Libro 25 años OEA by Observatorio Económico de Andalucía

Observatorio Económico de Andalucía 25 años de análisis, debates y propuestas

Diciembre de 2015

Edita Coordinador de la edición Fotofrafía de cubierta Edición gráfica Impresión

Observatorio Económico de Andalucía Martín Risquez Manuel Millán Herce Pagliai Jacinto Gutiérrez Escandón Impresores

ÍNDICE

Prólogo Francisco Ferraro Presidente del O.E.A.................................... Pág. 9 1. Porqué decidimos crear el Observatorio

Jerónimo Molina Economista ............................................. Pág. 12 2. Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

Joaquín Aurioles Economista ............................................. Pág. 21 3. 25 años del Observatorio Económico de Andalucía

Martín Rísquez Periodista .................................................. Pág. 53 4. Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

Francisco Ferraro Catedrático de Economía Aplicada .............. Pág. 145 5. Colaboraciones de los socios ....................................... Pág. 170 Álbum

.......................................................................................... Pág. 201

Anexos

.......................................................................................... Pág. 217

En memoria de Antonio Contreras Ramos, cofundador del Observatorio Econ贸mico de Andaluc铆a.

Prólogo

Prólogo Francisco Ferraro Presidente del Observatorio Económico de Andalucía

on este libro, que celebra los veinticinco años de existencia del Observatorio Económico de Andalucía, pretendemos dar fe de que hemos vivido y lo que hemos tratado de aportar al desarrollo de Andalucía. También es un homenaje a nuestro recordado amigo Antonio Contreras que, junto a Jerónimo Molina, concibieron y pusieron en marcha el Observatorio animados por su espíritu reformador y por el estilo compartido de integrar trabajo y acción social con los lazos de la amistad. Seguro que ellos en 1990 no imaginaron que al cabo de veinticinco años esta institución tendría una historia que contar. Una historia posiblemente modesta, pero de la que nos sentimos orgullosos los que hemos participado en ella por su honestidad e independencia. Las democracias más avanzadas del mundo se caracterizan por tener en su estructura institucional, además de instituciones de representación política y de gobierno y de medios de comunicación libres, a instituciones independientes de la sociedad civil, que enriquecen la vida social. Entre la diversidad de estas instituciones, las que tienen como objetivo la reflexión, el debate y la emisión de opinión sobre la realidad económica y social y sus perspectivas, y que realizan recomendaciones de políticas públicas son frecuentes en la mayoría de estos países, siendo algunas de ellas muy influyentes en la configuración de las ideas dominantes y en las decisiones políticas. Desde su creación, el Observatorio ha asumido ese papel y, como recoge sus estatutos, sus fines son: 1) Constituir un foro de análisis y reflexión sobre la economía y sociedad andaluza, 2) Promover el intercambio de ideas, estudios y propuestas, elaborando informes y formulando conclusiones sobre las líneas básicas de actuación de la política económica regional, 3) Colaborar, con base en el rigor y la pluralidad, en el avance social y en la articulación cívica de Andalucía, y 4) Coadyuvar al desarrollo económico de Andalucía y al mejor aprovechamiento de sus posibilidades y recursos. El OEA es una institución de la sociedad civil de carácter altruista, ya que si bien pretende influir en la sociedad, y en la política económica andaluza, no lo hace defendiendo los intereses singulares de sus asociados (como otras organizaciones patronales, sindicales o de otra naturaleza, que, legítimamente, defienden intereses corporativos), sino que persigue el interés general de la sociedad. Y lo hace de forma independiente de cualquier partido político o ideología, tratando de anticiparse a los problemas y de mejorar la calidad del debate público, elaborando documentos y emitiendo opinión basados en la evidencia empírica y en el análisis económico. Para ello, en estos veinticinco años el OEA ha realizado múltiples actividades, que se recogen en este libro: conferencias, debates, foros, mesas redondas, barómetros, documentos, ruedas de prensa y participación en otras iniciativas compartidas. Estas ac-

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tividades caracterizan las funciones básicas del OEA. Por una parte, ser un lugar de encuentro de las personas interesadas en los temas más candentes de la economía y la sociedad y, por otra parte, un foro de opinión que traslada a la sociedad las reflexiones y recomendaciones sobre los asuntos que más preocupan o trascienden socialmente. Así, hemos analizado y publicado documentos sobre temas tan variados como la financiación autonómica, el mercado de trabajo, la eficiencia y control del sector público y propuestas de reforma de las administraciones públicas, planes de desarrollo, innovación y desarrollo tecnológico, política industrial, mercado inmobiliario, las políticas activas de empleo,… Y lo hemos hecho tratando de ser rigurosos, apoyándonos en el análisis económico y la experiencia, pero también con la pasión de los que quieren mejorar el mundo en el que viven. Cuando iniciamos nuestra andadura en 1990, la economía andaluza estaba favorecida por el viento de cola de la reciente incorporación a las Comunidades Europeas, una fase alcista del sector de la construcción y la perspectiva del mítico 1992. Sin embargo, en los últimos meses de este año se iniciaría una crisis que provocaría un duro ajuste empresarial y de empleo. La recuperación en la segunda mitad de la década de los noventa y su prolongación hasta 2008 hizo pensar a más de uno que las crisis y los ciclos estaban arrumbados a la historia. Años de elevado crecimiento del consumo y la inversión inmobiliaria, en los que la inmigración pasó de ser un fenómeno anecdótico a tener una intensidad inimaginable, e incomprensible para algunos analistas por su convivencia con elevadas tasas de paro. En estos años en el Observatorio se celebraron varias sesiones en las que se insistió en los pies de barro de nuestro modelo de crecimiento y en la necesidad de cambios de orientación en políticas públicas que estaban cebando la bomba del boom inmobiliario y financiero,… pero en medio de la fiesta nadie quería oír las recomendaciones. La crisis estalló con intensidad como se analiza en este libro, y en la actualidad nos encontramos en una fase de recuperación, pero sin reformar las políticas y sin cambios significativos en nuestro modelo productivo. Sin duda Andalucía ha mejorado su nivel de vida, pero nos enfrentamos a un futuro complicado: después de tantos años de autonomía no hemos logrado converger ni con la media española ni con la europea, tenemos un nivel de paro desmesurado y una insuficiente base empresarial. Y, ante esta realidad, no se observan respuestas significativas de la sociedad ni de su representación política, en ambos casos más preocupadas por recuperar lo perdido en la crisis que por poner las bases para participar consistentemente en un mundo cada vez más abierto y competitivo. Después de un cuarto de siglo el objetivo del Observatorio sigue siendo contribuir a una sociedad andaluza más libre, educada, transparente, justa, cosmopolita y desarrollada, y para ello apoyamos las iniciativas en orden a una regeneración democrática que modernice nuestro sistema de representación política, que erradique la corrupción, mejore el sistema educativo, agilice la justicia y haga más liviana, adaptativa y eficiente a las administraciones públicas. Creemos que las instituciones de la sociedad

Prólogo

civil deben ser coprotagonistas de estos debates públicos, y deben actuar de contrapeso a las tentaciones de los políticos de monopolizar la vida pública. El particular perfil del OEA le lleva a enfatizar en los asuntos económicos de mayor trascendencia para la región. Entre éstos la necesidad de realizar cambios institucionales profundos para resolver la restricción fundamental de Andalucía: la insuficiente base productiva y la limitada capacidad competitiva. En un mundo globalizado en el que son previsibles grandes cambios, y con una sociedad e instituciones andaluzas resistentes a las reformas, el OEA pretende anticiparse y estimular la adaptación temprana a los nuevos escenarios. Por tanto, el proyecto del OEA es perseverar e intensificar sus análisis y propuestas sobre la economía y sociedad andaluza, y conseguir que las reflexiones y propuestas trasciendan a la ciudadanía. El contenido del libro se centra en la historia del Observatorio, realizada por Martín Rísquez, periodista económico que participa en el Observatorio desde sus inicios y al que le agradezco su generosidad al abordar un trabajo de investigación, sistematización y redacción de nuestra historia. Su trabajo se expone en cuatros subcapítulos en los que se analizan la dinámica histórica, las actividades, los ponentes y la temática, último capítulo éste en el que se espigan algunos de los debates, opiniones y declaraciones, y de donde se puede deducir que las propuestas del Observatorio no han tenido por lo general un respaldo inmediato de los poderes públicos, pero que con el tiempo buena parte de nuestros planteamientos han pasado a ser más compartidas socialmente. El trabajo de Martín Rísquez se completa con un conjunto de anexos que ayudarán a preservar la historia del Observatorio. El resto del contenido del libro lo forman el capítulo de Jerónimo Molina que cuenta en primera persona las razones fundacionales del Observatorio, y los dos capítulos restantes versan sobre la evolución, actualidad y perspectivas de la economía andaluza, y lo hemos realizado Joaquín Aurioles y el que suscribe, a los que nos une nuestra profesión universitaria, el trabajo en la presidencia del Observatorio, la pasión por Andalucía y la amistad. Desde nuestros puntos de vista (en general compartidos, aunque diferentes en algunos enfoques) hemos tratado de analizar la economía y las instituciones andaluzas con la vocación de suscitar la reflexión y el debate sobre nuestra tierra. El libro se completa con veinte colaboraciones en las que otros tantos miembros del Observatorio reflexionan sobre su experiencia en el mismo o sobre aspectos concretos del análisis económico de Andalucía, lo que constituye un complemento enriquecedor de los capítulos y una imagen del mismo Observatorio, en el que si bien sus miembros compartimos rasgos fundamentales del diagnóstico y las recomendaciones sobre la economía regional, existe un rico debate en todos los encuentros. Debo concluir agradeciendo a todas las personas que han hecho posible la elaboración de este libro. A los autores de los capítulos, a los miembros que aportan su vi-

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sión, a Azvi por su colaboración en la publicación de este libro y a Cajamar y Unicaja, nuestros fieles patrocinadores. Le animo a leer este libro, a conocer nuestra historia, nuestras preocupaciones y aportaciones, y también a participar con el Observatorio en la tarea de alumbrar una Andalucía más desarrollada n

Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

1. Porqué decidimos crear el Observatorio Jerónimo Molina Economista

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Porqué decidimos crear el Observatorio

L OEA fue una de las consecuencias de la colaboración entre los servicios de estudios de las Cámaras de Comercio de Almería y Sevilla. Esta se inició en 1989, año en que me incorporé a la Cámara de Almería para organizar un Servicio de Estudios que ayudara a explicar y dar soporte estadístico al espectacular crecimiento que estaba teniendo la provincia en los últimos años. A diferencia de lo que podía considerarse como normal, esta evolución positiva de la economía no estaba soportada por un desarrollo de la industria ni de los servicios, sino que era el sector primario (agricultura intensiva) quien lo había inducido. Por otra parte, el escaso stock de capital público existente en la provincia, era un importante factor retardador del desarrollo; determinar sus carencias y sus negativos efectos, demandaban una base estadística y de análisis económico inexistente y muy necesaria, en esos momentos para la provincia. Por otra parte, ese mismo año de 1989 era vocal del Pleno de la Cámara de Sevilla Antonio Contreras Ramos, con el que me unía una vieja amistad forjada en las noches de estudio preparando los exámenes de las últimas asignaturas de la Licenciatura de Ciencias Económicas en la Universidad de Málaga. Aún recuerdo la cabina de teléfonos desde la que le llamé para comunicarle que por fin habíamos aprobado la última asignatura, por cierto Política Económica III de la que era profesor Juan Ramón Cuadrado Roura, con el que luego hemos mantenido muy buenas relaciones profesionales. Nuestra amistad perduró a pesar de la lejanía y se acrecentó durante el año que trabajé en Sevilla a mediados de los ochenta, donde la acogida de Antonio y su familia, me hicieron mucho más llevadero el exilio sevillano. No necesitamos nada para empezar a trabajar conjuntamente. Antonio, como responsable de Economía del Pleno sevillano, rescató a la joven economista Pilar Gayán y juntos crearon el Servicio de Estudios de la Cámara de Sevilla. Contactamos con el resto de Cámaras de Andalucía y enseguida empezamos a colaborar con el Servicio de Estudios de Consejo Superior de Cámaras, entonces dirigido por Gonzalo Solana y que estaba orientado a realizar estudios de economía regional y en particular a seguir la evolución de la coyuntura económica desde una óptica regional. Nosotros, claro está, hacíamos los informes de coyuntura trimestral correspondientes a Andalucía que luego poníamos en común con el resto de autonomías en la sede del Consejo Superior. No menos intensa fue la relación con el recién creado Instituto Andaluz de Estadística para la organización y gestión de las series provinciales y autonómicas, cuestión que hoy parece muy evidente pero que en aquellos años no estaba mínimamente estructurado ya que la mayoría de las bases estadísticas correspondían a datos nacionales sin desagregar. En esta intensa y a veces frenética relación dos cuestiones aparecían de manera recurrente en nuestras conversaciones y casi siempre planteadas por Antonio: el papel de los empresarios en la sociedad de aquel momento y la necesidad de tener una visión de conjunto de la economía de Andalucía.

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La sociedad española de finales de los ochenta estaba inmersa en grandes procesos de cambio. En lo político, la construcción de la democracia, con la peculiaridad del Estado de las autonomías, y en lo económico, el fin del largo periodo proteccionista de la economía española que arrancaba de la lejana restauración de Cánovas y que por fin terminaba con la plena integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. La incidencia de estas transformaciones sobre el empresario era variada y a veces con contradicciones. Por una parte, no cabe duda de que la integración en la CEE abocaba a las empresas a un marco competitivo mucho más abierto de lo que había sido tradicional. Para la mayoría de las empresas la capacidad de relacionarse y de gestionar influencia en la Administración había sido mucho más eficaz para su cuenta de resultados, que la capacidad de innovar y de competir en los mercados. Por otra parte, la adaptación de los agentes económicos a los cambios normativos requiere de lentos procesos; no basta con cambiar una norma para alterar en pocos años actitudes y comportamientos forjados durante décadas. En medio de todos estos cambios en el panorama económico, estaba la creación del nuevo marco político que venía definido por la puesta en funcionamiento de las autonomías. La confluencia de ambos procesos complicaba las relaciones entre los agentes económicos, al tiempo que se percibía en el ambiente una desconfianza mutua, entre el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y los representantes de los empresarios, principalmente los agrupados en torno a la Confederación de Empresarios de Andalucía. La desconfianza de unos y otros y el afán de los nuevos gobernantes autonómicos de redimir Andalucía de forma inmediata, derivó en un exceso de regulación y de intervencionismo de la Administración que anularon, en parte, las ventajas del nuevo marco regulatorio derivado del mercado único. Así, mientras la Administración reconstruía en el ámbito autonómico su red clientelar, la patronal se centraba en darle forma a su propia estructura funcional, más pendiente de firmar pactos con sindicatos y Administración para fortalecer su propia imagen, que de ayudar a las empresas a mejorar su capacidad para competir en los mercados. Paralelamente en el contexto empresarial, asomaban sectores emergentes muy orientados a los mercados de exportación y otros más conservadores, pendientes de influir sobre la nueva Administración. Este era el debate que queríamos hacer en este nuevo foro: el papel de los empresarios y el papel de la nueva Administración. Y lo queríamos hacer desde la sociedad civil, sin ataduras ni dependencias de nadie. La fuerza creadora de Antonio, su capacidad de organizar, movilizar y de ilusionar, al que yo seguía como fiel Sancho tratando de dar forma y orden a su desbordante imaginación, fue lo que nos llevó a pensar en una plataforma de debate y de reflexión, donde además hiciéramos un seguimiento continuado de la actividad económica tanto nacional como andaluza, para facilitarle información a los empresarios. Pero en vez

Porqué decidimos crear el Observatorio

de concretarlo en jornadas o seminarios, que era la fórmula tradicional, creímos más oportuno organizar un foro de encuentro permanente que diera continuidad a la reflexión; un lugar donde seguir la marcha de la economía, analizar los hechos relevantes y sacar conclusiones que pudiéramos presentar a la sociedad. A este foro de encuentro había que ponerle un nombre y una vez más la imaginación de Antonio lo resolvió; un lugar donde observar la economía: Observatorio Económico de Andalucía. Es curioso cómo un nombre que has visto nacer va tomando cuerpo y se va extendiendo hasta hacerse una denominación genérica para este tipo de foros. El siguiente paso era elegir los miembros del Observatorio y organizar el modo de funcionamiento. Inicialmente pensamos que el número de miembros permanentes debería ser reducido para que los debates fueran intensos, pues teníamos claro que el objetivo no era traer ponentes de prestigio para que dictaran conferencias, sino debatir con ellos sobre el tema concreto de cada sesión y para ello era preferible un número reducido de asistentes. Había que contar con profesionales de reconocido prestigio, de varios sectores de la economía —financiero, agroalimentario, empresarios, académicos, investigadores de institutos de estudios— y que fueran buenos conversadores. A una primera reunión en Málaga con Francisco Mochón, entonces catedrático de Economía Aplicada en la universidad de Málaga, le siguió otra con José Javier Rodríguez Alcaide y así fuimos hilando el grupo de profesionales que terminó formando los miembros permanentes del Observatorio y que se detalla en otro apartado de este libro. Sólo habría que añadir que todos ellos desempeñaban su actividad profesional en distintas provincias de Andalucía, excepto dos que lo hacían en Madrid: Gonzalo Solana director del Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y Francisco Oña, entonces director de los Mercados de Renta Fija. El objetivo del Observatorio era invitar a personalidades de relieve, principalmente del resto de España, para que nos ilustraran con sus conocimientos y con la visión de la realidad de que eran expertos; pero también pretendíamos que nos conocieran, que captaran de primera mano la realidad andaluza, sin olvidar fomentar las relaciones personales y de colaboración con ellos. En los primeros años del Observatorio, las sesiones se iniciaban con una explicación del tema elegido por parte de uno de los miembros permanentes, que además presentaba a los dos ponentes que desarrollaban el tema: uno desde una óptica nacional y el otro con una perspectiva más andaluza. A continuación se iniciaba un amplio debate, al que le dedicábamos más tiempo que a las ponencias y del que tratábamos de sacar una conclusiones comunes que fijaran la posición del Observatorio respecto al tema tratado, lo cual a veces tenía serias dificultades. Después se terminaba la sesión en una animada comida que normalmente se alargaba hasta bien entrada a tarde. De cada sesión, los servicios de estudios de las Cámaras de Almería y Sevilla editaban un díptico con un resumen de las ponencias y de las conclusiones que fijaban la

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posición colectiva sobre el tema tratado. El documento se distribuía a más de dos mil empresas de toda Andalucía. Mantener un foro de debate abierto, libre, que cada vez iba adquiriendo más prestigio y cuyas conclusiones llegaban a las principales empresas de toda Andalucía, en seguida incomodó a la patronal andaluza. Recelos que fueron aumentando a medida que el prestigio del Observatorio crecía. Las tensiones aparecieron ya en los primeros años cuando Antonio Contreras se presentó a las elecciones a presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. Esto produjo una convulsión en el tradicional mundo empresarial sevillano, que se concretó en todo tipo de presiones en contra de su candidatura, y en que finalmente acabara perdiendo las elecciones por un solo voto seducido a última hora. A partir de entonces la presión fue cada vez mayor, hasta que finalmente en 1997 las Cámaras de Comercio retiraron el apoyo al Observatorio. Un apoyo que sólo consistía en facilitar las salas para celebrar las reuniones y elaborar y distribuir el díptico resumen de las sesiones. No cabe duda que la desvinculación de las Cámaras supuso un serio revés para la organización y difusión de las actividades del Observatorio, pero hoy, visto con la perspectiva y serenidad que da el tiempo, creo que las Cámaras e incluso la propia patronal perdieron mucho más, ya que con ésta y otras actuaciones, han ido poco a poco alejándose de la realidad empresarial para ir encerrándose progresivamente en su propia burocracia que sólo les permite trabajar por su subsistencia. Hoy las Cámaras apenas sobreviven, los Servicios de Estudios han desaparecido dejando un vacío importante en la información económica que deberían haber ocupado las Universidades, pero que se ha perdido. La patronal con los sindicatos y la administración, firman pacto tras pacto con el único fin de salir en los medios de comunicación, al tiempo que ponen todos sus esfuerzos en una tenaz lucha por mantener el monopolio de un espacio que le corresponde a la sociedad civil. En definitiva, ganaron la pírrica batalla al Observatorio pero perdieron el sentido de la historia. Más visión mostraron Cajamar (entonces Caja Rural de Almería) y Unicaja, entidades que venían sufragando los gastos, que en todo momento mantuvieron su compromiso con el Observatorio y que hoy lo siguen manteniendo en un ejemplo de cómo se debe fomentar la pluralidad y el debate en la sociedad civil. Otras entidades financieras también han apoyado en distintos momentos las actividades del Observatorio, como fueron Cajasur, Caja Granada, Cajasol o la Caixa. Gracias al decidido apoyo de estas entidades, el Observatorio pudo continuar su misión, analizando la realidad económica de Andalucía y acercándola a la del mundo cada vez más globalizado en el que nos ha tocado vivir. Ortega y Gasset calculaba que la duración de las sucesivas generaciones estaba en el entorno de los quince años. Según este criterio, el Observatorio está camino de cubrir la segunda generación y su continuidad pasa por ilusionar a nuevas generaciones de economistas y profesionales para que se incorporen a su actividad y adapten los

Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

objetivos a la realidad de hoy, donde probablemente la delimitación andaluza no sea la variable fundamental y tengamos, o tengan, que pensar más en una dimensión global de la empresa y del empresario. Quizás hoy un debate necesario pase por una reflexión sobre si la organización político administrativa del estado que se ha creado es la que necesitamos para el mundo global al que estamos abocados y que se está acelerando tras la crisis, o por el contrario puede ser una rémora y sea necesario cambiarla. Quizás el futuro nos demande en vez de un observatorio económico para analizar la realidad de Andalucía, otro observatorio donde analizar la economía global, eso sí, mirada desde Andalucía: un Observatorio Económico desde Andalucía n

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Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

2. Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica Joaquín Aurioles Economista

2.1.

Población, inmigración y una explicación alternativa al fenómeno del desempleo en Andalucía

2.2.

La crisis de los 90 y las fuentes del nuevo ciclo

2.3.

La gran expansión

2.4.

El papel del sector público

2.5.

El estallido de la burbuja. La crisis de 2008

2.6.

Consideraciones finales

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Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

n los 25 años transcurridos entre 1990 y 2015, Andalucía ha completado la transición hacia su integración plena en el conjunto de las economías desarrolladas, que se inició con la democracia y la autonomía política. La integración de España en la Comunidad Europea contribuyó decisivamente al proceso, entre cuyas manifestaciones más evidentes han estado la superación definitiva de la insuficiencia endémica del stock de capital público y de las infraestructuras del transporte en particular, la universalización de los servicios educativos y sanitarios al conjunto de la población y, en general, la implantación de un sistema de bienestar de corte europeo. Algunas de las imágenes de la sociedad andaluza pre-democrática han quedado definitivamente desterradas, pero han aparecido otras que lleva a cuestionar la gestión de las oportunidades surgidas a lo largo de los últimos 35 años y a calificar el resultado de la experiencia de autogobierno en Andalucía como profundamente decepcionante, sobre todo tras la irrupción de la crisis de 2008. Se puede percibir en el estrechamiento de la base productiva, en la amplitud de las capas sociales expuestas a la pobreza y exclusión, en el atropello del principio de igualdad de oportunidades por el nepotismo y la corrupción o en la contaminación política de la sociedad civil, aunque sus manifestaciones más evidentes son, sin lugar a dudas, la perseverancia en el furgón de cola regional del bienestar español y europeo y el derroche de recursos destinados a la creación de empleo, en contraste con la pobreza de los resultados conseguidos. Precisamente al problema de la persistencia del desempleo en Andalucía se dedica el primer apartado de este capítulo. Se sitúa en el contexto de los cambios demográficos y con el ingrediente de la inmigración sobrevenida al calor de la burbuja inmobiliaria durante la pasada década. El segundo apartado se centra en el comportamiento de la economía andaluza durante la crisis de los 90. Se analizan las circunstancias en que se produjo la recuperación, enfatizando en el papel que, como en la actualidad y anteriormente tras la crisis de los 70, desempeñaron el turismo y el sector exportador. En el tercer apartado se realiza un recorrido por el ciclo que discurre entre mediados de los 90 y la crisis de 2008. Convergencia, empleo, abundancia de recursos públicos y facilidades de acceso al crédito, son los ingredientes del insostenible espejismo que terminará por desplomarse con la llegada de la crisis financiera internacional. El cuarto capítulo se centra en las gravísimas consecuencias de la misma sobre Andalucía en general y sobre el empleo en particular. Se derrumba el mito de la Andalucía imparable y aparecen otros fantasmas, entre los que destaca la corrupción. La Junta de Andalucía entra en un periodo de desconcierto e incluso incapacidad política para hacerse con el gobierno de la situación, en parte por la acumulación de errores técnicos y de diagnóstico, pero también como consecuencia de la bancarrota en las finanzas del sector público regional. El quinto y último apartado refleja una serie de consideraciones fi-

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nales sobre la situación actual de Andalucía y la necesidad de reformar el tejido institucional, con el fin de afrontar los retos que siguen planteados y aprovechar las oportunidades que surgirán con la recuperación. 2.1. Población, inmigración y una explicación alternativa al fenómeno del desempleo en Andalucía

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

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2004

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2001

2000

1999

1998

1996

Extranjeros

Españoles y Total

Entre 1991 y 2011, la población andaluza aumentó en 1,4 millones, gracias fundamentalmente a la aportación de los inmigrantes, y experimentó un intenso proceso de envejecimiento. Más de las dos terceras partes del crecimiento se concentró en Málaga, Sevilla y Almería, siendo en esta última donde el aumento resultó más acusado (51,2%). Por su parte, el intenso proceso de envejecimiento es el reflejo de la caída en la tasa de fecundidad femenina (1,5 hijos por mujer), que sigue siendo ligeramente superior a la española (1,39, entre las 15 más bajas del mundo). La edad media de los andaluces es de 39,7 años y la tasa de dependencia del 49%, que se divide en proporciones aproximadas entre jóvenes (26,2%) y mayores (22,8%). La perspectiva es que continúe disminuyendo el peso de la población joven (los jóvenes con menos de 20 años, en la actualidad el 23% del total, se habrán reducido hasta el 21,2% en 2025 y el 20,7 en 2050) y aumente el de más edad (se estima que el 7,7% de la población tendrá más de 80 años en 2050, más del doble que en la actualidad), aunque todo parece indicar que estas previsiones están fuertemente condicionadas por el futuro de los movimientos migratorios, que es tanto como decir, por el comportaGráfico 2.1. Evolución de la población residente en Andalucía. miento de la econo9.000.000 mía (Fernández Cor800.000 700.000 dón, 2007). 8.500.000 600.000 A finales de 1998 8.000.000 500.000 se acelera el creci7.500.000 400.000 miento de la pobla300.000 7.000.000 ción andaluza, gra200.000 6.500.000 cias al impuso de la 100.000 6.000.000 0 inmigración que por primera vez supera Españoles Total Extranjeros Fuente INE. la barrera de las 100.000 personas y coincidiendo con las primeras manifestaciones de la expansión inmobiliaria. Se mantendrá durante una década y no comenzará a debilitarse hasta la crisis de 2008, aunque será en 2012 cuando termine por agotarse después de que, según el Padrón Municipal, el volumen de residentes extranjeros alcanzase la cifra de 747.110 personas (Gráfico 2.1.). En 2013 la población andaluza experimentó, por primera vez desde 1996, una variación negativa, dando paso a un nuevo ciclo demográfico en el que, tras la retirada del efecto balsámico de la inmigra-

Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

ción, es previsible la reactivación de las tensiones relacionadas con el envejecimiento y la dependencia. Desde el punto de vista del empleo, la percepción inmediata es que la profundización en la crisis permite que el retorno de inmigrantes se convierta en válvula de escape para la presión sobre el mercado de trabajo andaluz. La principal diferencia con la emigración de los años 60 es que, en esta ocasión, la despresurización es prácticamente inapreciable debido a que el principal componente del desempleo que permanece es, precisamente, el que afecta a los propios andaluces, junto a una significativa recomposición de la población inmigrante, puesto que se invierten las corrientes desde el resto de Europa y América, mientras que permanecen las del norte de África (García Ballesteros, Jiménez Blasco y Mayoral Peñas, 2014). El fenómeno migratorio en España y Andalucía ha tenido una naturaleza básicamente laboral, con especial incidencia en los sectores de la construcción, el turismo, el comercio, la agricultura y el servicio doméstico (Tezanos, 2006; Martínez Martín y Prior Ruiz, 2011), aunque con excepciones puntuales, especialmente en la Costa del Sol, donde la repercusión demográfica del turismo residencial ha sido muy significativa (Rodriguez Rodriguez, 2004; Pumares e Iborra, 2008). Entre las consecuencias del proceso hay que destacar, además de sus efectos estrictamente demográficos, ya apuntados, la caída de los salarios reales, el aumento de la precariedad laboral y el dualismo en el mercado de trabajo andaluz (el de mayor precariedad de toda España), la reducción del nivel de cualificación y su correspondiente efecto en la caída de la productividad (Llorente Heras, 2009). La inmigración en Andalucía ha contribuido, por tanto, a relajar la tensión laboral en mercados concretos durante la etapa de fuerte expansión (construcción, hostelería y agrícola, especialmente), aunque sin llegar a resolver el desequilibrio estructural de fondo en el mercado de trabajo andaluz. Bande et alia (2009) muestran como el fuerte descenso en las tasas de paro regionales y en la agregada para el conjunto de España en 1994 y 2008 no sólo no se traduce en disminución en las diferencias entre regiones, sino que incluso aumentan entre 1994 y 2008. Es significativo que estas diferencias son más acusadas entre las regiones de algunos países miembros que entre los propios países dentro de la Unión Europea. Uno de los fenómenos más llamativos del análisis del desempleo es el de la persistencia en el tiempo de las diferencias en las tasas de paro regionales (Jimeno y Bentolila, 1998). Se trata de una cuestión particularmente relevante para los economistas regionales, que han encontrado respuestas en las diferencias en los niveles de educación (Serrano, 1999), en la composición del valor añadido regional (De la Fuente y Freire, 2000; Cuadrado, Iglesias, García y Llorente, 2003) o en variables de naturaleza demográfica (López Bazo, 2002),1 y que Bande y Fernández (op. 1. Referencias tomadas de Bande y Fernández (2009).

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cit) trasladan a un análisis clúster. Concluyen que existen señales débiles de convergencia en las tasas de paro regional, debido a la aproximación en las tasas de paro de algunas regiones hacia la media española, que se imponen sobre otras dos fuerzas polarizadoras. Por un lado, el clúster de las que se alejan de la media por abajo (valle del Ebro y Baleares) y, por otro, el clúster de las regiones donde las tasas de paro se alejan por arriba, entre las que se encuentra Andalucía. Si en algo existe coincidencia a la hora de explicar las elevadas tasas de desempleo en Andalucía, es en su carácter estructural (Becerra, Torres y Villalba, 1998; Instituto de Estadística de Andalucía, 2002). Factores demográficos, formativos, salarios y productividad, estructura sectorial de la producción o las características de la negociación colectiva son las variables habitualmente responsabilizadas del desequilibrio (Congregado y García Pérez, 2002; Gómez García, Prieto Rodríguez, 2003), pero se suele ignorar que una de las más reiteradas advertencias sobre la posibilidad de consecuencias adversas tras la realización del mercado interior en Europa, era la del aumento del desempleo en las regiones de más baja productividad. Los estudios elaborados para la evaluación del impacto de los fondos estructurales sobre la economía andaluza difieren en la cuantificación de los efectos sobre el PIB y el empleo, dependiendo en todo caso del periodo que se analice, aunque todos coinciden en destacar una contribución positiva como saldo final (Sosvilla y Murillo, 2005; Cardenete y Delgado, 2015). España se integró en la Comunidad Europea en 1986, en pleno debate sobre el futuro del proyecto comunitario, que al año siguiente quedaría plasmado en el Acta Única Europa. El consenso entre los analistas de la época coincidía en que los efectos globales de la profundización en la integración serían positivos para el conjunto (Ceccini, 1988; Emerson, 1990; Roca Zamora, 2010), pero que la distribución de las ventajas entre los socios podría ser bastante irregular, incluso con la posibilidad de consecuencias adversas para alguno de ellos. La abundancia de procesos que operan con rendimientos crecientes a escala hacía prever un intenso proceso de fusiones empresariales, de forma que podría abastecerse a la totalidad del mercado interior, con un menor número de empresas, pero de mayor tamaño y eficiencia (Krugman 1991; Krugman y Venables, 1990 y 1996). Entre los factores determinantes de la probabilidad de ser absorbente o absorbido figuraban las condiciones de productividad, por lo que tanto Andalucía como el conjunto de España figuraban entre los territorios donde la probabilidad de participación en las ventajas de la integración era más reducida. En Andalucía cabía esperar, como luego efectivamente ocurrió, la destrucción de una parte significativa del tejido productivo y del empleo (Cuadrado, Mancha y Garrido, 2002). La reforma de los Fondos Estructurales en 1988 y la duplicación de los presupuestos para la política regional en el periodo 1989-1993 respondían a la necesidad de compensar los perjuicios de la integración en las comunidades donde el

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efecto negativo sobre la actividad y el empleo se esperaba más acusados. Andalucía estuvo entre las comunidades autónomas más beneficiadas por la política regional europea, cuyos fondos deberían haber servido para iniciar un proceso de corrección de las diferencias en productividad, para restituir el tejido productivo destruido y para favorecer opciones alternativas de empleo a los parados. También se admitió, posiblemente en prevención de una corriente migratoria hacia los países del centro y norte de Europa, la posibilidad de financiar el desarrollo de un modelo de bienestar. La utilización de estos fondos en Andalucía ha estado claramente sesgado hacia la creación de infraestructuras2 y el levantamiento de una extensa red de empresas públicas e instituciones similares que han permitido financiar un catálogo diverso de inversiones públicas (Murillo, 2010). Sus efectos, en cambio, sobre la empleabilidad de los parados y la ampliación de la base productiva han sido muy limitados (Sosvilla y Murillo, 2005 y Sosvilla, 2008). La conclusión sería que una parte importante del aumento del desempleo en Andalucía desde mediados de los 80 se explica por la pérdida de tejido productivo, tras la incorporación de España a la Comunidad Europea, y por la deficiente gestión de las ayudas europeas para compensarla.

2.2. La crisis de los 90 y las fuentes del nuevo ciclo 2.2.1. El nacimiento de un nuevo modelo político

El 23 de junio de 1990 se celebraron las terceras elecciones al Parlamento de Andalucía. Era la primera vez que Manuel Chaves, hasta entonces Ministro de Trabajo en el Gobierno de Felipe González, aspiraba a la presidencia de la Junta de Andalucía y el PSOE volvió a conseguir mayoría absoluta (62 diputados). También era la primera vez que en Andalucía tenían lugar unas elecciones autonómicas aisladas, es decir, sin coincidir con ninguna otra, lo que permitió un debate político mucho más centrado en las cuestiones estrictamente andaluzas, pero también un aumento de la abstención (45,2 %). Tras una década de hegemonía socialista, el modelo político de Andalucía había perfilado con notable claridad sus características fundamentales, aunque todavía a la espera del intenso proceso de depuración que iba a provocar la crisis económica entre 1992 y 1994. Durante los años transcurridos desde su constitución como Comunidad Autónoma, Andalucía había conseguido definir con notable firmeza una nueva personalidad, perfectamente encajada en el modelo social europeo, y alumbrar un entramado institucional novedoso en torno al cual se perfilaban y desarrollaban nuevos focos de poder político. En 1986 tuvo lugar la adhesión de España a la Comunidad Europea, y los fondos estructurales europeos, 2. La mejora de las infraestructuras terminan afectando positivamente a la productividad, aunque se cuestiona que con la intensidad suficiente para recortar las diferencias interregionales, debido a que el contenido tecnológico incorporado es, en la mayoría de los casos, relativamente reducido.

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junto a los programas de inversión vinculados a la Exposición Universal de Sevilla de 1992, propiciaron el impulso definitivo a una profunda transformación modernizadora de las estructuras políticas, económicas y sociales. La Junta de Andalucía tuvo un destacado protagonismo en este proceso, lo que contribuyó a afirmar la aceptación popular de la autonomía política regional y a asumir la función de «agente encargado de diseñar y promover el modelo de desarrollo económico para Andalucía» (Barrios Martínez, 2001, pág. 10). También contribuyó la abundancia de recursos financieros procedentes del propio proceso de descentralización política, así como las particulares características de un sistema fiscal que conservaba las funciones recaudatorias en la administración del Estado y descentralizaba en las autonomías las de gasto, sin excesivos mecanismos iniciales de prevención contra el déficit público y el endeudamiento. Tres características del proceso resultan particularmente interesantes de destacar. En primer lugar, un fuerte intervencionismo político en la economía, plasmado a través de una sucesión de iniciativas planificadoras, con tres orientaciones dominantes (Rodero Franganillo, 2006). Por un lado, una fuerte vocación reindustrializadora, en buena medida como reflejo de los programas nacionales de reindustrialización, que en Andalucía no solo se mantuvo firme hasta 1993, sino que incluso experimentó un notable impulso a partir de 1987, con la creación del Instituto de Fomento de Andalucía (Márquez Guerrero, 1997). Por otro lado, se afronta definitivamente el desempleo como un problema estructural de la máxima magnitud, con rasgos que son compartidos con el resto de España, pero que en Andalucía alcanza una gravedad extrema. Por último, un importante desarrollo del estado del bienestar, gracias al apoyo financiero de la comunidad europea a través de los fondos FEDER y FSE.3 En segundo lugar, la abundancia de recursos en el sector público regional, sin los cuales el modelo fuertemente intervencionista no habría sido posible. Jaén y Molina (1998) demuestran que el aumento del gasto público que en general ha tenido lugar en España está relacionado con el desequilibrio fiscal vertical ya señalado (concentración de la capacidad recaudatoria en la administración central y descentralización del gasto). El temor a que la insuficiencia financiera o los desequilibrios territoriales pudieran poner en riesgo la apuesta por el Estado de las Autonomías determinó un tratamiento financiero favorable para las autonomías, que posteriormente se intensificó tras la entrada de España en la Comunidad Europea. Andalucía pudo disfrutar además de los beneficios adicionales de la solidaridad, por entonces todavía un valor en alza dentro de la joven democracia española (Cucó, Farinós y Romero 2002), pero sobre todo de las ayudas europeas al 3. Es importante destacar que las tres orientaciones terminan en fracaso. Andalucía nunca conseguirá impulsar la base industrial tan obstinadamente buscada en los diferentes ejercicios de planificación. Tampoco conseguirá resolver el problema del desempleo. Finalmente, también el modelo de bienestar se viene abajo con la crisis financiera de 2008 y la quiebra financiera del estado.

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desarrollo regional y a la capitalización del sector agrario y del programa extraordinario de inversiones del Estado de cara al 92. En tercer lugar, el desarrollo de un modelo político administrativo marcadamente centralista. Clavero Arévalo (1982)4 se refiere a un modelo de organización territorial marcadamente centralizado y concentrado (Ruiz Romero, 2004), como algo perjudicial, tanto para la propia Junta de Andalucía como para los andaluces. La Junta de Andalucía decidió renunciar a la utilización de las Diputaciones Provinciales como soporte territorial para la nueva administración autonómica (como establecía el Artículo 24.7 del Estatuto de Autonomía) y crear su propia red provincial de delegaciones. Tampoco llegaron a funcionar las Comisiones Mixtas de Transferencias Junta-Diputaciones, como consecuencia de todo lo cual las diputaciones terminaron por perder su utilidad política y social y se ha reforzado el centralismo de un modelo político administrativo en que el ha desaparecido el interés, al menos el oficial, por los desequilibrios internos y la desigualdad entre los andaluces. 2.2.2. La crisis de los 90 La tercera legislatura estuvo marcada por el extraordinario impacto de la crisis de los años 90 en Andalucía y por la celebración en Sevilla de la Exposición Universal de 1992. Ambas circunstancias coincidieron en impulsar de manera muy significativa algunas de las grandes transformaciones puestas en marcha tras la integración de España en la Comunidad Europea. Particularmente significativo fue la profunda renovación que experimentaron las infraestructuras en general, y las del transporte en particular (Márquez Guerrero, 1991). También se consolidaba el proceso autonómico y Andalucía comenzaba a dotarse de instituciones propias, cuyo poder se incrementaba a medida que se avanzaba en el proceso de transferencia y en el desarrollo del Estatuto (Pérez Moreno, 2003). Como es lógico, lo más significativo desde el punto de vista de la economía fue la propia crisis y su particular intensidad en Andalucía, tanto en términos de caída de la actividad como del empleo, aunque con matices de los que nos interesa destacar dos cuestiones concretas. Por un lado, que al mayor impacto de la crisis en Andalucía contribuyó decisivamente la orientación pro-cíclica de la política presupuestaria de la Junta de Andalucía, consecuencia de la asfixia de sus finanzas a finales de 1992 y de los compromisos de consolidación presupuestaria con el Gobierno de España. Por otro, la deriva incontrolada del desempleo. Entre 1986 (integración en CE) y 1994, la economía andaluza creció a un ritmo anual del 3% en tasa real, incrementó el número de activos en 438.000 y el de ocupados en cerca de 200.000, pero también el de parados en 250.000. 4. Tomado de Ruiz Romero, 2004.

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Como es habitual en periodos de crisis, la de los años 90 también precipitó en Andalucía algunas transformaciones de alcance en procesos iniciados con el nacimiento de la autonomía y, en particular, algunos relacionados con la política económica. Los compromisos de consolidación fiscal entre el Estado y las Comunidades Autónomas vinieron a introducir algo de racionalidad en la peligrosa dinámica por la que comenzaba a discurrir el gasto púbico regional, al tiempo que en el conjunto de España se relativizaba la fascinación por la planificación de la economía y el desarrollo industrial. Lo más significativo, en el caso de Andalucía, vendría con el impulso a la concertación social, durante la siguiente legislatura. 2.2.3. La nueva estrategia económica de la Junta de Andalucía. La concertación social En junio de 1994 se celebraron las elecciones para la cuarta legislatura, en las que el PSOE volvió a salir triunfador, aunque con una notable pérdida de apoyo (45 diputados, 17 menos que en la anterior) y extraordinarias consecuencias políticas. Chaves consiguió la investidura gracias a que los diputados de IUCA abandonaron la votación, posibilitando un gobierno en minoría y permanentemente torpedeado desde la oposición, por lo que se llegó a conocer como el «gobierno desde el Parlamento» por parte de la «pinza» formada por PP e IUCA. El PSOE no volvería a disfrutar de una mayoría absoluta hasta la séptima legislatura (2004), que nuevamente perdería en la novena (2012), por lo que se iniciaba un largo periodo de pactos de gobierno, inicialmente con el PA y posteriormente con IUCA. La principal consecuencia económica de la nueva aritmética parlamentaria fue la concertación social. La reacción del PSOE frente a la pretensión de «gobernar desde el Parlamento» por parte de las otras dos fuerzas políticas representadas, fue la de complementar la insuficiente legitimación política de un gobierno en minoría, con la legitimación social derivada del apoyo a sus iniciativas por parte de los agentes económicos y sociales. Fue el inicio de la concertación social, que a la postre se convertiría en el rasgo más sobresaliente de la política económica de la Junta de Andalucía hasta la actualidad, incluso tras la recuperación de la mayoría absoluta en el Parlamento. Como consecuencia de ello, la presencia de representantes sindicales y empresariales se ha convertido en uno de los rasgos más visibles del entramado institucional que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 25 años (Moreno Vida, 2009). El 24 de noviembre de 2009, la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO y la CEA suscribían el VII Acuerdo de Concertación Social en Andalucía con la expresa finalidad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo socioeconómico de Andalucía. Este ha sido el objetivo que, «desde el año 1993», ha llevado a «los sucesivos ejecutivos andaluces» a poner en marcha y desarrollar «una forma de gobierno basada en la negociación y la búsqueda

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del acuerdo con los agentes económicos y sociales más representativos. La voluntad de las partes a lo largo de todo este período ha permitido llegar a distintos acuerdos de concertación, que han reforzado la eficacia de la política económica y cuyo principal resultado ha sido una serie de cambios estructurales que han contribuido de manera decisiva a alcanzar una senda de crecimiento económico sin precedentes en la historia de Andalucía.»5 Las consecuencias de las dos décadas largas de concertación social en Andalucía han sido importantes, aunque en modo alguno ha servido para impulsar la creación de empleo y el desarrollo económico en la región. La ausencia de autocrítica y la distorsionada visión de la realidad que se transmitía a través de la concertación llevaron al presidente Chaves a manifestaciones tan desorientadas como la realizada en 2008, indicando que «quince o veinte años antes la economía andaluza era una economía inestable, que evolucionaba en función de la coyuntura. Ahora, cualquiera que sea la coyuntura económica internacional, podemos decir que nuestra economía es una economía estable, sostenible, capaz de soportar los envites de una situación desfavorable».6 Todavía más desorientada resultó la percepción del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, sobre las perspectivas laborales en Andalucía: «Trabajadores, empresarios y administración hemos demostrado ya que sabemos cómo crear riqueza, tejido empresarial y cultura de esfuerzo colectivo cuya recompensa es el progreso y el bienestar. Este Primero de Mayo de 2007, abocados pronto al pleno empleo, debe servirnos de acicate para los nuevos retos: la mejora de la calidad, la prevención de los accidentes en las empresas y conseguir una creciente feminización del mercado laboral» (El País, 1/5/2007, «Cuenta atrás para el pleno empleo»).7 La experiencia andaluza en materia de concertación social se ha caracterizado por la ausencia de fiscalización y evaluación de sus contenidos, por la oposición a la entrada de nuevos interlocutores, aunque con motivo del VI Acuerdo (2005), la Junta de Andalucía decidió extender el marco de cooperación a otras organizaciones (consumidores y otras organizaciones). El Partido Popular, que previamente había denunciado indicios graves de incumplimiento, también solicitó su incorporación al acuerdo, aunque no se sabe si atraído por la fortaleza que parecían adquirir los mecanismos de cooperación con sindicatos y empresarios en Andalucía o ante la imposibilidad de conseguir una respuesta efectiva a su demanda de información sobre la ejecución de los Acuerdos. En cualquier caso, lo verdaderamente relevante es que la concertación social ha sido uno de los ejes centrales en la consolidación de poderes fácticos en Andalucía, hasta el punto de quedar refle5. VII Acuerdo Concertación Social Andalucía, página 4. http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/economia/concertacion.html 6. Abc, 1980, tomado de Sánchez Mosquera, 2012. Pág. 24 7. Antonio Fernández se encuentra en la actualidad imputado por diferentes casos de corrupción en la administración de los fondos públicos adscritos a la política de empleo en la Junta de Andalucía.

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jada en el Estatuto de Andalucía renovado en 2007 como uno de los principios orientadores de la política económica (artículos 10.3; 26.2 y 37.1) (Jerez, Castillo y Ortega, 2010). 2.2.4. La salida de la crisis A comienzos de 1993 la economía andaluza se encontraba en el punto más bajo de su itinerario por la crisis de los 90, aunque en el cuarto trimestre de ese mismo año se volvía a estar en tasas positivas de crecimiento, gracias a la recuperación de la economía europea, que se tradujo en un notable impulso de la demanda externa; a las tres devaluaciones de la peseta practicadas entre 1992 y 1993; y a un importante flujo de inversión extranjera. La crisis de los 90 fue muy intensa en Andalucía y especialmente dolorosa en térGráfico 2.2. Evolución del PIB en Andalucía y España. 1986-1995. minos de empleo, pero tamTasas de variación real (base 1986) bién de muy corta duración 8,00 6,00 (Gráficos 2 y 3). Este es 4,00 probablemente el principal 2,00 rasgo diferenciador de la ac0,00 tual, aunque también com-2,00 -4,00 parten algunas característi1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 cas importantes, como el Andalucía España hecho de figurar Andalucía en ambas ocasiones entre las Gráfico 2.3. Empleo y paro en Andalucía.1986-1995. Miles de personas comunidades autónomas 2.000 1.000 más perjudicadas y la grave800 1.500 600 dad de sus consecuencias so1.000 400 500 bre el empleo. 200 0 0 El mayor impacto se ex1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 plica porque también en los Empleo Paro dos ciclos que precedieron a ambas crisis, la amplitud de las oscilaciones en Andalucía han sido considerablemente superiores a las del conjunto de las comunidades, lo que determina que se sitúe por encima de la media española durante las fases expansivas del ciclo, pero también que las recesiones hayan sido más acusadas (Aurioles, 1993). También se repite el protagonismo de los ingresos por exportaciones y turismo como principal apoyo para el inicio de la recuperación, circunstancia que, a su vez, también se produjo con motivo del abandono de la crisis de los años 70 (Aurioles y Velasco, 1995). El sector de la construcción, que había experimentado una fuerte contracción con el cambio de década, también se incorporó anticipadamente a la recuperación. Entre las causas principales hay que destacar la reducción en los tipos de interés hipotecarios y el fuerte ajuste en el mercado inmobiliario entre 1992 y 1993, que

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permitieron que en 1994 se registrase un incremento de la actividad del 4,2%, frente al 1,3 en el 8 6 conjunto de España. También fue 4 significativa la contribución del 2 0 Plan Nacional de Vivienda 1992-2 1995, que planeaba la construc-4 ción en Andalucía de la quinta -6 parte de las 490.000 viviendas previstas para el conjunto de EsAndalucía España paña, pero que finalmente quedó ampliamente sobrepasado (Aurioles y Velasco, 1995). Entre la construcción y el turismo contribuyeron a explicar el 47% del crecimiento de la economía andaluza en 1994, el año de la recuperación, reflejando el notable protagonismo de ambos sectores en el impulso que llevaría a la economía hasta 1997, cuando la demanda interna, hasta entonces deprimida, se impregnó del clima de optimismo en el resto de Europa y que en España terminaría convirtiéndose en euforia. A partir de este año el turismo comenzó a ceder a la construcción el papel de motor del crecimiento en la actividad y el empleo, que terminaría monopolizando en los años inmediatamente posteriores al cambio de siglo. 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Gráfico 2.4. PIB Andalucía y España 1996-2014. Tasa trimestral variación (T-4, mismo trimestre año anterior)

2.3. La gran expansión 2.3.1. La economía del cambio de siglo. 1995-2007 Aunque los primeros indicios pudieron apreciarse el año anterior, la crisis financiera internacional no se percibió con claridad en Andalucía hasta la segunda mitad de 2008. Fue en ese año cuando se registró una brusca caída en el PIB, que se mantuvo con diferente intensidad durante los cinco siguientes. Se quebró por tanto la tendencia expansiva iniciada en 1994, tras el abandono definitivo de la crisis de los 90. Durante los 14 años transcurridos entre ambas fechas, el PIB andaluz se incrementó en un 68%, a una tasa media anual cercana al 3,9%; se crearon 244 mil empleos (un 13,6 por ciento de los existentes en 1995); y el paro se redujo en 239,5 mil personas (un 25,9% menos). Se trata de un ciclo completo con características compartidas con el conjunto de la economía española (Gráfico 4), aunque con la singularidad de que en Andalucía nuevamente se manifiestan algunas de las más significativas, especialmente las relacionadas con el mercado de trabajo, de manera más acusada que en el resto. En el origen del proceso hay que situar la expansión del mercado inmobiliario y el auge de la industria de la construcción, así como las consecuencias de su posterior desplome. Todo un particular modelo de crecimiento, compartido con el conjunto de España, cuyas consecuencias a corto plazo resultaron tan favorables

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y convincentes, que consiguieron ocultar a los responsables políticos y, en general, al conjunto de la sociedad, la insostenibilidad de sus fundamentos a largo plazo. En definitiva, el auge y el fracaso de un modelo económico que permitió a todos los españoles introducirse en una falsa burbuja de prosperidad, y que en Andalucía se presentó con algunas características que conviene revisar. La Tabla 2.1. permite apreciar que la demanda interna (en la tabla demanda regional) ha sido el factor dinamizador la economía andaluza durante la gran expansión, especialmente tras el cambio de siglo. Como se ha señalado, los primeros años de recuperación de la crisis de los 90 estuvieron marcados por la fortaleza de la demanda externa, canalizada a través del turismo y las exportaciones, aunque la demanda interna no tardó en sumarse a la euforia del crecimiento a medida que se recuperaba el empleo, se multiplicaban las facilidades y las condiciones del crédito al sector privado y mejoraba la confianza de los consumidores. Algunas de las principales economías europeas, y también principales mercados de origen del turismo hacia Andalucía, experimentaron una fuerte contracción a finales de la década, como consecuencia de lo cual se precipitó el relevo de la demanda externa por parte de la interna como dinamizadora de la economía, que ya había comenzado a producirse. En esta nueva etapa, el gasto de los hogares se mantendría en un nivel elevado durante todo el periodo (4,9% de crecimiento medio entre 1997 y 2006),8 pero el grueso del esfuerzo financiero de la época se dirigió a la adquisición de inmuebles (el crecimiento medio de la formación bruta de capital es del 6,2% en el mismo periodo), hasta el punto de que la proporción en que el consumo contribuyó al crecimiento del PIB experimentó una ligera reducción, debido al extraordinario empuje de la inversión (FBC en Tabla 2.1.). Tabla 2.1. Demanda final Andalucía. 1995, 2000 y 2005 % sobre PIB

1995

2000

2005

Consumo final regional

83,35%

85,53%

83,51%

FBC Demanda regional

26,53%

26,14%

32,71%

109,89%

111,67%

116,22% -16,22%

Export.-Import.

-9,89%

-11,67%

Exportaciones

38,16%

34,57%

33,38%

Importaciones

48,05%

46,24%

49,60%

Export.+Import.

86,21%

80,82%

82,97%

Fuente. IECA. Marco Input-Output

En la Tabla 2.1. también se pueden apreciar otras dos cosas. En primer lugar, que en el periodo reflejado, la demanda de los andaluces ha sido en torno a un 10 por ciento superior a su producción, es decir, a su capacidad para la generación de riqueza y, por tanto, de poder adquisitivo. Este desequilibrio se acentuó con el paso del tiempo, 8. Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (base 2010). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

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hasta llegar a situarse por encima del 16% en 2005. Como se puede apreciar, la diferencia entre la demanda regional y el PIB coincide con el saldo exterior de la economía,9 lo que significa que paralelamente a la expansión de la demanda interna se ha venido produciendo un aumento sistemático del endeudamiento frente al resto del mundo. La incapacidad de generar los recursos necesarios para el mantenimiento de los niveles de actividad y empleo durante la larga etapa de expansión convertían a la economía andaluza en un sistema dependiente de la financiación exterior para su supervivencia, por lo tanto vulnerable a cualquier tipo de perturbación externa, especialmente las de contenido financiero, e insostenible a medio plazo. De la Tabla 2.1. también conviene destacar el aparente proceso de introversión económica que experimenta la economía andaluza entre 1995 y 2005, que es una etapa caracterizada por la globalización de los mercados y el aumento de la participación de las economías emergentes exportadoras en el crecimiento económico mundial y en el comercio internacional. La Tabla 2.1. muestra una reducción en el grado de apertura exterior de la economía (relación entre la suma de exportaciones e importaciones con respecto a la PIB), aunque conviene precisar que esto no significa que Andalucía haya dado la espalda a la expansión del comercio internacional. Por su parte, las importaciones mantienen su participación en la satisfacción de la demanda interna e incluso experimentan un ligero aumento durante esos años, lo que significa que la reducción del grado de apertura exterior de la economía se debe principalmente a una fuerte caída en el esfuerzo exportador, que se convierte en uno de los rasgos más significativos de la economía andaluza durante estos años. La dilatada e intensa etapa de crecimiento que tuvo lugar en Andalucía con posterioridad a la crisis de los 90 se caracterizó, por tanto, por una fuerte expansión de la demanda interna, que había tomado el relevo de la externa en las etapas iniciales de la recuperación. Tanto la demanda de inversión como la de consumo crecieron a tasas superiores a la de los recursos que los andaluces conseguían producir, lo que implicaba que una parte del exceso era financiado con transferencias de renta desde el exterior y el resto con endeudamiento. Los andaluces no estábamos, en consecuencia, cerrados al exterior, sino que nos apoyábamos en el resto de España y de Europa, fundamentalmente, para financiar nuestra demanda. Lo verdaderamente chocante del caso es que, paralelamente a todo ello, la economía andaluza decidió renunciar a participar en la expansión del comercio que estaba ocurriendo en el resto del mundo y concentrar sus esfuerzos en aprovechar las oportunidades domésticas de negocio. Como es lógico, durante esos años hubo convergencia con el resto de España y Europa, pero también una intensa reasignación de los recursos, con el consiguiente deterioro de la productividad. 9. En realidad, la diferencia entre el gasto en demanda y el PIB coincide con el saldo de la balanza por cuenta corriente, y no con el de la balanza comercial, como se refleja en la tabla. La interpretación asume, por tanto, un cierto ajuste estadístico.

