad del encuadramiento al sector obrero del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) o la necesidad de tener al gobierno de su lado en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Más específicamente la primera Ley Federal del Trabajo vigente de 1931 a 1970 no contemplaba la libertad sindical, limitaba los tipos de sindicatos, establece la cláusula de exclusión; regulaba el derecho a huelga y el registro sindical; además de realizar fuertes intentos para eludir las responsabilidades patronales del Estado excluyendo a la burocracia de la legislación laboral. Todo esto en un contexto de crisis económica y división del movimiento obrero (Ramos, NA). Además el fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la industrialización y el crecimiento económico al país que junto con un paulatino alejamiento de las ideas y principios de la Revolución llevó a un régimen que se inclinaba a favorecer a los intereses privados. Dada la subordinación al partido hegemónico y la legislación laboral existente, el sindicalismo se vio obligado a supeditar sus intereses y sus acciones a la autorización gubernamental. El entrelazamiento entre los sindicatos y el gobierno es evidente para cualquiera que haya hecho una breve revisión de la historia mexicana post-revolucionaria, el PRM fue diseñado con el propósito de incluir a cuantos grupos sociales pudiera para la resolución de conflictos políticos dentro del aparato del partido único, se trata del corporativismo político mexicano (Armenta, 2006). No obstante, existe discrepancia en el momento y la razón por la que se dio, la cada vez más fuerte, tendencia a favorecer los intereses privados. Toledo, (2018) profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) considera que la coyuntura se da en 1982 con la llegada del neoliberalismo y la recesión económica que lleva a políticas que buscan congelar los salarios,

flexibilizar las relaciones laborales y reducir el poder de los sindicatos durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Esto contradice el recuento de Giménez Cacho que describe el cambio como consecuencia de la industrialización en el país en el periodo post-guerra. De igual manera en el seno de los propios grupos sindicales los estatutos democráticos fueron desvaneciéndose dando paso a estructuras diseñadas para mantener a ciertos grupos y líderes en el poder. Esto dio paso a la figura del eterno líder sindical, tan común en México, que depende más del respaldo del gobierno que de los trabajadores a quienes representa. No obstante, la caída en la confianza hacía los sindicatos tiene más que ver con un mal desempeño en el cumplimiento de los objetivos que lo trajeron a la existencia en primer lugar, la representación de los trabajadores. El primer aspecto en el que se refleja el pobre desempeño de los sindicatos mexicanos es en la negociación de contratos colectivos. Los sindicatos se encuentran ampliamente fragmentados por lo que es común que una misma compañía consiga contratos colectivos diferentes para distintos sindicatos aún si se trata de condiciones de trabajo similares. Asimismo, los líderes sindicales manejan, en muchos casos, los contratos colectivos a su propia discreción y criterio creando incenti-
vos perversos como el uso del estatus sindical como método de extorsión o la firma de contratos colectivos sin conocimiento o consentimiento de los trabajadores. El mal estado de la negociación colectiva se puede constatar en el hecho de que el 90% de los contratos colectivos caen dentro de la categoría de contratos de protección patronal, además de la persistencia del sindicalismo blanco como modelo sindical incluso después de las transformaciones económicas y políticas que sufrió el país a mediados de los noventas. El marco legal en el que se da la negociación colectiva también debe cambiar, pues el Poder judicial ha tenido que trabajar para interpretar una ley que no encaja con la realidad laboral mexicana como el hecho de tener que aclarar que el principio de autonomía y voluntad de las partes en la firma de un contrato no opera para renunciar a derechos adquiridos (Morales, 2011). En segundo lugar, las acciones de los sindicatos también ayudaron a la creación de diferentes instituciones que recrearon un sistema de participación tripartita como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). El papel de las representaciones trabajadoras en estas instituciones era el actuar como contrapeso a los intereses de los empleadores pero en la práctica nunca actuaron con verdadera autonomía. 1/2
¿Energía fotovoltaica viable para todos?
El camino hacia una transición inclusiva
Se necesita más apoyo del gobierno con mayor flexibilidad para hacer que los paneles solares sean una opción viable para los propietarios de edad avanzada, los estudiantes que alquilan viviendas y los discapacitados, advierte una nueva investigación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sussex. La investigación exige iniciativas de políticas como incentivos fiscales y subvenciones para ayudar a reducir el costo de instalar energía solar en vecindarios con mucha carencia. Los académicos recomiendan ampliar los sistemas de préstamos sin intereses recientes para vehículos eléctricos para incorporar la instalación de paneles fotovoltaicos como parte de políticas más flexibles que aborden los distintos desafíos solares experimentados por diferentes hogares. La expansión de los modelos comerciales de propiedad compartida, incluidas las cooperativas o los esquemas dirigidos por consejos que ofrecen despliegue y mantenimiento de energía solar a hogares que no pueden pagar, ayudaría a los estudiantes, inquilinos y no propietarios a beneficiarse también del despliegue de energía solar fotovoltaica, recomienda el artículo publicado en el Revista Política Energética. Si bien los esquemas existentes fueron bienvenidos por los hogares para ayudar a implementar los sistemas fotovoltaicos, el estudio identificó problemas posteriores que resaltan la necesidad de repensar esas políticas para garantizar que estén atentos a las desigualdades emergentes. El estudio identificó que los hogares experimentan vivir con sistemas fotovoltaicos de maneras muy diferentes y no siempre recibieron el máximo beneficio. La investigación identificó algunos propietarios que utilizaron su generación de energía solar para justificar un mayor uso de aparatos eléctricos como televisores, secadoras de ropa en el verano y jacuzzis. Los investigadores sugieren que las tarifas de energía progresivas o las pantallas en el hogar, como parte de un paquete de medidas más amplias de concienciación sobre energía y reducción de la demanda, podrían ayudar a desincentivar este comportamiento de rebote. Los autores identificaron la necesidad de políticas que respondieran a los desafíos del mantenimiento, la reparación, la eliminación y la refabricación de los sistemas solares fotovoltaicos y no solo su instalación, incluida la responsabilidad extendida del productor y los esquemas de recuperación de los sistemas solares averiados o retirados
para abordar un problema creciente de desechos dentro de la industria.

Además, los investigadores defienden que las medidas para hacer que la energía fotovoltaica sea más equitativa y circular abordarán las desigualdades más allá de beneficiar a los hogares y volver a las cadenas de suministro. El estudio recomienda estándares rigurosos de la industria sobre la transparencia de la cadena de suministro, incluidas las enmiendas a la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 para enfocarse en todas las tecnologías bajas en carbono, para garantizar que la transición a una economía baja en carbono en el Reino Unido no esté directamente relacionada con pobres, ilegales o prácticas laborales inhumanas dentro de las cadenas mundiales de suministro de energía solar. 1/2