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2.3.2. Convergencia

Desviación Estándar PIB/hab. por CCAA

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Españoles y Total

Por un lado las expectativas en torno al Estado de las Autonomías y, por otro, el esfuerzo financiero por parte de la UE para el impulso de la cohesión territorial, explican el interés por el balance de ambas experiencias en términos de convergencia regional. Definamos la convergencia como proceso de reducción de las diferencias regionales, normalmente medidas a través de variables tales como el PIB por habitante, la tasa de empleo o la productividad, y añadamos que, a grandes trazos, lo ocurrido en Europa se puede resumir en que desde la puesta en marcha de los Planes Delors I y II (1990-1993 y 1994-1998) ha existido convergencia en términos de PIB por habitante, tanto entre las regiones como entre los países integrantes de la UE-15, pero que la casuística en materia de convergencia regional dentro de los países ha sido bastante más diversa y controvertida. En el caso de España, la convergencia del conjunto del país, y por tanto de cada una de las regiones, con la media europea entre 1995 y 2007 ha sido particularmente intensa, tanto en PIB por habitante como en empleo, pero las evidencias en torno a la convergencia de las regiones en torno a la media española son contradictorias, en función de los años que se consideGráfico 2.5. PIB por habitante 1995-2010 por CCAA. ren y la variable que se utilice Desviación Estándar respecto a promedio y % Andalucía / España para su medición (Garrido Yeste 78 0,22 y Mancha Navarro, 2010). Mas, 77 0,21 Pérez y Quesada (2010) hacen 76 0,20 hincapié en el reducido avance en 74 0,19 73 materia de productividad, a pesar 0,18 72 del avance en capital tecnológico 0,17 71 y humano, lo que les lleva a concluir que el desfavorable compor% Andalucía / España Desviación estándar / media tamiento de la productividad es consecuencia del proceso de especialización productiva y casos concretos en algunas regiones de evolución negativa en la productividad total de los factores. Este proceso se detiene en 2007, tras las primeras señales de desaceleración en el crecimiento, y se agudizará notablemente en los años posteriores. Tomando nuevamente el PIB por habitante como referencia, el gráfico 5 refleja un aumento de las disparidades regionales en España durante toda la década de los 90, así como también un brusco cambio de tendencia a partir del año 2000. El aumento de la convergencia es evidente entre este año y 2007, aunque especialmente durante la primera mitad de la década. El proceso se detiene con los primeros síntomas de crisis internacional, iniciándose una nueva etapa de aumento de las diferencias regionales, que se intensifica a partir de 2009. Desde la perspectiva de Andalucía, la dinámica de la convergencia tiene un reflejo especular en la evolución de su posición relativa dentro de España, es decir,

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que se diluye en los años de divergencia (entre 1995 y 2000) y aumenta significativamente en los posteriores. Durante la etapa de convergencia, Andalucía captura un porcentaje del crecimiento de la economía española superior al que le corresponde en función de su PIB relativo (13,3% en el año 2000), aunque el proceso se detiene en 2005, es decir, con anterioridad a las primeras señales de crisis, y se intensifica a partir de 2009 (Gráfico 5). Hidalgo Pérez (2009) recoge un perfil de convergencia similar al señalado y lo complementa con dos perspectivas adicionales. Por un lado, reproduce el análisis en términos de Renta Bruta Disponible por habitante y de Consumo Final de los Hogares por habitante, encontrando, en ambos caso, que el proceso de convergencia reproduce los rasgos generales observados a través del PIB por habitante. Por otro lado, descompone el PIB por habitante en productividad laboral (en términos de PIB por ocupado), tasa de ocupación, tasa de actividad y estructura poblacional, encontrando que el impulso de la convergencia de Andalucía con España entre 1996 y 2007 se ha debido fundamentalmente a la tasa de ocupación, que se situó en el 95,1% de la media española en 2007, cuando en 1996 era el 86,8%. Por el contrario, la productividad laboral, que se reduce desde el 93,8% de la media nacional hasta el 88,1% durante el mismo periodo, se comporta como un «claro motor de divergencia», en una valoración compartida con Reig (2007) y extensible al conjunto de las regiones españolas. Maroto y Cuadrado (2006) refuerzan esta tesis al encontrar una relación positiva entre la productividad, medida en VAB por ocupado, entre 1995 y 2003 y el nivel de desarrollo de las regiones. No existe, por tanto, convergencia regional en materia de productividad durante la gran expansión, apuntando que Andalucía y Canarias son las regiones que más contribuyen a la divergencia desde la escala de las menos desarrolladas. El contraste de este ejercicio con el de la medición de la productividad laboral en términos de PIB por hora trabajada proporciona, sorprendentemente, el resultado contrarío. Según Hidalgo Pérez (2009, op. cit), Andalucía converge en productividad cuando ésta se mide por horas trabajadas, lo que conduce a interpretar que entre las fuerzas que impulsan la divergencia con el resto de España hay que considerar algunas características particulares del mercado de trabajo andaluz y, en particular, la contratación a tiempo parcial y la temporalidad en el empleo. Como conclusión, cuando se amplía la perspectiva y se analiza la dinámica de la cohesión regional en Europa tomando en consideración un amplio número de variables, entonces la hipótesis de convergencia se debilita significativamente, quedando relegada Andalucía al grupo de regiones cuya posición relativa ha experimentado pocas variaciones, al menos durante las primeras etapas en la aplicación de las políticas de cohesión (Cuadrado y Marcos, 2005). El gráfico 5 también refleja una notable volatilidad en la relación entre los estándares de vida medio de Andalucía y España. En realidad se trata de una carac-

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terística observable desde la constitución de Andalucía como comunidad autónoma. Las etapas de aproximación se intercalan entre las de distanciamiento y la impresión final es que el PIB por habitante en Andalucía se mueve dentro del intervalo del 73 al 78% de la media española, dentro del cual oscila en función de las condiciones de la coyuntura económica general. Esta percepción es consistente con la hipótesis de convergencia condicionada que detectan la mayor parte de los análisis realizados en España sobre el tema. Las diferencias regionales persisten porque las condiciones de partida (productividad, stock de capital físico y humano, estructura sectorial de la producción, etc.), así lo determinan. Cada región se aproxima hacia su propio estado estacionario (máximo nivel de producción o empleo posible, dadas sus características estructurales) en un proceso de mayor o menor volatilidad en los indicadores relativos de bienestar, pero siempre en torno a un determinado nivel que, independientemente de los esfuerzos políticos y financieros para su corrección, tiende a estabilizarse a largo plazo. La explicación del comportamiento de la economía andaluza en el contexto de la española durante el ciclo que se inicia tras la salida de la crisis de los 90 obliga a referirse a las que se postulan como principales fuentes diferenciadoras del crecimiento con respecto a España. En particular la productividad y la especialización productiva. 2.3.3. La productividad y las diferencias en el crecimiento Podemos entender la productividad como la variación en la producción no explicada por la variación en la cantidad de factores utilizados. La productividad sería la variable que permite explicar que dos economías con idéntica dotación de factores consigan resultados diferentes en materia de producción, diferencia que necesariamente tiene que ser atribuida a circunstancias tales como las características de los factores (capital humano y/o tecnológico), las infraestructuras, la estructura del VAB, el entorno institucional, etc. Cuando se adopta una perspectiva territorial, a todo lo anterior hay que añadir la dotación, tanto en cantidad como en calidad, de recursos naturales. En definitiva, una gama diversa de circunstancias que inciden en la diferente capacidad de cada territorio para la generación de riqueza y que, en el caso de Andalucía, se puso de manifiesto en un modelo de crecimiento intensivo en mano de obra, pero de muy pobres resultados en materia de productividad. Se trata precisamente de la coincidencia que, en presencia de un intensivo proceso de acumulación de capital, llevan a Mas, Pérez y Quesada (2010, op. cit.) a calificar el proceso de ineficiente y compatible con una evolución negativa de la productividad marginal de los factores. Tanto en Andalucía como en el conjunto de España, se identifica una relación estrecha y positiva entre productividad e intensidad en la utilización de tecnologías avanzadas en información y comunicación (TIC) (Más y Quesada, 2006; Maroto y Cuadrado, 2006). En un análisis sobre las fuentes del crecimiento económico en

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Andalucía, Rodríguez López (2009) indica que en el periodo comprendido entre la crisis de los 90 y la actual, el crecimiento de la productividad laboral ha sido negativa (-0,6 puntos entre 1995-2004), así como también la productividad total de los factores (-1,6 durante el mismo periodo). La explicación a este resultado se encuentra en la acusada orientación de la inversión hacia activos de reducido contenido tecnológico. La inversión en activos que incorporan tecnologías avanzadas en información y comunicación creció a una tasa significativamente mayor que el VAB andaluz entre 1995 y 2000, especialmente en equipos informáticos, pero que en 1999 tuvo lugar un cambio de tendencia que se acentuó en los años siguientes. A partir de 2003 el crecimiento de la inversión en TIC se vio superada por la inversión de contenido no tecnológico (infraestructuras, construcciones y estructuras), manteniéndose esta situación hasta la llegada de la crisis de 2008. Torres (2007) alcanza una conclusión similar al apuntar que la productividad y la acumulación de capital fijo en el estado estacionario han sido fuerzas contrarias a la convergencia en el periodo 1980-2004. Como reflejo del comportamiento de la productividad se obtiene que entre 1995 y 2005, el nivel de eficiencia de la economía andaluza ha sido, en comparación con la española, relativamente reducido. La economía andaluza ha tenido un comportamiento relativamente derrochador de recursos agrarios, energéticos y de transporte, así como también de productos industriales relacionados con la construcción (industria auxiliar). En cambio, ha conseguido satisfacer la demanda de los andaluces utilizando una cantidad relativamente reducida de servicios financieros, comerciales y profesionales dirigidos tanto a las empresas como a los hogares. La adopción de una perspectiva temporal permite matizar estos resultados. En primer lugar, llama la atención que, aunque el peso relativo de los recursos agrarios se ha reducido a lo largo del periodo, lo ha hecho con una intensidad inferior que en el resto de España, lo que significa que, en términos relativos, la economía andaluza es más dependiente en 2005 de la explotación de sus recursos naturales que en 1995. En segundo lugar, la economía andaluza sigue siendo menos eficiente que el resto de España desde el punto de vista energético, aunque en este caso la dinámica ha sido de reducción de las diferencias, tanto en términos absolutos como relativos. Conviene aclarar, por último, que la ausencia del sector de la construcción entre los resultados de este análisis se debe a dos razones principales. En primer lugar, porque el comportamiento del sector en Andalucía responde al mismo perfil, aunque con las diferencias que se apuntan más adelante, que en el resto de España. La segunda, porque el análisis persigue identificar el nivel de eficiencia de la economía andaluza a través del volumen de recursos necesarios para la realización del producto regional. La irrelevancia del sector de la construcción se debe a que su expansión ha sido un fenómeno básicamente desconectado de las necesidades

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reales del aparato productivo regional. Es decir, que su extraordinario desarrollo no está relacionado ni con la demanda de los hogares ni con la tecnología productiva de las empresas, lo que contribuye a reafirmarse en la hipótesis de burbuja especulativa como causa explicativa del auge inicial y del desplome posterior. 2.3.4. La descomposición del crecimiento. Detalles sectoriales Aurioles, Fernández Cuevas y Manzanera (2009) aplican un análisis shift-share estocástico a los datos de la Contabilidad Regional de España (INE) en el periodo comprendido entre 1995 y 2005, que permite descomponer las diferencias en el crecimiento entre cada región y el conjunto de España en dos efectos. Por un lado, el efecto sectorial o estructural, que refleja la diferencia con lo que habría crecido cada región si la estructura de su VAB fuese idéntica a la española, pero manteniendo las tasas de crecimiento en la región de cada sector. Por otro lado, el efecto competitivo que muestra para cada sector, la diferencia en la intensidad en el crecimiento con respecto a España y la interpreta como reflejo del diferencial de competitividad. Los resultados indican que sólo tres comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía, ofrecían en 1995 condiciones favorables iniciales para aprovecharse del tipo de crecimiento que iba a tener lugar en el conjunto de España. Andalucía y Madrid se beneficiaban, tanto de una estructura sectorial con una participación elevada de los sectores que más intensamente iban a crecer a nivel nacional (efecto sectorial), como de la elevada tasa de crecimiento de estos mismos sectores en ambas comunidades (efecto competitivo). La estructura del VAB sectorial no era especialmente favorable en el caso de Cataluña, pero el extraordinario ritmo de crecimiento en esa comunidad de los sectores más dinámicos a nivel nacional, permitió compensar con creces la diferencia. En general, las ventajas derivadas de la especialización productiva para conseguir una elevada participación en el crecimiento del conjunto de la economía española se han debido a los servicios de mercado a empresas y personas (especialmente comercio y hostelería en el caso de Andalucía) y a los servicios de no mercado (administraciones públicas e instituciones sin fines de lucro), así como al conjunto de la actividad inmobiliaria (arrendamientos y rentas de la propiedad inmobiliaria). También han jugado a favor de Andalucía la especialización agraria, gracias a la fortaleza competitiva del sector en los litorales almeriense y onubense, y la debilidad de su sector industrial. En sentido contrario, la participación de Andalucía en el crecimiento de la economía española podría haber sido mayor en servicios financieros y seguros, así como en transporte y telecomunicaciones. El perfil descrito se agudiza con el cambio de siglo, de manera que todo lo anterior se refuerza en el periodo 2000-2005 con tres circunstancias particularmente significativas. Por un lado, se acelera la inversión en inmuebles, que se duplica en valor nominal entre esos años, hasta el punto de llegar a representar el 70% de la

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Formación Bruta de Capital en Andalucía. Por otro, se agudiza el déficit comercial debido a la estabilización de las exportaciones y al fuerte incremento de las importaciones. Como consecuencia de ello, las necesidades de financiación de la economía andaluza llegaron a situarse en el 16,2% del PIB. Por último, en el año 2005 el peso del sector de la construcción en el VAB de la economía andaluza llegó a superar al de la industria, manteniéndose la situación hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria (Tabla 2.2.). Tabla 2.2. Estructura sectorial del VAB en Andalucía. Marco Input-Output 2000 y 2005 MIOAN00 Mill. € corrientes Ramas primarias Ramas industriales Construcción Ramas de servicios VAB precios básicos Impuestos netos sobre los productos PIB a precios de mercado

MIOAN05 Mill. € corrientes 6.376

6.037

7,0%

5,0%

10.670

12,4%

14.219

11,2%

7.124

8,3%

15.378

12,1%

53.626

62,2%

77.454

60,9%

77.457

89,8%

113.427

89,2%

10,2%

13.671.063

8.760 86.216

100%

127.098

10,8% 100%

Fuente: IECA.

2.4. El papel del sector público

Se encuentra bastante extendida la convicción de que el sector público regional tiene un tamaño excesivo. Es de suponer que el fuerte intervencionismo en la economía, al que se ha hecho referencia, el déficit de transparencia que ha caracterizado el funcionamiento de la Junta de Andalucía, sobre todo en el caso de las empresas públicas, y la proliferación de casos de corrupción relacionados con la utilización fraudulenta de fondos públicos, predispone a este tipo de valoraciones, aunque en realidad se trate de una apreciación errónea. La percepción difiere según la perspectiva, en el sentido de sobredimensionamiento en la composición del valor añadido bruto regional, aunque si se pone en relación con el tamaño de la población la conclusión es justamente la contraria. En efecto, el peso relativo del sector público regional en Andalucía (el gasto público presupuestado inicialmente para 2014 representaba el 18,1% del PIB en ese mismo año) es algo superior al promedio de las comunidades autónomas (en el conjunto de las CCAA ese mismo porcentaje era 15,6%), aunque inferior a las de Galicia (18,7), Castilla-La Mancha (19,3), Cantabria (20,0), Navarra (21,5) y Extremadura (25,7). Sin embargo, cuando se relaciona el gasto público regional con el número de habitantes los resultados para Andalucía son considerablemente reducidos. Pérez (et alia, 2011) confirman esta percepción al inicio de la crisis, en 2008, cuando el gasto púbico regional se sitúa en el 16,8%, el tercero más elevado del conjunto de las autonomías, mientras que en términos per cápita los presupuestos autonómicos andaluces figura entre los más bajos (sólo en tres comunidades es inferior).

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La conclusión básica tiene que ser forzosamente que no estamos ante un problema de gigantismo del sector público regional, sino de tamaño excesivamente reducido en el privado. Esta ha sido una característica permanente desde el cambio de siglo, que sugiere una deformación estructural entre cuyas más probables consecuencias habría que considerar un exceso de carga burocrática sobre el tejido productivo, acentuada tras la crisis de 2008, y una deficiente cobertura financiera de los servicios públicos a la población, cuyo punto culminante se alcanza en 2014. El presupuesto inicial de gasto del sector público regional en 2014 experimentó un recorte de considerables dimensiones, hasta el punto de situar el gasto público autonómico por habitante en Andalucía como el más bajo de toda España (ver Tabla 2.3.). Estos datos y los resultados de la aplicación del actual sistema de financiación autonómica permiten afirmar que, a pesar del intenso debate suscitado en torno a la publicación de las balanzas fiscales, la regresividad característica del gasto público regional desde el cambio de siglo se ha acentuado con la crisis de 2008, resultando Andalucía visiblemente perjudicada, a pesar de la tendenciosa e interesada imagen de comunidad beneficiaria del esfuerzo fiscal del resto de las comunidades. La regresividad del sistema de financiación autonómica se aprecia en la Tabla 2.4., donde cuatro de las cinco comunidades en las que la financiación por habitante es inferior a la media española, también tienen un PIB por habitante inferior al promedio nacional. Las principales implicaciones del desequilibrio entre los tamaños del sector público y el privado son la necesidad de incrementar el tamaño de este último y la de reformar en profundidad el primero. La reforma de las administraciones públicas se ha convertido en la más urgente de las reformas estructurales pendientes en la Comunidad Autónoma y con una trascendencia política, económica y social similar a la reforma de la educación y de las políticas activas de empleo, como palancas del cambio hacia un nuevo modelo económico en Andalucía. Obviamente debe implicar una redistribución de los recursos en el sentido de reforzar la cantidad y calidad de los servicios públicos al ciudadano y reducir la intervención del sector público en la economía. Si desde la perspectiva del volumen y calidad de los servicios públicos a la población el sector público andaluz puede calificarse como normal e incluso reducido, en relación con el sector privado de la economía resulta evidente el exceso de tamaño y sus consecuencias en forma de exceso de carga burocrática sobre el funcionamiento de las empresas. Esto obliga a definir con claridad la posición de la Comunidad en el debate abierto sobre la reforma de la Constitución, y no sólo con el objetivo de reducir la regresividad territorial del sistema fiscal, sino también con el de promover la transformación del mismo en clave de equidad y justicia distributiva. Un argumento que refuerza poderosamente la urgencia y el sentido de la re-

Tabla 2.3. Gasto público regional/PIB por CCAA y Gasto público per cápita. 2014 en %

Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla y León Castilla La Mancha Canarias Cataluña Extremadura Galicia Islas Baleares Murcia Madrid Navarra País Vasco La Rioja Comunidad Valenciana Total

Gasto Público/PIB 18,1% 14,9% 17,2% 20,0% 16,5% 19,3% 16,6% 14,5% 25,7% 18,7% 14,4% 16,8% 10,5% 21,5% 15,9% 16,4% 16,4% 15,6%

Gasto público por habitante 3.049 € 3.721 € 3.475 € 4.158 € 3.570 € 3.512 € 3.280 € 3.862 € 4.023 € 3.721 € 3.512 € 3.099 € 3.207 € 5.988 € 4.674 € 4.031 € 3.248 €

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Tabla 2.4. Financiación Autonómica. 2011 Recursos por habitante y PIB por habitante CCAA (ordenadas por recursos/hab.) Cantabria La Rioja Aragón Asturias Galicia Extremadura Castilla y León Cataluña Baleares Castilla-La Mancha Total Andalucía Madrid Murcia Canarias C. Valenciana

Euros

Esp=100

2831,67 2818,53 2575,34 2569,28 2562,35 2559,87 2540,45 2453,80 2301,47 2283,80 2273,26 2183,26 2177,00 2039,11 2023,98 2020,96

124,56 123,99 113,29 113,02 112,72 112,61 111,75 107,94 101,24 100,46 100,00 96,04 95,77 89,70 89,03 88,90

PIB p/h (Esp=100) 97,22 112,57 111,61 93,94 90,26 69,00 98,20 117,27 104,78 79,98 100,00 75,48 130,38 81,42 85,19 87,59

forma es la inviabilidad de un modelo político respaldado por una economía incapaz de sostenerlo. Hay que situarse a finales de los 80, cuando la entonces Comunidad Europea admitió la posibilidad de que los fondos de ayuda al desarrollo regional pudiesen financiar un modelo de bienestar de corte europeo. El proceso de fusiones empresariales que con toda probabilidad tendría lugar tras la profundización en la integración económica y monetaria perfilado en el Acta Única Europea, amenazaba con destruir una parte importante del tejido productivo y del empleo en regiones como Andalucía. El objetivo de la política regional era ayudarles a recuperar el tejido destruido y facilitar la empleabilidad de los nuevos parados, pero también se aceptó, seguramente con la finalidad de desactivar el riesgo de corrientes migratorias hacia el centro y el norte del continente, que los fondos europeos pudieran financiar las estructuras político-administrativas de la comunidad. Durante dos décadas los fondos europeos han proporcionado a gobiernos regionales como el andaluz una capacidad financiera muy superior a las posibilidades fiscales de sus economías, dando lugar a la proliferación de empresas públicas y otros entes similares. La magnitud del desequilibrio entre las posibilidades financieras de la economía andaluza y el coste del modelo de bienestar levantado con el apoyo de esto fondos se puso en evidencia con la crisis de 2008 y los primeros recortes presupuestarios. La asfixia financiera de la Junta de Andalucía y corporaciones locales, así como el rápido deterioro de los servicios públicos, han terminado por poner de manifiesto la necesidad inaplazable de una reforma en profundidad del sector público regional.

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2.5. El estallido de la burbuja. La crisis de 2008

Aunque los focos llevaban puestos sobre el otro lado del Atlántico aproximadamente un año, en el verano de 2008 era ya evidente el imparable deterioro en los indicadores básicos de la economía andaluza. El estallido final, tras el colapso de Lehman Brothers, abrió la veda a la autocrítica y al propósito de enmienda, con la suscripción generalizada del compromiso de erradicar los comportamientos especulativos y la radical transformación del modelo productivo. Exactamente lo mismo que en el conjunto de España y en la mayoría de las comunidades. A mediados de 2008 Andalucía iniciaba su andadura por el tortuoso camino de una recesión económica de 21 trimestres consecutivos de crecimiento negativo10 y la destrucción de 700.000 puestos de trabajo. Durante esos años el número de parados aumentó en algo más de un millón, hasta llevar la tasa de desempleo al mayor registro de la historia: 36,77% en el primer trimestre de 2013. Si el inicio de la decadencia tiene lugar durante el segundo trimestre de 2007 (por entonces había 3,2 millones de ocupados y 440.000 parados), la confabulación de la mayoría de los indicadores de coyuntura para frenar el proceso e iniciar la recuperación tiene lugar cinco años después. El fondo de la recesión se alcanzó en el primer semestre de 2013 2,55 millones de ocupados y 1,48 millones de parados). A partir de ese momento se inicia un lento pero sostenido proceso de reparación de los destrozos acumulados. A finales de 2014 la economía andaluza había conseguido recuperar el nivel de actividad de 2005, en un firme proceso de aproximación hacia el mejor de sus registros históricos en 2007. También se habían producido los primeros datos positivos de empleo y paro, en este caso más lentamente, dada la magnitud del colapso en el mercado de trabajo. El perfil básico de la actividad y el empleo durante la última década queda reflejada en el Gráfico 2.6.11 Como ya se había indicado, la fuerte volatilidad del ciclo ha vuelto a determinar, como en las crisis de los 70 y 90, que el impacto de la de 2008 haya sido bastante más perniciosa que en el resto de España, sobre todo en términos de empleo. A mediados de 2009 las previsiones de crecimiento eran todavía relativamente optimistas. Tanto en Andalucía como en España se esperaba un crecimiento negativo del entorno del -3%, lo que significaba que las expectativas no eran tan adversas como en el resto de Europa. Otra cosa era el mercado de trabajo, donde el desequilibrio amenazaba con descontrolarse y presionar sobre la tasa de paro por encima del 25%. Los acontecimientos comenzarían a precipitarse a partir de entonces, impulsados por los errores de diagnóstico y de gestión. La llegada de la crisis detiene la convergencia regional en España y provoca el aumento de los indicadores de desigualdad, donde Andalucía queda reflejada como uno de los territorios más perjudicados de Europa. 10. PIB trimestral, a precios de mercado, en Índice de Volumen Encadenado, ajustado de estacionalidad y calendario (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA) 11. Publicaciones periódicas recomendables por el seguimiento sistemático de la coyuntura son «Situación. Andalucía» (BBVA) o «Previsiones Económicas de Andalucía» (Analistas Económicos de Andalucía).

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2.5.1. El contexto político y económico

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

La estrategia europea frente a la crisis quedó definida en la cumbre del G-20 celebrada en Londres de la primavera de 2009, donde se enfrentaron las posiciones de Estados Unidos y Reino Unido, por un lado, y las de Francia y Alemania, por otro. Los primeros a favor de la utilización de la totalidad del arsenal de estímulos monetarios y fiscales disponible, con el fin de frenar en lo posible el hundimiento de la demanda. Los segundos a favor de la austeridad y la prudencia financiera, temerosos de dilapidar unos recursos cuya consideración estratégica aumentaba con la crisis y escépticos respecto de la efectividad de los estímulos a corto plazo. Aunque las tesis europeas consiguieron el apoyo oficial de la Cumbre, en la práctica cada cual siguió sus propios criterios, con España decididamente alineada con la postura anglosajona. El superávit fiscal español se diluyó y un nuevo brote de perturbación comenzaba a gestarse a finales de ese mismo año, tras el rechazo de los mercados financieros a las pretensiones de endeudamiento del Gobierno griego en su proyecto de PresuGráfico 2.6.. El perfil de la actividad y el empleo durante la crisis. Andalucía 2004-2015 (I Trim.). En % sobre 2006=100). Trimestres. puestos Generales para Fuente IECA 2010. La crisis internacio110 nal iniciaba una mutación 100 cuyo epicentro se traslada90 ba a Europa y, especial80 mente a su periferia medi70 terránea. La crisis de la 60 deuda soberana puso en 50 evidencia la profundidad de los desequilibrios denPIB Puestos de trabajo totales Fuente IECA. tro de la Eurozona y los fallos de diseño y ejecución de proyecto de moneda única, la exposición al contagio que conlleva la unión monetaria y el hundimiento del principio de solidaridad que había inspirado el proyecto hasta finales del pasado siglo. Europa se convirtió en el principal foco internacional de tensiones financieras y la situación se prolongó hasta que en el verano de 2012 Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, anunció un cambio de rumbo en la estrategia monetaria, con el fin de devolver la estabilidad al euro. El efecto sobre los mercados de capitales y, en particular, el de deuda pública, fue inmediato, pero los obstáculos para el acceso al crédito en pymes y hogares permanecieron ajenos a los cambios. Los ajustes se sucedieron hasta que el margen de maniobra monetario quedó prácticamente agotado a la altura del verano de 2014, cuando desde el BCE se anunció la decisión de aventurarse por el polémico camino de las políticas monetarias no convencionales y el inicio de un programa de adquisición de deuda pública. El BCE se alineaba, de esta forma, con otros organismos internacionales que recla-

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maban la implicación de la política fiscal en un esfuerzo coordinado para el impulso de la recuperación que, en general, ya se hizo perceptible en 2014. Sus efectos se han hecho especialmente visibles en el caso de España, donde las señales de recuperación se percibieron con mayor nitidez e intensidad que en el conjunto de las economías avanzadas. Hasta la acumulación de evidencias sobre lo sustantivo de la recuperación, en España se habían sucedido los errores de gestión, hasta el punto de que la situación llego a hacerse insostenible a mediados de 2010. En mayo de ese año el presidente Zapatero tuvo que plegarse a la contundencia de los hechos y admitir un programa de austeridad en el sector público, como única forma de evitar un rescate europeo. El cambio de gobierno, a finales de 2011, trajo consigo un fuerte impulso reformador, cuyas primeras iniciativas resultaron fallidas. El aumento de la presión fiscal y el rescate financiero impulsado desde Europa con la finalidad de corregir el fallido intento de reforma financiera, tras el fiasco de la intervención en Bankia, generaron una sensación inicial de notable desconcierto. Los recortes presupuestarios no sólo se reflejaban en los polémicos proyectos de reforma educativa, sanitaria o de la justicia, sino que también suponían un importante deterioro en la cobertura del creciente número de desempleados y, en general, de las políticas asistenciales. El tránsito hacia la recuperación ha dejado, por tanto, un importante número de víctimas en el camino, especialmente en Andalucía, aunque finalmente su presencia comenzó a hacerse patente en el último trimestre de 2013. 2.5.2. Andalucía. La política frente a la economía. En abril de 2009 Manuel Chaves abandonaba la Presidencia de la Junta de Andalucía, iniciándose un largo periodo de inestabilidad en el gobierno de la Comunidad auspiciado por la sucesión de situaciones de provisionalidad, por la asfixia financiera de la Junta de Andalucía y por la profunda crisis en el entramado institucional afectado por los escándalos de corrupción. La interinidad de su sucesor, Griñán, se resolvió con un pacto de Gobierno con IU, que le permitió permanecer en el poder, tras perder las elecciones de 2012. Cuando apenas se había cubierto el primer año de la legislatura, el presidente anunció el abandono del proyecto, dando lugar a una nueva situación de interinidad que llevó a Susana Díaz a tomar el relevo en septiembre de 2103. Las líneas maestras de su política económica quedaron de manifiesto en su discurso de investidura. En el contexto de guerra abierta contra la corrupción, sin duda la principal fuente de inestabilidad política del momento, y con un fuerte compromiso en la defensa de los estándares de bienestar, la estrategia económica anunciada por la nueva presidenta giraba, desde una perspectiva interna, en torno a la reforma en profundidad del sistema de incentivos públicos y de las adminis-

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traciones públicas. La reforma de los incentivos prometía el alumbramiento de un nuevo marco de relaciones entre el sector púbico y el privado, mientras que de la reforma de las administraciones públicas se esperaba una revisión a fondo del entramado de empresas públicas y otros organismos similares, que constituían el soporte de lo que vino a conocerse como «administración o sector público paralelo». En la perspectiva exterior destacaba la firmeza de la presidenta en su defensa de la equidad y la solidaridad como pilares fundamentales del modelo de estado cuya revisión se planteaba desde diferentes instancias y que está llamado a ocupar el centro del debate político nacional. A principios de 2015 Susana Díaz anunció el final del gobierno de coalición PSOE- IU y convocó nuevas elecciones para el mes de marzo. El segundo tercio de la legislatura se había consumido sin la menor atención a los graves problemas económicos de la comunidad, incluidos los compromisos asumidos en la investidura, y quedando como balance de la gestión de la crisis la caída de 8 puntos porcentuales en el PIB regional entre el primer trimestre de 2008 y el último de 2014 y del 17% en el número de puestos de trabajo.12 Durante estos años Andalucía se ha distanciado de los estándares medios de bienestar en el resto de España y Europa, hasta llegar a colocarse como la región con peores registros de empleo de la Unión. Justamente cuando el desequilibrio en el mercado de trabajo alcanzaba sus mayores niveles de deterioro se producía la desactivación de las políticas activas de empleo (formación e intermediación), que terminaron por desaparecer de la escena política bajo el peso de la corrupción y la bancarrota de la Junta de Andalucía. Entre las consecuencias del desmantelamiento de la trama de intereses en torno a la Consejería de Empleo, hay que destacar la desaparición de los últimos vestigios de la concertación social y de una parte importante del entramado institucional surgido de desarrollo autonómico en forma de nuevos poderes fácticos. La crisis de 2008 ha tenido consecuencias desastrosas en Andalucía, sobre todo en lo que se refiere al empleo y al aumento de la pobreza y la exclusión social, pero también ha traído la exigencia de una profunda revisión del modelo político en general. También ha provocado la corrección del endémico déficit por cuenta corriente en la economía regional, probablemente el principal determinante de la insostenibilidad a medio plazo de un modelo de bienestar incapaz de generar los recursos necesarios para financiarse, pero que se ha permitido el lujo de permanecer indiferente al largo periodo de deterioro que ha sufrido la productividad, coincidiendo con el endurecimiento de las condiciones de la competencia internacional. Afortunadamente todo esto parece haber entrado en una dinámica de cambio a partir de 2013, cuando el turismo y las exportaciones volvieron a tomar, como en 12. En términos de contabilidad regional (Instituto Nacional de Estadística). Obviamente el número de puestos de trabajo difiere del número de empleos (una misma persona puede ocupar más de un puesto de trabajo, mientras que el empleo a tiempo parcial se computa como puestos de trabajo equivalente año).

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la crisis de los 90, el timón de la recuperación, permitiendo que la confianza empresarial se recuperase en un 15,7% a finales de ese mismo año. 2.6. Consideraciones finales

Andalucía afronta su décima legislatura con un Gobierno en minoría del PSOE y una notable fragmentación en el Parlamento. Sólo durante la IV legislatura (19941996) se produjo una situación comparable, que culminó en un importante fracaso. No son las mismas circunstancias, puesto que en esta ocasión existen compromisos explícitos entre las fuerzas que han apoyado la investidura de Susana Díaz, aunque en ambos casos se trata de la conclusión de periodos críticos en lo económico precedidos de otros de fuerte inestabilidad política. El principal reto del nuevo Gobierno será, por tanto, restituir la estabilidad con el fin de recuperar la gobernabilidad, pero también será necesario un nuevo modelo de gobernanza, es decir, de procedimientos y protocolos de relaciones entre el sector público y la sociedad civil. La recuperación de la gobernabilidad implica desarrollar una estrategia política capaz de volver a sintonizar con las demandas sociales y ciudadanas, mientras que el significado de la nueva gobernanza se resume en la necesidad de impulsar la reforma de las instituciones con el fin de implantar en Andalucía un nuevo cuadro de incentivos políticos, sociales y económicos que favorezca que los recursos en general, y especialmente los de titularidad pública, se asignen a los empleos más eficientes y que el esfuerzo y la capacidad desplacen definitivamente al nepotismo del itinerario de referencias para el progreso de los individuos. El deseable entorno de estabilidad debe permitir al nuevo gobierno de Andalucía abandonar definitivamente la pretensión de intentar lidiar los problemas económicos en el terreno de la política. En particular, los que tienen que ver con la sostenibilidad del modelo de bienestar, cuyos límites deben levantarse sobre los principios de igualdad y solidaridad que regulan la convivencia en el Estado español, pero también en concordancia con la capacidad de la base productiva regional. El final de la crisis debe permitir restituir, al menos en parte, la capacidad financiera a la Junta de Andalucía, aunque no cabe esperar el retorno a una situación de abundancia de recursos públicos, característica de las dos décadas anteriores. La discusión sobre la revisión del modelo de estado durante los próximos años incidirá de manera especial en las relaciones entre los territorios, con una elevada probabilidad de regresión en materia de solidaridad. Algo similar a lo que viene ocurriendo en Europa desde el fracaso de la Agenda de Lisboa y la ampliación al este de la Unión, lo que lleva a considerar que el margen financiero del Gobierno andaluz se mantendrá estrecho y que será necesario intensificar los esfuerzos para mejorar la eficiencia de sus intervenciones, si se quiere evitar que, como consecuencia de la parálisis de la inversión pública durante siete años, continúe

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deteriorándose el legado intergeneracional, es decir, el valor de la herencia que la generación actual entregará a la futura. La más sensata e ilusionante de las propuestas surgidas de la reacción inicial a la crudeza de la crisis de 2008 fue la de impulsar un cambio de modelo productivo en Andalucía. Han transcurrido siete años escasos de capacidad financiera e imaginación para encontrar alternativas de alcance, más allá de las nostálgicas referencias a la recuperación de la construcción y la resurrección de la minería. Tan solo la fortaleza competitiva de algunos productos con importante tradición exportadora, como la agricultura intensiva o de la agroindustria, como el vino o el aceite, pero también otras manufacturas, han conseguido ofrecer una imagen convincente de capacidad para sobreponerse a la depresión interna y abrirse a los mercados exteriores. Algo parecido a lo ocurrido con el turismo, que durante estos años ha concentrado, con éxito, sus esfuerzos competitivos en la atracción del turista extranjero, para compensar el hundimiento de la demanda nacional. Todo parece indicar que cuando las señales de recuperación comienzan a hacerse evidentes, la economía andaluza volverá a intentar apoyarse en los mismos pilares que en el pasado. Los diferentes episodios de crisis durante los últimos 50 años han permitido comprobar la enorme capacidad de resistencia y adaptación del turismo, la agricultura intensiva o la industria agroalimentaria frente a las perturbaciones, pero también la necesidad de ampliar y diversificar la base productiva. Diversificar el riesgo y reforzar la capacidad defensiva de la economía andaluza frente a la inestabilidad y los «shocks» externos, pensando en evitar la repetición de las consecuencias sociales de las eventuales situaciones críticas que puedan presentarse en el futuro. Andalucía necesita, por encima de todo, crear empleo y uno de los principales obstáculos es la estrechez de la base productiva, tanto en tamaño como en diversidad. Paralelamente al esfuerzo que durante décadas han realizado los diferentes gobiernos andaluces para impulsar, con escaso éxito, una base industrial de contenido tecnológico, en el resto del mundo se han consolidado diferentes modelos económicos de éxito. El de los países avanzados se levanta sobre las bases del capital humano y el tecnológico, pero también sobre el de los servicios avanzados, con fuerte proyección internacional. Los casos más llamativos son los de los emergentes, entre los que existe una notable diversidad de modelos. Desde la exportación de materias primas energéticas (Rusia) y no energéticas (Brasil), a las exportaciones de manufacturas (China) o el desarrollo de los servicios (India), pero todos ellos han conseguido, al menos hasta el momento, superar la crisis en condiciones bastante menos traumáticas que la mayoría de las economías más desarrolladas. Puede que una parte del camino alternativo que tan desesperadamente, y con tan decepcionantes resultados, busca Andalucía desde el inicio de la crisis se en-

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cuentre en los servicios y en la posibilidad de aprovechar la fortaleza de nuestra posición en los mercados turísticos para su proyección hacia el exterior. La simple intuición permite apreciar esta posibilidad en actividades tales como la sanidad, la educación o la propia ingeniería civil, aunque para ello sería necesario corregir el desequilibrio entre el sector público y el privado, revisar el modelo de intervención de primero en la economía, comenzando con un compromiso real de adelgazamiento de la burocracia n

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3. 25 años del Observatorio Económico de Andalucía Martín Rísquez Periodista

3.1.

Dinámica histórica

3.2.

Las actividades

3.3.

Ponentes, miembros y socios

3.4.

La Temática del Observatorio Económico de Andalucía

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3.1. Dinámica histórica 3.1.1. Entorno social e institucional del nacimiento del OEA

El día 20 de marzo de 1990, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla emitía una nota de prensa informando de la creación del Observatorio Económico de Andalucía (O.E.A.) por decisión conjunta con su homónima de Almería; en la nota se decía que la nueva entidad «hará un seguimiento y un análisis continuado de la actividad económica andaluza, con el fin de facilitar a los empresarios opiniones contrastadas sobre la coyuntura empresarial de la región.» La nota añadía que las actividades del O.E.A. se enmarcaban en las de los servicios de estudios de ambas cámaras, también recientemente creados. En realidad, el nuevo ente era una iniciativa que surgía «en» las cámaras de comercio mencionadas pero no «de» ellas, ya que quiénes las ponían en marcha, sus responsables de los servicios de estudios, no eran personas de la estructura de las entidades sino que habían accedido recientemente a esas funciones y más bien por propia convicción de la necesidad de los servicios de estudios y de otras actividades que podían derivarse de ellos, como era un ente que tuviera en su punto de mira la evolución y también las necesidades que se le planteaban a la actividad económica en Andalucía. El ámbito regional de actuación, superando el provincianismo de las cámaras de comercio, venía derivado de la nueva configuración territorial de España, con el nacimiento de las administraciones autonómicas, poco más de diez años después de la promulgación de la nueva Constitución Española. Ocho años antes de la creación del OEA se habían celebrado las primeras elecciones al parlamento autonómico en un marco de deterioro de la actividad económica de la región. Deterioro que se manifestaba en la emigración de andaluces a otros territorios españoles y en la caída del valor de la producción agraria, al tiempo que las actividades industriales tradicionales, que habían mantenido a Andalucía entre las regiones más activas de España, entraban en declive y no surgían actividades económicas modernas en los sectores industrial y de servicios que compensaran ese deterioro, como sí ocurría en las zonas más dinámicas de España: Cataluña, Madrid, Valencia y País Vasco, principalmente. La constitución del primer gobierno autónomo regional fue una oportunidad para responsabilizarnos de nuestro propio desarrollo, impulsando la actividad productiva, con iniciativas que favorecieran un renacimiento cultural y fomentando en la sociedad andaluza la necesidad de llevar a cabo cambios que nos acercaran a los referentes nacionales e internacionales más envidiados por su modernidad y apertura a los nuevos tiempos. A comienzos de la década de 1990, esos primeros estímulos e impulsos habían quedado un tanto apagados, aunque aún se mantenían esperanzas de poder enderezar el camino desde el gobierno autonómico. Precisamente, uno de los objetivos no explícitos del Observatorio Económico de Andalucía era intervenir en ese sentido, favoreciendo

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la relación entre el mundo de la empresa y el de la administración regional para que la toma de decisiones estuviese más orientada hacia el desarrollo económico y social y se pudieran así resolver los problemas de la sociedad andaluza en un entorno de colaboración y entendimiento. Porque una de las premisas en los círculos ciudadanos más activos e ilustrados era la convicción de que el ansiado desarrollo no iba a llegar desde fuera de la sociedad andaluza, sino que sólo sería posible si más amplios sectores de la población se involucraban en actividades que crearan las bases de una nueva estructura económica, en la que la empresa privada tendría que ser un sólido fundamento. Para su consecución, el tejido empresarial necesitaba un impulso de modernización y ampliación, en el cual decían estar implicados todos los agentes económicos y sociales, públicos y privados. El Observatorio pretendía ser uno más de esos agentes, en este caso, desde el ámbito empresarial representado por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Almería y Sevilla. Durante los 25 años transcurridos entre 1990 y 2015, el Observatorio ha puesto de manifiesto su punto de vista, desde la independencia de criterio y el conocimiento y profesionalidad de sus componentes y colaboradores. En particular, ha difundido una visión moderna de la Economía como la existente en otros territorios de España y de Europa, con el objetivo de conseguir una inserción más rápida en las corrientes de modernización y progreso en donde esos territorios se ubican, en un entorno de globalización y competencia aceleradas. Los responsables de los servicios de estudios de las cámaras de comercio de Almería y Sevilla, Jerónimo Molina y Antonio Contreras respectivamente, eran economistas y amigos, antiguos compañeros de estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga. El primero había sido gerente de la Asociación Provincial de Empresarios Cosecheros y Exportadores Hortofrutícolas de Almería (COEXPHAL), una entidad fundamental en la conversión de esa provincia en la más rica de la región, desde su escaso nivel de desarrollo anterior; pero también había tenido una breve experiencia política como director general en el área de Agricultura en el primer gobierno autonómico, siendo uno de los primeros desengañados de lo que decíamos antes sobre las posibilidades de cambio de la situación desde la política: dimitió tras poco más de un año. El segundo, miembro de una familia de empresarios sevillanos vinculados al sector de la construcción civil, en especial en el segmento ferroviario, era en aquel momento consejero delegado de una empresa que trabajaba en el tendido de las vías del primer tren de alta velocidad que se construía en España, el AVE Madrid-Sevilla. Esa actividad la combinaba con la jefatura del servicio de estudios de la Cámara de Comercio de Sevilla, que había asumido por un sentido de la responsabilidad más que por otros motivos. Ambos actuaban como coordinadores de un grupo de nueve miembros permanentes, cinco de ellos vinculados a distintos departamentos universitarios de Córdoba (2), Sevilla (2) y Málaga, uno el responsable de una consultora en la que participaban dos

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de las cajas de ahorro más importantes de la comunidad (Ronda y General de Granada) y el último un representante de la Oficina de Planificación Económica de la Junta de Andalucía, que se incorporó a partir de la segunda reunión. Por unos motivos u otros, ninguna otra cámara de comercio andaluza se sumó a las de Almería y Sevilla en el proyecto. Mención especial merece el director del Servicio de Estudios Económicos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Gonzalo Solana, quien impulsó el nacimiento tanto de los servicios de estudios en las cámaras de Almería y Sevilla como el mismo Observatorio, y fue participante habitual en el mismo. Con posterioridad, se irían incorporando personas de diferente procedencia. En primer lugar, sin vinculación con organismo alguno y, más tarde, como se verá, representando a entidades patrocinadoras y otras que colaboraban de diferentes formas. El diseño inicial de las sesiones de trabajo del Observatorio era el siguiente: cada reunión sería introducida por un miembro permanente, que daría paso a dos ponentes, uno que expondría el tema abordado de forma global y el segundo que se centraría en el impacto del tema abordado en la comunidad autónoma; posteriormente se desarrollaría un debate, con participación de todos los miembros del Observatorio y al que, a veces, se invitaba a otras personas con amplio conocimiento del tema. A partir de esos contenidos se elaborarían unas conclusiones que sirvieran de orientación a la política económica regional relacionada con el tema de debate. Algunos de los miembros permanentes estaban ligados a las Universidades. Uno era el director del Instituto de Desarrollo Regional, entidad que actuaba como centro de investigación de la de Sevilla y otro el director general de una empresa de innovación perteneciente a Sevillana de Electricidad, la mayor empresa andaluza de la época. Varios de los miembros iniciales del Observatorio habían tenido experiencia política, tanto de nivel ejecutivo como representativo, o incluso la mantenían en aquéllos momentos: José Javier Rodríguez Alcaide había sido diputado y uno de los máximos dirigentes en Córdoba de la UCD; Manuel Ángel Martín López había sido secretario general de Economía del gobierno andaluz; Francisco Mochón y Javier Calatrava habían sido directores generales en las consejerías de Economía y Agricultura, respectivamente, además de Jerónimo Molina, como ya hemos comentado. Por ello, si incluimos al representante de la Junta de Andalucía, las dos terceras partes de los miembros permanentes iniciales del Observatorio habían tenido experiencia política, pero es preciso señalar, que ninguno ha sido político de profesión, sino que fue una dedicación temporal al servicio de la administración pública. La administración central no estaría presente nunca de forma continuada entre los miembros permanentes. La autonómica, que se incorporó en la segunda reunión como se ha comentado, designó en primer lugar a un alto funcionario de la Oficina de Planificación Económica, pero este representante fue sustituido en el tramo final de ese primer año por el secretario general de Economía, y la responsable del departamento que tenía las competencias de control y supervisión de las Cámaras de Comercio, In-

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dustria y Navegación; al mismo tiempo, se produce la incorporación de otra persona independiente, un consultor en temas agrarios y antiguo viceconsejero de la Junta de Andalucía en ese departamento. Los jefes de los servicios de estudios de las cámaras actuaban como coordinadores y organizadores de las reuniones. El soporte técnico lo realizaban los servicios de estudios de las cámaras de Almería y Sevilla y la responsabilidad de elaborar las conclusiones y de las relaciones con los medios de comunicación serían desempeñadas por un periodista económico. 3.1.2. Primera etapa

La primera reunión del Observatorio se celebró pocos días después de comunicar el nacimiento de la entidad, el 3 de abril de 1990. El primer tema que se debatió fue el de Andalucía ante el Mercado Único Europeo, un tema que sería analizado con posterioridad en bastantes ocasiones, fundamentalmente a raíz de las diversas propuestas de cambio y transformación que se fueron presentando en la Unión Europea. La sesión inaugural contó con la asistencia de los presidentes de las cámaras impulsoras, José Vallejo de la de Almería y Manuel Otero de la de Sevilla, así como del secretario general de Economía del gobierno andaluz, Salvador Durbán. Aquel primer año se celebraron otras cuatro sesiones, todas en Sevilla, en las que se analizaron las fusiones de las cajas de ahorro, el impacto de las nuevas tecnologías entonces emergentes (las TIC), el comercio exterior y la propuesta de presupuestos para el año siguiente, tanto de la administración central como de la regional. En la segunda reunión se introdujo una novedad que iba a tener una importancia decisiva en el futuro. La primera sesión había contado con la exclusiva presencia de los miembros permanentes e invitados, con asistencia de los medios de comunicación exclusivamente al acto inaugural, pero para la segunda se aprobó la asistencia a toda la sesión de los periodistas que lo deseasen. El objetivo entroncaba con el ánimo fundador del OEA, favorecer el interés y el conocimiento de los temas económicos en la sociedad andaluza a través de las informaciones periodísticas, ya que los medios de comunicación andaluces, entonces básicamente de ámbito local, valoraban poco esos temas y su transmisión al gran público era ciertamente deficiente. Se esperaba que el conocimiento al que pudieran acceder los periodistas se iría transfiriendo a sus medios y al conjunto de la sociedad, favoreciendo los objetivos generales del Observatorio. Creemos que este objetivo se cumplió en aquel momento, pues la información económica fue muy importante en aquéllos años en los que, por otro lado, nacieron y proliferaron medios de esta especialización en toda la comunidad, pero en especial en Sevilla. Pero, al mismo tiempo, se plantearon problemas derivados de la libre transmisión por parte de los profesionales de las intervenciones de los participantes, lo que ocasionó algunos problemas que, más adelante, tendrían importancia en el devenir de la entidad. A partir de la segunda reunión se decidió, con un cierto sentido histórico, hacer, tras cada sesión, una publicación de cuatro páginas en la que se recogieran resúmenes

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de las ponencias presentadas y el documento de conclusiones del Observatorio sobre el tema analizado. Esto no se había hecho de la primera, por lo que dio pie al olvido de esa primera sesión, error que el OEA ha mantenido durante años puesto que se materializó primero en un documento del propio Observatorio, una carpeta que se creó para archivar la documentación más importante que se emitiese; ese olvido se transmitió después a la primera memoria que se elaboró del OEA, ya en su segunda etapa y se continuó al crear la primera web; realizar esta publicación ha contribuido a rescatar esa primera sesión. Contrariamente a la dinámica del primer año, las tres primeras reuniones de 1991 se celebraron fuera de Sevilla; la primera, en enero, fue sobre el sector turístico y se celebró en Málaga; la segunda, en marzo, sobre la incidencia en la agricultura andaluza del cambio de la política agraria comunitaria, se realizó en Córdoba, y la tercera, en junio, en Almería, en torno a la situación de las infraestructuras viarias y energéticas y los planes nacionales para extenderlas. Las dos primeras fueron en las respectivas Cámaras de Comercio, sin que ello supusiese ningún cambio en la decisión de éstas de no participar en el proyecto. La tercera se desarrolló en San José, en pleno Parque Natural del Cabo de Gata. Que el Observatorio era una iniciativa de importancia para la Cámara de Comercio y el empresariado se puso claramente de manifiesto al cumplir su primer aniversario, cuando en las elecciones a la presidencia de la Cámara de Sevilla de abril de 1991, el aspirante a continuar en el puesto, Manuel Otero, presentó al Observatorio como uno de los éxitos de su anterior etapa, pese a que el otro aspirante al cargo era, precisamente, el coordinador del mismo por Sevilla y jefe del Servicio de Estudios, Antonio Contreras. Ese mismo coordinador, Antonio Contreras, publicaba en octubre el primer artículo firmado por un miembro de la entidad en un periódico, en ABC de Sevilla, sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente, con conclusiones que parecen escritas para éstos días: la necesidad de que el Estado «reduzca grasas», se emplee en conseguir eficiencia en su administración, presente programas realistas y prescinda de funciones económicas que la libre competencia podría abordar mejor. En noviembre de ese segundo año, el OEA llevó a cabo la primera acción que se realizaba fuera del ámbito de actuación contemplado en su fundación, sirviendo de anfitrión para la presentación del Plan Andaluz de Desarrollo Económico (PADE), una de las denominaciones con las que el gobierno andaluz agrupaba sus actuaciones en ese ámbito (su periodicidad en los primeros años de autogobierno fue mayoritariamente cuatrienal). El consejero de Economía y Hacienda, Jaime Montaner, llevó a cabo la presentación, que se hizo en un escenario ajeno a ambas instituciones, gobierno y cámaras, y con carácter de acceso público. El primer empresario del máximo nivel nacional que disertó en el Observatorio fue Cándido Velázquez-Gaztelu, a la sazón presidente de la primera empresa española de

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aquéllos momentos, Telefónica. Fue la primera sesión del emblemático 1992, también celebrada fuera de Sevilla y por primera vez en la provincia de Cádiz, concretamente en Jerez de la Frontera; Velázquez protagonizó en esta reunión una interesante polémica con un miembro del Observatorio acerca de la mayor o menor posibilidad de participación de la empresa privada en los proyectos que las administraciones auspiciaban para el desarrollo de las telecomunicaciones, que fue el tema del debate. La Cámara de Granada fue también escenario en este año de una sesión de la entidad, interesada en que el eco de su actuación llegase a todas las provincias andaluzas, en cumplimiento de su objetivo de abrir la sociedad andaluza al interés por la economía. A caballo entre 1992 y 1993, dos sesiones pueden considerarse complementarias: en la primera se analizó la situación de Andalucía tomando como referencia la Unión Europea y en la segunda las implicaciones del reciente Tratado de Maastrich; también hubo novedades en ellas: representantes de los partidos políticos parlamentarios andaluces asistieron invitados por primera vez, aunque no todos los partidos acudieron. Es preciso destacar a dos de los más habituales, el andalucista Miguel Ángel Arredonda y el comunista José Barragán. Otra coincidencia de ambas reuniones es que en las dos salió a relucir el talante andaluz ante el hecho económico. La primera, además, contempló un fuerte debate entre el maestro de analistas económicos Julio Alcaide y el secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, a cuenta de las estimaciones de crecimiento económico en España y Andalucía a lo largo de los últimos años; el primero, tras exponer algunas críticas sobre los gastos del 92 (estamos en octubre de ese año, ocho días después de clausurarse la Exposición Universal de Sevilla), afirmó que las últimas estimaciones del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya valoraban el crecimiento de Andalucía en el periodo 1985-91 dos décimas por debajo del de España. Además de la respuesta contraria del representante del gobierno autónomo, la oficina de prensa de este último hizo pública una nota desmintiendo los datos del analista y señalando cómo no sólo esas estimaciones del BBV eran dos puntos favorables a la comunidad, sino que todas las demás estimaciones, de FIES, del Instituto Nacional de Estadística y de la propia Junta de Andalucía abundaban en ese campo. Lo cierto, y lo decía también la nota oficial, es que el mayor crecimiento global de la comunidad venía oscurecido por el crecimiento tres veces superior de la población andaluza, lo que mermaba la ventaja de Andalucía si la comparación se hacía en términos de PIB per cápita. En la segunda de estas reuniones, el jerezano catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III, Rafael Illescas, expuso como elementos para comprender el menor desarrollo regional todo un catálogo de «objeciones a la conducta económica de los andaluces» (la frase la tomo del diario sevillano ABC); como resumen, «nos endeudamos para una fiesta pero no para una inversión empresarial». Otro ponente, un agudísimo catedrático desgraciadamente ausente ya de entre nosotros, añadió: «En Andalucía no hay que reducir el gasto público sino el fasto público».

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Es curioso que la crisis económica de final de los años ochenta y primeros noventa no fuese abordada formalmente en el Observatorio. Fue una crisis que en Andalucía se retrasó bastante por la incidencia económica de las actuaciones para la celebración del 500 aniversario de la llegada de los marinos españoles, con Cristóbal Colon al frente, a América, y que tuvo su expresión en Sevilla con la Exposición Universal de 1992. Tal vez no se abordó el análisis de la crisis porque no se vislumbrase una razón específicamente regional en el desencadenamiento de la crisis, al contrario de lo que pasó en la todavía presente crisis actual. No es que en esta última el motivo sea regional, pero en los años previos a 2007 había ya bastantes expertos, incluyendo miembros del OEA, que afirmaban que, cuando se desencadenara la crisis que se esperaba (por motivos financieros y por el sobrepeso de la construcción en muchas economías), Andalucía iba a ser de los territorios más afectados. Por otro lado, durante la crisis de los primeros años noventa no se hizo un análisis de lo que ocurría en la economía andaluza, independientemente del análisis nacional. Sea por la razón que fuere, la crisis de los noventa solo se abordó en el Observatorio para preguntarnos, en noviembre de 1994, «¿Hemos salido de la crisis?» (título repetido, por cierto, en el año 2014). Todavía en el año 1996, el crecimiento del PIB fue el más bajo de lo que quedaba de la década tanto en la comunidad como en el conjunto de España. Con anterioridad, en febrero de ese mismo año, se había analizado el programa industrial cuya elaboración había dirigido, desde el gobierno andaluz, un miembro del Observatorio, programa que contó con el beneplácito de la asamblea de miembros pero al que se le hicieron precisiones, que fueron tratadas por los coordinadores en una nueva tribuna del diario ABC; el final de este artículo dice algo que todavía es motivo de debates en el seno de esta entidad: «consideramos que sería conveniente prestar más atención al desarrollo de sectores con fuerte tradición en la región que a las actividades vinculadas al capital extranjero». En medio de ambas reuniones, otro artículo publicado por los coordinadores, en relación con los debates económicos mantenidos en el Parlamento andaluz, dejaba meridianamente claro el planteamiento que hacía el Observatorio sobre su tarea: «los graves déficits de la estructura productiva de la comunidad son el desequilibrio de población y renta entre áreas urbanas y rurales; la reducida dimensión de las empresas andaluzas; la escasa incorporación de valor añadido por parte del sistema productivo, que exporta la mayoría de los productos con muy poca elaboración; un nivel de formación inferior a la media nacional; una posición marginal en materia tecnológica y, en definitiva, que la economía andaluza carece de una dinámica propia capaz de autosostener su ritmo de crecimiento, manteniendo una fuerte dependencia del exterior. Reconocer esto no es un ejercicio de masoquismo; es, sencillamente, ayudar a conocer la realidad económica andaluza (para) buscar las soluciones adecuadas». El título de la sesión celebrada en Málaga en junio del 95 se adelantaba diez o doce años a algo que se plasmó con cierta crudeza en el origen de la crisis actual: «Merca-

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dos financieros versus economía real». Los ponentes rechazaron que se pudiera dar una contradicción entre ambos mercados e incluso señalaron su interdependencia, pero también pusieron de manifiesto la influencia decisiva que ambos iban a ejercer sobre las políticas públicas, algo que ha quedado de manifiesto en los últimos años. La actividad del Observatorio se ralentizó en este año, si bien durante él se produjo un hecho importante: tres nuevas entidades entraron para acompañar a las dos cámaras de comercio creadoras en su patrocinio; dos fueron entidades financieras, Unicaja, la caja de ahorro más fuerte de la comunidad, y la Caja Rural de Almería, también la de mayor peso específico en Andalucía en su segmento; junto a ellas, el Instituto de Desarrollo Regional, una organización de la Universidad de Sevilla que hacía estudios sobre la realidad económica, publicando numerosos libros, en parte, nacidos en los grupos de investigación de dicho centro. En el plano de las actuaciones tradicionales, solo se celebraron dos sesiones ordinarias, si bien hubo también una colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla para la realización de una jornada de análisis sobre «El papel de las cámaras de comercio en la sociedad». Esta jornada merece una explicación. El nacimiento de las organizaciones empresariales con la promulgación de la Constitución de 1978 hizo crecer las instituciones que tenían al empresariado como origen, ya que las tradicionales Cámaras de Comercio, Industria y Navegación no desaparecieron, en parte por su dilatada historia (más de 100 años la de Sevilla). Aunque sus funciones eran diferentes, no por ello dejó de haber fricciones entre las primeras y las longevas cámaras: las primeras, agrupadas en la CEOE, Confederación de Organizaciones Empresariales de España, son las representantes del empresariado, desarrollando un papel como patronales para la defensa de los intereses empresariales ante los sindicatos de trabajadores y las administraciones, mientras que las cámaras son instituciones públicas prestadoras de servicios al conjunto de las empresas, aunque controladas por las administraciones. El interés de las primeras por la ampliación de sus tareas a la prestación de servicios (y el uso de estas prestaciones como fuente de financiación) era el motivo básico de las fricciones, alimentadas por parte de algunas empresas que se oponían al pago obligatorio de cuotas a las cámaras. El tema fue abordado con una claridad meridiana en abril de ese año por el coordinador del Observatorio por Sevilla, Antonio Contreras, en un artículo publicado en el diario ABC. Después de exponer los supuestos motivos, definía a las cámaras «no sólo como el mejor instrumento de solidaridad empresarial, sino también como una ejemplar empresa al servicio de todos los empresarios», acusando de incitar el problema a quiénes «tienen sus intereses fuera de la comunidad o les importa un comino que en el lugar donde están instalados florezca un espíritu empresarial», así como «instituciones… que se nutren directamente de los presupuestos generales del Estado o de las comunidades autónomas». Estas consideraciones no fueron intrascendentes, sino que estuvieron en la base de la crisis que provocó la salida del Observatorio del entorno de las cámaras de comercio.

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La jornada organizada por la cámara sevillana, en noviembre de 1995, tuvo como trasfondo la defensa del status existente, contando con la participación de miembros del Consejo General y de juristas de prestigio, que señalaron cómo las legislaciones de otros países contemplaban estas instituciones tal y como existían en España, sin ser motivo de enfrentamiento con las patronales representativas del empresariado, al que, por lo demás, casi todos los dirigentes de las cámaras pertenecían también. La colaboración del Observatorio se centró en dar soporte a algunas cuestiones técnicas de la jornada, pero, ante la patronal andaluza, la Confederación de Empresarios, quedó como una implicación que lo convertía en rival. Las dos concepciones del papel de las Cámaras estaban presentes en todas las cámaras de comercio de Andalucía, pero en la de Sevilla se complicó más; venía desde la instauración de la democracia y estuvieron conviviendo con más o menos fairplay; pero desde las elecciones de 1991 se habían desatado los enfrentamientos, dando lugar a una sucesión de crisis ejemplificadas en el paso por la presidencia de la entidad de hasta cinco presidentes en el periodo 1991-95, además de dos periodos de intervención provisional por la administración autonómica. En los dos años siguientes se celebraron solo tres sesiones ordinarias del Observatorio en cada uno de ellos. Una de 1996 contó con la participación del presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. El inicio de 1997 se dio con una colaboración del Observatorio con el IDR y otras instituciones andaluzas en la defensa de un sistema de financiación autonómica que no perjudicase a la comunidad autónoma. También este asunto merece un desarrollo. A mediados de 1996, el gobierno de España presentó una propuesta para la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas, asunto que siempre fue problemático. La propuesta partía de un acuerdo previo entre el gobierno del Partido Popular en España, y en Cataluña, Convergencia i Unió, y en ella se planteaba vincular una parte de la financiación a las comunidades autónomas (el 30%) a la recaudación en cada territorio del IRPF. No era la primera vez que un planteamiento similar se ponía sobre la mesa de negociación del sistema, ya que el vigente incluía la vinculación del 15% y había sido aprobado con el PSOE en el gobierno de España. Pero, además del incremento del porcentaje vinculado, se incluían otros elementos que, conjuntamente, iban a afectar muy negativamente a la financiación de los gobiernos regionales de los territorios con menor desarrollo y, por lo tanto, menores ingresos de IRPF de sus habitantes. Este tema, que llevó al Parlamento regional a aprobar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que estableció el modelo, había llegado a la sociedad andaluza mediante una movilización en la que distintas instituciones crearon una plataforma, a la que se invitó a sumarse al OEA, que aceptó la propuesta. En febrero de 1997, se desarrolló en Córdoba una jornada de análisis en la que participó el Observatorio mediante uno de los coordinadores y varios miembros; entre los participantes estuvo también un antiguo ministro de Hacienda de la UCD, el madrileño-sevillano Jaime García Añoveros.

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Esta fue la primera vez que el OEA, aunque aquí de forma indirecta, abordó el tema del sistema de financiación de las CCAA, pero, como se verá más adelante, no la última. El modelo de financiación de las comunidades mediante una participación en la recaudación del IRPF del 50%, continuó, pese a lo cual, la acusación de los sectores nacionalistas catalanes de que el sistema perjudica a su comunidad no ha desaparecido, centrándose desde hace unos años en las llamadas «balanzas fiscales» y, más recientemente, en la reivindicación de independencia. En abril de ese mismo año se celebró una sesión que iba a resultar trascendental. Se analizaba la iniciativa empresarial andaluza y en ella, un catedrático de Huelva, el sevillano José María O’Kean, iba a ser el desencadenante involuntario de un conflicto con la Confederación de Empresarios. Su ponencia fue acusada de «manejar estadísticas de dudoso rigor… con datos antiguos» que, decía la nota de la patronal, «llegan a conclusiones ofensivas». Lo cierto es que los datos provenían del único estudio existente entonces sobre el tejido empresarial de la comunidad autónoma, obra de otro catedrático y publicado hacía algunos años, por lo que el enfado de la CEA debía tener otro objetivo. En cuanto a lo ofensivo de las conclusiones, que pertenecían al estudio mencionado, se trataba de algo comúnmente aceptado por todas las personas que tuvieran conocimiento del empresariado andaluz: que en Andalucía había escaso espíritu empresarial y que en el empresariado escaseaba el nivel de formación, había mentalidad anticuada y excesiva prevención al riesgo. El OEA emitió una nota en la que defendía su independencia y la libertad de expresión de los invitados a las sesiones. El conflicto no quedó en eso, porque la CEA pidió explicaciones a los presidentes de las cámaras de comercio patrocinadoras, que, según la CEA, apoyaron sus argumentos; también elevó su protesta al gobierno andaluz, a través de la consejería de la que dependía el control de las cámaras. Cabe entender que, en el fondo, lo que latía era el tema de la fricción (aplacada pero no resuelta) entre los cameralistas y los patronalistas, por utilizar expresiones coloquiales. También podría hablarse de enfrentamientos entre la patronal andaluza y la sevillana por la presidencia del organismo cameral de Sevilla, que iba a ser renovado el año siguiente. El supuesto posicionamiento del presidente vigente de la Cámara de Sevilla a favor de la queja de la CEA no causó efecto alguno, por cuanto el OEA continuó sus actuaciones en los meses siguientes, pero el conflicto hizo entender que el futuro del Observatorio podría estar condicionado por la poca sensibilidad o la intransigencia de la patronal con el debate libre y la confrontación de opiniones. Por ello, los coordinadores decidieron terminar la vinculación con las Cámaras de Comercio e iniciar el proceso de creación de una asociación privada sin ánimo de lucro, con la participación de las personas que venían interviniendo activamente en las sesiones de trabajo, que habían aumentado aproximadamente al doble de las que iniciaron la andadura cerca de ocho años antes. En diciembre de 1997 se celebró la última sesión (la 27ª) sobre «Crecimiento económico y convergencia».

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3.1.3. Segunda etapa. Primeros años

Alrededor de una treintena de personas formaron en enero de 1998 la asociación Observatorio Económico de Andalucía, que se dotó de una junta directiva que estuvo presidida por José Javier Rodríguez Alcaide, uno de los miembros permanentes iniciales y de los que mayor protagonismo habían desarrollado en la etapa anterior en las sesiones de trabajo. Catedrático de Economía Agraria en la Universidad de Córdoba y persona vinculada a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de esa provincia, Caja Sur. Las dos entidades financieras que entraron como patrocinadoras en 1995 continuaron en esta función, sumándose a ellas Caja Sur, por lo que el Observatorio iniciaba esta etapa con fuertes amarres en el sector financiero, pero afirmando su independencia de criterio. Casi la totalidad de los miembros permanentes anteriores continuaron en la nueva etapa, sumándose a ellos un amplio grupo de personas que extendieron la entidad por otras provincias andaluzas y diversas actividades profesionales. En concreto, se sumaron como socios alrededor de una decena de empresarios y directivos de empresas, algunos de los cuales habían asistido frecuentemente a las sesiones anteriores, responsables de planes de actuación pública y directivos de entidades financieras. La separación de las Cámaras, no obstante, planteó problemas logísticos derivados de la falta de una sede física en tiempos en los que la coordinación mediante correo electrónico y otros instrumentos digitales no estaba aún muy extendida. También los recursos financieros se vieron limitados, así como los recursos humanos, ya que el soporte de personal que prestaban las Cámaras de Almería y Sevilla era muy importante y no pudo ser sustituido por la nueva asociación. Todo ello tuvo su incidencia en la frecuencia de las sesiones en los primeros tiempos, pues si bien la primera sesión de la nueva etapa se celebró relativamente cercana a su inicio (marzo de ese mismo año), la segunda se retrasó más de un año, en 1999 solo se hicieron dos y en el año 2000 una sola. La nueva estructura, por otro lado, no dejaba de tener problemas de ajuste, en especial la domiciliación de la presidencia fuera de Sevilla, provincia en la que residía algo más de la mitad de los miembros de la asociación. De ahí que no tardase en plantearse un cambio en el equipo directivo, formulado como refundación del Observatorio, ya que iba a suponer cambios importantes en la forma de trabajo a desarrollar. El documento de refundación lo presentó en enero del año 2001 el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Francisco Ferraro, también miembro permanente en la etapa anterior, si bien no desde el inicio; en él se abogaba por «una vida más activa» y «una apuesta más decidida por incidir en la realidad económica andaluza», para lo que planteó varias acciones instrumentales: aumento del número de socios, intensificación y diversificación de las actividades, participación «ponderada» del OEA en los debates económicos más significativos de la comunidad, sede permanente, establecimiento de una cuota a pagar por los asociados y de aportaciones de

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otras instituciones distintas de las tres patrocinadoras, mayor libertad de acción de la junta directiva y del presidente, diseño de una página web y difusión electrónica de documentos al conjunto de los socios como parte de los debates. El desarrollo de las sesiones sufrió diversos cambios, pasándose de muchos ponentes (la mitad de las celebradas hasta ese momento tuvieron tres o más) y media jornada de duración, a conferencias de un ponente (solo en contadas ocasiones, dos) seguidas de un debate, y se suprimieron las conclusiones aprobadas por el Observatorio. En cambio se pusieron en marcha otras actividades, como la elaboración por miembros del Observatorio de documentos propios, sometido a las consideraciones y aprobación de los socios. También se pusieron en marcha los Foros del Observatorio, en los que ponentes invitados y miembros del OEA se reunían durante dos días de trabajo, y el Barómetro del Observatorio, encuesta a empresarios y otras personas de relevancia de Andalucía sobre la realidad y la política económica regional. El impulso de la refundación propició que en el primer año se celebrasen ocho sesiones ordinarias, lo que significaba el record de los doce años de existencia del OEA. Además, en noviembre, el presidente del Observatorio fue invitado a pronunciar una conferencia en el ciclo «Encuentros 2000» del Club Antares, un espacio de intervenciones de amplio arraigo en la capital de Andalucía que tenía entre su elenco de participantes ministros, líderes políticos, empresariales y sindicales, juristas, grandes escritores y una muy variada relación de personalidades de Andalucía y España. La conferencia versó sobre «La economía andaluza en perspectiva», siendo la primera vez que el presidente de la entidad intervenía públicamente como protagonista único en un acto de otra entidad. Si el año 2001 se centró en el impulso de las sesiones ordinarias en su nuevo formato, el siguiente se dedicó en mayor medida a la diversificación de actividades propias. Así, en febrero se celebró el primer foro, en Coín (Málaga), bajo el título «Reflexiones sobre la política económica en Andalucía» y en el otoño se elaboró el primer documento propio, un análisis de un programa elaborado por el gobierno regional denominado «Plan Económico Andalucía Siglo XXI», que seguía la tradición del ejecutivo andaluz de agrupar en un documento los programas y actuaciones económicas para los próximos años. Las conclusiones del Observatorio respecto a este plan fueron muy críticas, motivando una respuesta pública poco afortunada de la Consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, quien no dudó en referir consideraciones personales sobre el final de la relación que el presidente había tenido con la Junta de Andalucía, en la que fue Secretario General de Economía. El Observatorio publicó un comunicado de repulsa a las declaraciones de la Consejera, a la que también criticaron diversas personas en los medios de comunicación, entre ellos, Rafael Escudero, primer presidente de la Junta de Andalucía. Esta fue la primera polémica pública que el Observatorio mantenía con la administración regional, pero que no sería la última porque, a partir de ese momento, se intensificó la solicitud de

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algunos medios para que el presidente de la entidad manifestase opinión sobre diversos aspectos del debate económico regional. Así, solo en el último mes y medio de ese mismo año y en un diario sevillano pueden encontrarse declaraciones sobre la vivienda y su carestía, la tendencia de los gobiernos a incluir modificaciones legislativas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, la centralización del debate sobre las cajas de ahorro en quiénes las controlan políticamente y no sobre la situación y la eficiencia de las entidades andaluzas y sobre la reforma del subsidio de desempleo agrario y el plan de empleo rural. El año siguiente el protagonismo mediático se redujo y el Observatorio pudo centrarse en sus sesiones ordinarias (se celebraron cinco en 2003) y en la segunda edición del Foro Anual, que en esta ocasión se celebró en Priego de Córdoba con el análisis de la concertación social en Andalucía. Esta concertación se venía traduciendo desde hacía varios años antes en la suscripción de un documento por parte del gobierno regional, la patronal CEA y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, en el cual se plasmaban las directrices de política económica en la comunidad y, a veces, algunos planes en concreto, que, de esa forma, conseguían un aval de estos agentes empresariales y sociales. A cambio, estos agentes recibían fondos públicos para sus actividades formativas, en un ejercicio nada trasparente que, muchos años después, daría lugar a denuncias que llegarían a los juzgados, cuyas investigaciones cuestionarían profundamente la política de formación de trabajadores y desempleados a través de las organizaciones empresariales y sindicales y, de paso, la política de concertación social en Andalucía. Pero, en aquel momento (mayo de 2003), del documento del Observatorio sobre la concertación social solo se derivaron unos pocos titulares de periódicos, pues el análisis realizado no se centraba en las posibles irregularidades administrativas o en otras consideraciones jurídicas (ajenas al análisis que la entidad se proponía, aunque algo se decía al respecto), sino en la práctica política de hurtar al Parlamento autonómico el debate sobre las políticas y actuaciones de índole económica del ejecutivo andaluz, así como en las escasos frutos de la concertación en términos de mejora de la economía regional. En la práctica, los cuatro organismos firmantes, gobierno, patronal y los dos sindicatos, parecían los únicos legitimados en la comunidad para valorar la política económica del ejecutivo, desvinculando a la sociedad del debate sobre unos temas que, a la larga, han sido trascendentales para la región. En los meses finales del año 2003 se puso en marcha el primer Barómetro Económico de Andalucía, una encuesta en la que se solicitó la participación de 450 personas relacionadas con la economía andaluza (empresarios, directivos, consultores, profesores, responsables públicos, sindicalistas, funcionarios…) y contó con respuestas de una tercera parte. El objetivo era conocer la valoración de los encuestados sobre la economía regional y sus perspectivas, así como sobre la política económica aplicada. Los resultados del Barómetro tuvieron un significativo impacto social, especialmente

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en forma de respuesta de la administración autonómica. El Barómetro, que nació en colaboración con la consultora KPMG, se publicó en tres ocasiones, siendo la última en el año 2006. El Foro de 2004 (celebrado a final de enero en Ronda, Málaga) vio regresar a los partidos políticos al Observatorio (como se dijo anteriormente, entre los años 1992 y 1993, se abrió la participación en las sesiones a miembros de los partidos representados en el Parlamento regional). En esta ocasión, en el foro se analizaron los programas económicos con los que los partidos se presentaban a las próximas elecciones autonómicas. La experiencia no resultó muy interesante por lo que no volvió a repetirse este formato en ningún otro foro, aunque algún político en ejercicio participase como ponente en alguna sesión de manera puntual. Sin embargo, se retomó la iniciativa para las elecciones autonómicas del año 2015. La segunda mitad de 2004 se produjo un intenso debate, de los que periódicamente se producen en España, sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas, coincidiendo con la cercanía de su revisión, pero, sobre todo, con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuyo texto inicial, incluía planteamientos no aceptables para el resto de las administraciones autonómicas y el conjunto del Estado. En esta ocasión, antiguos dirigentes políticos andaluces y de diversas adscripciones partidarias (Manuel Clavero, ministro impulsor del sistema autonómico, Rafael Escuredo, primer presidente andaluz elegido, Alejandro Rojas-Marcos, máximo dirigente del Partido Andalucista y Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo) crearon la plataforma «Andaluces levantaos» para defender los intereses andaluces en las negociaciones. El presidente del Observatorio, Francisco Ferraro, fue elegido por los promotores de la plataforma para dirigir uno de sus grupos de trabajo. Sin formar parte de esta plataforma, el Observatorio organizó un programa de sesiones de debate que tenían como objetivo presentar opiniones lo más variadas posible y de expertos de distintas comunidades autónomas para concluir con un documento propio. La primera de estas sesiones se celebró en diciembre de 2004 y se hicieron otras tres a lo largo del primer semestre de 2005, con participación de profesores de las universidades de Barcelona, Zaragoza, Madrid y Sevilla. También se contó con un documento elaborado por profesores de la Universidad de Málaga. Como conclusión, el OEA elaboró un documento que se presentó en septiembre de ese mismo año en el que se calificaba el modelo que representaba el proyecto de Estatuto de Cataluña de «inaceptable, inaplicable e irracional»; también se planteaba la necesidad de terminar con el sistema fiscal del País Vasco y Navarra, a los que se llamaba «insolidarios» y «discriminatorios» con el resto de España. La cuestión derivó en un conflicto mayúsculo por cuanto las demás comunidades autónomas, tratando de emular a Cataluña, entraron también en la dinámica de la revisión de sus estatutos de autonomía (Andalucía entre ellas), se mezclaron las discusiones entre las dos reformas y, en el contexto general, se disolvió el debate de la fi-

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nanciación de las comunidades autónomas. El conflicto entró en una fase de resolución mediante un acuerdo del gobierno central con el de la Generalitat y los partidos políticos catalanes, que, aunque inicialmente fue criticado por todas las demás comunidades autónomas y los expertos (incluido el OEA, que publicó en enero de 2006 un documento sobre el mismo), fue finalmente aceptado por los gobiernos autonómicos y se convirtió en el nuevo sistema de financiación de las comunidades. Además de la publicación del documento, el OEA explicó su posición mediante declaraciones de su presidente, apuntando que con el acuerdo «ganaban las comunidades autónomas pero perdían los españoles». Y es que ya se veían los grandes esfuerzos para contentar los dispendios financieros en los que se habían embarcado muchas administraciones autonómicas, sin que encontrasen freno en el gobierno central. En febrero de 2005 se estrenó la primera versión del portal web del Observatorio, y también se hizo en ese mes la presentación de los resultados del II Barómetro Económico de Andalucía; en marzo se celebró el Foro Anual, por primera vez en Carmona (Sevilla), donde se residenciaría para el futuro. Esta reunión contó con la participación del entonces comisario europeo de Economía Joaquín Almunia; el tema fue «Andalucía en la Unión Europea ampliada», tema recurrente en la historia del Observatorio siempre que se han producido hitos en la evolución del organismo supranacional europeo. En mayo de 2006 la nueva edición del Foro contó con la presencia, entre otros, del director general del Banco de España, José Viñals, poco tiempo antes de su marcha al Fondo Monetario Internacional. También en mayo de 2006 se celebró el primero de los Encuentros Economía y Sociedad, un foro creado por ocho entidades similares al OEA entre las que destacan el Círculo de Economía de Barcelona, con más de medio siglo de existencia, y el Círculo de Empresarios de Madrid, con importantes nombres en su nómina de asociados. El resto de entidades miembros son la Asociación Valenciana de Empresarios, el Cercle d’Economía de Mallorca, el Círculo de Empresarios Vascos, el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero de Vigo y el Instituto Futuro de Navarra, junto al OEA. Se trata de asociaciones con algunas diferencias en su configuración, pero con la común aspiración de impulsar el análisis económico en sus respectivos territorios, sin ser organizaciones patronales al uso, sino creadas como asociaciones sin ánimo de lucro de la sociedad civil para el favorecimiento del desarrollo económico y empresarial. La primera reunión se celebró en Vigo y, como todas las que siguieron, expresó sus conclusiones mediante una declaración, titulada en este caso «Estado, Política y Sociedad Civil»; un tema que une esa primera reunión con la última hasta ahora, la séptima, celebrada en diciembre de 2014 en Sevilla y organizada por el Observatorio Económico de Andalucía, cuya declaración se tituló «Las reformas institucionales son inaplazables». El segundo de estos Encuentros Economía y Sociedad fue en junio de 2007, en Madrid, titulándose la declaración «El fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil: una necesidad improrrogable», pero

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la repercusión en los medios de comunicación se centró en las subvenciones públicas y sus efectos (más perversos que otra cosa) sobre el tejido empresarial y el conjunto de la sociedad. 3.1.4. El periodo de crisis

La crisis económica que se desencadenó a partir del verano de 2007 no tomó por sorpresa al OEA. Maticemos: no es que se hubiera previsto que empezaría por las subprimes y el sector inmobiliario de Estados Unidos, sino que en las sesiones ordinarias y en los documentos publicados se ponían de manifiesto desequilibrios, tanto en el ámbito internacional como en España y Andalucía, que podían degenerar en una crisis económica de grandes dimensiones. Al menos en varias sesiones se había expresado esa preocupación con anterioridad a ese verano del 2007. Los análisis de la ampliación de la Unión Europea que centraron los foros anuales de 2005, 2006 y 2007 pusieron de manifiesto que el foco de la ayuda comunitaria a las regiones en vías de desarrollo iba a dejar de estar en el sur del continente para pasar al oriente, a los nuevos países incorporados. En concreto, en el Foro de 2007 se afirmó ya con claridad que la crisis que acababa de empezar (los gobiernos de España y Andalucía todavía no utilizaban ni siquiera la palabra crisis) iba a ser mucho más profunda en Andalucía que en el resto de España y el mundo, conclusión que se derivaba del análisis sobre la competitividad de la economía regional y la productividad de las empresas andaluzas. En ese mayor impacto iba a tener influencia también la reducción de las transferencias al presupuesto de la comunidad provenientes de la administración central, lo que igualmente se puso de manifiesto en las sesiones sobre el modelo de financiación autonómica al que nos hemos referido más arriba. En enero de 2006 se presentó el documento «Las reformas económicas pendientes en Andalucía», en el que se ponía de manifiesto cómo el excesivo peso del sector público andaluz en la economía provocaba centralismo administrativo, lo que derivaba en desequilibrios territoriales, no aprovechamiento de oportunidades de desarrollo y extensión del proteccionismo sobre la población que, en consecuencia, se volvía acomodaticia y perdía capacidad creativa e innovadora; también se planteaban como urgentes políticas que no llegaron a aplicarse: concentración de explotaciones agrarias y fusiones del entonces sector financiero andaluz (cajas de ahorro) y mantener el estatus de públicas las resultantes, pero introduciendo reformas que las hicieran más eficientes, algo que ya estaba en conclusiones de antiguas sesiones del OEA. En el inicio de 2008 se produce un relevo en la Junta directiva del OEA, que pasa a ser presidida por Joaquín Aurioles, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Málaga. No es uno de los miembros fundadores, lo que supuso una renovación y una apertura hacia fuera de Sevilla. La presencia pública del Observatorio en actividades de otras asociaciones y en los medios de comunicación se ve reforzada en los años posteriores, tal vez porque la crisis ya empieza a asomar su cara

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y eso obliga a tener quién la explique, pero la extensión hacia otras provincias andaluzas no acabó de despegar. En febrero de 2008, en el acto de presentación pública del nuevo presidente del Observatorio, ya se dijo así: «se está produciendo un cambio de ciclo… la dependencia de la construcción nos ha hecho menos competitivos… la economía andaluza tendrá que hacer frente a ajustes costosos». Al mismo tiempo, se planteaba su análisis en la sesión ordinaria de ese mismo mes, con el presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, que tituló su ponencia «Perspectivas económicas y crisis financiera». Las elecciones para el Parlamento autonómico de Andalucía y, como consecuencia, la constitución de un nuevo gobierno dio pie a un nuevo documento en abril que se tituló «Posicionamiento del OEA sobre la nueva política económica para Andalucía», en el que se hacía hincapié en los factores internos en el desencadenamiento de la crisis, negando la primacía de los factores exógenos hacia los que apuntaban las administraciones regional y española. Igualmente se planteaba la necesidad de que el gobierno andaluz hiciera frente a la amenaza a corto plazo que significaba la crisis, pero también la urgencia de afrontar los retos de futuro de la economía andaluza «ya que no se han aprovechado… los más propicios años anteriores». Para ello se recomendaba una etapa de reformas estructurales, empezando por favorecer la capitalización tecnológica y de los recursos humanos, reducir la administración autonómica y revisar su relación con las locales, sustituir el sistema de subvenciones públicas por los incentivos fiscales, revisar la concertación social y su intervencionismo en la economía, entre otras cuestiones. Una nueva vuelta de tuerca en relación a este tema se dio en octubre, con el documento «La crisis financiera internacional y su interpretación desde la perspectiva de Andalucía» en el que se concretaban medidas imprescindibles: reducción del peso de la administración, cierre de organismos y empresas públicas incompetentes e innecesarios (se señalaba, entre otros, las diputaciones provinciales), ralentizar el «estado del bienestar» sin afectar a los estratos de menor poder adquisitivo de la sociedad, política de austeridad en el gasto público, reducción de las plantillas de empleados públicos empezando por los de libre designación y los no adscritos a políticas a mantener, eliminación de subvenciones y gastos suntuarios, aceleración de las inversiones que sirvan para mejorar el sistema productivo, etc. En unas declaraciones al hilo de este documento, el presidente del OEA ponía de manifiesto la imposibilidad de mantener un sistema económico en el que la demanda regional estaba durante años bastante por encima de la renta familiar disponible, lo que se ha dado en llamar «vivir por encima de las posibilidades» de la región. Ese documento coincidió con una nueva sesión con el título «La crisis financiera», que tuvo a dos ponentes, Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico (y miembro del OEA) y Federico Prades, asesor de la Asociación Española de Banca. Ya antes, en junio, la reunión anual de los Encuentros Economía y Sociedad, celebrada en Barcelona, puso el dedo en la llaga de un problema que luego sería crucial de la política española: «Un mayor compromiso ciudadano con una democracia re-

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forzada». Antes de que la crisis provocara la explosión de desafecto entre la sociedad y la política, este foro empresarial hacía un nuevo llamamiento a la participación en la vida pública, al tiempo que pedía a ésta un mayor realismo para enfocar los problemas de la ciudadanía y no el ensimismamiento en sus luchas internas que tanto daño ha hecho a la sociedad española en los tiempos recientes. El documento repasaba una amplia panoplia de campos en los que era necesario reformar actitudes y formas de hacer que estaban en clara discordancia con las exigencias de una sociedad moderna y desarrollada. En noviembre, el presidente es invitado a pronunciar una conferencia en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en el Foro Oromana, en el que insiste en los planteamientos básicos de los documentos mencionados. Es la primera de una serie de intervenciones en foros de otras entidades que se complementan con declaraciones sobre la evolución de la crisis y la economía andaluza que hacen de los años 2009 y 2010 unos de los que mayor impacto (salvo, quizás, el de su nacimiento) ha tenido el OEA en los medios de comunicación andaluces. Los temas de esa presencia en los medios durante ese bienio fueron muy variados, destacando, como es lógico, la evolución de la crisis, su impacto en la economía andaluza y las medidas necesarias para afrontarla, temas que se hacen reiterativos especialmente por la casi nula actuación de los gobiernos de España y Andalucía al efecto. Frente a la idea de la crisis coyuntural, el OEA afirmaba que la pérdida de competitividad de la economía andaluza es estructural y que la crisis obliga a reformas de gran calado; se insiste en la necesidad de que las cajas de ahorro andaluzas ganen tamaño e incluso en que «lo mejor sería una única caja»; se alude a tres ámbitos de reformas urgentes: el mercado de trabajo, las administraciones públicas y el sistema educativo; al papel del turismo en una economía moderna se le dedica una sesión ordinaria y una conferencia del presidente en la Universidad Internacional de Andalucía, en Málaga; se considera negativa una subida de impuestos y, en caso de hacerse, se aboga porque sea selectiva y se centre en la lucha contra el fraude y en los altos patrimonios y emolumentos; se comentan los primeros recortes en el gobierno de la Junta de Andalucía, señalando que deberían ser más extensos y afectar sobre todo a organismos y entes autónomos; y se juzga inadecuado un pacto que se propone al gobierno andaluz para reactivar el sector de la vivienda. En este contexto de la crisis, fue significativa la iniciativa del Observatorio de promover la suscripción de un documento contra la iniciativa de algunas comunidades de modificar sustancialmente el sistema de financiación de las comunidades autónomas, tema que, cumpliendo la tradición, se había vuelto a suscitar al calor del vencimiento de la vigencia del sistema anterior. Frente a la pretensión de las comunidades autónomas de aumentar los recursos para ellas, los suscriptores del manifiesto compartían que tal aumento de recursos haría a las administraciones menos austeras y más costosas para el contribuyente. Además, señalaba la irresponsabilidad de que, en un contexto de crisis del crédito internacional, con los problemas que iba a conllevar para la financiación de

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las administraciones públicas, se planteara una medida que derivaría en un aumento del déficit público. En mayo de 2009 se publica un nuevo documento sobre el cambio de modelo productivo que es esgrimido por los gobiernos como la panacea para afrontar la crisis; en él se dice, en primer lugar, lo obvio, que un cambio de modelo productivo no se hace a golpe de decreto gubernamental sino mediante incentivos a los agentes económicos para que se centren en las actividades de futuro y en la innovación, impulsando el cambio de mentalidad en la sociedad, y en especial en los jóvenes, para hacerla más emprendedora y centrarse en las exigencias de la economía global. La evolución cambiante de la crisis en aquéllos primeros meses exige una nueva interpretación, que se hace en enero del año siguiente, bajo el título «Andalucía: crisis y recuperación. Las claves del cambio de modelo productivo» con diversas consideraciones que insisten en la necesidad de reducir el peso de la administración, en especial la que no se dirige a prestar servicios a la ciudadanía. El Observatorio critica que las únicas medidas adoptadas por el gobierno andaluz hayan sido el Pacto por la Vivienda (que califica de «fracasado») y la suscripción de un nuevo acuerdo de concertación social con los agentes económicos y sociales. Se dice de los anteriores acuerdos que «su incapacidad para modificar los fundamentos básicos de la economía andaluza ha quedado demostrada con la crisis», aludiendo además al «clamoroso fracaso de las políticas activas de empleo» (2009 fue el año de la mayor caída de la ocupación) y al «derroche en los cursos de formación», apuntando en este último caso a una cuestión que más adelante tendrá un gran protagonismo judicial, en forma de investigaciones sobre su idoneidad y sobre el uso de los recursos financieros destinados a ellos, y esto tanto en el ámbito empresarial (si bien éste más en otras comunidades autónomas) como en el sindical. Igualmente a la crisis estuvo dedicada la reunión del IV Encuentro Economía y Sociedad, que se celebró en junio en Bilbao. En el Encuentro se aprobó un documento en el que se analizan las consecuencias de la crisis y se definen recomendaciones en tres áreas: economía y empresa, política institucional y el conjunto de la sociedad. En primer lugar, el documento afirma que la crisis ha obligado a revisar algunas ideas preconcebidas con las que se venía actuando, ha puesto de manifiesto los excesos de la economía especulativa, la falta de control sobre los mercados financieros, los fallos de las administraciones públicas, concluyendo en la necesidad de acercar la economía financiera a la real. Se urge el cambio de modelo productivo buscando áreas de actividad que sustituyan a las afectadas por la crisis, la revalorización de aspectos como la productividad, la innovación, la cooperación y las alianzas empresariales…, al tiempo que se llama la atención sobre las altas retribuciones de directivos y empresarios y sus efectos sobre el gobierno de la empresa. Se reivindica el papel político de las administraciones, felicitándose porque la sociedad española no se haya deslizado hacia una revisión ideológica de la libre empresa y se dice que la prioridad de la política so-

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cial debe ser paliar los efectos de la crisis sobre el empleo; en el plano institucional, el documento pide a los partidos que busquen consensos, especialmente en la política económica, y administren sus divergencias con mesura y afán constructivo. A la ciudadanía se le pide sensatez en el uso y reivindicación de derechos y fortalecer la sociedad civil, a la que pide asunción de responsabilidades y favorecer el cambio cultural para que el ciudadano lo haga también. Es, pues un documento de espíritu regenerador para el conjunto de la sociedad española. Lo mismo puede decirse del Foro de Carmona de ese año, que, bajo el título «Problemas económicos actuales: viejos problemas, nuevos retos», insistió en la necesidad de un cambio cultural de la sociedad andaluza para favorecer e impulsar el espíritu emprendedor y mejorar el entorno empresarial, analizando en las diferentes sesiones los aspectos financieros, del mercado laboral y el capital humano. Un mes antes, el mercado laboral había merecido la publicación de un manifiesto suscrito por 100 economistas de amplio prestigio en el que se planteaba la necesidad de una reforma profunda de las bases sobre las que pivotan las condiciones de trabajo en España. Uno de sus firmantes fue el presidente del OEA y, de forma simplificada, esta propuesta se conoció como «Manifiesto de los 100» o como el del «contrato único», ya que una de sus propuestas era la unificación de todos los tipos de contratos existentes (varias decenas) en dos: el fijo, al que en caso de despido se aplicaría una indemnización gradual en función del tiempo de vigencia, y el temporal, en el que se agruparían todos los demás. La propuesta fue sometida a debate en el Observatorio durante el periodo de negociación de las reformas entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, negociación que no llegó a ningún acuerdo, debiendo el gobierno tomar medidas, inicialmente muy tímidas, luego algo más decididas, pero siempre parciales, sin asumir casi ninguna de las propuestas realizadas. El cambio de rumbo que marcó el gobierno de España en mayo de 2010 con el anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de la adopción del primer paquete de medidas que, con cierta seriedad, pretendían afrontar la crisis, tuvo una respuesta del Observatorio Económico de Andalucía en declaraciones de su presidente: «Ha ido a lo fácil y no a lo comprometido». Para Aurioles, lo comprometido era reducir las estructuras de las administraciones públicas y de sus instituciones, y ello en coordinación con las comunidades autónomas para evitar duplicidades de órganos. «Que el Estado del Bienestar siga funcionando como hasta ahora, pero racionalizar el tamaño del Estado y adelgazar la administración». En cuanto a la administración andaluza, los primeros recortes (dos consejerías y el anuncio de una reestructuración de entidades dependientes, cosas que fueron pedidas por el OEA año y medio antes y explícitamente rechazadas por el presidente José Antonio Griñán) fueron calificados de «cortos», pidiéndose «menos fundaciones y entes públicos y más eficiencia en la gestión». El presidente del Observatorio fue llamado a una comparecencia en el Parlamento de Andalucía para exponer la posición de la entidad en relación a un proyecto de ley sobre reformas tributarias, a las que calificó

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de «posiblemente adecuadas pero en absoluto van a servir para reactivar la economía». A tal efecto, sí consideró necesario introducir cambios en el impuesto de sucesiones en relación con las empresas familiares, a las que consideró muy perjudicadas por la normativa vigente. En octubre se celebró el Encuentro Economía y Sociedad en Valencia, con la publicación de un nuevo documento, que esta vez se titula «Pacto de Estado, Competitividad y Empleo». En él se señalan como problemas fundamentales de la economía española el alto nivel de paro, la baja competitividad y el fuerte crecimiento de la deuda externa; en un plano político, se plantea también el descrédito de las organizaciones políticas, económicas y sindicales, y para afrontar la situación se propone una estrategia basada en los siguiente pilares: realismo, unidad y esfuerzo colectivo; reindustrialización; reducción y reestructuración del gasto público y racionalización del estado del bienestar; política racional de salarios, contención de precios y promoción de la reinversión de los beneficios; reforma laboral; reforma de las administraciones; reorientación de la política energética y transformación del modelo educativo. Finaliza advirtiendo de que una crisis política y la confrontación social nos precipitarían en una profunda depresión, para evitar lo cual se recomendaba un Pacto por la modernización, competitividad y reactivación de la economía española. Posteriormente, en una conferencia a comienzos de 2011 en el Foro Gaesco de Sevilla, Aurioles sintetizó en una frase la pérdida de actividad productiva provocada por la crisis: «Algunos indicadores han caído al nivel de hace quince años». La frase motivó una respuesta del entonces consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, quien destacó otras cuestiones exitosas en la economía andaluza, pero la polémica no llegó a tener ni la amplitud ni la acritud de otros momentos pasados. Como se ve, los años 2009, 2010 y la primera mitad de 2011 estuvieron dedicados a desarrollar en diferentes foros las ideas de renovación y cambios que se contenían en los documentos elaborados y en las reflexiones realizadas, tanto en el único foro anual que se celebró en ese periodo, el del año 2009, también en Carmona, como en las reuniones de los Encuentros Economía y Sociedad. Por el contrario, esta etapa fue parca en sesiones ordinarias del Observatorio: una en 2009, cinco en 2010 y ninguna en la primera mitad de 2011. En Junio de 2011, Joaquín Aurioles comunica a la Junta Directiva que presenta su dimisión de presidente por motivos personales y profesionales, decidiéndose que la Junta Directiva cumpla el mandato para el que fue elegida y se le sustituya solo a él, lo que trae de nuevo a la presidencia a Francisco Ferraro. Esta nueva etapa se formaliza tras el verano y, como nueva línea de trabajo, se decide la reactivación de las sesiones ordinarias, de las que se celebrarán tres en los cuatro últimos meses del año: una se dedica a la deuda soberana, con conferencia del catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada Santiago Carbó; otra, de la que es ponente el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, a la estabilidad

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financiera. Y nada más iniciado 2012, en enero, otra más, sobre «La política industrial en Andalucía»; esta sesión se celebró en Málaga y contó con la ponencia de Rafael Salgueiro, miembro del OEA y profesor de Organización de Empresas de Sevilla. Los primeros meses de 2012 se trabaja en la presentación de un documento que pudiera servir para basar la política económica del nuevo gobierno andaluz que surgiese de las elecciones que se celebrarían un mes después. «Un programa de ajuste y competitividad para la economía andaluza» contiene un análisis de la economía andaluza y los efectos de la crisis, y propone un programa de política económica. El documento es muy crítico con las políticas económicas aplicadas por el gobierno regional, destaca que el patrón de crecimiento de las últimas décadas ha sido insostenible, que ha creado desequilibrios y pérdida de competitividad, y que las perspectivas de futuro son de «una notable reducción de nuestro nivel de vida, el aumento del paro hasta cotas extraordinarias, la emigración y potenciales conflictos sociales». Las políticas de ajuste se inician con la reducción del sector público autonómico, sus cargos directivos y sus organismos autónomos, la desaparición de las diputaciones provinciales y fusión de ayuntamientos pequeños, a terminar con algunas políticas, limitar las subvenciones… Y la política de competitividad conlleva la promoción de un tejido empresarial innovador, más fuerte, más abierto a la competencia internacional y un marco normativo más abierto a la eficiencia y más simplificado. El periodo electoral en el que se presentó este documento le restó atención pública en los primeros momentos, destacándose solamente algunas aspectos puntuales: la necesidad del recorte del gasto social, el freno a la innovación que había traído la crisis, etc. Pero su influencia se reactivó durante el verano, tiempo en el que algunos medios de comunicación seleccionaron algunos contenidos (la supresión del PER y de consejos de la administración autónoma como el Audiovisual, el Consultivo o el Económico y Social) y los fueron moviendo entre quiénes estaban afectados, provocando lo que en el argot profesional se llaman «serpientes de verano» que dieron titulares por las respuestas emitidas. Las más destacadas de éstas fueron las del presidente de la Diputación de Sevilla y la de la UGT, que defendieron a capa y espada la existencia del Plan de Empleo Rural y que este sistema era algo así como la consumación de la Justicia en el medio rural. El presidente de la diputación sevillana aprovechó para calificar al Observatorio de «neoliberal» y afirmar, con el mayor cuajo pero sin ninguna argumentación, que algunas de sus recomendaciones eran «ineficientes». UGT, por su parte, lo acusó de parcialidad, como si las organizaciones empresariales no hubieran sido objeto también de la reflexión realizada, y se remontó a la época anterior de dependencia de las Cámaras de Comercio (terminada doce años antes) para tratar de justificar una expresión incomprensible: «quiere hacer caja y negocio» (¿), desconociendo que esta entidad no tiene más actividad que la que narramos en estas páginas. Y es que la racionalidad, la discusión sobre argumentos y la proporcionalidad en los debates no suelen adornar a muchos políticos, sindicalistas y responsables públicos en An-

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dalucía. Lo más extraordinario del caso es que el contenido de este «Programa de ajuste y competitividad» resurgió también en el verano del año 2013, con la necesidad del recorte en el personal funcionario al servicio de la administración autónoma, aunque en esta ocasión no creó polémica alguna. Casi coincidente en el tiempo con este documento se aprobó otro de carácter mucho más técnico con el título «El escenario presupuestario de las administraciones públicas andaluzas». Su elaboración corrió a cargo de profesores del departamento de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga dirigidos por el catedrático José Manuel Domínguez Martínez. Se trata del documento más extenso aprobado por el Observatorio, y es un análisis de los presupuestos ejecutados por la administración andaluza con el objetivo de examinar las perspectivas que se presentan en un escenario financiero muy difícil, marcado por la crisis y la reducción de las transferencias tanto de la administración española como de la Unión Europea. El informe dice que «la dimensión económica del sector público autonómico y local andaluz es de algo más del 25% del PIB regional, una de las mayores cuotas de influencia» entre las comunidades autónomas, y entre sus conclusiones afirma que la administración andaluza «ha adquirido compromisos estructurales de gasto basados en ingresos coyunturales», práctica que ha desembocado en un déficit que está fuera del escenario señalado por las administraciones superiores y que su eliminación, si no se cuenta con la colaboración de éstas, causará perjuicio a la recuperación económica de la comunidad. A aspectos relacionados con la crisis se dedicaron durante el año 2012 varias sesiones ordinarias, analizando la competitividad de la economía española, un resumen de los cinco años de crisis, la reestructuración bancaria y la crisis del euro. Estas sesiones no provocaron tanto revuelo como las anteriores, ni tampoco las que se centraron en otros aspectos de la actividad económica: la situación del capital riesgo y la simplificación administrativa, éste último un tema recurrente sobre el que vienen insistiendo empresarios y ciudadanos desde hace años y que, tras la reunión, motivó la creación de un grupo de trabajo que alumbró un documento nuevo del Observatorio. Mucho antes, en diciembre de 2012, resurgió en los medios de comunicación la polémica sobre la concertación social. Dio pie a este resurgimiento la propuesta de la Confederación de Empresarios de Andalucía para renovar el último acuerdo suscrito mediante otra denominación, Pacto Andaluz por el Empleo, y con un planteamiento algo diferente, porque incluía un llamamiento a la sociedad para suscribir el acuerdo. Pero el escenario no era el mismo y la propuesta quedó bastante huérfana de apoyos. El OEA se posicionó contra la iniciativa, presentando como aval su análisis de los acuerdos anteriormente suscritos y sus efectos sobre la economía andaluza: no se había hecho ninguna política transformadora del sistema productivo, se había hurtado al Parlamento y a la sociedad el debate sobre las políticas económicas, había propiciado la reducción de la interlocución social a tres agentes económicos y sociales, había favorecido un sistema clientelar en el uso de los fondos europeos para la formación de

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trabajadores (con las consecuencias que se verían un par de años más tarde de mal uso, cuando no de uso fraudulento) e, incluso, no habían aportado realmente paz social y reducción de conflictos laborales, aunque éste fuera el argumento principal esgrimido por los agentes para reclamar su necesidad; pero las cifras venían a decir que la conflictividad había estado en Andalucía en la media de toda España. 3.1.5. Hacia los 25 años

Los 2013 y 2014 fueron, junto a 2005, los que han visto celebrarse más sesiones ordinarias, nueve cada uno, sobre una variedad de temas que no sólo entroncan con la crisis sino que van en dirección de las reformas que el Observatorio considera necesarios en la sociedad andaluza. Así, se han expuesto ideas sobre la internacionalización de las empresas, la reforma de la administración local, la importancia de la innovación en el contexto internacional, la situación del mercado laboral, un análisis de quiénes ostentan el poder económico en España, la situación del control de las cuentas de las administraciones públicas, la necesidad de un mayor desarrollo empresarial en la comunidad, el futuro de un sector tan importante en la economía andaluza como el agroalimentario… También un tema recurrente, el de las balanzas fiscales y su relación con el sistema de financiación de las comunidades autónomas, contó con una sesión en este periodo, al reactivarse su discusión pública al calor de la iniciativa del gobierno autónomo de Cataluña de impulsar un referéndum sobre su vinculación con España. La crisis económica, sus consecuencias y las posibilidades de iniciar el proceso de recuperación fue el tema estrella en estos dos últimos años. Una de las sesiones dedicadas a sus consecuencias aprobó, a propuesta del profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla José Ignacio García Pérez, un nuevo documento, «La reactivación de la contratación laboral», en el que se analizaba el uso por la administración de los dos instrumentos para la creación de empleo, las políticas activas y las reglas de contratación y despido. Sobre la primera cuestión, la conclusión es que «no son el instrumento fundamentalmente empleado» y «las que se han aplicado, no han funcionado». En relación con la segunda, después de exponer la maraña de contratos existentes en la normativa española actual, terminaba urgiendo la aprobación del contrato único propuesto en el ya mencionado «Manifiesto de los Cien». En abril del año 2013 se reunió en Carmona un nuevo Foro Anual, que tardó en llegar cuatro años después del anterior. Como no podía ser de otra manera, dado el contexto en el que se celebró, la crisis económica, política e institucional fueron un referente de todas las ponencias, en las que se analizaron la situación de la economía, del sistema financiero, del estado de bienestar, de la justicia en sus relaciones con la actividad productiva y las políticas de oferta. La conferencia de clausura, bajo el título «Competitividad y reformas», la pronunció el ex ministro y presidente en ese momento del Círculo de Economía, Josep Piqué.

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Pero también la crisis estuvo presente en otras sesiones de estos años. Además del análisis coyuntural y, en especial, de las dudas sobre la fortaleza de la recuperación (mayo de 2014), se abordó el lado más dramático y desesperanzador de la misma, el notable aumento de la pobreza que la crisis ha provocado en la sociedad española y andaluza. También el OEA acogió las consideraciones del mundo empresarial para la superación de los problemas más endémicos en nuestra economía y en nuestra sociedad. A lo largo del año 2014, dos sesiones ordinarias incidieron en las perspectivas de futuro. Los ponentes, dos ingenieros y empresarios: Fernando Feijóo (miembro del Observatorio) y Juan Martínez Barea, que también tienen en común su no muy prolongada experiencia en la gestión pública y su preocupación por que nuestra sociedad se vincule a la dinámica de los territorios más desarrollados del mundo. El primero centró su disertación en los cambios tecnológicos y su influencia en el mundo del trabajo, el segundo en la nueva configuración del trabajo en red y en la mayor exigencia formativa y emprendedora para las nuevas generaciones que aspiren a insertarse en la nueva economía. Ambos nos proyectaron el mundo de dentro de diez, quince, veinte años y nos invitaron a participar en su creación. Un tema semejante, aunque vinculado a la ciudad de Sevilla y organizado por otra entidad ajena al OEA, llevó al presidente de éste al comienzo del ejercicio a participar en una conferencia en la que ofreció un panorama similar, urgiendo al cambio cultural y de mentalidad necesario para conseguir el objetivo de inserción en la nueva sociedad que se está desplegando lenta pero inexorablemente en los países avanzados. En febrero, pero correspondiendo al año anterior, se celebró el VI Encuentro Economía y Sociedad, en Palma de Mallorca, un encuentro que no se celebraba desde 2009 por distintos problemas de agenda y organizativos. En esta ocasión, el manifiesto tuvo como título «Los ciudadanos valoran positivamente y confían en los empresarios», y en él se reflexionaba sobre los vínculos entre empresa y sociedad con el soporte de una encuesta encargada por dos de las entidades que participan en el foro: el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios. Según dicha encuesta, la sociedad española «confía más en las empresas que en el Estado, sobre todo a la hora de la creación de puestos de trabajo», pero reconoce que no es buena la imagen que tiene del empresariado, aspecto en el que influyen muchas circunstancias y «el desconocimiento que los políticos tienen de la economía no ha ayudado a mejorarla». Esta mejora de la imagen es necesaria «para que surjan vocaciones empresariales que impulsen el crecimiento y el progreso», y para ello es preciso trabajar desde cuatro campos: la educación, las instituciones públicas, los medios de comunicación y las asociaciones empresariales». El documento concluye que una buena relación entre el empresariado y la sociedad contribuye «a conformar una economía competitiva y una sociedad justa». Al comienzo y al final del verano de ese año se presentaron dos nuevos documentos del Observatorio; ambos eran consecuencia de actividades anteriores; el primero (apro-

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bado en el mes de junio, analizaba los resultados de las políticas activas de empleo aplicadas por el gobierno andaluz. En primer lugar, se dice en el documento que la información sobre ellas y su efectividad son muy reducidas, y que «es imprescindible avanzar… en la evaluación de lo ya realizado». Igualmente, se exige un aumento de la transparencia con que se aplican y en la asignación competitiva de los fondos con los que se cuenta. El documento concluye con recomendaciones para cada una de las principales políticas que se realizan y con la petición de que se paralicen las que se están llevando a cabo en tanto no se realice la mencionada evaluación. Este documento sí provocó debate en la sociedad, artículos de otros expertos, comentarios de columnistas de periódicos (básicamente, centrados en la solicitud de paralización a que nos hemos referido arriba), repetición de sus conclusiones meses después de su presentación, e incluso es de los pocos a los que el gobierno andaluz ha respondido de manera positiva, en concreto, con la solicitud de un informe específico al profesor de la Universidad Pablo de Olavide que fue el artífice de su elaboración. En Octubre se presentó el segundo documento aludido, sobre la «Simplificación administrativa y mejora regulatoria en Andalucía». Como ya hemos dicho, nació en una sesión ordinaria de dos años antes en la que se abordó este tema y se acordó crear un grupo de trabajo para su elaboración; mientras se estaba haciendo, el gobierno andaluz presentó un proyecto para llevarla a cabo, motivo por el cual la redacción se retrasó hasta después de la elaboración de esta norma, a la que vino a diseccionar. La calificación de esta nueva normativa fue de «positiva pero insuficiente», al tiempo que se analizaba la situación existente con esta frase: «debemos llamar la atención por el sobredimensionamiento que ha adquirido la regulación y la necesidad de impulsar soluciones efectivas que reduzcan el peso atosigante que tienen las cargas administrativas sobre la actividad económica». El último mes del año se inició con la celebración en Sevilla del VII Encuentro Economía y Sociedad. Era la primera vez que este importante foro empresarial se reunía en la capital andaluza y bajo la organización del OEA, que reunió un destacado plantel de personas del mundo de la empresa para presentar un manifiesto que se tituló «Las reformas institucionales son inaplazables». Continuador de otros análisis sobre la situación política e institucional de España y su influencia en la actividad productiva, el manifiesto se felicitaba de que la economía nacional hubiese superado el fondo de la crisis pero advertía de los muchos elementos que aún condicionan la solidez de la recuperación en ciernes, al tiempo que ponía de manifiesto las situaciones de crisis institucional y política y su capacidad de incidir en reducir el ritmo de la mejora económica. El documento continúa planteando la urgencia de un proceso de regeneración de nuestra vida pública con cuatro objetivos básicos: restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los políticos, aumentar la transparencia de las administraciones públicas, establecer un sistema de control eficaz e independiente y abordar la reforma territorial de España. Como

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elemento contenedor del conjunto de las actuaciones precisas, se «insta a los representantes políticos a realizar un esfuerzo de entendimiento y convergencia que debería cristalizar en un Pacto de Estado». Es cierto que tanto del gobierno como del principal partido de la oposición han surgido en los últimos tiempos iniciativas que van en ese sentido regenerador y de afrontar los profundos problemas que afectan a la sociedad y a la vida política españolas, pero también es cierto que esas iniciativas no han sido lo intensas que debían y que tampoco el espíritu de acuerdo y consenso (similar al que alumbró la tan alabada transición política de la década de los setenta del siglo pasado) se ha instalado en nuestra actividad política sino, más bien al contrario, la aparición de nuevos actores partidistas no parece que venga a posibilitar la necesidad de una mayor profundidad en el análisis de los problemas de España. El primer semestre del año del cumplimiento del 25 aniversario ha sido, sin duda, el más regular de toda la historia del Observatorio: seis sesiones en seis meses y una cada mes, aunque una se extendió durante dos días. Tras una sesión sobre la situación y perspectivas económicas en España, los temas de debate fueron el sector inmobiliario, los programas económicos de los partidos para las elecciones al Parlamento andaluz, la desigualdad económica y su evolución durante la crisis, un análisis de la ejecución del Presupuesto de la Junta de Andalucía en los últimos nueve años y el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, que actualmente sigue en negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. La sesión doble fue la de los programas económicos de los partidos políticos, en la que el objetivo de dar voz al mayor número posible de opciones con posibilidades de alcanzar escaños en la cámara legislativa regional, llevó a programar dos sesiones de cuatro horas, dando cabida a ocho formaciones políticas. Esta sesión se celebró conjuntamente con la Cámara de Comercio de Sevilla, lo que supuso un cierto reencuentro con los orígenes de la entidad, algo que merece una explicación algo más extensa. En los años anteriores se habían celebrado algunas sesiones en un centro empresarial privado de Sevilla, el Club Antares, que había acogido en tiempos una conferencia del presidente del OEA, dentro de un ciclo denominado «Encuentros 2000». En junio de 2013 se celebró en este centro la sesión sobre la iniciativa «Marca España» en colaboración con la Fundación Cámara de Sevilla. Una segunda colaboración se dio en mayo del año siguiente, con la sesión «¿Ha comenzado la recuperación?». El Club Antares pasó a ser gestionado por la Cámara de Comercio de Sevilla, que invitó al Observatorio a hacer uso de sus instalaciones para la celebración de sus actividades, lo que, tras ser considerado por la Junta Directiva de la asociación, fue aceptado, por lo que, a partir de la reunión de septiembre de 2014, los locales del Club Antares acogieron todas las actividades del Observatorio. Esta colaboración no supone ningún otro tipo de vinculación, manteniendo el Observatorio su absoluta independencia de criterio y de funcionamiento.

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3.2. Las actividades

La vinculación del Observatorio Económico de Andalucía a los servicios de estudios de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Almería y Sevilla le condicionó su trabajo en los primeros años de existencia, ya que éstos atendían las peticiones de información de índole económica y comercial de las empresas, al tiempo que acumulaban información económica, estadística y de otro tipo. Además, en la Cámara de Sevilla, que era la que atendía las necesidades diarias del Observatorio, se elaboraba una revista de interés general para las empresas. La función del Observatorio era abordar el análisis de temas que interesaban a la economía regional con la información más precisa posible, obtener conclusiones y proponer actuaciones que pudieran ayudar en su trabajo a los empresarios y a los poderes públicos e interesados en general. La tarea del Observatorio se cubriría mediante reuniones de los miembros permanentes y otros expertos invitados en función del tema de cada sesión, cuyas opiniones y recomendaciones servirían de base para la elaboración de las conclusiones por los miembros permanentes, a fin de que la primera difusión se hiciese a través de los medios de comunicación social; esa reunión sería la «sesión ordinaria». Una segunda difusión se llevaría a cabo por el servicio de estudios de la Cámara de Almería, mediante un díptico que se enviaría a las principales empresas asociadas a ambas entidades y a quiénes mostrasen interés. Aunque entonces no se le consideró así, este fue el germen de lo que luego, al independizarse el Observatorio de las cámaras de comercio, se convertiría en los «documentos propios». El cambio en las sesiones ordinarias al que se aludirá más adelante originó otra de las actividades que se desarrollarían a partir de la conversión en asociación privada independiente. La reducción del número de ponentes y del tiempo de duración de las sesiones llevó a la necesidad de pensar en otros formatos de reuniones que permitiesen profundizar en los contenidos, analizar contextos y puntos de vista más amplios, con mayor número de ponentes y especialistas y debates más amplios y participativos, dando lugar a los «foros». Por su diseño, éstos no podían sino ser de carácter anual, por lo que se convertía en el marco idóneo para realizar la asamblea anual que toda asociación debe realizar. Del segundo de los foros anuales surgió el segundo de los documentos propios elaborados, mientras que del primero no hubo resultado concreto, pero sí se vio la conveniencia de celebrar ese tipo de sesiones más amplias que permitiesen análisis más elaborados y fundamentados. Otra de las actividades que el Observatorio realizó durante varios años fueron los barómetros económicos, que nacieron por la escasez de información estadística cualitativa sobre la percepción de la evolución coyuntural y la percepción de la política económica por agentes cualificados de la región. Para ello se realizaron encuestas a los miembros del Observatorio, líderes de opinión, profesores universitarios, empresarios, directivos y responsables públicos ajenos a la asociación. Se realizaron tres ba-

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rómetros entre 2003 y 2007 con la colaboración de KPMG, pero hubo de suspenderse por la creciente reticencia de la población encuestada en cumplimentar un número creciente de encuestas digitales y con la aparición de nuevas estadísticas que, al menos en parte, suplían los contenidos de los Barómetros. La última de las actividades de carácter regular llevadas a cabo por el Observatorio, fueron los Encuentros Economía y Sociedad. En este caso, el leitmotiv compartido con las otras asociaciones participantes fue la necesidad de reforzar en España la presencia de instituciones de la sociedad civil en la vida pública, un tema que en la primera década de este siglo estuvo muy presente en el debate social del país, cuando ya se empezaba a tener conciencia de los graves efectos que, para la sociedad española y el sistema democrático, tenía la omnipresencia de los partidos políticos en la vida pública. A iniciativa del Círculo de Economía, el Círculo de Empresarios y el Club Financiero de Vigo se iniciaron estas reuniones en 2006, derivándose de ellas declaraciones que han pretendido llamar la atención sobre problemas económicos, sociales y políticos de la mayor relevancia. A continuación se expone la evolución de esas actividades con más detalles. 3.2.1. Las Sesiones Ordinarias

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La sesión ordinaria ha sido la acti- 3.1. Número de sesiones y ponentes vidad más habitual del Observato- 10 25 9 rio. Al cumplir los 25 años de vida 8 20 7 se ha alcanzado el centenar de ellas, 6 15 5 lo que implica una media ligera- 4 10 3 mente superior a 4 sesiones al año; 2 5 1 pero esa media ha tenido sus altiba- 0 0 jos a lo largo de los años. En el gráfico adjunto se recogen tanto el núNº Sesiones Ponentes mero de sesiones (cifras, escala de la izquierda) como de ponentes (escala de la derecha) participantes en ellas cada año. Como puede verse, se ha mantenido una alta variabilidad en el número de sesiones por año, con cifras más elevadas solo en momentos puntuales y ya dentro de la segunda etapa; pero en los últimos cuatro años se ha conseguido estabilizar esta actividad por encima del doble de la media, lo que debe ser un incentivo para, en el futuro inmediato, mantener al menos un nivel similar. También a lo largo de la historia ha evolucionado el modelo de estas sesiones. El interés por contar con diferentes puntos de vista y por alcanzar conclusiones lo más ampliamente compartidas posibles, llevó en los primeros años a que fuesen siempre varios los ponentes externos a los miembros permanentes y a que las sesiones se desarrollasen con amplitud de horario, durante toda una mañana y, a veces, parte de las tardes; se trataba de reuniones exclusivamente de invitados y solo abiertas a los

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medios de comunicación. Posiblemente, la dificultad de compaginar las agendas personales de varios ponentes y de los miembros permanentes del Observatorio fuese uno de los motivos por los cuales el número de sesiones no fuese muy alto y solo el primer año superase la media, pese a contar con solo 9 meses (la primera reunión se celebró en los inicios de abril). Pero también es cierto que la Cámara de Sevilla entró en un periodo conflictivo al año de nacer el Observatorio, lo que tuvo su influencia en el trabajo desplegado por éste, pese a su independencia formal de las estructuras camerales. Con los años se fue reduciendo el número de invitados y en la segunda etapa se entró en otro modelo, la conferencia individual de un ponente (en ocasiones, dos, y sólo excepcionalmente se ha superado esa cifra, y como consecuencia de la presentación más que de ponencias, de «ejemplos» o «experiencias» que favoreciesen la comprensión del tema de análisis de la sesión) seguida de un debate, abandonándose también la elaboración de conclusiones sobre el tema expuesto, tarea que se ha trasladado a los «documentos propios»; no obstante, en el año 2015 se ha recuperado la elaboración de las conclusiones. Aunque se ha procurado diversificar el lugar de celebración de las sesiones ordinarias, el gran número de miembros del OEA que residen en Sevilla y la experiencia respecto al reducido número de personas asistentes cuando se ha trasladado a otra ciudad, han llevado a que en esa ciudad se concentrase la mayor parte de las reuniones. Es esta una cuestión aún pendiente de resolver en esta comunidad autónoma, donde los vínculos entre provincias son escasos y, además, están lastrados por muchos tópicos y actitudes localistas que impiden un análisis de los problemas que son comunes al conjunto del territorio; se trata de un déficit que afecta a muchos aspectos de la sociedad andaluza y de sus instituciones privadas: medios de comunicación, empresas, sociedad civil, etc. La concentración de las reuniones en Sevilla ha sido más intensa durante la segunda etapa, ya que en la primera, la cobertura de las cámaras de comercio hacía posible que en sus sedes de otras ciudades andaluzas se pudieran celebrar las reuniones, aunque la participación efectiva en el OEA solo fuese de las de Almería y Sevilla. En concreto, 8 sesiones de las 27 que se celebraron en esta etapa (el 29,6% del total) fueron en ciudades distintas de la capital de Andalucía. Otras 10 de la segunda etapa salieron de Sevilla, el 13,2% del total de las celebradas en esta etapa; en conjunto, pues, el 17,5% de las sesiones ordinarias han tenido como escenario seis provincias andaluzas, debiendo destacarse que sólo Huelva (y es curioso que sea la más cercana a Sevilla) sea la única capital de provincia donde nunca se ha celebrado alguna sesión ordinaria del Observatorio. Por otro lado, el menor número de miembros de la primera etapa que de la segunda hacía más fácil el desplazamiento a otra localidad distinta de Sevilla. En cuanto a la temática, aunque ésta será abordada más en profundidad en otro apartado, puede decirse que ha estado muy marcada por la actualidad y su trascen-

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dencia para la comunidad autónoma, no perdiéndose nunca la perspectiva del conjunto de España como marco ineludible para cualquier análisis que afecte a Andalucía. Así, muchas de las sesiones han sido planteadas alrededor de temáticas de ámbito estatal (situación de las telecomunicaciones, los análisis de las crisis, de los mercados financieros, laboral o inmobiliario, el poder económico…). En otras ocasiones, se han analizado políticas de ámbito nacional en su relación con la economía regional (la política industrial, fiscal, reformas del sistema de financiación de las comunidades autónomas, políticas de infraestructuras…). Igualmente, han contado con sesiones específicas todos los hitos de cambios estructurales en el marco de la Unión Europea y muchos de sus programas y actuaciones para las regiones (ampliación de miembros, introducción del euro, política de apoyo a regiones en vías de desarrollo, políticas agrarias o específicas de sectores importantes para la economía andaluza…). Además, se han tratado otros muchos temas sobre problemas específicos de Andalucía, perspectivas económicas internacionales y potencialidades regionales, a lo que también se han dedicado buena parte de los foros que se han celebrado en estos años. 3.2.2. Los foros anuales

Ya se ha comentado como nacieron los foros en la dinámica de trabajo del Observatorio, debiendo añadirse que se llevaron a cabo casi como una ampliación de las sesiones ordinarias y que fueron adaptándose a lo que se percibía como la necesidad de cada momento, aunque también a las posibilidades financieras y de los miembros de la asociación. Puede decirse que los dos primeros foros fueron ensayos del modelo a seguir, de tal manera que al primero (en Coín, en la provincia de Málaga) solo se invitó a los miembros del Observatorio y al segundo (en Priego de Córdoba) solo a una persona ajena al colectivo, el sociólogo Manuel Pérez Yruela, director de uno de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que tiene sede en Andalucía (IESA, Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, de Córdoba), para exponer el marco general del tema a tratar en esa reunión: los acuerdos de concertación social que se realizaban entre el gobierno regional y las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias. En el primero, el Foro de Coín, se presentaron solamente comunicaciones por parte de los miembros del Observatorio, sobre aspectos muy diferentes de la economía andaluza, aunque se propusieron dos temas de atención especial: la situación del proceso de convergencia económica de la comunidad con el conjunto de España y la Unión Europea, y el sistema de protección del desempleo agrario implantado en Andalucía y Extremadura durante los años ochenta y reformado en un par de ocasiones posteriores. Sobre ambos giraron mayoritariamente los debates, decidiéndose elaborar sendos documentos de síntesis que se llevaran a una sesión ordinaria posterior. El Foro de Priego de Córdoba sí tuvo un tema central: el análisis de la concertación social que se practicaba en Andalucía a propuesta del gobierno autónomo y con la interven-

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Tabla 3.1. Foros del Observatorio Número de Orden

Mes y años

Localidad y provincia

Número Sesiones

Título

Febrero 2002

Coín (Málaga)

Reflexiones sobre política económica en Andalucía

Marzo 203

Priego de Córdoba (CO)

La concertación social en Andalucía

III

Enero 2004

Ronda (Málaga)

Los programas económicos de los partidos políticos ante las elecciones autonómicas

Marzo 2005

Carmona (Sevilla)

Andalucía en la Unión Europea ampliada

Mayo 2006

Carmona (Sevilla)

La economía en un mundo en cambio

Octubre 2007

Carmona (Sevilla)

Andalucía en Europa: reflexión estratégica sobre la economía andaluza

VII

Junio 2009

Carmona (Sevilla)

Problemas económicos actuales: viejos problemas, nuevos retos

VIII

Abril 2013

Carmona (Sevilla)

Crísis económica y crisis institucional. Las reformas pendientes

ción de la Confederación de Empresarios (CEA) y los dos sindicatos mayoritarios, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). No obstante, se plantearon también algunos temas específicos, a modo de comunicaciones de los asociados. Además de la intervención de Manuel Pérez Yruela, enmarcando la concertación social en el contexto de la actividad pública andaluza, se presentó un informe de corte académico en el que Cristina Campayo, profesora titular de la Universidad de Sevilla y miembro del OEA, analizaba los distintos acuerdos suscritos en sus aspectos presupuestarios y normativos, así como la eficacia para la consecución de los primeros objetivos propuestos: la creación de empleo y la reducción de la conflictividad social. Para el tercer foro, en Ronda, se aprovechó la cercanía de uno de los procesos electorales autonómicos para realizar un debate con los principales partidos sobre la política económica a desarrollar en nuestra comunidad. Como se ha comentado en el apartado de recensión de la historia del Observatorio, la relación con los partidos políticos ha sido escasa, limitándose a la invitación a participar en las sesiones ordinarias que se hizo durante un corto periodo de tiempo de la primera etapa; pero la invitación no logró que la asistencia fuese muy asidua, en especial, por parte de los representantes de las dos grandes formaciones con presencia en la comunidad, PSOE y PP. A partir del cuarto foro se consiguió estabilizar su modelo con varias sesiones de trabajo y formatos diferentes, de tal manera que se combinase la exposición académica a cargo de expertos con la práctica, área en la que se quiso contar tanto con empresarios de la comunidad como con los responsables de las administraciones públicas. Esa estabilización se amplió al lugar de celebración, ya que al programar el quinto foro se consideró tan positivo el resultado del anterior foro en Carmona, en el Parador Nacional, que merecía la pena repetir. De hecho, se empezó a utilizar en esta segunda ocasión la denominación «Foro Anual de Carmona». Lo que sí se mantuvo invariable fue la unidad temática de cada uno de los foros. Aunque los enfoques de cada uno de los ponentes o de los empresarios participantes fueran diferentes, se pretendió que todas las reflexiones se realizasen en el marco del título propuesto. Como se ve en ellos, bastante parecidos, además, se trataba de hacer análisis globales sobre la economía regional, a fin de llamar la atención sobre las po-

Dinámica histórica

líticas necesarias para afrontar los retos que la coyuntura mundial demandaba, algo que ha parecido estar muy lejos del interés general de la sociedad andaluza, al menos en sus dirigentes, tanto políticos como empresariales y sociales. El quinto foro no tuvo presencia de administraciones públicas ni de partidos políticos, pero las instituciones se vieron representadas por el director general del Banco de España, José Viñals, siendo la participación de instituciones privadas de análisis económico o servicios empresariales del mayor nivel por segundo año: junto a Emilio Ontiveros, presentaron ponencia, entre otros, Xavier Vives, Antonio Argandoña y José Luis Escrivá, altos directivos en la escuela de negocios IESE y el entonces primer banco español, BBVA, así como catedráticos de Derecho Internacional y Economía Aplicada como Pablo A. Fernández y Rafael Myro. El sexto foro tuvo a dos altos cargos de la administración central, en concreto de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Economía y Hacienda, así como a sendos representantes de la Comisión Europea (dirección de Política Regional) y del gobierno andaluz, al tiempo que los expertos vinieron desde el mundo universitario (Madrid y Las Palmas) y del financiero, siendo los representantes empresariales directivos de una multinacional presente en Andalucía y de empresas de primer nivel de la comunidad autónoma. Como si de un péndulo se tratase, el séptimo foro tampoco contó con participación de las administraciones públicas o de los partidos, siendo también el más reducido en sesiones (5) y participantes (7); sí hubo presencia del Banco de España, pero no de su equipo directivo sino del técnico, y puede decirse que fue el foro más familiar, ya que buena parte de los participantes o tenían vínculos con el Observatorio o fueron ponentes con relativa frecuencia en las sesiones de uno u otro tipo. Además, la conferencia inaugural la pronunció el presidente de una institución ligada al OEA por otro tipo de actividades, en concreto, del Círculo de Empresarios de Madrid, que es entidad participante en los Encuentros Economía y Sociedad. El octavo foro se hizo esperar casi cuatro años; dificultades relacionadas con las restricciones presupuestarias del Observatorio, retrasaron hasta 2013 este nuevo encuentro. El retraso contribuyó a que el escenario político y económico fuera mucho peor que el del foro anterior. A la crisis económica se habían unido la política y la institucional, en una simbiosis que tiene algo de tormenta perfecta para el país, cuyas consecuencias están aún por ver. El tema, pues, no podía sino vincular toda esa situación a las necesidades reformadoras que también empezaban a exigirse ya por doquier. Economía, sistema político e institucional, administraciones públicas, estado del bienestar, administración de justicia… estuvieron en las ponencias junto al estado de situación de la economía andaluza y una conferencia de clausura de otro presidente de institución privada compañera del OEA en los Encuentros de Economía y Sociedad, el Círculo de Economía de Barcelona representado por su entonces presidente, Josep Piqué.

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3.2.3. Documentos propios

Ya se ha comentado que la génesis de los documentos propios se encuentra en las conclusiones que se elaboraban en la primera etapa tras las sesiones ordinarias. Pero también puede decirse que se derivan de los trabajos del foro, de tal manera que tras las comunicaciones y los debates del primero de ellos (Coín, febrero de 2002), se consideró necesario perfilar lo analizado en el foro sobre un par de temas, en concreto, la convergencia económica de la comunidad autónoma con el resto de España y la Unión Europea y el sistema de protección del desempleo agrario en el medio rural de Andalucía y Extremadura, convocándose una sesión especial al efecto. Al final, de esa reunión no surgió ningún posicionamiento conjunto, pero sí quedó el sistema engrasado para ponerse en marcha cuando se considerase conveniente. Esa oportunidad no tardó en presentarse, con ocasión de la aprobación por parte del gobierno de la Junta de Andalucía de uno de sus periódicos planes de actuación, concretamente, el Plan Económico Andalucía Siglo XXI, dentro del mismo año. Para analizarlo se celebró una reunión interna y en octubre se emitió un prolijo informe en el que se ponía de relieve, entre otras cuestiones, la ausencia de evaluación de actuaciones anteriores, el mal uso de indicadores económicos y el menor crecimiento económico de Andalucía que el de otras regiones consideradas «Objetivo 1». En este momento, sólo vamos a desarrollar aquí los temas que no se incorporan al capítulo de «Temática», que se incluye más adelante, por lo que nos vamos a limitar en este caso a este apunte sobre lo que aprobó la reunión de miembros en relación a este tema. La experiencia del primer foro, en el que no se aprobó documento alguno en relación con los temas abordados, fue aprovechada en el segundo para, esta vez sí, concretar el debate sobre la concertación social en un documento que vio la luz dos meses después del foro. El sistema de financiación de las comunidades autónomas había sido abordado previamente en dos ocasiones por el Observatorio Económico de Andalucía. La primera, en el seno de una acción colectiva de distintas entidades de la sociedad civil andaluza en el año 1997, como consecuencia del primero de los intentos de transferir a las comunidades autónomas un porcentaje del IRPF. La segunda, en dos sesiones del año 2001. Cuatro años más tarde, distintos partidos políticos y agentes sociales, consideraron que el nuevo sistema de financiación perjudicaría notablemente a Andalucía, frente a otras Comunidades Autónomas, singularmente Cataluña. Antes de ese acuerdo, el OEA desarrolló un programa de cuatro sesiones con expertos procedentes de Andalucía, Cataluña, Madrid y Aragón, mientras que una quinta, prevista inicialmente, fue sustituida por la presentación de un documento por parte de un departamento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga. Como resumen de esas cuatro sesiones y del documento de los profesores malagueños, se elaboró otro documento en el que se recogían algunas consideraciones para el debate

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y diez propuestas concretas para el establecimiento del nuevo modelo, documento que se convirtió en el tercero de los que asumía como propios el Observatorio. Solo unos tres meses después, llegaba el acuerdo entre el gobierno de la nación y el de Cataluña, que en nada se parecía a las propuestas esbozadas en el documento anterior, sino que recogía sustancialmente la posición catalana, concediendo el Estado a las demás comunidades autónomas una serie de compensaciones, todo lo cual motivó un nuevo documento (el cuarto, una nota de prensa de toma de posición, en realidad) en cuya presentación se expresaba lo que se haría realidad poco tiempo después: «el acuerdo será bueno para las comunidades, pero no lo es para España». Tampoco lo era para Andalucía, que ya antes tenía una financiación per cápita similar a la de Cataluña y a la media de las comunidades autónomas de régimen común, pese a su menor nivel de desarrollo. Dos de los documentos posteriores llegaron en vísperas de procesos electorales al Parlamento de Andalucía: fueron el quinto, en el que se pedía una «nueva política económica» al gobierno que saliese de las urnas, y el noveno, de corte similar, pero en el que, dado el contexto, se planteaba inicialmente una política de ajuste presupuestario y un programa para favorecer la competitividad al tejido productivo regional. En medio, tres documentos en relación a la crisis y a la necesidad de impulsar un verdadero cambio en el modelo de desarrollo de la economía andaluza. Todos éstos también tendrán su espacio en el capítulo de Temática. A la crisis también se refería el documento número diez, «El escenario presupuestario de las administraciones públicas andaluzas». Es este un documento de corte más académico, elaborado por el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga José Manuel Domínguez Martínez. Trataba de responder a las posibilidades financieras que la administración regional tenía, en pleno proceso de crisis económica, para afrontar las cargas derivadas de la misma, dentro de la lógica keynesiana de actuación de los poderes públicos. El documento señalaba que los ingresos presupuestarios de la Junta de Andalucía tienen una elevada dependencia del ciclo económico, que «se han adquirido compromisos estructurales de gasto basados en ingresos coyunturales, productos en gran medida del auge económico, que se han desinflado a raíz de la crisis», lo que contrasta con las limitaciones asumidas por la pertenencia a la Unión Europea; todo ello, obliga a la reducción de los gastos o al aumento de los ingresos, siendo esta vía más difícil para la comunidad autónoma. En definitiva, que la reducción de los gastos de la administración autonómica era inevitable. De los tres últimos documentos, sólo el último parece algo alejado, inicialmente, del campo de la reflexión sobre la crisis económica. Los otros dos están relacionados entre sí, puesto que las políticas activas de empleo son una de las acciones posibles para reactivar la contratación laboral, que, dado el nivel de desempleo existen bte, es una de las prioridades de la actuación política en estos momentos. A ellos nos referiremos en el apartado de la «Temática» abordada por el Observatorio.

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En cuanto al documento sobre «Simplificación administrativa y mejora regulatoria en Andalucía» fue resultado de una sesión ordinaria y de la colaboración de Eduardo Gamero, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide, cuyo trabajo coincidió con un proyecto parlamentario sobre el mismo tema, al que se planteaba superar, tras considerar las medidas acordadas «positivas pero insuficientes». El documento pedía iniciativas más profundas y efectivas y sugería algunas: reducir las cargas administrativas mediante la supresión de documentos o reducción de la frecuencia de presentación; agilizar el procedimiento administrativo mediante la inscripción de oficio, la integración en uno solo, generalizando el silencio administrativo; revisión normativa que integre las modificaciones de una legislación y las presente en plataformas digitales accesibles; prohibir la petición de requisitos no explícitos; adecuar el marco regulatorio al tamaño de las empresas; implantar la evaluación de impacto normativo para las nuevas disposiciones y prestar asistencia a las entidades locales para que impulsen también la simplificación en su ámbito. 3.2.4. Los barómetros económicos de Andalucía

Esta actividad se puso en marcha con la colaboración de la empresa de consultoría KPMG. Su objetivo era «detectar la opinión de personas cualificadas sobre algunos de los asuntos más relevantes de la economía andaluza y sus perspectivas», según se explicaba en el primer resumen de opiniones que se redactó. El cuestionario se pensó para ser mantenido en el tiempo, dejándose abierta la posibilidad a la introducción de cambios en función de lo que se considerase oportuno. Así, en las tres ediciones que llegaron a publicarse, se incluyeron una docena de preguntas, la mayor parte de las cuáles debían ser respondidas con valoraciones de 0 a 10, dos con elección de posibilidades y en algún caso se planteaban varias respuestas encadenadas y posibilidades mixtas de contestación. Las preguntas que sólo se incluyeron en una o dos ediciones del barómetro fueron cinco, en algún caso de tipo muy puntual al hilo de la actualidad y en otros por consideraciones de menor utilidad en el momento en que se presentaba la consulta. Así, la posible incidencia de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía solo se preguntó en el año 2005 (el tema no se había planteado a la ciudadanía en los años anteriores) y las malas relaciones entre los gobiernos andaluz y central sólo en 2003. El primero de los barómetros se llevó a cabo a finales del año 2003 y sus resultados se presentaron a final de enero del año siguiente. El cuestionario se había enviado por vía electrónica a 451 personas, entre las que se incluían los primeros ejecutivos de las mayores empresas por facturación de la comunidad, catedráticos de economía, directivos de organizaciones empresariales y sindicales, responsables de instituciones públicas y diferentes profesionales vinculados al mundo de la economía y la empresa. En el cuadro adjunto se presentan los envíos y respuestas de cada edición clasificadas por sectores de procedencia de los consultados.

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El porcentaje de respuestas a la encuesta tuvo escasa variación en las tres ediciones, en torno al 30%, lo que puede considerarse un porcentaje aceptable teniendo en cuenta la proliferación de encuestas vía Internet. Los envíos a profesores de la Universidad tuvieron una buena respuesta el primer año y algo decepcionante en los dos siguientes. Las respuestas del mundo empresarial fueron pocas en las dos primeras ediciones y alcanzaron su mayor nivel en la tercera, quizás porque la reducción de los envíos ayudó a concentrarse en un segmento con mayor interés en este tipo de iniciativas. Pasó igual con los profesionales, hasta el punto de que fueron ambos segmentos los de mayor porcentaje de respuestas en la última edición. En cuanto a las respuestas procedentes de las entidades públicas, pasaron de ser las más numerosas en la primera edición a un porcentaje por debajo de la media al ampliar el número en las ediciones segunda y tercera. Finalmente hacemos un breve balance de los resultados y su evolución en los tres barómetros publicados. El primer bloque de temas fue la valoración sobre el crecimiento económico en Andalucía y España. Tanto para uno como para otro territorio, en las tres encuestas el resultado fue de un aprobado no muy alto, pero siempre con la economía española por encima de la andaluza si bien con diferencial decreciente. La evolución de diez indicadores económicos (precio de la vivienda, tipos de interés, índice de la bolsa, presión fiscal, morosidad bancaria, inflación, inversión empresarial, PIB, empleo e inversión extranjera) constituía el segundo bloque de temas y en ellos pueden destacarse los siguientes resultados: • Los tres primeros indicadores merecieron las puntuaciones más elevadas en los tres años; • Los únicos suspensos fueron la evolución del PIB (4,85) y del empleo (4,77) en 2004 y el nivel de inversión extranjera en 2004 y 2005; • Esos tres indicadores, más la inversión empresarial, tuvieron los niveles más bajos en los tres ejercicios, y • En el precio de la vivienda y el índice de la bolsa la tendencia constante es a la reducción, mientras que en los tipos de interés, la presión fiscal, la morosidad bancaria y la inflación es a aumentar; por su parte, la inversión empresarial, el PIB, el empleo y la inversión extranjera, la tendencia es en V, primero con descenso fuerte y luego una ligera subida, quedando el índice del tercer año siempre por debajo del que tenía en el primero. Se planteaba como tercer bloque, la importancia de un conjunto de factores para el desarrollo económico de la comunidad, destacando que en todos los años es la iniciativa empresarial el más valorado, seguido de cerca por la cualificación de los recursos humanos, la innovación, las infraestructuras existentes y la inversión productiva. En cuanto a los menos valorados, son los recursos naturales, la concertación social, la intervención del sector público y la posición geográfica. Sobre el nivel de esos mismos factores en Andalucía, la calidad de los recursos naturales aparece en primer lugar. De los restantes factores, los únicos que aprobaban en todos los ejercicios eran el sistema financiero regional y la dotación de las infraes-

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Gráfico 3.2. Respuestas a dos de las cuestiones planteadas en las tres edicio n e s d e l B a r ó m e t r o E m p r e s a r i a l d e A n d a l u c í a

tructuras, mientras que la cualificación de los Valore la importancia que tienen los siguientes factores para el desarrollo económico de Andalucía recursos humanos suspendía muy ligeramente Iniciativa empresarial solo en un ejercicio y la Cualificación recursos humanos competitividad en dos. Innovación La inversión productiva, la iniciativa empresarial Infraestructuras y la capacidad de ahoInversión productiva rro suspendían en todos Pertenencia a la U.E. los años. Respecto de los tres Tamaño del mercado problemas más imporRecursos naturales tantes de la región, el desCapacidad de ahorro empleo fue siempre el Concertación social más votado, pero, coincidiendo con la evolución Intervención del sector público del mismo en los tres Posición geográfica años en que se realiza la 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 encuesta, su importancia Valore el nivel actual de los siguientes factores en Andalucía fue decreciente. El nivel Capacidad de ahorro de renta es el segundo de los problemas mencionaIniciativa empresarial dos por los encuestados, Inversión productiva pero en el último año se Competitividad coloca como segundo problema una cuestión Cualificación de los recursos humanos por la que no se preguntó Capacidad de las infraestructuras en los dos anteriores: la Calidad del sistema financiero cualificación de los recursos humanos. InmigraCalidad de los recursos naturales ción, deslocalización de 0 1 2 3 4 5 6 7 empresas e intervencio2003 2004 2005 nismo del sector público les siguen, mientras que la menor importancia se atribuye al terrorismo, el funcionamiento de la justicia, la situación periférica y el deterioro del medio ambiente. El nivel de gasto público de la Junta de Andalucía mereció en los tres ejercicios una respuesta similar, considerándolo alrededor de un punto por encima del adecuado. Sí se dio más movilidad en una cuestión vinculada a la anterior, los posibles cambios en las asignaciones presupuestarias del ejecutivo andaluz, en las que se abogó por aumen-

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tos de mayor consideración en actividades como las de investigación e innovación, seguidas de las de educación y las de infraestructuras. Entre las diez cuestiones sometidas a respuesta, solo una mereció que se pidiese siempre su disminución, y además es un tanto reiterativa respecto a la petición de la ciudadanía: el gasto de personal de la administración general. La valoración de la eficiencia del gasto de la Junta de Andalucía por funciones, mereció en los dos años en los que se preguntó por él una calificación inferior a 5, salvo en una sola función (infraestructuras) y un solo ejercicio (2005); junto a ella, las otras funciones con puntuaciones más elevadas dentro del suspenso general fueron las de sanidad y asuntos sociales, mientras que los gastos en fomento de los sectores productivos, educación y vivienda en los dos ejercicios y los de investigación e innovación en 2004, recibieron siempre valoraciones por debajo de los 4 puntos. Las ayudas públicas a las actuaciones de empresas en investigación, desarrollo e innovación fueron en los tres ejercicios, y con destacado diferencial, las mejor valoradas por los encuestados, y también en los tres años estuvieron bien valoradas las ayudas a la comercialización en el exterior. Causa relativa sorpresa la elevada valoración que se tenía de las ayudas a la formación (tal vez porque no se pensase sólo en la formación ocupacional, que tantos problemas de legalidad han presentado posteriormente), que han recibido en los tres años puntuaciones por encima del 6,6. Otro tanto puede decirse de las que se daban para el fomento del empleo, que igualmente aprobaban con holgura, mientras que las ayudas a la economía social recibían valoraciones cercanas al aprobado raso y suspendían las de financiación a la compra de activos fijos y, sobre todo, a las empresas en crisis, que superaban por poco los 3 puntos en los tres años. Que los encuestados han sido, en general, muy exigentes se ponía de manifiesto con las respuestas a la posible contribución al desarrollo económico de la región de las diferentes instituciones públicas y privadas: sólo las Universidades, el gobierno regional y los ayuntamientos merecieron en los tres años un nivel medio de aprobado. La Confederación de Empresarios tuvo un año una valoración por debajo del nivel medio (4,9) y los otros dos sólo ligeramente por encima (5,1 y 5,2), con el gobierno nacional más o menos en la misma situación. Pero todas las demás, cámaras de comercio, diputaciones, sindicatos, Parlamento autónomo y partidos políticos estuvieron por debajo del 5 en todos los ejercicios, con más bajo nivel de los últimos, que fluctuaron entre el 3 y el 3,6; los siguientes en esa peor valoración fueron los sindicatos, entre el 3,8 y el 4,4 en los tres años. La última de las cuestiones comunes a todos los barómetros fue una elección de tres posibles campos de iniciativas de la Junta de Andalucía para favorecer el desarrollo económico. La mejora de las infraestructuras, en dos años, y las actividades de I+D+i, en el último, fueron los campos más seleccionados, con un voto ponderado por encima del 12% del total de los encuestados. Otras dos cuestiones, las facilidades para la cre-

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Tabla 3.2. Encuentros Economía y Sociedad Fecha

Localidad

Título del documento

Mayo 2006

Vigo

Estado, Política y sociedad civil

Junio 2007

Madrid

El fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil en España: una necesidad inaplaceble

Junio 2008

Barcelona

Un mayor compromiso ciudadano con una democracia reforzada

Junio 2009

Bilbao

Sin título

Octubre 2010

Valencia

Paco de Estado, competividad y empleo

Febrero 2014

Palma de Mallorca

Los ciudadanos valoran positivamente y confían en los empresarios

Diciembre 2014

Sevilla

Las reformas institucionalesson inaplazables

ación de empresas y el autoempleo (2003) y la mejora de las políticas educativas (2004), fueron las únicas actividades que lograron votaciones por encima de la décima parte de los encuestados, siempre en voto ponderado, ya que se pedían ordenar las tres posibles respuestas. La libertad de elección en esta cuestión llevó a una gran dispersión en las respuestas, pero cabe resumir diciendo que las políticas educativas, las de internacionalización de las empresas y la motivación al emprendimiento, siempre encontraban mayores porcentajes de respuestas que las cuestiones de menor intervención pública, consenso político y disminución de la presión fiscal. 3.2.5. Encuentros Economía y Sociedad

El Observatorio Económico de Andalucía participó en los Encuentros Economía y Sociedad desde su primera convocatoria en Vigo. Se ha comentado al principio de este capítulo que estos encuentros se iniciaron en mayo del año 2006, pero lo cierto es que las asociaciones que los comenzaron tuvieron una reunión previa en Valencia, durante el año 2005, para impulsar la idea, toda vez que existía el mutuo conocimiento de la existencia de las entidades pero ninguna relación previa entre todas ellas. Hagamos un poco de historia sobre ellas. El Círculo de Economía es la entidad más antigua, y con mucho, ya que fue fundada en Barcelona en el año 1958 «con el objetivo de contribuir a modernizar la vida económica, social y política española», aportando ideas de liberalización económica, apertura interna e integración en la nueva Europa que se acababa de constituir, solo un año antes, mediante el Tratado de Roma. Aunque su centro de actividad sea la capital de Cataluña, y básicamente esa comunidad sea el foco de su atención, siempre demostró interés por la evolución del conjunto del país e incluso tiene socios residentes en otras partes de España. El Círculo de Empresarios nació en Madrid en el año 1977, prácticamente en el comienzo de la nueva etapa de democracia; su objetivo es «la promoción de la libre empresa, de la iniciativa privada, de la economía de mercado y del espíritu emprendedor, y la búsqueda del reconocimiento por parte de la opinión pública del papel esencial del empresario en la creación de riqueza, empleo y bienestar social». Sus miembros son propietarios y directivos del máximo nivel de más de un centenar de las primeras empresas del país. Creadas en los años ochenta son otras dos de las entidades que participan en los En-

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cuentros, la Asociación Valenciana de Empresarios y el Círculo de Empresarios Vascos, que agrupan también a altos directivos de empresas de sus territorios respectivos. De las restantes, el Observatorio Económico de Andalucía es la entidad más antigua (1990), mientras que el Club Financiero de Vigo-Círculo de Empresarios Gallegos se creó en 1993 y el Cercle d’Economía de Mallorca el año siguiente. La Institución Futuro-Think Tank Independiente surgió en Navarra ya en los primeros años de este siglo. Los contactos iniciales para la constitución de los Encuentros se hicieron en el año 2005, con una primera reunión en Valencia en la que quedaron claros los principios que animan los contactos: se trata de favorecer la iniciativa privada y la libre empresa, así como fomentar la participación de la sociedad civil en la vida pública de España, sin entrar para ello en el campo de actividad de las organizaciones empresariales en el sentido clásico, ya que, en la mayor parte de las asociaciones, conviven no solo empresarios sino también profesionales tanto independientes como vinculados a diversas esferas del mundo laboral, privado y público, con el interés común de la promoción del espíritu empresarial y del debate económico en la vida pública española. En el cuadro adjunto se recogen los datos de las siete ediciones de los Encuentros celebradas hasta el momento, debiendo señalarse que en los dos primeros solo participaron seis entidades, en el de 2008 se incorporó el Cercle d’Economía de Mallorca y en el de 2010 la Institución Futuro. La actividad principal de los Encuentros se dirige a la opinión pública en general, ya que se presenta el manifiesto elaborado previamente con la participación de todas las asociaciones implicadas. Todos los manifiestos se asientan en una base común, la presencia de la sociedad civil en la vida pública española, variando el enfoque según la situación de cada momento. Puede decirse que los dos primeros fueron los que más se centraron en el objetivo último de las reuniones, mientras que los demás tuvieron mayor contenido económico y de promoción del papel esencial del empresariado en la creación de actividad productiva y riqueza en la sociedad, pero también supieron hacer énfasis en la necesidad de superar la crisis política e institucional en la que ha derivado la económica, para crear bases sólidas para la recuperación, no solamente en el plano económico, sino también en el institucional y social, para conseguir un país más próspero e inclusivo, tanto económica como política y socialmente. 3.3. Ponentes, miembros y socios

Puede decirse, sin peligro de equivocarse, que el Observatorio Económico de Andalucía ha sido, por encima de las instituciones que lo crearon, lo que han podido hacer las muchas personas que han participado en sus actividades, desde muy diferentes esferas: responsables de su funcionamiento, ponentes, miembros de las distintas juntas directivas y miembros permanentes iniciales, asistentes a las sesiones, etc. Pero también sin ninguna duda, es justo señalar la importancia decisiva que han tenido la dedicación y el trabajo

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personal de, en primer lugar, los dos coordinadores de la primera etapa, Jerónimo Molina y Antonio Contreras, y de los tres presidentes, José Javier Rodríguez Alcaide, Francisco Ferraro (en dos periodos) y Joaquín Aurioles, que se han turnado en la segunda. Junto a ellos, los más de dos centenares de ponentes en las sesiones ordinarias y en los foros anuales han aportado en sus intervenciones un nivel muy alto de calidad, una gran variedad de enfoques y perspectivas de los Tabla 3.3. Ponentes que más veces han participado en sesiones y foros asuntos abordados, una diversidad de procedencias y preocupaciones, de tal forma Veces Ponentes Entidades que a ellos se debe, en buena parte, la ima6 Francisco Ferraro (1) (2) Diversos gen social de la que hoy disfruta la institu5 Jerónimo Molina (1) (2) Diversos Emilio Ontiveros (1) Analistas Financ. Intern. ción, una imagen vinculada al rigor y a la Francisco Villalba (1) Analistas Financ. Andalucía seriedad de sus análisis y exposiciones, la 4 Fernando Feijóo Empresario José Antonio Herce Analistas Financ. Intern. independencia de cualesquiera otras entiJosé Javier Rodríguez (1) (2) Universidad de Córdoba dades y el deseo de colaboración con la so3 Javer Calatrava (1) Centro Inf. y Des. Agrario Santiago Carbó Universidad de Granada ciedad andaluza en todo aquello que conFernando Faces Ins. Intern. San Telmo tribuya a mejorar el entorno en el que se Manuel Ángel Martín (1) Diversos Braulio Medel (1) Unicaja desenvuelve la actividad económica y emRafael Myro Universidad de Madrid presarial de la región. José María O’Kean Universidad Gonzalo Solana (1) Diversos Hacemos, en primer lugar, algunas José Alberto Zaragoza Administración Central consideraciones sobre los ponentes que 2 Tomás Aránguez Directivo empresas han participado tanto en las sesiones orJoaquín Aurioles (2) Universidad de Málaga Antonio Contreras (1) (2) E,presario dinarias como en los foros anuales. Álvaro Cuervo

Universidad de Madrid

José Carlos Díez

Intermoney

Antonio Gámiz (1)

Empresario

José Antonio Griñan

Administración andaluza

Juan Fco. Jimeno

Diversos

Francisco Mochón (1)

Universidad

3.3.1 Ponentes

En la primera etapa del Observatorio, se buscó la presencia de dos perfiles de poMartí Parellada Universidad de Barcelona nentes en cada una de las sesiones: el exFrancisco Pérez Ins. Valenc. Inv. Económica Federico Prades Asociación Esp. de Banca perto global del tema a analizar y el que, Julio Rodríguez (1) Diversos centrado en su actividad profesional en la Carlos Román (1) Ins. Desarrollo Regional comunidad autónoma, pudiera ofrecer Gumersindo Ruiz Bravo Universidad de Málaga Rogelio Velasco Diversos una visión regional del asunto abordado. Xavier Vives IESE Complementariamente, se intentaba dis(1) Miembros permanentes de la primera etapa (2) Coordinadores y presidentes poner de un interlocutor de las administraciones públicas con competencia en la materia de que se tratase, así como, si se consideraba preciso, contar con la presencia del empresariado regional afectado. Este enfoque general, por su exigencia de muchas intervenciones, no siempre se consideró conveniente seguir y fue derivando en algo más modesto, buscando también que los miembros del Observatorio aportasen alguno de los enfoques mencionados. En especial, es en la segunda etapa, con las restricciones impuestas por el modelo de sesión que se decidió continuar, cuando se reduce la presencia a un solo ponente, indistintamente de

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Tabla 3.4. Sectores de actividad de los participantes en los foros anuales Actividad

Nº Participantes

Observaciones

Empresarios

16 empresas andaluzas y 2 de ámbito estatal

Profesores

3 centros andaluces

Consultores y expertos

Analistas Financieros Internacionales, con 4 participaciones, es la que más presencia ha tenido

Instituciones estatales

3 altos cargos del Banco de España

Administración andaluza

2 Consejeros de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía

Administración europea

1 Comisario Asuntos Económicos y Finanzas

Otros

1 periodista e investigador y un político

fuera o de dentro de la comunidad, pero se plantea la figura del presentador como el encargado de que no se olvide la visión regional del tema planteado, así como se incentiva la participación de los asistentes en el debate posterior a la exposición del ponente. La configuración de las sesiones, la participación en el Observatorio de algunos de los economistas más relevantes de la Andalucía actual y el interés por tener en el elenco de ponentes una gran variedad de procedencias territoriales y, en cuando al mundo académico, de diversas Universidades, ha hecho que algunos miembros de éste se encuentren entre los ponentes que más veces han intervenido en las sesiones ordinarias, tal y como puede verse en la tabla adjunta, en la que se recogen los ponentes con dos o más intervenciones. En cuanto a los foros anuales, con excepción de los tres primeros, que salvo alguna invitación puntual solo contaron con participación de los miembros del Observatorio en función de que los temas abordados eran exclusivamente de interés regional, los cinco restantes abrieron su participación de tal manera que en ellos se realizaron análisis de conjunto de la situación española, mientras que la presencia regional se hacía descansar, fundamentalmente, en empresarios locales. La tabla recoge una distribución de las participaciones por actividades, debiendo precisarse que en bastantes casos los ponentes llevaban a cabo actividades en dos de ellos, fundamentalmente, en los de profesores y consultores y expertos. La inclusión en este libro de la relación completa de las sesiones ordinarias y de los ponentes de los foros anuales en sendos anexos nos libera aquí de una exposición exhaustiva de los ponentes en cualquiera de las actividades, pero sí vamos a hacer un repaso de las personalidades más relevantes que han pasado por el Observatorio, agrupándolos en función de la actividad o del tipo de organismo al que pertenecían en el momento de su participación. La presencia de grandes empresarios podría ser encabezada por Cándido Velázquez-Gaztelu, presidente de Telefónica de España, la mayor empresa del país durante muchos años tanto por facturación como por número de empleados. También se ha contado con intervenciones de Carlos Espinosa de los Monteros, en su calidad de comisario de la Marca España, de Josep Piqué, como presidente de Vueling y del Círculo de Economía, así como de dos presidentes del Círculo de Empresarios, Mónica de

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Oriol y Claudio Boada. Igualmente, Javier Targhetta, de AtlanticCopper, Francisco Fernández Sevilla, de EADS, Fernando Franco, de Tecnológica, y Emilio Colomer, de Brentagg Química, empresas que, aunque con importantes centros en Andalucía, deben ser consideradas de ámbito internacional. La participación de empresarios y directivos andaluces, muy numerosa, podría iniciarse con Ignacio Osborne, consejero delegado del grupo alimentario gaditano de su mismo nombre, Francisco Martínez Cosentino, presidente de la innovadora empresa almeriense que toma el nombre de su apellido, José Moya, de la sevillana Persán, Luis Sánchez Manzano, del grupo constructor malagueño Sando, Tomás Aránguez, de la cooperativa cordobesa COVAP, Antonio Luque, de la también cooperativa malagueña Hojiblanca, Luis Fernando Martínez, de la tecnológica malagueña Cetecom, Manuel Contreras, del grupo constructor sevillano Azvi, José Joly, del Grupo Joly, y un muy largo etcétera. La representación de instituciones empresariales no es tan numerosa, si bien, durante la primera etapa, varios presidentes de las Cámaras de Comercio participaron en las sesiones, tanto los que pertenecían a las dos que impulsaban el Observatorio como de otras, en este caso cuando la sesión se celebraba en su sede. También hubo participación del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio de España, concretamente lo hicieron Fernando Gómez Avilés, director general, y Gonzalo Solana, el jefe del servicio de estudios, impulsor de la institución, y que después también asistiría a diversas sesiones en su calidad de otras responsabilidades institucionales. Dos presidentes de cajas de ahorro andaluzas, Braulio Medel de Unicaja, entidad patrocinadora del Observatorio, y presidente de la confederación española de esas entidades (CECA), y Julio Rodríguez, de la Caja General de Granada, junto con Francisco Oña, director general del Mercado de Renta Fija lideran la representación de las entidades financieras, segmento en el que puede citarse también a Federico Prades, asesor de la Asociación Española de Banca, quién ha participado en dos sesiones ordinarias. Distintos altos responsables de departamentos del Banco de España han asistido a nuestras sesiones en todas las etapas que hemos vivido. Domingo Solans, José Viñals, José Manuel González Páramo y José Luis Malo de Molina han sido las personas que, en algún momento, nos han ofrecido sus reflexiones y análisis sobre la situación del mundo financiero y de la economía global. La participación de altos responsables de la administración europea puede ser encabezada por el español Joaquín Almunia, en su calidad de comisario de Asuntos Económicos y Monetarios; también se ha contado con la participación de Mikel Landabaso, uno de los más veteranos altos cargos españoles en la administración europea, en el ámbito de la política regional. La administración española ha estado presente tanto con la asistencia de altos cargos de los ministerios como directivos del máximo nivel de órganos adscritos a ella u organismos reguladores de diverso ámbito. Un presidente de la Comisión Nacional

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del Mercado de Valores (Julio Segura), dos presidentes del Tribunal de la Competencia (Amadeo Petitbó y Gonzalo Solana) y un presidente del Instituto de Crédito Oficial (Aurelio Martínez) pueden contarse entre los segundos, mientras que entre los primeros destacan José Alberto Zaragoza, con tres participaciones como se ha precisado en la tabla de personas más asiduas y Alberto Navarro, en ambos casos secretarios de Estado, de Planificación Territorial y Obras Públicas, el primero y para la Unión Europea, el segundo. Sin que quepa incluirlos en este grupo, ya que su participación en el Observatorio no fue durante su mandato, cabe mencionar que media docena de ex ministros han pasado por esta tribuna, como son los casos de los socialistas José Antonio Griñán (también presidente de la Junta de Andalucía), Magdalena Álvarez, Luis Atienza y Miguel Sebastián, y los populares Manuel Pimentel y Josep Piqué, este ya nombrado como empresario. En cuanto a la administración andaluza, la nómina es también muy amplia, debiendo iniciarse con el anterior presidente José Antonio Griñán, quien participó como consejero de Economía y Hacienda, al igual que lo han hecho tres de las personas que han ostentado ese cargo,Magdalena Álvarez, Antonio Ávila y María Jesús Montero, fundamentalmente en sesiones en las que se analizaban los presupuestos elaborados para la comunidad, tarea en la que también ha participado algún viceconsejero. Un consejero más, en este caso de Agricultura y Pesca, Luis Planas, asistió también como ponente a una sesión para presentar un Plan Forestal elaborado en el año 1994. Varios secretarios generales, fundamentalmente de Economía, viceconsejeros y responsables de la agencia regional de desarrollo económico han nutrido también las sesiones, en una colaboración que, todo hay que decirlo, se ha notado de menor nivel en los años de la crisis. Hay que señalar como última presencia (junio de 2014) de este ámbito la del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández. Pero donde la relación se hace interminable y será difícil no dejar de incluir alguna persona de bien reconocido prestigio, es en la nómina de profesores y responsables de organismos públicos y, sobre todo, privados de diferentes materias vinculadas con la promoción de la actividad productiva, su análisis, su control o de la consultoría. En este campo es difícil separar las funciones, porque es normal que un buen profesor universitario compatibilice su trabajo en esa institución con responsabilidades en organismos de diversa naturaleza, por lo que, aunque hemos separado ambas funciones a la hora de presentar el cuadro de los participantes en los foros anuales, no sería conveniente hacerlo aquí; tampoco debería entenderse que el orden en el que se presentan supone prevalencia de ningún tipo, debiéndose éste a la mera intención de hacer un listado con cierto nivel de agrupación, que bien podría ser de otro modo. Empezando por el área de la enseñanza pública, habría que decir que han participado en nuestras sesiones y foros profesores de diez de las once universidades andaluzas (la excepción es la tan especial Internacional de Andalucía), así como de al-

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rededor de una docena de las españolas, entre ellas varias de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Alcalá de Henares…), de Barcelona, Zaragoza, Vigo, Alicante, Valencia, País Vasco, Extremadura… También profesores o investigadores de distintos centros dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o de instituciones de análisis económico vinculadas a universidades, como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, o a la propia administración, como el Centro de Estudios Andaluces, CentrA. En cuanto a instituciones privadas de enseñanza, cabe destacar las escuelas de negocio ESADE, el IE Business School, el Instituto Internacional San Telmo, IESE (a través de su Centro de Investigación Sector Público-Sector Privado)… Del área de las fundaciones, consultoras, think tanks, fábricas de ideas, etc., cabría señalar la Fundación Institucional Española (FIES), FEDEA, de Economía Aplicada, Asesores Financieros Internacionales (AFI), AB Asesores Bursátiles, Analistas Económicos de Andalucía, ESECA, Intermoney, Centro de Estudios Monetarios y Financieros… En cuanto a nombres, vaya una pequeña relación en la que vamos a respetar el orden cronológico de participación en el Observatorio: Julio Alcaide Inchausti, Rafael Myro, Manuel Ramón Alarcón, José Luis Feito, Antonio Torrero, Francisco Pérez García, Carlos Tió, Emilio Ontiveros, Santiago Carbó, Ángel de la Fuente, José Antonio Herce, Carlos Rodríguez Braun, Antonio Argandoña, José Luis Escrivá, Antón Costas, Alfonso Utrilla, Julio López Laborda, Simón Sosvilla, Xavier Vives, Samuel Bentolila, Juan Francisco Jimeno, Antoni Zabalza, Germá Bel i Queralt, David Cano, Francisco Longo, Francisco Cabrillo, Fernando Faces, José Carlos Díez, Santiago Lago, Ignacio Zubiri, José María Serrano, Gumersindo Ruiz... Por otra parte, tanto en esta relación como en los demás nombres que han pasado por la tribuna del OEA encontramos economistas de muy diversas especialidades y corrientes, a las que la entidad está abierta sin más condicionamiento que el respeto por las ideas de los demás, el rigor en los análisis y exposiciones, la capacidad de investigación, la apertura a la globalidad y, en general, todas aquéllas características que permiten mantener un diálogo abierto y enriquecedor con la sociedad. 3.3.2. Miembros permanentes, juntas directivas y socios

Cada una de las dos etapas del Observatorio ha tenido un modelo diferente de miembros activos. En la primera, durante la dependencia de las cámaras de comercio de Almería y Sevilla, se inició la andadura con un reducido plantel de miembros permanentes (8 incluyendo a los dos coordinadores y 9 a partir de la segunda reunión), a los que se fueron añadiendo poco a poco otros con carácter variable en función de los temas que se iban abordando; con posterioridad, algunos de éstos fueron incorporándose al plantel de miembros permanentes, tal y como se recogió en el primer capítulo de este libro, por lo que el primer año terminó con un total de once miembros permanentes.

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25 años del Observatorio Económico de Andalucía. La temática OEA

En los años siguientes se fueron incorporando más personas: el director general de AIAF Mercado de Renta Fija, el director del Servicio de Estudios Económicos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, un directivo de la diputación provincial de Sevilla… Con la incorporación de entidades financieras como patrocinadoras, en el año 1995, se extendió a ellas la presencia, incorporando a tres presidentes de las mismas y también se aumentó la participación de la provincia de Córdoba. Cuando, en 1996, se hizo la carpeta-archivador a la que nos hemos referido al hablar del olvido de la primera sesión ordinaria, los miembros permanentes eran 17 y existían ya también invitados habituales, con mayor o menor asiduidad en su asistencia. Cuando se decidió la desvinculación de las cámaras de comercio, tanto los miembros permanentes como los habituales permanentes no vinculados a esas instituciones ni a las administraciones, los partidos o las organizaciones empresariales fueron invitados a formar parte del núcleo inicial de la asociación privada sin ánimo de lucro que iba a ser titular del Observatorio. Más de veinte personas respondieron afirmativamente a la invitación y ellas constituyeron la asociación, en la que no hubo distinción de miembros permanentes o no, salvo que se eligió, como en toda asociación, una junta directiva. En esta etapa se han sucedido, hasta el momento, cinco juntas directivas, con tres presidentes, uno en tres periodos no sucesivos y los otros dos en uno cada uno. La primera junta estuvo presidida por José Javier Rodríguez Alcaide, de Córdoba, ejerciendo durante el periodo 1998-2000; la segunda, tercera y quinta por Francisco Ferraro, de Sevilla, y la cuarta por Joaquín Aurioles, de Málaga, que dirigió la institución en el periodo 2008-2012. En un anexo se incluye la relación completa de todas y cada una de esas juntas directivas. Como consecuencia de la dimisión prematura de Joaquín Aurioles como presidente, en septiembre de 2011, le sustituyó uno de los vicepresidentes, Francisco Ferraro, manteniéndose los restantes miembros e incorporándose una persona más a la Junta, que cumplió lo que restaba de mandato; en el anexo mencionado hemos incluido también esta junta de periodo de mandato reducido. Tras la constitución, las distintas juntas directivas han buscado siempre ampliar el ámbito de la asociación hacia nuevas áreas, bien para abarcar mejor el ámbito territorial o bien para incorporar segmentos empresariales o profesionales relacionados con la actividad económica. Independientemente de estas ampliaciones, las sesiones ordinarias se han abierto a un público interesado, mediante la invitación personalizada, de la cual se han nutrido, básicamente, las nuevas incorporaciones de socios. Desgraciadamente, los 25 años de existencia han sido tiempo más que suficiente para sufrir la pérdida de algunos miembros, incluso miembros relevantes. Hay que destacar sin duda la desaparición de uno de los dos coordinadores iniciales, Antonio Contreras, artífice de muchos de los avances que se dieron durante la primera etapa y firmante de la mayor parte de los artículos publicados por responsables de la entidad. También nos dejó Carlos Román, miembro permanente desde el inicio, catedrático de Política Eco-

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Tabla 3.5. Temas de las sesiones ordinarias Áreas temáticas

Nº SS.OO.

La crisis económica (1)

Sistema de financiación de la CCAA (2)

Andalucía y Europa (3)

La empresa en Andalucía (4)

Agriculyura, agroindustria y desarrollo rural

Presupuestos de la C.A. de Andalucía (6)

Eficiencia y control del sector público (7)

Innovación, nuevas tecnologías y futuro

Política industrial y análisis del sector (8)

Mercado inmobiliario (9)

Economía andaluza en general

España en el mundo (10)

(1) Dos de las sesiones fueron sobre crisis anteriores a la de 2007 y después. Incluye aspectos como la crisis financiera, de la deuda soberana, de las finanzas públicas, aumento de la pobreza, así como varias sesiones de análisis de perspectivas de la economía española. Especialmente sobre la situaión en Andalucía han sido 2 sesiones. (2) Incluye las balanzas fiscales y la situación internacional del federalismo fiscal. (3 No se incluyen los anális de sectores agrarios en el marco europeo; sí de la política regional en la UE y la convergencia regional en su seno. (4) Se incluyen análisis de la iniciativa empresarial y de la situación e la empresa andaluza en diversos contextos. (5) Se incluye la reforma laboral, la formación para el empleo y el impacto de la inmigración. (6) Una sesión incluyó, junto al análisis del presupuesto andaluz, el de España. (7) Incluye dos temas de administraciones locales, la simplificación de la administración pública, empresas públicas y el control externo de la administración (8) Análisis de la política insustrial en España y Andalucía, de la situación de la C.A. y de la localización empresarial. (9) Auge y crisis del mercado inmobiliario y análisis de la V.P.O. (10) Incluye la presentación de la «Marca España».

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nómica de la Universidad de Sevilla y director del Instituto de Desarrollo Regional, entidad que, durante su mandato, fue una de las patrocinadoras del Observatorio. Finalmente, también falleció Tomás Aránguez, quién se incorporó como miembro durante la segunda etapa. Tomás Aránguez fue el artífice de la etapa más brillante de la Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP), empresa cordobesa de la que primero fue director general (1987-1994) y luego presidente hasta 2008, en la que fue su etapa decisiva de internacionalización y diversificación; después de 2008 presidió la empresa bodeguera gaditana Luis Caballero. 3.4. La temática del Observatorio Económico de Andalucía

El objetivo central del Observatorio Económico de Andalucía no ha cambiado a lo largo de su existencia, que se definió en su constitución como realizar «un seguimiento y un análisis continuado de la actividad económica andaluza con el fin de facilitar a los empresarios opiniones contrastadas». Con ese propósito, entre las sesiones ordinarias y los documentos propios se ha ido desgranando un conjunto de temas en los que se han ido combinando análisis sobre la economía andaluza con la economía española, europea y mundial. También se han combinado los enfoques coyunturales con los análisis estructurales, de la misma forma que se ha puesto el foco en aspectos empresariales, sectoriales o institucionales, y análisis microeconómicos con los macroeconómicos. Y es que el Observatorio ha sido un ente avanzado dentro de la comunidad autónoma en la comprensión de las complejas interrelaciones de la economía. Esta amplitud temática ha debido acomodarse a las posibilidades de análisis y trabajo en las diferentes etapas. Así, en las sesiones de los primeros años, largas en duración, no importaba plantearse un tema en sus diferentes enfoques y aspectos, buscando ponentes adecuados a cada uno de ellos y complementarios entre sí, mientras que en la segunda etapa, las cuestiones de mayor dimensión han debido ser reservadas para los foros o los documentos, dedicando las sesiones ordinarias a análisis concretos de temas más centrados en la actualidad.

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Un resumen de los temas abordados en las sesiones ordinarias se presenta en el siguiente cuadro, debiendo precisarse que algunas sesiones pueden ser incluidas en dos o más de las categorías presentadas, habiendo optado en la distribución por hacer esta inclusión en el menor de los casos posibles, atendiendo a las matizaciones que se recogen en cada caso en las notas que completan la tabla. Por su parte, los foros anuales han tenido una temática más general, normalmente con la economía andaluza enmarcada en otras referencias, con excepción de los dos primeros, que se centraron en aspectos exclusivos de la política económica regional. La situación económica y política de España ha sido el objetivo de otros dos foros, mientras que otros dos han analizado aspectos de las políticas aplicadas en la comunidad autónoma en su relación con la Unión Europea. La referencia en otro caso fue la economía mundial, siendo el tema del último foro (no en el tiempo, sino en el recuento que aquí hacemos) la presentación de los programas económicos de los partidos políticos que concurrían a uno de los procesos electorales desarrollados en Andalucía. Por lo que respecta a los documentos propios, tienen como diferencia sustancial con la temática expuesta que su atención se centra exclusivamente en Andalucía. Pueden hacer referencias a escenarios más amplios (por ejemplo, los dos referidos a la financiación autonómica en España), pero en lo sustancial se ocupa de cómo afecta a la economía regional y a sus posibilidades de desarrollo. En función de estas consideraciones, en este apartado vamos a presentar en primer lugar las conclusiones de los diferentes documentos publicados, para, en segundo lugar, seleccionar por temas párrafos textuales de un amplio conjunto de intervenciones que se han producido en las sesiones ordinarias, capítulo en el que también se incluyen párrafos de algunas de las conclusiones aprobadas por el Observatorio. 3.4.1. Documentos propios El Plan Económico Andalucía Siglo XXI (Octubre 2002)

El diagnóstico del PEAS XXI es extraordinariamente prolijo, pues se desarrolla a lo largo de unas 400 páginas, lo que lo hace escasamente operativo. A pesar de ello, no hace referencia a factores importantes en una estrategia de desarrollo (instituciones públicas, capital productivo, inversión, innovación…), suele incurrir en la autocomplacencia, contiene errores e imprecisiones y no realiza aportaciones analíticas originales que permitan profundizar en el conocimiento de la sociedad y la economía andaluza. El PEAS XXI se convierte en un ejercicio ritual que trata de contentar a todos los sectores y sensibilidades, evitando abordar los temas sensibles que requieren actuaciones reformistas o aquellos otros que exigen una jerarquización de las actuaciones. Por estas razones, los objetivos tienen una formulación genérica, por lo que pueden ser suscritos por cualquier persona, aunque igualmente podrían ser aceptados otros alternativos. Como consecuencia de las consideraciones anteriores, el Plan no contiene novedades estratégicas y, mucho menos, un «nuevo enfoque», sino la reiteración de las políticas y

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líneas de actuación tradicionales, que vienen a coincidir casi en su totalidad con las que viene aplicando la Junta de Andalucía, buena parte de las cuales están ya soportadas por otros planes o programas sectoriales. Políticas y líneas de actuación que no se cuestionan, aunque no haya existido una evaluación consistente sobre su eficacia y eficiencia. En otro orden de cosas, es necesario señalar ausencias programáticas. Entre ellas la más notable es la falta de reflexión sobre el papel que ha jugado el sector público en el desenvolvimiento económico de Andalucía y sobre la oportunidad o no de reformular el sentido de su intervención y sus medios, por lo que no se aborda la necesaria reforma de la Administración Pública Autonómica. Frente al carácter prolijo e innecesario de buena parte del Plan, el documento presentado no ofrece el detalle suficiente del desglose de las diferentes partidas de ingresos, ni tampoco de la incidencia de las hipótesis sobre su evolución, lo que impide una valoración completa y rigurosa. Los recursos financieros disponibles para el Plan en el cuatrienio 2002/2005 se estiman en 13.722.620.974 euros de inversión y 5.764.202.383 euros de gastos corrientes, no contemplándose el endeudamiento como fuente de financiación, y no especificándose si se prevé utilizar los márgenes existentes de autonomía tributaria. Por otra parte, las perspectivas de ahorro presupuestario parecen muy optimistas, pues crece en todo el período, pasando de representar el 10,3% de los ingresos corrientes en 2002 al 12,6% en 2005. En relación con los gastos no se ofrece ningún detalle de los fundamentos económicos que conducen a la asignación propuesta, por lo que se hurta a la discusión un elemento central del debate, es decir, la coherencia y jerarquía de las políticas y la idoneidad o no de los criterios de asignación. En conclusión, el Observatorio Económico de Andalucía estima que con el Plan Económico Andalucía Siglo XXI se ha desaprovechado la oportunidad para analizar la situación socioeconómica de la región y elaborar una estrategia de desarrollo consecuente, por basarse en un diagnóstico autocomplaciente y poco operativo, por la ausencia de un proyecto de política de desarrollo novedoso y por el mantenimiento de políticas cuya eficacia no está demostrada y que han sido cuestionadas en muchos casos. La concertación social en Andalucía (Mayo 2003)

Siendo la concertación social una práctica política que ha generado resultados positivos en distintos países y épocas reduciendo los conflictos sociales, su práctica generalizada y reiterada en Andalucía no ha generado unos resultados evaluables claramente positivos, mientras que ha propiciado algunos efectos no deseables. Por ello, sobre la base de las consideraciones anteriores, el Observatorio Económico de Andalucía sugiere que: • La concertación se reconduzca desde los macroacuerdos reiterados y con escasa justificación, a acuerdos concretos motivados, y a aquellas materias en las que el concurso de los agentes económicos y sociales se hace recomendable por su aportación. • El gobierno regional debe elaborar sin restricciones los planes y programas nece-

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sarios para la formulación de sus políticas y su contenido debe ser debatido en el Parlamento. En particular, los acuerdos de concertación que afecten a programas político-económicos de cierta entidad deberían ser analizados y aprobados por el Parlamento. Es imprescindible que mejore la transparencia de los contenidos de la concertación, pues, aunque existan informes de seguimiento, no se conocen las contrapartidas que reciben los agentes. En particular, la información de todos sus contenidos, pagos y transferencias debe ser pública y fácilmente accesible a los ciudadanos. Y la Cámara de Cuentas debe auditar la ejecución de los acuerdos, incluyendo a las empresas e instituciones colaboradoras de los agentes económicos y sociales. La concertación debe ser evaluable en cuanto a su eficacia y eficiencia, lo que exige establecer indicadores razonables en su formulación y evaluación externa, que no se limite a un mero control financiero de las aplicaciones presupuestarias. En los posibles acuerdos de concertación deben participar otras organizaciones sociales que puedan hacer aportaciones para mejorar la definición y aplicación de las políticas gubernamentales, máxime si se incorporan instituciones con enfoques innovadores. Además del objetivo perseguido, permitiría enriquecer las instituciones civiles andaluzas. La práctica de la concertación no debe sustituir ni hacer subsidiario al Consejo Económico y Social de Andalucía, que es la institución concertadora por excelencia. Estimamos recomendable la reconsideración de la composición de este órgano representativo, dando cabida a la representación de otras organizaciones sociales actualmente ausentes del mismo.

La reforma del modelo de financiación autonómica (Octubre 2005)

En tan solo 25 años España ha pasado de ser uno de los países más centralizados del mundo a uno de los más descentralizados… Este rápido e intenso proceso de descentralización ha permitido un acercamiento de la toma de decisiones públicas a las preferencias ciudadanas, pero también presenta algunas limitaciones que merecen considerarse en la perspectiva de una reforma constitucional y del sistema de financiación autonómica: la no consideración de la eficiencia en el gasto de los recursos públicos…, su excesiva complejidad técnica para justificar acuerdos políticos…, no inclusión de los sistemas forales… En torno a ese debate, deberían tenerse en cuenta algunas consideraciones: • Las balanzas fiscales, esto es, el saldo entre los ingresos públicos recaudados y el gasto público imputado a cada territorio, han sido esgrimidas para condicionar la reforma del sistema de financiación autonómica. Aun reconociendo su validez como instrumento de análisis, el debate en este punto confunde redistribución personal de la renta con solidaridad interregional y financiación territorial. No creemos, por tanto, que el debate deba fundamentarse en las balanzas fiscales, y ha de eliminarse de la discusión el establecimiento de topes de solidaridad.

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• El Estado debe realizar funciones económicas no descentralizables como son la política de equilibrio territorial, la redistribución personal de la renta, la garantía de la unidad de mercado o la política de estabilidad económica. • La legítima defensa de los intereses de cada C.A. ha de ejercerse en un marco de responsabilidad, de forma que el sistema de financiación resultante no sea un equilibrio político ajeno a la racionalidad económica. • La inversión pública estatal debe estar informada por los principios de solidaridad y eficiencia. • La aplicación práctica de los sistemas forales debe ser reconsiderada porque su resultado muestra una evidente falta de equidad respecto al resto de haciendas territoriales. Entendemos que su generalización a otras partes del país no sólo vulneraría principios constitucionales básicos sino que también resultaría financieramente inviable. • El sistema de financiación autonómica debe derivarse de un acuerdo entre el Estado y las CCAA, por lo que han de descartarse negociaciones bilaterales entre el Estado y cada comunidad autónoma. • Prácticamente culminado el proceso de transferencias, los esfuerzos necesitan concentrarse en la introducción de mejoras en la gestión de los recursos públicos, en una clara apuesta por su uso eficiente y eficaz, a fin de evitar la simplista receta de incrementar la presión fiscal para satisfacer necesidades de gasto. • El modelo de financiación debe asegurar la suficiencia financiera de las CCAA para la prestación básica de los servicios públicos. • Es preciso profundizar en la responsabilidad fiscal de las CCAA, de tal forma que los incrementos discrecionales de gasto público sean financiados por los recursos que sean capaces de allegar a través de sus tributos propios y compartidos. • Debe dotarse al sistema de mayor sencillez técnica y transparencia para que su funcionamiento sea más visible al ciudadano. • El sistema necesita combinar su estabilidad en el tiempo con la posibilidad de acomodar modificaciones, bajo el cumplimiento de estrictas condiciones para la reforma. El acuerdo de financiación para Cataluña (Enero 2006)

• Rechazamos que un acuerdo bilateral alcanzado con los representantes de una comunidad autónoma establezca las bases que determinarán el futuro modelo de financiación autonómico para todas las CCAA de régimen común. • Un nuevo sistema de financiación autonómica debe derivarse de un análisis y debate sosegado basado en criterios técnicos razonables, por lo que rechazamos las bases de un sistema que responde a equilibrios políticos coyunturales y en el que no se abordan ni la superación de las limitaciones técnicas del sistema vigente ni se reconsidera la liquidación de los sistemas de financiación de las comunidades forales. • Compartimos la oportunidad de aumentar la corresponsabilidad fiscal de las

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CCAA y de la posibilidad en consecuencia de aumentar su autonomía fiscal. Pero llamamos la atención sobre: a) La necesidad de que la responsabilidad fiscal… se visualice con claridad por los contribuyentes para que pueda incidir… en la mejora de la eficiencia del gasto público. b) Creemos que la considerable elevación de los tramos autonómicos del IRPF, IVA e IIEE propiciará un exceso de suficiencia financiera en algunas CCAA… Los nuevos criterios de determinación de las necesidades de financiación de las CCAA deben acordarse sobre la base de una propuesta de expertos de carácter no partidocrático. Su interpretación debe corresponder únicamente a la administración central del Estado. Denunciamos las estimaciones políticamente interesadas sobre las supuestas ganancias o pérdidas de ciertas CCAA con el nuevo sistema, cuando se desconocen variables como las que determinarán las necesidades de gasto de cada comunidad. Es previsible que con la resultante de la aplicación del nuevo sistema aumenten los ingresos de todas las CCAA gracias al aumento del gasto público del conjunto del Estado, lo que se sumará al elevado crecimiento experimentado en los últimos años. Este probable aumento generalizado del gasto público de todas las CCAA actúa en contra de la necesaria tensión por la eficiencia y el control del gasto público. El reconocimiento formal de una deuda histórica del Estado con Cataluña nos parece inaceptable porque propiciará una espiral de agravios. La territorialización de la inversión en infraestructura en relación al PIB, la población o cualquier otro indicador de forma rígida constituye una aberración, y su generalización en el conjunto de las CCAA un imposible. Las decisiones de inversión deben estar informadas por criterios de equilibrio territorial y eficiencia. Una cierta descentralización de los servicios tributarios puede resultar conveniente, pero es preocupante que la creación de agencias tributarias pueda generar pérdidas de información, falta de cooperación en la persecución del fraude o la desprofesionalización del personal dedicado a esta función.

Posicionamiento del Observatorio Económico de Andalucía sobre una nueva política económica para Andalucía (Abril 2008)

El origen de la crisis se encuentra en el interior de Andalucía, aunque el factor que ha provocado la precipitación de los acontecimientos haya sido la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y su rápida expansión a través del sistema financiero internacional. El fuerte crecimiento de la economía andaluza de los últimos años se ha basado, como en el resto de España, en la construcción y en el sector inmobiliario y en la fortaleza de una demanda interna cuyas consecuencias en términos de endeudamiento privado y necesidades de financiación exterior lo hacían insostenible a medio y largo plazo.

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El alcance de los cambios económicos que se vislumbran va más allá de una simple transición cíclica… La globalización modifica radicalmente el mapa mundial de la producción y del crecimiento, fijando nuevos parámetros para la competencia… Andalucía tiene que adoptar un nuevo patrón de crecimiento… Puede que la sociedad andaluza no haya podido, o sabido, aprovechar las posibilidades de un periodo de crecimiento tan intenso para fijar unas bases más sólidas que las actuales sobre las que proyectar el futuro de su economía, que, en cualquier caso, habrá que afrontar con menos ayudas financieras procedentes del resto de Europa, en un contexto hostil a la profundización en la solidaridad interregional dentro de España, con una mayor presión competitiva en el exterior y con el encarecimiento de los suministros básicos. Desde el punto de vista de las acciones coyunturales, cabe esperar de la Junta de Andalucía medidas paliativas de las consecuencias de la desaceleración…, pero conviene descartar cualquier otra pretensión de utilizar el presupuesto público con la finalidad de influir sobre la demanda a corto plazo. Es tiempo de reformas estructurales (que es un terreno en el que el gobierno regional tiene a su disposición un amplio abanico de posibilidades derivadas de su marco de competencias), así como de programas de apoyo a la consolidación de actividades emergentes. La revitalización de su capacidad para competir con el exterior se traduce en exigencias de recomposición de los parámetros de eficiencia de su economía. Una vía es la capitalización (en los aspectos tecnológico y humano) y la otra la reforma de las administraciones públicas regionales (Junta de Andalucía y corporaciones locales)… La educación es la base del capital humano y del capital tecnológico… Andalucía también debe impulsar nuevos incentivos de progreso personal que incluyan el estímulo a la formación continuada, las relaciones con el exterior y la movilidad laboral. También debe modificar el marco de relaciones con el sector empresarial privado. Por un lado, sustituyendo el actual sistema de subvenciones públicas a la inversión privada, tan proclive al clientelismo y a la figura del «buscador de rentas». Por otro, debe revisar en profundidad el sentido de la concertación social, tan opaca y presumiblemente costosa como difícil de justificar en términos de eficiencia. Por último, la Junta de Andalucía tiene que realizar un ejercicio detenido de evaluación del grado de intervención pública que deriva de su política económica… La Junta de Andalucía debe aprovechar la oportunidad para volver a plantear el viejo proyecto de reforma de las administraciones públicas regionales, incluyendo la revisión de su tamaño y de su coste para el contribuyente… En particular, se hace necesario revisar la proliferación de empresas públicas y otras sociedades mercantiles impulsadas… para solventar problemas de ineficiencia de las unidades responsables (ya que) habitualmente termina conformándose una situación de despilfarro derivado de una administración paralela a la responsable, a la que, sin embargo, no desplaza.

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Crisis económica y cambio de modelo productivo (Mayo 2009)

La especial repercusión que la crisis económica internacional está teniendo en Andalucía es consecuencia, por un lado, de su particular exposición a los dos principales agentes desencadenantes del proceso (el sector inmobiliario y el sector financiero) y, por otro, a las implicaciones derivadas de sus desventajas estructurales para luchar contra sus consecuencias y afrontar la recuperación. El mayor deterioro de la economía andaluza es también el reflejo de la debilidad del tejido industrial, del bajo perfil competitivo en el sistema productivo y de la fragilidad de un mercado de trabajo que en los últimos años ha desarrollado uno de los niveles de temporalidad más elevados de España. Andalucía tendrá que afrontar en algún momento los programas de reformas estructurales que todo el mundo reclama, pero sobre todo tiene que plantearse de una manera decidida una alternativa al fracasado modelo económico de concertación social que ha funcionado durante las dos últimas décadas. En lo que se refiere a las políticas de reformas estructurales, los temas que requieren una atención prioritaria en Andalucía son prácticamente los mismos que ya estaban planteados con anterioridad a la irrupción de la crisis económica: … la reforma de las administraciones públicas regionales (autonómica y local), con el fin de reducir su tamaño, evitar duplicidades de funciones y organismos y elevar los actuales niveles de eficiencia en la prestación de servicios... Por otra parte, el compromiso de la Junta de Andalucía de apoyo a los emprendedores aconseja revisar en profundidad la carga burocrática que tienen que soportar los administrados… La búsqueda de un nuevo marco de relaciones laborales que acabe con la actual fragilidad del mercado de trabajo andaluz obliga a coordinar iniciativas que afectan a competencias de ámbito estatal con otras autonómicas… Donde la necesidad de reformas se percibe con mayor claridad es en el ámbito de las políticas activas de empleo y, en particular, en la formación continua y no reglada, cuyo tratamiento debería plantearse en el contexto de una reforma educativa de amplio espectro que aborde de una vez por todas las graves deficiencias que la comunidad autónoma arrastra en esta materia. Mejorar el funcionamiento de determinados mercados (la vivienda y el financiero son los más evidentes), pero también se debe facilitar la liberalización (mejora de las condiciones de competitividad) de algunos servicios fundamentales, como las telecomunicaciones, la energía eléctrica, las actividades comerciales o los seguros. Reforma en profundidad del sistema educativo andaluz… desplazando el énfasis de la educación en conocimientos hacia la formación en habilidades, abordando el problema de ausencia de oferta cualificada en determinados ámbitos de actividad… revisar su actual modelo de enseñanza universitaria (admitir una presencia más significativa de la oferta privada…, profundizar en el concepto de distrito universitario único… impulsar… los intercambios y la proyección internacional del sistema. En el ámbito de las políticas de oferta se proponen los siguientes objetivos y pro-

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puestas: … Las preferencias en materia de estímulos fiscales deben dirigirse hacia la industria y hacia empresas que operen en mercados exteriores… Los incentivos públicos a las empresas privadas deben favorecer el desarrollo de emprendedores, pero sin provocar distorsiones en el mecanismo de ajuste de los mercados. Una definición precisa del ámbito de lo público puede constituir un eficaz incentivo a la aparición de actitudes emprendedoras… Andalucía necesita más sociedad civil independiente… la creación de un escenario despejado de incertidumbres y adecuado para la aparición de conductas emprendedoras exige restituir la credibilidad en los trabajos de diagnóstico, análisis y predicción que emanan de la Junta de Andalucía. Andalucía: crisis y recuperación. Las claves del cambio de modelo productivo (Enero 2010)

A medio y largo plazo, el principal objetivo de Andalucía tiene que ser mejorar la dotación de capital humano y tecnológico, lo que obliga a abandonar la tibieza de planteamientos en materia de política educativa y el paternalismo institucional en política científica y de innovación, del que frecuentemente se derivan incentivos perversos sobre el sector empresarial en materia de inversión en I+D+i. Todo proceso de reforma conlleva costes y beneficios, pero se justifican porque los segundos son mayores que los primeros y se distribuyen más homogéneamente entre la población. Uno de los problemas de los costes asociados a los procesos reformadores es que entre los perjudicados figuran los que disfrutan de posiciones de privilegio, que terminan por convertirse en uno de los principales obstáculos a la transformación. El OEA asume plenamente que el nuevo modelo de crecimiento sostenible debe ampliar la perspectiva mucho más allá de la economía y considerar la conservación de los recursos naturales y la profundización en los objetivos de contenido social. Todos ellos deben ser, no obstante, encajados en estrategias políticas a corto y largo plazo en las que el rigor de los planteamientos debe imponerse sobre el voluntarismo y la propaganda. Cada uno de los tres ámbitos señalados (el económico, el ambiental y el social) debe ser interpretado como restricciones del nuevo modelo en el corto plazo, es decir, como límites que definen las posibilidades de desarrollo del conjunto. De la misma manera que la conservación de los recursos naturales debe interpretarse como un límite a las posibilidades de desarrollo de las actividades económicas, los límites al crecimiento de los gastos sociales deben ser igualmente fijados en términos de sostenibilidad. Esto significa básicamente que las políticas sociales no pueden definirse al margen de las políticas económicas. El crecimiento del gasto en las políticas sociales no puede responder, en consecuencia, al voluntarismo de los dirigentes políticos en cada momento, sino que deben ajustarse a las posibilidades de la economía para financiarlas, sin afectar al mantenimiento de sus equilibrios fundamentales a largo plazo, como el paro, la inflación, el déficit fiscal o exterior, etc. El mayor atractivo del enfoque de la sostenibilidad es que obliga a conciliar los objetivos a corto y largo plazo, pero sobre todo que permite fijar como meta la elevación

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del potencial de crecimiento de la economía, sobre la base de la mejora del patrimonio natural y el capital social… En realidad, la única hipótesis posible de crecimiento a largo plazo es el aumento del potencial de producción, para lo cual es preciso reconocer las causas que impiden mejorar la competitividad, ampliar el stock de capital humano, tecnológico y cultural y el funcionamiento eficiente y racional de los mercados. Un programa de ajuste y competitividad para Andalucía (Marzo 2012)

La delicada situación económica deviene del impacto de la crisis en una economía desequilibrada y con escasa competitividad como la andaluza (como consecuencia, entre otros factores) del funcionamiento de las administraciones públicas andaluzas y la política económica que se ha aplicado… La crisis financiera internacional no ha sido más que catalizadora de una serie de desequilibrios que llevaba años acumulando la economía andaluza y que ahora quedan al descubierto… El diagnóstico pone de manifiesto que, durante los más de treinta años de autonomía política, Andalucía ha experimentado un crecimiento semejante al resto de España, por lo que se ha mantenido tan lejos de la media nacional de renta per cápita como al principio del periodo… El desequilibrio entre el gasto y la renta regionales ha sido una constante en el periodo autonómico. Un desequilibrio cubierto con financiación exterior procedente de transferencias públicas de la Unión Europea y del resto de España. Pero estas transferencias fueron insuficientes en el reciente periodo de expansión para cubrir la necesidad de financiación externa, que alcanzó el 17,4% del PIB en 2007, lo que obligó a un abultado endeudamiento… La política económica andaluza no se enfrenta a problemas coyunturales, sino a sus limitaciones competitivas y a las consecuencias de los excesos y desajustes del pasado reciente. Se exige, por tanto, una política de largo alcance para entrever un futuro de prosperidad a medio plazo… Deben abordarse dos tipos de políticas…, un ajuste para corregir los desequilibrios económicos y una política de competitividad que permita mejorar la capacidad de nuestro sistema productivo para generar rentas y empleo. La política de ajuste debe reducir el peso del sector público andaluz y redefinir algunas de sus políticas para cumplir las exigencias de estabilidad presupuestaria… se propone ajustar el empleo público…, reducir los cargos políticos del gobierno andaluz… prescindir de las diputaciones provinciales, fusionar ayuntamientos con baja población, aumentar la cooperación en las administraciones locales a través de consorcios o mancomunidades…, abordar una reforma en profundidad de los entes públicos adscritos a las administraciones buscando, entre otros efectos, no duplicar funciones con centros directivos…, adecuar (el Estado del Bienestar) a sus posibilidades reales de financiación…, sustituir políticas tradicionales (vivienda en propiedad, p. e.) por otras más racionales (vivienda en alquiler)…, revisar las subvenciones generalizadas a empresas…, instar la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas…, instar a

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la aprobación de una Ley de Financiación de Entidades Locales que cubra los servicios públicos básicos. La política de competitividad debe favorecer la ampliación y mejora del tejido productivo, lo que exige recursos humanos más cualificados, más empresas, de mayor tamaño y más abiertas a la competencia internacional, innovación y desarrollo tecnológico, un marco normativo más simplificado y estimulante para la actividad productiva, instituciones públicas eficientes; la política de desarrollo debe identificarse con una política de competitividad y, más precisamente, con una política de colaboración con las empresas y empresarios más innovadores, capaces y competitivos… Se proponen las siguientes líneas de actuación: favorecer el buen funcionamiento de los mercados y erradicar los excesos intervencionistas, facilitar la actividad (de las empresas) y favorecer el reconocimiento social de su función, favorecer los procesos de concentración y colaboración empresarial, así como su internacionalización, limitar los incentivos financieros a las actividades que generen externalidades positivas, etc… Se aboga asimismo por la desaparición de los acuerdos generales de concertación, sin descartar los acuerdos sobre asuntos específicos, con responsabilidades directas de las organizaciones firmantes. Las administraciones públicas deben abordar su reorganización para contribuir a la competitividad de Andalucía, mejorando su calidad y eficiencia. Se insta a aumentar la transparencia en la gestión pública, adaptar su normativa y su práctica a los estándares europeos, profesionalizar la función pública, aplicar nuevas normas de gestión más flexibles, incrementar la independencia del empleado público del poder político, evaluar obligatoriamente (de forma pública y por entidades independientes) las políticas y los servicios públicos, rediseñar el Servicio Andaluz de Empleo, evaluar con rigor las políticas de formación, eliminar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (antiguo PER), replantear el mapa universitario andaluz e introducir el cheque escolar. En política de innovación y desarrollo tecnológico, se propone evaluar los resultados de las políticas aplicadas… e identificar los medios más eficientes de aplicación, así como priorizar el fomento de la investigación aplicada en las empresas, de la colaboración Universidadempresa y de la consultoría tecnológica. La inversión en infraestructuras debe venir determinada por criterios de racionalidad económica. El escenario presupuestario de las administraciones públicas andaluzas (Abril 2012)

La dimensión económica del sector público autonómico y local representa algo más de una cuarta parte del producto interior bruto regional, lo que viene a significar una de las mayores cuotas de influencia dentro del panorama regional de España. Un 70% corresponde a la Administración autonómica y un 30% a la local. Dentro de esta última, a su vez, el mayor protagonismo corresponde a los Ayuntamientos (85%). La financiación de las corporaciones locales andaluzas descansa esencialmente en las transferencias (más de la mitad del total de los ingresos en 2009) y en los impuestos

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(28%). Más de la mitad del gasto (54%) corresponde a costes de personal y a compras de bienes corrientes y servicios. La Junta de Andalucía no dispone de potestad normativa respecto a los impuestos… El hecho de que un 80% de la recaudación impositiva proceda de la imposición sobre la renta y sobre el consumo explica la alta dependencia de los ingresos del ciclo económico. Del total del gasto no financiero, un 44% corresponde a gastos de personal y de compras de bienes corrientes y servicios y un 2,4% a gastos de intereses de la deuda. Existe una carencia generalizada en toda España de indicadores representativos de la actividad productiva efectivamente desempeñada por las Administraciones públicas, así como de los grados de eficiencia y eficacia alcanzados. De una situación de superávit en el año 2007, la Junta de Andalucía ha cerrado con déficit (en una primera etapa, favorecido por una política de estímulo fiscal por la vía del gasto) los ejercicios siguientes. El saldo presupuestario de la Junta de Andalucía en 2011 se ha situado en el 3,22% del PIB, superando así notoriamente el objetivo contemplado en el Plan Económico Financiero (PEF) vigente (-1,3%) y, en menor medida, el saldo del conjunto de las comunidades autónomas (-2,94%). El desfase adicional generado, del orden de 2.800 millones de euros, obliga a elevar el nivel de endeudamiento por encima de la senda prevista. Aun en la proyección trazada en el PEF, el montante de la deuda autonómica más que se duplicaría entre finales de 2009 y finales 2013, al pasar de 11.354 a 23.907 millones de euros (7,9% y 14,8% del PIB, respectivamente). La carga financiera de la deuda se colocaría, bajo las hipótesis del PEF, prácticamente en el 8% de los ingresos corrientes. El presupuesto consolidado de la Junta de Andalucía para 2012 contempla un déficit de 2.294 millones de euros, lo que equivaldría a un 1,5% del PIB. El simple efecto del decrecimiento real del PIB, en lugar del incremento considerado como hipótesis, elevaría el déficit en algunas décimas del PIB, como consecuencia de la merma recaudatoria asociada. Naturalmente, la evolución efectiva se verá condicionada por la incidencia de los ajustes incorporados en los Presupuestos Generales del Estado, el impacto de otras medidas aprobadas por el Gobierno central, así como por las repercusiones que se deriven de una economía adentrada en una nueva recesión, de un mercado de trabajo atrapado en tasas de desempleo insoportables y una demanda interna deprimida. La amplia batería de medidas económicas aprobadas recientemente por el Estado está llamada a ejercer una notoria influencia (reduciéndolas) sobre la evolución de las finanzas públicas autonómica y local en Andalucía. Una visión de la ejecución de los presupuestos públicos en el curso de la última década permite apreciar que, al igual que ha ocurrido en el conjunto del Estado, se han adquirido compromisos estructurales de gasto basados en ingresos coyunturales, productos en gran medida del auge económico, que se han desinflado a raíz de la crisis...

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Lo que se presta a poca discusión… es que los gastos deben acomodarse tendencialmente a los ingresos o los ingresos a los gastos… Lo razonable sería, en un escenario de coordinación de las políticas económicas a escala española y europea, buscar fórmulas equilibradas para evitar que la ortodoxia requerida para la recuperación de la estabilidad presupuestaria lastre cualquier posible recuperación de la actividad económica y acentúe los desequilibrios que se pretende corregir. La reactivación de la contratación laboral. Una prioridad para Andalucía (Julio 2013)

Las políticas activas de empleo siguen sin ser el instrumento fundamental de las autoridades laborales, y las aplicadas hasta ahora no han demostrado la eficacia que se esperaba de ellas. Sin embargo, las autoridades y agentes sociales encargados de su implementación siguen tomando decisiones sobre las mismas sin la más mínima evaluación de sus resultados. Esta situación es inaceptable, pues más de tres millones de desempleados llevan más de un año en paro y una proporción similar no cuenta con la cualificación mínima necesaria para los puestos de trabajo vacantes. Por ello, parece claro que sin un rediseño de dichas políticas muchos de estos trabajadores corren el riesgo de quedar excluidos del mercado de trabajo… La situación es peor que la existente antes de la crisis. Tenemos tres tipos de contrato indefinido y ocho tipos de contrato temporal en España. Considerando, además, las modalidades específicas diseñadas en distintos momentos del tiempo para acomodar circunstancias diversas y las bonificaciones específicas a varios casos, se pueden listar hasta 15 modalidades distintas de contratación indefinida y 20 modalidades de contrato temporal. El juego de las bonificaciones y los costes de despido de algunas de estas figuras contractuales da lugar a situaciones perversas que dificultan la creación de empleo estable y de alto valor añadido… (Hay que) rediseñar todo el sistema de modalidades de contratación para conseguir dos objetivos: primero, reducir el coste laboral no salarial de las nuevas contrataciones, sobre todo de las estables, y segundo, que dicho coste aumente muy gradualmente con la antigüedad del trabajador para evitar incentivos artificiales al despido. Con dos o tres modalidades contractuales sería suficiente para acomodar todas las necesidades de contratación de las empresas españolas. Un contrato de formación bien diseñado puede servir para introducir a los jóvenes sin experiencia en el mercado de trabajo. Un contrato de interinidad puede cubrir la mayoría de las necesidades puntuales de sustitución de trabajadores en las empresas españolas y, por último, un contrato indefinido y flexible (el conocido como contrato único), a tiempo completo o parcial, con indemnizaciones crecientes y dos escalas de indemnización (para recoger las causas de despido procedente e improcedente) puede y debe cubrir la mayor parte de las necesidades de contratación de las empresas. Hay un amplio consenso entre los agentes sociales y políticos para rechazar medidas

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como éstas. Todos parecen defender que sigamos instalados en esta extrema dualidad laboral entre temporales e indefinidos. Esta situación es especialmente injusta para los jóvenes. A éstos, las actuales normas laborales les condenan a seguir atrapados en un terrible bucle de rotación entre contratos temporales y situaciones recurrentes de desempleo. Además, esta extrema dualidad que padecemos es la principal responsable de que sigamos con un modelo productivo que se ha especializado desde hace décadas en actividades de poca innovación y bajo valor añadido. ¿Qué hacemos con las políticas activas de empleo? (Junio 2014)

La información disponible sobre las políticas activas de empleo en Andalucía es escasa y fragmentaria. Existe muy poca transparencia sobre la financiación de estas políticas en el pasado reciente, así como sobre los procedimientos de asignación, evaluación y desarrollo de las mismas. Asimismo, es casi inexistente la literatura académica de evaluación de sus resultados… El gasto del Servicio Andaluz de Empleo en estas políticas en 2011 fue de 713 millones de euros (…) Lo fundamental en el mercado de trabajo andaluz es la escasa demanda de empleo, sobre todo para trabajadores poco cualificados. Por ello, la prioridad en Andalucía debe estar situada en la generación de nuevos proyectos empresariales, así como en el crecimiento de los existentes por la vía de la innovación y la apertura al exterior (…) En base a la evidencia nacional e internacional existente (sobre la efectividad de los distintos programas de políticas de empleo)… podemos llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones: …los programas de ayuda personalizada en la búsqueda de empleo son, en términos de coste-beneficio, una de las intervenciones más efectivas. Sin embargo son las menos desarrolladas en España… En Andalucía se ha decidido no avanzar por este camino al rechazar incorporarse al reciente Acuerdo marco de colaboración entre Agencias de Colocación y los Servicios Públicos de Empleo… Es necesaria una reorganización completa del Servicio Andaluz de Empleo para que ofrezca un servicio más ágil y vinculado a las necesidades de la estructura económica… debe complementarse con un sistema de incentivos y castigos para los desempleados. Los programas de formación que mejores resultados presentan… son los que se aplican a pequeña escala y cuando van acompañados de actividades de formación dentro de la empresa… los cursos de formación que reciben los jóvenes… generalistas, son de escasa efectividad… Esta política debe reestructurarse de manera casi completa, empezando por la concesión de manera competitiva de todos los cursos para que acaben siendo impartidos por las instituciones y empresas que demuestren… un mayor éxito… Deben tener también una completa evaluación a posteriori… Desarrollar un sistema de formación dual… (formación en el aula y en la empresa)… (que) deberían considerarse como una política educativa complementaria. Las subvenciones directas al empleo privado son solo un instrumento útil en la rein-

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serción de colectivos específicos entre los que destacan las mujeres de edad intermedia y los parados de larga duración y mayores de 45 años. Las ayudas a la creación de nuevas empresas sólo son eficaces si se eligen cuidadosamente sus beneficiarios…, trabajadores con un nivel medio-alto de formación así como al fomento de actividades empresariales en campos muy concretos. La creación directa de empleo público es la política activa que se ha demostrado menos eficaz… solo debería usarse para los individuos con graves problemas para acceder al mercado laboral y siempre que estos problemas no puedan ser solventados de otra manera. Simplificación administrativa y mejora regulatoria en Andalucía (Septiembre 2014)

Las medidas promovidas para reducir las trabas administrativas para las empresas son positivas pero insuficientes ante el exceso de burocracia que demuestran los datos disponibles. Se requieren iniciativas más profundas y efectivas. En particular, se sugieren las siguientes: • Reducir las cargas administrativas mediante un cribado de la legislación que suprima o reduzca obligaciones de información o evaluación, suprima la presentación de documentos superfluos o reduzca su frecuencia, o remita su presentación a la finalización de los procedimientos. • Agilizar el procedimiento administrativo: realizando los trámites de oficio (por ejemplo, inscripciones en registros) integrando diferentes procedimientos en uno solo, generalizando el silencio administrativo estimatorio (también en los informes), acortando los plazos de resolución y mejorando los formularios. • Desplegar un proceso de revisión normativa que reduzca el número de leyes y reglamentos, elabore textos que integren todas las modificaciones que han experimentado las normas a lo largo de su vigencia y publique la legislación consolidada en plataformas fácilmente accesibles. • Prohibir a los tramitadores de expedientes que exijan requisitos no explícitos. • Adecuar el marco regulatorio al tamaño de la empresa, evitando que las pymes soporten cargas desproporcionadas. • Implantar la evaluación de impacto normativo para las nuevas disposiciones. 7) Prestar asistencia a las entidades locales para que impulsen la simplificación, redactando ordenanzas-tipo, preparando manuales, imponiéndoles objetivos de simplificación e incentivos si los alcanzan, garantizando la prestación de los servicios básicos de administración electrónica, etc. Para optimizar la implantación de las técnicas de simplificación, a su vez sería necesario adoptar las siguientes medidas: • Atribución expresa de la competencia para impulso y coordinación de las iniciativas de simplificación administrativa a un órgano del máximo nivel político enclavado en el gobierno de la Junta de Andalucía.

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• Aprobación de un programa de actuaciones que articule la implantación de las medidas, con plazos específicos de ejecución, y verificación de su aplicación efectiva con revisiones periódicas y garantías de cumplimiento. La política presupuestaria de la Junta de Andalucía 2005-2013 (Mayo 2015)

La evolución del presupuesto de la Junta de Andalucía ha sufrido un notable impacto por la crisis económica y financiera, pues después de años de tendencia continuada al alza de ingresos y gastos públicos, la crisis ha obligado a recortes presupuestarios, si bien éstos se han producido con cierto retraso, pues hasta el ejercicio de 2009 el presupuesto fue creciente en euros constantes. Desde ese año se ha ido reduciendo hasta un 16,7% en 2013. Pero tanto o más significativo que el ajuste de los ingresos y gastos presupuestados son las desviaciones entre las cifras presupuestadas y las ejecutadas, de cuyo análisis las principales conclusiones son las siguientes: • Las mayores desviaciones de los ingresos presupuestados se producen en los impuestos indirectos (21,8% en 2008) y en las tasas y precios públicos (se supera el 40% varios años), en ambos casos a la baja. • La ejecución de los presupuestos de gasto muestra notables desviaciones con respecto a las cifras aprobadas en las leyes de presupuesto. La sistemática persistencia de desviaciones presupuestarias erosiona la credibilidad de las leyes presupuestarias. • La infraejecución de los gastos de personal y de bienes y servicios son notables, alcanzando el 50 y el 30% respectivamente. • Los gastos financieros se han duplicado entre 2005 y 2013. • Las inversiones reales son las que han sufrido el mayor ajuste por la crisis, con una disminución del 58% del presupuesto y desviaciones superiores al 50% en la ejecución. El menor coste político del ajuste de la inversión explica la notable reducción de este capítulo con trascendencia en el crecimiento a largo plazo. • Lo mismo puede decirse de las transferencias de capital, con fuertes desviaciones y semejante impacto negativo. • Los pasivos financieros se han multiplicado por 3,3 entre 2005 y 2013 como consecuencia del aumento de la deuda pública en un 390%. 3.4.2. Algunas reflexiones del O.E.A. Administraciones Públicas:

«La reforma de la Administración local». Sesión 88ª, Febrero 2013. Ponencia de Román Gómez-Millán La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local viene a sustituir a la de Bases del Régimen Local y tiene como objetivos racionalizar la estructura organizativa de la administración local, clarificar competencias y evitar duplicidades y favorecer el control financiero y presupuestario de los entes locales por las

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administraciones de superior nivel. Estos objetivos se concretarán en novedades, sobre las que el ponente señaló como las más importantes «el fortalecimiento de las diputaciones, ya que asumirán competencias de los municipios de menor tamaño, lo que conllevará la prestación de servicios comunes centralizados y la reducción de las estructuras administrativas y, por otro lado, también supondrá una revisión del sector público empresarial». Se apunta como positiva la definición con precisión de las competencias de las diferentes administraciones, para que «las locales no vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con financiación adecuada.» También se valora como positivo, dentro del objetivo de control financiero y presupuestario, que el gobierno establezca normas, procedimientos y criterios de control, auditorias y la regulación parcial de los funcionarios de la administración local. Desde el OEA se consideró negativo la no inclusión de objetivos en relación con la disminución del número actual de municipios, considerado excesivamente alto, para lo cual la obligatoriedad de fusiones para los de menor tamaño debería haber sido una de las cuestiones a regular en la nueva ley. Cultura y economía

«Economía y Cultura». Sesión 57ª, Febrero 2005. Ponencia de Carlos Rodríguez Braun «Un paradigma de liberalismo es El señor de los anillos, una obra contra el poder. Los sabios no lo quieren, porque son conscientes de su capacidad de destrucción, pero los hombres en el fondo desean poseerlo… El poder del anillo puede hacer muchas cosas buenas, pero es imprescindible frenarlo… El poder socava la convivencia, agita la disensión entre los buenos, y sólo salvan la situación los pequeños, los hobbits, el joven Frodo que se atreve a llevar el anillo hacia el mal... Tal es el mensaje liberal por antonomasia: el poder es peligroso, aunque pueda hacer el bien. Y la lucha por la libertad es una aventura constante, con peligros siempre al acecho, con amenazas dentro de la propia comunidad, para un héroe que, en máxima expresión de debilidad, siempre va descalzo… Se dirá que estamos hablando de vastas parábolas y no sobre economía. Sería un error. La economía no puede ser analizada independientemente de la sociedad y la política: ¿o es casualidad que cuando la economía de mercado desaparece, las libertades civiles y políticas hacen otro tanto? Para la economía vale también la idea de que el poder, ese poder que puede hacer cosas buenas, debe estar limitado». Desarrollo sostenible

«Internacionalización e Innovación». Sesión 89ª, Mayo 2013. Ponencia de José Domínguez Abascal.

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«El conocimiento y la innovación son las únicas vías para lograr un desarrollo sostenible en un mundo globalizado… Sólo es sostenible aquel desarrollo que se puede mantener en el tiempo, que permite mantener unas condiciones medioambientales similares a las actuales para las generaciones futuras y que sea participativo, es decir, que todos los ciudadanos puedan participar y disfrutar de él.» Un primer paso para alcanzar el desarrollo sostenible pasaría por el paulatino abandono de las energías fósiles, que suponen, para el ponente, una base insostenible de partida. Mantuvo, asimismo, que las emisiones de CO2 están generando un mayor impacto en el clima de lo inicialmente estimado, tal y como lo ha reconocido el economista británico Stern, uno de los coordinadores de los informes oficiales sobre este tema, quién dijo recientemente que «había subestimado los riesgos». Sobre la cuestión de si las nuevas técnicas de extracción de crudo y gas no estaban reduciendo el impacto de estas fuentes energéticas, afirmó que «también las mejoras en los rendimientos energéticos y en la reducción de costes están siendo muy rápidas en la mayor parte de los subsectores energéticos renovables, por lo que se equilibran las situaciones; pero es que, además, el efecto del uso de las energías fósiles tienen poco que ver con la fuente de la que procede originariamente… A medio y largo plazo, las energías no fósiles terminarán tomando el relevo de las que actualmente son la base del sistema.» Economía andaluza

«La agricultura andaluza en el contexto de la Política Agraria Común». Sesión 7ª, Marzo 1991. Conclusiones «La eficiencia de las explotaciones y su especialización deben ser el norte de la agricultura andaluza de hoy… Hay que reconocer que ni las instituciones ni los agricultores y sus organizaciones han sabido afrontar a tiempo las actuaciones precisas para adaptar las estructuras agrarias a las nuevas condiciones de la adhesión (a la UE)… Se ha debilitado el diálogo entre administraciones y agricultores, cuya reanudación se hace imprescindible para… arbitrar las medidas necesarias para la reconversión del sector agrario… que requiere implementar un sistema selectivo de subvenciones a la inversión si no se quiere que conlleve unos costes sociales excesivos.» «Andalucía, Región Europea». Sesión 11ª, Octubre 1992. Ponencia de Julio Alcaide Inchausti «Andalucía es una región europea desde el punto de vista geográfico pero menos cuando atendemos al aspecto económico… Es una región deprimida… con una economía estancada» que pese a algunos periodos de intenso crecimiento no consigue salir de esa situación, «con una estructura productiva que evoluciona de forma paralela y sub-

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ordinada a la de España y con un diferencial específico en su bajo índice de industrialización... Si no se produce una transformación sensible en el tejido industrial, no se dará un cambio radical en la economía andaluza». «Andalucía, Región Europea» Sesión 11ª, Octubre 1992. Conclusiones del O.E.A. «…Es de temer que el comportamiento en los años inmediatos de la economía andaluza no sea favorable… Hay que modificar el comportamiento que ha tenido la sociedad en general. Para ello, es necesario plantearse el futuro más hacia dentro, trabajando más y teniendo más en cuenta la economía real… Es necesario el concurso de todos los agentes sociales implicados… El aumento de la competencia por la creciente internacionalización de la economía obliga… a prestar más atención a las políticas sectoriales que tengan como objetivo la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Las posibilidades de financiación… están lastradas por el escaso nivel de ahorro privado, por lo que habrá que buscar fórmulas imaginativas que, sin vulnerar las restricciones comunitarias a la intervención pública, ayuden a resolver los cuellos de botella de nuestra financiación». «Maastrich, implicaciones económicas». Sesión 13ª, Febrero 1993. Ponencia de Rafael Illescas «En Economía, mucho más importante que cuánto se crece es cómo y porqué se crece, cuánto cuesta y qué consecuencias tiene, etc. En suma, ¿contribuye el crecimiento de la producción a la resolución de los problemas del espacio económico de que se trate?... La economía andaluza creció en la segunda mitad de los años ochenta no tanto porque fuese capaz de generar por sí misma actividad económica sino porque se benefició de inversiones exteriores determinadas por la favorable coyuntura y por la inversión pública… La economía regional no parece tener una dinámica propia capaz de autosostener su crecimiento… Es un espacio económico demasiado extravertido». «La economía andaluza no puede seguir subsistiendo con respiración artificial asistida y extracorpórea… Tiene que definir su propio perfil y buscar su propio hueco… promover la explotación de los recursos de que dispone contando con el exterior, pero no exclusivamente en función de él… Los agentes sociales tienen que asumir su responsabilidad de un modo distinto… Las administraciones públicas tienen que… compensar con política económica la excesivamente fuerte tendencia de «las fuerzas libres del mercado» hacia la concentración productiva y espacial de las actividades económicas… promover la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del aparato productivo regional… Y los empresarios lo que tienen que hacer es emprender. Basta ya de comprar un terreno barato por la mañana para venderlo caro por la tarde… (deben) combinar factores de producción para crear empleo y riqueza… Y los trabajadores han de apren-

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der a sentirse parte activa del aparato productivo, no meras piezas del mecanismo, asumiendo sus funciones con responsabilidad y ejerciéndolas con profesionalidad… Y los ciudadanos tienen que aceptar que acabó la feria del consumo, que la euforia colectiva tiene que convertirse en austeridad individual, para ahorrar más e invertir más.» «El Programa Industrial para Andalucía». Sesión 16ª, Febrero 1994. Ponencia de Rafael Myro «El logro de un crecimiento superior de la industria andaluza requiere un cambio estructural hacia producciones de mayor dinamismo en la demanda y más intensivas en tecnología, sin que ello signifique que tales actividades no guarden relación tecnológica y productiva con las ya existentes. El impulso de las actividades de modernización debe implicar a las empresas, fomentando la cooperación entre ellas; (no debe tender) a sustituir al mercado y sí incentivar la competencia. Debe encontrar, por ello, apoyo en organizaciones privadas y semipúblicas, como centros de servicios e institutos tecnológicos; es, pues, acertado el énfasis que se pone en la creación de centros de este tipo y en su naturaleza de entes privados. Estos centros son también fundamentales para orientar las actividades públicas de mejora del entorno empresarial. La menor eficiencia de éstas en los últimos años está relacionada con su instrumentación al margen del tejido productivo». «Las medidas de liberalización del gobierno de España». Sesión 24ª, Diciembre 1996. Presentación de Francisco Ferraro «La sociedad española es consciente de la necesidad de liberalización de la economía… Pero no seamos ingenuos; liberalizar significa que las zonas menos competitivas tendrán dificultades añadidas a las que afrontan en estos momentos. Y este es el caso de Andalucía. La respuesta a estas dificultades no puede venir en sentido negativo, sino de la puesta en marcha de políticas compensatorias bien diseñadas y, especialmente, bien gestionadas, algo sobre lo cual cada vez más se tienen que centrar las prioridades de las administraciones para los próximos años». «Empresas públicas y privatizaciones». Sesión 25ª, Marzo 1997. Conclusiones «La debilidad de la iniciativa privada andaluza ha sido (y es) un argumento habitual para defender la intervención del sector público… Pero cada vez hay más partidarios de que esa iniciativa pública no se traduzca en crear una empresa sino en apoyar y reforzar la iniciativa privada… En demasiadas ocasiones, la supuesta rentabilidad social (de la empresa pública) oculta la transferencia de rentas a particulares o grupos corporativos… La percepción del ciudadano medio sobre una privatización… es negativa como consecuencia de la pérdida de empleos que suele suponer el saneamiento de una actividad en

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pérdidas. Pero… se olvida la sangría de recursos públicos que el mantenimiento de la situación anterior generaba y los beneficios de aplicarlos a otras actividades posibles. «La iniciativa empresarial en Andalucía». Sesión 26», Abril 1997. Ponencia de José María O’Kean «La falta de espíritu empresarial se apunta como una de las principales razones del atraso económico andaluz… De los datos de la EPA se deduce que el tejido empresarial individual andaluz es escaso y genera poco empleo…, que sus miembros no están interesados en crecer, innovar, cooperar con otras empresas o implantar sistemas de calidad, apuntando estos mismos empresarios que es la falta de espíritu empresarial la principal causa de la falta de empresarios… Los empleadores es la única categoría de la población que sigue el mismo impulso que el PIB de España, encontrándose indicios de causalidad que señalan a los empleados como variable explicativa del crecimiento económico español de estos años… (Por el contrario) situaciones de insuficiencia de oportunidades de beneficio o de un tejido empresarial insuficiente son las razones del atraso económico… El desempleo vendría explicado más desde la insuficiencia del tejido empresarial que por el mal funcionamiento del mercado de trabajo.» «Análisis del Plan de Empleo Rural y de la Concertación Social en Andalucía». II Foro. Marzo 2003. Ponencia de Manuel Pérez Yruela «El principal efecto positivo de la concertación social es la paz social, llevar los conflictos a vías de arreglo, pero su impacto en Andalucía ha sido exagerado; sus efectos perversos son numerosos: alimenta el gremialismo… y el clientelismo…, lleva a una deriva no parlamentaria al hurtar el debate de las grandes cuestiones de índole económica, supone una negociación no por objetivos comunes a la sociedad sino entre intereses… supone una negativa al debate de ideas y distorsiona la representatividad ante el conjunto de la sociedad… El poder tiene demasiada capacidad para hacer un uso clientelar de su poder inductor sobre la articulación social… El corporativismo se debilita cuando no consigue sus objetivos declarados y los costes son mayores que los beneficios conseguidos.» «Ventajas y limitaciones para la localización empresarial». Sesión 46ª, Junio 2003. Conclusiones «Entre las limitaciones para la localización empresarial en Andalucía, el consenso entre los ponentes fue unánime al considerar la cualificación de los recursos humanos como una carencia muy seria para la decisión de ubicar una empresa en Andalucía, especialmente por el déficit de formación en idiomas, al que habría que añadir las limitaciones

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de la formación universitaria y profesional (especialmente notable resultó la ausencia de escuelas bilingües como limitación para la acogida de altos directivos y la ubicación de centros de decisión de la empresa). Con el mismo grado de acuerdo se consideró la escasa cultura empresarial en la región y sus efectos derivados: menores vocaciones empresariales, menor aceptación social del negocio, ausencia de cultura empresarial a largo plazo... Otros factores considerados limitantes para la localización empresarial en la región fueron… la debilidad de la infraestructura científica-tecnológica y la falta de centro de regulación de las nuevas tecnologías;… la ausencia de especialidades productivas notables en la región, el menor desarrollo de la industria auxiliar y la escasa internacionalización de la empresa. En conclusión, si bien no existen graves inconvenientes para la localización empresarial en Andalucía, tampoco existen unas ventajas suficientemente potentes y relevantes como para que las empresas que operan en mercados globales elijan Andalucía como localización de sus sedes.» «China: realidad y perspectivas económicas». Sesión 50ª, Febrero 2004. Conclusiones «La extraordinaria expansión de la economía china en los mercados internacionales debería ser fuente de especial preocupación en Andalucía, dado que una buena parte de nuestra capacidad competitiva reside en los bajos salarios relativos y en productos con escaso valor añadido, que justamente representan la fortaleza de las exportaciones chinas. Pero también China representa un mercado potencial de 1.300 millones de personas y un atractivo destino para la inversión, como pone de manifiesto la concentración de la inversión internacional en este país en la última década. Por ello, si bien el desenvolvimiento económico chino puede suponer riesgos de competencia comercial y potencial deslocalización para economías como la andaluza, también es una oportunidad para que las empresas redoblen sus esfuerzos para aprovechar, dentro de sus posibilidades, las grandes oportunidades que ofrece el mercado chino. En la actualidad, sólo el 1% de las exportaciones españolas y el 0,2% de las andaluzas tienen como destino el mercado chino y la lejanía física y la escasez de relaciones históricas y culturales representan obstáculos adicionales. Por ello, se hace necesario concentrar los esfuerzos de las empresas andaluzas, en colaboración con Extenda, para que el fuerte crecimiento de la economía china deje de ser contemplado como una amenaza y se convierta en nuevas oportunidades de comercio e inversión.» «Desarrollo empresarial». Sesión 97ª, Marzo 2014. Ponencia de Ignacio Osborne «Los dos grandes problemas del empresariado andaluz son: que somos pocos y que somos pequeños. Andalucía requiere de más empresas y de mayor tamaño que las que

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existen actualmente… Por muy pequeña que sea una compañía, se debe pensar a nivel mundial… El mundo está cambiando a una velocidad tremenda... La cuestión de adaptarse a las circunstancias cambiantes es la misma para una red social que para una marca tan antigua como Veterano: la innovación constante es la clave.» «Aunque soy consciente del drama social de los parados y de los costes sociales de la crisis, creo que los cambios que se están produciendo van conduciéndonos hacia una sociedad más transparente y honesta, donde se valora más el esfuerzo y se están acabando los sueldos astronómicos de hace unos años. Debe comenzar a calar una mayor consciencia de la sociedad con la honestidad, incluida la fiscal.» «Por otro lado, hay que incentivar la búsqueda de trabajo antes de que se acabe el paro y no en el último tramo del período de cobro del subsidio….Una sociedad civil bien organizada es muy importante para el desarrollo económico de un territorio… El vaciamiento de la caja de las subvenciones va a traer consigo una mejora de la competitividad de las nuevas empresas que salgan, pues se van a ponerse en marcha por el negocio, no por la captación de la ayuda.» «¿Ha comenzado la recuperación económica?». Sesión 99ª, Mayo 2014. Ponencia de Francisco Ferraro «La recuperación no está llegando aún a Andalucía… no se ve con claridad cuál puede ser la actividad que sirva de motor a la salida de la crisis… se ve que el turismo crece, que las exportaciones lo han hecho con anterioridad aunque en los últimos meses parecen más ralentizadas… que el consumo privado mejora muy lentamente porque el paro no remite… Todo ello significa que no hay ningún indicio de una transformación en profundidad de la economía andaluza, con crecimiento de sectores de futuro y con mejora de su competitividad general. Hay proyectos de emprendimiento que reflejan una nueva actitud para asumir su futuro por parte de los jóvenes pero no hay una masa crítica suficiente para que llegue a convertirse en una dinámica transformadora de la economía. Por todo ello, más bien parece que la salida de la crisis en Andalucía estará muy subordinada a lo que ocurra en el conjunto del país y, en el mejor de los casos, la consolidación del crecimiento llevará años». «El futuro de la agroindustria y el papel de las cooperativas». Sesión 104ª, Noviembre 2014. Ponencia de Jerónimo Molina «El cooperativismo supone el 60% de la producción final agraria y el 30% de la producción bruta de la industria alimentaria españolas… al tiempo que el cooperativismo andaluz supone el 21,6% de las entidades españolas y el 31,2% de su facturación… Pero la industria solo aporta 40 céntimos de valor añadido por euro de la producción final agraria andaluza mientras que la media de España es casi 1 euro, la de Cataluña 1,8 y, como país destacado en este aspecto en la UE, Dinamarca alcanza los 3,5 euros

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por euro de P.F.A. danesa, casi nueve veces más que Andalucía… El reto para el cooperativismo andaluz es superar el fraccionamiento como primer paso para mejorar esa relación… La Ley de Integración Cooperativa puede favorecer la concentración de la oferta, priorizando las ayudas a aquellas entidades que tengan un tamaño adecuado para el mercado actual y mantenga las estructuras de primer grado, por su vinculación con el territorio, pero aliente la comercialización y transformación mediante estructuras de segundo grado… Del correcto desarrollo de la ley depende, en gran parte, el futuro del sector agroalimentario español, que de no adaptar su potente oferta a las demandas actuales, quedará relegado a un papel marginal, dependiente y sin capacidad para incorporar valor añadido.» El Estado del bienestar

«El Estado del Bienestar». Sesión 23ª, Marzo 1996. Ponencia de Julio Rodríguez «Es cierto que el Estado del Bienestar presenta problemas de ineficiencia, tiene escasa influencia sobre la reducción de las diferencias y que se encuentra ante una creciente inestabilidad… Igualmente, la prolongación de la crisis puede hacer que se profundice su quiebra, al reducirse los segmentos que aportan recursos a sus fondos… Su base fiscal está en crisis porque las retribuciones y aportaciones de profesionales y autónomos son difíciles de controlar… Por ello, debe estar en situación de constante readaptación y de transformación, para convertirse en un elemento de consenso. No obstante, hay peligros en el modelo liberal, incluso para la existencia del sistema democrático.» «El Estado del Bienestar». Sesión 23ª, Marzo 1996. Ponencia de José Luis Feito «¿Por qué no se tiene en pié el Estado del Bienestar socialdemócrata? Porque se ideó para sociedades en reconstrucción, muy activas y en situación de crecimiento fuerte; pero éste se detuvo hace años y los intentos de mantenerlo han convertido a las sociedades en vulnerables a los problemas concretos, lo que, al mismo tiempo, incrementa sus necesidades de financiación. Una reforma liberal parte de tres cuestiones: a quién y de qué situación proteger, quién y cómo debe hacerlo y cuánto. A la primera cuestión: a los más débiles y de las situaciones reales: paro, enfermedad y vejez; a la segunda: el Estado pero no necesariamente gestionados por él cuando otros agentes son más eficientes; a la tercera: tiene que guardar proporción con las posibilidades del Estado y no puede hacer que las condiciones de vida de los protegidos sean mejores que las de quienes viven de su propio esfuerzo… La transición hacia un Estado del bienestar más reducido o se hace progresivamente o se llega a la quiebra. Y ésta supondría que se hace una transición drástica y con condiciones mucho peores.»

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El mercado de trabajo

«Presente y futuro del mercado de trabajo». Sesión 21ª, Octubre 1995. Ponencia de Manuel Ramón Alarcón «Conviene señalar que los costes laborales en España están por debajo de los de Europa y, si incluimos los costes sociales, solo alcanzamos las 2/3 partes de los suyos; nuestras empresas distribuyen más beneficios y nuestra temporalidad en el empleo es mayor (1 de cada 3 en España frente a una media en Europa de 1 de cada 10)... La reforma laboral de 1994 fue presentada como una parte de las reformas estructurales y de política económica para afrontar los problemas del empleo… Es lo único que se ha hecho, siendo así que otros costes (financieros, fiscales, energéticos…) y la reforma de los colegios profesionales hubieran tenido más impacto en la competitividad que los costes laborales y no se han hecho.» «Presente y futuro del mercado de trabajo». Sesión 21ª, Octubre 1995. Ponencia de Juan Francisco Jimeno «¿Cuánto empleo es necesario crear para reducir el paro actual? Estimaciones elaboradas ponen de manifiesto que para reducir el paro son necesarias tasas de creación de empleo anuales del 4% durante diez ejercicios. Para ello, es necesario, cuando menos, que el PIB crezca a tasas anuales del 4,5/5%, y para ello hay que plantear cambios de calado en la política económica. En concreto, son necesarias medidas de política macroeconómica, en políticas sectoriales y especialmente en la actividad industrial, pero sobre todo medidas de remoción del mercado de trabajo que supongan una auténtica reforma de la legislación laboral actual, así como medidas de fomento del empleo.» «Presente y futuro del mercado de trabajo». Sesión 21ª, Octubre 1995. Conclusiones del O.E.A. «La economía está cada vez más mediatizada por un gasto público que continuamente ha ganado terreno al sector privado. Mejorar eficiencias, desreglamentar trámites, facilitar la actividad privada y eliminar monopolios deberían ser objetivos de los responsables de nuestras administraciones a fin de liberar recursos que se dirijan a la economía productiva… El crecimiento económico es la única vía para la creación estable de empleo… El O.E.A. considera preciso equilibrar las medidas de liberalización del mercado de trabajo con el mantenimiento de los sistemas de protección social y la legislación laboral.» Empresa pública y privatizaciones

«Empresas públicas y privatizaciones». Sesión 25ª, Marzo 1997. Ponencia de Álvaro Cuervo

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«La empresa pública se ha convertido en: a) un foco de mantenimiento de empleo por razones políticas; b) una fuente de rentas para personas determinadas (tanto trabajadores como directivos) sin justificación en la economía real; c) un sistema de transferencia de recursos a territorios y a otros entes privados, y d) en un nido de poder socio-sindical que genera una cultura funcionarial. La justificación de su existencia suele ser muy variada (nacionalismo, política territorial, de equilibrio social, etc.) pero éstas suelen ocultar razones de clientelismo político o de transferencia de rentas a segmentos sociales o territoriales concretos…» Por el contrario, «la fundamentación para que no exista la empresa pública es esencialmente económica, asentada en las enormes pérdidas que acumulan las existentes, que la transferencia de rentas que hace no logra el objetivo final de elevar el nivel de riqueza del colectivo o zona donde se ubica, que casi nunca es verdad que las actividades que desarrollan son estratégicas para el país, que hay consecuencias negativas para el tejido empresarial y que sus objetivos suelen ser variados y cambiantes, lo que dificulta el control de su cumplimiento». «Empresas públicas y privatizaciones». Sesión 25ª, Marzo 1997. Conclusiones «En Andalucía, la falta de tradición empresarial, junto a cuestiones culturales, sociales y, por supuesto, políticas, han confluido en crear un entorno social en el que el empresario no encuentra buen caldo de cultivo y de desarrollo. Así, la debilidad de la iniciativa privada andaluza ha sido (y es) un argumento habitual para defender la intervención de un sector público que, a veces, parece omnipresente no solo en nuestra economía sino también en nuestra vida. Pero cada vez hay más partidarios de que esa iniciativa pública no se traduzca en crear una empresa sino en apoyar y reforzar la iniciativa privada que existe en esas zonas de empresariado débil. «Las encuestas dicen que la mayoría de los españoles está en contra de las privatizaciones. ¿Por qué ocurre esto?… En demasiadas ocasiones, han sido los partidos que luego han privatizado los promotores de inquietud en la ciudadanía… Muy importante es, igualmente, la negativa tajante de los sindicatos a cualquier privatización, así como su forma de trasladarla a la opinión pública. La percepción del ciudadano medio sobre una privatización, a través de los medios de comunicación, es negativa como consecuencia de la pérdida de empleos que suele suponer el saneamiento de una actividad en pérdidas. Pero, de una parte, se olvida la sangría de recursos públicos que el mantenimiento de la situación anterior generaba y los beneficios de aplicarlos a otras actuaciones posibles y, de otra, es lógico que no se perciba con igual inmediatez el resultado de una actuación cuyos resultados solo al cabo de cierto tiempo pueden ser positivos por la reconducción de un proceso de crisis.»

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Financiación autonómica

«Financiación autonómica». Sesión 32ª, Marzo 2001. Ponencias de Martí Parellada y José Manuel Domínguez «El rápido proceso de descentralización ha provocado una acusada asimetría en el desarrollo del gasto y los ingresos autonómicos. Por una parte, el gasto público en España ha experimentado una elevada descentralización, similar a la autonomía del gasto existente en los estados federales de nuestro entorno económico… Sin embargo, desde el lado de los ingresos impositivos, todavía se mantiene una elevada centralidad por el acusado porcentaje que representan las transferencias estatales a las CC.AA. (del orden del 70% del total de los ingresos autonómicos). La falta de corresponsabilidad fiscal que incorpora el excesivo peso de las transferencias conlleva consecuencias no deseables: tensión entre los gobiernos central y autonómicos, que dificulta el control de los ciudadanos sobre los gobiernos regionales y obstaculiza los mecanismos de compensación para hacer efectivo el principio de solidaridad entre las CC.AA… Se observa cierta desigualdad en el reparto de los recursos (las comunidades de régimen foral reciben una financiación per cápita del orden de 1,8 veces la correspondiente a las comunidades de régimen común) y una insuficiente atención a las desigualdades en la situación de partida de cada comunidad y a la corrección de los desequilibrios interterritoriales.» «Balanzas fiscales y financiación autonómica». Sesión 95ª, Diciembre 2013. Ponencia de Santiago Lago «Utilizar las balanzas fiscales de las comunidades autónomas para establecer el sistema de financiación de sus administraciones significaría no cumplir el deber de equidad para con todos los ciudadanos españoles que tiene la administración central… Esto es así porque las balanzas fiscales lo que recogen es el efecto agregado de la redistribución entre los territorios que realiza la administración central a través de multitud de instrumentos tributarios y del gasto público, cuestiones que no dependen de la ubicación de los cotizantes sino de su riqueza… (Pero las balanzas fiscales sí ponen de manifiesto, entre otras cosas) las ventajas fiscales que se han concedido a algunos territorios de España, como el País Vasco, Navarra y Canarias… (y) dejan claro que algunas fuerzas políticas de los territorios más ricos que argumentan que España les cuesta dinero, abonan los intentos de sus ciudadanos más ricos para conseguir reducir el nivel de impuestos y cotizaciones que pagan, que no es sino el mismo que tienen los ciudadanos de su mismo nivel de riqueza de cualquier otro territorio. Por lo tanto, pedir la aplicación de las balanzas fiscales para establecer el sistema de financiación de las comunidades autónomas es pedir un privilegio».

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Finanzas y globalización

«Mercados financieros versus economía real». Sesión 20ª, Junio 1995. Ponencia de Eugenio Domingo Solans «No cabe establecer contraposición alguna entre la economía financiera y la economía real. Todo lo contrario: la financiación, el sistema financiero, constituye un medio, un instrumento, al servicio de la mejora de la producción real. Economía financiera y economía real constituyen las dos caras inseparables de una única moneda que es la economía… El mantenimiento de la estabilidad monetaria constituye un objetivo fundamental. El mayor peligro para el crecimiento de la economía real es la inflación, cuya acentuación hace efímero el proceso de expansión, máxime en una situación de mercados financieros altamente integrados cuyos operadores castigan evoluciones que juzgan peligrosas… Una política monetaria ortodoxa y decidida es el mejor aliado de la economía real al propiciar un crecimiento sano y duradero frente a la tentación de una expansión inflacionista que se revelaría distorsionante y efímera». «Mercados financieros versus economía real». Sesión 20ª, Junio 1995. Ponencia de Francisco Oña «Decía Luis Ángel Rojo que ha existido un desplazamiento de poder desde los gobiernos a los mercados, cuya consecuencia es la pérdida de autonomía de las autoridades nacionales en la elaboración de la política económica… y añadía… que las autoridades económicas harían bien en leer sin animosidad las prescripciones de los mercados y, sobre todo, mantener la casa en orden como condición necesaria, pero no suficiente, para evitar las perturbaciones generadas por los mismos… En resumen, planteaba que incurrir o no mantener una política firme contra los desequilibrios básicos financieros supone riesgos claros de quedar a merced de los mercados y, por tanto, dificultades para volver a la senda del equilibrio… ¿Es irreversible el proceso de liberalización y globalización financiera?... Solo el mercado de divisas mueve una cifra cercana a 15 veces el PIB del conjunto de países de la OCDE, un billón de dólares diario… El proceso está en desarrollo y nos encontramos en los inicios del llamado Mercado Financiero Global… Aunque de vez en cuando aparecen opiniones sobre la necesidad de detener o, al menos, ralentizar este proceso, quedan inmediatamente aparcadas… porque supondrían acuerdos también globales que parecen descartados.» El gobierno de la empresa

«El gobierno de la empresa». Sesión 45ª, Mayo 2003. Ponencia Vicente Salas Fumás «La regulación procurará que las empresas sean transparentes en cuanto a las trans-

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acciones entre ellas y los accionistas de control. Algo parecido ocurre con los códigos de buen gobierno. Su difusión y apoyo desde los órganos reguladores ayudará a los inversores a conocer mejor cuáles son las «buenas prácticas» en el gobierno empresarial y el conocimiento facilitará la aplicación de premios y castigos en términos de precio a pagar por las acciones. Pero además de facilitar el funcionamiento del mercado y la contratación privada, la regulación debe estar atenta a los efectos externos que todavía existen. Los casos de Enron y similares no solo han llevado a pérdidas importantes para sus accionistas, poniéndose de manifiesto la ineficacia de éstos para despedir a equipos directivos aprovechados, sino que ha provocado una desconfianza general en el sistema de protección de los inversores y, con él, hacia todo un modelo de sistema financiero hasta hace poco considerado por todos el mejor del mundo». La Gran Recesión

«La necesaria consolidación presupuestaria en España». Sesión 75ª, Junio 2010. Ponencia de Antoni Zabalza «No estamos en una simple bajada cíclica, sino en la crisis más profunda y de más duración desde la depresión de 1929… La causa básica es la enorme infravaloración del riesgo y consiguiente exceso de confianza que ha afectado a todos: reguladores, bancos, promotores inmobiliarios y familias… La crisis tendrá efectos estructurales de medio y largo plazo. Cuando las cosas se normalicen, seremos más pobres y el crecimiento potencial de la economía será inferior al existente antes de la crisis… Estamos asistiendo ya a una erosión estructural de la base fiscal y a una merma de la capacidad de actuación del sector público.» «Las autoridades españolas no tienen opciones alternativas respecto a la magnitud o al calendario temporal del ajuste… Será inevitable que suban los impuestos. El reto será, por una parte, obtener más ingresos y, por la otra, minimizar los costes de eficiencia y hacer que la carga del esfuerzo requerido esté justamente distribuida.» «La desconfianza de los mercados financieros internacionales no se centra ni exclusiva ni fundamentalmente en el endeudamiento del sector público, sino en el endeudamiento del sector privado… (El endeudamiento externo de las AAPP tuvo entre 2001 y 2009) un crecimiento anual sobre el del PIB del 0,7%. En el sector privado (estuvo) por encima del PIB del 16,5%.» «Salir de la crisis. Los desafíos de la competitividad». Sesión 81ª, Mayo 2012. Ponencia de Francisco Pérez «A nivel global, la crisis ha sido de corta duración pero solo para los países emergentes... Esto se debe a la coincidencia de una diversidad de factores: a) los cambios tecnológicos, sobre todo en el terreno de las tecnologías de la información; b) el avance de la globaliza-

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ción y de algunas integraciones regionales y la eliminación consiguiente de las barreras a los bienes y a los capitales internacionales, y c) que esos países han sabido aprovechar sus factores propios, han activado sus recursos y han sido capaces de comenzar a jugar un papel protagonista en la economía mundial». El ponente señaló que «en los últimos 20 años, EEUU y Europa han perdido 20 puntos porcentuales de participación en el PIB mundial» que los han ganado los emergentes y presentó como caso paradigmático de economía emergente «la conversión de China en el primer exportador mundial en apenas 20 años». «España se comporta de forma paradójica, ya que mantiene un excelente comportamiento exportador con un déficit comercial creciente. La respuesta es la existencia de una economía dual, en la que conviven unas empresas que son capaces de competir a gran nivel en los mercados internacionales, con un sistema productivo que no es competitivo ni en el exterior ni en el interior de las fronteras nacionales… Ahora nos encontramos en una crisis particularmente grave por la «mochila de desequilibrios» que se habían acumulado durante la fase de crecimiento anterior… exceso de endeudamiento…, falta de competitividad en una parte importante de nuestra economía… exceso de capacidad instalada… El colofón, la inversión se desploma, y con ella, el empleo y la recaudación fiscal, provocando un ahondamiento en la crisis». «España no fue capaz de corregir los desequilibrios en la medida que éstos aparecían y ahora nos encontramos con todos ellos golpeando a la vez. Nuestro crecimiento se produjo sin mejoras de productividad… (a causa de) la selección de activos poco productivos o directamente improductivos, como el suelo; las características de nuestro mercado de trabajo y nuestro capital humano; un tejido productivo con mucho peso de las microempresas y especializado en actividades poco sofisticadas e insuficiente competencia; y unos incentivos incorrectos en los que la rentabilidad no dependía demasiado de la productividad, la burbuja inmobiliaria». «Salir de una crisis de endeudamiento es muy complicado, pero hacerlo sin crecimiento es aún más difícil; (hay que) llevar a cabo acciones que mejoren la confianza general en España, como profundizar en las reformas laboral, financiera y del sector público... A medio plazo, el reto pasa por la empresa: nuestro tejido productivo debe hacerse más competitivo, mejorando en dimensión, profesionalizando la gestión, incrementando la internacionalización, ligando los costes salariales a la productividad y haciendo que la especialización productiva sea más intensiva en conocimiento… Pero también, haciendo un sector público menos tolerante a las ineficiencias, que evalúe más rigurosamente las inversiones, más profesionalizado y transparente». «Cinco años de crisis. Qué se ha hecho y qué falta por hacer». Sesión 83ª, Septiembre 2012. Ponencia de David Cano «EL PIB español en el año 2008 crecía de manera importante por la vía de la demanda interna más que por la demanda externa, haciendo que el crecimiento económico de

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España sobrepasara su nivel de sostenibilidad. Cuando se inicia el proceso de ajustes, la variable que más influyó en el crecimiento también es la que se trata de corregir con mayor ímpetu, mientras la demanda externa permite que el crecimiento no caiga de manera abrupta, otorgando un cierto tiempo para tomar las medidas necesarias para hacer frente a la situación, tiempo que no fue aprovechado. El ajuste de la economía española debe volver a los niveles del año 2003...» «En la actualidad se están haciendo los deberes para conseguir dicho objetivo, no obstante queda la parte más difícil del ajuste, la que toca a las instituciones públicas, que son muy sensibles a estos ajustes. En el transcurso de los años 2012 y 2013 deben realizarse estos ajustes para completar el objetivo y volver a tener las expectativas de crecimiento acordes a las capacidades productivas de España.» «La reestructuración bancaria». Sesión 84ª, Octubre 2012. Ponencia de Fernando Faces «La persistencia de la crisis económica y el desempleo creciente en España viene determinado en buena medida por haber dejado para el final la restructuración del sistema bancario… No se quiso reconocer la situación del sistema bancario en un principio y, cuando se empezaron a adoptar medidas, éstas fueron insuficientes y con falta de transparencia... Al final, las medidas que se van a aplicar vienen impuestas desde Bruselas y supondrán la dotación de unos 40.000 millones para capitalizar y sanear la banca y unos 60.000 millones de euros para dotar al banco malo.» Respecto a la creación de éste, el ponente dijo que «permitirá a las entidades sacar de sus balances unos activos que las penalizan», por lo que tal decisión «debe favorecer la recuperación de liquidez y solvencia y, a medio plazo… permitirá que las entidades vuelvan a dar créditos». En el escenario europeo, señaló que «hay que seguir avanzando hacia un escenario en el que se permita alcanzar en los próximos diez años la unidad bancaria… que deberá ir unida a una cesión de soberanía en temas presupuestarios y fiscales y que conllevará una regulación homogénea, un supervisor único, un fondo de garantía de depósitos único y mecanismos de resolución de problemas en los que estén implicados todos los países.» «El curso económico que nos espera». Sesión 92ª, Septiembre 2013. Ponencia de Emilio Ontiveros «Cuando la crisis se desencadenó en 2007, España concluía 11 años de crecimiento ininterrumpido con tasas medias interanuales del 3,5%, nuestra tasa de paro estaba en la media europea, no teníamos déficit, y teníamos el segundo nivel de deuda sobre PIB más bajo de Europa. Eso sí, había una enorme deuda privada y empresarial, casi

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completamente bancarizada. Cuando se cerraron los mercados de capitales, emergieron problemas de liquidez, que luego se transformaron en problemas de solvencia. Teníamos también el mayor déficit comercial del mundo en términos relativos. Nuestro sistema bancario se había endeudado para financiar la actividad económica pero el crédito se había dirigido en un 70% a un sólo sector. Europa aplicó indiscriminadamente una política de ajuste que a nosotros nos complicó aún más las cosas… Es altamente probable que en este tercer trimestre abandonemos la recesión… pero el problema es que, aunque en 2014 crezcamos, no lo vamos a hacer con la intensidad suficiente para reducir la tasa de paro, lo que realmente movilizaría el crédito bancario para poner en marcha la máquina económica.» «Se ha mejorado en aspectos importantes; España ha aumentado notablemente la propensión exportadora, con un carácter más estructural que coyuntural; no sólo aumentan las de bienes, también las de servicios... También parece que vuelve el interés de los inversores no residentes (no sólo en activos inmobiliarios, sino también en carteras de crédito)… No obstante, hace falta demanda interior y eso implica que debemos suavizar nuestra senda de ajuste convenciendo a nuestros socios europeos. Para salir de esta crisis hace falta inversión paneuropea… Hay que llegar a la Unión Bancaria ya (supervisor único y mecanismo común de resolución de crisis) para romper el enlace entre deuda pública y financiación bancaria. De concretarse estas circunstancias, habría razones para ser menos pesimistas que hasta ahora, pudiendo crecer después de 2014 a unos ritmos mejores que los estimados, y crear empleo.» «Bienestar y pobreza; el impacto de la crisis». Sesión 96ª, Enero 2014. Ponencia de Antonio Villar «La crisis está teniendo implicaciones sustanciales no solo en cuanto a la magnitud de sus efectos sino complejas en cuanto a su naturaleza… De esta crisis vamos a salir, presumiblemente, con una composición social diferente y un equilibrio regional distinto; con mayor desigualdad en ambas dimensiones… Los datos ilustran claramente la diversidad del efecto de la crisis sobre nuestras comunidades autónomas, cuyas causas parecen estar relacionadas con las diferencias en la estructura productiva y en el capital humano.» «Ha caído del gasto medio por unidad de consumo en más del 10 %...Lo que se está produciendo es un empobrecimiento importante de las clases medias, parte de las cuales se van deslizando hacia la pobreza, haciendo subir ligeramente su gasto medio con la consiguiente reducción del porcentaje de pobres (que no del número de pobres, puesto que la población equivalente ha aumentado)… (También puede decirse que) la crisis está comprimiendo la población en el espacio situado por debajo de la media, dado que la desigualdad ha seguido aumentado, lo que supone asistir a un proceso de polarización social cuyas consecuencias están todavía por determinar.»

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«Las desigualdades de renta en los países occidentales». Sesión 108ª, Abril 2015. Conclusiones. «El Observatorio Económico de Andalucía constata el elevado nivel que han alcanzado las desigualdades de renta en el mundo desarrollado, que está ralentizando la salida de la crisis económica y puede convertirse en un caldo de cultivo idóneo para el despliegue de actitudes y políticas que pueden ir en contra de la valoración social del sistema democrático y del modelo de economía de libre empresa... Estima que es necesario realizar una valoración de los efectos económicos del aumento de la desigualdad, al estar afectando no ya a los estratos de población con menor renta, sino también a la amplia clase media…» «La desigualdad de rentas ha crecido con la crisis económica pero no sólo es consecuencia de ella, puesto que su aumento se viene constatando a lo largo de las tres últimas décadas. Pero en el periodo 2007-2011, el 10% más pobre de la población de los países de la OCDE ha reducido su renta disponible el doble que el 10% más rico y tres veces más que la media… España es de los países que más ha visto aumentar esa desigualdad… En todo caso, el principal motivo del aumento de la desigualdad en España es la destrucción de empleo generado por la crisis». «El OEA considera necesaria una reevaluación de la política fiscal, que tenga en cuenta no solo los tipos impositivos, sino también las deducciones fiscales, intensificando la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, la no reducción de los gastos sociales para atender a los más perjudicados. Todas estas medidas… deben ser diseñadas de tal forma que no desincentiven la actividad de los agentes económicos… La cohesión social es un bien a mantener en una sociedad moderna y civilizada». La Unión Europea

«Andalucía ante el Mercado Único Europeo». Sesión 1ª, Abril 1990. Conclusiones. «La creación del Mercado Único Europeo supondrá un reforzamiento de las ventajas potenciales de un espacio económico ampliado. La reducción de la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de cambio y de los costes de transacción permitirá la aparición de economías de escala y contribuirá a que las empresas europeas se hagan más competitivas… El proceso…, sin embargo, plantea una serie de inconvenientes… Algunos inciden sobre la pérdida de autonomía y agilidad en la instrumentación de la política económica por parte de los Estados miembros. En cualquier caso, los aspectos negativos se hacen especialmente evidentes desde una perspectiva regional… (ya que) generará un impacto no uniforme, lo que contribuirá a acentuar las diferencias regionales, debido a la existencia en la actualidad de zonas donde el mercado funciona con una menor fluidez que en el resto».

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«Andalucía corre el riesgo de verse marginada del proceso de crecimiento que generará la creación del Mercado Único… La competencia se incrementará, por lo que tendrán que revisarse actitudes empresariales a seguir… Va a requerir una gestión más eficaz de la empresa privada y de la administración pública, una mano de obra más cualificada, la articulación de un tejido social menos subordinado a los poderes públicos…» «Maastrich, implicaciones económicas». Sesión 13ª, Febrero 1993. Ponencia de Rafael Illescas «Me atrevo a afirmar que el mercado interior no podrá proporcionar todas sus ventajas a los sujetos económicos privados, empresarios y trabajadores, si el uso de las grandes libertades comunitarias no se acompaña de una restricción efectiva de la «soberanía» económica de los estados miembros… Deben perseguirse las «desayudas» de Estado como no menos distorsionadoras de la posición económica de cada empresa… entre ellas, las operaciones estatales macroeconómicas son de las más incisivas». «Crecimiento económico y convergencia en la U.E.» Sesión 27ª, Diciembre 1997. Ponencia de Francisco Pérez «El modelo de convergencia económica de España está lastrado porque no se acumula capital al ritmo que se necesita en función del crecimiento de la población… Tenemos menos ocupados respecto de la población inactiva que la media de la UE y eso hace que no converjamos en renta per cápita. Casi todas las regiones españolas están convergiendo con la media europea, pero la desaparición de las monedas nacionales y la creación del euro, y su resultante de mayor integración económica europea, hará que el crecimiento y la riqueza se concentre aún más en las zonas donde se concentra la demanda, por lo que creo que las diferencias interregionales irán creciendo en esta nueva etapa». «Repercusión en Andalucía de la ampliación de la UE». Sesión 43ª, Octubre 2002. Ponencia de Joaquín Aurioles. «Las ventajas de la integración no van a llegar a los países mediterráneos en demasía porque éstos van a ser los más afectados por la competencia de los que se incorporan… Estos nuevos países van a ser competidores, además, por los fondos estructurales para ayudar a la convergencia regional que, por otro lado, se van a ir reduciendo ya que el crecimiento de la población en las regiones «Objetivo 1» les dará mayor peso en el conjunto de la UE… Y van a ser competidores también en la captación de inversiones exteriores.»

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«El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión». Sesión 110ª, Junio 2015. Ponencia de Rafael Salgueiro «Los obstáculos principales para los avances en la negociación se han detectado en las barreras técnicas y las diferencias de regulación entre las dos mayores áreas económicas del mundo. El ámbito no comercial, el de las inversiones de las empresas de un área en la otra, también se configura como una cuestión espinosa en las negociaciones. «La base ideológica para las dificultades a los avances (e incluso para las críticas que, en Europa, se hacen a lo que se conoce del estado de las negociaciones) son las diferentes filosofías económicas con que se encaran cuestiones como la seguridad alimentaria, las regulaciones de los mercados de trabajo, la normativa medioambiental, las protecciones a industrias concretas sensibles (las culturales, por ejemplo) y la actividad económica en su conjunto, más reglamentista en el caso de la UE y de carácter más liberal en los EEUU… «Como toda negociación, el acuerdo definitivo tendrá consecuencias favorables para unas actividades y desfavorables para otras, previsiblemente para las más competitivas en el primer caso, (pero hay que afirmar que) los sectores perjudicados lo hubieran sido a un plazo más mediano que largo ante la competencia que llega de otras economías mundiales, más activas e innovadoras que la europea.» Nuevas tecnologías e Innovación

«La incorporación de las nuevas tecnologías al aparato productivo». Sesión 3ª, Junio 1990. Ponencia de Francisco Ferraro «En una economía abierta y crecientemente internacionalizada, quedarse al margen de la revolución tecnológica es asegurar el subdesarrollo futuro. Pero si la modernización tecnológica ha de tener en las empresas transnacionales un medio de innovación difícilmente sustituible en una región subdesarrollada, los estímulos de atracción hacia estas empresas pueden quedar en iniciativas aisladas, en un desierto tecnológico, si tal política no es selectiva, con un control para la efectividad de los procesos de transferencia de tecnología y acompañado de incentivos a la investigación, utilización e integración productiva de los distintos agentes sociales de la región.» «La situación de las telecomunicaciones». Sesión 10ª, Marzo, 1992. Ponencia de Cándido Velázquez-Gaztelu. «Telefónica ha decidido adoptar una estrategia de operadora global de servicios de telecomunicaciones, trabajando en todos y cada uno de los servicios y lo hace no sólo en el territorio nacional, sino también en algunos países extranjeros. Este enfoque lo hace teniendo en cuenta que el mercado de las telecomunicaciones está caracterizado

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por los siguientes tres procesos: liberalización, desarrollo tecnológico profundo y globalización e internacionalización en los servicios». «El futuro de la política regional comunitaria: las nuevas políticas regionales de promoción de la innovación». Sesión 37ª, Noviembre 2001. Ponencia de Mikel Landabaso «La competitividad de las empresas no sólo está condicionada por su propia situación sino también, y no en menor medida, por la calidad de su entorno, concepto al que se denomina en ocasiones «competitividad estructural»… Las políticas públicas de promoción de la innovación deben ir principalmente encaminadas a crear ese entorno relacional que permita a las empresas, pymes en particular, acceder a los recursos externos capaces de facilitar su competitividad internacional… que van desde la creación de clusters y redes de cooperación interempresarial, pasando por… la promoción de emprendedores, incubadoras, provisión de servicios avanzados, incluyendo nuevas técnicas de gestión, formación en herramientas de la sociedad de la información, auditorías tecnológicas, ejercicios de prospectiva… valorización de los resultados de la investigación, servicios de transferencia de tecnología… nuevos sistemas de contratación de graduados/investigadores… y nuevos productos financieros.» «Internacionalización e Innovación». Sesión 89ª, Mayo 2013. Ponencia de José Domínguez Abascal. «El binomio conocimiento-innovación es básico para el crecimiento económico. Entendiendo que la innovación son los cambios basados en el conocimiento que son valorados por el mercado, es lógico que hayamos pasado de una actividad basada en el trabajo de «inventores solitarios» a un proceso promovido y planificado por las empresas, convencidas de que ésta es la manera de lograr mejoras de la competitividad a largo plazo… Es necesario un trabajo conjunto y coordinado de Universidades, Administraciones y Empresas, que es el espacio en el que se basa el liderazgo mundial de los Estados Unidos.» «Una política de desarrollo de la innovación y el conocimiento debería basarse en los sectores existentes en el territorio que la lleva a cabo, en los que ya se dispone de capacidad competitiva y conocimientos especializados. Es en estos sectores en los que hay que potenciar la mejora de su competitividad, para que asuman el reto de crear productos nuevos que sean la base del crecimiento económico.» «A largo plazo… los cinco puntos necesarios para que un territorio pueda crear y sostener una economía basada en el conocimiento y la innovación… son una educación que fomente una mentalidad abierta y que no tema el error; que se favorezca la colaboración entre empresas, universidades y administraciones; que en los procesos de I+D exista un mayor peso de la financiación privada; que existan políticas de in-

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novación y planes de desarrollo industriales claros y duraderos que limiten las incertidumbres de las empresas y de los investigadores y que ese territorio cuente con un fuerte nivel de seguridad jurídica.» «El acelerado cambio tecnológico y su posible repercusión en la economía y el empleo». Sesión 98ª, Abril 2014. Ponencia de Fernando Feijóo «Un informe de la Universidad de Stanford dice que los robots pueden sustituir en un breve plazo de tiempo hasta el 47% de las tareas que actualmente se desarrollan por personas en el conjunto de la actividad económica, lo que puede dar lugar a la desaparición de centenares de millones de puestos de trabajo… El cambio tecnológico que está en marcha puede compararse, por sus efectos, a la revolución industrial del siglo XVIII pero su desarrollo e implantación será mucho más rápido…» «La aceleración de los cambios tecnológicos en el futuro próximo provocará que haya tareas o sectores perdedores y ganadores en el nuevo escenario laboral». Entre los ganadores, el ponente consideró que pueden encontrarse una parte considerable de empleos actualmente de baja consideración vinculados a la atención personal, «aquéllos que por su propia esencia no puedan ser desempeñados por las máquinas». Entre los perdedores, se situarán los trabajadores industriales, los hoy considerados tecnológicos no implicados directamente en su concepción y buena parte de los actuales profesionales liberales, que, de subsistir, lo harán en condiciones cada vez más precarias. «La consecuencia será un crecimiento desmesurado de la desigualdad en la distribución de la riqueza, que ya se está produciendo en todas las economías y no sólo por causa de la crisis actual… La forma de afrontar sus consecuencias no puede conllevar la pérdida de competitividad a la economía de un territorio, por lo que es preciso diseñar una inteligente adaptación a los cambios por venir… Esa estrategia debe incluir implantar un sistema educativo que se decantara por lo muy bueno o lo muy práctico, pero nunca mitad y mitad; por incrementar la capacidad emprendedora y la actitud innovadora; por mejorar la calidad de las instituciones y por favorecer con los sistemas salarial y fiscal las actitudes proclives al trabajo y al desempeño de las actividades por cuenta propia». «El mundo que viene». Sesión 103ª, Octubre 2014. Ponencia de Juan Martínez-Barea «El futuro lo están condicionando tres grandes vectores: la aceleración tecnológica, la hiperconectividad y la ampliación de las clases medias que dirigen sus sociedades en los países emergentes… Las tecnologías de la información están doblando su capacidad de potencia cada año y medio y en los próximos 20 años se producirán tres olas tecnológicas… la biotecnológica, la de la robótica más la inteligencia artificial y la nanotecnológica… que irán unidas a una enorme reducción de los costes de los produc-

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Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

tos, que los hará accesibles a cada vez más sectores de población… al tiempo que la medicina preventiva ampliará sus posibilidades y revolucionará nuestra vida actual». «La hiperconectividad… va a poner el conocimiento global a disposición de cualquier persona en cualquier lugar, favoreciendo la potencialidad de la educación y el aprovechamiento de las capacidades de todas las personas… La ampliación de las clases medias en los países emergentes… acelerará la necesidad de cambios estructurales en los países occidentales, que tendrán que adecuarse a una competencia cada vez más abierta y generalizada… Los cambios se van a notar en las próximas dos décadas en todos los órdenes de la vida y los factores principales para afrontarlos con posibilidades de éxito serán la formación y la actitud positiva ante ellos, el deseo de superar sus retos y el esfuerzo por mejorar, por lo que la meritocracia se impondrá como el elemento central de la dinamización social». Política de vivienda

«El auge del mercado inmobiliario: causas y consecuencias». Sesión 44ª, Noviembre 2002. Ponencia de Julio Rodríguez López «La relación entre el número total de viviendas y el de hogares aparece en España como la más elevada de toda la UE, a la vez que el parque de viviendas español es el segundo en términos de viviendas por cada 1.000 habitantes… El stock de España presenta la proporción menor de viviendas de alquiler de la UE, el 14% en 1999, mientras que en 2001 solo el 9,2% de los hogares vive en viviendas de alquiler. En la UE dicho parque ascendía al 39% en 1999, y la proporción viviendas/hogares (1,103) era bastante más reducida en dicha fecha que la de España (1,320)… La crisis actual de la vivienda es una crisis de accesibilidad, en la que los precios de venta de la vivienda… se han situado en unos niveles en los que la familia media monosalarial, que perciba el salario medio existente en España por persona ocupada, no puede aspirar a adquirir una vivienda que valga el 70% del precio medio de mercado… Los altos precios de la vivienda han empujado al alza los costes del suelo, y estos últimos han dejado sentir de nuevo su condición monopolística, contribuyendo a encarecer aun más los precios de las viviendas… La política de vivienda tiene que cambiar, sobre todo, en lo relativo al esclarecimiento de los objetivos, en cuanto a lograr una mayor coherencia en el sentido de las diferentes actuaciones y en cuanto a eliminar las discriminaciones que subsisten respecto del tratamiento de la vivienda de alquiler». «El futuro del sector inmobiliario en la economía andaluza». Sesión 106ª, Febrero 2015. Conclusiones «Lo ocurrido en España en relación a la vivienda en los últimos veinte años debería servir para cambiar una singularidad de nuestro país respecto a Europa: la elevada

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preferencia por la vivienda en propiedad frente a la de alquiler… Las políticas públicas han colaborado con esta preferencia con muy diferentes medidas, como la desgravación fiscal a la compra de viviendas o las ayudas municipales a determinados segmentos de población para la adquisición de vivienda. Todo ello no hizo sino cebar la burbuja del precio de la vivienda… La preferencia de los ciudadanos por la propiedad también se explica por la escasa diferencia entre el precio de la propiedad y el alquiler: …en 2004, el precio de venta se pagaba con unos trece años de alquiler; hoy (se precisan todavía) unos 16 años y medio de alquiler para pagar la compra». «El OEA considera que la promoción del alquiler en el sector de la vivienda es una opción que puede favorecer tanto a los ciudadanos como a la economía de cualquier territorio,… que reduce el nivel de endeudamiento de las familias y les libera capital para otras inversiones y gastos de consumo que activen la economía». «Para que esa política tenga efecto, la relación entre el precio de compra y el alquiler debe ser aún mayor que la actual, para lo cual deben ponerse en marcha las políticas adecuadas, dirigidas tanto a los ciudadanos como a los propietarios de vivienda, así como incentivarse mediante diferentes actuaciones (regulaciones, medidas fiscales, etc.) sociedades inversoras dedicadas específicamente hacia la vivienda y otros activos inmobiliarios dirigidos específicamente al mercado del alquiler». Política fiscal

«Reforma fiscal, crecimiento económico y bienestar social». Sesión 101ª, Julio 2014. Ponencia de Ignacio Zubiri «La reforma fiscal es un trasvase regresivo de dinero de usos públicos a usos privados. Carece de efectos expansivos en la economía; muy al contrario, es moderadamente contractiva y pone en riesgo las prestaciones públicas y el objetivo de déficit. Sus defectos están más en lo que no hace que en lo que hace. En lo esencial, lo que hace es cambiar un sistema trufado de vías de escape, tipos altos y recaudación baja por otro trufado de vías de escape, con tipos bajos y recaudación más baja. Y lo que no hace es ser justo con el contribuyente, eliminar privilegios fiscales, cerrar vías de elusión y luchar contra el fraude. En realidad, sólo sirve para traspasar bienestar de los peor situados (que deberían ser los beneficiarios netos de la actividad pública) a los mejor situados (a los contribuyentes netos a la actividad pública) en un momento en el que se está produciendo una degradación de las prestaciones públicas». Políticas macroeconómicas

«¿Hemos salido de la crisis?». Sesión 18ª, Noviembre 1994. Ponencia de Manuel Ángel Martín López «Se espera que el gobierno… haga una política de oferta que intente evitar la desindus-

141

Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

trialización del país y que sepa defender ante la UE los intereses de la economía española sin complejos ni hipotecas políticas. La lucha contra todo tipo de fraude (fiscal, seguridad social…) debe continuar e intensificarse… Sería injusto atribuir toda la responsabilidad al gobierno… Patronal y sindicatos no pueden ignorar las condiciones del mercado donde nos movemos… Los trabajadores tendrán que acostumbrarse a nuevas condiciones de productividad, reciclaje y flexibilidad laboral y los empresarios tendrán que renunciar a los superbeneficios, asumir riesgos y reinvertir. Si no existe una transformación de las estructuras y de las convicciones más profundas, la contestación a la pregunta de si estamos saliendo de la crisis no tendrá importancia ni relevancia alguna, porque toda mejoría será pasajera, un leve descenso de la fiebre en un enfermo crónico». «Los presupuestos de España y Andalucía para 1995». Sesión 19ª, Diciembre 1994. Conclusiones «Hubiera sido deseable un mayor esfuerzo en la reducción del déficit público, no solo porque así lo exige el Plan de Convergencia de la U.E…, sino también por (el interés) del sector privado de nuestra economía, que se ve dificultado en su actividad por el elevado nivel del déficit público… Es necesario que las administraciones públicas, y los partidos políticos como impulsores de sus decisiones, comprendan que los mercados internacionales dejan poco margen a las grandes líneas de actuación en política económica, que debe basarse más en la racionalidad y en objetivos a largo plazo que en los intereses inmediatos de quiénes impulsan la toma de decisiones». «La iniciativa empresarial en Andalucía». Sesión 26ª, Abril 1997. Ponencia de Antonio Torrero «(En un periodo de 24 años) el rendimiento de la inversión en acciones de los sectores industriales se sitúa muy por debajo del de la inversión considerando el índice general y ambos resultan claramente inferiores a la rentabilidad… de la renta fija… El mensaje que… se ha enviado… es que no es remunerador asumir posiciones de riesgo… (que) lo bueno y remunerado… es convertirse en rentista. Mensaje del que, como mínimo, puede decirse que golpea a la línea de flotación del soporte básico de una economía de mercado, que es considerar positivo el riesgo derivado de la inversión en actividades empresariales. Y no estará de más recordar la idea, profundamente keynesiana, de que ninguna sociedad está dispuesta a soportar indefinidamente que una parte creciente del producto nacional sea percibida por los tenedores pasivos de títulos de renta». «La salida de la crisis desde el mundo empresarial». Sesión 102ª, Septiembre 2014. Ponencia de Mónica de Oriol

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142

«Mejorar la aportación de la empresa a la salida de la crisis pasa, en el campo fiscal, por la simplificación del sistema tributario, establecer un tipo de gravamen único y más reducido para el impuesto de sociedades, acercar la base imponible y el resultado contable, que el impuesto favorezca el crecimiento y la mayor capitalización de la empresa, que las deducciones por I+D sean más flexibles, dar incentivos a la inversión internacional y evitar la doble imposición. En el mercado laboral, se precisa aumentar la flexibilidad interna en las empresas, unificar los contratos en sólo tres tipos, reducir las cotizaciones sociales y reconsiderar las funciones de los comités de empresas en las que tienen hasta 250 trabajadores… Mantener y ampliar la unidad de mercado es la primera política en el campo de la mejora de la burocracia administrativa, continuando con un cambio legislativo que suponga elaborar leyes más sencillas y reglamentos de desarrollo más detallados, equiparar las obligaciones mercantiles y fiscales de la mediana empresa a las que ya tiene la pequeña, mejorar la eficiencia y coordinación entre las diversas administraciones y acelerar la resolución de los conflictos». «La economía española ante 2015». Sesión 105ª, Enero 2015. Ponencia de José María Serrano «Hay tres incertidumbres en la economía española que pueden hacer que el crecimiento no sea sostenido como para crear el empleo que se necesita: el peso del endeudamiento, las carencias estructurales y el escaso pulso de la política económica… (En relación al endeudamiento) si bien las familias y las empresas no financieras han iniciado ya el proceso (de su reducción), no así las administraciones… y (sobre todo) el endeudamiento con el exterior… (Sobre las carencias estructurales) se trata, sobre todo, de la estructura sectorial de la economía española, el tamaño de las empresas y el mercado laboral… No se puede descargar en un sector industrial de tan escaso peso como el de España que sea el motor de la economía mediante las exportaciones… (ni pretender que con la escasa cantidad de empresas grandes que hay en España) se garantice el suficiente impulso de la innovación y creatividad en el conjunto del sistema productivo… (En cuanto al mercado laboral, algo tiene que fallar de base para que) en el momento de más elevado nivel de actividad durante el ciclo anterior a la crisis el paro no bajase del 8,5% de la población activa… Por lo que respecta a la no pulsión de la política económica, los ejemplos son numerosos: los ajustes aplicados se hacen de forma lineal, sin prioridades, no hay una reforma de la fiscalidad en profundidad y las reformas estructurales de áreas como las administraciones públicas, los servicios, el mercado laboral, las instituciones políticas… se han quedado en retórica más que otra cosa». Sistema educativo

«Formación y mercado de trabajo» (Nivel de F.P.). Sesión 65ª, Febrero 2007. Ponencia de Lucía Navarro

143

Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

«El carácter no diferenciado y no selectivo del sistema de enseñanza español tiene consecuencias directas sobre el proceso de inserción de los jóvenes al mercado de trabajo. Tales sistemas favorecen el abandono escolar sin una acumulación de cualificaciones que preserven a los jóvenes del paro. Al considerar que los talentos se distribuyen de manera uniforme entre los individuos, estos sistemas perjudican a los que tienen menos capacidades, incrementando de manera innecesaria el grado de frustración de muchos jóvenes… Un mayor grado de diferenciación del sistema de enseñanza obligatoria y secundaria ayudará, a cada uno en función de sus talentos y de sus capacidades, a adquirir unas cualificaciones a la medida de sus posibilidades y negociables en el mercado de trabajo… Si bien el 80% de los titulados de FPII que abandonaron definitivamente el sistema de enseñanza reglada al final de sus estudios ha ejercido un trabajo siete años después de su graduación, para la mayoría de ellos la inserción en el mercado laboral es sinónima de paro, precariedad y desajuste educativo. Así, aunque muy variable, el tiempo de acceso al primer empleo supera en términos medios los dos años». «Formación y mercado de trabajo» (Nivel Educación Superior). Sesión 65ª, Febrero 2007. Ponencia de Martí Parellada. «Existe un gap inmenso entre la oferta de las universidades y el mundo del trabajo; (ninguno de esos agentes) se mueven para atender los requerimientos de los mercados laborales… Es sorprendente que (los primeros movimientos para el acercamiento de ambos mundos) se hayan hecho a iniciativa de las universidades y no del sistema en su conjunto». «Con datos del INE para 2005, se observó una cierta sobreeducación de la población española. Esto se produce en 13 de las 17 comunidades autónomas, especialmente en País Vasco, Navarra, Cantabria y Asturias. El 32,2% de los ocupados tenían nivel de estudios superior (y) sólo poco más del 30% desempeñaba ocupaciones propias de ese nivel de estudios… Las comunidades autónomas (con menor incidencia de esta sobreeducación son) Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura y Andalucía, que se caracterizan por tener el menor porcentaje de población altamente formada en España. La incidencia de la sobrecualificación es mayor en España que en la Unión Europea25, para la población comprendida entre 25 y 34 años». «Se observa un claro exceso de universitarios inscritos para optar a las vacantes de puestos de trabajo de nivel universitario; por cada vacante había 95 personas postulando por ella. Esta proporción crece con la cualificación, dándose el mayor número de demandantes para una vacante entre los que tienen el tercer ciclo universitario, si bien el número de plazas para estas categorías es lógicamente muy inferior al resto. Las categorías profesionales con un menor desajuste entre oferta y demanda de nivel universitario son tecnología y sanidad y arquitectura. Los de mayor desajuste son secretariado, periodismo, control de calidad y diseño-creatividad… Reflexión:

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144

se consumen recursos en estudios en los que posteriormente no se obtienen los resultados que se debieran esperar». Sistema financiero andaluz

«Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía». Sesión 30ª, Noviembre 1999. Ponencia de Emilio Ontiveros «La realidad del sistema financiero en Andalucía está dominada por la presencia de las cajas de ahorros (en número de oficinas y depósitos, aunque no así en créditos)… La dimensión de las cajas de ahorros andaluzas es del orden del 71% de la media española, presentando una oferta de servicios y productos de baja especialización relativa… Su mayor margen de intermediación no se traslada a la cuenta de resultados a causa de los mayores costes de administración que soportan… La previsible reducción de los márgenes de intermediación… junto a la importancia determinante que tiene el desarrollo del sistema financiero para el crecimiento económico, condicionan la necesidad de intervención de la administración pública. La dirección de las alternativas, toda vez que se acepta la importancia de localizar en Andalucía una industria financiera con capacidad de impulsar el desarrollo regional, pasa por una oferta de servicios y productos más avanzada, mediante la especialización… (y) a través del fortalecimiento de alianzas o de fusiones. Sin embargo, el número quizás excesivo de cajas existentes en la actualidad y su insuficiente dimensión, aconsejan acometer procesos de concentración para aprovechar las economías de escala que aporta una mayor dimensión, especialmente relevante en la financiación de grandes proyectos de inversión regional mediante los excedentes fusionados de la obra social» n

145

4. Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía Francisco Ferraro Catedrático de Economía Aplicada

4.1.

Panorama de la Economía Andaluza

4.2.

¿Por qué el bajo nivel de desarrollo de Andalucía?

4.3.

Instituciones andaluzas

4.4.

Un mundo en transformación

4.5.

Resumen y conclusiones

Observatorio Económico de Andalucía 25 años de análisis, debate y propuestas

146

147

Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

4.1. Panorama de la economía andaluza

La crisis económica ha provocado un impacto en Andalucía aún más intenso que en el conjunto de España, con una fuerte contracción de la producción, el empleo y otras variables económicas, y también social, con el aumento de la pobreza y la desigualdad, la emigración (especialmente de jóvenes cualificados), el deterioro de los servicios públicos y una desafección social bastante generalizada a las instituciones públicas y hacia los políticos en particular. La especial gravedad de la crisis en Andalucía se constata en el gráfico adjunto en el que puede observarse la mayor contracción del PIB, PIB per cápita, empleo y tejido empresarial que en España, que a su vez ha sufrido la crisis con más intensidad que la mayoría de los países de la Unión Europea. Este comportamiento diferen- Gráfico 4.1. El impacto diferencial de la crisis cial ha determinado que el PIB per % Empleo* Empresas SS** PIBpc SS*** PIB**** 0 cápita de Andalucía haya pasado -5 de representar el 77,6% de Espa-7,2 ña en 2005 al 74,1% en 2014; es -10 -8,0 -9,6 -9,6 decir, en una década Andalucía ha -15 -16,3 sufrido un proceso de divergencia -20 -19,7 -20,5 -21,5 económica de 3,5 puntos porcen- -25 *** Var. 2008-2013 en términos reales tuales respecto al PIB por habitan- * Var. 2T 2007-3T 2013 ** Var. Junio 2007-enero 2014 **** Var. 1T 2008-2T 2013 te español, provocando además Fuente: Instituto Nacional de Estadística Andalucía España niveles record de paro en el mundo desarrollado.1 Gráfico 4.2. La convergencia de Andalucía en PIBpc % El impacto diferencial de la 81,0 81 crisis económica es aún mayor en 79 relación con la Unión Europea, 77 77,5 74,8 73,7 75 pues el PIB per cápita de Andalu73 71 cía pasó del 81 al 70% de la me72,0 69 70,0 dia de la UE28 de 2006 a 2013, 67 65 una reducción de 11 puntos por2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e centuales. Fuente: Eurostat, INE. «e» estimaciones España=100 UE28=100 El mal comportamiento de la economía andaluza puede explicarse desde tres perspectivas diferentes: 1. Desde la perspectiva de la oferta: En la economía andaluza predominan actividades que han sufrido con mayor intensidad el impacto de la crisis, como son la construcción, las actividades inmobiliarias, los materiales de construcción, el comercio al por mayor y al por menor o la hostelería, que en su conjunto representaban casi la mitad 1. La tasa de paro llegó a alcanzar el 36,77% de la población activa en el primer trimestre de 2013.

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del PIB el año anterior a la crisis. Si a estas actividades sumamos la agricultura, ganadería y pesca y los servicios públicos, su aportación al PIB supera el 60%; mientras que las actividades que han soportado mejor la crisis, y que se caracterizan por ser más intensivas en tecnología y conocimiento (fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, de material y equipo eléctrico, de maquinaria y equipo; fabriTabla 4.1. Estructura productiva comparada 2008 Andalucía

2014 España

Andalucía

España

4,7

2,3

4,5

2,3

11,5

16,5

11,7

16,0

8,8

13,3

8,0

12,0

F. Construcción

12,2

10,1

5,7

5,1

G_I. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca B_E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación C. De las cuales: Industria manufacturera

19,3

20,1

21,4

21,9

J. Información y comunicaciones

2,4

3,9

2,1

3,6

K. Actividades financieras y de seguros

4,3

4,9

3,1

3,5

L. Actividades inmobiliarias

9,9

8,2

13,3

11,1

18,6

15,6

20,3

17,0

M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares5,06,74,96,7O_Q. Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales R_U. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios Valor añadido bruto total Impuestos netos sobre los productos PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO

3,8

3,5

4,2

4,0

91,9

91,2

8,1

8,8

100,0

Fuente: INE

Tabla 4.2. Estructura y dinamismo de las exportaciones andaluzas 2010-2014 %/Total export. 2014

% Var. 2010-2014

Frutas y legumbres

21,6

27,8

Petróleo y derivados

13,6

135,6

Otras mercancías

10,9

83,4

Grasas y aceites

6,1

65,4

Productos químicos

5,5

30,3

Menas y minerales

5,1

92,8

Metales no ferrosos

5,1

73,2

Hierro y acero

5,0

20,7

Material transporte

4,7

71,5

Otros bienes de equipo

4,4

83,5

Maq. especifica ciertas indust.

3,4

9,3

Otras semimanufacturas

1,5

76,6

Gas1,3627,6Mat. primas animales y vegetal

1,3

54,5

Textiles y confección

1,2

39,3

Carne

1,0

37,3

Componentes del automóvil

1,0

10,5

Electrodomésticos

0,0

278,8

Tabacos

0,2

178,5

Piensos animales

0,2

166,5

Alfarería

0,0

133,0

Semillas y frutos oleaginosos

0,2

109,1

Lácteos y huevos

0,3

100,3

100,0

51,2

Total exportaciones Fuente: Ministerio de Economía y competitividad

149

Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

cación de material de transporte; actividades profesionales, científicas y técnicas) tenían escaso peso en el tejido productivo andaluz. La balanza comercial históricamente deficitaria y la escasa participación de las exportaciones andaluzas en las del conjunto del país (11,8%, frente al 18% de la población y el 13,4% del PIB) corroboran las limitaciones competitivas del sistema productivo. Además, entre las exportaciones andaluzas predominan los productos primarios o con escaso grado de elaboración, y las producciones a granel más que productos diferenciados. 2. El análisis desde la perspectiva de la demanda pone de manifiesto uno de los desequilibrios estructurales más determinantes de la economía andaluza: la demanda regional (consumo más inversión) supera a la producción y la renta generada todos los años desde que se dispone de información normalizada, con un techo del 16,8% en 2007, reduciéndose en los años de crisis hasta el 9,3% en 2013 (último dato disponible). Tabla 4.3. Composición del PIB desde la perspectiva de la demanda, 2013 (A) Andalucía Miles € %/Total Gasto en consumo final regional

España Millones € %/Total

UE28 Millones € %/Total

133.978.469

92,0

814.532

77,6

10.563.158

78,1

Gasto en consumo individual de los hogares regional

98.227.729

67,4

599.537

57,1

7.721.312

57,1

Gasto en consumo de las AAPP e ISFLSH

35.750.740

24,5

214.995

20,5

2.841.846

21,0

Formación bruta de capital

25.325.273

17,4

198.892

19,0

2.600.624

19,2

l159.303.742

109,3

1.013.424

96,6

13.255.227

98,0

Exportaciones de bienes y servicios

62.598.065

43,0

331.073

31,6

5.796.901

42,9

Importaciones de bienes y servicios

76.200.505

52,3

295.316

28,1

5.443.568

40,3

145.701.302

100,0

1.049.181

100,0

13.520.970

100,0

Demanda regiona

Producto Interior Bruto a precios de mercado Fuente: IECA, INE, Eurostat

El peso del consumo en la demanda regional es muy elevado (tanto el consumo de los hogares como el consumo público), mientras que la inversión pesa menos que en el conjunto de España, especialmente en los años de crisis en los que la inversión inmobiliaria se contrajo de forma notable. El sector exterior presenta un saldo sistemáticamente negativo. Dado el elevado nivel del gasto regional respecto a la producción, la economía andaluza ha necesitado financiación externa para satisfacer la demanda regional, para lo que ha contado con las transferencias públicas procedentes de la redistribución nacional2 y de los fondos europeos3, además de endeudamiento externo, especialmente elevado en la fase de expansión inmobiliaria. En los primeros trimestres de la crisis la economía andaluza resistió algo mejor que la media española por la inercia del gasto público que siguió manteniendo la demanda regional, pero cuando se adoptaron medidas de austeridad el impacto en la capacidad 2. Un reciente informe (Ezequiel y Barberá, 2015) estima que Andalucía ha recibido un saldo fiscal de 11.605 millones de euros de media anual (1.548 €/ habitantes) entre 1991 y 2011, siendo las comunidades de Madrid (-2.425 €/habitantes), Cataluña (-1.038) y Baleares (-725) las que tienen flujos negativos. 3. Entre 1986 y 2013 Andalucía recibió 41.075 millones de euros (media anual de 1.467) de Fondos Europeos, sin contar con las transferencias de la Política Agraria Común a través del FEOGA Garantía, de un importe semejante en el periodo considerado.

Observatorio Económico de Andalucía 25 años de análisis, debate y propuestas

150

de demanda fue mayor que en otras comunidades españolas, provocando un efecto circular depresor sobre muchas de las actividades productivas destinadas al mercado regional, a lo que se sumó la drástica reducción del crédito. 3. Perspectiva factorial: La dotación de factores productivos determina el crecimiento potencial de una economía. La dotación factorial es bastante estable en el tiempo y no se puede improvisar, pero su mejora es factible con incentivos adecuados y perseverancia, como ponen de manifiesto las economías emergentes a lo largo de la historia. De forma sumaria se pueden apuntar los rasgos más significativos de los siguientes factores: • Los recursos naturales han ido perdiendo relevancia para la producción agraria. La restricción fundamental en cuanto a recursos naturales se encuentra en la ausencia de hidrocarburos, si bien existen potencialidades Gráfico 4.3. Informe PISA 2012 para la energía solar y eólica, 505 501 y las características climáticas 500 496 496 498 495 de la región, junto con la dota- 490 488 486 484 ción de playas y otros espacios 485 480 477 naturales, son en la actualidad 475 472 recursos de gran importancia 470 465 para el sector turístico. 460 • La dotación de capital físico 455 Matemáticas Lectura Ciencias (IVIE, 2014) de Andalucía resOCDE (media) España Andalucía pecto a España (13,98%) es inferior a la participación de la población andaluza (17,93%). Destaca el capital acumulado en infraestructuras públicas (15,88%) y en viviendas (15,33%), frente a la menor participación del capital directamente productivo en maquinaria y material de equipo (11,91%). • La cualificación de los recursos humanos ha mejorado notablemente en Andalucía en relación a un pasado no muy lejano, en el que la tasa de no alfabetizados era muy elevada y la instrucción media y universitaria reducida. La generalización de la escolarización infantil y la notable ampliación de la formación secundaria y universitaria elevaron las tasas de formación significativamente, permitiendo que las tasas de egresados en los distintos niveles formativos se acercasen a las medias nacionales. No obstante, Andalucía es la penúltima comunidad autónoma en años medios normalizados de escolarización, con un nivel del 93,4% de la media nacional (de la Fuente y Doménech, 2015), solo superior a la Comunidad de Murcia (93,1%), y muy lejana a la Comunidad de Madrid (111,2%). En los años recientes se han conocido diversos estudios que ponen de manifiesto las restricciones cualitativas a los positivos datos de titulados en los diversos niveles de

151

Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

Tabla 4.4. Empresas por estrato de asalariados, 2015 Andalucía Número %/Total

España Número

%/Total

%/And/Esp

Total

480.094

100,0

3.186.878

100,0

15,1

Sin asalariados

258.229

53,8

1.754.002

55,0

14,7

De 1 a 2

141.453

29,5

899.802

28,2

15,7

De 3 a 5

46.255

9,6

287.430

9,0

16,1

De 6 a 9

17.131

3,6

112.527

3,5

15,2

9.847

2,1

71.518

2,2

13,8

De 10 a 19 De 20 a 49

4.925

1,0

39.101

1,2

12,6

De 50 a 99

1.220

0,3

11.503

0,4

10,6

De 100 a 199

584

0,1

5.928

0,2

9,9

De 200 a 499

326

0,1

3.340

0,1

9,8

De 500 a 999

0,0

937

0,0

8,2

De 1000 a 4999

0,0

683

0,0

6,4

0,0

107

0,0

2,8

De 5000 o más asalariados Fuente: INE

enseñanza. Entre ellos el de mayor repercusión es el informe PISA, que evalúa los rendimientos de los estudiantes de 15 años, y cuyos resultados para 2012 ponen de manifiesto la posición retrasada de España en relación a su nivel económico, y la mucho más atrasada de Andalucía, que ocupa los últimos lugares entre las comunidades autónomas. Otro factor relevante del desempeño educativo de los países y regiones es el abandono educativo temprano. España es el país con mayor grado de abandono de la Unión Europea, con un 21,9% (11,1% para la media de la UE), frente a los países con menores registros. Andalucía supera con amplitud a todos los países europeos y a la media española en abandono escolar, con una tasa del 27,7% (únicamente superada por Ceuta (32,1%) y Baleares (32,1). Finalmente, los distintos rankings sobre la calidad de la docencia, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico también coinciden en las posiciones retrasadas de las universidades andaluzas en relación con las universidades españolas y del mundo (Pérez y Aldás, 2015). • Innovación: los indicadores han mejorado, pero siguen retrasados en relación con la media española. Así, el gasto en I+D en 2013 en relación al PIB fue del 1,0% en Andalucía frente al 1,2% de España, y más alejada de Estados Unidos (2,8%), Finlandia (3,6%), China (2,0%) o Corea del Sur (4,0%). Además, en Andalucía la inversión privada en I+D es más reducida que la pública frente a lo habitual en los países desarrollados, y también el número de patentes concedidas por habitante es relativamente bajo. • La estructura empresarial de Andalucía se caracteriza por: a) la menor densidad empresarial de todas las CCAA (55,9 empresas por 1.000 habitantes en enero 2014); b) La reducida dimensión media de las empresas, con pocas empresas medianas y grandes; y c) en las grandes empresas con establecimientos en la región, tienen un peso muy elevado (40,4%) las que no tienen sede social en Andalucía.

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4.2. ¿Por qué el bajo nivel de desarrollo de Andalucía?

¿Por qué Andalucía tiene una débil dotación factorial, una estructura productiva poco competitiva y una demanda interna que no puede satisfacerse con la renta generada por la producción regional y tiene que apoyarse en transferencias externas y en endeudamiento para mantener su nivel de gasto? Como es difícilmente atribuible a condicionamientos geográficos o genéticos de los andaluces, algunos analistas lo explican por los condicionantes históricos. Estos análisis vienen a coincidir en los efectos de la política industrial proteccionista, que favoreció la concentración de la industria en Cataluña y el País Vasco, lo que frustró el proceso de industrialización de Andalucía y que terminó asignándole un papel de aprovisionamiento de recursos primarios, de mano de obra barata e, incluso, de ahorro para financiar el proceso industrializador en otras regiones de España. Sin duda quedarán condicionamientos históricos latentes, pero después de más de 35 años de democracia, de más de 30 de autonomía, de casi 30 de pertenencia a la Unión Europea, de un mercado común con libre movimiento de mercancías, tecnología, personas y capitales, y de recibir cuantiosos flujos financieros tanto de la UE como del resto de España, existían muchas posibilidades de desarrollar una base productiva más amplia y competitiva. De hecho, el análisis económico prevé el efecto «catching up»;4 es decir, el proceso de captura tecnológica (en sentido amplio) de los países o territorios menos desarrollados de los más avanzados, lo que, combinado con menores costes de producción, les permite conformar estructuras productivas más eficientes y, en consecuencia, converger con los más desarrollados si no existen restricciones institucionales. Este efecto es más factible en un ámbito económico homogéneo, como en un país o en una unión económica. Este sería el caso potencial de Andalucía inserta en un país y en una unión económica más desarrollados. Por tanto, dado que las comunidades autónomas tienen instituciones diferenciadas, deberíamos reflexionar si del marco institucional andaluz se pueden derivar restricciones que puedan explicar la permanencia en la misma posición de menor desarrollo relativo desde el inicio del proceso autonómico a pesar de las potenciales ventajas y la recepción de transferencias externas. Entendemos por instituciones el conjunto de reglas del juego de las que se dota una sociedad para regular sus relaciones políticas y económicas. Las instituciones están constituidas por el ordenamiento positivo, por las entidades que se derivan del ordenamiento positivo (como el gobierno, las administraciones públicas o el sistema judicial) y por otras organizaciones privadas. También son relevantes el grado de cumplimiento de las normas y los valores sociales y códigos de conducta compartidos, que condicionan la aplicación e interpretación de las normas y configuran lo que es permisible en las relaciones sociales y económicas. 4. La idea original de Gerschenkron (1962) fue formalizada por Nelson y Phelps (1966) en el marco de la moderna teoría del crecimiento, habiendo recibido aportaciones fundamentales de diversos autores como Abramovitz (1986) y Barro y Sala-i-Martin (1997).

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Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

Las instituciones determinan los incentivos para el comportamiento humano, premiándolos o sancionándolos. Por ello, la existencia de instituciones que generen incentivos favorables para el progreso económico y social es crucial para el desarrollo de las regiones y países, como pone de manifiesto la evidencia disponible de la elevada correlación entre calidad institucional y crecimiento económico a largo plazo5, lo que ha determinado que la mejora de la calidad de las instituciones se constituya en una recomendación de las instituciones económicas internacionales para el desarrollo (Banco Mundial, 2002). En particular, la calidad de las instituciones económicas son determinantes para las decisiones de invertir, crear empresas, innovar o trabajar. Así, el ordenamiento positivo, las características del sistema judicial y los procedimientos administrativos determinan la seguridad jurídica para que los agentes económicos disfruten de los resultados de sus esfuerzos y que éstos se produzcan en un tiempo razonable, lo que es particularmente determinante para abordar actividades innovadoras que requieren largos periodos para rentabilizar las inversiones. Por otra parte, el funcionamiento ágil, predecible y no discrecional del sistema judicial es fundamental para la seguridad jurídica, como también lo es la cultura empresarial sobre cumplimiento de contratos y acuerdos. El progreso económico se propicia con marcos institucionales que favorecen la competencia y, en consecuencia, la innovación, el esfuerzo, la excelencia, la asunción de riesgos, la calidad de la gestión y de la formación y el cumplimiento de las normas. Si por el contrario los agentes económicos perciben que se pueden obtener mayores rendimientos acercándose al poder, aprovechando los fallos de las normas y sus procedimientos, o protegiéndose en un sistema judicial lento, injusto o discrecional, no dedicarán sus esfuerzos a innovar y mejorar sus capacidades competitivas y, por ende, no contribuirán al desarrollo económico y social del territorio en el que se ubiquen, sino que se dedicarán a actividades que pueden ser ineficientes, especulativas o no generadoras de riqueza. 4.3. Instituciones andaluzas

Gran parte de las instituciones andaluzas son compartidas con el resto de España, pues, tanto el marco normativo, como el gobierno de la nación, el sistema judicial, otras organizaciones públicas y privadas y buena parte de la cultura son comunes en todo el Estado. No obstante, la organización territorial de España ha profundizado las diferencias de partida (básicamente las culturas locales) al dotar a las comunidades autónomas de capacidad legislativa, de gobierno y de creación de una gran diversidad de entidades públicas, con lo que se han fomentado las tradiciones 5. Fabio Manca (2009) investiga el papel de las instituciones en el proceso del catching-up tecnológico, y muestra la evidencia empírica de como los países dotados de mejores instituciones son los que experimentan a lo largo del tiempo mayores tasas de crecimiento de la productividad total de los factores, las tasas más rápidas de adopción de la tecnología y, por tanto, son las que más rápidamente cierran la brecha con las economías más desarrolladas. Para una revisión sobre la evidencia empírica de la relación entre calidad institucional y crecimiento puede también verse Alonso y Garcimartín (2011), págs. 6 y ss.

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y los rasgos distintivos de cada territorio. Como consecuencia de ello, se han ido produciendo diferencias institucionales autonómicas, que generan incentivos desigualmente favorables para el progreso económico. En la última década se han realizado múltiples investigaciones sobre la calidad institucional de los países, para lo que era imprescindible disponer de una base empírica con indicadores de referencia. Gracias al esfuerzo del Banco Mundial, diversas fundaciones, departamentos universitarios y empresas consultoras se han venido construyendo en las últimas décadas numerosas bases de datos6, que han permitido ir realizando aproximaciones a las variables más relevantes de la calidad institucional. Sin embargo, solo se dispone de algunos indicadores de calidad institucional de las comunidades autónomas españolas. Por ello, después de presentar los indicadores disponibles, se pasará a examinar la calidad institucional de Andalucía a partir de los factores que fundamentalmente la definen. 4.3.1. Indicadores de calidad institucional de las CCAA

Existen indicadores para el conjunto de CCAA sobre seguridad jurídica, libertad económica y transparencia, que se exponen a continuación. • En las democracias asentadas la transparencia forma parte de la cultura de las administraciones públicas. Un derecho según el cual cualquier persona puede acceder a la información que esté en posesión de las administraciones y organismos públicos con algunas excepciones. Además, los ciudadanos tienen también derecho a que las administraciones les faciliten información sobre sus funciones y actividades, presupuestos, concesiones, contratos, subvenciones y retribuciones, sin necesidad de que se soliciten. Transparency International España viene publicando el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU). En la tercera edición de 2014 examina la información relativa a un conjunto de 80 indicadores, que abarcan las áreas más importantes de la información que los responsables del gobierno de una Comunidad Autónoma deberían poner públicamente a disposición de la sociedad. Andalucía queda clasificada en la posición 12 entre las diecisiete comunidades autónomas, resultando más atrasada en transparencia económico-financiera. También Transparency International España publica el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA). En su quinta edición, el ITA (2014) evalúa la transparencia de los mayores ayuntamientos de España a través de un conjunto de 80 indicadores. De los 110 establecimientos evaluados, 20 son andaluces, obteniendo una calificación media de 76,7 puntos, frente a una media de 85,2 de los ayuntamientos españoles. 10 de los ayuntamientos españoles analizados no llega al nivel de 50 puntos, de los que la mitad son andaluces, cerrando la clasificación nacional 6. El Banco Mundial ha contabilizado más de 140 bases de datos que tienen relación con la calidad institucional, entre las que las más relevantes en el ámbito económico son Doing Business del Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial y la Brookings Intitution, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, y el Global Competitiveness Index de World Economic Forum.

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Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

Granada y Almería, y siendo los ayuntamientos de Málaga y Córdoba los mejor clasificados. También existe un Índice de Transparencia de las Diputaciones Provinciales 2013, en el que la media de puntuación de transparencia de las diputaciones andaluzas (67,4) se encuentra por debajo de la media nacional (69,7). • La seguridad jurídica es crucial para el progreso económico, y en ella se incluye la neutralidad y estabilidad de las normas, el cumplimiento de las leyes y los contratos, la protección de los derechos de propiedad y la independencia y agilidad del sistema judicial, por lo que cuanto menor sea la seguridad jurídica las posibilidades de inversión productiva son menores y exigirán previsiones de rendimientos más elevados. En particular, difícilmente los empresarios invertirán si no existe estabilidad jurídica y confianza en el respeto a la propiedad y a los rendimientos empresariales. En una investigación realizada por Sebastián et alia (2008) sobre la calidad de las instituciones en España se incluyen los resultados de una encuesta realizada por a 1.806 empresarios de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid7 sobre las restricciones que limitan su actividad y su valoración acerca del funcionamiento de las distintas Administraciones, la Justicia, la competencia, los clientes y proveedores, la formación y actitud de sus empleados y distintos aspectos de la normas que condicionan su actividad. El deficiente funcionamiento de la Justicia es considerado mayoritariamente como un obstáculo grande para la actividad empresarial (el 52% de los encuestados así lo considera), y sólo el 12% lo percibe como un obstáculo menor, aunque los empresarios andaluces detectan la inseguridad jurídica con una ligera menor intensidad (48%). No obstante, merece destacarse el alto nivel de inseguridad jurídica que genera el funcionamiento de los tribunales de justicia, la lentitud de las sentencias laborales y la indefensión y altos costes de la justicia no laboral. Por otra parte, el retraso en los pagos de las AAPP a proveedores es tradicional en España y particularmente en Andalucía. Además, se ha agravado con las restricciones financieras de la administración autonómica, provocando una elevación de los costes financieros de las empresas, un despilfarro de recursos y energía en las tareas de cobro, cuando no el cierre de empresas. • La Fundación Heritage viene publicando el Índice de Libertad Económica (ILE) desde 1995, y constatando que guarda una estrecha relación con el PIB per cápita de la amplia muestra de países que utiliza (178). El ILE se estima sobre diez libertades económicas, agrupadas en los siguientes conceptos: estado de derecho, tamaño de los gobiernos, eficiencia regulatoria y apertura de los mercados. España se encuentra en la posición 49ª del mundo en el ILE de 2015, correspondiente a la caracterización de «moderadamente libre», pero alejada de su posición en PIB per cápita. 7. Empresas con más de 10 empleados y dedicadas a actividades industriales, de la construcción, comerciales y de servicios.

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Cabrillo, Briazzi y Albert (2011) aplicaron a las comunidades autónomas españolas la metodología del ILE, con algunos cambios para ajustarlo a sus competencias. Analizan dos aspectos de la intervención pública: la regulación de la actividad económica y la dimensión de las administraciones públicas de las CCAA, para cada uno de los cuales utilizan seis indicadores (comercio, educación, medio ambiente, movilidad, sanidad, vivienda, gasto público, esfuerzo fiscal, deuda pública, empleo público, impuestos, transferencias), que a su vez cuantifican en función de distintas variables. Andalucía se sitúa en la penúltima posición del Índice de Libertad Económica 2011, con un valor de 0,609. El valor obtenido en el ILE para Andalucía se encuentra muy por encima de la mediana de las CCAA (+54%). Los valores más negativos para la libertad económica se corresponden con el esfuerzo fiscal, las transferencias, la educación y el medio ambiente, mientras que los más positivos son la vivienda, la deuda pública y el comercio. 4.3.2. Marco regulador

El ordenamiento positivo (constitución, leyes, decretos, órdenes o reglamentos que producen los órganos legislativos y ejecutivos facultados para ello) define las reglas de juego sobre las que se establecen la convivencia y la actividad económica en una sociedad. Pero la entidad de la regulación, su complejidad y calidad no son indiferentes para el buen funcionamiento de la actividad económica, pues pueden incentivar u obstaculizar la actividad empresarial y otras pueden ser ineficientes o resultar innecesariamente complejas aumentando los costes de transacción. En particular, las normas que regulan la creación y establecimiento de empresas, las que pueden condicionar la competencia y las que regulan el uso de los factores son relevantes para la inversión y para el empleo. El sistema impositivo también puede ser una carga excesiva para las empresas, y puede generar sesgos a favor de determinadas actividades, no necesariamente las más eficientes. En España hay en vigor más de 100.000 leyes, decretos leyes, órdenes, reglamentos y disposiciones, lo que provoca barreras de entrada a la iniciativa privada, que la OCDE estima para España como la más restrictiva entre los grandes países de la UE. No es difícil imaginar los problemas que esta complejidad legislativa provoca a empresarios y emprendedores, abocándoles a un elevado coste de interpretación y cumplimiento, y a una permanente inseguridad jurídica. Todas las comunidades han contribuido a esta exuberancia legislativa, siendo el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el tercero entre las CCAA (tras Cataluña y Castilla y León) con mayor número de páginas (45.705 páginas de media anual entre 2008 y 2014), habiéndose aprobado más de 300 leyes desde la Ley 1/1982, que autorizó al Consejo de Gobierno a emitir deuda pública. Además de la cantidad de normas es relevante su calidad. El Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial y la Brookings Institution incluyen la calidad re-

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Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

gulatoria entre sus indicadores, correspondiéndole a España la posición 49 entre los países del mundo, frente a la posición 29 en nivel de desarrollo. Entre los 28 países de la Unión Europea, España ocupa el puesto 21. No existen valoraciones de la calidad de las normas autonómicas, pero de la lectura de algunas de las emanadas del parlamento o gobierno andaluz no se deriva una elevada calidad. El caso más representativo es el propio Estatuto de Autonomía, sobre el que realicé una valoración (Ferraro, 2006) antes de su aprobación definitiva. Un texto excesivamente largo (250 artículos) y retórico (el preámbulo contiene 1.135 palabras frente a las 146 de la Constitución); que contiene expresiones que han dado lugar al choteo, como lo hiciera Sánchez Ferlosio con lo del «patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo»; donde se reiteran tópicos y errores; donde menudean expresiones de autocomplacencia («el grado de desarrollo económico, social y cultural de Andalucía ha sido posible gracias al Estatuto de Autonomía»); se definen derechos y principios que ya están contemplados en la Constitución y convenios internacionales; recoge objetivos y derechos inalcanzables, como el «pleno empleo», que además tiene que «ser estable y de calidad» y, por si fuera poco, «en todos los sectores de producción»; porque contiene opciones políticas (discutibles) que recuerdan más a un programa electoral que a un texto de carácter constitucional para una comunidad autónoma, como cuando define que «la política económica de Andalucía incentivará especialmente la pequeña y mediana empresa, la actividad de la economía social y de los emprendedores autónomos» (artículo 155.4), discriminando a otros agentes empresariales, lo que igualmente se hace por sectores; o cuando «constitucionaliza» una práctica gubernamental discutible como la concertación social de la política económica con la patronal y los sindicatos. La escasa calidad se produce en otras muchas leyes, normas y programas. Así por ejemplo, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) provocó un gran rechazo de los empresarios y los ayuntamientos al establecer que «no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años», en una reacción no bien medida a los negativos efectos del urbanismo incontrolado en los años de expansión inmobiliaria. Las reacciones empresariales y municipales al carácter restrictivo del POTA y la caída de la actividad condujeron a que se flexibilizasen sus restricciones, aunque el final del boom inmobiliario la hizo intrascendente. Muestra de la calidad de la regulación son también sus resultados. Es el caso del sector inmobiliario en el que la hiperregulación no evitó que se produjese una burbuja inmobiliaria, ni un elevado excedente de oferta, ni la construcción de una barrera de cemento en buena parte del litoral y otros efectos medioambientales negativos, ni la proliferación de empleo irregular, ni la corrupción asociada a la gestión inmobiliaria.

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4.3.3. Sector Público

La influencia de los gobiernos y las administraciones autonómicas es decisiva en el desenvolvimiento de sus territorios: definen y aplican políticas, desarrollan y aplican normas, prestan servicios públicos y controlan la actividad privada. Actividades que pueden ser más o menos eficientes, proactivas con las empresas, el emprendimiento y la innovación o, por el contrario, pueden frenar la actividad privada e incluso distorsionar los mercados si la acción pública se ejerce de forma sectaria, clientelar o corrupta. La resultante determinará si la actuación de las administraciones públicas contribuye a mejorar la competitividad de la economía regional o si por el contrario la empeora. En Andalucía el peso del sector público es muy elevado por la relativa homogeneidad de su distribución territorial en el país. • El empleo público en Andalucía en enero de 2015 se elevaba a 487.228 personas, el 19,1% del total nacional, un porcentaje mayor de lo que la comunidad representa en el conjunto de España en términos de PIB, empleo y población, de donde se deberían derivar mejores servicios públicos que en el conjunto de España. • Es particularmente relevante el elevado peso del empleo público en relación al PIB (3,4 empleados públicos por millón de euros de PIB, frente a 2,4 de media de las CCAA), sólo superado por Extremadura (a excepción de Ceuta y Melilla). • También Andalucía es de las CCAA en las que el empleo público participa en mayor medida en el empleo total (18,2%, frente al 14,6% de media en España), en contraste con las CCAA más desarrolladas como Cataluña, País Vasco, Baleares o La Rioja. La diferencia de ratio se intensifica cuando se compara la relación entre asalariados públicos y el total de asalariados (24,5%, frente a 20,0% de media en España). Tabla 4.5. Empleo público según administraciones Total

Estatal

CC.AA.

487.228

86.259

237.549

CC.LL.

Universidades

Andalucía nº1

138.778

24.642

Empleo público/Empleo total (%)2

18,2

3,2

8,9

5,2

0,9

Empleos públicos por mil hb (nº)3

58,0

10,3

28,3

16,5

2,9

3,4

0,6

1,7

1,0

0,2

Empleos públicos por millón euros PIB (nº)4 España nº1

2.544.804

1.284.026

577.164

147.115

14,6

3,1

7,4

3,3

0,8

Empleos públicos por mil hb (nº)3

54,8

11,6

27,6

12,4

3,2

2,4

0,5

1,2

0,5

0,1

Empleos públicos por millón euros PIB (nº)4 1

536.499

Empleo público/Empleo total (%)2

Datos a enero de 2015;

Empleo total según EPA IT 2015; 3 Población a 1 de enero de 2015; 4 PIB de 2014.

• El peso del empleo público en Andalucía es superior en todas las administraciones. Además del volumen y de la eficiencia aparente del sector público en Andalucía interesa conocer su calidad. Un indicador aproximativo es el European Quality of Government 8. Los datos en detalle del EQI correspondiente al año 2013 pueden ser consultados en la revista Social Indicators Research (e, 2014)

159

Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

Index (EQI)8, que compara la calidad de los gobiernos de las regiones europeas, basado en encuestas a los ciudadanos sobre sus percepciones sobre la calidad de los servicios públicos en su comunidad autónoma, el grado de imparcialidad de las instituciones y el grado de corrupción. Andalucía tiene una percepción «media-baja», inferior a la media española, pero mejor que las peores (Canarias, Extremadura, Valencia o Galicia). Sin embargo, este indicador tiene una gran variabilidad, pues según una encuesta semejante realizada por los mismos autores entre enero de 2009 y febrero de 20109 Andalucía era la penúltima región española en calidad gubernamental. Para una valoración de la calidad desde la perspectiva de las empresas podemos valernos del referido trabajo de Sebastián et alia (2008). Según la encuesta realizada, la opinión de los empresarios españoles sobre el funcionamiento de la Administración Pública es bastante negativa. En lo que se refiere a la Administración Autonómica, la valoración para el conjunto de los encuestados sobre su diligencia y eficacia es el 29% negativa y el 13% positiva, pero existen notables diferencias entre los empresarios andaluces respecto a los madrileños y los catalanes: el 42% de los andaluces encuestados valoran mal a su Administración Autonómica, frente al 28% de los catalanes y el 27% de los madrileños. La Administración Local también recibe una calificación algo más negativa en su conjunto. El 35% de los encuestados consideran que su diligencia y eficacia son malas y sólo el 14% las valoran bien. De nuevo aquí, los empresarios andaluces parecen tener un peor concepto que los catalanes y madrileños: el 42% la califican con una mala nota y sólo el 12% de forma positiva. También los empresarios andaluces detectan con más frecuencia que los catalanes y madrileños conductas irregulares de funcionarios y empresarios, aunque las diferencias son menores que en el funcionamiento de las AAPP. Las prácticas más frecuentes según los encuestados son los pagos a funcionarios por parte de las empresas, los comportamientos empresariales ilícitos y las prácticas irregulares, el falseamiento de la información a Hacienda y la competencia desleal. En otras publicaciones (Ferraro, 2014a y 2014b) he abordado una interpretación sobre las restricciones institucionales en España responsables de la mayor intensidad de la crisis económica en nuestro país y el retraso en adoptar políticas consecuentes. Esa interpretación parte de dos concesiones trascendentales en la transición democrática: la concesión de todo el poder a los partidos políticos y sus líderes para consolidar la democracia, y dejar abierto el Título VIII de la Constitución para integrar a todos los territorios en la vía constitucional. Ambos fenómenos han dado lugar a la partidocracia (con el control de todas las instituciones por los aparatos de los partidos políticos y con la ausencia de control independiente sobre éstos), y a un proceso de descentralización que no ha obedecido a ningún proyecto racional, sino al

9. Charron, Lapuente y Dijkstra (2012)

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juego político, lo que ha propiciado una superestructura de cargos públicos desmesurada, una lucha partidocrática en la que las bazas del éxito han sido la creación de derechos a la población en detrimento de las responsabilidades individuales, disfunciones en la gobernabilidad, y una huida hacia adelante del proceso descentralizador que está en la base de las tensiones separatistas. El desarrollo del Estado de las Autonomías en Andalucía permitió aumentar extraordinariamente el poder de los partidos por la proliferación de cargos públicos: Consejeros y otros altos cargos del gobierno regional, parlamentarios, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social, Consejo Audiovisual, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, RTVA, directivos (políticos) de decenas de empresas, agencias, fundaciones y otras entidades públicas; a lo que hay que sumar la multitud de cargos públicos en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales, y en sus empresas públicas y otros organismos dependientes. Miles de responsables públicos fuertemente condicionados por una estructura partidocrática, en la que la competencia profesional no es un activo más importante que la fidelidad a los líderes o a las personas a los que debe su puesto. El elevado número de profesionales de la política combinado con el peso también elevado de empleados públicos (con flujos entre estos dos colectivos), unido a los elevados presupuestos públicos y la debilidad de la iniciativa privada han conferido al Sector Público regional una extraordinaria relevancia en la región, facilitado además por la escasa transparencia y la falta de un control externo independiente. La ausencia de un control independiente de los partidos políticos es un rasgo de la democracia española y que cobra relevancia en Andalucía, donde la Cámara de Cuentas ha estado encabezada tradicionalmente por consejeros en representación de los diferentes partidos políticos, con un control tardío y meramente financiero de las cuentas públicas. Por su parte, el Parlamento es más un órgano en el que se realizan debates generales, y escasamente útiles para investigar y analizar con detalle las actuaciones del gobierno regional. La ausencia de control se extiende a otros ámbitos de la sociedad, en los que ni los servicios de estudio de las entidades financieras, ni las universidades, ni las organizaciones empresariales, ni otras asociaciones independientes de la sociedad civil han acometido con rigor y profundidad el seguimiento y análisis de las políticas y servicios de la administración regional. 4.3.4. La política económica de la Junta de Andalucía

Los gobiernos autonómicos no disponen de política monetaria, ni de tipo de cambio, y la fiscal se encuentra muy limitada por los compromisos de consolidación fiscal, por las limitaciones legales para definir impuestos y por las dificultades de endeudamiento. Por ello, la política económica de los gobiernos autonómicos es fundamentalmente una política de oferta, que tiene como instrumentos básicos la regulación, la inversión pública y los incentivos financieros y fiscales a la inversión

161

Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

privada. Tal vez por ello, por la imposibilidad de abordar políticas macroeconómicas (aunque algunos gobiernos han tratado de implementar políticas de demanda frente a la crisis), los gobiernos autonómicos tienen tendencia al intervencionismo, con un exceso de regulación y de políticas de oferta discrecionales con incentivos financieros. En Andalucía la política económica se ha instrumentado generalmente sobre planes y programas, algunos de estos planes y programas han sido de carácter general (planes de desarrollo económico) y otros específicos o sectoriales (industria, energía, agrario, innovación y desarrollo tecnológico, promoción exterior, comercio interior, desarrollo rural). De los análisis que he realizado sobre la política económica de la Junta de Andalucía (Ferraro 1995, 2002a, 2013 y 2015) se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El carácter retórico de la planificación: Los planes y programas parece que se han concebido como fines en sí mismos, existiendo un bajo nivel de ejecución de las acciones programadas y escasos logros de los objetivos perseguidos. Además, buena parte de la política ejecutada no se encuentra planificada ni programada, como los abundantes recursos destinados a empresas en crisis o a auxiliar a colectivos con cierto nivel de influencia, como las ayudas a los trabajadores afectados por ERE. • El debate y asignación presupuestaria de los planes y programas de naturaleza económica se ha realizado en los últimos veinte años en el ámbito de los siete acuerdos de concertación social, que la Junta de Andalucía ha celebrado con la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO, justificadas en las ideas de consenso y paz social. La experiencia de concertación social en Andalucía ha puesto de manifiesto múltiples inconvenientes: 1) Se ha producido un desplazamiento del debate y control de la acción del gobierno desde el Parlamento a los agentes participantes. 2) La participación de la patronal y los sindicatos no ha mejorado ni la definición ni la aplicación de las políticas, pero los participantes han recibido cuantiosas transferencias, cuya entidad, aplicaciones y resultados se desconocen por su opacidad. 3) Los indicadores de conflictividad social ponen de manifiesto que no existe un diferencial de «paz social» en Andalucía en relación con otras CCAA. • La proliferación de subvenciones y otros incentivos financieros para las empresas y su persistencia en el tiempo, lo que ha provocado efectos perversos: 1) Ha generado una pléyade de buscadores de rentas y empresas especializadas en captar subvenciones; 2) La continuidad en el tiempo de los incentivos ha hecho que muchas empresas estén «abonadas» a las subvenciones, y que se creen empresas en función de su adecuación a las exigencias para ser receptores de subvenciones; 3) La discrecional de las subvenciones de mayor entidad, la falta de transparencia de los comités decisores o la participación de las entidades financieras en la selección de las empresas candidatas, son indi-

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cios de procedimientos que pueden derivar en asignación ineficiente de los recursos públicos. De las anteriores consideraciones puede derivarse que la política económica aplicada por la Junta de Andalucía ha estado subrogada a los objetivos políticos. Es decir, que los objetivos de los sucesivos gobiernos, identificables con la búsqueda de la estabilidad política, mantener o aumentar el apoyo electoral y evitar la oposición de agentes sociales influyentes, han predominado y condicionado el hipotético diseño de una política económica más ambiciosa, avanzada e imaginativa que hubiese favorecido una reorientación del sistema productivo andaluz hacia una mayor competitividad y, con ello, a la generación de mayor renta y empleo. Por todo ello, desde el Observatorio Económico de Andalucía venimos reclamando la evaluación externa e independiente de la política económica. Evaluación que debe examinar no sólo las desviaciones de los compromisos financieros, sino básicamente la utilidad de las políticas, la coherencia entre lo programado y las actuaciones, y la eficiencia. 4.3.5. Otras instituciones sociales relevantes

Los países más desarrollados del mundo disfrutan también de las democracias más consolidadas, democracias que se asientan sobre tres pilares: un sistema de representación política, medios de comunicación libres y una densa red de instituciones de la sociedad civil. En Andalucía existe un rico tejido asociativo, particularmente en instituciones de carácter religioso y festivo, de cuya trascendencia social hay que destacar el peso de la Iglesia Católica por el elevado número de fieles, por vehicular buena parte de las tradiciones más arraigadas y por ser el soporte de múltiples ritos sociales. También existen asociaciones culturales de muy diversa naturaleza (ateneos, academias, defensa del patrimonio,…), pero son predominantemente de carácter local y con escasa trascendencia en la vida pública regional. Las organizaciones no gubernamentales de distintos campos también están presentes en Andalucía, aunque con menor peso que en otras comunidades como Cataluña o Madrid. Por el contrario, tienen escasa relevancia las instituciones científicas, económicas y sociales de carácter regional. La debilidad de las instituciones civiles con trascendencia social en la región es consecuencia de la escasa tradición y de la falta de articulación de la burguesía regional y de los sectores ilustrados de la sociedad, que no las ha cultivado a diferencia de otros países y comunidades, pero se acentúa por el monopolio de la vida pública por los partidos políticos. Anteriormente me referí a la dinámica democrática desde la transición española, según la cual los partidos políticos fueron ocupando crecientes parcelas de poder, ya no sólo el representativo en los parlamentos y en los diferentes gobiernos, sino que fueron ocupando espacios en otras instituciones, desde el Consejo General del Poder Judicial, hasta el Tribunal de Cuentas, cajas de ahorro, órganos reguladores o televisiones públicas. Esta dinámica, común en otras CCAA,

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Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía

ha tenido especial trascendencia en sociedades como la andaluza en la que el tejido empresarial privado es relativamente débil, y también lo son las instituciones de la sociedad civil interesadas en el debate público. Para sustituir ese papel institucional el poder político se ha apoyado en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y en los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, los que junto a otras instituciones, como la Iglesia Católica, los clubes de fútbol y algunas cámaras de comercio han conformado las instituciones civiles más relevantes de la región. Para ello ha sido imprescindible el papel de los medios de comunicación, que ha concentrado su atención regional en la crónica de estas instituciones, mientras que ha sido menor la atención a las actividades y los planteamientos de otras instituciones, como las científicas, económicas o sociales. 4.3.6. Valores sociales y códigos de conducta

Los valores sociales, los códigos de conductas y las creencias ampliamente compartidos determinan lo que es aceptable o rechazable socialmente y, en consecuencia, son un incentivo para el comportamiento de las personas, empresas y otros organismos. La existencia de unos valores dominantes u otros no son características sociales indiferentes para el progreso económico y social, pues algunos los favorecen y otros lo dificultan. Así por ejemplo, una sociedad en la que sus miembros rechazan las conductas irregulares (incumplimiento de las leyes, los acuerdos o los contratos) tiene comportamientos más predecibles, las relaciones económicas son más confiables y por tanto los costes de transacción son menores. Igualmente, una sociedad en los que los modelos de éxito van vinculados al trabajo, la inteligencia y la perseverancia genera incentivos más favorables para el progreso que otras en las que el éxito social se vincula al linaje, las relaciones sociales, la cercanía al poder o la tradición. No existe una base de datos sobre los valores y códigos de conducta dominantes en las distintas CCAA, pero existen indicios parciales que ponen de manifiesto que en Andalucía son algo menos favorables a los valores sociales y códigos de conductas prevalentes en países y regiones más desarrollados social y económicamente. En concreto, el elevado peso de la economía sumergida en Andalucía (superior al 25% del PIB) y su perseverancia en el tiempo sugieren un comportamiento más informal en la economía andaluza, que también parece corresponderse con otros indicios de gorronería social; es decir, la práctica de maximizar el disfrute de los bienes y servicios públicos y minimizar la contribución a su financiación. Si bien estos comportamientos se producen también en otras regiones y países desarrollados, en los más desarrollados estas prácticas son menos frecuentes por la reprobación social de estas conductas. Así ocurre por ejemplo con el fraude del IVA en muchos servicios, la declaración de valores muy inferiores a los reales en la compraventa de inmuebles o la práctica de la doble contabilidad. A estas prácticas que limitan los ingresos públicos se suman otras de recepción irre-

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gular de transferencias. La de receptores de subsidios de desempleo y del subsidio agrario que realizan trabajos ocasionales o regulares es uno de los casos más conocidos, pero también en Andalucía existe 279.025 personas (media en 2014) en situación de incapacidad permanente (9,9% de la población activa, frente al 8,2% de media española). También existen noticias y múltiples indicios de irregularidades frecuentes en la percepción de subvenciones empresariales, aplicadas a objetivos distintos para los que están diseñadas. Más común aún es la actitud dispendiosa o abusadora de los bienes y servicios públicos. A estos comportamientos debe sumarse el extendido uso y el reconocimiento social de las «recomendaciones» para el acceso a puestos públicos, superación de exámenes y pruebas públicas, obtención de títulos, cobros anticipados o prestación de servicios públicos con preferencia para conocidos y recomendados. El mantenimiento de estos comportamientos tiene una vinculación con el prestigio de la picaresca en Andalucía. El pícaro sigue gozando de admiración social por su ingenio, simpatía, habilidad para vivir sin trabajar, rapidez mental, y en otros casos por la justificación explícita o implícita de su comportamiento por su bajo nivel de renta o situación social. El pícaro sigue siendo un héroe popular que se reinventa en obras literarias, anécdotas y chistes, que se reivindica en programas de televisión y se magnifica en los carnavales. Sin embargo, sus valores reconocidos, como la desafección al esfuerzo y al trabajo, el desdén por el rigor, la propensión al engaño y la trampa o la manga ancha en el cumplimiento de las leyes, son actitudes y comportamientos poco favorables para el progreso económico y cívico. Por otra parte, los andaluces reconocen el menor nivel de desarrollo y los problemas asociados como un elemento distintivo de Andalucía, pero con menor relevancia que la calidad de vida, lo que el sociólogo Pérez Yruela (2014) identifica como «paradoja de la satisfacción», que tiene una manifestación en la baja movilidad de los andaluces a pesar de tener la tasa de paro más elevada de España. La paradoja de la felicidad vendría explicada por la conciencia del gran cambio que Andalucía experimentó desde el inicio del proceso autonómico hasta la crisis económica en infraestructuras, equipamientos, servicios públicos y en prestaciones sociales. Si bien el desarrollo del Estado del Bienestar fue generalizado en toda España, su impacto en la mejora de la calidad de vida fue más intenso en los territorios con menor nivel de desarrollo económico, social e institucional. Es el caso de Andalucía, y especialmente del mundo rural, donde provocaron un salto en la seguridad y calidad de vida que aún sigue presente en la memoria colectiva de muchos andaluces. La conciencia de este gran cambio ha ido generando una actitud conservadora de los «logros sociales» conseguidos como derechos inalienables. La sociedad andaluza tiene mucho que conservar, pues las dotaciones de servicios públicos y los niveles de protección social en Andalucía siguen siendo envidiables para los habitantes de la mayor parte del planeta, incluyendo entre ellos a algunos países más desarrollados. Además, el número de personas que recibe ingresos públicos es muy elevado:

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2.753.787 de media en 2014, incluyendo jubilados, personas en situación de incapacidad permanente, pensiones de viudedad y orfandad, dependientes, receptores de prestaciones por desempleo y del subsidio agrario y al personal al servicio de las administraciones públicas, y excluyendo a otras prestaciones menos regulares, como las de maternidad y paternidad, por hijos a cargo, maltrato y a los usuarios de servicios sociales comunitarios. El número de personas que recibe estos ingresos públicos supera al que recibe rentas privadas en un 27,2%, mientras que en España solo en un 1,7%. Además, si solo se contabilizan las personas activas que reciben rentas públicas regulares (empleados públicos, desempleados y receptores del subsidio agrario) se elevan al 54,5% de los que trabajan en el sector privado, mientras que en España es el 31,5%. Y a todos estos receptores de ingresos públicos se podrían sumar los que reciben rentas indirectas a través de entidades que reciben financiación pública, de empresas que contratan regularmente con el sector público, o las que reciben subvenciones. En definitiva, la mayor parte de las familias andaluzas reciben rentas públicas de un tipo u otro, además de disfrutar de los servicios públicos. La resultantes de las anteriores consideraciones y del peso y relevancia de «lo público» es que la mayor parte de los andaluces creen que las instituciones públicas son más responsables de sus vidas que ellos mismos, por lo que los partidos políticos (independientemente de su ideología) están más ocupados en preservar el pasado que en conquistar el futuro, lo que se traduce en falta de ambición de la mayor parte de la sociedad andaluza. Empresarios acomodados en empresas con rentabilidades ajustadas, en ocasiones con alguna ayuda pública, que no ambicionan aumentar el tamaño de sus empresas, innovar, diversificar su actividad, aumentar sus mercados, internacionalizarse. Profesionales con horizontes de progreso limitado en la región, pero que renuncian a emigrar por el confort social y familiar. Jóvenes que prefieren un trabajo asalariado en el sector público o en una gran empresa, aunque sus ingresos no sean muy elevados y las perspectivas profesionales limitadas, y que explican el bajo nivel de emprendimiento. Empleados públicos que, a falta de incentivos de progreso económico o profesional y de reconocimiento social, se limitan a cumplir con su trabajo y a no cometer errores. Políticos más ocupados en el poder y su reproducción, que en concebir y desarrollar políticas para mejorar el nivel de vida y el bienestar social. Artistas y creadores culturales que solo aspiran a sobrevivir con alguna ayuda pública y con algún reconocimiento local. Empleados de rentas bajas cuyo mayor empeño es conservar un bien escaso como el empleo. Desempleados protegidos por transferencias públicas y por su entorno familiar, que no emigran, ni se forman, ni emprenden, y que solo esperan asegurar sus fuentes de ingresos o un trabajo ocasional… En resumen, un conjunto de rasgos institucionales poco favorables para invertir el proceso de divergencia con Europa y España, y menos aún para enfrentarse a los retos que la sociedad global nos depara. Podrá pensarse con razón que muchos de los rasgos

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señalados son comunes en España y, por tanto, no son privativos de Andalucía, pero en todos ellos Andalucía se encuentra entre las CCAA con rasgos menos favorables para el progreso y, lo que es más determinante, los distintos factores institucionales (calidad de la regulación, transparencia, libertad económica, peso del sector público, papel de los políticos y los partidos, la política económica, las instituciones de la sociedad civil, los valores sociales dominantes y los códigos de conducta) se entrecruzan y refuerzan creando una urdimbre institucional de gran estabilidad. Y a la estabilidad institucional se suma el hecho que el proceso de divergencia de Andalucía con el mundo más desarrollado no es abrupto, por lo que la percepción social y, en consecuencia, su posible reacción, es más improbable. 4.4. Un mundo en transformación

El proceso de globalización es irreversible y continuará profundizándose en todas sus manifestaciones (comercio, finanzas, tecnología, cultura), y extendiéndose a todos los países y sectores sociales. La profundización de la globalización la está facilitando la revolución de las tecnologías de la comunicación, de otras tecnologías (robótica, inteligencia artificial, biotecnología, tecnologías de la salud, energías o transportes), y la incorporación de millones de personas al año de los países emergentes con capacidad de producción semejante a la de los países desarrollados. De forma acelerada se están eliminando barreras geográficas y creando un mundo de competencia global en el que regirá la ley de un solo precio. La convergencia en precio ya afecta a la mayor parte de las mercancías y a muchos servicios globalizados y se seguirá extendiendo para abarcar a la mayor parte de bienes y servicios. La competencia global afectará decisivamente a las relaciones laborales. Todo el trabajo que sea fácilmente sustituible tenderá a igualarse en precio independientemente del lugar en el que se desarrolle. Los salarios se jerarquizarán según el talento, el emprendimiento, la capacidad creativa y analítica, la singularidad y la excelencia. Los trabajos fijos irán desapareciendo progresivamente y, si la legislación laboral es restrictiva, irán siendo sustituidos por trabajadores-profesionales que prestarán servicios a las empresas. Los profesionales (autónomos, freelancers o pequeñas empresas) tendrán que mantener un alto nivel de competitividad si quieren mantenerse en el mercado. Los trabajos «medios» disminuirán porque los avances tecnológicos permitirán la estandarización de muchos de ellos, sustituyendo trabajo por capital, por lo que el mundo del trabajo se polarizará. Pero, a su vez, las oportunidades de trabajo estarán abiertas a todas las personas del mundo, independientemente de su origen social, geográfico o étnico, por lo que la movilidad social aumentará y nos dirigiremos hacia una mayor igualdad de oportunidades y a una meritocracia global. En este mundo más competitivo habrá que formarse adquiriendo habilidades singulares. La conciencia de los jóvenes de que lo importante para su vida es su capacidad

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profesional determinará que entre sus exigencias sociales y políticas primen menos las prestaciones de un Estado protector, y mucho más un entorno en el que puedan disfrutar de una formación de calidad, y en el que predominen una cultura e instituciones públicas estimulantes para el desarrollo profesional. Es posible que en el futuro se produzcan algunos cambios relevantes a los que no me he referido y que la intensidad relativa de los enunciados sea algo distinta, pero las tendencias a un mundo más globalizado parecen inevitables y, en consecuencia, un mundo más competitivo, pero también lleno de oportunidades. Estas perspectivas podrán valorarse positiva o negativamente, pero difícilmente podrán cambiarse desde Andalucía. Lo que sí se puede optar es por participar como actores o como meros comparsas en el nuevo mundo que nos espera. 4.5. Resumen y conclusiones

En las páginas anteriores he hecho referencia a los factores claves que determinarán el futuro de Andalucía y que pueden resumirse en los siguientes: • Tanto los agregados económicos, como la estructura productiva y la dotación factorial constatan la debilidad relativa del sistema productivo andaluz. • El análisis por el lado de la demanda pone de manifiesto la incapacidad secular de la producción regional (y las rentas generadas por la misma) de satisfacer la demanda regional. • Las transferencias externas procedentes de la UE y de las comunidades más ricas de España, que han permitido que la demanda interna supere a la renta, vienen reduciéndose, tendencia que se acentuará en los próximos años. • La calidad institucional de Andalucía es inferior a la media española, ya de por sí por debajo del nivel del país en PIB por habitante. La deficiente calidad institucional supone una restricción al crecimiento a largo plazo. • La dinámica mundial apunta hacia un aumento de la competencia global, en las que participarán no sólo las empresas, sino también las personas individualmente. No obstante, en Andalucía hay ejemplos de excelencia en todos los ámbitos: científicos en la frontera del conocimiento, sistema sanitario eficiente, artistas, deportistas e intelectuales reconocidos,… además de las consabidas excelencias naturales y monumentales. También existen actividades económicas destacadas (hortofruticultura, aceite, turismo, algunos servicios empresariales, construcción, gestión de concesiones públicas, aeroespacial,…), medianas empresas internacionalizadas, y emprendedores innovadores,… pero el problema es que son escasas las empresas con alto valor añadido por unidad de producto, con producciones diferenciadas y que operan en el mercado global, y no existe una masa crítica de empresas cualificadas de una cierta dimensión, ni una organización empresarial que las aglutine. El desarrollo de la base productiva regional es necesariamente un proceso largo y complejo que exige mejorar la dotación factorial, muy especialmente invertir capital

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productivo, cualificar los recursos humanos y capacitación empresarial. La posibilidad de que un factor autónomo pueda acelerar el proceso de transformación exige un cambio institucional, y el único que teóricamente se podría producir en un plazo breve es una profunda reforma de las políticas públicas, que posibiliten el desarrollo factorial y liberen los mercados para que las empresas competitivas y las personas más cualificadas jueguen un rol más relevante. Siendo esta reforma improbable por la inercia y resistencia política, las circunstancias que se han producido en los últimos años (malestar social por las consecuencias de la crisis y los casos de corrupción) han provocado un cambio en la escena de representación política y una mayor apertura de los partidos mayoritarios a las reformas institucionales. Tal vez sean unas circunstancias propicias para algunos cambios, aunque exigirán el soporte de grupos sociales con conciencia e interés en que las reformas se produzcan. En cualquier caso, la construcción de una base productiva sólida y de una sociedad que pueda enfrentarse a los retos de un mundo en acelerada transformación exigen cambios a todos los agentes económicos y sociales andaluces. Las empresas tendrán que operar con perspectiva global porque los mercados locales cada vez serán menos significativos. Su capacidad competitiva será la determinante de su supervivencia, pues la posibilidad de defenderse de la competencia con políticas proteccionistas cada vez será más difícil, además de desaconsejable. En consecuencia, lo determinante de sus capacidades competitivas serán los costes de producción si producen bienes o servicios indiferenciados, y la innovación si producen bienes o servicios diferenciados y de alto valor añadido. Para ello, la calidad de sus recursos humanos, la innovación y el tamaño de las empresas serán determinantes. Los individuos deberán asumir más decididamente la responsabilidad de sus propias vidas, lo que se ha de concretar en formación, exigencia y respeto cívico, esfuerzo y apertura al cambio. La mayor competencia internacional determinará que el éxito profesional cada vez vendrá menos determinado por el lugar de residencia, el origen familiar o las recomendaciones, y más por la formación, la inteligencia, el esfuerzo y la perseverancia. El Sector Público tiene que abordar cambios significativos en su funcionalidad y funcionamiento, pues en un marco de competencia global los países no podrán permitirse elevados gastos improductivos, lo que exigirá la convergencia del peso del Sector Público y que la producción pública sea eficiente y añada valor a los factores, bienes y servicios comercializables. Si tradicionalmente los Estados se han legitimado proporcionando seguridad a sus ciudadanos y maximizando su bienestar, hacia el futuro los ciudadanos requerirán que se maximicen las oportunidades que le ofrecen a las empresas y a los ciudadanos individualmente para competir en el escenario global, por lo que se les exigirá a los Estados que fomenten la investigación, la innovación, el emprendimiento y una educación de excelencia. Las Administraciones Públicas deberán ser más proactivas a las empresas y a los ciudadanos, facilitando la mejora de sus capacidades competitivas,

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simplificando las regulaciones y la burocracia y proveyendo los bienes y servicios públicos con calidad y eficiencia. Estos cambios no tienen que significar el desmantelamiento del Estado de Bienestar, pues los ciudadanos seguirán requiriendo esta red de seguridad, pero a) tendrá que aumentar su eficiencia, b) se deberán combatir los factores más desincentivadores de la protección social sobre la iniciativa individual, y c) la dimensión y características del Estado de Bienestar tendrá que ajustarse a la evolución demográfica y económica n

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5. Colaboraciones de los socios

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Colaboraciones de los socios

La evolución tecnológica Juan Ignacio de Arcos Rus

Consultor TT.II.

s difícil rememorar en el momento actual cuál era nuestra situación, desde el punto de vista de la tecnología, hace 25 años. Internet existía desde hacía dos décadas, pero para acceder a un simple archivo de texto en un servidor de cualquier

universidad, aparte del complejo hardware necesario, había que adentrarse en una serie de menús jerarquizados constituidos por caracteres blancos sobre fondo negro. Afortunadamente, 1990 marcó un hito importantísimo para la democratización de su uso: Arpanet desaparece al ir adoptándose el protocolo de comunicaciones TCP/IP como estándar de facto y permitiendo la interconexión universal de diferentes dispositivos hardware. Además, ese mismo año contempló el nacimiento de un software que permitiría el acceso a la información de la forma, hoy tan intuitiva, que ofrecen los hipervínculos en páginas HTML, todo ese ecosistema que hemos denominado World Wide Web. La penetración ha sido vertiginosa: 3.000 millones de personas conectadas a internet en el año 2014, cifra que se incrementará en 1.000 millones adicionales en los próximos años procedentes, sobre todo, de los países emergentes. Y todo ello gracias a que los costes para acceder a estos servicios se ha ido reduciendo al mismo ratio que crecía la velocidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento o el ancho de banda: simple ley de Moore. Gratuidad e inmediatez. Hacia la innovación frugal. Se trata de una escenografía en donde todos, ricos y pobres, van a disfrutar de acceso a la información básica y generalizada de forma casi ilimitada (pues para la más sofisticada siempre se habrá de pagar un premium), abriendo infinidad de posibilidades para la enseñanza (v.gr. MOOC) o la interacción (v.gr. redes sociales). En definitiva, llegar a la meta final sin tener que recorrer todas las casillas. La tecnología juega hoy un papel predominante en el progreso y bienestar social. Y va a seguir jugándolo. Probablemente desplazará muchos puestos de trabajo en las áreas más automatizables (legislación, contabilidad o salud, por citar algunas) y menos en aquéllas que requieren creatividad y habilidades sociales. Pero también es cierto que se crearán nuevas actividades derivadas de la entrada en sectores en donde la demanda y la productividad es mayor. Inteligencia artificial, robótica, sensores, movilidad, wireless, big data, automatización, 3D… son algunas de las nuevas aplicaciones fruto del tándem máquina-algoritmo. Todo ello, al servicio de las empresas. Grandes y pequeñas. Andalucía no ha quedado al margen de esta realidad. Hoy, cientos de micropymes están madurando de forma acelerada al incorporar estas tecnologías a sus procesos y permitiendo una innovación de calidad, inimaginable hace 25 años. Y porque sabemos que la competencia es cada vez más sofisticada, hemos de seguir este camino con ilusión, entusiasmo y el convencimiento de que el futuro que tenemos por delante podemos modelarlo nosotros mismos n

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Una enseñanza de la Gran Crisis Santiago Carbó Valverde

Catedrático de Economía

i la llamada «Gran Crisis» nos ha enseñado algo es que, precisamente, no debemos olvidar lo aprendido de pasados acontecimientos similares. La experiencia histórica es valiosa, siempre que la política y la regulación se orienten en alguna medida a

partir de ella. En este capítulo se repasan cinco lecciones de la crisis que, sin ser exclusivas ni necesariamente exhaustivas, son bastante ilustrativas. Desde un punto de vista internacional, una primera observación relevante es que se ha caído con frecuencia en la tentación de hablar de «crisis global» cuando, en realidad, ha sido un acontecimiento fundamentalmente circunscrito a los dos lados del Atlántico. Estas generalizaciones son peligrosas porque en el mundo en el que ahora vivimos las perturbaciones y shocks no tienen por qué venir de Europa o Estados Unidos. Una segunda lección se refiere a la arquitectura financiera internacional. Realmente, no parece que las cosas hayan cambiado demasiado respecto a la estructura que había antes de la crisis si sólo se piensa en el mercado. Además, las soluciones han sido monetarias y es posible que parte de ellas sean medicinas cuyos efectos adversos no se conocen aún. Una tercera lección es cómo gestionar las secuelas de la crisis. No puede hablarse de salida mientras las secuelas persistan. El caso español es un ejemplo palmario. Ha habido reformas pero son precisas muchas más. Mientras esto sucede en España, otros países con burbujas inmobiliarias y crisis bancarias de igual o mayor envergadura, como Estados Unidos y Reino Unido, han dejado definitivamente atrás la crisis y se encuentran en niveles muy cercanos al pleno empleo. La cuarta lección se refiere a la percepción social y a la desigualdad. Los resortes familiares y sociales han amortiguado en buena medida los golpes. Pero esa estructura institucional ha sufrido daños, en parte porque su base estaba mal construida. Además, la estructura política se ha visto convulsionada y no parece que exista un espíritu de consenso sobre cuáles son las prioridades, lo que supone un riesgo muy importante. La quinta y última lección es cómo protegerse de la crisis. Es el corolario de las lecciones anteriores en estas líneas: una crisis impacta más en los países con estructuras institucionales débiles. Esto sirve tanto como lección para España como para Andalucía. Esas instituciones solo se refuerzan mediante reformas modernizadoras y basadas en los incentivos correctos. Lo que ocurre es que la crisis arrastra consigo un reto político muy complicado: reformar cuando las cosas van mal. Y sacrificar réditos políticos por un cambio en la estructura de gobernanza. Opciones necesarias pero con poco predicamento social y previsibles costes electorales. La idea es otra. Reformar cuando se crece. Se ha pensado que la estructura del Estado del Bienestar era sostenible por sí misma, con una clase media castigada y empobrecida sosteniéndola para el resto del país. Se necesitan referencias de cambio desde arriba. Algo a lo que agarrarse y en lo que creer, en definitiva n

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Colaboraciones de los socios

La izquierda y el debate económico Francisco Casero Rodrígruez

Ecologista

nos servicios públicos de calidad, accesibles a todos, que garanticen una adecuada sanidad, educación, servicios sociales y asistenciales (en definitiva, lograr un adecuado estado del bienestar) ha sido la bandera más visible en materia económica

de la izquierda política. Sin embargo, no se supo aprovechar los años de bonanza para sentar las bases de una estructura económica sólida, diversificada y competitiva que aporte un valor diferenciado y que produzca el tan anunciado despegue que ha aparecido en varias campañas institucionales. En Andalucía, los sucesivos gobiernos han vuelto a poner de manifiesto aquel dicho de que a la izquierda lo que se le da bien es redistribuir la riqueza, pero no tiene del todo claro cómo generarla. El gobierno de Andalucía ha convertido a la administración pública en el principal agente económico, suplantando en demasiados casos a la iniciativa privada, de la que nunca parece haber terminado de fiarse. En un territorio en el que más del 95% de las empresas son micro, donde el pequeño profesional-empresario es el que vertebra la economía de pueblos y ciudades, no se ha creado el marco necesario para facilitar su actividad, se les ha enterrado en trabas, trámites administrativos y una fiscalidad asfixiante. Es necesario mirar con atención para distinguir las políticas y acciones que han respondido a principios de la izquierda ideológica. La complejidad burocrática, los intereses interrelacionados, los diferentes y complejos poderes públicos y sus interrelaciones hacen pensar que las políticas económicas aplicadas en Andalucía no distan mucho de las llevadas a cabo en otros lugares, aunque sus gobernantes sean de signo político contrario. Algunos hablan de la desaparición en materia económica de las ideologías de izquierda y de derecha. En términos europeos, puede decirse que, en la práctica, las políticas económicas neoliberales no están muy distantes de las socialdemócratas. Las políticas económicas y fiscales, además de los recortes presupuestarios y otras medidas de gobierno, están haciendo recaer las consecuencias más graves de la crisis sobre los más débiles. La cifra de andaluces que vive bajo los umbrales de la pobreza es cada día mayor y se produce hoy la paradoja de vivir en la pobreza aun estando empleado. La desigualdad económica que se traduce en desigualdad social está aplastando a los que se consideraban clase media y hoy tienen que reconocerse como obreros, proletariado. La denominada lucha de clases que algunos daban ya por enterrada puede pasar a primer plano en un futuro próximo. Los próximos meses son decisivos para la economía de muchos andaluces y de la propia comunidad porque nos encontramos en un proceso de degradación del que sólo existen precedentes en épocas de postguerra. Desplegar políticas de izquierda en el ámbito económico requiere una profunda reforma fiscal, una dinamización del sector privado que genere valor añadido, redistribución de la riqueza, prestar servicios públicos adecuados, universales y de calidad, medidas económicas

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que incluyan criterios de sostenibilidad ambiental, políticas que favorezcan la vertebración del territorio andaluz y permitan, a cualquier persona, obtener unas condiciones de vida y un puesto de trabajo digno con independencia del lugar donde viva. La izquierda tiene aún mucho por decir y hacer en materia económica en esta tierra n

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Colaboraciones de los socios

La empresa en el Observatorio Eustasio Cobreros Vime

Empresario

levo muchos años asistiendo al Observatorio Económico de Andalucía. Recuerdo las primeras reuniones en la Cámara de Comercio de Sevilla, donde conocí a nuestro querido amigo Antonio Contreras y allí aprendí de su ejemplo, de persona preocu-

pada por los demás, por la sociedad y por su entorno, y de su forma desinteresada de ejercer ese compromiso. No hay muchos empresarios entre sus miembros; hay muchos emprendedores, pero pocos empresarios. Personas de la Universidad, de la comunicación, economistas, muchos con experiencia en la administración pública, profesionales libres que, sesión tras sesión me han enseñado con su competencia y capacidad de análisis, a discernir y a buscar la verdad. El OEA y sus miembros son un claro ejemplo de sociedad civil, responsable e independiente. Siempre he dicho, con todo el respeto, que los economistas cuentan la economía y que los empresarios y los trabajadores de las empresas la realizamos. Y es cierto que el OEA es de los pocos sitios en los que, desde formas de pensar diferentes, se reconoce la importancia del empresario en y para la sociedad. También digo siempre, reconozco que con cierta sorna, que el principal problema que tenemos en Andalucía somos los empresarios. ¿Es porque seamos peores que los de otras zonas geográficas? No, somos tan buenos o tan malos como en cualquier parte del mundo. Nuestro único problema es que somos pocos. Luego el problema no es de los que estamos o somos, el problema es de los que no están ni se les espera. Sin empresarios no hay beneficios, sin beneficios no hay impuestos, sin impuestos no hay estado del bienestar, sin estado del bienestar no hay clientes y sin éstos no hay empresas. Todos nos necesitamos y de todos dependemos. Y todos deberíamos reconocer algo que, por sabido, no es aceptado por muchos o ignorado por otros. Todo sale de las empresas, del dinero que el empresario ha puesto en la misma, de los trabajadores que desarrollan su profesión en estas, de las rentas de capital con las que las mismas se apalancan y, aunque parezca paradójico, de la competencia que otras empresas realizan. Del mercado. No me gustan mis colegas que se quejan de la administración y mucho menos los que piden ayudas o subvenciones. Nuestro marco de quejas debería centrarse exclusivamente en los impuestos excesivos y en la excesiva regulación; deberíamos pedirle a los administradores públicos que estorben lo menos posible. Pero incluso así, estas quejas no deberían ser excusas por nuestros malos resultados, por nuestro producto obsoleto, por nuestros recursos limitados, por nuestra falta de predicción comercial, por nuestra incapacidad para asociarnos, por nuestra incapacidad de adaptación. Los empresarios deberíamos estar siempre a la altura de ese examen implacable que es el mercado. Entre los magníficos conferenciantes que han asistido al OEA, ha habido buenos empresarios, buenos ejemplos a los que emular y reconocer su labor, espero que en el futuro ese nú-

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mero aumente y los miembros de este serio grupo podamos seguir investigando y discutiendo cómo mejorar nuestros productos, nuestra imagen y la importancia que la empresa tiene en este mundo, que ahora se nos presenta impredecible más que nunca n

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Colaboraciones de los socios

Empresa andaluza/empresa extranjera. Emilio Colomer Niessen Empresario Diferencias

l primer aspecto que hay que tener en cuenta es el del tamaño de las empresas: en general, las andaluzas son más pequeñas que las extranjeras implantadas en Andalucía. Si analizamos las diferencias en empresas de tamaño medio, en ambos casos,

podemos ver que, en el área de administración y finanzas, la empresa extranjera está más capitalizada y como consecuencia sus gastos financieros son inferiores y en porcentajes relevantes, de un 2 ó 3 %, con respecto a la andaluza. Como consecuencia de esta débil capitalización de las empresas andaluzas, en muchos casos, los accionistas se ven obligados a garantizar, avalar, con su patrimonio los créditos bancarios y de los proveedores. Los accionistas de las empresas andaluzas suelen ser reacios a la entrada de nuevos socios con aportación de capital y gestión, al tener miedo a la pérdida de control sobre la compañía. Ambos elementos, la débil capitalización y el ser más reacias a la incorporación de nuevos accionistas, limita el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas. El paso de pequeña a mediana y gran empresa es mucho más difícil. En gestión de personas, en las empresas andaluzas la alta dirección con frecuencia es asumida por familiares de los principales accionistas sin priorizar en algunos casos su nivel de preparación. Esto también suele ocurrir en otros niveles inferiores de la empresa. En este asunto hay que decir que el nepotismo en las empresas extranjeras está muy mal visto. Las empresas extranjeras son más exigentes en el conocimiento de idiomas, al menos una lengua extranjera, y en la disponibilidad de movilidad geográfica. La formación dentro de la empresa está más estructurada y reglada en la extranjera. Aunque los cursos de formación son usuales en todas las empresas, las de fuera tienen la ventaja del posible intercambio de personal entre los diferentes países, lo que conlleva el aumento de conocimientos. Los niveles salariales suelen ser superiores en las empresas extranjeras y un porcentaje importante está sujeto a la consecución de los objetivos anuales. Como aspecto positivo en las empresas andaluzas, hay que decir que el trato con el personal es más humano y flexible, y se tiene más consideración con las situaciones familiares de los empleados. Quizás sea en el área comercial donde las diferencias son más notables, ya que el desconocimiento de idiomas, especialmente el inglés, en muchos empresarios andaluces ha sido una limitación histórica a su expansión en el mercado exterior. La empresa andaluza está mucho más enfocada hacia los mercados más cercanos, entendiéndose la exportación como algo complementario y limitándose su acción a países próximos como Portugal, Marruecos o en aquéllos donde el idioma es una ventaja, como en Latinoamérica. Este comportamiento, afortunadamente, parece ser que está cambiando en los últimos años. En el campo de la tecnología y la producción, no existen grandes diferencias, siendo similar

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el uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en los procesos de producción. La ventaja de la empresa extranjera es que la mejora de dichos procesos se hace a través de programas de benchmarking entre las filiales de diferentes países, con el resultado de un progreso continuo de los mismos. Una ventaja adicional es el intercambio de conocimiento entre los diferentes países. La empresa andaluza tiene como ventaja competitiva su mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios de tendencia de los mercados. La toma de decisiones en las empresas extranjeras requiere de mayores requisitos y consensos entre las diferentes áreas de la empresa, con el retraso que esto conlleva para la adaptación a las exigencias de los mercados n

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Colaboraciones de los socios

Los retos de la empresa andaluza Beatriz Cuevas

Economista

ace 25 años, al mismo tiempo que el OEA iniciaba su andadura, comencé mi carrera profesional dentro del cada vez más exigente mundo de la auditoría, lo que me ha permitido ser testigo privilegiado y, en cierta medida, partícipe, de la evolución del

tejido empresarial andaluz. A lo largo de este periodo, hemos presenciado una destacable mejora de la calidad de los productos y servicios de las empresas andaluzas alcanzada a través de inversiones en procesos productivos e incorporación de tecnología, la creciente profesionalización de las organizaciones y la cualificación de sus recursos humanos, la adaptación a los cambios regulatorios cada vez más complejos y exigentes y, especialmente en los últimos tiempos, su apertura a otros mercados. Sin embargo, son todavía muchos los retos a los que las empresas andaluzas han de enfrentarse para competir con éxito, especialmente ahora que estamos presenciando grandes fenómenos que están configurando un nuevo entorno empresarial, como la integración económica global, la digitalización y la demanda de una mayor transparencia en la gestión empresarial. En primer lugar, es perentorio incrementar el tamaño de la empresa andaluza: según datos del INE, en 2013 el 96,4% (96,1% en 1994) eran microempresas (de 0 a 9 asalariados), de las cuales el 52,4% (61% en 1994) no tenían asalariado alguno, estando el número de grandes empresas muy por debajo de la media nacional (0,07% frente a 0,12%). Un tamaño adecuado permite a las empresas acometer las inversiones necesarias para ganar competitividad, acudir a los mercados financieros nacionales e internacionales y expandir sus fronteras. Además, el entorno cada vez más competitivo, obliga a las empresas a invertir recursos para generar nuevos activos intangibles (know-how, nuevos diseños y aplicaciones, innovaciones tecnológicas, etc.) que le permitan mejorar su posición en el mercado. En este sentido, toma especial relevancia la inversión en I+D en la que, lamentablemente, Andalucía no ocupa posiciones destacadas. Por otro lado, la excesiva concentración sectorial en Andalucía, con un predominio del sector terciario y, dentro de éste, del comercio, y un reducido peso del sector industrial, en especial de aquellas industrias que incorporan mayor valor añadido y hacen uso intensivo de alta tecnología, hacen que la empresa andaluza sea más frágil ante los ciclos económicos. Así, pese a que en el periodo 1996-2009 Andalucía registró una tasa interanual de crecimiento del número de empresas mayor a la media nacional, la fuerte contracción sufrida desde 2008 en los principales sectores productivos de la comunidad, ha ocasionado una menor tasa de supervivencia de las mismas. A lo largo de estos 25 años, el OEA ha venido señalando la relevancia de estos retos mediante numerosas conferencias de reputados ponentes (entre ellos algunos de los más destacados exponentes de la empresa andaluza), al igual que, estoy convencida, seguirá haciendo en el futuro n

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El cambio tecnológico y las políticas electoralistas Fernando Feijoo

Ingeniero y empresario

ntre 1800 y 1900 irrumpió la Revolución Industrial, que supuso un cambio económico mundial sin precedentes. En el Reino Unido, donde se inició y consolidó, la producción por persona se triplicó en solo 100 años, los salarios reales medios se mul-

tiplicaron por 5. Sus efectos beneficiosos para la sociedad se fueron extendiendo por todo el mundo. El crecimiento industrial en 100 años fue equivalente a los 6.000 precedentes. Algunas enseñanzas debemos obtener de esa revolución. El Reino Unido la pudo protagonizar porque previamente sus ciudadanos habían conquistado unas instituciones capaces de gestionar el cambio. La Gloriosa Revolución democratizó el poder, trasladándolo de la nobleza a la burguesía, que suprimió las barreras para las innovaciones industriales y el libre comercio, porque ese era su interés. Se demostró que los oponentes a las máquinas estaban en un error, que no quitaban el trabajo a los hombres, sino que los liberaban de su carga más pesada. Los monarcas y las instituciones que las prohibieron o dificultaron, por miedo o compasión hacia sus súbditos, solo retrasaron el cambio y redujeron sus efectos beneficiosos, llevando a algunos países, como España, a dar un gran paso atrás en relación a otros de su entorno. Otros países entonces atrasados como EEUU la adoptaron con entusiasmo, superando en poco tiempo al Reino Unido. En 1842 el PIB de EEUU era la mitad que el del Reino Unido; en 1904 era el doble. Si la oportunidad de haber aprovechado esa revolución industrial la perdimos, ahora tenemos otra nueva: la revolución tecnológica, combinación de ordenadores e Internet. En pocas décadas se está transformando el mundo, posiblemente de una manera más drástica que con la revolución industrial. Hoy vemos como EEUU, que el pasado año introdujo una nueva ola de robots en su sistema productivo, creó 3 millones de empleos. La economía de las apps, que hace una década no existía, tiene un valor actual de 100 billones de dólares, superior a toda la industria cinematográfica. Y esto no lo han hecho grandes centros de investigación, sino emprendedores individuales, en un clima de libertad propiciado por instituciones inclusivas. Lo mismo sucede en muchos países de Asia y Europa. Lamentablemente, en esta ocasión tampoco está sucediendo en España y menos en Andalucía. La «California de Europa», la «Andalucía imparable»… no solo han demostrado ser frases retóricas y planes huecos, sino que están aumentando nuestro gap con las sociedades desarrolladas. Esto no es casual, porque al mismo tiempo que nuestras instituciones hacen proclamas de progreso, su regulación, activa o por omisión, lo dificultan o impiden. Por ejemplo, la llamada «economía colaborativa» está generando rentas, trabajo y progreso a muchas sociedades e individuos. Sin embargo vemos como sus productos más populares (Uber, Airbnb) son prohibidos y/o dificultados por los jueces, la regulación o una mezcla de

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Colaboraciones de los socios

ambos. ¿Por qué nuestros emprendedores iban a desarrollar aquí esas apps, en vez de marcharse allí donde podrán ser aplicadas? Sin un cambio de instituciones, que regulen o desregulen en beneficio de todos, sin cálculos electoralistas, que representen a los ciudadanos, el cambio no será posible. En este intenso cambio económico, tecnológico y social, el camino a la irrelevancia futura es muy corto y rápido. Andalucía ya ha recorrido un buen trecho n

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Impresiones desde el interior Pilar Gayán

Economista

i relación con el Observatorio Económico de Andalucía ha sido intermitente a lo largo de estos 25 años. Estuve en sus inicios, cuando desde los Servicios de Estudios de las cámaras de Comercio de Sevilla y Almería, dirigidos por Antonio Contreras y

por Jerónimo Molina, se decidió la creación de un foro de análisis y seguimiento de la actividad económica andaluza que sirviera para ofrecer a los empresarios opiniones contrastadas sobre la coyuntura regional y he vuelto a vincularme a él en los últimos años. En ambos periodos he percibido que la actividad del Observatorio está íntimamente vinculada al trabajo y a las ganas de sus impulsores, que creen en la necesidad de que desde la sociedad civil se siga la realidad económica y se planteen medidas y propuestas que sirvan para mejorar el entorno en el que se desenvuelve la actividad económica en Andalucía. Recuerdo con especial cariño los primeros años, no sé si porque coincidieron con mi incorporación al mundo laboral y mis ganas de hacer cosas nuevas y útiles para la sociedad, o por el empuje y las ganas que tanto Antonio como Jerónimo ponían en que esta iniciativa fuera un éxito. Recuerdo las reuniones que celebrábamos en la Cámara de Sevilla, en Almería, en Granada,… en las que Martín y yo, una vez finalizada la reunión, elaborábamos unas conclusiones que se consensuaban durante el almuerzo y luego se enviaban a los medios. Recuerdo las intervenciones de los distintos ponentes, que eran invitados a las sesiones y que eran seguidas con interés por los medios de comunicación que acudían a las sesiones. Recuerdo a los integrantes del Observatorio Económico de esta primera etapa, algunos de los cuales siguen siendo parte importante del mismo y se han mantenido a lo largo de estos 25 años. Posteriormente, el Observatorio Económico de Andalucía se desvinculó de las Cámaras y comenzó una etapa en la que yo lo seguía a través de los medios de comunicación, hasta que en 2012 volví a retomar el contacto con él. En esta nueva etapa he constatado que se ha producido una ampliación del número de socios, así como el espectro de profesionales que abarca y que se han diversificado las actividades que se realizan. A pesar de todo, creo que el espíritu con el que nació sigue perdurando y también las ganas de que el Observatorio Económico de Andalucía sea una entidad independiente que persigue con sus aportaciones ser útil a la economía y a la sociedad de Andalucía. Espero y deseo que cuando se celebren los 50 años de esta institución, aunque hayan cambiado las personas que lo integren, se mantengan los principios y fines con los que se creó hace ahora 25 años. ¡Larga vida al Observatorio Económico de Andalucía! n

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Colaboraciones de los socios

Vocación de servicio Manuel A. Hidalgo

Profesor de Economía

n sus 25 años de historia, el Observatorio Económico de Andalucía ha cumplido con uno de sus principales objetivos: vincular el debate y el análisis económico, riguroso y científico, con la sociedad, representada ésta por una selección de sus fuerzas vi-

vas, es decir, empresarios, expertos, académicos, gestores, etc... Cumple el Observatorio de este modo, y también la Ciencia Económica, con la razón de su existencia: crear conocimiento sobre las economías andaluza, nacional e internacional, todas ellas vinculadas entre sí, y una vez creado, transmitirlo. A través de las exposiciones de invitados así como de informes y documentos se ha dado buen cumplimiento a dicho precepto en los ya numerosos años de esta organización. Y es que, a pesar del ambiente crítico existente en la actualidad contra la Ciencia Económica, es en este tipo de actividades donde ésta muestra su verdadera vocación social de transmitir conocimiento mediante la exposición del «ser» y del «deber ser» de la economía, dirigiendo el foco del análisis hacia los problemas económicos que en cada momento destacaban como actuales. Y no es ajeno este ejercicio a la época dorada que actualmente experimenta la Ciencia Económica. Los recientes avances en la Economía Aplicada, la rama de la Ciencia Económica dedicada a la validación empírica de las teorías e hipótesis económicas, permiten un análisis cada vez más riguroso y alejado del subjetivismo propio del ser humano. Este avance en el conocimiento se fundamenta no sólo en la mayor disponibilidad de cada vez mejores herramientas de análisis, en especial econométricas, sino ademas de nuevas y abundantes bases de datos con las cuáles poder realizar dichos estudios, así como de la aportación de las nuevas tecnologías, que han permitido ampliar la capacidad de análisis. Pero además de estos grandes avances en la Economía Aplicada, la Economía Política y la Política Económica han avanzado, a pesar de los reveses infringidos por la reciente crisis económica y la falta de previsión. Y esto es por la misma razón que se argumentaba en el párrafo anterior: los avances en la Economía Aplicada han permitido exponer a la luz del foco de los datos numerosas teorías, así como evaluar las políticas públicas aplicadas. En este sentido, los avances en la comprensión de la economía son considerables, algo que de nuevo, puede ponerse al servicio de la sociedad. Así, siendo justos con la Ciencia Económica, gran parte de sus aportaciones, más allá de su capacidad o no de prever ciclos, han elevado el bienestar ciudadano: regulación y diseño de mercados, provisión de bienes públicos, precios óptimos, etc. La conjunción de ambos avances permite cerrar un círculo que incide en una Ciencia Económica más madura y consolidada. El Observatorio, a partir de sus actos y publicaciones, no es ajeno a esta singular vocación de servicio hacia las necesidades sociales. El conocimiento del medio económico se logra, pues, explicitando ideas y análisis que se realizan en el seno de este tipo de organismos n

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25 años observando… y aprendiendo Miguel Ligero

Gestor empresarial y financiero

l repasar mi experiencia en el Observatorio Económico de Andalucía, la primera impresión que tengo es la de que he compartido una historia emocionante y enriquecedora junto a un grupo de compañeros a los que aprecio y admiro. Una historia en

la que he disfrutado y aprendido. Desde el principio fue para mí una actividad en la que me comprometí para hacer algo por mejorar el nivel de conciencia y de cultura de nuestra sociedad, de la sociedad civil. La historia del Observatorio no ha sido regular; como todo ser viviente, ha tenido períodos de intensa actividad y también ha pasado por fases más relajadas, pero quizá era, como dicen algunos, un descanso para salir funcionando con más fuerza. En cualquier caso, creo que el resultado al día de hoy ha sido y es brillante. Y por eso debemos felicitar a las personas que más han trabajado y se han esforzado por este instrumento, hasta hacerlo imprescindible hoy día para nuestra tierra. Y felicitarnos todos por ello, también. En estos 25 años, el Observatorio Económico (mención de oro para la inmensa mayoría de los ponentes que han pasado por las sesiones ordinarias) ha diseccionado y nos ha mostrado de qué está hecha una parte importante de nuestra región y mucho también de España. Y hemos intentado aportar, con los análisis, ideas de regeneración, ideas de progreso, propuestas para avanzar hacia una sociedad más sensata, más consciente de sí misma y de otras realidades tan patentes en este antiguo mundo que se nos ha hecho cercano a través de eso que llamamos globalización. La economía aplicada a la vida de cada día, contrapuesta no pocas veces a las políticas, en ocasiones incomprensibles, de los responsables políticos. Los documentos elaborados por el Observatorio, que abordan con acierto situaciones económicas concretas de Andalucía, han aportado valiosas ideas merecedoras de ser tenidas en cuenta por los responsables de las instituciones públicas. Mención especial merece, en mi opinión, el documento titulado «Un ajuste económico y de competitividad para Andalucía», documento de total vigencia hoy día. Algo similar debo decir de los «Encuentros Economía y Sociedad», el último de los cuales se ha celebrado en Sevilla. Pero vivimos tiempos de cambios, cambios en el modelo productivo para salir de la crisis, cambios en la política impulsados por partidos surgidos de la contestación de la calle que, con sorprendente celeridad, se han encaramado en los primeros puestos de las preferencias de los ciudadanos. Y el Observatorio debe estar ahí, al tanto de lo que pasa para analizar esa nueva realidad, para exponer sus opiniones, como siempre debatidas, para arrojar luz, para ayudar en estos momentos de incertidumbre. El papel que, en mi opinión, le está reservado al Observatorio es el de notario de la realidad económica, pero sobre todo el de aportar ideas y propuestas avanzadas y positivas sobre la realidad económica y social e intentar que sean aprovechadas, tanto por la sociedad en general, como por empresarios e instituciones de pensamiento e investigación, por la Uni-

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Colaboraciones de los socios

versidad, por centros de cultura y, por supuesto, por las administraciones p煤blicas. Es una tarea que, en mi opini贸n, el pasado ha demostrado que sabe hacer, por lo que creo que se puede presagiar un futuro brillante, para beneficio de nuestra tierra n

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La información estadística en Andalucía. Elena Manzanera Díaz Economista/estadística 25 años de desarrollo Mª Carmen Fernández Cuevas

Economista/estadística

a información constituye un elemento estratégico en todos los ámbitos de la sociedad, pudiendo afirmarse que aquellas sociedades dotadas de potentes sistemas de información y de canales de acceso a ésta, que faciliten su explotación y su reutili-

zación para la generación de conocimiento, serán las que estén en mejores condiciones para afrontar los retos de la globalización. El que toda la ciudadanía disponga de la misma información con que cuenta el gobierno es una clave esencial para la transparencia y la consolidación de la democracia. Hace 25 años, Andalucía se situó a la vanguardia de esta materia, al aprobar una Ley de Estadística para la Comunidad Autónoma y poner en marcha un Sistema Estadístico con el objetivo de generar información acerca de la realidad socioeconómica de la región. En aquel momento, la información estadística oficial sobre Andalucía se limitaba a operaciones básicamente demográficas y laborales de carácter nacional que se complementaban con información generada por instituciones privadas que permitían construir la imagen de Andalucía. El primer hito de esta nueva etapa fue la elaboración, con referencia a 1990, de una Contabilidad Regional y una Tabla Input-Output que permitió sentar las bases de un sistema de información económica que en la actualidad ofrece una imagen nítida de la realidad económica de Andalucía. El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y la capacidad de tratamiento de grandes cantidades de datos ha mejorado la accesibilidad de la información y el nivel de detalle que ésta puede alcanzar. De nuevo, Andalucía, integrando la estadística y la cartografía, se sitúa a la cabeza en la generación de información estadística georreferenciada que favorece el análisis territorial de la realidad social andaluza y la generación de indicadores tanto para el diseño de políticas como para su seguimiento y evaluación. Sin embargo, los retos son aún grandes; por un lado, la incorporación de variables sociales y económicas a este nuevo nivel de detalle territorial, a partir de un mejor aprovechamiento de la información que gestiona la propia administración; por otro, y siguiendo la iniciativa impulsada en el ámbito europeo, la incorporación a la estadística oficial andaluza de los resultados del debate internacional en torno a la generación de nuevos indicadores, que permitan superar el PIB y el crecimiento económico como forma de medir el bienestar de una sociedad. Ello daría lugar a la generación de información novedosa acerca de aspectos tan relevantes como la medición de la desigualdad, la pobreza, la sostenibilidad ambiental, la satisfacción de la población, la calidad de vida, etc. Todo ello, debe ser difundido en formatos interoperables que permitan la reutilización en el desarrollo de nuevos productos y servicios orientados al mercado. n

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Colaboraciones de los socios

Mi experiencia en el OEA Diego Martínez López

Economista

i primer contacto con el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) fue a principios de los años 2000. Empezaba la Fundación CentrA a funcionar de la mano de Joaquín Aurioles e intercambiábamos reuniones, seminarios y artículos entre ambas institu-

ciones. Lo viví como una época de productiva complementariedad: los que veníamos del mundo académico teníamos la oportunidad de enfrentar nuestros modelos teóricos o econométricos a la tozuda realidad de los que trabajaban en empresas privadas o en el universo de la Junta de Andalucía. Recuerdo mi primera aportación formal a las sesiones del OEA; aunque en 2004 me encontraba de estancia en el BCE, pudimos encontrar el hueco para encajar una charla sobre la eterna financiación autonómica. Unos 15-20 asistentes pero bien pertrechados de argumentos y contra-argumentos. Y en efecto: se discutió largo y tendido, incluidas las citas de Karl Marx y Ortega y Gasset que yo traía para motivar el debate (!), cosa que no fue en absoluto necesaria. El segundo episodio que destacaría de mi experiencia OEA fue la elaboración entre 2011 y 2012 del Programa de ajuste y competitividad para Andalucía. Nos movíamos en tiempos electorales y desde el Observatorio se pensó que podíamos realizar aportaciones al debate regional sobre política económica. Tras intensas sesiones de trabajo, lideradas por Curro Ferraro, hicimos público un documento que enlazaba un sólido diagnóstico con sus correspondientes propuestas. Tengo que reconocer que, a mi juicio, el impacto de aquel documento fue muy inferior al esperado. Habíamos sido provocativos a fin de favorecer el debate, fundamentado todas nuestras propuestas, valientes en una redacción sin tecnicismos, pero su trascendencia real fue muy limitada. En los medios se seguía hablando de programas electorales superficiales en las cuestiones de fondo y de la concertación social como herramienta para todo. Con el ciudadano medio envuelto en un maremágnum de confusión, esos partidos políticos tradicionales se consumen ahora a fuego lento y empiezan a ser sustituidos por círculos de populismo cargados de incertidumbre en el mejor de los casos, cuando no de insensatez. Y la omnipotente concertación social ya sabemos todos cómo ha terminado. ¿Qué puede significar el OEA en los nuevos tiempos? Honestamente, no tengo respuesta. ¿Continuar siendo la voz del que clama en el desierto, con la esperanza de que alguno de sus debates cale en los ámbitos de decisión? ¿Seguir ejerciendo la reflexión socioeconómica independiente del lado de la raquítica sociedad civil andaluza? Son labores de envergadura, que requieren competencia técnica (en mi modesta opinión, el OEA es sobresaliente aquí) y ánimos renovados para la ilustración y la pedagogía (que en los tiempos que corren no abundan donde más se necesitan). Saludemos pues con honores los 25 años de digna trayectoria del OEA y tomemos las preguntas sobre su futuro como un reto más de los muchos a los que la institución se ha enfrentado en un cuarto de siglo n

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Poderoso caballero Francisco de Oña Navarro

Economista

l Fondo Monetario Internacional ha cifrado el coste de la crisis financiera en el entorno de los 9,6 billones de dólares, aproximadamente el 25% del PIB de los países desarrollados. La falta de transparencia y de rigor en el destino de ese dinero implica que los ciu-

dadanos jamás sabrán la aplicación efectiva de esas ayudas y si se han utilizado en su totalidad. En cualquier caso, en USA dieciocho entidades financieras recibieron 208.000 millones, la Reserva Federal adquirió 1,1 billones de «activos dañados» de Fannie Mae y Freddie Mac, las dos grandes agencias hipotecarias, y la FED junto con el FDIC han proporcionado unos 2 billones de dólares. En la UE, el sector bancario recibió un total de ayudas públicas de 1,6 billones de euros, un 13% del PIB según datos de la Comisión Europea. El Reino Unido aportó más de 120.000 millones, Irlanda realizó una transferencia de más del 40% de su PIB, lo que no evitó que se produjera el rescate por la troika. Holanda desembolsó en el entorno de 85.000 millones de euros. Alemania, a la chita callando, ha inyectado a su banca más de 300.000 millones. Bélgica aportó cerca del 7% de su PIB y, por no ser exhaustivo, en España la cifra oscila alrededor de los 95.000 que estima el Banco de España más los 40.000 millones procedentes de Europa tras la firma del Memorándum Of Understanding. Por el contrario, en el período ya dilatado de la crisis, el déficit público en los países desarrollados se ha incrementado en un 40% (en España se ha pasado del 37% a casi el 100% del PIB), la producción bruta de estos países ha tenido un pérdida acumulada del entorno del 27% y la tasa de paro ha alcanzado el 10% tanto en la UE como en USA, en concreto, en la UE de los 27 el número de desempleados se ha incrementado en 7,2 millones de personas desde marzo de 2008. Adicionalmente, y con menor capacidad de concreción numérica, los descensos en el bienestar social, sobre todo en Sanidad y Educación, han sido considerables, con los efectos dramáticos que ello supone. Estos son, muy sucintamente, los hechos y cifras de la reciente y aún vigente crisis. La nacionalización de la Banca o «cuasi» por los gobiernos liberales (¡quién lo diría!) (Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, BOA, Wall Fargo, JP Morgan Chase, Citi, RBS, Anglo Irish Bank, Fortis, Dexia, Bankia, CX, …) habría supuesto una orgía para los socialistas de mediados del siglo XX, pero los actuales están muy lejos de hacer esa calificación. Si se me permite simplificar, el argumento básico de este apoyo al sector financiero se expresa metafóricamente de forma tan simple como que resulta absolutamente necesario en la medida en que dicho sector constituye el sistema sanguíneo vehicular de la economía, el que hace que la misma funcione. Las objeciones a dicha argumentación, nunca bien estructuradas teóricamente, se descalifican taxativamente con la amenaza de «riesgo sistémico» y «caos económico»; el brazo armado de la implantación de esta solución son los Mercados, siempre dispuestos a utilizar armas letales para defender estas tesis. Y lo curioso es que, salvo matices, no parece existir otra alternativa y quizás la aplicada sea finalmente la única plausible n

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Colaboraciones de los socios

Agriculturas y agricultores José J. Rdguez. Alcaide

Catedrático emérito Un. Córdoba

as agriculturas andaluzas siempre han vivido desnudas a la luz del sol y esperando el agua redentora en forma de subvenciones que se fijan en Bruselas. Sin timón, han ido avanzando en el mar de la globalización y, con sus raíces hundidas en ar-

cillas profundas, en hendiduras pizarrosas o en granulosas arenas, han alcanzado sus primaveras. Los agricultores andaluces son sencillos como las raíces de sus vides y olivos pero tienen la sabiduría de sus tierras. Son silenciosos aunque en las ramas de sus naranjales susurre el canto coral de los cuatro vientos del valle del Guadalquivir, del cercano Algarbe o el suave de la Hoya del Guadalhorce. Son frágiles sus economías pero han representado y son como sauces que se recortan frente al azul del cielo y como encinas que se levantan reciamente ante los tiempos secos. Año tras año, las agriculturas andaluzas se levantan para mirar a los mercados que viajan de continuo. Han reconvertido sus viejos olivares en frutales semiintensivos regados por sensores; han arrancado sus viñedos y replantado para producir uvas nazarenas; han hundido raíces de nuevas verduras para suplantar las hojas de esperanza de las remolachas azucareras; han sido hábiles para estar en ese jardín sin vallas que es la Unión Europea, en esa viña sin guardián que el comercio mundial representa. Los agricultores andaluces han soportado burlas y sentido decepciones pero siempre miran al cielo, sonríen y saben que les llegará la primavera, que en el otoño madurarán sus racimos para producir excelentes vinos; que viven en esa Ciudad Invisible, desconocida para los urbanitas. Saben que son quienes con sus manos y modernas herramientas moldean y producen los alimentos que se requieren para vivir los días y soñar las noches. Saben que hay un tesoro en cada semilla de trigo, arroz, girasol que siembran, que se compadecen de nuestras necesidades. Los agricultores en estos cuatro últimos decenios han sido audaces y nada débiles, han superado la confinación y parecen en un mundo globalizado personas ilimitadas. Resisten los agricultores andaluces y se adaptan a los cambios soterrados porque son personas con patria, con tiempo, con destino; no son vagabundos sino que tienen hogar dentro del que comparten recuerdos y sueños, porque el hogar son sus tierras. Tienen paciencia y esperanza porque cuando regresan a casa llevan el aroma del naranjal en sus camisas y el polvo de la tierra limosa en sus botas, porque siempre miran al horizonte esperando nubes cargadas de agua. Disfrutan del gozo de la fertilidad y jamás de la alegría de la abundancia. Después de cuarenta años parecen diferentes pero en esencia son inmutables; han asumido los cambios mejor que quienes trabajan sindicados en fábrica; han evolucionado adaptándose a un mundo anegado de innovaciones silenciosas; no han perdido la esperanza n

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La reforma constitucional: ¿Fuerza normativa o gesto simbólico? Eduardo Rodríguez Melgarejo Economista

probada en el Congreso y en el Senado con el apoyo de los dos grandes partidos, la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución que consagró el principio de estabilidad presupuestaria en el agobiante verano de 2010 es mirada por muchos, tanto de-

fensores como detractores, con una capacidad mucho mayor de la que en pura lógica puede tener. Los defensores la presentaron como el bálsamo de Fierabrás que iba a acabar con nuestros déficits en el futuro y con todos nuestros males presentes. Para los detractores fue la pérdida de la soberanía nacional e incluso están los que hoy quieren volver atrás como ejemplo de recuperación de la dignidad. La verdad es que ni tanto ni tan poco. Recuérdese que la anterior Ley de Estabilidad Presupuestaria de mayo de 2006 del gobierno Zapatero había flexibilizado la más estricta del gobierno de José María Aznar (la llamada Ley del Déficit Cero) de diciembre de 2001, introduciendo el déficit a lo largo del ciclo, impecable concepto teórico, también asumido por la Unión Europea, que favoreció una política de despilfarro en todas las administraciones y propició la peor crisis conocida desde la Gran Depresión. Y es que, pese a que la ley solo permitía un déficit total – cíclico y estructural – del 1,5% sobre el PIB, se alcanzó ¡el 11,2%! en el ejercicio 2009. Luego, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de abril de 2012, autorizó la posibilidad de un «déficit estructural» del 0,4% del PIB en determinadas circunstancias. Como bien sabemos, también se incumplió este límite. Por lo tanto, si se han incumplido flagrantemente las anteriores leyes de estabilidad ¿qué impide que se incumpla el mandato constitucional, mucho más laxo que aquella normativa? Esa consideración se la pudieron hacer nuestros acreedores, sobre todo cuando el artículo constitucional modificado establece que los límites del déficit estructural podrán superarse «en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria…. apreciados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados», lo que da un amplio margen de interpretación. Cabe considerar, pues, la reforma constitucional como mensaje a los mercados más que como argumento de seguridad jurídico-financiera. El reformado artículo 135 y su posterior desarrollo por la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera ofrece una gran flexibilidad ante situaciones críticas como las pasadas: pone freno al déficit estructural, pero permite el déficit cíclico a consecuencia de situaciones adversas, aunque mejorando sustancialmente los medios de control. Teniendo en cuenta la experiencia de estos años, parece una fórmula adecuada para que no se incumpla continuamente una normativa sobre estabilidad de inviable aplicación. Por ello, solo puede entenderse desde la perspectiva de la oportunidad política la postura de la oposición proponiendo ahora la supresión o modificación de lo acordado por sus antecesores n

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Colaboraciones de los socios

Pobreza y alimentos. La experiencia del Banco de Alimentos de Sevilla Alfonso Rdguez Sánchez de Alva Profesor jubilado

a principal fuente de información de estas líneas es una encuesta dirigida a un universo de personas adultas que se nutren del Banco de Alimentos de Sevilla. Fueron 300 entrevistas personales de entre las casi 57.000 familias a las que llegó el banco,

que distribuyó 5 millones de kilos de alimentos gratuitos a través de 447 entidades colaboradoras en el año 2012. El Programa de Distribución de Alimentos no es solo una tarea humanitaria sino que también contribuye al crecimiento económico: «cada dólar gastado en el programa de cupones para alimentos hace que el PIB suba 1,7» (P. Krugman). El perfil de los entrevistados se componía de un 65% de mujeres, mayoritariamente con estudios primarios, españoles y parados (80%). El 33% viven sin ingresos y el 67% disponen de ingresos procedentes, mayoritariamente, de transferencias públicas. El 79% reciben menos de 500 € mensuales (pobreza objetiva) que los sitúa por debajo del umbral de la pobreza que según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE era de 613 €/mes en hogares de una persona. Este porcentaje se reduce al 60% cuando se le preguntó a los entrevistados si «vivían en la pobreza» (pobreza subjetiva). La mala gestión de los políticos y el mal funcionamiento de la economía explican, según los entrevistados, sus dificultades materiales y económicas, que se solucionarían si encontrasen un trabajo por cuenta ajena, mereciendo menor confianza soluciones como recibir formación, realizar actividades por cuenta propia u organizarse con otras personas. Un elevado porcentaje de los beneficiarios del Programa de Distribución del BAS desconocen que esta entidad es la que le suministra mayoritariamente los alimentos que reciben y siete de cada diez entrevistados «no tendrían otras alternativas para alimentarse». ¿En quién confían más los ciudadanos en la lucha contra la pobreza? En ONGs/fundaciones/BA (60%), autoridades (50%), empresa privada (35%), gobierno (37%). Las respuestas son las contrarias cuando la pregunta formulada es: ¿Qué colectivo es el principal responsable para reducir la pobreza?. Gobierno, 60%; los propios ciudadanos, 12%; autoridades, 8%; empresas privadas, 10%. La jerarquía de la responsabilidad en el suministro de alimentos la lideran las administraciones públicas (56%), seguidas de las entidades religiosas (23%), ONGs (15%) y empresas (7%). Pobreza y PIBpc presentan una relación inversa: cuanto mayor sea éste, menor es la pobreza. Ocurre lo mismo con la pobreza y el empleo: menor/mayor tasa de empleo mayor/menor tasa de pobreza. Por el contrario la relación entre pobreza y paro es directa: mayor/menor tasa de paro, mayor/menor tasa de pobreza. Pobreza, paro, demanda de alimentos son problemas intensos, extensos y crónicos. Diversas circunstancias han dado origen a una nueva categoría social, los nuevos pobres, compuesta por trabajadores con contratos temporales, a tiempo parcial (pobres con empleo), personas que reciben subsidios reducidos, discontinuos (pobres sin empleo), profesionales y empresa-

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rios que han perdido el trabajo o la actividad, familias hipotecadas, madres separadas… Recordemos: 84 millones de europeos (17%), 10 millones de españoles (22%) y 2,7 millones de andaluces (32%) viven por debajo del umbral de pobreza n

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Colaboraciones de los socios

El O.E.A., una referencia para la sociedad civil Gonzalo Solana

Director Catedra Nebrija Santander

ace 25 años tuve la oportunidad de participar en el diseño y constitución del Observatorio Económico de Andalucía. En aquellos momentos, era director del Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras y en esta institución nos encontrábamos

inmersos en un proyecto dirigido a mejorar los estudios de economía regional en España. La intención era ofrecer información y análisis sistemáticos a empresarios y administraciones, que permitiese mejorar la toma de decisiones y contribuir a un mejor desarrollo local. En ese contexto, tuvimos conocimiento de la iniciativa de un grupo de profesionales de crear el Observatorio Económico de Andalucía. Mi modesta aportación fue, además de participar en los debates, contactar con expertos en el ámbito nacional e internacional sobre la materia que se analizaría con más detalle para el ámbito de Andalucía con los miembros de este Observatorio. También tuve la oportunidad de asistir como ponente en dos ocasiones, con intervenciones sobre la defensa de la competencia, siendo Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, y, más recientemente, sobre la internacionalización de las empresas, como director de la Cátedra Nebrija Santander en Dirección Internacional de Empresas. Echando la vista atrás, uno es aún más consciente de la visión de sus impulsores, de su constancia para sobrepasar las dificultades de toda índole que han aparecido y de la importancia de las contribuciones que se han realizado desde el Observatorio Económico de Andalucía. Vivimos en una etapa de profundos y rápidos cambios en la sociedad, que requiere más que nunca del análisis riguroso y del debate sosegado y constructivo que siempre ha ofrecido el Observatorio Económico de Andalucía. Un contexto de restricciones presupuestarias y las «incomodidades» que para ciertos colectivos puede suponer la existencia de una voz independiente serán algunas de las piedras en el camino que habrá que superar. Desgraciadamente, ya no tendremos con nosotros a Antonio Contreras, aunque su espíritu siempre estará presente entre sus amigos. Antonio Contreras fue una de las personas claves del Observatorio Económico de Andalucía. Como miembro del pleno de la Cámara de Sevilla, tuvo el arrojo de plantear en aquellos años su constitución y recabar el apoyo de esta institución. Pero, sobre todo, aportó su entusiasmo por la vida y el debate, su alegría y su visión positiva, así como una actitud reflexiva y constante sobre los problemas y las necesidades de la sociedad andaluza, española y europea. Antonio Contreras nos enseñó el camino que hay que seguir recorriendo. Espero y deseo una larga vida al Observatorio Económico de Andalucía n

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La vida es como una caja de bombones David Uclés Aguilera

Dir. Servicio de Estudios Cajamar

veces la vida te coloca en situaciones que, a la larga, terminan teniendo mucha más importancia de la que hubieras imaginado inicialmente. En este sentido, a veces todos somos un poco como Forrest Gump: protagonistas inconscientes de la historia.

Algo así le pasó a un David Uclés de apenas 21 años, a la sazón, técnico del Servicio de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Almería en un ya lejano 1990. Jerónimo Molina, desde Almería, y el tristemente fallecido Antonio Contreras, desde Sevilla, pusieron en marcha el Observatorio Económico de Andalucía. Previamente, el eje Almería-Sevilla se había fortalecido por la vía de Madrid y del Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras, dirigido entonces por Gonzalo Solana, empeñado en aprovechar los esfuerzos de los diversos gabinetes camerales a lo largo y ancho de España y crear una verdadera red. Esos fueron los mimbres. Y los frutos son los que se presentan en este libro: 25 años de reflexión en torno a la economía andaluza. Pero a mí me toca hablar desde la perspectiva de un economista en formación que entonces era joven y que se encontraba de pronto con la enorme oportunidad de escuchar a muchos de los economistas de referencia en aquel momento, hablando de los temas de mayor actualidad. Un verdadero privilegio que entonces no valoraba en su justa medida, tal vez porque me faltaba la perspectiva que dan los años. El aprendizaje fue intenso. Se habló de fiscalidad, de empresas y empresarios, de políticas de cohesión, de capital humano, de economía regional, de diferentes sectores, de política y de políticas económicas… En casi todas aquellas reuniones estaba allí, tomando notas para luego preparar las conclusiones y resúmenes… y aprendiendo. Cuando acababan las reuniones había que preparar unas conclusiones para la prensa de manera urgente, labor en la que recuerdo a Martín Rísquez y Pilar Gayán: otra enseñanza, el trabajo contrarreloj. Y, pocos días después, debíamos tener terminado el resumen de la jornada, que maquetábamos nosotros mismos en la pequeña pantalla de un Mac SE 30 de 11» en blanco y negro (eso también lo tuvimos que aprender). El economista que soy hoy le debe mucho al Observatorio, a la posibilidad de haber asistido a aquellas charlas y debates. A la oportunidad de haber estado en primera línea de fuego de la actualidad. A la suerte de haber hecho amigos en el seno del mismo. A la posibilidad de levantar la vista del trabajo diario y mirar el panorama desde más arriba y con mayor perspectiva. Cuando Martín me pidió que escribiera unas líneas contando cómo había vivido esos primeros años, siendo uno de los miembros más jóvenes del Observatorio, inmediatamente me di cuenta de que, en realidad, no había sido consciente en aquel momento de la enorme suerte que había tenido. Por eso, al sentarme frente al ordenador tuve claro que lo primero que debía decir es que «la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar». A mí me tocó el bombón del Observatorio y su gusto aún permanece en mi paladar n

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Colaboraciones de los socios

Andalucía y el O.E.A. desde la distancia Rogelio Velasco Pèrez

IE Business School

as instituciones públicas y privadas, y las personas que las componen, transmiten las imágenes de un territorio. Esas imágenes pueden ser nuevas y anunciar un futuro diferente. Pueden ser también de un pasado remoto, fuertemente arraigado entre las

personas, que continúan alentándose en hábitos, estructuras mentales y formas de manifestación y comportamiento. Aunque esa mezcla de tradición y modernidad tiene lugar, con mayor o menor intensidad, en todos los territorios, en Andalucía cobra una fuerza y contraste singulares. Tanto las personas que viven en Andalucía como las que vivimos fuera, percibimos la modernización que ofrece una imagen que contrasta con el profundo atraso que existía hace 30 años, como en el resto de España. Sin embargo, la visión que se tiene desde fuera, continúa fuertemente arraigada en las instituciones y en las manifestaciones sociales, que entroncan más con la tradición que con la modernidad. Andalucía aparece en los medios nacionales e internacionales apegada fuertemente a las tradiciones, ya sea las ferias y procesiones de Sevilla y de Málaga o las innumerables peregrinaciones religiosas, como la del Rocío. Estas tradiciones generan un enorme impacto mediático y ensombrecen casi por completo otras manifestaciones asociadas a la modernización de un territorio y, cuando lo hacen, no resultan creíbles. Viví los años anteriores y posteriores a la Expo 92 en San Francisco, California. Ese extraordinario ejercicio de marketing que fue la Expo 92 apenas tuvo eco en dos o tres ocasiones en los medios más importantes. El NY Times, Los Angeles Times o el San Francisco Chronicle apenas le dedicaron en una ocasión, cada uno, una página doble para cubrir el evento. Tuve la sensación profunda de nuestra insignificancia. O no resultan creíbles, aun cuando existan elementos sólidos de modernización. He conocido a muchas personas que se sorprenden al descubrir que empresas como Abengoa, Ebro o Mayoral tienen sus sedes en Andalucía. Las enormes manifestaciones culturales tradicionales requieren de una organización, fundamentalmente de la sociedad civil, de gran envergadura. No es fácil organizar a decenas de miles de personas para su desarrollo. Si esa capacidad de organización se aplicara a la consecución de otros objetivos de carácter profesional, empresarial o intelectual, el modelo de desarrollo de Andalucía cambiaría profundamente. Son escasas las instituciones de la sociedad civil que las persiguen. Una de ellas es el Observatorio Económico de Andalucía. Discutir sobre asuntos económicos regionales o de mayor alcance geográfico, es debatir sobre muchos de los elementos que forman parte de la modernización de un territorio. El esfuerzo continuado desde su nacimiento ha logrado, al menos, concitar el interés de muchas personas, a pesar de un entorno que no es favorable porque las discusiones o las conclusiones que se extraen de las mismas chocan en muchas ocasiones con el discurso central de instituciones públicas y privadas y con mentalidades que estimulan más la tradición que la modernización.

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Otras instituciones de similar naturaleza en España tienen el terreno más allanado para lograr influir, siquiera sea con modestia, en el análisis y en la elaboración de una política económica que modifique algunas tendencias fundamentales de nuestra historia colectiva, clave siempre del presente y anuncio del futuro n

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Colaboraciones de los socios

La disponibilidad de información estadística Francisco Villalba Cabello

Economista

adie podía haber imaginado hace unos años que toda la información estadística que generan los organismos públicos estaría potencialmente al alcance de los usuarios en cuestión de segundos, con tan sólo teclear un ordenador. Con mayor

o menor diligencia, y con distinto grado de destreza, los institutos de estadística de todas las regiones del mundo, han sabido incorporar a su trabajo diario las múltiples ventajas que ofrece la red como nuevo canal informativo. Ya nadie se sorprende de lo que encuentra en la red, sino de lo que no está. Aunque habría mucho que hablar sobre la información —y sus relaciones con el conocimiento—, impera la idea de que en las sociedades tecnológicamente avanzadas la información disponible se ha multiplicado y es innegable que nuestra capacidad para acceder de forma casi instantánea a fuentes de información ha crecido espectacularmente. Pero una cosa es que la información disponible se multiplique y otra que su calidad mejore. Las relaciones entre calidad y cantidad es bien sabido que distan de ser mecánicas. La multiplicación de la información acarrea problemas que merece la pena considerar: •

Saturación. Cuando el número de estímulos es excesivo, superior a la capacidad de asimilación, esto puede significar tanto incapacidad para procesar nueva información como generar algún tipo de bloqueo o aturdimiento.

•

Trivialización. Al acelerarse el flujo de información, se reduce también el tiempo que dedicamos a analizar y retener cada unidad de información, en detrimento del conocimiento que podemos extraer de ella.

•

Primacía de la novedad. La aceleración de los flujos otorga más valor a los datos más recientes, sean o no más relevantes o sólidos que otros (relativamente) más antiguos. Estar a la última puede convertirse en sinónimo de olvidar lo sustancial.

•

Enmascaramiento. La abundancia de información puede enmascarar, y a menudo lo hace, la falta información relevante.

•

Multiplicación de las fuentes. Cuando la información procede de un número abarcable de fuentes, es más fácil que contemos con indicadores de su calidad. Cuando las fuentes de la información se multiplican, ese conocimiento que nace de la familiaridad se vuelve más difícil.

•

Competencia. La diversidad de informantes no jerarquizados produce una concurrencia de las informaciones en algo que parece un mercado sumamente abierto. Sin embargo, la competencia no siempre redunda en mejora de la fiabilidad de la información.

El desafío ahora está en cómo orientar y conducir al usuario por el camino más corto a través de esa maraña de cifras, cómo seleccionar y explotar aquella información que más le interese en el menor tiempo posible. De momento, ese desafío está sólo resuelto por el lado de la oferta, gracias a la riqueza y utilidad de los avances de las tecnologías de la información.

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Hace falta una gran imaginación para darle respuesta también desde la demanda. Y esta tarea implicará aceptar algunas leyes de la nueva economía como las relativas a la abundancia de información y la carencia de atención o la abundancia de datos y la necesidad de su inteligencia. Es en este punto donde los estudiosos y analistas hemos tardado en reaccionar: ya no sirve el aportar información, es necesario transformarla en conocimiento n

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Álbum gráfico

Nota de prensa emitida por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla informando de la creación del Observatorio.

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1990

21 Mar.

Informaciones periodísticas recogiendo la creación del OEA

Mar.1990

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Sesión inaugural del OEA, sobre el Mercado Único Europeo. De espaldas, en primer término, Manuel Otero Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. (Foto publicada en Diario 16 Andalucía. Sin firma.

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Diversos formatos informativos sobre las actuaciones del OEA.

Ă lbum grĂĄfico

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Sesión dedicada al análisis de los Presupuestos generales del Estado y de Andalucía para 1991. Entre los asistentes está Braulio Medel, presidente de la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía. Foto publicada en Diario16 Andalucía por J. A. de Lamadrid.

ía / 23

ndaluc

de A iario 16

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Nov. 1

Primer artículo publicado en un medio de comunicación por los coordinadores del OEA.

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Álbum gráfico

Los coordinadores se consultan en plena sesión; se analiza el Plan de Desarrollo Rural. (Foto cedida por ABC para su reproducción exclusivamente en esta publicación). Esta sesión se preguntaba si en noviembre de 1994 se había salido de la crisis de esa década. En primer término, José Javier Rodríguez Alcaide. (Foto cedida por ABC para su reproducción exclusivamente en esta publicación).

El OEA recibe a la consejera de Economía y Hacienda, quién expondrá los Presupuestos para 1995. (Foto cedida por ABC para su reproducción exclusivamente en esta publicación).

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de A iario 16

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997

May. 1

El OEA defiende su independencia y la de los expertos a los que convoca.

El OEA ha celebrado sus sesiones de trabajo en numerosos escenarios. Uno de los más austeros es el de la foto, de una reunión del año 2001. (Foto cedida por ABC para su reproducción exclusivamente en esta publicación).

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Álbum gráfico

Presentación de los resultados del I Barómetro Económico de Andalucía. De pié, Antonio Fornieles, director de KPMG en Andalucía. (Foto cedida por ABC para su reproducción exclusivamente en esta publicación).

La sesión de análisis del auge económico de China contó con la participación de Antonio Bonet (centro), quien aparece flanqueado por Rogelio Velasco (izq.) y Carlos Román (der.), éste último uno de los socios del OEA fallecidos.

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Foto de familia del III Foro Anual, celebrado en Ronda (Málaga).

El comisario de Asuntos Económicos y Finanzas de la UE, Joaquín Almunia, clausura el IV Foro Anual, primero celebrado en el Parados de Carmona (Sevilla). A su lado, Jerónimo Molina, vicepresidente del OEA.

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Álbum gráfico

Presentación del documento sobre el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas del año 2005. De izquierda a derecha, Diego Martínez, Francisco Ferraro y Francisco Villalba. (Foto cedida por ABC para su reproducción exclusivamente en esta publicación).

Presidentes de las asociaciones presentes en el I Encuentro Economía y Sociedad, en Vigo.

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Presentación de una declaración del OEA sobre medidas necesarias para afrontar la crisis. El presidente, Joaquín Aurioles, está flanqueado por Rafael Salgueiro (izq.) y Antonio Contreras (der.). (Foto cedida por ABC para su reproducción exclusivamente en esta publicación).

ABC /

. 2005

23 Sep

Diaririo de

Sevilla / 14

Mar, 2012

ABC / 5 Feb, 2002

La repercusión en prensa ha sido abundante y variada, desde el titular de 1ª página de un diario hasta la recogida de una información emitida dos meses antes.

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Álbum gráfico

La intervención del presidente del OEA en el Foro Antares es atentamente seguida por un numeroso público.

José Luis Malo de Molina, director general del Servicio de Estudios del Banco de España, participa en el VIII Foro Anual del OEA.

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El presidente del OEA, Francisco Ferraro, presenta al conferenciante, Josep Piqué, ex ministro y presidente del Círculo de Economía.

Ignacio Osborne, consejero delegado del Grupo Osborne, una de las primeras empresas andaluzas, fue presentado en su participación en el OEA (marzo 2014) por el también empresario y miembro del OEA, Eustasio Cobreros.

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Álbum gráfico

Asistentes al VII Encuentro Economía y Sociedad, celebrado en Sevilla. Diaririo de

Sevilla / 2

Dic, 2014

El VII Encuentro Economía y Sociedad, celebrado en Sevilla, se centró en la crisis político-institucional y tuvo un gran impacto en los medios.

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Las sesiones suelen ser seguidas con atención y algunos las llevan de inmediato a las redes sociales.

La variedad de escenarios llega a salones no exentos de majestuosidad. Esta sesión pertenece a uno de los foros anuales celebrados en Carmona.

215

Álbum gráfico

Cuando los ponentes (José Antonio Martínez Serrano y Rafael Myro) se convierten en atentos oyentes.

La continuidad… En primer término, Ernesto Mesa, padre e hijo, miembros del OEA. No es el único caso…

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Una reunión de la última Junta directiva; hay casi pleno… No están el vicepresidente, Jerónimo Molina, y una vocal, Beatriz Cuevas.

Dos de los ponentes más asiduos, Emilio Ontiveros (Analistas Financieros Internacionales) y Curro Ferraro, presidente del OEA.

Dos empresarios andaluces y miembros del OEA: a la izquierda, Tomás Aránguez (Covap y Luis Caballero), ya fallecido; a la derecha, Juan Moreno (Inés Rosales).

Empresarios, amigos y socios del OEA: Fernando Feijoo (Lienzo de los Gazules), a la derecha; Emilio Colomer (Brenntag Química) a la izquierda.

Fernando Faces (Instituto Internacional San Telmo), a la derecha, ha participado en varias sesiones del OEA. Beatriz Cuevas, de KPMG y miembro del OEA como el ponente, le presenta en

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Colaboraciones de los socios

Anexos A) B) C) D) E) F) G) H)

Juntas directivas Sesiones Ordinarias Foros Anuales Documentos Propios Ediciones del Barómetro Económico de Andalucía Encuentros Economía y Sociedad Hitos y fechas más importantes Índice de Tablas y Gráficos

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Anexos

Juntas Directivas del Observatorio Económico de Andalucía (Segunda Etapa. Desde 1998 hasta 2015) Elegida en Enero de 1998 Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Vocales

José Javier Rodríguez Alcaide Antonio Contreras Ramos Jerónimo Molina Herrera Francisco Ferraro García Antonio Gámiz López Emilio Carrillo Benito Francisco Villalba Cabello

Elegida en junio de 2011 Presidente Vicepresidente Tesorero Secretaria Vocales

Elegida en Enero de 2001 Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Vocales

Francisco Ferraro García Antonio Contreras Ramos Joaquín Aurioles Martín Ernesto Mesa Barreto Rafael Salgueiro López Rogelio Velasco Pérez Francisco Villalba Cabello Jerónimo Molina Herrera José Javier Rodríguez Alcaide Antonio Gámiz López

Elegida en marzo de 2005 Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Vocales

Francisco J. Ferraro García Jerónimo Molina Herrera Fernando Feijoo Salgado Beatriz Cuevas González Francisco Villalba Cabello Rafael Salgueiro López Joaquín Aurioles Martín Ernesto Mesa Barreto Elena Manzanera Díaz Rogelio Velasco Pérez

Elegida en 2008 Presidente Vicepresidente Vicepresidente Tesorero Secretaria Vocales

Joaquín Aurioles Martín Francisco Ferraro García Jerónimo Molina Herrera Fernando Feijoo Salgado Mª del Carmen Fernández Cuevas Antonio Contreras Ramos Rafael Salgueiro López Ernesto Mesa Barreto Beatriz Cuevas González Francisco Villalba Cabello Elena Manzanera Díaz

Francisco Ferraro García Jerónimo Molina Herrera Fernando Feijoo Salgado Mª del Carmen Fernández Cuevas Antonio Contreras Ramos Rafael Salgueiro López Ernesto Mesa Barreto Beatriz Cuevas González Francisco Villalba Cabello Elena Manzanera Díaz Diego Martínez López

Elegida en mayo de 2012 Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Vocales

Francisco Ferraro García Jerónimo Molina Herrera Fernando Feijóo Salgado David Uclés Aguilera Joaquín Aurioles Martín Francisco Villalba Cabello Beatriz Cuevas González Diego Martínez López Rafael Salgueiro López Juan Moreno Tocino José Luis Galán González Martín Rísquez Aguayo

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Listado de sesiones ordinarias del Observatorio Económico de Andalucía Año 1990 1. Andalucía ante el Mercado Único Europeo. Abril. Sevilla. Francisco Mochón catedrático de Teoría Económica. Universidad de Málaga Javier Calatrava jefe del departamento de Economía. Centro de Información y Desarrollo Agrario José Javier Rodríguez Alcaide catedrático de Economía Agraria. Universidad de Córdoba Manuel Ángel Martín López director Nuevas Iniciativas del Sur Francisco Villalba director de la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (ESECA) Carlos Román catedrático de Política Económica. Universidad de Sevilla Jerónimo Molina director del Servicio de Estudios. Cámara de Almería Antonio Contreras director del Servicio de Estudios. Cámara de Sevilla 2. La Fusión de las Cajas de Ahorros. Mayo. Sevilla Federico Terrón Muñoz doctor en Derecho y MBA por ESADE Manuel Ángel Martín López director general de Nuevas Iniciativas del Sur 3. La incorporación de Nuevas Tecnologías al aparato productivo. Junio. Sevilla José Javier Rodríguez Alcaide catedrático de Economía Agraria. Universidad de Córdoba Francisco Ferraro García profesor titular de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla Francisco Mencía Morales director de Proyectos e Innovación. Instituto de Fomento de Andalucía. Junta de Andalucía

4. El Comercio Exterior. Septiembre. Sevilla Javier Calatrava jefe del departamento de Economía. Centro de Información y Desarrollo Agrario Jerónimo Molina director del Servicio de Estudios. Cámara de Almería Montserrat Badía Belmonte directora general de Cooperación Económica y Comercio. Junta de Andalucía Fernando Gómez Avilés director general. Consejo Superior de Cámaras de Comercio 5. Los Presupuestos Generales del Estado y de Andalucía de 1991. Noviembre. Sevilla José Alberto Zaragoza Rameau director general de Planificación. Ministerio de Economía y Hacienda Braulio Medel Cámara presidente de la Caja de Ahorros de Ronda y de la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía

Manuel Ángel Martín López director general de Nuevas Iniciativas del Sur

Año 1991 6. El Sector Turístico. Enero. Málaga Francisco Villalba Cabello director de la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (ESECA) Esperanza Galiano Ramos directora general de Política Turística. Ministerio de Transportes y Turismo Enrique Torres Bernier profesor titular. Universidad de Málaga 7. La agricultura andaluza en el contexto de la Política Agraria Común. Marzo. Córdoba Antonio Gámiz director general del Gabinete de Iniciativas Europeas Agustín López Ontiveros director general de Investigación y Extensión Agraria. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía

8. Las infraestructuras viarias y energéticas. Junio. San José (Almería) José Alberto Zaragoza Rameau secretario general de Planificación y Concertación Territorial. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Antonio Contreras Ramos coordinador del Observatorio Económico de Andalucía Javier Alonso Rodríguez director de Transporte y Control de Energía. Compañía Sevillana de Electricidad

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Anexos

9. Las infraestructuras hidráulicas. Octubre. Sevilla Fermín del Moral viceconsejero de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía Antonio Gámiz director general del Gabinete de Iniciativas Europeas Ignacio Vázquez Parladé presidente de la Comunidad de Regantes del Viar y vocal del Consejo Nacional del Agua Juan Manuel Calvo director técnico de la Confederación Hidrográfica del Sur

Año 1992 10. La situación de las telecomunicaciones. Marzo. Cádiz Cándido Velázquez-Gaztelu presidente de Telefónica José Carlos Serrano gerente de la Compañía Andaluza de Telecomunicaciones. Junta de Andalucía 11. Andalucía y la convergencia económica. Junio. Granada Luis Gámir coordinador general de Economía del Partido Popular Apolinar Rodríguez secretario de Acción Sindical de la Comisión Ejecutiva Confederal de la U.G.T. 12. Andalucía, región europea. Octubre. Sevilla Manuel Alcaide Castro catedrático de Organización de la Empresa. Universidad de Sevilla Julio Alcaide Inchausti Fundación F.I.E.S.

Año 1993 13. Implicaciones económicas del Tratado de Maastricht. Febrero. Sevilla Carlos Román del Río director del Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Sevilla Rafael Illescas catedrático de Derecho Mercantil Francisco Fonseca consejero de la Célula de Prospectiva de la Comisión Europea 14. Plan de Forestación. Mayo. Córdoba José Javier Rodríguez Alcaíde catedrático de Economía Agraria. Universidad de Córdoba Luis Atienza secretario general de Estructuras Agrarias del Ministerio de Agricultura Fernando Ciria secretario general de Estructuras y Tecnología. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía 15. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza de 1994. Diciembre. Sevilla José Salgueiro Carmona viceconsejero de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía Agustín Molina Morales vicerrector de Extensión Universitaria. Universidad de Almería Francisco Villalba Cabello director de la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía

Año 1994 16. El Programa Industrial de Andalucía. Febrero. Sevilla Francisco Ferraro García secretario general de Economía. Junta de Andalucía Rafael Myro Sánchez catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid Jerónimo Molina director del Servicio de Estudios. Cámara de Almería 17. El Plan de Desarrollo Rural de Andalucía. Mayo. Sevilla Luis Planas consejero de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía Francisco Alburquerque Llorens Instituto de Geografía y Economía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Javier Calatrava Requena Centro de Investigación y Desarrollo Agrario 18. ¿Hemos salido de la crisis? Noviembre. Sevilla Federico Prades Sierra asesor económico de la Asociación Española de Banca Francisco Ferraro García profesor titular de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla 19. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza de 1995. Diciembre. Sevilla Magdalena Álvarez Alza consejera de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía José Manuel González Páramo catedrático de Hacienda Pública y consejero del Banco de España

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Año 1995 20. Mercados Financieros versus Economía Real. Junio. Málaga Eugenio Domingo Solans catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y consejero del Banco de España

Braulio Medel Cámara presidente de Unicaja y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro Francisco Oña Navarro dirección general de Mercado de Renta Fija 21. Presente y Futuro del Mercado de Trabajo. Octubre. Sevilla Emilio Carrillo Benito subdirector de área de la Diputación Provincial de Sevilla Juan Francisco Jimeno Serrano Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) Manuel Ramón Alarcón catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Sevilla

Año 1996 22. El agua, un problema estructural. Febrero. Sevilla José Javier Rodríguez Alcaide catedrático de Economía Agraria. Universidad de Córdoba José Alberto Zaragoza secretario de Estado de Planificación Territorial y Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

23. El Estado del Bienestar. Marzo. Granada Julio Rodríguez López presidente de la Caja General de Ahorros de Granada José Luis Feito consejero delegado de AB Asesores Bursátiles 24. Las medidas de liberalización del gobierno de España. Diciembre. Sevilla Amadeo Petitbó presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Gumersindo Ruiz catedrático de Política Económica. Universidad de Málaga

Año 1997 25. Empresas Públicas y Privatizaciones. Marzo. Sevilla Álvaro Cuervo García catedrático de Economía de la Empresa. Universidad de Madrid Salvador Durbán presidente del Instituto de Fomento de Andalucía. Junta de Andalucía 26. La iniciativa empresarial en Andalucía. Abril. Sevilla Felipe Luis Maestro presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Sevilla José Antonio Picón presidente Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Almería Antonio Torrero catedrático de Estructura. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) José María O’Kean catedrático de Economía. Universidad de Huelva 27. Crecimiento Económico y Convergencia. Diciembre. Sevilla Francisco Pérez Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Rogelio Velasco profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico

Año 1998 28. El aceite de oliva ante la posible reforma de su OCM. Abril. Córdoba Carlos Tió profesor titular de Economía Agraria. Universidad Politécnica de Madrid Luis del Pino presidente de Infoliva

Año 1999 29. El agua en Andalucía. Junio. Córdoba Juan Saura Martínez comisario de Aguas. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Gonzalo Soubrier Gonzalle director técnico. Confederación Hidrográfica del Sur Juan Calvo Alvarez jefe de Área. Confederación Hidrográfica del Sur Juan Corominas Massip jefe del Servicio de Infraestructuras Agrarias. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía

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Anexos

Javier Madrid Rojo gerente de la Plataforma del Guadalquivir Rodrigo Molina Orta presidente de la Comunidad de Regantes del Sur-Andévalo 30. Ley de cajas de ahorro de Andalucía. Noviembre. Sevilla Emilio Ontiveros Baeza catedrático de Economía de la Empresa y consejero delegado de Asesores Financieros Internacionales

Santiago Carbó Valverde profesor titular de Economía Aplicada. Universidad de Granada

Año 2000 31. La empresa andaluza ante la globalización. Marzo. Málaga Álvaro Cuervo García catedrático de Economía de la Empresa. Universidad de Madrid Gonzalo Solana director Servicio de Estudios. Consejo Superior de Cámaras de Comercio Francisco Villalba Cabello director de Analistas Económicos de Andalucía

Año 2001 32. Financiación autonómica. Marzo. Sevilla Martí Parellada Sabata catedrático de Economía. Universidad de Barcelona José Manuel Domínguez catedrático de Hacienda Pública. Universidad de Málaga 33. ¿Perspectivas de recesión económica? Abril. Sevilla Miguel Sebastián Gascón jefe del Servicio de Estudios del BBVA José Luis Torres Chacón director de Coyuntura. Analistas Económicos de Andalucía 34. Cambio demográfico, inmigración y mercado de trabajo. Mayo. Sevilla Manuel Pimentel Siles ingeniero agrónomo, empresario y ex ministro de Trabajo 35. Competencia y regulación en el marco de la globalización económica. Octubre. Sevilla Gonzalo Solana González presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia 36. Las balanzas fiscales de las regiones españolas. Octubre. Málaga Ángel de la Fuente vicedirector del Instituto de Análisis Económico (CSIC) 37. El futuro de la política regional comunitaria: las nuevas políticas regionales de promoción de la innovación. Noviembre. Sevilla Mikel Landabaso Álvarez dirección general de Política Regional. Comisión Europea 38. La política regional de innovación tecnológica: Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PLADIT). Diciembre. Sevilla José María Bueno Lidón secretario general de Industria y Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía

Año 2002 39. Condicionantes institucionales al crecimiento económico. Marzo. Sevilla Carlos Sebastián Gascón catedrático de Fundamentos del Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid 40. El futuro de las pensiones en España. Abril. Granada Santiago Fernández Valbuena consejero delegado de Fonditel 41. Sesión especial. Mayo. Alcalá de Guadaira (Sevilla) El sistema de protección del desempleo en el medio rural de Andalucía y el mercado de trabajo. Jaime de Benito ingeniero agrónomo. Gabinete de Estudios Europeos Convergencia Económica de Andalucía. Ernesto Mesa Barreto economista. Observatorio Económico de Andalucía 42. Plan Económico Andalucía Siglo XXI. Septiembre. Sevilla. Aprobación del documento elaborado por la Junta directiva.

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43. La repercusión en Andalucía de la ampliación de la UE. Octubre. Sevilla Joaquín Aurioles profesor titular de Teoría e Historia Económica. Universidad de Málaga Carmela Martín catedrática de Economía. Grupo de Economía Europea 44. El auge del mercado inmobiliario: causas y consecuencia. Noviembre. Sevilla Julio Rodríguez doctor en Ciencias Económicas y ex consejero de Economía. Junta de Andalucía

Año 2003 45. El gobierno de la empresa. Mayo. Sevilla Vicente Salas catedrático de Organización de Empresas. Universidad de Zaragoza 46. Ventajas y limitaciones de la localización empresarial en Andalucía. Junio. Sevilla José Antonio Moreno secretario general del Grupo Abengoa Juan Francisco Iturri director general de Iturri Emilio Colomer presidente de Brenntag Química S.A. Fernando Feijóo presidente de Lienzo de los Gazules 47. Las instituciones civiles en la democracia española: El Círculo de Economía. Julio. Sevilla

Jordi Alberich Llavería director general del Círculo de Economía 48. La calidad del gasto y la mejora de la eficiencia en el sector público. Sevilla Guillem López Casasnovas director del Centro de Investigación en Economía y Salud 49. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus implicaciones. Diciembre. Sevilla José Antonio Herce San Miguel socio de Analistas Financieros Internacionales

Año 2004 50. China: Realidad y perspectivas económicas. Febrero. Sevilla Antonio Bonet, presidente de Asesores de Comercio Exterior 51. El olivar y el aceite de oliva: realidad actual y perspectivas. Mayo. Jaén Manuel Parras profesor de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Jaén Lamberto Samper director general de la Sociedad Rectora del Mercado de Futuros 52. Las perspectivas del sector inmobiliario. Junio. Almería Paloma Taltavull doctora en Economía y profesora titular. Universidad de Alicante Javier García-Bellido jefe de área de la Secretaría general de Urbanismo. Ministerio de Fomento 53. Federalismo fiscal. Diciembre. Sevilla Diego Martínez López investigador del Centro de Estudios Andaluces

Año 2005 54. Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2005. Enero. Sevilla José Antonio Griñán consejero de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía 55. Andalucía: Una visión económica ante los nuevos equilibrios territoriales. Enero. Sevilla Braulio Medel presidente de Unicaja José A. Herce San Miguel socio de Analistas Financieros Internacionales Joaquín Aurioles profesor titular de Teoría e Historia Económica. Universidad de Málaga 56. Perspectivas de la economía española en el contexto internacional. Febrero. Sevilla Aurelio Martínez Estévez presidente del Instituto de Crédito Oficial 57. Economía y cultura. Febrero. Sevilla Carlos Rodríguez Braun catedrático de Historia del Pensamiento Económico

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Anexos

58. La nueva Política Industrial. Abril. Sevilla Joan Trullén Thomas secretario general de Industria. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 59. El debate territorial en España. Mayo. Sevilla Antón Costas Comesaña catedrático de Política Económica 60. Federalismo fiscal y descentralización del gasto público: una comparación internacional. Junio. Sevilla Alfonso Utrilla de la Hoz profesor titular de Economía Aplicada 61. Valoración y posibles vías de reforma del actual sistema de financiación autonómica. Junio. Sevilla Julio López Laborda departamento de Economía Pública. Universidad de Zaragoza 62. La economía andaluza en 2005: coyuntura y previsiones. Diciembre. Sevilla Analistas Económicos de Andalucía

Año 2006 63. La empresa andaluza. Octubre. Sevilla La empresa andaluza, políticas públicas para impulsarla M. Ángel Serrano Aguilar director general del Instituto para el Desarrollo Económico de Andalucía. Junta de Andalucía La formación empresarial en Andalucía Alfonso Pérez de los Santos DOPP Consultores Informe GEM: iniciativas empresariales en Andalucía José Ruiz Navarro catedrático Organización de Empresas. Universidad de Cádiz Un proyecto sostenible José Moya Sanabria consejero delegado de PERSAN 64. Situación y perspectivas del sector inmobiliario. Noviembre. Sevilla Reflexiones sobre el territorio José Núñez Castain doctor arquitecto Reflexiones sobre la situación actual Francisco Villalba Cabello Analistas Económicos de Andalucía La visión de los promotores Francisco Javier de Aspe Inmobiliaria Navicoas

Año 2007 65. Formación y Mercado de Trabajo. Febrero. Sevilla Formación Universitaria y mercado de trabajo Martí Parellada Catedrático Economía Aplicada. Universidad de Barcelona Formación Profesional Lucía Navarro catedrática de Economía Aplicada (Econometría). Universidad de Málaga 66. La economía de la cultura. Abril. Granada José Luis Zofío Prieto departamento de Análisis Económico. Universidad Autónoma de Madrid Enrique Hernández Pavón departamento de Teoría Económica. Universidad de Sevilla

Año 2008 67. Perspectivas económicas y crisis financiera. Febrero. Sevilla Emilio Ontiveros Analistas Financieros Internacionales 68. La crisis Financiera. Octubre. Granada Santiago Carbó catedrático de Análisis Económico. Universidad de Granada Federico Prades Sierra, asesor económico de la Asociación Española de Banca

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69. La vivienda de protección oficial. Octubre. Sevilla Eduardo Martínez Zúñiga Grupo Galia Antonio González Lara Dolmen Consulting Inmobiliario

Año 2009 70. La crisis global y el turismo. Enero. Málaga Crisis y globalización turística Luis Callejón Blanco Raytur Mediterráneo La crisis global y el turismo Germán Porras Olalla ex -secretario general de Turismo

Año 2010 71. Crisis económica y perspectivas de recuperación. Abril. Sevilla Xavier Vives director académico del Centro de Investigación Sector Público - Sector Privado 72. Mercado de trabajo y reforma laboral. Abril. Sevilla Carlos Usabiaga catedrático de Economía. Universidad Pablo de Olavide 73. La financiación autonómica en un contexto de crisis fiscal. Mayo. Sevilla Francisco Pedraja catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública y Sistemas Fiscales). Universidad de Extremadura

74. La reforma laboral en España: Diagnóstico y perspectivas. Junio. Sevilla Samuel Bentolila Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) 75. La necesaria consolidación presupuestaria en España. Junio. Antoni Zabalza Martí doctor en Economía por la London School of Economics

Sevilla

Año 2011 76. La crisis de la deuda soberana. Septiembre. Sevilla Santiago Carbó Valverde catedrático de Análisis Económico. Universidad de Granada 77. Estabilidad financiera: bancos y mercados. Noviembre. Sevilla Julio Segura Sánchez presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 78. Los servicios públicos locales: su gestión y su financiación. Diciembre. Sevilla Germà Bel i Queralt de Economía Aplicada.

Año 2012 79. La Política Industrial en Andalucía. Enero. Málaga Rafael Salgueiro López profesor de Organización de Empresas. Universidad de Sevilla 80. Un programa de ajuste y competitividad para Andalucía.Marzo. Sevilla Francisco Ferraro García catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla 81. Salir de la crisis: los desafíos de la competitividad. Mayo. Sevilla Francisco Pérez García catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

82. Capital Riesgo en Andalucía. Junio. Sevilla Rogelio Velasco Pérez catedrático de Fundamentos del Análisis Económico 83. Cinco años de crisis: qué se ha hecho y qué falta por hacer. Septiembre. Sevilla David Cano director de Analistas Financieros Internacionales 84. La restructuración bancaria. Octubre. Sevilla Fernando Faces profesor del Instituto Internacional San Telmo

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Anexos

85. La simplificación administrativa, una asignatura pendiente. Noviembre. Sevilla Eduardo Gamero catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Pablo de Olavide Ramón Iglesias ingeniero y empresario 86. La crisis del Euro, principal riesgo global. Diciembre. Sevilla José Carlos Diez economista jefe de Intermoney

Año 2013 87. La Internacionalización de las empresas españolas y los mercados emergentes. Enero. Sevilla Gonzalo Solana director de la cátedra Nebrija Santander en Dirección internacional de Empresas 88. La Reforma de la Administración Local. Febrero. Sevilla Román Gómez-Millán socio director de Auren Corporaciones Públicas 89. Internacionalización e Innovación. Mayo. Sevilla José Domínguez Abascal secretario general técnico de Abengoa 90. La Marca España: tarea de todos. Junio. Sevilla Carlos Espinosa de los Monteros alto comisionado de la Marca España 91. Ajustes pendientes en el mercado laboral. Julio. Sevilla José Ignacio García Pérez profesor de Economía. Universidad Pablo de Olavide 92. El curso económico que nos espera. Septiembre. Sevilla Emilio Ontiveros catedrático de Economía de la Empresa y presidente de Analistas Financieros Internacionales 93. El poder económico en España. Octubre. Sevilla Miguel Ángel Noceda corresponsal de Economía de EL PAÍS 94. Proyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014. Diciembre. Sevilla María Jesús Montero consejera de Hacienda y Administración Pública 95. Balanzas fiscales y financiación autonómica. Diciembre. Sevilla Santiago Lago catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Vigo, y director del Foro Económico de Galicia

Año 2014 96. Bienestar y pobreza: el Impacto de la crisis. Enero. Sevilla Antonio Villar catedrático de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad Pablo de Olavide 97. Desarrollo Empresarial. Marzo. Sevilla Ignacio Osborne consejero delegado del Grupo Osborne 98. El acelerado cambio tecnológico y su posible repercusión en la economía y el empleo. Abril. Sevilla Fernando Feijóo ingeniero naval y empresario 99. ¿Ha comenzado la Recuperación económica? Mayo. Sevilla Fernando Faces profesor del Instituto Internacional San Telmo José María O’Kean catedrático de Economía Aplicada. Universidad Pablo de Olavide Francisco Ferraro presidente del Observatorio Económico de Andalucía 100. Retos del control externo de las cuentas públicas en Andalucía. Junio. Antonio López Hernández presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía 101. Reforma fiscal, crecimiento económico y estado del Bienestar. Ignacio Zubiri catedrático de Hacienda Pública. Universidad del País Vasco 102. La salida de la crisis desde el mundo empresarial. Septiembre. Sevilla Mónica de Oriol presidente del Círculo de Empresarios

Sevilla

Julio. Sevilla

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103. El mundo que viene. Octubre. Sevilla Juan Martínez Barea ingeniero industrial y consejero delegado de Universal Diagnostics 104. El futuro de la agroindustria. El papel de las cooperativas. Noviembre. Sevilla Jerónimo Molina presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía

Año 2015 105. La economía española ante 2015: certezas, incertidumbres y pronóstico. Enero. Sevilla José María Serrano catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Zaragoza 106. El futuro del sector inmobiliario en la economía andaluza. Febrero. Sevilla Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla catedrático de Política Económica. Universidad de Málaga 107. Políticas económicas de los partidos que concurren a las elecciones autonómicas. Marzo. Sevilla Representantes de PSOE, PP, IU-CA, Podemos, Ciudadanos, PA, UPyD y Vox 108. Las desigualdades de renta en los países occidentales. Abril. Sevilla Rogelio Velasco profesor de la IE BussinessSchool 109. La política presupuestaria de la Junta de Andalucía 2005-2013. Mayo. Sevilla José Manuel Cansino Muñoz-Repiso profesor de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla 110. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. Junio. Sevilla Rafael Salgueiro profesor de Administración de Empresas. Universidad de Sevilla

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Esplendor y decadencia de un modelo político en Andalucía. La perspectiva económica

Foros anuales I Foro Anual del Observatorio Reflexiones sobre la política económica en Andalucía (Coín-Málaga, Febrero 2002)

•

Análisis del proceso de convergencia económica de Andalucía con el resto de comunidades autónomas y la UE. Emilio Carrillo y Buenaventura Aguilera, economistas. Universidad de Sevilla. El sistema de cobertura por desempleo en el medio rural andaluz y su relación con el mercado de trabajo. Jaime de Benito, consultor Gabinete de Iniciativas Europeas.

II Foro Anual del Observatorio La concertación social en Andalucía (Priego-Córdoba, Marzo 2003)

• • • •

Generalidades sobre la concertación social y análisis global de la de Andalucía. Manuel Pérez Yruela, director del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA). Análisis económico y presupuestario de los documentos de la concertación social en Andalucía. Cristina Campayo, profesora titular de Economía Aplicada, Universidad de Sevilla. Comunicaciones sobre la concertación. Varios miembros. Comunicaciones sobre otros temas.

III Foro Anual del Observatorio Los programas económicos de los partidos políticos ante las elecciones autonómicas andaluzas (Ronda-Málaga, Enero 2004)

IV Foro Anual del Observatorio Andalucía en la Unión Europea ampliada (Carmona-Sevilla, Marzo 2005)

• •

Discurso apertura José Antonio Griñán. Consejero Economía y Hacienda. Junta de Andalucía Mesa de empresas innovadoras José Joly, Grupo Joly. Luis Fernando Martínez, CETECOM. Patricio Navarro, INERCO. Fernando Feijoo, Lienzo de los Gazules Los intereses andaluces en Europa Javier Arenas, Presidente regional del Partido Popular Mesa grandes empresas Francisco Fernández Sevilla, EADS – José Antonio Martínez, ENDESA Guillermo Rueda, Carrefour – Tomás Aránguez, Grupo COVAP Situación de la economía andaluza Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas Financieros Internacionales Clausura Joaquín Almunia, Comisario Asuntos Económicos y Finanzas. Unión Europea

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V Foro Anual del Observatorio La economía andaluza en un mundo en cambio (Carmona-Sevilla, Mayo 2006)

•

• • • • • • •

Internacionalización de la empresa andaluza Francisco Martínez Cosentino (COSENTINO), Manuel Contreras (AZVI), Antonio Luque (Hojiblanca), Fernando Feijoo (Lienzo de los Gazules) Cambios estratégicos para los nuevos escenarios de la sociedad internacional contemporánea Pablo A. Fernández Sánchez. Catedrático Derecho Internacional Estados Unidos en una economía global José Viñals. Director General Banco de España Integración financiera internacional y vulnerabilidad Emilio Ontiveros. Presidente de Analistas Financieros Internacionales China e India en el panorama económico mundial Antonio Argandoña. IESE Materias primas y energía José Luis Escrivá. Economista Jefe BBVA Globalización y deslocalización Rafael Myro. Catedrático Economía Aplicada La economía europea en un mundo globalizado Xavier Vives. IESE La economía andaluza en el contexto internacional Francisco J. Ferraro. Catedrático Economía Aplicada

VI Foro Anual del Observatorio Andalucía en Europa: una reflexión estratégica sobre economía andaluza (Carmona-Sevilla, Octubre 2007)

•

• • •

•

La Agenda de Lisboa y los retos de Europa en una economía global D. José Antonio Herce San Miguel, Socio Director de Analistas Financieros Internacionales y profesor de Economía. Universidad Complutense, Madrid El impacto de los fondos europeos en la economía andaluza: pasado y futuro D. Simón Sosvilla Rivero, Director de la Cátedra Fedea-CajaMadrid de Economía Regional Análisis coste-beneficio de la aplicación de los fondos europeos D. Ginés de Rus Mendoza, Catedrático Economía Aplicada. Universidad de Las Palmas España en la construcción de Europa D. Alberto Navarro González, Secretario de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación La política regional europea en las regiones de convergencia para el periodo 2007/2013 D. Manuel Gavira Montiel, Unidad de «Intervenciones en España», Dirección General de Política Regional. Comisión Europea El Marco Estratégico Regional de Referencia (MENR) D. Luis Espadas Moncalvillo, Secretario General de Presupuestos y Gastos, Ministerio de Economía y Hacienda Perspectivas de la Economía Andaluza D. Jerónimo Molina Herrera, Director del Instituto de Estudios Cajamar y vicepresidente del Observatorio Económico de Andalucía

231 •

•

Anexos

Mesa Redonda: Las empresas andaluzas y la aplicación de los fondos europeos D. Luis Sánchez Manzano, Vicepresidente y Consejero Delegado de Grupo Sando D. Fernando Franco Fernández. Presidente de Tecnológica, S.A. D. Javier Targhetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper D. Antonio Cantón Góngora, Consejero de Xfera La política económica de la Junta de Andalucía para la aplicación de los fondos regionales D. Antonio Valverde, Director General de Fondos Europeos. Junta de Andalucía

VII Foro Anual del Observatorio Problemas económicos actuales: viejos problemas, nuevos retos (Carmona-Sevilla, 19-20 Junio 2009)

CONFERENCIA INAUGURAL • El espíritu emprendedor: elemento esencial para afrontar la crisis económica española Claudio Boada. Presidente del Círculo de Empresarios. Madrid Sesión 1: SISTEMA FINANCIERO • La banca española en el contexto internacional: los retos de la crisis económico-financiera Joaquín Maudos. Profesor Investigador del IVIE. Profesor titular de la Universidad de Valencia • El sistema bancario español en la tormenta perfecta José Carlos Díez. Economista Jefe de Intermoney Sesión 2: POLÍTICAS PÚBLICAS • El dilema de la UCI: intervenir con urgencia y en condiciones de incertidumbre Francisco Mochón. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico • Las reformas del sistema financiero internacional Fernando Faces. Universidad de Sevilla e Instituto Internacional San Telmo Sesión 3: MERCADO DE TRABAJO Y CAPITAL HUMANO • Mercado de trabajo y competitividad José María O’Kean. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Pablo de Olavide • Formación, estabilidad laboral y capital humano Juan Francisco Jimeno Serrano. Jefe de la División de Investigación del Servicio de Estudios. Banco España

VIII Foro Anual del Observatorio Crisis económica y crisis institucional. Las reformas pendientes (Carmona-Sevilla, 5-6 Abril 2013)

•

Presentación del Foro Juan Manuel Ávila Gutiérrez. Alcalde de Carmona Francisco J. Ferraro García. Presidente del Observatorio Económico de Andalucía Antonio Ávila Cano. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía Panorama de la economía española y perspectiva en el corto plazo José Antonio Martínez Serrano.

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• •

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Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia Restricciones al crecimiento de la economía española en el medio plazo José Luis Malo de Molina. Director General del Servicio de Estudios del Banco de España. Presidente del Budget Committee del Banco Central Europeo Sistema Institucional / Sistema político Josep Ramoneda y Molins. Filósofo y periodista. Colaborador de El País. Presidente del Institut de Recherche et d' innovation de Paris ¿Qué Estado del Bienestar nos podemos permitir? José Antonio Herce San Miguel. Socio de Analista Financieros Internacionales y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense La Reforma de las Administraciones Públicas Francisco Longo Martínez. Secretario General ESADE. Profesor titular del Dpto. de dirección de personas y organización. Administración de Justicia y economía Francisco Cabrillo Rodríguez. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Nuevos enfoques en las políticas de oferta Rafael Myro Sánchez. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Conferencia de Clausura: Competitividad y reformas Josep Piqué Camps. Presidente de Vueling, de la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia y del Círculo de Economía

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Anexos

Documentos propios •

Plan Económico Andalucía Siglo XXI (Octubre de 2002)

•

La concertación social en Andalucía (Mayo de 2003)

•

La reforma del modelo de financiación autonómica

•

El acuerdo de financiación para Cataluña (Enero de 2006)

•

Posicionamiento del Observatorio Económico de Andalucía sobre una Nueva Política Económica para Andalucía (Abril de 2008)

•

Crisis económica y cambio de modelo productivo (Mayo de 2009)

•

Andalucía: crisis y recuperación. Las claves del cambio de modelo productivo (Enero de 2010)

•

Un programa de ajuste y competitividad para Andalucía (Marzo de 2012)

•

El escenario presupuestario de las administraciones públicas andaluzas (Abril de 2012)

•

La reactivación de la contratación laboral. Una prioridad para Andalucía (Julio de 2013)

•

¿Qué hacemos con las políticas activas de empleo? (Junio de 2014)

•

Simplificación administrativa y mejora regulatoria en Andalucía (Octubre de 2014)

•

La política presupuestaria de la Junta de Andalucía. 2005-2013 (Mayo de 2015)

(Octubre de 2005)

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Ediciones del Barómetro Económico de Andalucía • I Barómetro Económico de Andalucía Año 2003 • II Barómetro Económico de Andalucía Año 2004 • III Barómetro Económico de Andalucía Año 2005

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Anexos

Encuentros Economía y Sociedad Manifiestos I Vigo, Mayo 2006 Estado, Política y Sociedad Civil II Madrid, Junio 2007 El fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil en España: Una necesidad improrrogable III Barcelona, Junio 2008 Un mayor compromiso ciudadano con una democracia reforzada IV Bilbao, Junio 2009 Declaración conjunta V Valencia, Octubre 2010 Pacto de Estado, Competitividad y Empleo VI Palma de Mallorca, Febrero 2014 Los ciudadanos valoran positivamente y confían en los empresarios VII Sevilla, Diciembre 2014 Las reformas institucionales son inaplazables

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Hitos y fechas más importantes del Observatorio Económico de Andalucía • 20 Marzo 1990. Creación del O.E.A. • 3 Abril 1990. Primera sesión ordinaria. • 23 Noviembre 1990. Primer artículo firmado por los coordinadores del OEA en un medio de comunicación, «Diario16 Andalucía»; el título «La Unión Económica y Andalucía».

• 28 Enero 1991. Primera sesión ordinaria que se celebra fuera de Sevilla, en Málaga. • Abril 1991. Primer conflicto (no directo en este caso) con la Confederación de Empresa• • • • • • • • • •

• • • • • •

rios de Andalucía: uno de los coordinadores del OEA compite con el presidente de la CEA por la presidencia de la Cámara de Comercio de Sevilla. 14 Junio 1991. Primera sesión ordinaria que se celebra en población no capital de provincia, San José (Almería). 7 Noviembre 1991. El Observatorio acoge por primera vez un acto no propio, la presentación del Plan Andaluz de Desarrollo Económico elaborado por el gobierno andaluz. 25 Febrero 1993. Sesión en la que, bajo el título «Implicaciones económicas de Maastrich», se hace un análisis crítico del comportamiento económico de la sociedad andaluza. 24 Mayo 1994. Tribuna en ABC de Sevilla de los coordinadores del OEA sobre el nivel del debate económico entre los políticos andaluces. Tres entidades se suman como patrocinadoras al OEA: las financieras Unicaja y Caja Rural de Almería y el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla. Después se sumaría también la Caja General de Granada. 8-9 Noviembre 1995. El OEA colabora con la Cámara de Comercio de Sevilla en la celebración de unas Jornadas sobre el papel de las cámaras en la sociedad. Febrero 1997. Jornada en Córdoba con varias asociaciones cívicas andaluzas en defensa de un sistema de financiación justo para la comunidad autónoma andaluza. 25 Abril 1997. Sesión que, al analizar el empresariado andaluz, desencadenó una protesta de la CEA, lo que supuso el comienzo del proceso de desvinculación del OEA de las Cámaras de Comercio. Diciembre de 1997. Se celebra la última sesión en la etapa de vinculación a las Cámaras. Enero 1998. Cerca de una treintena de personas crean la asociación Observatorio Económico de Andalucía, eligiendo una junta directiva presidida por José Javier Rodríguez Alcaide, uno de los miembros permanentes anteriores. CajaSur, de Córdoba, se suma a los patrocinadores. Algo más tarde lo haría El Monte de Sevilla. 3 Marzo 1998. Primera sesión ordinaria en la nueva etapa; se celebra en Córdoba, en locales de CajaSur. 18 Noviembre 1999. Tercera sesión en la nueva etapa y primera que se celebra en Sevilla fuera de la sede habitual anterior, la Cámara de Comercio. Un local de la Diputación Provincial acoge la reunión. 17 Enero 2001. Documento de refundación de la asociación y elección de nueva junta directiva, presidida por Francisco Ferraro. 8 Noviembre 2001. El presidente pronuncia la primera conferencia que un responsable del OEA ofrece en público, al margen de las actividades de la entidad. Es en Sevilla, en la sede de la Fundación Antares, en el marco de un ciclo denominado “Encuentros 2000”. 16-17 Febrero 2002. Se celebra el primer Foro Anual del OEA en Coín (Málaga); todos los ponentes son miembros de la asociación. Octubre 2002. Se publica el primer documento propio, un análisis del Plan Económico

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Anexos

Andalucía Siglo XXI, elaborado por el gobierno andaluz, provocando una polémica con la consejera de Economía y Hacienda. 14-15 Marzo 2003. Segundo Foro Anual, en Priego de Córdoba; hizo un análisis de la concertación social en Andalucía que, posteriormente, sirvió de base a la redacción del segundo documento del OEA. 24 Enero 2004. Tercer Foro Anual, celebrado en Ronda (Málaga). 28 Enero 2004. Presentación de los resultados del I Barómetro Económico de Andalucía, elaborado por el OEA y la consultora KPMG. 22 Octubre 2004. El presidente del OEA es elegido director de uno de los grupos de trabajo de la plataforma «Andaluces levantaos», creada para instar de que la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas no perjudicase a la región. 13 Diciembre 2004. Primera sesión de un ciclo de ellas sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas que se extendió hasta junio del año siguiente. 1 Febrero 2005. Presentación del primer portal web del OEA. 1-2 Febrero 2005. Presentación de los resultados del II Barómetro Económico de Andalucía. 11-12 Marzo 2005. Se celebra el cuarto foro anual, por primera vez en Carmona (Sevilla). Participa el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia. Fue también el primero con inauguración institucional, a cargo de un miembro del gobierno andaluz. 22 Septiembre 2005. Presentación de un nuevo documento del OEA como conclusiones de las sesiones sobre el nuevo sistema de financiación. 1 Febrero 2006. Nuevo documento, una nota de prensa sobre el acuerdo para la financiación de Cataluña entre el gobierno de la nación y la Generalitat, cuyas líneas maestras se convertirían en el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. 11 Mayo 2006. Se celebra, en Vigo (Pontevedra), el primero de los Encuentros Economía y Sociedad. Su primera declaración tiene el título «Estado, Política y Sociedad Civil». Enero 2008. Nueva Junta directiva del OEA, presidida ahora por Joaquín Aurioles, profesor de la Universidad de Málaga; es el primer presidente que no había sido miembro permanente en la primera etapa. 7 Febrero 2008. Primera sesión ordinaria dedicada específicamente a la crisis. Abril 2008. Nuevo documento propio, titulado «Posicionamiento del OEA sobre la nueva política económica para Andalucía»; trata de inspirar nuevas políticas tras la celebración de un nuevo proceso electoral para el Parlamento regional. 18 Noviembre 2008. Conferencia del presidente en Alcalá de Guadaira (Sevilla) en el Foro Oromana; versó sobre la necesidad de cambios drásticos en la economía y la política económica de la región. Mayo 2009. Se publica el documento «Crisis económica y cambio de modelo productivo». Mayo 2009. Se publica una declaración de ámbito nacional, conocido como «Manifiesto de los 100» o «del contrato único» cuyo título oficial aboga por medidas para la reactivación laboral de España; el presidente del OEA es uno de sus firmantes. 19-20 Junio 2009. Séptimo foro anual, también en Carmona; tras él, se produce un interregno de casi cuatro años sin este tipo de actos. Enero 2010. Nueva interpretación de la crisis internacional y sus efectos sobre la economía andaluza que se plasma en el documento «Andalucía: crisis y recuperación. Las claves del cambio de modelo productivo». 12 Mayo 2010. El presidente del OEA comparece en el Parlamento de Andalucía para exponer su posición sobre un proyecto de ley de reformas tributarias. Enero 2011. Conferencia del presidente ante el Foro Gaesco, de Sevilla. Polémica posterior

Observatorio Económico de Andalucía 25 años de análisis, debate y propuestas

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con el consejero de Economía del gobierno andaluz a propósito de una frase de Aurioles: «algunos indicadores han caído al nivel de hace quince años». 27 Junio 2011. Dimisión de Joaquín Aurioles como presidente del OEA y sustitución por Francisco Ferraro. Se da continuidad a la Junta directiva vigente hasta la finalización de su periodo de mandato, en el año siguiente. Marzo 2012. Presentación del documento «Un programa de ajuste y competitividad para Andalucía». Generó varias polémicas tanto en el momento de su presentación como a lo largo del verano de ese año y hasta dos años más tarde. Abril 2012. Nuevo documento, «El escenario presupuestario de las administraciones públicas andaluzas», que anunciaba problemas para la continuidad del crecimiento de los presupuestos de la comunidad autónoma. 5-6 Abril 2013. Vuelve a celebrarse el foro anual, el octavo, también en Carmona. 24 Junio 2013. El OEA acoge como sesión propia, junto con la Fundación Antares, la presentación en Sevilla de la iniciativa empresarial nacional «Marca España»; el presidente presenta la intervención del comisario de esta iniciativa, Carlos Espinosa de los Monteros. Julio 2013. Primero de una serie de dos documentos dedicados a la situación del mercado de trabajo en Andalucía y España. El segundo se publicaría en junio de 2014. Abril y Octubre 2014. Sendas sesiones ordinarias analizan los cambios tecnológicos que están en marcha y su impacto sobre la vida en general y la economía y el trabajo en particular. 15 Mayo 2014. Sesión conjunta con la Fundación Antares dedicada a responder a la pregunta «¿Ha comenzado la recuperación?». Supone la segunda colaboración con esa fundación, antes privada y ahora gestionada por la Cámara de Comercio de Sevilla. 11 Junio 2014. Se celebra la sesión 100ª del OEA. Ponente, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 26 Junio 2014. La publicación del segundo documento sobre el mercado de trabajo (¿Qué hacemos con las políticas activas de empleo?) tiene una respuesta no crítica de la Junta de Andalucía, que pide un informe específico sobre la cuestión. 23 Septiembre 2014. El OEA establece como nueva sede de sus actividades el centro de la Fundación Antares. 1 Diciembre 2014. El Encuentro Economía y Sociedad correspondiente a este año se celebra, por primera vez, en Sevilla, organizado por el OEA. 10-11 Marzo 2015. Los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas de ese mismo mes presentan, en dos sesiones consecutivas, sus programas económicos. Sesión coorganizada con la Cámara de Comercio de Sevilla. 5 Mayo 2015. Presentación del documento «La política presupuestaria de la Junta de Andalucía. 2005-2013».

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Anexos

Índice de tablas y gráficos Índice de tablas Tabla 2.1. Tabla 2.2. Tabla 2.3. Tabla 2.4. Tabla 3.1. Tabla 3.2. Tabla 3.3. Tabla 3.4. Tabla 3.5. Tabla 4.1. Tabla 4.2. Tabla 4.3. Tabla 4.4. Tabla 4.5.

Índice de gráficos Gráfico 2.1. Gráfico 2.2. Gráfico 2.3. Gráfico 2.4. Gráfico 2.5. Gráfico 2.6. Gráfico 3.1. Gráfico 3.2. Gráfico 4.1. Gráfico 4.2. Gráfico 4.3.

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Demanda final Andalucía ................................................................................... 34 Estructura sectorial del VAB en Andalucía ........................................................ 41 Gasto público regional / PIB por CCAA y Gasto público per cápita ................. 43 Financiación autonómica ................................................................................... 43 Foros del Observatorio ....................................................................................... 86 Encuentros Economía y Sociedad ..................................................................... 94 Sectores de actividad de los participantes en los foros anuales ..................... 96 Ponentes que más veces han participado en sesiones y foros ....................... 97 Temas de las sesiones ordinarias ...................................................................... 102 Estructura productiva comparada ..................................................................... 148 Estructura y dinamismo de las exportaciones andaluzas ................................ 148 Composición del PIB desde la perspectiva de la demanda ............................. 149 Empresas por estratos de asalariados .............................................................. 151 Empleo público según administraciones .......................................................... 158

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Evolución de la población residente en Andalucía ........................................... 24 Evolución del PIB en Andalucía y España .......................................................... 32 Empleo y paro en Andalucía. 1986-1995 ........................................................... 32 PIB Andalucía y España. 1996-2014 ................................................................... 33 PIB por habitante 1995-2010 por CC.AA ............................................................ 36 El perfil de la actividad y el empleo ................................................................... 45 Número de sesiones y ponentes ....................................................................... 83 Importancia y nivel actual de los factores para el desarrollo de Andalucía ............... 92 El impacto diferencial de la crisis ...................................................................... 147 La convergencia de Andalucía en PIBpc ........................................................... 147 Informe PISA 2012 .............................................................................................. 150